Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El sorteo 506 de MiLoto, realizado el lunes 23 de marzo de 2026, dejó miles de ganadores en Colombia y un nuevo acumulado que sigue creciendo. De acuerdo con la información oficial del operador del juego, 5.578 jugadores lograron algún tipo de acierto, mientras que el premio mayor quedó desierto al no registrarse ganadores con los cinco números.Los números ganadores del sorteo fueron: 01, 15, 30, 37, 38. Debido a que ningún participante acertó la combinación completa, el premio principal se acumula para el siguiente sorteo, que ahora alcanzará un acumulado de $300 millones. En total, la jornada de este lunes dejó una premiación global de $51.288.100, distribuida entre miles de apostadores que lograron desde dos hasta cuatro aciertos.Premios de MiLoto según número de aciertos5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Premio por ganador: $0Al no presentarse ganadores en esta categoría, el premio mayor continúa acumulándose.4 aciertosGanadores: 19Premio total: $11.228.050Premio por ganador: $590.950Los jugadores que acertaron cuatro números se llevaron uno de los premios más altos de la jornada, superando el medio millón de pesos cada uno.3 aciertosGanadores: 489Premio total: $19.780.050Premio por ganador: $40.450Esta categoría concentró una parte importante de los premios intermedios del sorteo.2 aciertosGanadores: 5.070Premio total: $20.280.000Premio por ganador: $4.000La mayor cantidad de ganadores se registró en esta categoría, lo que permitió que miles de jugadores recuperaran parte de su apuesta.Más de 5.500 ganadores en el sorteoEl balance general del sorteo refleja que 5.578 personas resultaron ganadoras en las distintas categorías del juego. La mayor parte de los premios se concentró entre quienes lograron dos y tres aciertos. MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar de mayor crecimiento en Colombia, debido a su formato de apuestas accesible y sorteos frecuentes. Cada jugador selecciona cinco números dentro de un rango determinado, y los premios se asignan según la cantidad de coincidencias con la combinación ganadora.El acumulado sube a $300 millonesTras quedar desierto el premio mayor del sorteo 506, el nuevo acumulado de MiLoto alcanza los $300 millones, cifra que estará en juego en el próximo sorteo. Este incremento en el acumulado suele atraer a más apostadores, ya que a medida que el premio crece aumenta también el interés de los jugadores en participar.Los sorteos de MiLoto se realizan varias veces por semana y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador del juego y las plataformas de loterías en Colombia. Los participantes deben verificar sus números con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
El sorteo 2.634 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo. A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.Resultados del Baloto del 23 de marzo de 2026Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron: 25 - 33 - 37 - 39 - 41, superbalota: 11. El acumulado del sorteo alcanzó los $28.400 millones, sin registrarse ganadores en la categoría principal (5 aciertos + superbalota), lo que implica que el premio mayor sigue creciendo.Resultados de la Revancha del 23 de marzo de 2026Los números ganadores de Revancha, por su parte, fueron: 04 - 11 - 12 - 23 - 28, Superbalota: 11. En esta modalidad, el acumulado inicial del sorteo fue de $18.700 millones, y tampoco se reportaron ganadores del premio mayor.
En medio de la consternación que ha generado su repentina partida, este mièrcoles se llevará a cabo en Bucaramanga el homenaje póstumo y sepelio de Santiago Castrillón, la joven promesa del fútbol colombiano que falleció a sus 18 años.El trágico hecho ocurrió durante un partido de fútbol en el que el joven deportista de Millonarios recibió un fuerte impacto de balón en el pecho mientras disputaba un encuentro frente a Santa Fe. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven perdió la vida, generando profundo dolor en la comunidad deportiva.Santiago Castrillón era considerado un talento en ascenso. Desde los 14 años hacía parte de las divisiones formativas de Millonarios, donde venía consolidando su proceso deportivo con disciplina y proyección profesional.Familiares, amigos, entrenadores y compañeros lo recuerdan como un joven comprometido con su carrera, apasionado por el fútbol y con un futuro prometedor dentro del deporte nacional.Su partida ha dejado un vacío enorme en quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha, desde muy pequeño, Santiago soñaba con llegar al fútbol profesional, un camino que comenzó a construir en el club Águilas Santander, donde su talento empezó a brillar.Su entrenador, Hermes Fernando García, lo recuerda con emoción como un joven diferente: “Tenía un talento que nace en pocos, sabía mucho con la pelota, pero más allá de eso, era un muchacho sano, humilde y con una familia siempre pendiente de él”.Las honras fúnebres se desarrollarán en la capital santandereana, donde se espera la asistencia de allegados y miembros del entorno futbolístico que desean darle el último adiós y acompañar a su familia en este difícil momento.La muerte de Santiago ha generado reacciones de pesar en distintos sectores del fútbol colombiano, donde su historia deja un mensaje sobre la fragilidad de la vida y la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas en su formación integral.
La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una iniciativa investigativa relacionada con las denuncias de presunto acoso sexual reveladas por Caracol Televisión, las cuales involucran a dos periodistas y presentadores. Según explicó la entidad en un comunicado, la decisión se tomó tras las denuncias que circularon en redes sociales y en distintos medios de comunicación durante los últimos días, relacionadas con presuntos casos de acoso sexual en ámbitos laborales.La Fiscalía anunció que habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información y denuncias relacionadas con estos hechos.De acuerdo con el comunicado, el objetivo es dirigir y coordinar las investigaciones que correspondan con enfoque de género y así brindar garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.La entidad también informó que abrió una investigación frente a las denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. Las autoridades indicaron que estas actuaciones buscan establecer si existen hechos que ameriten investigaciones penales, a partir de la información que ha sido difundida públicamente.Cambio en proceso por injuria y calumnia contra Lina CastilloAdicionalmente, la fiscal general dispuso modificar la asignación del proceso por injuria y calumnia, interpuesta por Hollman Morris, director de RTVC, que cursa contra Lina Marcela Castillo. El caso será asumido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá aplicar lineamientos de abordaje para procesos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.Contra Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación el 10 de marzo de 2023, dentro de una investigación por injuria y calumnia. Según la entidad, el pasado 18 de marzo un juzgado de conocimiento rechazó la solicitud de preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que posteriormente fue apelada.El caso se remonta al 28 de enero de 2019, cuando algunos medios difundieron una denuncia en la que Castillo hacía referencia a acciones violentas, acoso laboral y sexual perpetrados por Hollman Morris en contra de las mujeres de su equipo de trabajo. Morris aseguró que estas afirmaciones eran difamatorias y afectan su buen nombre.Ante estos hechos, la Fiscalía asegura que la investigación solo se ocupó de la denuncia formulada por Morris Rincón en contra de Lina Marcela Castillo y que, en cambio, nunca abordó la denuncia relativa a actos de acoso laboral y sexual, por lo cual es necesario variar la asignación del proceso con el fin de asegurar que la respuesta institucional sea coherente con la aplicación del enfoque de género.
Más de una semana cumplen los bloqueos, la incineración de carros y motos, la intimidación de la comunidad en el Bajo Cauca antioqueño, por lo que tuvo que intervenir la Fuerza Pública, especialmente en el municipio de Caucasia donde avanza la protesta minera por la destrucción de su maquinaria amarilla.Aunque el Gobierno nacional y la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba alcanzaron acuerdos sobre las 20 peticiones, a mitad de camino se quedaron atrancados los diálogos y solo se alcanzaron 7 compromisos, porque hubo una intervención de la Undemo, antiguo Esmad.Los ánimos se caldearon y algunos de los presentes ocasionaron desmanes. Videos que circulan en redes sociales evidenciaron dificultades para el paso de ambulancias y la quema de una moto, que se sumó a la incineración de una retroexcavadora de una reconocida empresa en los primeros días de la protesta."Le puteó esta chimbada, quemaron uno aquí en el puente... No puede pasar los buses... ¿Por qué?... No, pero eso, que llega el ESMAD y quite eso.... Papi hasta donde llegamos tienen barricadas y pararon todos los carros" relataron los habitantes de la zona.Además, hasta esta madrugada, buses o carros que pasaban por Caucasia o Tarazá, los manifestantes les lanzaron piedras, que por fortuna no generaron una tragedia. Además saquearon el supermercado D1 del barrio Asovivienda en medio de batalla campal con la fuerza pública, sobre la Troncal.Ante ello, durante el PMU con presencia de los ministros del Interior y de Defensa Armando Benedetti y Pedro Sánchez, respectivamente, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió intervención de la fuerza pública"Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos, mientras el gobierno de Petro negocia sin afán. Es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán, el caos les sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad", destacó Rendón.Insistió el mandatario local que los ataques a la misión médica, confinamientos a la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos, desabastecimiento de gas en Nechí - producto del paro minero en el Bajo Cauca- se decidió en PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado las opciones de diálogo. Agregó que "esto deja de ser una protesta pacífica cuando se vulneran y quebrantan los derechos de los otros ciudadanos”.Pese a que los manifestantes habilitaron la vía al menos tres horas continuas para facilitar el plan retorno antes de intervención de la fuerza pública, esta se materializó finalmente, disipando los puntos de bloqueo que se habían concentrado en la vía entre Medellín y la Costa Caribe, en los sectores de Campoalegre y La Rotonda de Caucasia."Hoy se escuda en el gremio minero en su manifestación para no realizar normalmente su servicio. Hay evidencia de que todo el servicio y de que la comunidad ha estado desarrollando su actividad normalmente. De parte del gremio minero, como líder de la mesa, garantizamos el la libre el libre tránsito del carro de los residuos", manifestó Cristian Hincapié, líder de la manifestación.Ahora la pregunta principal es entonces en qué quedaron las negociaciones, que se habían planeado retomar el jueves 26 de marzo. Esteban Pavas, asesor jurídico de la Mesa Minera, expuso que los delegados del Gobierno nacional fueron los que solicitaron volver a Bogotá para elevar consultas jurídicas a sus entidades y poder ver hasta dónde podían pactar otros acuerdos con quienes protestan."El gobierno nos pidió que se vayan de retirar para Bogotá para consultar sobre ciertos temas que en este momento no cuenta la norma o hay un vacío jurídico y pusieron como fecha de regreso el día jueves. Durante este tiempo continúan los cierres intermitentes de dos horas cerrados y se abren media hora", afirmó Pavas.Sobre las afectaciones, la Asociación de Transportadores de Pasajeros en el departamento dice que son 6.300 pasajeros perjudicados diariamente y pérdidas por 360 millones. A la par, Felipe Muñoz Monroy, directivo de Colfecar en Antioquia, da un balance de 1.500 vehículos de carga afectados y pérdidas por 3.000 millones al día por los sobrecostos."Pérdida solamente en los sobrecostos operativos de aproximadamente tres mil millones de pesos día. En lo que corresponde a la ruta Antioquia hacia el Norte del país, no existe una ruta eficiente alterna. Recordemos que la vía por Urabá está cerrada por tres puentes caídos, luego nos deja la vía por el Magdalena Medio, pero son cuatrocientos kilómetros adicionales", destacó Muñoz.Finalmente, el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, advirtió sobre pérdidas económicas y escasez de alimentos en el municipio. A ello se suman las dificultades de abastecimiento de gas natural en Nechí, municipio donde los manifestantes habrían instalado una guaya imposibilitando el paso por el río que lleva el mismo nombre.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de emitir la primera sentencia contra los miembros del último secretariado de las Farc, las víctimas de secuestro insisten en que los exjefes de la guerrilla no han cumplido con su obligación de aportar verdad plena, especialmente en lo relacionado con los bienes obtenidos durante el conflicto.Blu Radio conoció que Fevcol, la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo, ha presentado al menos tres incidentes de incumplimiento contra los excomandantes, que en conjunto evidencian propiedades y recursos ocultos por más de 180.000 millones de pesos. Estos bienes superan ampliamente los 42.000 millones de pesos que fueron entregados oficialmente por las Farc a la JEP.El primer incidente, radicado el 17 de julio de 2024, señala la existencia de propiedades valoradas en más de 100.000 millones de pesos. El segundo, presentado el 21 de agosto, revela bienes cercanos a los 25.000 millones de pesos que estarían a nombre de 17 testaferros. Finalmente, el tercer documento, radicado el 22 de agosto ante el magistrado Camilo Suárez de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, da cuenta de bienes por 68.000 millones de pesos, presuntamente manejados por seis testaferros, cuya relación fue documentada por los abogados de las víctimas.Ante estas revelaciones, las víctimas solicitaron a la JEP que se adopte una medida drástica: la expulsión del proceso de justicia transicional de los exintegrantes del secretariado, entre ellos, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El médico’ o 'Mauricio Jaramillo'; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; José Lisandro Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; y Rodrigo Granda, alias ‘Ricardo Téllez’.Las víctimas sostienen que mientras no se esclarezca la magnitud real de los bienes de la extinta guerrilla, no habrá verdad plena ni reparación efectiva, condiciones indispensables para avanzar en el proceso de paz. Ahora será la JEP la que decida si estos hallazgos comprometen la permanencia de los exjefes en el sistema y qué impacto tendrán en la sentencia que está próxima a conocerse.
La decisión de la Sala de Apelación revocó una negativa anterior, pero dejó claro que la institución podrá participar como víctima e interviniente especial, es decir, podrá aportar información y observaciones.El contexto: la bomba de 2006El tema no es menor. El 16 de octubre de 2006, en plena Bogotá, un carro bomba explotó en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, dejando al menos 23 personas heridas y graves daños materiales. El ataque fue atribuido a las Farc y marcó a la institución como un blanco directo de la violencia de esa guerrilla.Lo que resolvió la JEPEn la parte resolutiva, la Sala de Apelación señaló:Revocar el auto JLR-10 n.° 153 de febrero de 2025, que había negado cualquier acreditación.Acreditar a la Universidad Militar Nueva Granada como interviniente especial, en calidad de víctima de las Farc.¿Qué significa esto?La Universidad podrá estar en el proceso, intervenir en audiencias y aportar documentos, y recibirá los beneficios y las garantías que el sistema de justicia transicional da a las víctimas. En otras palabras: la JEP reconoce su papel como institución con memoria e investigación y afectada directa de las Farc.La decisión abre un debate sensible: si una universidad que sufrió un ataque con carro bomba en pleno campus debe ser considerada víctima, ¿hasta dónde llega el concepto de víctima colectiva en la justicia transicional?.
La Defensoría del Pueblo presentó su concepto sobre el proyecto de Ley 02 de 2025, que busca regular el sometimiento de grupos armados y estructuras criminales. Aunque valoró el inicio del debate, advirtió que se requieren ajustes de fondo para garantizar los derechos de las víctimas y de los pueblos étnicos, así como para evitar riesgos de inconstitucionalidad.La entidad destacó como positivo que el proyecto siente bases jurídicas sólidas para el desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley, al incluir medidas como la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores, la exigencia de aportes a la verdad para acceder a beneficios y el fortalecimiento de la justicia ordinaria.No obstante, la Defensoría señaló varios puntos críticos como la necesidad de una participación efectiva de víctimas y comunidades étnicas mediante audiencias y consultas previas; la falta de definiciones claras sobre reparación integral; y el riesgo de otorgar beneficios penales a reincidentes en la violencia armada, lo que podría generar incentivos perversos.Asimismo, alertó sobre el peligro de excarcelaciones sin cumplimiento de condiciones de verdad, justicia y reparación, al permitir libertad condicional tras cinco años de prisión sin un sistema robusto de monitoreo. También insistió en que la protesta social no debe ser equiparada al crimen organizado y debe tratarse en una norma distinta, que reconozca su carácter de derecho fundamental.La Defensoría llamó al Congreso a articular el proyecto con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, garantizar la capacidad institucional de la Fiscalía, jueces, sistema penitenciario y de defensa pública, y asignar recursos suficientes para su implementación.Finalmente, la entidad reiteró que la legitimidad de esta ley dependerá de equilibrar los beneficios para los responsables con los derechos de las víctimas, en especial el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Educación, presentó los avances y perspectivas de Artes para la Paz, considerado el programa de educación artística más ambicioso en la historia de Colombia.La ministra Yannai Kadamani Fonrodona destacó que esta iniciativa busca consolidar el arte como una herramienta de paz, convivencia escolar y bienestar para niñas, niños y jóvenes. En 2025 se proyecta la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores, con la meta de llegar a 8.000 en el cuatrienio, fortaleciendo así las trayectorias de educadores culturales y la preservación de saberes tradicionales.El programa contempla formación en música, danza, teatro, escritura creativa y audiovisuales, con un modelo pedagógico basado en la creación, el vínculo y la convivencia, bajo enfoques de cultura de paz, diferencial y biocultural.De los recursos previstos, el 67 % se destinará a procesos de formación, el 20 % a talento humano, el 5 % a dotaciones artísticas, otro 5 % a convocatorias y el 2 % a gestión administrativa. Para este año, se prevén dotaciones artísticas en colegios y escuelas municipales, además de kits para danza y audiovisuales, sumados a los más de 600 entregados desde 2023.Artes para la Paz ya está presente en los 32 departamentos y 732 municipios, con especial impacto en territorios PDET y ZOMAC, comunidades étnicas, centros penitenciarios y jóvenes rurales. “Este es un programa histórico que reconoce al arte como fuerza transformadora de la vida en comunidad y como camino hacia la paz”, subrayó la ministra Kadamani.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó que el Gobierno nacional ya realizó el primer giro de 20.000 millones de pesos destinados a garantizar el cumplimiento de las sanciones que se impondrán al último secretariado de las Farc y a los 12 militares del Batallón de la Popa.Estas sanciones se relacionan con graves crímenes: los más de 21.000 secuestros reconocidos por la antigua guerrilla y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Valledupar entre 2002 y 2005 por miembros del Ejército.De acuerdo con Ramelli, los recursos buscan asegurar que las medidas restaurativas y reparadoras ordenadas por la JEP se ejecuten de manera efectiva, garantizando la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transicional.El magistrado también informó que el Ministerio de Defensa trabaja en un borrador de decreto para definir las condiciones de habitabilidad de los comparecientes, tanto de los exintegrantes de las Farc como de los exmilitares. Este documento establecerá los lineamientos sobre los lugares y condiciones en los que cumplirán sus sanciones, en concordancia con lo estipulado por la jurisdicción.La confirmación del giro de recursos y los avances normativos se dan a pocas semanas de que la JEP presente las primeras sanciones en firme contra altos responsables de la guerra, en lo que representa un paso crucial hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.
En medio de la reciente escalada de violencia en el país, el equipo negociador del Gobierno que estaba en Caquetá sosteniendo conversaciones con las disidencias de Calarcá regresa a Bogotá para presentarle un informe al presidente Gustavo Petro sobre los avances y dificultades del proceso.El grupo de delegados había instalado una mesa de trabajo en el sur del país, escenario de múltiples hechos de violencia durante las últimas semanas. Su llegada a la capital busca poner al tanto al jefe de Estado sobre el estado real de las conversaciones, los puntos de acuerdo alcanzados y los obstáculos que han surgido en el marco de los acercamientos.El informe cobra especial relevancia en un contexto en el que comunidades locales han expresado temor por la persistencia de ataques armados y hostigamientos que han afectado a la población civil. Según fuentes cercanas al proceso, los negociadores también presentarán propuestas para garantizar que las discusiones no se vean paralizadas por la presión de la violencia.El presidente Petro, quien ha reiterado que la “paz total” es uno de los ejes centrales de su Gobierno, deberá evaluar junto con su equipo de alto nivel los pasos a seguir y las medidas que se adoptarán para mantener la continuidad de la mesa en medio de la crisis.La expectativa se centra ahora en las decisiones que tome el mandatario tras escuchar el reporte, así como en las garantías que el Ejecutivo pueda ofrecer a las comunidades y a las partes involucradas en la negociación.