La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Migración Colombia informó que un ciudadano estadounidense procedente de Miami fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova luego de que se detectaron algunos indicios de turismo con fines de explotación sexual en Medellín. El caso se conoció en una entrevista migratoria, por lo que se inició el debido proceso de inspección.Al ser sometido a varias preguntas, las autoridades habrían detectado algunas inconsistencias que llevaron a que se le revisara el equipaje, encontrándose una cantidad mínima de ropa para los días que supuestamente estaría en la ciudad.Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades es que se encontraron cerca de 50 discos compactos sin verificar contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos, pero al consultado el hombre insistió que iba a visitar unas amigas.Los hallazgos realizados por las autoridades migratorias hicieron que se aplicarán los protocolos de prevención del turismo con fines de explotación sexual y por ello se determinó la inadmisión del estadounidense, siendo el cuarto extranjero inadmitido en la terminal aérea del Oriente antioqueño.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión que tomó Migración Colombia e indicó que, “este resultado reafirma nuestro compromiso con la protección de la niñez, la prevención de delitos y el mensaje claro de que en Medellín no hay espacio para la explotación sexual”.
Fitch Ratings señaló que tanto flujos de caja operativos como los márgenes de las empresas colombianas entrarían en mayor presión en los próximos 12 a 18 meses. Esto, debido a las elevadas tasas de intereses, la inflación, las cargas tributarias que cada vez son mayores y la restricción en el acceso a mercados internacionales.Los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública han sido la consecuencia de la baja calificación soberana que obtuvo Colombia en diciembre de 2025, hecho que dejó 6 rebajas en la calificación, por lo que “la inflación y las preocupaciones fiscales probablemente limitarán la flexibilización monetaria”, según Fitch Ratings.Esto afecta no solo al Gobierno, sino también a las empresas, porque eleva los costos de financiamiento, mantiene altas las tasas de interés y reduce la capacidad de las compañías para cubrir sus gastos con el dinero que generan. A esto se suma una fuerte incertidumbre política, agravada por la suspensión de medidas tributarias que el Gobierno había decretado para recaudar recursos, lo que deja dudas sobre cómo se financiará el Estado en el corto plazo.Además, Fitch Ratings señaló que la suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno en diciembre de 2025 profundizó la incertidumbre sobre el rumbo fiscal del país, al frenar de manera temporal las medidas tributarias que buscaban aliviar las finanzas públicas tras el fracaso de la reforma fiscal en el Congreso. La decisión de la Corte Constitucional dejó en el aire impuestos sobre el patrimonio y las transacciones financieras, un gravamen del 1 % sobre las ventas y exportaciones de petróleo y carbón, y los cargos al sector eléctrico, reduciendo la visibilidad sobre los ingresos del Estado en el corto plazo.Este escenario, sumado al clima político previo a las elecciones legislativas y presidenciales, aumenta el riesgo de cambios totales en la política económica, presiona los márgenes de las empresas y podría afectar negativamente la calificación crediticia de los emisores más endeudados o con menor capacidad financiera, según lo que menciona la agencia.Esta falta de claridad en las reglas de juego genera preocupación entre inversionistas y calificadoras, que ven un riesgo de cambios repentinos en las políticas económicas, especialmente antes de las elecciones legislativas y presidenciales.Uno de los sectores más afectados es el de energía, donde las decisiones del Gobierno suelen priorizar el control de precios sobre la estabilidad financiera de las empresas. Esto ha elevado los riesgos de liquidez para generadoras y distribuidoras y podría afectar la inversión futura con posibles problemas de abastecimiento. Aunque muchas de estas empresas siguen siendo financieramente sólidas, el panorama para 2026 se ha deteriorado.Otros sectores también enfrentan presiones. El aumento del salario mínimo podría impulsar el consumo a corto plazo, según como lo explica la agencia, pero también puede presionar la inflación y reducir los márgenes de las empresas, sobre todo si hay controles de precios.En la construcción de vivienda, especialmente la de interés social, las compañías tienen dificultades para trasladar mayores costos a los compradores debido a la baja capacidad de pago y a las altas tasas de interés. En el sector de alimentos y consumo, el mayor ingreso de los hogares puede ayudar, pero el aumento de costos laborales afecta especialmente a restaurantes y cafeterías, donde la mano de obra representa una parte importante de los gastos.Finalmente, el aumento del riesgo país dificulta el acceso de las empresas a los mercados internacionales de capital. Ante este escenario, muchas han optado por endeudarse con bancos locales en lugar de emitir bonos. Aun así, Fitch considera que el riesgo está parcialmente controlado, ya que la mayoría de las empresas mantiene niveles de deuda moderados y un calendario de pagos bien distribuido, lo que reduce el riesgo de una crisis financiera inmediata.
Tal y como ocurrió una vez fue aprobado el proyecto de ordenanza que le dio el aval a la Gobernación de Antioquia para cobrar el polémico impuesto de la tasa de seguridad, Fenalco e Intergremial volvieron a poner sobre la mesa las afectaciones que están teniendo por este nuevo costo, que se extenderá hasta el año 2027.Por ello, en un comunicado conjunto solicitaron al ente departamental suspender este cobro, indicando que las empresas en Antioquia ya no toleran más impuestos regionales, porque, en sus palabras, “esta tasa, sumada a la ya alta carga tributaria que se tiene, las medidas económicas recientes decretadas por el Gobierno nacional, el alto incremento del salario mínimo, entre otros, están perjudicando los presupuestos y asfixiando a las empresas”.Su principal argumento es que esta situación no solo afecta las finanzas del sector empresarial, sino que también perjudica el empleo formal y la productividad, y va en detrimento de las empresas, que en casos muy extremos deben cerrar.Por su parte, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, aseguró que la situación financiera impacta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.“La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente en los costos, especialmente de las mipymes del departamento. Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas que en este momento no la están pasando bien y que están luchando por sobrevivir en el mercado”, señaló Bernal.Mientras avanza la controversia, vale la pena recordar que la Asamblea de Antioquia aprobó el descuento por pronto pago del 10 % de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta el día 10 de cada mes.
El presidente Gustavo Petro negó este martes haberle pedido al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario."No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras", declaró Petro en una rueda de prensa, en la que sí precisó que le dijo a Trump que no se puede "actuar bajo chantajes".Afirmó que ninguno de los dos habló de cuestiones personales: "Él no me habló de sus negocios ni yo de los míos, porque no tengo", afirmó.Sobre su ingreso a la 'Lista Clinton', que el Departamento del Tesoro justificó por presuntamente estar relacionado con el tráfico de drogas, Petro afirmó que esas acusaciones son infundadas."Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando", apuntó sobre su presencia en Washington.El mandatario opinó que en realidad fue sancionado por las palabras que dijo en septiembre durante un mitin en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre la Franja de Gaza.Opinó además que la OFAC "no funciona como instrumento contra el narcotráfico" y que es un instrumento "simbólico" porque en realidad no se persiguen los grandes capitales de los capos de la droga.Trump y Petro se reunieron durante dos horas en la Casa Blanca en el primer encuentro que se produce entre ambos, tras un año de fuertes desencuentros e insultos entre ambos.Tanto el estadounidense como el colombiano expresaron su satisfacción con el resultado del encuentro.En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.
En medio de una rueda de prensa, la precandidata a la Presidencia Vicky Dávila pidió a Iván Cepeda, también candidato a que aspira llegar a la Casa de Nariño, a mostrar las pruebas de quién le está subsidiando la campaña electoral.“Iván Cepeda le exijo en nombre de más de 50 millones de colombianos, en nombre de la democracia, en nombre de la decencia, que nos diga quién lo está financiando, de dónde está sacando la plata para su campaña, de dónde sale la plata para esas manifestaciones multitudinarias, de dónde sale la plata para sus viajes y para todo el andamiaje de su campaña que dista mucho de una campaña austera como la que sí estamos haciendo nosotros para los colombianos”, señaló la precandidata.Esto se da luego de que Dávila conociera un audio de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', en el que se explicaba habría entregado presuntamente dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. Según la denuncia, existirían pruebas que serían entregadas a las autoridades tras la extradición del narcotraficante a Estados Unidos.En el mensaje, Dávila advirtió sobre una supuesta infiltración del narcotráfico y la corrupción en campañas presidenciales y pidió a los colombianos no permitir que estos dineros vuelvan a influir en la elección de un presidente.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El exembajador de Colombia en Perú, senador del partido de la U entre 2007 y 2009 y expresidente de Fedegan fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado.Según la investigación, Visbal Martelo entre 1998 y 2005, cuando era miembro de la Comisión de Paz y, al mismo tiempo, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba.“Además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”, se lee en el comunicado de la Corte Suprema.Así mismo, se comprobó que financió a las AUC pagando cuotas de sostenimiento a cambio de seguridad, siendo también miembro del “Grupo los Doce” que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil.De acuerdo con la Sala de Casación Penal, Visbal Martelo aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a las AUC hasta la fecha de su desmovilización.“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y Diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno Nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, se lee en la sentencia.El exembajador acudía a los jefes paramilitares para pedirles que hicieran presencia en territorios o zonas ganaderas con alto predominio guerrillero.La Corte negó la prescripción del proceso porque cuando el proceso fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP lo expulsó y el expediente fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia.Adicionalmente, con la modificación al código penal que se materializó con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, se aumentó la pena para el delito de concierto para delinquir agravado, por lo que, los términos para prescripción se ampliaron.
El equipo jurídico del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) confirmó que avanzan las conversaciones con el Gobierno nacional dentro de una fase de prenegociación, en el marco de la política de Paz Total. Según el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, representante de la organización, esta etapa busca establecer una hoja de ruta inicial que permita dar paso a un eventual proceso formal de diálogo.El jurista precisó que el Gobierno ya ha reconocido al EGC como interlocutor válido bajo su autodenominación, dejando de lado términos como “Clan del Golfo”. Un punto central de la agenda es la definición del estatus jurídico del grupo, lo que implicaría su recategorización como grupo armado organizado al margen de la ley, habilitando un proceso de paz conforme a la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023.Giraldo señaló que el EGC designó voceros para las conversaciones, algunos ajenos a la estructura armada, cuyas identidades no se han revelado. Los acercamientos se realizan en territorio neutral y bajo estricta reserva, en un país con prestigio y compromiso con el derecho internacional.En las reuniones participan facilitadores, mediadores y verificadores nacionales e internacionales, lo que, según el abogado, fortalece la transparencia y legitimidad del proceso. Por ahora, no existe un acuerdo vinculante y las decisiones son adoptadas por el Estado Mayor Conjunto del EGC.El equipo jurídico subrayó que el objetivo de la organización es construir una relación estable con el Estado colombiano como institución, más allá de un gobierno en particular, y que la paz no será posible sin garantizar dos pilares esenciales: seguridad y justicia para todos.
En entrevista con Blu Radio, Álvaro Jiménez explicó que el Estado colombiano y el Estado catarí tienen el propósito de estrechar vínculos diplomáticos y avanzar en una construcción conjunta que beneficie los esfuerzos de paz en la región.Aunque no precisó si las conversaciones se desarrollan directamente en Catar, sí confirmó que el país de Medio Oriente será un acompañante clave del proceso.“Hemos acordado con el Estado catarí fortalecer la relación bilateral y trabajar conjuntamente para que haya un proceso de construcción y fortalecimiento de la paz en la región”, afirmó.Jiménez recordó que el Gobierno ha sostenido acercamientos con el EGC desde 2022, intensificando los esfuerzos desde diciembre de 2023. Según dijo, las partes han logrado avances que permiten entrar en una nueva etapa.“Estamos en la consolidación de la confianza”, subrayó. Con este respaldo internacional, el Gobierno espera afianzar el diálogo y encaminarlo hacia acuerdos concretos que permitan poner fin a la confrontación con el Clan del Golfo.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno colombiano adelanta conversaciones con Venezuela para lograr un acuerdo de Estado que permita declarar como “organizaciones no gratas” a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc en territorio venezolano.En diálogo con El Radar de Ricardo Ospina, Patiño explicó que el objetivo es que las autoridades del vecino país no toleren la presencia ni las actividades de estas estructuras criminales, que históricamente han operado en zonas de frontera. “Se busca que no haya tolerancia con la ilegalidad de ningún aspecto”, aseguró.El comisionado señaló que, aunque en el pasado se habían dado conversaciones parciales sobre este tema, el actual Gobierno de Gustavo Petro propone un enfoque distinto, basado en la cooperación institucional y no en la confrontación política. “Este Gobierno no va a emprender una guerra ni una conspiración como la del gobierno anterior, ni va a impulsar bloqueos que afectan a la población”, puntualizó.Según Otty Patiño, ya se han evidenciado acciones por parte de Venezuela, como incautaciones importantes de cocaína y operaciones contra redes criminales. Sin embargo, advirtió que la delincuencia en la frontera es de carácter binacional y que también involucra actores venezolanos.El acuerdo, que podría articularse con la reciente propuesta de una zona económica binacional en el Catatumbo, busca enfrentar la economía ilícita transnacional que financia a estos grupos. “El ELN intentó consolidar una retaguardia en el Catatumbo, como la tiene en Arauca (...) y creo que, hasta el momento, no lo ha logrado”, afirmó, destacando que la estrategia de paz ha debilitado sus planes.Patiño reconoció que la creación de una franja económica compartida también implica riesgos, como que estas organizaciones se apropien del territorio. No obstante, considera que la salida está en “pensar como Estados” para recuperar la soberanía y generar una economía legal que beneficie a las comunidades de ambos lados de la frontera.
La política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una gran desilusión, principalmente debido al proceso fallido con el ELN, que era considerado el más importante. Según el excomisionado Otty Patiño en conversación con El Radar de Ricardo Ospina, en una reciente entrevista, esta desilusión tiene sus raíces en un encuentro que el actual mandatario sostuvo con líderes del ELN incluso antes de ser elegido presidente.Patiño reveló que, siendo Gustavo Petro candidato presidencial, se entrevistó con uno o dos miembros del comando central del ELN. Durante esta reunión, los representantes del grupo guerrillero le habrían prometido que si él ganaba las elecciones, la negociación de paz con ellos sería "muy rápida". Sin embargo, la realidad post-elección fue otra. Una vez en la presidencia, cuando Petro intentó hacer efectiva esa promesa, el ELN "no quisieron realmente avanzar". Según Patiño, a pesar de esta situación, el presidente Petro demostró una "extremada paciencia" con el ELN, tardando más de dos años en determinar que el grupo realmente no tenía voluntad de paz.La ruptura en la relación y el fracaso del proceso se atribuyen a varios factores, según Patiño. Una de las razones principales fue la falta de un propósito político claro por parte del ELN. Patiño concluyó que el ELN no tiene una intención ni un propósito claro de paz, y que se encuentran "muy amañados con la situación de guerra", especialmente en el cordón fronterizo colombiano-venezolano.Además de la falta de voluntad política, Patiño reveló que su relación personal con el comando central del ELN se rompió debido a una amenaza de tipo personal en su contra y contra uno de sus principales asesores, Álvaro Jiménez. Estas amenazas, que Patiño hizo públicas, fueron descritas no solo como "amenazas de muerte", sino como "decisiones de matar, que es peor aún". Patiño explicó que, al descubrir sus intenciones y apoyar el proceso de paz con la disidencia positiva del ELN, los Comuneros, el ELN "se sintieron muy ofendidos y tomaron la decisión en el caso de Álvaro de asesinarlo".El punto de quiebre definitivo para el gobierno ocurrió a principios de este año, cuando el ELN cometió el asesinato de personas en Catatumbo, además de desplazar a otras cien y desaparecer y desplazar a cerca de 16.000 personas. Fue entonces cuando el gobierno decidió suspender los diálogos con ellos.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció sobre la compleja realidad de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, haciendo un diagnóstico sobre los procesos en curso con diferentes grupos armados.En diálogo con El Radar de Blu Radio, habló específicamente de uno de los temas centrales y más controvertidos, que tiene que ver con la suspensión de algunas extradiciones, especialmente para aquellos cabecillas vinculados con el narcotráfico que buscan acogerse a los diálogos de paz.“La paz total empezó con una gran desilusión, fundamentalmente por el proceso fallido con el ELN y como era el proceso, al parecer, más importante, esa desilusión empezó a generar un ambiente muy negativo en el conjunto de los procesos”, describió.Sin embargo, aseveró que con otros procesos que “eran un poco despreciados por mucha gente”, siguen avanzando. En ese sentido, recalcó que la paz “ha ido abriendo camino” con sectores que “sí quieren la paz”.Grupos armados y sus negocios con el narcotráficoFue enfático al reconocer la implicación de los actores armados en el negocio del narcotráfico, una preocupación compartida por entidades internacionales como Estados Unidos, que están al tanto de estas situaciones. “Somos plenamente conscientes que todos los actores armados que hay ahora están involucradas en negocio de narcotráfico. De eso no nos metemos engaños, de que hay actores políticos y que hay otros actores que son puramente delincuenciales, en eso tenemos perfecta claridad”, señaló.Ante los cuestionamientos sobre el uso del “ropaje” de actores políticos o de grupos armados ilegales con motivaciones políticas para evitar la extradición, mencionó que el Gobierno tiene una postura clara.Explicó que, aunque se abre la puerta a aquellos que manifiestan una voluntad de transitar hacia la legalidad, la suspensión de las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, es una medida condicionada y no absoluta.“Ahora bien, algunos de estos actores o partes de estos actores han mostrado una voluntad de transitar hacia una legalidad y en ese sentido abrimos la puerta para que ello suceda y, sobre todo, que veamos que esos procesos han avanzado tanto que me ameritan que las órdenes de captura, aún con motivos de extradición, sean suspendidas”, puntualizó.Y es que el Gobierno no niega la posibilidad de extradición ni la acepta de inmediato, sino que opta por una tercera vía: “Aceptar que la extradición de ellos, pero que no se aplica de inmediato mientras estén avanzando”.Aclaró que esta estrategia busca mantener los tratados con Estados Unidos, evitando una ruptura en la cooperación bilateral. La suspensión es, de acuerdo con el comisionado, una herramienta para facilitar el avance de los procesos de paz sujeta a la demostración de compromisos reales por parte de los grupos armados.En ese sentido, detalló los dos elementos fundamentales que el Gobierno evalúa para determinar si un grupo está cumpliendo y avanzando lo suficiente como para mantener la suspensión de la extradición:Vocación de ubicarse en una zona de ubicación temporal: este, según recalcó, es un “elemento muy importante” que demuestra la voluntad de concentrarse y desmovilizarse en un espacio geográfico definido.Voluntad de erradicar cultivos ilícitos: aclaró que se trata de la disposición a participar en la sustitución de cultivos de uso ilícito es otro indicador crucial de compromiso con la legalidad.Patiño mencionó ejemplos concretos de esta voluntad, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha planteado la posibilidad de erradicar 15.000 hectáreas en Nariño y otras en Putumayo.Asimismo, los Comuneros del Sur han proyectado la erradicación de unas 5.000 de 7.000 hectáreas sembradas con coca en la zona de Abades, Nariño. Incluso el frente 33 y otros grupos en Tibú, una de las zonas con más coca en el Catatumbo, también han expresado su deseo de participar en la sustitución, según explicó.