Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
Siete perros que habían sido robados a sus dueños en el noreste de China protagonizaron una historia que se volvió viral en redes sociales después de lograr escapar de sus captores y regresar por sus propios medios a casa. Los animales, presuntamente sustraídos por traficantes vinculados al comercio ilegal de carne de perro, recorrieron aproximadamente 17 kilómetros durante dos días hasta reencontrarse con sus familias.El caso ocurrió en la provincia de Jilin y ha generado una fuerte reacción en internet, donde miles de usuarios siguieron el recorrido de los perros gracias a los videos compartidos por testigos y voluntarios.Escape en plena autopistaDe acuerdo con la información difundida por testigos y organizaciones de rescate animal, los perros lograron escapar de un camión en movimiento que circulaba por la autopista Changshuang. El vehículo presuntamente formaría parte de una red dedicada al transporte ilegal de perros destinados a mercados de carne. Tras saltar o salir del vehículo, los siete animales comenzaron a desplazarse juntos por carreteras y campos cercanos, avanzando de manera constante en dirección a su lugar de origen.Un Corgi lideró el recorrido de regresoSegún los reportes difundidos por personas que observaron el trayecto, el grupo se mantuvo unido durante todo el recorrido. Un perro de raza Corgi habría asumido el liderazgo, guiando la ruta de regreso al vecindario donde vivían.Durante los aproximadamente 17 kilómetros de camino, los perros avanzaron en formación. Mientras el Corgi marcaba el rumbo, los demás animales flanqueaban al grupo y protegían a un Pastor Alemán que tenía una pata herida. De acuerdo con los relatos, el comportamiento del grupo permitió que ninguno quedara rezagado durante el trayecto.Varias personas que se cruzaron con los perros intentaron acercarse para ayudarlos o guiarlos hacia lugares seguros. Sin embargo, los testigos indicaron que los animales evitaron cualquier intervención humana.En lugar de detenerse, los siete perros permanecieron juntos y continuaron avanzando en la misma dirección. Su comportamiento llamó la atención de quienes presenciaron la escena, ya que parecían concentrados únicamente en continuar su recorrido hacia el pueblo donde vivían.Videos virales permitieron seguir su recorridoEl seguimiento del caso fue posible gracias a los videos que comenzaron a circular en redes sociales. Conductores, vecinos y peatones grabaron el paso del grupo de perros a lo largo de la carretera y compartieron las imágenes en internet. Estas grabaciones permitieron que voluntarios y residentes de la zona rastrearan su progreso durante los dos días que duró el recorrido. Finalmente, los animales lograron llegar al vecindario donde vivían, donde se produjo el reencuentro con sus dueños. Para entonces, las familias ya daban por perdidas a sus mascotas tras el robo.Pertenecían a familias del mismo vecindarioLa organización de rescate Bitter Coffee Stray Dog Base informó que los siete perros pertenecen a tres familias que viven en el mismo barrio de la provincia de Jilin.Según explicó la entidad, los animales ya se conocían antes del robo y solían jugar juntos con frecuencia en el vecindario. Esta relación previa podría haber influido en la forma en que se mantuvieron unidos durante el escape y el trayecto de regreso. La organización indicó que, al enfrentarse a una situación de peligro extremo, los perros actuaron como un grupo coordinado, manteniendo la cohesión durante todo el recorrido.Tras conocerse el caso, la policía local abrió una investigación oficial sobre el robo de los perros y la posible existencia de una red de transporte ilegal de animales. Las autoridades buscan identificar el camión del que escaparon los perros y determinar si el vehículo formaba parte de una operación destinada a abastecer mercados no autorizados de carne de perro.
Los accidentes de tránsito durante este puente festivo dejaron un saldo en rojo en el departamente de Antioquia luego de que se reportaran siete personas fallecidas, once heridos y doce accidentes.Según el reporte de las autoridades, los siniestros generaron grandes congestiones que sumados a los incumplimientos a las normas de tránsito, ocasionaron no solo un fin de semana con varias vícitmas, sino uno caótico en materia de movilidad.En uno de los casos un bus escalera cayó por una pendiente en zona rural sitio el Puente de Buriticá y dejó una víctima mortal, habitantes del sector y organismos de socorro atendieron la emergencia donde hubo varios heridos.Otro grave accidente fue en la vía Barbosa – Porce, Norte del Valle de Aburrá, donde un conductor presuntamente bajo efectos de sustancias invadió el carril contrario, chocó contra una motocicleta e intentó huir, pero la comunidad lo retuvo y posteriormente hubo intervención de las autoridades.Se ha pedido a los conductores en reiteradas oportunidades a que se conduzcan con prudencia y respeten las normas de tránsito, sin embargo, son varios los comparendos que se impusieron en los seis ejes viales de Antioquia, donde se instalaron puntos de control.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de este lunes, que llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 han fallecido, es uno de los más importantes desde 2018 en el ámbito militar entre las tragedias aéreas ocurridas en América Latina.En lo que va de siglo, en Latinoamérica se han producido accidentes de aviones, tanto comerciales como militares, que han dejado decenas de fallecidos.Hace poco menos de un mes, el 28 de febrero, murieron 22 personas en un accidente de un avión militar de carga que transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia. El avión se salió de la pista tras aterrizar y varias personas accedieron para recoger los billetes dispersos. Hay 51 detenidos y abiertas tres investigaciones.Esta la cronología de los mayores accidentes de avión en Latinoamérica este siglo:11 enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), y que cubría la ruta entre Chiclayo y la ciudad amazónica de Chachapoyas (Perú), se estrella contra el cerro Coloque a 3.300 metros de altitud. No hubo supervivientes.16 agosto 2005.- Mueren los 161 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, la gran mayoría franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.29 septiembre 2006.- Un Boeing de la línea brasileña GOL desaparece con 154 personas a bordo, que fallecieron, tras colisionar con un avión Legacy que se dirigía a Estados Unidos, en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Mato Grosso. El Legacy consiguió aterrizar de emergencia.17 julio 2007.- Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se sale de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo (Brasil) y choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).21 febrero 2008.- Un avión ATR 42300 de fabricación franco-italiana, con 43 pasajeros y tres tripulantes, de la aerolínea Santa Bárbara, desaparece cuando volaba entre Mérida y Caracas (Venezuela).1 junio 2009.- Un Airbus A-330 de Air France se precipita en aguas del Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro (Brasil) a París. Mueren las 228 personas que viajaban a bordo, la mayoría brasileños y franceses. Según el análisis de las cajas negras, el accidente se debió a un error de los pilotos, lo que exculpa al fabricante, Airbus.5 noviembre 2010.- Fallecen los 68 ocupantes de un avión comercial -un ATR-72 de dos motores turbohélice para viajes regionales- de la aerolínea cubana Aerocaribean, al estrellarse en la región de Guasimal en la provincia de Sancti Spiritus, Cuba.28 noviembre 2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión Avro RJ 85 de la compañía boliviana Lamia que se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín (Colombia).18 mayo 2018.- Fallecen 112 de los 113 ocupantes de un Boeing 737 de Cubana de Aviación, alquilado a la mexicana Global Air, que cubría la ruta entre La Habana y Holguín. El avión se estrelló instantes después de despegar a 1 kilómetro del aeropuerto de La Habana.9 diciembre 2019.- Desaparece un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, con 38 personas a bordo, a los que se dio por muertos, cuando se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas.9 agosto 2024.- Un avión con 62 personas se estrella en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil y provoca la muerte de todos quienes iban a bordo. El aparato era un avión bimotor modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta Sao Paulo.28 de febrero de 2026.- Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), un Hércules C-130 que transportaba dinero del Banco Central de Bolivia, se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, provocando la muerte de 22 de sus tripulantes23 marzo 2026.- Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidenta al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo (Colombia). Iban 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 fallecieron.
Para muchos colombianos, el aumento del salario mínimo fue de gran ayuda al bolsillo y es que el incremento del 23 % en el sueldo sin duda ha sido un alivio, pero para otros resultó siendo un castigo, pues también influyó en el aumento de las cuotas de administración, lo que ha sido un dolor para miles de propietarios en conjuntos residenciales.De hecho, en varias situaciones el incremento ha superado el 23 %, lo que ha llevado a dudar de la legalidad de esta situación, especialmente sobre si se puede o no hacer.Si bien a primera vista podría parecer una decisión arbitraria, lo cierto es que los ajustes suelen estar aprobados en la asamblea de copropietarios, donde la mayoría define el presupuesto del conjunto. Esto quiere decir que, incluso si el cobro es elevado, puede ser válido ya que fue aprobado por un proceso válido legalmente.Pero esa medida no quiere decir que los propietarios queden maniatados, pues hay mecanismos legales que permiten revisar cómo se tomó la decisión y si se presentaron irregularidades en el proceso.¿Qué hacer si la cuota de administración subió exageradamente?Lo principal que el copropietario debe tener claro es que no se puede demandar directamente el aumento. La ruta correcta, de acuerdo con la normativa actual, resulta ser la impugnación de la decisión tomada en la asamblea.Esto quiere decir que implica revisar si el proceso se cumplió con lo establecido de acuerdo con la Ley 675, misma que regula la propiedad horizontal en el país. Sin embargo, si el presupuesto fue aprobado de manera adecuada y el coeficiente de propiedad fue bien aplicado, el cobro definitivamente es obligatorio. En este punto, la discusión no es el monto, sino la legalidad.Cómo impugnar el aumento de las cuotas de administraciónPara quienes no estén de acuerdo con el incremento, existen varias herramientas que pueden utilizarse antes y después de la asamblea. Estas opciones permiten dejar constancia de la inconformidad y, en varios casos, llevar el tema ante un juez.Las principales acciones son:Derecho de inspección para revisar libros contables y cotizaciones antes de la asambleaParticipar en la reunión y dejar constancia de la inconformidad en el actaSolicitar explicaciones al consejo de administración sobre los gastosAcudir a una impugnación judicial dentro de los dos meses siguientesEste último punto es clave, ya que existe un plazo limitado para iniciar el proceso legal.Qué dice la ley sobre el aumento de cuotasTodo el inconveniente nace desde la Ley 675, la cual establece que las expensas comunes deben distribuirse de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Eso quiere decir que cada propietario debe pagar en función de su participación dentro del conjunto.Por tal motivo, más allá del porcentaje de aumento, lo importante es verificar que los cálculos y decisiones se hayan hecho de acuerdo con la norma.
El fabricante alemán BMW activó una revisión masiva en China que pone en alerta a miles de propietarios: cerca de 180.000 vehículos deberán pasar por inspección debido a un posible riesgo de incendio. La medida, confirmada por la autoridad reguladora de ese país, se aplica de inmediato y cubre tanto unidades ensambladas localmente como importadas.Y es que, justamente, la decisión llega en un momento complejo para la marca en ese mercado, donde registró una caída en ventas del 12.5 % en 2025.¿Qué modelos de BMW están involucrados?El llamado a revisión incluye varias líneas de la marca, principalmente de gama alta:BMW Serie 5: más de 130.000 unidades producidas en China entre finales de 2023 y abril de 2025.BMW Serie 7: más de 36.000 unidades importadas.BMW M5: 173 unidades.También se suman cerca de 9.000 unidades importadas adicionales del Serie 5.En total, la campaña abarca vehículos fabricados entre 2022 y 2025, lo que la convierte en una de las más amplias recientes para la marca en ese país.¿Cuál es la falla y por qué hay riesgo?El problema no está en el motor ni en el sistema de propulsión, sino en un componente menos visible pero clave: el cableado del sistema de climatización ubicado en la parte delantera del vehículo.Según el reporte oficial, el arnés eléctrico puede estar mal posicionado. En condiciones normales esto no genera fallas inmediatas, pero durante intervenciones como el cambio del filtro de aire, ese cableado podría deteriorarse.El escenario más crítico aparece si ese desgaste deriva en un cortocircuito. Aunque se trata de casos poco frecuentes, la consecuencia potencial —un incendio— obligó a la marca a actuar de forma preventiva.¿Qué hará BMW con los vehículos afectados?La solución planteada es técnica pero directa:Inspección completa del sistema eléctrico implicadoReubicación del arnés para evitar contacto indebidoSustitución del componente en caso de dañoTodo el proceso se realizará sin costo para los propietarios, a través de la red oficial de la marca en China.Más allá del volumen, el caso refleja un fenómeno cada vez más común en la industria: los sistemas eléctricos —y no solo los mecánicos— están en el centro de la confiabilidad de los vehículos modernos.En modelos actuales, donde conviven múltiples sistemas electrónicos, sensores y asistencias, un elemento aparentemente menor puede convertirse en un punto crítico si no está correctamente instalado o protegido.Por ahora, la campaña se limita al mercado chino y no se ha informado de medidas similares en otros países.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió en El Plateado, Cauca, la Casa Atrapasueños, un espacio que hace parte de la estrategia intersectorial del mismo nombre. Su propósito es brindar atención y acompañamiento a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes que residen en un territorio impactado por el conflicto armado y otras expresiones de violencia.La Casa Atrapasueños busca prevenir cualquier forma de vulneración de derechos a través de actividades centradas en el juego, el arte, la cultura, el deporte y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas herramientas se integran como parte de un enfoque que promueve la participación, la expresión y el fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y comunitarias.La estrategia Atrapasueños es una intervención intersectorial impulsada por el ICBF en diversas zonas del país, con especial atención a contextos de alto riesgo para la infancia y la adolescencia. La apertura de este espacio en El Plateado responde a las condiciones particulares del territorio y a las necesidades identificadas por el instituto y sus aliados en la región.Además de la atención directa a niñas, niños y adolescentes, la Casa Atrapasueños también contempla el trabajo con sus familias y cuidadores. Se espera que esta intervención contribuya al fortalecimiento del tejido social y a la generación de entornos protectores dentro de la comunidad.La implementación del espacio se logró gracias a la articulación del ICBF con entidades del orden local, regional y nacional, en el marco de una política de atención integral a la niñez en zonas priorizadas por su situación de vulnerabilidad.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó tres predios en El Agrado, Huila, que suman 270 hectáreas, como parte de la estrategia de reforma agraria del Gobierno Petro. Más de 20 familias campesinas y víctimas del conflicto recibieron tierras para trabajar, producir y reconstruir sus proyectos de vida.Durante tres días de operaciones, del 13 al 15 de agosto, la ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, adelantó la aprehensión material de tres predios rurales:El Dindal (97,5 hectáreas): perteneciente al Fondo de Tierras y adquirido en 2013 para beneficiar a las familias desplazadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Fue entregado a 12 familias campesinas, quienes recuperan ahora un espacio digno para sembrar y vivir con estabilidad.Los Manzanillos (101,96 hectáreas) y Los Llanitos (69,98 hectáreas): administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras procesos de extinción de dominio contra su propietario, fueron entregados a seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias, integrada en su mayoría por madres cabeza de hogar.Las acciones contaron con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y administrativas, garantizando legalidad y respeto a los derechos fundamentales.“Estoy muy agradecido con la Agencia de Tierras por este predio que nos otorga la oportunidad de dignificar nuestras luchas. Por fin puedo decir con orgullo: ¡esta tierra sí es mía!”, expresó Rusbert Sinbaqueva, víctima del proyecto El Quimbo.Por su parte, Vianey Medina, lideresa de la Asociación Mujeres Agrarias, destacó: “Recibir este predio representa para nosotras dignificar la lucha social y fortalecer nuestra identidad campesina”.Con estas recuperaciones, la ANT avanza en la devolución de derechos territoriales a comunidades rurales históricamente vulneradas. Cada hectárea entregada se convierte en una herramienta para la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento del campo colombiano, en línea con la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.
Organizaciones sociales exigen que 73 predios vinculados a Chiquita Brands en el Urabá antioqueño, con más de 4.000 hectáreas, sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo financiado por la multinacional.Las tierras, equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés, pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación.La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol, y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investments S.A.S.Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región.Responsabilidades judicialesEn julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pagos a paramilitares con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas.En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.La Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, Cinep y otras organizaciones, reiteran que estos predios no pueden ser tratados como simples activos de mercado. Su exigencia es clara: que las tierras pasen al Fondo de Víctimas y se conviertan en una herramienta real de reparación y reconstrucción para las comunidades afectadas por la violencia en Urabá.
El exembajador de Colombia en Perú, senador del partido de la U entre 2007 y 2009 y expresidente de Fedegan fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado.Según la investigación, Visbal Martelo entre 1998 y 2005, cuando era miembro de la Comisión de Paz y, al mismo tiempo, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba.“Además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”, se lee en el comunicado de la Corte Suprema.Así mismo, se comprobó que financió a las AUC pagando cuotas de sostenimiento a cambio de seguridad, siendo también miembro del “Grupo los Doce” que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil.De acuerdo con la Sala de Casación Penal, Visbal Martelo aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a las AUC hasta la fecha de su desmovilización.“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y Diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno Nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, se lee en la sentencia.El exembajador acudía a los jefes paramilitares para pedirles que hicieran presencia en territorios o zonas ganaderas con alto predominio guerrillero.La Corte negó la prescripción del proceso porque cuando el proceso fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP lo expulsó y el expediente fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia.Adicionalmente, con la modificación al código penal que se materializó con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, se aumentó la pena para el delito de concierto para delinquir agravado, por lo que, los términos para prescripción se ampliaron.
El equipo jurídico del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) confirmó que avanzan las conversaciones con el Gobierno nacional dentro de una fase de prenegociación, en el marco de la política de Paz Total. Según el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, representante de la organización, esta etapa busca establecer una hoja de ruta inicial que permita dar paso a un eventual proceso formal de diálogo.El jurista precisó que el Gobierno ya ha reconocido al EGC como interlocutor válido bajo su autodenominación, dejando de lado términos como “Clan del Golfo”. Un punto central de la agenda es la definición del estatus jurídico del grupo, lo que implicaría su recategorización como grupo armado organizado al margen de la ley, habilitando un proceso de paz conforme a la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023.Giraldo señaló que el EGC designó voceros para las conversaciones, algunos ajenos a la estructura armada, cuyas identidades no se han revelado. Los acercamientos se realizan en territorio neutral y bajo estricta reserva, en un país con prestigio y compromiso con el derecho internacional.En las reuniones participan facilitadores, mediadores y verificadores nacionales e internacionales, lo que, según el abogado, fortalece la transparencia y legitimidad del proceso. Por ahora, no existe un acuerdo vinculante y las decisiones son adoptadas por el Estado Mayor Conjunto del EGC.El equipo jurídico subrayó que el objetivo de la organización es construir una relación estable con el Estado colombiano como institución, más allá de un gobierno en particular, y que la paz no será posible sin garantizar dos pilares esenciales: seguridad y justicia para todos.
En entrevista con Blu Radio, Álvaro Jiménez explicó que el Estado colombiano y el Estado catarí tienen el propósito de estrechar vínculos diplomáticos y avanzar en una construcción conjunta que beneficie los esfuerzos de paz en la región.Aunque no precisó si las conversaciones se desarrollan directamente en Catar, sí confirmó que el país de Medio Oriente será un acompañante clave del proceso.“Hemos acordado con el Estado catarí fortalecer la relación bilateral y trabajar conjuntamente para que haya un proceso de construcción y fortalecimiento de la paz en la región”, afirmó.Jiménez recordó que el Gobierno ha sostenido acercamientos con el EGC desde 2022, intensificando los esfuerzos desde diciembre de 2023. Según dijo, las partes han logrado avances que permiten entrar en una nueva etapa.“Estamos en la consolidación de la confianza”, subrayó. Con este respaldo internacional, el Gobierno espera afianzar el diálogo y encaminarlo hacia acuerdos concretos que permitan poner fin a la confrontación con el Clan del Golfo.