La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El cantante bogotano Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, decidió contar públicamente cómo estuvo a punto de ser víctima de una nueva modalidad de estafa bancaria. Su relato, compartido en redes sociales, dejó en evidencia lo sofisticados que se han vuelto estos engaños y encendió las alertas entre sus seguidores.Bako, vocalista de The Mills, reveló cómo casi lo roban“Casi me tumban, casi. No lo lograron, algo dentro de mí me dijo: pilas”, dijo Bako al inicio del video que publicó en Instagram. Según contó, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido, en la que supuestos funcionarios de Bancolombia le advirtieron sobre una transferencia fraudulenta en curso.“Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, relató el músico. Los estafadores usaron un discurso técnico, mencionaron protocolos de seguridad y aseguraron que una persona había fallado varias preguntas de verificación, razón por la cual se activaron las alertas.La nueva modalidad de estafa con bolsillos digitalesEl engaño avanzó cuando, según Bako, lo comunicaron con alguien que decía pertenecer al área de seguridad del banco. “Me dijeron que era necesario crear un bolsillo digital para proteger mi dinero”, explicó. Aunque al principio dudó, la insistencia y el tono convincente lograron ponerlo en alerta.El momento clave llegó cuando le pidieron ingresar un supuesto número de radicado. “Me dijeron: ‘no ponga su cédula, ponga el número de radicado’. Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, contó.Así evitó el robo: esto dijo BakoAnte la desconfianza, Bako optó por ir directamente a una sucursal física. “Le dije al asesor: ‘me están suplantando en este momento’. Y él respondió: ‘nosotros nunca llamamos a eso’”, narró. En ese instante, la llamada se cortó.Tras confirmar que se trataba de una estafa, el artista dejó una advertencia clara: “Lo jodido de esta modalidad es que no te piden datos, no te piden links, solo te dan el número y tú creas el bolsillo. Pilas”.Su experiencia sirve como recordatorio para estar atentos y no confiar en llamadas extrañas, por más convincentes que parezcan.
El sorteo No. 479 de MiLoto, realizado el 3 de febrero de 2026, marcó un hito en la historia del juego al entregar su premio mayor por primera vez en el departamento de Risaralda. El afortunado ganador, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se hizo acreedor a una bolsa de $200 millones.Detalles del sorteo de MiLotoEl tiquete ganador fue generado bajo la modalidad automática y adquirido en un punto de venta de la red aliada Apostar. Las balotas que conformaron la combinación ganadora fueron: 08, 09, 17, 22 y 24.Además del gran acumulado, la jornada del 3 de febrero registró 13.461 ganadores adicionales en el resto del país. Con este evento, el premio mayor de MiLoto ha caído en tres ocasiones en tan solo una semana, consolidándose como el juego con mayor frecuencia de caída en Colombia.Balance operativo y transferencias a la saludDesde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 hasta el 31 de enero de 2026, la operación de MiLoto arroja las siguientes cifras oficiales:Premios pagados: Más de $42.705 millones de pesos.Volumen de ganadores: 2.451.116 premios entregados en totalAportes al sistema de salud: Se han transferido más de $18.403 millones al sector salud nacional.Canales de cobro y puntos de ventaPara reclamar el premio, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar el procedimiento en la página web oficial del juego.Actualmente, MiLoto cuenta con más de 43 mil puntos de venta físicos a través de las redes Su Red y SuperGIROS, presencia en las principales cadenas de grandes superficies y canales digitales mediante su sitio web oficial.
Al menos 18 personas han muerto este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza (norte), según el recuento de las morgues y hospitales del enclave.A las diez víctimas mortales registradas por las autoridades se añaden cuatro fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.Hasta el momento, el Ejército de Israel sólo confirmó haber lanzado bombardeos "de precisión" en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, y rechazó pronunciarse sobre los ataques en Jan Yunis o la zona de Zeitún, también en la capital gazatí.El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza registró la muerte de siete personas más provenientes de Tuffah a lo largo de la mañana.El balance de la capital sitúa en tres los fallecidos en Zeitún y once en Tuffah.En Jan Yunis, el Hospital Nasser registró la muerte de un cuarto perteneciente a la misma familia (Abu Sitta) de víctimas en los ataques contabilizados previamente, si bien el hospital apuntó que aún no ha sido identificado debido a las quemaduras que presenta el cadáver.Las otras víctimas mortales son: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12.En la ciudad de Gaza, los fallecidos que ya habían sido registrados por el Hospital Shifa a causa de los ataques en Tuffah son Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22).Provenientes de Zeitún, los tres fallecidos contabilizados a primera hora de este miércoles son Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55, y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses."Los equipos de Defensa Civil en las gobernaciones de la Franja de Gaza llevaron a cabo 30 misiones diferentes desde la mañana del martes 3 de febrero de 2026 hasta la mañana del miércoles", señaló en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí. Entre las misiones hubo 12 actividades de rescate y 12 servicios de ambulancias.Desde la madrugada, el Ejército israelí ha bombardeado y disparado artillería contra áreas residenciales fuera del perímetro que mantiene bajo su control en Gaza al este de la línea amarilla.En la capital fuentes locales aseguraron que drones cuadrocópteros habían abierto fuego contra la población, mientras que en Jan Yunis señalaron que el Ejército de Israel había abierto fuego contra la costa desde el mar.Además, residentes del centro de Gaza denunciaron también fuego de artillería al este de Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij.En su comunicado este miércoles, el Ejército puntualizó que el ataque de las milicias que hirió al soldado en el norte de Gaza, el cual ya ha sido evacuado a un hospital israelí, constituye una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego".Más de 530 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU una mesa de negociación.El diplomático aseguró que se han "intercambiado mensajes" desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación bilateral porque ese diálogo "no se ha empezado"."Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado", afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.Sus declaraciones contrastan con las que ha realizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel."Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero, y tiene la disposición a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el Gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente", afirmó.De Cossio advirtió que "tiene que haber una voluntad mutua de asegurar y diseñar un diálogo que sea serio, que sea constructivo, que sea responsable y que sea respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados".Ni reformas ni presosTambién dibujó los límites de los ámbitos que se podrían abordar en esa potencial negociación, descartando las reformas políticas y económicas, así como una excarcelación de presos en la isla (como ha sucedido en Venezuela).Sobre posibles reformas políticas o económicas, indicó que Cuba tiene "la misma limitación" que tendría Washington a discutir con La Habana sobre "la constitución de los Estados Unidos" o sobre "las redadas" contra migrantes que se están realizando "en Minneapolis y en otras ciudades".En cuanto a los presos fue tajante: "No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países".Consultado sobre si en Cuba podría surgir una figura como la de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, De Cossio rechazó de plano comentar esa analogía."Si se está pensando que existe fraccionamiento dentro del Gobierno cubano, fraccionamiento dentro de las fuerzas políticas en Cuba, y una disposición de un grupo pequeño a ceder los derechos soberanos de Cuba -la prerrogativa de nuestro país- y a claudicar frente a la presión, la agresividad de Estados Unidos, injustificada e inmoral,... es una interpretación equivocada", aseveró.Opciones limitadasEn este contexto, De Cossio reconoció que su país tiene "opciones limitadas" y avanzó que "en los próximos días" se comunicará a la población un plan de contingencia, "un proceso de reorganización" que va a ser "muy difícil" para la población."Tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad. Un proceso de reorganización que hemos previsto (...) y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto", avanzó.Mientras tanto, explicó el diplomático, el país se está "preparando para la defensa", para "resistir una agresión militar". La responsabilidad del Gobierno con respecto a sus ciudadanos, argumentó, es "defenderlos como cubanos, no como súbditos de Estados Unidos"."El Gobierno de Estados Unidos debe conocer que no es sencillo una agresión militar contra Cuba, a pesar de la superioridad absolutamente asimétrica que tiene Estados Unidos frente a Cuba (...). Pero tendrían ellos que preguntarse cuál es el fin. Bombardear y destruir Cuba, y dejar todo en una tierra desolada, o pretender poner soldados en Cuba y desarrollar una guerra aquí contra el pueblo cubano", advirtió.La aspiración del Gobierno cubano, prosiguió, es que Washington "se llame a conciencia", "comprenda el peligro" de una acción militar extrema en la isla" y "no le haga caso a alguno de los políticos que han hecho carrera y que han lucrado mediante la conducta hostil contra Cuba".
El presidente Gustavo Petro, aseguró que salió con una "impresión positiva" de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias."La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva", dijo Petro al describir su encuentro con Trump, agregando que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".Según el presidente Petro, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".Añadió que, pese a esas diferencias, extendió al republicano una invitación para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como "un lugar bello y hermoso para vivir".Petro agregó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema "Make America Great Again", en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra "Americas".Asimismo, relató que Trump le dijo "I like you" durante la reunión y, en tono de broma con la prensa, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería "el siguiente" y acusado abiertamente de ser narcotraficante.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
La JEP emitió el pasado 24 de julio de 2025 una resolución clave en la que argumenta que Javier Alfredo Valle Anaya ha cumplido con el régimen de condicionalidad que le permitió su ingreso como compareciente voluntario. El exfuncionario fue condenado en 2017 a 40 años de prisión por su participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa, hechos relacionados con el accionar del paramilitarismo y el uso indebido de su cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).Actualmente preso en La Picota, Bogotá, Valle Anaya solicitó someterse a la JEP en 2018, y su aceptación fue condicionada al cumplimiento estricto de obligaciones de aporte a la verdad, medidas de reparación a las víctimas y garantías de no repetición.Durante el proceso, el compareciente ha presentado varias propuestas de contribución a la verdad, entre ellas, la entrega de nombres de otros responsables, la distribución de volantes pedagógicos y la realización de una misa conmemorativa y un diplomado. No obstante, la JEP determinó que tales iniciativas no representan avances significativos frente a lo ya conocido en la justicia ordinaria, ni ofrecen elementos novedosos, verificables o útiles para las víctimas y la sociedad.De manera adicional, en audiencia reciente, Valle volvió a declararse inocente, contradiciendo su obligación de reconocer responsabilidad como base del sometimiento a la justicia transicional.La resolución actual deja abierta la posibilidad de que la Subsala de Comparecientes Voluntarios lo excluya del proceso, en cuyo caso perdería todos los beneficios otorgados por la JEP y su expediente regresaría a la justicia ordinaria sin acceso a tratamientos penales especiales, incluida la libertad anticipada que ha solicitado.El caso se convierte en un precedente sobre el estándar que deben cumplir los comparecientes voluntarios en materia de verdad y reparación, dentro de un sistema que prioriza los derechos de las víctimas y la construcción de memoria histórica.
En medio de tensiones y acciones armadas que han puesto en jaque los esfuerzos por la “paz total”, alias 'Calarcá', confirmó su decisión de continuar con el proceso de diálogo con el Gobierno nacional.El anuncio se produjo durante una reunión celebrada en el departamento de Caquetá, que contó con la participación de la delegación del Gobierno encabezada por Gloria Quiceno, así como con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA.Durante el encuentro, las partes acordaron la realización de una reunión amplia con las comunidades y sus formas organizativas, con el objetivo de escuchar sus propuestas y definir colectivamente los temas que guiarán los próximos ciclos de negociación. Según lo pactado, una vez finalizada esta reunión comunitaria se establecerán la fecha y el lugar para el séptimo ciclo de conversaciones.La guerra que no se detienePese a la voluntad de diálogo expresada por alias 'Calarcá', la situación en terreno sigue siendo crítica. El pasado 27 de abril, una emboscada perpetrada por la estructura Jorge Suárez Briceño —bajo su línea de mando— dejó siete militares muertos en zona rural de Charras, Guaviare. El ataque se dirigió contra tropas del Batallón Joaquín París, que cumplían labores de protección a firmantes del Acuerdo de Paz en la región.Entre las víctimas se encontraban el sargento Darwin Pérez Sánchez y seis soldados profesionales. Además, cinco uniformados fueron retenidos temporalmente y luego entregados a la comunidad, lo que generó fuerte rechazo por parte del Gobierno y organismos internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad por la Paz (Sintrasepaz), expresó su rechazo a la resolución No. 1458 de 2025, expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que esta vulnera de forma directa los derechos laborales de los escoltas que integran el programa especializado y afecta la operatividad del mismo.Según el comunicado oficial, la resolución impone nuevas condiciones para la legalización de viáticos, como la exigencia de facturas electrónicas expedidas por hoteles formalmente registrados. Esto, afirman desde el sindicato, desconoce el enfoque territorial del programa, que opera principalmente en veredas, corregimientos y municipios apartados donde no existe oferta hotelera formal.“La mayoría de nuestras misiones de protección se desarrollan en zonas de difícil acceso, sin infraestructura turística o comercial formalizada”, indica el documento, que alerta sobre el riesgo de que el nuevo requisito deje sin posibilidad de legalización a escoltas que cumplen sus labores en regiones históricamente excluidas.A ello se suma el incremento en los requisitos administrativos. La resolución añade controles como registros fotográficos, reportes, aplicaciones de rastreo y otros procedimientos que, según Sintrasepaz, sobrecargan al personal operativo y generan un ambiente de sospecha. Además, no se consideran las limitaciones tecnológicas en muchas zonas rurales del país.El sindicato también denunció el incumplimiento del acuerdo sindical singular, firmado en 2024, en el que se reconocía el reembolso de gastos de transporte bajo modalidad de kilometraje. La resolución 1458 elimina este reconocimiento, lo cual fue calificado por Sintrasepaz como un acto administrativo “que quebranta principios de buena fe, estabilidad normativa y respeto a la negociación colectiva”.Por todo lo anterior, Sintrasepaz exige la derogatoria inmediata de la resolución o, en su defecto, la modificación sustancial de los artículos que imponen barreras incompatibles con la realidad operativa del programa especializado.“El respeto a los derechos laborales de las y los escoltas que cumplen funciones vitales para la garantía de derechos humanos en Colombia no puede ser negociable”, concluye el sindicato.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alertó que desde el 21 de junio de 2025, al menos 347 personas (141 familias), incluyendo 117 niños, niñas y adolescentes, permanecen confinadas en las veredas Dos Quebradas (89 personas), Puerto Nuevo Ité (113), Caño Tigre (24) y Tamar Bajo (121) del municipio de Remedios, Antioquia, a causa de enfrentamientos armados entre grupos ilegales.Según el informe de OCHA, el conflicto en la zona enfrenta al Clan del Golfo (AGC) y a una alianza conformada por disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La disputa por el control territorial ha generado una emergencia humanitaria que limita la movilidad y pone en riesgo la vida y la integridad de las comunidades.La población afectada enfrenta restricciones severas, especialmente por la suspensión del transporte público, lo que impide el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Además, los habitantes han dejado de acceder a sus cultivos de pancoger por miedo a quedar atrapados en medio de los combates, lo que agrava su inseguridad alimentaria.OCHA también reporta la presencia de retenes ilegales, presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) que dañaron al menos cuatro viviendas, así como la ocupación de inmuebles civiles por parte de los actores armados. También se han restringido los movimientos de las misiones médicas, dificultando la atención en salud.La extorsión a la población por parte de los grupos armados es otro factor que ha empeorado la situación económica y amenaza con provocar un desabastecimiento progresivo de alimentos para las familias confinadas.El informe de OCHA advierte que el riesgo de confinamiento también se extiende a otras veredas de Remedios, como Camelias Dos, Plaza Nueva y Campo Vijao, y a zonas del municipio de San Pablo (Bolívar), como Ojos Claros y El Paraíso, donde también se presentan restricciones a la movilidad y presencia armada.La Organización de Naciones Unidas hace un llamado urgente para que se garantice el acceso humanitario, se proteja a la población civil y se tomen medidas inmediatas que permitan restablecer condiciones mínimas de seguridad y movilidad para estas comunidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció este lunes que hará las verificaciones de las condiciones de reclusión en las que se encuentra el exagente de Inteligencia Militar, el sargento José Leonario Dorado Gaviria, en respuesta a dos solicitudes presentadas por la representante judicial de Dorado: una en abril de 2025, en la que se pidió estudiar la posibilidad de otorgar el beneficio de libertad transitoria; y otra en mayo del mismo año, en la que se informó un incremento en su nivel de riesgo y se solicitó evaluar medidas de protección para él y su núcleo familiar. Esta última es la que motiva la decisión de hacer las inspecciones.La JEP decidió hacer estas verificaciones, más allá de haber determinado en doble instancia que los delitos por los que fue condenado Dorado Gaviria no son competencia de la justicia transicional, porque en el caso del secuestro extorsivo, fue motivado por fines económicos.Según revelaron medios de comunicación en los últimos días, José Leonairo Dorado, fue recluido de manera irregular en una clínica psiquiátrica el pasado 10 de julio, en medio de lo que sus familiares han calificado como un intento de silenciarlo y desestimar las declaraciones y testimonios que ha dado a la JEP en el marco del macro caso 06, los crímenes contra la Unión Patriótica y lo que tiene que ver con la ubicación de fosas comunes dentro de las instalaciones de la Brigada 20 de Inteligencia, antiguo batallón Charry Solano.La Jurisdicción para la Paz ordenó evaluar su estado de salud física y mental, y revisar las condiciones por las que fue trasladado a un centro psiquiátrico. Además de valorar nuevamente su nivel de riesgo para ver si necesita protección adicional, para él y su familia.José Leonairo Dorado Gaviria está detenido actualmente en la cárcel militar denominada EJEPO, ubicada en Facatativá, Cundinamarca, bajo vigilancia y custodia de personal del Ejército Nacional.
Cuatrocientos sesenta exguerrilleros colombianos han sido asesinados desde la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz de Colombia, según cifras proporcionadas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Alejandro Ramelli, en una entrevista con EFE."Es un dato muy preocupante (...) La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz", explicó Ramelli desde un hotel en Nueva York.El magistrado se encuentra en la Gran Manzana en calidad de representante observador en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se presenta hoy el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz, suscritos hace nueve años entre el Estado colombiano y las FARC-EP.Ramelli desglosó que ayer, jueves, ya mantuvo un desayuno de trabajo con los quince miembros del Consejo de Seguridad que calificó como un "diálogo abierto, franco y respetuoso"."Un proceso exitoso""La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso (...) A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo", añadió posteriormente el presidente de la JEP.Aunque reconoció que los acuerdos "no se han cumplido en su totalidad" y que los avances en temas estructurales como la gestión de los cultivos ilícitos -hoja de coca, principalmente- y la reforma rural integral continúan "rezagados"."Obviamente, habrá que hacer otros procesos para cerrar completamente el conflicto, pero es que una cosa no se opone a la otra", puntualizó Ramelli, que se afanó durante la entrevista en separar, por un lado, el "éxito" del proceso con los firmantes y, por otro, las matanzas y el desplazamiento forzado actual, debidas también al fraccionamiento de las FARC y el ELN en distintos grupos disidentes.Sin embargo, esta posición contrasta con la esbozada a finales de abril por la Secretaría General de la ONU, que pidió al Gobierno del país andino una "implementación más profunda" de los acuerdos, tras los entonces sonados brotes de violencia en la región del Catatumbo o en departamentos como el Cauca, entre muchos otros."Crisis de la cooperación internacional"El líder del ente cuya función es administrar la justicia transicional en Colombia dijo que con este viaje a Nueva York ha entendido "un poco más" la situación de la "crisis (de financiación) para proyectos de cooperación internacional" presente en todo el entramado de la ONU, en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en USAID (la agencia de desarrollo de EE. UU. que ha resultado prácticamente desmantelada por Donald Trump).Y añadió que existe "un gran debate presupuestario" dentro de Naciones Unidas acerca "principalmente de la aportación de Estados Unidos y de algunos países europeos".Además, aceptó que la comunidad internacional está más centrada en conflictos como el de Gaza o la guerra de Ucrania que en los males estructurales de Colombia.En 2024, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia aprobó un presupuesto de casi 11,5 millones de dólares para iniciativas de paz, dentro de las cuales se incluyen proyectos para el fortalecimiento de la justicia transicional, incluida la JEP.USAID también otorgó 3,5 millones de dólares el año pasado a la JEP para investigaciones de macrocasos de violencia sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano.