La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El excanciller Guillermo Fernández de Soto analizó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Según él, existe una preocupación real y de fondo para el jefe de Estado colombiano: su permanencia en la llamada lista Clinton. Para el exministro de Relaciones Exteriores, el tema está lejos de ser anecdótico y tiene implicaciones profundas para el país.Fernández de Soto aseguró en entrevista con Recap Blu que este episodio marca un “antes y un después” en la relación bilateral, especialmente tras los recientes choques diplomáticos. En su análisis, el presidente Petro habría entendido la necesidad de recomponer los vínculos con Washington y priorizar los intereses estratégicos de Colombia, aceptando una visita que, a su juicio, resultó positiva para ambas partes.Petro, en la lista ClintonSin embargo, el excanciller fue enfático al referirse a la situación personal del mandatario colombiano frente a la lista OFAC del Departamento del Tesoro. “Esto no es un chiste, es una cosa muy seria”, afirmó, al advertir que mantenerse en esa lista y sin visa tiene consecuencias graves no solo para el futuro político de Petro, sino para la diplomacia colombiana en su conjunto. Y es que, según conoció en exclusiva Recap Blu, Estados Unidos evaluaría con ciertas condiciones una eventual salida de esa lista, entre ellas garantizar elecciones libres, la neutralidad del Gobierno y la no intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral.En ese sentido, Fernández de Soto consideró que el presidente Petro es consciente de la gravedad del escenario y que, por lo visto hasta ahora, está genuinamente preocupado por las decisiones que pueda tomar la administración Trump. “No me extrañaría que el presidente quiera que en junio se levanten esas medidas”, señaló, al tiempo que recalcó que es “muy incómodo y muy malo para Colombia” que su jefe de Estado tenga restricciones de ese tipo en el plano internacional.Finalmente, Fernández de Soto sostuvo que estos últimos meses del Gobierno Petro representan una oportunidad histórica para normalizar plenamente las relaciones con Washington y dejar una hoja de ruta clara para la próxima administración. Incluso planteó la posibilidad de retomar una política de Estado similar a la del Plan Colombia, convencido de que, con consensos internos y una diplomacia pragmática, es posible superar la crisis actual.
La Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF), celebrada en Davos, dejó un mensaje contundente para las economías emergentes: el año 2026 estará marcado por una alta volatilidad global, pero también por oportunidades estratégicas para aquellos países que logren anticiparse y adaptarse. En ese escenario, Colombia aparece como un mercado con potencial para atraer inversión y consolidar su posición en un entorno internacional cada vez más exigente.De acuerdo con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía colombiana podría crecer alrededor de 2,8 % en 2026. Esta cifra, aunque moderada, refleja una capacidad de resiliencia frente a un contexto global complejo y subraya la necesidad de consolidar el crecimiento mediante políticas que favorezcan la estabilidad, la competitividad y la confianza de los inversionistas.En este contexto, la atracción de inversión extranjera se volverá cada vez más selectiva. Los inversionistas internacionales buscan mercados con reglas claras, estabilidad institucional y mecanismos eficientes para canalizar capital hacia proyectos productivos. Davos puso sobre la mesa la oportunidad que tiene Colombia de diferenciarse como un destino confiable, capaz de ofrecer una visión de largo plazo alineada con las nuevas dinámicas del comercio y la inversión global.“El 2026 será un año de mucha volatilidad a nivel global. El verdadero desafío para países como Colombia no es intentar aislarse de ese contexto, sino entenderlo, anticiparse y aprender a navegarlo. En un entorno incierto, la clave está en seleccionar bien las oportunidades, tomar decisiones informadas y actuar con agilidad para convertir la volatilidad en una ventaja competitiva”, señaló René Saul, CEO y cofundador de Kapital.Así las cosas, el desafío para el país estará en leer con precisión el contexto global, actuar con criterio y convertir la volatilidad en un motor de crecimiento sostenible.
El comercio electrónico cada día sigue tomando fuerza en el bolsillo de millones de personas y, con ello, aparecen formas de estafa que pasan casi desapercibidas. Una de ellas prácticamente llega a la puerta de la casa y lo hace en forma de paquete.En esta no hay llamadas sospechosas, correos extraños ni cobros visibles. La alerta se enciende cuando alguien recibe un pedido que nunca solicitó y, aunque parezca inofensivo, lo cierto es que detrás puede esconderse una estafa de gran alcance.Así funciona el brushing, la estafa con envíosExpertos en ciberseguridad han identificado como brushing una práctica usada por vendedores fraudulentos para manipular la reputación de productos en plataformas de comercio electrónico. De acuerdo con ESET, los estafadores envían artículos de bajo valor a direcciones reales para simular compras legítimas y, posteriormente, publicar reseñas positivas falsas.El hecho es que el destinatario no participa de manera consciente en el engaño. Solo recibe el paquete, que puede parecer un error logístico o un regalo sin remitente claro. Sin embargo, el objetivo no es la persona, sino el sistema de calificaciones de las tiendas digitales, que se ve alterado con ventas inexistentes.Datos personales quedan expuestosPara que el fraude funcione, los responsables necesitan nombres y direcciones reales. Esa información suele provenir de filtraciones de datos o bases obtenidas en espacios ligados al ciberdelito. Según Martina López, investigadora de ciberseguridad de ESET Latinoamérica, recibir uno de estos paquetes puede ser una señal de que los datos personales estén circulando sin control.El riesgo aumenta cuando el envío incluye elementos adicionales como:Tarjetas con supuestas promociones.Folletos que invitan a registrar el producto.Códigos QR para “activar beneficios”.Escanear estos códigos o ingresar a enlaces puede llevar a páginas falsas diseñadas para robar información o instalar software malicioso en el celular o el computador.Qué hacer si le llega un paquete sospechosoAnte un envío inesperado, lo primero es confirmar que no se trate de un regalo legítimo. Hablar con familiares o personas del hogar suele resolver la duda rápidamente. Si nadie reconoce la compra, lo mejor es hacer lo siguiente:Revisar cuentas de comercio electrónico y correos asociados.Verificar movimientos bancarios recientes.No escanear códigos QR ni ingresar a enlaces incluidos.Reportar el caso directamente en la plataforma correspondiente.Como medida preventiva, activar la verificación en dos pasos en cuentas bancarias y servicios de compra en línea reduce el riesgo de fraudes futuros.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 3 de febrero:Recap Blu conoció en exclusiva que Estados Unidos evaluará si retira al presidente Gustavo Petro de la Lista Clinton luego de la reunión con su homólogo Donald Trump.Petro y Trump entregaron detalles sobre lo que hablaron durante las dos horas de reunión en la Casa Blanca.Los regalos que le llevó Petro a Trump y la gorra que le regaló el estadounisente a la comitiva colombiana. Una de las cachuchas fue modificada por el jefe de Estado de Colombia con una "s" para que la frase cambie a "Make AmericaS Great Again".Dimayor posterga tres partidos en Bogotá por el mal estado de la grama de El Campín, pese a los intentos de Sencia y el IDRD para recuperar la cancha.
El cantante bogotano Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, decidió contar públicamente cómo estuvo a punto de ser víctima de una nueva modalidad de estafa bancaria. Su relato, compartido en redes sociales, dejó en evidencia lo sofisticados que se han vuelto estos engaños y encendió las alertas entre sus seguidores.Bako, vocalista de The Mills, reveló cómo casi lo roban“Casi me tumban, casi. No lo lograron, algo dentro de mí me dijo: pilas”, dijo Bako al inicio del video que publicó en Instagram. Según contó, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido, en la que supuestos funcionarios de Bancolombia le advirtieron sobre una transferencia fraudulenta en curso.“Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, relató el músico. Los estafadores usaron un discurso técnico, mencionaron protocolos de seguridad y aseguraron que una persona había fallado varias preguntas de verificación, razón por la cual se activaron las alertas.La nueva modalidad de estafa con bolsillos digitalesEl engaño avanzó cuando, según Bako, lo comunicaron con alguien que decía pertenecer al área de seguridad del banco. “Me dijeron que era necesario crear un bolsillo digital para proteger mi dinero”, explicó. Aunque al principio dudó, la insistencia y el tono convincente lograron ponerlo en alerta.El momento clave llegó cuando le pidieron ingresar un supuesto número de radicado. “Me dijeron: ‘no ponga su cédula, ponga el número de radicado’. Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, contó.Así evitó el robo: esto dijo BakoAnte la desconfianza, Bako optó por ir directamente a una sucursal física. “Le dije al asesor: ‘me están suplantando en este momento’. Y él respondió: ‘nosotros nunca llamamos a eso’”, narró. En ese instante, la llamada se cortó.Tras confirmar que se trataba de una estafa, el artista dejó una advertencia clara: “Lo jodido de esta modalidad es que no te piden datos, no te piden links, solo te dan el número y tú creas el bolsillo. Pilas”.Su experiencia sirve como recordatorio para estar atentos y no confiar en llamadas extrañas, por más convincentes que parezcan.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió al oficio enviado por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en el que se solicitaba mayor celeridad y claridad frente al tratamiento de miles de procesos penales asociados al conflicto armado. En su comunicación, la JEP advirtió que no está llamada a resolver casos que fueron conocidos por la justicia ordinaria y que se encuentran en etapas investigativas muy precarias o sin expectativa real de resolución.Según la Jurisdicción, trasladar masivamente expedientes desde la Fiscalía solo para cerrarlos en la JEP iría en contra de principios como la eficiencia, la economía procesal y la estricta temporalidad. La JEP recordó que su mandato constitucional no es tramitar individualmente cada caso, sino identificar patrones criminales, determinar responsabilidades de alto nivel y centrarse en los crímenes más graves y representativos del conflicto.La Fiscalía había expresado su preocupación por el bajo volumen de expedientes priorizados en la JEP, frente a un universo de más de 223.000 casos, 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas. Señaló, por ejemplo, que en el macrocaso de secuestros se han incorporado solo 62 expedientes, pese a que existen más de 6.000 investigaciones en sus registros.La JEP respondió que ha venido trabajando en la depuración rigurosa de información, con más de 407.000 procesos analizados y más de 219.000 presuntos responsables identificados de manera única. Este trabajo ha evidenciado graves inconsistencias en los datos entregados por la Fiscalía, como registros duplicados, identificaciones incompletas o clasificaciones erradas entre víctimas y perpetradores.En términos judiciales, la JEP ha imputado a 263 máximos responsables, ha concedido 148 renuncias a la persecución penal desde diciembre de 2024 y avanza en la remisión de más de 1.200 comparecientes no priorizados. Se han identificado además 141.375 procesos asociados a exintegrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables y 196.768 víctimas.La Jurisdicción propuso consolidar una metodología con la Fiscalía para priorizar investigaciones activas y construir dos inventarios: uno por macrocaso y otro por comparecientes. Ambos servirían para avanzar en el cierre jurídico eficiente de los procesos vinculados al conflicto armado. La JEP reiteró que su labor debe enfocarse en lo más representativo y que no asumirá procesos sin fundamento judicial, por respeto al modelo de justicia transicional que le fue encomendado.
Una grave crisis humanitaria se vive en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar. Al menos 5.000 personas permanecen confinadas desde hace casi dos semanas en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, sin acceso a alimentos, combustibles, transporte ni atención médica adecuada. La situación se ha generado por el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia activa del Clan del Golfo en la región.Además del confinamiento forzado, la comunidad ha denunciado el secuestro de al menos cuatro personas, lo que ha incrementado el temor y la tensión en estas zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La Defensoría del Pueblo ha respaldado las exigencias de las comunidades, particularmente las del municipio de Santa Rosa del Sur, que reclaman respeto por la vida, la integridad y sus derechos como población civil.“Instamos a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato cualquier conducta que ponga en riesgo a la población, sus bienes y su movilidad. Esta emergencia humanitaria requiere una respuesta coordinada y urgente por parte del Estado”, señaló la entidad, que también hizo un llamado a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades territoriales para desplegar una atención articulada y efectiva a los territorios confinados.Voces desde el territorio: liderazgo en medio de la incertidumbreEn medio de la crisis, se han abierto canales precarios de comunicación con los actores armados. Un vocero de las comunidades afectadas, que participa en los espacios de diálogo, relató que en los últimos días se logró conformar una comisión de ocho líderes para establecer contacto con quienes controlan la zona. De esta comisión, tres representantes ingresaron a una mesa inicial, en la que se fijaron condiciones estrictas para permitir mínimos de movilidad y abastecimiento.Según explicó el líder comunitario, se acordó que los habitantes puedan bajar una vez a la semana en motocicleta para adquirir alimentos. Sin embargo, está estrictamente prohibida la circulación de carros con carga o combustible: “Si ven carros cargados o con combustible, los van a quemar. No se puede surtir negocios ni mover gasolina. Tenemos que ser muy cuidadosos y pacientes mientras avanzan los diálogos”.Para atender urgencias médicas, se estableció la posibilidad de otorgar permisos firmados por la junta de acción comunal. Aún así, el procedimiento es limitado y exige coordinación previa, lo que retrasa la atención en salud y pone en riesgo a personas con enfermedades crónicas.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó cerca de 4.000 hectáreas de predios que pertenecieron a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; y José Germán Sierra, alias ‘Nico’. Los principales beneficiados del organismo fueron 348 familias que fueron víctimas del conflicto y pertenecen a asociaciones campesinas en el departamento de Córdoba.“Durante años, estas tierras fueron explotadas de forma ilegal por terratenientes de la región, sin generar beneficios para el Estado ni cumplir con su función social. Muchos de estos predios estaban en manos del Fondo de Reparación para las Víctimas, pero por décadas no se materializó ninguna acción reparatoria para quienes padecieron los efectos del conflicto armado”, dice el informe de la ANT.Según afirmó la entidad, la entrega del proyecto se dio en un tiempo de cuatro días: el primero de ellos fue el pasado martes, 29 de julio, en el municipio de La Apartada, donde se recuperaron 737 hectáreas que fueron entregadas a 100 familias; el segundo fue el miércoles, 30 de julio, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde otras 100 familias se beneficiaron de 1.965 hectáreas; en el tercer día se entregaron 930 hectáreas a 120 familias de Tierralta; y en el último día se brindaron 213 hectáreas a 28 familias de Buenavista.“Estos predios, que fueron entregados como parte del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en el marco del programa de Justicia y Paz y que durante años permanecieron en manos de privados y grupos de poder, hoy se transforman en tierra viva, en hogares campesinos que, con dignidad y esperanza, pueden decir por fin: ‘Esta tierra sí es mía’”, finaliza el comunicado de la entidad.
La capital de La Guajira, Riohacha, y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar se encuentran en peligro extremo debido a al recrudecimiento del conflicto armado entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Así lo estableció la reciente Alerta Temprana 010 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo.El informe de la Defensoría describe cómo el Frente Francisco José Morelos Peñate, del Clan del Golfo, y el frente ‘Javier Cáceres’ de las ACSN han expandido sus operaciones, buscando apoderarse de áreas clave, incluyendo zonas urbanas y rurales.Las acciones y enfrentamientos de estos grupos armados, detalla la alerta, no solo amenazan a la población civil, sino que ponen en riesgo los derechos fundamentales de miles de personas, entre ellas comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y defensoras de derechos humanos.La disputa por el control territorial en estas regiones prevé consecuencias como desplazamientos forzados masivos, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores y la imposición de "gobiernos de facto" a través de la violencia.Esta lucha por la toma de corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta agrava la crisis, afectando directamente a comunidades que ya de por sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica.Además de emitir una alerta, la Defensoría también propuso una serie de medidas urgentes. En el texto de la alerta, formula 31 recomendaciones estructuradas en siete ejes estratégicos, buscando una respuesta rápida y efectiva.Entre las propuestas destacan la coordinación interinstitucional, el refuerzo de las operaciones de seguridad pública con un enfoque de protección a los derechos humanos, y el fortalecimiento de políticas públicas que busquen mitigar las condiciones sociales que alimentan el conflicto.Además, hace un llamado a la comisión intersectorial para que se active una respuesta humanitaria integral, así como la adopción de medidas específicas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales se encuentran particularmente expuestas a la violencia.
Este jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto, el antiguo secretariado de las FARC-EP comparecerá en una audiencia pública de verificación convocada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Esta diligencia marcará la recta final antes de que se impongan las sanciones propias por su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestro.Durante la audiencia, los magistrados evaluarán si los comparecientes han cumplido con los requisitos del sistema: aportar verdad plena, reconocer responsabilidad y ofrecer medidas de reparación. De ser así, podrían acceder a sanciones restaurativas de entre 5 y 8 años, en lugar de penas privativas de libertad.El magistrado Camilo Suárez, presidente de la Sección de Reconocimiento, explicó que los excomandantes “aportaron la verdad necesaria para determinar el patrón criminal y la política de secuestros que cometió la extinta guerrilla de las Farc”. Este reconocimiento ha sido clave para documentar la sistematicidad del crimen y la cadena de mando.En caso de que la JEP determine que los exFarc han incumplido sus compromisos, podrían ser procesados en la Subunidad de Determinación de Sanciones y enfrentar sanciones ordinarias de hasta 20 años de cárcel.El proceso hace parte del Macrocaso 01, que investiga los crímenes de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidos por las antiguas FARC-EP. La audiencia será transmitida públicamente y representa uno de los hitos más importantes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana una orden que busca enfrentar una de las fallas más graves del sistema forense en Colombia: la falta de capacidad técnica y financiera para identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado.La JEP advirtió que el rezago de Medicina Legal amenaza directamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares fundamentales del sistema transicional. Por eso, ordenó un plan de acción urgente que permita superar los cuellos de botella que hoy impiden avanzar en procesos de exhumación, análisis e identificación de restos humanos.Entre las medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno están: La creación de una subcuenta especial dentro del Fondo Colombia en Paz para financiar las actividades forenses.La reactivación del centro forense en Soacha, un lugar clave por su cercanía a fosas comunes y cementerios con cuerpos sin identificar.El uso de predios en proceso de extinción de dominio como sedes temporales para ampliar la infraestructura forense.La JEP enfatizó que sin estos recursos y sin una estructura sólida, la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia seguirá estancada.Las víctimas y sus familias han esperado por décadas respuestas que no han llegado, y hoy el país enfrenta una deuda humanitaria que no se resuelve solo con voluntad política: requiere inversión, coordinación institucional y decisión estatal.La decisión fue tomada en el marco del caso 09, que investiga la situación de los desaparecidos y el accionar del Estado frente a su búsqueda. La JEP también ha señalado la urgencia de reforzar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y particular su trabajo con Medicina Legal y otras entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.Con este pronunciamiento, la Jurisdicción eleva el tono y marca una alerta: sin ciencia forense, no hay verdad; y sin verdad, no hay paz real ni completa para las víctimas del conflicto.