Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El cantante Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como 'Sapore di sale' o 'Senza fine', ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia."Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.El ministro de Exteriores y vicepresidente de Italia, Antonio Tajani, recordó a Paoli como "figura fundamental" de la cultura popular italiana, "capaz de convertir la vida cotidiana en poesía y melodía"."Sus canciones, con letras sencillas y sinceras, han acompañado a generaciones enteras. Mi más sentido pésame a su familia y a todos aquellos que le querían", escribió en su cuenta de X.Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza' (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; 'La gatta' (1960) o 'Sapore di sale' (1963).En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas. Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.
Por medio de las cámaras de videovigilancia del distrito, la Policía identificó a un hombre sospechoso que se paraba en los semáforos de la Calle 80 esperando el cambio para ofrecer sus servicios como “limpiavidrios”. Sin embargo, por algunas conductas sospechosas, la Policía de Bogotá llegó hasta el sitio para identificar al sujeto.Entre tanto, al hacer el procedimiento de identificación y revisión de antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue capturado de inmediato y entregado a las autoridades judiciales.De acuerdo con las autoridades, este hombre capturado presuntamente es responsable de varios delitos de hurto a personas dentro de los vehículos mientras esperan en los semáforos, específicamente en el sector de Engativá de Bogotá.“Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan a la seguridad de la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales", aseguró el secretario de seguridad, César Restrepo.Por otro lado, según el distrito, son más de 500 cámaras de videovigilancia que están en constante monitoreo para hacerle frente a la inseguridad en Bogotá.
Versiones conocidas en medios estadounidenses señalan que autoridades judiciales de Estados Unidos estarían adelantando indagaciones preliminares en las que aparece mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro. Las investigaciones, según reportes periodísticos, se desarrollarían en dos frentes: uno a cargo de fiscales federales en Nueva York y otro relacionado con información recopilada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Hasta ahora no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario colombiano.De acuerdo con las versiones difundidas, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn estarían revisando información sobre posibles vínculos entre actores del narcotráfico y la campaña presidencial de Petro en 2022. En ese contexto, investigadores habrían mencionado a dos figuras del crimen organizado colombiano: Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, exjefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, señalado como presunto líder de redes de contrabando. Según las versiones citadas, ambos podrían aportar información relacionada con eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial, hipótesis que forma parte de lo que se ha denominado públicamente como el “Pacto de la Picota”.En el caso de alias ‘Pipe Tuluá’, se menciona que antes de su extradición habría afirmado que supuestamente fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña de 2022, para discutir eventuales beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Estas afirmaciones, según las mismas versiones, estarían siendo revisadas por investigadores federales como parte de la recopilación de testimonios y evidencias.Por su parte, el nombre de ‘Papá Pitufo’ aparece vinculado a otro episodio relacionado con la presunta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña presidencial. De acuerdo con estas versiones, se trataría de recursos que posteriormente habrían sido devueltos, aunque ese episodio continúa siendo objeto de debate público y de verificación por parte de las autoridades.Paralelamente, reportes de prensa también mencionan una segunda línea de investigación asociada a información recopilada por la DEA. Esta incluiría testimonios de fuentes confidenciales que hablan de presuntos nexos con organizaciones criminales internacionales y otros supuestos movimientos financieros; sin embargo, estas versiones han sido descritas como preliminares y basadas en informantes, por lo que su verificación aún estaría en curso.Desde el Gobierno colombiano se han rechazado categóricamente estas afirmaciones. Funcionarios como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, han señalado que las versiones carecen de fundamento y lógica. La Embajada de Colombia en Washington también calificó los reportes como información no verificada basada en fuentes anónimas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado en redes sociales que no existe ningún proceso judicial en su contra y que cualquier investigación servirá para aclarar las acusaciones en su contra.Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han anunciado cargos formales ni decisiones judiciales sobre el caso, por lo que el alcance de las investigaciones y el eventual papel de los mencionados testigos sigue siendo incierto. Mientras tanto, el tema continúa generando debate político tanto en Colombia como en Estados Unidos.
El fabricante chino Xiaomi reportó que la actualización 2026 de su sedán eléctrico Xiaomi SU7, el cual ya había entrado a ese mercado hace varios meses -con un éxito total- y que ahora acaba de alcanzar 15.000 unidades vendidas en 34 minutos tras su relanzamiento oficial, realizado el 19 de marzo. Según el medio especializado Car News China, el modelo se comercializa en un rango de precios entre 31.870 y 43.950 dólares, lo que en pesos colombianos se traduce en un rango de 130 a 185 millones, un precio que claramente ascendería en el hipotético -y soñador- caso de que la marca llegara al país.El relanzamiento del Xiaomi SU7 coincide con el desarrollo de nuevos vehículos dentro del portafolio eléctrico de Xiaomi. Entre ellos se encuentra el SUV Xiaomi YU7 GT, que se perfila como una variante de alto desempeño con una potencia cercana a los 990 hp y una autonomía estimada de hasta 705 km bajo ciclo CLTC.¿Qué autonomía ofrece y cómo se distribuyen sus versiones?La gama del Xiaomi SU7 se divide en tres versiones con diferencias claras en alcance:Standard: hasta 720 km (CLTC)Max: hasta 835 km (CLTC)Pro: hasta 902 km (CLTC)La cifra de la versión Pro supera los 800 km que la marca había anunciado en el lanzamiento inicial del modelo en 2023.¿Qué cambios incorpora en esta actualización?El rediseño incluye una parrilla frontal con radar integrado, cámaras con sistema de limpieza y nuevos elementos exteriores como rines de 21 pulgadas, espejos oscurecidos y cálipers en color rojo.En el habitáculo, el modelo incorpora acabados en color negro, iluminación ambiental de varias capas, volante en cuero y ajustes eléctricos avanzados en los asientos. En la parte trasera se añaden configuraciones tipo “gravedad cero” y mejoras en apoyacabezas.¿Qué prestaciones y sistema eléctrico tiene?En desempeño, la versión Max registra:0 a 100 km/h en 3,08 segundosVelocidad máxima de 265 km/hEl sistema eléctrico varía según la versión:Hasta 752V en Standard y ProHasta 897V en MaxEn esta última, el fabricante indica que puede recuperar hasta 670 km de autonomía en 15 minutos o cargar del 10% al 80% en cerca de 12 minutos.¿Qué tecnología y seguridad incluye?El modelo integra el sistema XiaoAI junto con un modelo cognitivo propio, operando con procesadores de última generación. Incluye funciones de asistencia a la conducción, conectividad 5G, UWB y WiFi 7, además de actualizaciones remotas.
Sigue la conmoción nacional luego de que, en horas de la mañana de este martes 24 de marzo, se confirmara que la cifra de víctimas mortales tras el siniestro del avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo ascendió a 68 fallecidos, una tragedia que ocurrió apenas segundos después del despegue.La aeronave, que transportaba a 128 personas, se precipitó a tierra a tan solo un kilómetro de la pista. Actualmente, las autoridades judiciales enfrentan un complejo reto en la identificación de los cuerpos en una morgue local que ya ha superado su capacidad operativa.Por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional a través de Mañanas Blu, denunciando el abandono histórico que sufren las regiones apartadas en materia de infraestructura y salud.En medio de la conmoción, Yorjadi Méndez, prima de uno de los soldados que murió en el accidente, identificado como Andrés Navarro, de 23 años, reveló detalles de lo ocurrido en Noticias Caracol.Según relató, su primo, oriundo de Aguachica, Cesar, estaba orgulloso de pertenecer al Ejército Nacional. Aseguró que era un joven muy alegre, lleno de ilusiones, que quería crecer profesionalmente y formar una familia.“Era alguien muy familiar, nos quería a todos, siempre estaba pendiente. Era alguien a quien podíamos acudir en cualquier momento si lo necesitábamos”, dijo la mujer.En un momento cargado de tristeza, en el que no pudo contener las lágrimas, reveló cómo fue su última conversación con el soldado Navarro: “Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.Yorjadi contó que la familia estaba compuesta por dos hermanos y su madre. Señaló que él ingresó al Ejército con aspiraciones de crecer dentro de la institución: “Él siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el Ejército le propusiera para poder crecer”.Finalmente, la mujer indicó que aún no han recibido información sobre la entrega del cuerpo y pidió a las autoridades que les brinden detalles lo antes posible “para acabar con esta zozobra”.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno colombiano adelanta conversaciones con Venezuela para lograr un acuerdo de Estado que permita declarar como “organizaciones no gratas” a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc en territorio venezolano.En diálogo con El Radar de Ricardo Ospina, Patiño explicó que el objetivo es que las autoridades del vecino país no toleren la presencia ni las actividades de estas estructuras criminales, que históricamente han operado en zonas de frontera. “Se busca que no haya tolerancia con la ilegalidad de ningún aspecto”, aseguró.El comisionado señaló que, aunque en el pasado se habían dado conversaciones parciales sobre este tema, el actual Gobierno de Gustavo Petro propone un enfoque distinto, basado en la cooperación institucional y no en la confrontación política. “Este Gobierno no va a emprender una guerra ni una conspiración como la del gobierno anterior, ni va a impulsar bloqueos que afectan a la población”, puntualizó.Según Otty Patiño, ya se han evidenciado acciones por parte de Venezuela, como incautaciones importantes de cocaína y operaciones contra redes criminales. Sin embargo, advirtió que la delincuencia en la frontera es de carácter binacional y que también involucra actores venezolanos.El acuerdo, que podría articularse con la reciente propuesta de una zona económica binacional en el Catatumbo, busca enfrentar la economía ilícita transnacional que financia a estos grupos. “El ELN intentó consolidar una retaguardia en el Catatumbo, como la tiene en Arauca (...) y creo que, hasta el momento, no lo ha logrado”, afirmó, destacando que la estrategia de paz ha debilitado sus planes.Patiño reconoció que la creación de una franja económica compartida también implica riesgos, como que estas organizaciones se apropien del territorio. No obstante, considera que la salida está en “pensar como Estados” para recuperar la soberanía y generar una economía legal que beneficie a las comunidades de ambos lados de la frontera.
La política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una gran desilusión, principalmente debido al proceso fallido con el ELN, que era considerado el más importante. Según el excomisionado Otty Patiño en conversación con El Radar de Ricardo Ospina, en una reciente entrevista, esta desilusión tiene sus raíces en un encuentro que el actual mandatario sostuvo con líderes del ELN incluso antes de ser elegido presidente.Patiño reveló que, siendo Gustavo Petro candidato presidencial, se entrevistó con uno o dos miembros del comando central del ELN. Durante esta reunión, los representantes del grupo guerrillero le habrían prometido que si él ganaba las elecciones, la negociación de paz con ellos sería "muy rápida". Sin embargo, la realidad post-elección fue otra. Una vez en la presidencia, cuando Petro intentó hacer efectiva esa promesa, el ELN "no quisieron realmente avanzar". Según Patiño, a pesar de esta situación, el presidente Petro demostró una "extremada paciencia" con el ELN, tardando más de dos años en determinar que el grupo realmente no tenía voluntad de paz.La ruptura en la relación y el fracaso del proceso se atribuyen a varios factores, según Patiño. Una de las razones principales fue la falta de un propósito político claro por parte del ELN. Patiño concluyó que el ELN no tiene una intención ni un propósito claro de paz, y que se encuentran "muy amañados con la situación de guerra", especialmente en el cordón fronterizo colombiano-venezolano.Además de la falta de voluntad política, Patiño reveló que su relación personal con el comando central del ELN se rompió debido a una amenaza de tipo personal en su contra y contra uno de sus principales asesores, Álvaro Jiménez. Estas amenazas, que Patiño hizo públicas, fueron descritas no solo como "amenazas de muerte", sino como "decisiones de matar, que es peor aún". Patiño explicó que, al descubrir sus intenciones y apoyar el proceso de paz con la disidencia positiva del ELN, los Comuneros, el ELN "se sintieron muy ofendidos y tomaron la decisión en el caso de Álvaro de asesinarlo".El punto de quiebre definitivo para el gobierno ocurrió a principios de este año, cuando el ELN cometió el asesinato de personas en Catatumbo, además de desplazar a otras cien y desaparecer y desplazar a cerca de 16.000 personas. Fue entonces cuando el gobierno decidió suspender los diálogos con ellos.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció sobre la compleja realidad de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, haciendo un diagnóstico sobre los procesos en curso con diferentes grupos armados.En diálogo con El Radar de Blu Radio, habló específicamente de uno de los temas centrales y más controvertidos, que tiene que ver con la suspensión de algunas extradiciones, especialmente para aquellos cabecillas vinculados con el narcotráfico que buscan acogerse a los diálogos de paz.“La paz total empezó con una gran desilusión, fundamentalmente por el proceso fallido con el ELN y como era el proceso, al parecer, más importante, esa desilusión empezó a generar un ambiente muy negativo en el conjunto de los procesos”, describió.Sin embargo, aseveró que con otros procesos que “eran un poco despreciados por mucha gente”, siguen avanzando. En ese sentido, recalcó que la paz “ha ido abriendo camino” con sectores que “sí quieren la paz”.Grupos armados y sus negocios con el narcotráficoFue enfático al reconocer la implicación de los actores armados en el negocio del narcotráfico, una preocupación compartida por entidades internacionales como Estados Unidos, que están al tanto de estas situaciones. “Somos plenamente conscientes que todos los actores armados que hay ahora están involucradas en negocio de narcotráfico. De eso no nos metemos engaños, de que hay actores políticos y que hay otros actores que son puramente delincuenciales, en eso tenemos perfecta claridad”, señaló.Ante los cuestionamientos sobre el uso del “ropaje” de actores políticos o de grupos armados ilegales con motivaciones políticas para evitar la extradición, mencionó que el Gobierno tiene una postura clara.Explicó que, aunque se abre la puerta a aquellos que manifiestan una voluntad de transitar hacia la legalidad, la suspensión de las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, es una medida condicionada y no absoluta.“Ahora bien, algunos de estos actores o partes de estos actores han mostrado una voluntad de transitar hacia una legalidad y en ese sentido abrimos la puerta para que ello suceda y, sobre todo, que veamos que esos procesos han avanzado tanto que me ameritan que las órdenes de captura, aún con motivos de extradición, sean suspendidas”, puntualizó.Y es que el Gobierno no niega la posibilidad de extradición ni la acepta de inmediato, sino que opta por una tercera vía: “Aceptar que la extradición de ellos, pero que no se aplica de inmediato mientras estén avanzando”.Aclaró que esta estrategia busca mantener los tratados con Estados Unidos, evitando una ruptura en la cooperación bilateral. La suspensión es, de acuerdo con el comisionado, una herramienta para facilitar el avance de los procesos de paz sujeta a la demostración de compromisos reales por parte de los grupos armados.En ese sentido, detalló los dos elementos fundamentales que el Gobierno evalúa para determinar si un grupo está cumpliendo y avanzando lo suficiente como para mantener la suspensión de la extradición:Vocación de ubicarse en una zona de ubicación temporal: este, según recalcó, es un “elemento muy importante” que demuestra la voluntad de concentrarse y desmovilizarse en un espacio geográfico definido.Voluntad de erradicar cultivos ilícitos: aclaró que se trata de la disposición a participar en la sustitución de cultivos de uso ilícito es otro indicador crucial de compromiso con la legalidad.Patiño mencionó ejemplos concretos de esta voluntad, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha planteado la posibilidad de erradicar 15.000 hectáreas en Nariño y otras en Putumayo.Asimismo, los Comuneros del Sur han proyectado la erradicación de unas 5.000 de 7.000 hectáreas sembradas con coca en la zona de Abades, Nariño. Incluso el frente 33 y otros grupos en Tibú, una de las zonas con más coca en el Catatumbo, también han expresado su deseo de participar en la sustitución, según explicó.
El coronel retirado Publio Hernán Mejía tuvo la última oportunidad de reconocer su responsabilidad en los falsos positivos del Batallón de La Popa, y esta fue su respuesta: “Y eso no es negociable, no acepto los cargos, honorables magistrados”.Minutos después de mantenerse en la ausencia de responsabilidad, el coronel Mejía, desde la comodidad de uno de los hoteles más exclusivos de Valledupar, recibió a Blu Radio para, una vez más, mantenerse en la defensa de su inocencia.“Era mi misión, y todas y cada una de las operaciones tienen ese respaldo legítimo cuando salían las unidades al área”.Niega que haya existido una política de incentivos a cambio de resultados sin verificación: “No, el protocolo militar es muy claro, y los estímulos, así como las sanciones, obedecen a unos reglamentos y a unos manuales, y nadie puede inventarse nada en las Fuerzas Militares”.Para Mejía, mantenerse en la ausencia de reconocimiento es un tema de honor. “Hay algo que está por encima de eso, y es la verdad, y es el honor de un soldado. Por esas dos cosas, y por el nombre y la dignidad mía y de mi familia, pues estoy dispuesto a dar la vida”, dijo. Esto respondió el coronel retirado ante la posibilidad de apelar la decisión que se conozca en noviembre desde la JEP sobre su caso: “Pues yo tengo mucha fe en que va a brillar la verdad. Tengo esperanza porque así me lo hicieron ver el comportamiento durante el juicio y a lo largo de todo el proceso”.Es tajante en desconocer el argumento de la Fiscalía de la JEP de que hubo un patrón criminal.“¿Cuál es el patrón criminal del que ellos hablan? ¿De un tema sistemático de desaparición, arrastrados por los resultados? Un batallón sistemáticamente hace operaciones”.Para él, lo que hubo fue una traición a su confianza: “Si alguno de ellos desvió la orden legal y se salió de los límites de la legalidad, debe responder, pero no debe responder atribuyéndole responsabilidad a sus superiores, que emitieron bien la orden”.Entre 2002 y 2005 se reportaron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales, según la información que tiene la JEP, en el Batallón de La Popa. Los datos de la Fiscalía del caso hablan de que el coronel Hernán Mejía tuvo responsabilidad en por lo menos 72 de esos casos.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, decidió no aceptar responsabilidad en el capítulo de ejecuciones extrajudiciales que investiga la JEP. Esta era su última oportunidad de reconocerlo.Durante la audiencia de conclusión realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el coronel en retiro Publio Hernán Mejía se abstuvo de reconocer su participación en los crímenes que se le atribuyen en el subcaso del Batallón La Popa, dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate."Perdí mi carrera, estuve 10 años preso en detención preventiva, perdí todo lo que he querido. Después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado y mi dignidad de ciudadano", dijo Mejía durante la diligencia, sin admitir responsabilidad frente a los hechos.Esta audiencia era considerada por la JEP como la última oportunidad procesal que tenía el oficial retirado para aportar verdad plena y reconocer su participación en los hechos, condición clave para acceder a beneficios como la libertad transitoria o sanciones propias dentro del sistema de justicia transicional.Mejía está siendo procesado por su presunta participación en al menos 72 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira, cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Según la investigación, estas acciones habrían sido cometidas en alianza con estructuras paramilitares.
Durante la audiencia de conclusión en el proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, se registró un momento de tensión por cuenta de las afirmaciones del abogado defensor, quien puso en duda la credibilidad de los testimonios rendidos por 12 militares que ya reconocieron responsabilidad ante la sección de reconocimiento de verdad.El abogado aseguró que, a su juicio, varios de esos testimonios fueron preparados de manera coordinada y que los comparecientes se alimentaron entre sí de versiones, lo que comprometería su valor probatorio. “Fueron testigos de sus testigos y de los otros testigos. La credibilidad de esos comparecientes decae, porque se enteraban de lo que decían unos y otros”, afirmó. También insinuó que los testigos tenían conocimiento previo de lo que ocurría en la audiencia, más allá de lo que permitía el proceso: “Eso significa que estaban más enterados que la defensa de lo que decían sus compañeros”, añadió.Sus comentarios provocaron un llamado de atención por parte de la magistrada Reinere de Los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, quien le pidió moderar sus calificativos y abstenerse de hacer valoraciones sobre la labor de la magistratura o la idoneidad de otros comparecientes.“La magistratura evalúa los aportes a verdad para determinar si hay o no lugar a los beneficios transicionales. Este no es el escenario para hacer esas valoraciones (…). Le agradezco que continúe con la confrontación probatoria sin esos calificativos”, expresó la magistrada.Este proceso hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el subcaso La Popa, Mejía es señalado por su presunta responsabilidad en al menos 72 hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira, cuando estuvo al mando del batallón.