Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El sorteo 506 de MiLoto, realizado el lunes 23 de marzo de 2026, dejó miles de ganadores en Colombia y un nuevo acumulado que sigue creciendo. De acuerdo con la información oficial del operador del juego, 5.578 jugadores lograron algún tipo de acierto, mientras que el premio mayor quedó desierto al no registrarse ganadores con los cinco números.Los números ganadores del sorteo fueron: 01, 15, 30, 37, 38. Debido a que ningún participante acertó la combinación completa, el premio principal se acumula para el siguiente sorteo, que ahora alcanzará un acumulado de $300 millones. En total, la jornada de este lunes dejó una premiación global de $51.288.100, distribuida entre miles de apostadores que lograron desde dos hasta cuatro aciertos.Premios de MiLoto según número de aciertos5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Premio por ganador: $0Al no presentarse ganadores en esta categoría, el premio mayor continúa acumulándose.4 aciertosGanadores: 19Premio total: $11.228.050Premio por ganador: $590.950Los jugadores que acertaron cuatro números se llevaron uno de los premios más altos de la jornada, superando el medio millón de pesos cada uno.3 aciertosGanadores: 489Premio total: $19.780.050Premio por ganador: $40.450Esta categoría concentró una parte importante de los premios intermedios del sorteo.2 aciertosGanadores: 5.070Premio total: $20.280.000Premio por ganador: $4.000La mayor cantidad de ganadores se registró en esta categoría, lo que permitió que miles de jugadores recuperaran parte de su apuesta.Más de 5.500 ganadores en el sorteoEl balance general del sorteo refleja que 5.578 personas resultaron ganadoras en las distintas categorías del juego. La mayor parte de los premios se concentró entre quienes lograron dos y tres aciertos. MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar de mayor crecimiento en Colombia, debido a su formato de apuestas accesible y sorteos frecuentes. Cada jugador selecciona cinco números dentro de un rango determinado, y los premios se asignan según la cantidad de coincidencias con la combinación ganadora.El acumulado sube a $300 millonesTras quedar desierto el premio mayor del sorteo 506, el nuevo acumulado de MiLoto alcanza los $300 millones, cifra que estará en juego en el próximo sorteo. Este incremento en el acumulado suele atraer a más apostadores, ya que a medida que el premio crece aumenta también el interés de los jugadores en participar.Los sorteos de MiLoto se realizan varias veces por semana y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador del juego y las plataformas de loterías en Colombia. Los participantes deben verificar sus números con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
El sorteo 2.634 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo. A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.Resultados del Baloto del 23 de marzo de 2026Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron: 25 - 33 - 37 - 39 - 41, superbalota: 11. El acumulado del sorteo alcanzó los $28.400 millones, sin registrarse ganadores en la categoría principal (5 aciertos + superbalota), lo que implica que el premio mayor sigue creciendo.Resultados de la Revancha del 23 de marzo de 2026Los números ganadores de Revancha, por su parte, fueron: 04 - 11 - 12 - 23 - 28, Superbalota: 11. En esta modalidad, el acumulado inicial del sorteo fue de $18.700 millones, y tampoco se reportaron ganadores del premio mayor.
Un adinerado empresario finlandés ha sido multado con 120.000 euros por exceso de velocidad tras ser sorprendido por la Policía conduciendo a 59 kilómetros por hora, 29 más de lo permitido, en una zona urbana de Mariehamn, en el archipiélago de Åland.Los 120.000 euros en pesos colombianos se traducirían a un poco más de 500 millones, dependiendo de la TRM del día y, aunque en Colombia es una multa costosa, sí hay una gran diferencia con el sistema finlandés de tránsito.Según informó este martes el diario local 'Nya Åland', Anders Wiklöf, millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, admitió su error y reconoció al citado medio que conducía "un poco demasiado rápido", por lo que no recurrirá la multa ante la Justicia y la pagará íntegramente."Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo", afirmó Wiklöf.Si hubiera rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, el millonario habría cometido una infracción de tráfico muy grave, por lo que, además de los 120.000 euros de multa, le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses.¿Por qué es tan costosa la multa por velocidad en Finlandia?La cifra de 120.000 euros se explica por la ley finlandesa, que contempla un sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible.La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de "días de multa" (los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año) que aumenta cuanto más grave es la infracción.No es la primera vez que Wiklöf, el hombre más adinerado de la región autónoma de Åland y uno de los más ricos de Finlandia, es sancionado por incumplir el código de circulación.En 2023 ya cometió una infracción de tráfico muy grave y fue castigado con una multa de 121.000 euros y la retirada temporal del permiso de conducir.Según el 'Nya Åland', Wiklöf es multireincidente, a pesar de las elevadas cuantías de las sanciones, y en los últimos trece años ha desembolsado cerca de 400.000 euros en multas de tráfico.¿Cuánto cuesta la multa por velocidad en Colombia?Con un sistema completamente diferente en Colombia, las multas están definidas en SMDLV, aunque calculadas mayoritariamente con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) desde 2024, para evitar aumentos desproporcionados con el salario mínimo.En otras palabras, la infracción que castiga el exceso de velocidad es la C29, según el Código Nacional de Tránsito, que corresponde a "conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida" y es sancionada con 633.232 pesos para todo infractor, y no dependiendo de los ingresos de este.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de este lunes, que llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 han fallecido, es uno de los más importantes desde 2018 en el ámbito militar entre las tragedias aéreas ocurridas en América Latina.En lo que va de siglo, en Latinoamérica se han producido accidentes de aviones, tanto comerciales como militares, que han dejado decenas de fallecidos.Hace poco menos de un mes, el 28 de febrero, murieron 22 personas en un accidente de un avión militar de carga que transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia. El avión se salió de la pista tras aterrizar y varias personas accedieron para recoger los billetes dispersos. Hay 51 detenidos y abiertas tres investigaciones.Esta la cronología de los mayores accidentes de avión en Latinoamérica este siglo:11 enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), y que cubría la ruta entre Chiclayo y la ciudad amazónica de Chachapoyas (Perú), se estrella contra el cerro Coloque a 3.300 metros de altitud. No hubo supervivientes.16 agosto 2005.- Mueren los 161 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, la gran mayoría franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.29 septiembre 2006.- Un Boeing de la línea brasileña GOL desaparece con 154 personas a bordo, que fallecieron, tras colisionar con un avión Legacy que se dirigía a Estados Unidos, en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Mato Grosso. El Legacy consiguió aterrizar de emergencia.17 julio 2007.- Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se sale de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo (Brasil) y choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).21 febrero 2008.- Un avión ATR 42300 de fabricación franco-italiana, con 43 pasajeros y tres tripulantes, de la aerolínea Santa Bárbara, desaparece cuando volaba entre Mérida y Caracas (Venezuela).1 junio 2009.- Un Airbus A-330 de Air France se precipita en aguas del Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro (Brasil) a París. Mueren las 228 personas que viajaban a bordo, la mayoría brasileños y franceses. Según el análisis de las cajas negras, el accidente se debió a un error de los pilotos, lo que exculpa al fabricante, Airbus.5 noviembre 2010.- Fallecen los 68 ocupantes de un avión comercial -un ATR-72 de dos motores turbohélice para viajes regionales- de la aerolínea cubana Aerocaribean, al estrellarse en la región de Guasimal en la provincia de Sancti Spiritus, Cuba.28 noviembre 2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión Avro RJ 85 de la compañía boliviana Lamia que se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín (Colombia).18 mayo 2018.- Fallecen 112 de los 113 ocupantes de un Boeing 737 de Cubana de Aviación, alquilado a la mexicana Global Air, que cubría la ruta entre La Habana y Holguín. El avión se estrelló instantes después de despegar a 1 kilómetro del aeropuerto de La Habana.9 diciembre 2019.- Desaparece un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, con 38 personas a bordo, a los que se dio por muertos, cuando se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas.9 agosto 2024.- Un avión con 62 personas se estrella en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil y provoca la muerte de todos quienes iban a bordo. El aparato era un avión bimotor modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta Sao Paulo.28 de febrero de 2026.- Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), un Hércules C-130 que transportaba dinero del Banco Central de Bolivia, se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, provocando la muerte de 22 de sus tripulantes23 marzo 2026.- Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidenta al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo (Colombia). Iban 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 fallecieron.
Para muchos colombianos, el aumento del salario mínimo fue de gran ayuda al bolsillo y es que el incremento del 23 % en el sueldo sin duda ha sido un alivio, pero para otros resultó siendo un castigo, pues también influyó en el aumento de las cuotas de administración, lo que ha sido un dolor para miles de propietarios en conjuntos residenciales.De hecho, en varias situaciones el incremento ha superado el 23 %, lo que ha llevado a dudar de la legalidad de esta situación, especialmente sobre si se puede o no hacer.Si bien a primera vista podría parecer una decisión arbitraria, lo cierto es que los ajustes suelen estar aprobados en la asamblea de copropietarios, donde la mayoría define el presupuesto del conjunto. Esto quiere decir que, incluso si el cobro es elevado, puede ser válido ya que fue aprobado por un proceso válido legalmente.Pero esa medida no quiere decir que los propietarios queden maniatados, pues hay mecanismos legales que permiten revisar cómo se tomó la decisión y si se presentaron irregularidades en el proceso.¿Qué hacer si la cuota de administración subió exageradamente?Lo principal que el copropietario debe tener claro es que no se puede demandar directamente el aumento. La ruta correcta, de acuerdo con la normativa actual, resulta ser la impugnación de la decisión tomada en la asamblea.Esto quiere decir que implica revisar si el proceso se cumplió con lo establecido de acuerdo con la Ley 675, misma que regula la propiedad horizontal en el país. Sin embargo, si el presupuesto fue aprobado de manera adecuada y el coeficiente de propiedad fue bien aplicado, el cobro definitivamente es obligatorio. En este punto, la discusión no es el monto, sino la legalidad.Cómo impugnar el aumento de las cuotas de administraciónPara quienes no estén de acuerdo con el incremento, existen varias herramientas que pueden utilizarse antes y después de la asamblea. Estas opciones permiten dejar constancia de la inconformidad y, en varios casos, llevar el tema ante un juez.Las principales acciones son:Derecho de inspección para revisar libros contables y cotizaciones antes de la asambleaParticipar en la reunión y dejar constancia de la inconformidad en el actaSolicitar explicaciones al consejo de administración sobre los gastosAcudir a una impugnación judicial dentro de los dos meses siguientesEste último punto es clave, ya que existe un plazo limitado para iniciar el proceso legal.Qué dice la ley sobre el aumento de cuotasTodo el inconveniente nace desde la Ley 675, la cual establece que las expensas comunes deben distribuirse de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Eso quiere decir que cada propietario debe pagar en función de su participación dentro del conjunto.Por tal motivo, más allá del porcentaje de aumento, lo importante es verificar que los cálculos y decisiones se hayan hecho de acuerdo con la norma.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Tras los atentados en Cali y Antioquia, y, ahora el triple homicidio en el Tame, Arauca, ha aumentado la preocupación a nivel nacional en torno a la situación de orden público en el país y causó la gran duda de saber qué pasa para que estos hechos se estén repitiendo de manera constante, pero en algunos puntos específicos.De hecho, Indepaz dio a conocer que con este último hecho se volvió en la masacre número 51 en lo corrido del 2025 y dejando en evidencia el deterioro humanitario en diferentes departamentos, en este caso Arauca, que tiene una fuerte presencia de grupos armados ilegales.“La Defensoría había emitido una alerta en Arauca la 011 del 2023. Es la situación que estamos enfrentando, evidencia y que haya una solidaridad con las víctimas (…) Lo que sucede allí es lo que pasa en diversas regiones del país, nosotros lo denominados foco del conflicto y es cuando hacen presencia dos o más grupos que están pretendiendo tener control territorial”, explicó el director de Indepaz, Leonardo González, en diálogo con Recap de Blu Radio, sobre lo que pasa en el departamento y cómo la presencia de grupos como el ELN o las disidencias afectan a la población.¿En qué falla el Gobierno en esta ola de crisis de orden público?De acuerdo con el director de Indepaz, lo que ha fallado va de la mano con una ausencia del Estado en determinadas regiones del país y la falta de cómo llegan de manera integral para cambiar la realidad en estas zonas.“Después de la firma de acuerdo de paz no llega esta promesa del Estado a las zonas periféricas, especialmente del país. Se dejan las economías de guerra a merced de otros grupos, que pueden ser los que ya estaban como el ELN o el Clan del Golfo, que llegan a estas zonas dejadas de las Farc, o disidencias. Y se fortalecen por las economías ilegales (…) Una ausencia del Estado durante estos años que fortalece y justifica la presencia de estos grupos armados, que hace que sea más fácil que estén en estas zonas abandonas por el Estados”, indicó.Asimismo, detalló que hubo fallo en la política de la paz total que ignoró a diversos actores de la paz, además que en el diálogo no se puede dejar la seguridad de lado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza hacia un momento histórico en el proceso de justicia transicional. El próximo 15 de septiembre de 2025 será la fecha clave en la que se darán a conocer las sanciones contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc y contra miembros de la Fuerza Pública implicados en graves violaciones a los derechos humanos.Se trata de dos macrocasos emblemáticos: por un lado, los secuestros masivos cometidos por la extinta guerrilla, y por el otro, los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate. Ambos procesos ya cuentan con proyectos de sentencia radicados ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego de años de audiencias, investigaciones y reconocimientos de responsabilidad.Durante las diligencias realizadas entre el 31 de julio y el 1 de agosto de este año, los excomandantes de las Farc reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y en el reclutamiento forzado de 18.000 menores de edad, crímenes que marcaron profundamente a miles de familias en el país. En paralelo, los exmiembros de la Fuerza Pública aceptaron su participación en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado.Las sanciones que impondrá la JEP no serán de prisión ordinaria, sino de carácter restaurativo y reparador, con un máximo de ocho años de cumplimiento. Estas penas incluyen restricciones a la libertad y la obligación de realizar trabajos de contenido restaurador o reparador (TOAR), enfocados en beneficiar directamente a las comunidades y a las víctimas. Además, la justicia transicional evaluará si es posible descontar el tiempo ya invertido por algunos comparecientes en dichas actividades.Los proyectos de fallo fueron elaborados por los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias y Camilo Andrés Suárez Aldana, y serán revisados por la sección de primera instancia, integrada por Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Anyul Chalela Romano y Roberto Carlos Vidal López.La decisión del 15 de septiembre no solo marcará un precedente en la justicia transicional colombiana, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país de avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición, respondiendo al clamor de miles de víctimas que esperan justicia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la violencia en la capital vallecaucana y su región atraviesa un grave deterioro. Por ello, además de emitir la alerta temprana 011 de 2025 para Bolívar, Riofrío y Trujillo, la entidad evalúa expedir una nueva alerta que actualice el escenario de riesgo de la alerta 01 de 2022 en Cali.En el Cañón de Garrapatas, explicó, se registra una confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN, extendida desde el Chocó. A esta situación se suma la presencia del Estado Mayor Central (EMC) y la reaparición de los Rastrojos, reconfigurados ahora como Rastrojos Nueva Generación, lo que intensifica la disputa territorial y eleva los riesgos de desplazamientos masivos, reclutamiento forzado y amenazas a líderes sociales.El panorama se agudiza tras el atentado con carro bomba ocurrido la semana pasada en Cali, que dejó varios heridos y conmocionó a la ciudad, así como por las recientes amenazas contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, hechos que evidencian la vulnerabilidad de las autoridades locales y la urgencia de reforzar la seguridad.La Defensoría llamó a las autoridades civiles, militares y de policía a implementar medidas novedosas y coordinadas que permitan neutralizar estos riesgos, garantizar la protección de la población y evitar que la violencia siga escalando en la capital del Valle y el suroccidente del país.
El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre lo que describió una “falta de implementación” de los acuerdos de paz firmados en el 2016 durante su Gobierno. Además, habló sobre la delicada situación de violencia en el país con los recientes ataques terroristas en Antioquia y Valle del Cauca que dejaron varios muertos y heridos.Según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, los “ataques cobardes y terroristas” que impactan al país son producto de un proceso de “debilitamiento de las fuerzas armadas” y la falta de implementación del acuerdo de paz con las Farc.En ese sentido, subrayó la necesidad urgente de gestionar tres puntos fundamentales:Liderazgo y estrategia: señaló que las fuerzas armadas requieren a “alguien que las coordine, que les dé una visión” y que les dé una estrategia de seguridad para el país, la cual, añadió, ahora no se tiene.Presupuesto y recursos: el expresidente enfatizó que la falta de presupuesto ha llevado al deterioro del número de soldados, policías y equipos aéreos, con la mayoría de las aeronaves “en tierra por falta de mantenimiento, por falta de repuestos y por falta de recursos”.Apoyo gubernamental y social: para ser efectivas, las fuerzas armadas necesitan el apoyo “del propio Gobierno” y el apoyo de todas las entidades y los niveles de la sociedad civil, de acuerdo con el exmandatario.Implementación del acuerdo de paz: una hoja de ruta incompletaSantos argumentó que la situación actual también se debe a que otros frentes del acuerdo de paz no se han implementado por completo, a pesar de que este fue diseñado precisamente para “evitar” lo que hoy se está viviendo y para “erradicar la violencia de la política”.En ese sentido, destacó la importancia de los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales “quedaron a medio hacer”. El objetivo, de acuerdo con él, es que el Estado llegara integralmente a las zonas más conflictivas con “la justicia, con el desarrollo económico y con el desarrollo social”, ocupando esos territorios y evitando que los grupos armados los controlaran.Lamentablemente, se ha observado un incremento en el poder y control territorial de las bandas criminales en más de 400 municipios. Al respecto, Santos se preguntó si la situación hubiera sido la misma con la implementación a cabalidad.Así, fue categórico y afirmó que “esa guerra con las Farc terminó y esa guerra no ha revivido”. Recalcó que, incluso, el 85 % de los miembros de las exFarc que firmaron siguen comprometidos con el proceso de paz.Lo que se vive hoy, según Santos, es que por falta de implementar el acuerdo las bandas criminales existentes. Puntualizó que, las disidencias son, justamente, criminales así se autodenominen como sea.“La guerra con las Farc, que era el grupo guerrillero más antiguo y poderoso del hemisferio occidental, terminó. Esa guerra no ha revivido. El 85 % de los miembros de las Farc que firmaron siguen acogidos al proceso de paz; esa guerra terminó (...) Lo que hoy estamos viviendo es por falta de implementar el acuerdo”, sentenció.El expresidente también criticó la estrategia de paz total, señalando que “desde un principio” se advirtió que no funcionaría para sentarse con cualquier grupo armado sin un plan claro, sin conocer su poder, sin establecer líneas rojas y sin un marco jurídico definido.En su opinión, la falta de claridad en estos aspectos, especialmente en los ceses al fuego, ha sido contraproducente. Explicó que los ceses al fuego espontáneos son “muy complicados de verificar” y son aprovechados por los grupos armados "para fortalecerse tanto militar como políticamente".Asimismo, consideró que la paz total del actual Gobierno ha “relegado a un segundo plano” el acuerdo de paz de La Habana, quitándole “luz, voluntad política y los recursos”.
A nivel nacional hay preocupación en torno a la seguridad nacional tras los recientes atentados que se registraron en diferentes zonas del país. Pues este jueves, 21 de agosto, se sumaron dos nuevos que dejaron varios heridos, uno en Cali y otro en zona rural de Antioquia por parte de grupos al margen de la ley.Estos hechos encendieron las alarmas en todo el país y la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para hacer un llamado al Gobierno nacional y diferentes actores que se encargan de la seguridad nacional para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.“Hay una alerta vigente en Cali, que es la 001 del 2022, que reporta la existencia de varios grupos armados, entre esos, las disidencias de la Farc de la ‘Jaime Martínez’ que presencia en la capital del Valle, en Jamundí (…) También hay presencia del ELN y bandas locales”, explicó Iris Marín, defensora del Pueblo, en diálogo con Recap Blu.¿En qué falló la seguridad nacional del Gobierno?Cabe recordar que, si bien en Cali los grupos implicados no hacen parte del proceso de paz, en los hechos de Amalfi, Antioquia, sí son estructuras que se han acogido este proceso que ha sido iniciativa del actual Gobierno nacional y, según la defensora, era de esperarse que en el inicio de la implementación de estas sí necesitaban de una mejor preparación.“Los procesos de conversación se hacen sobre situaciones de conflictividad y violencia. No diría que es una razón para evaluar completamente, pero sí es importante es articular las políticas de conversaciones de la paz total con las políticas de Defensa y de prevención, de lo contrario quedan aisladas que pareciera que se dan algunos beneficios a algunos grupos”, puntualizó la defensora.Asimismo, desde la Defensoría hallaron poco seguimiento por parte de las entidades encargadas al seguimiento a las alertas de seguridad que “son bajas”, a través de acciones ordinarias cuando la situación se convierte en extraordinaria ante la fuerte expansión de los grupos armados y no hay medidas para evitar esto.El llamado de la Procuraduría al EstadoA través de su comunicado, la entidad aseguró que “debe darse una protección real y efectiva a las comunidades urbanas y rurales expuestas a estos escenarios de violencia”, que permitirá una mejor atención integral y cumplir de manera adecuada las alertas que son emitidas en las comunidades bajo el marco del DIH y los estándares internacionales.
Guillermo Rivera, exministro del Interior durante parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, se pronunció sobre la reciente iniciativa de un referendo que busca revocar el acuerdo de paz con las Farc. Aunque reconoció la posibilidad jurídica de tal mecanismo, fue enfático en su inconveniencia política y la improbabilidad de su éxito.A la pregunta sobre si esta iniciativa es jurídicamente posible, Rivera señaló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga que, en efecto, es “posible jurídicamente”. Explicó que la Registraduría Nacional ya ha reconocido a los ciudadanos que impulsan esta idea y les ha facilitado los formularios para la recolección de firmas.Este punto lo diferencia de la postura del exjefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle, quien a través de redes sociales mencionó que es “necesario discutir de nuevo la correcta aplicación de lo relativo a cultivos de uso ilícito y poner al día la JEP”."En lo jurídico, el referendo contra el acuerdo de paz es apenas una comedia. Un acto de prestidigitación pseudojurídica", dijo De La Calle.Rivera aclaró la aparente contradicción, explicando que la preocupación de De la Calle se centra en las consecuencias. Y es que el exfuncionario mencionó también que por las demoras en cuando a la implementación del acuerdo del 2016 se han “provocado” un “desprestigio y ha abierto la puerta para que, ante ausencia de sanciones oportunas, se recrudezca la sensación de desproporción en materia penal en amplios sectores de la sociedad”.“Lo que señala el doctor Humberto de la Calle en este trino es que, si eso llegara a ocurrir, es decir, que, si recogieran el número de firmas necesarias y que luego en la votación del referendo se obtuvieran las mayorías necesarias para derogar, pues el Estado colombiano estaría incurriendo en una perfidia”, aseveró el exministro.Rivera coincidió en que sería “un hecho de una enorme gravedad desde el punto de vista del derecho internacional” si Colombia incumpliera un acuerdo validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, reiteró que la Constitución contempla el referendo como un mecanismo de participación directa para revocar normas constitucionales y legales.A pesar de la viabilidad jurídica, el exministro se mostró crítico con la intención: “Me parece políticamente inconveniente desde todo punto de vista”, añadió.Para él, este tipo de iniciativas “surgen justamente en estas épocas electorales” y sus promotores buscan “una excusa para salir a la calle, para recoger apoyos a sus aspirantes al Congreso de la República. Eventualmente a la Presidencia”.