El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
Las cifras muestran que Colombia cada vez está envejeciendo más. En 2025 hubo 433.678 nacimientos, un 4,5% menos que en 2024, y desde 2015 los nacimientos han caído más de un 30%. Además, la tasa de fecundidad está cerca de 1 hijo por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). Los expertos señalan que, en solo 15 años (2010–2025), la población mayor pasó de 11,5% a 14,6%. Es decir, Colombia envejece más rápido de lo previsto.Este fenómeno no es solo un dato demográfico; es un cambio profundo en la estructura de la sociedad. Implica repensar el sistema de salud, el modelo pensional, las dinámicas familiares y, sobre todo, la forma en que entendemos la vida misma. Porque si vivimos más años, la pregunta ya no es cuánto vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir.Por eso es necesario reflexionar constantemente sobre cómo afrontar esta nueva realidad y cómo propiciar que la vejez sea una etapa con calidad de vida. No basta con prolongar la existencia; se trata de garantizar bienestar físico, salud mental, vínculos significativos y sentido de propósito. Una sociedad que envejece necesita crear condiciones para que sus adultos mayores no solo sobrevivan, sino que sigan participando, aportando y sintiéndose valiosos.El otro día, conversando con una persona octogenaria, muy lúcida y activa, le pregunté dónde estaba la clave. Con actitud de sabio, me dijo: “en no dejar de aprender”. Uno envejece realmente cuando deja de aprender, porque el cerebro se vuelve perezoso.Esa respuesta, sencilla pero profunda, encierra una verdad poderosa: el envejecimiento no es solo biológico, también es mental y emocional. Mantener la curiosidad, abrirse a nuevas experiencias, adaptarse a los cambios y seguir cultivando el pensamiento son formas concretas de mantenerse vivo por dentro. Actividades posibles: aprender un idioma, leer y luego comentar lo leído, escribir (memorias, reflexiones, diario), juegos mentales (ajedrez, sudoku, estrategia). Y para ello no aislarse, tener: grupos de conversación, voluntariado, compartir con familia o amigos de forma intencional, espacios comunitarios (clubes, encuentros)Tal vez el gran reto no es evitar envejecer —porque eso es inevitable—, sino aprender a hacerlo bien. Y hacerlo bien implica no renunciar nunca a la capacidad de aprender, de sorprenderse y de seguir construyendo sentido en cada etapa de la vida.
El transporte de carga entre océanos tiene un nuevo actor en desarrollo que busca reducir tiempos y ofrecer una alternativa logística al Canal de Panamá, paso por el que tienen que cruzar todos los buques que deseen llegar del océano Atlántico al Pacífico de una manera, en otras palabras, sencilla.México impulsa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un sistema que combina trenes, puertos e infraestructura industrial para mover mercancías entre el Atlántico y el Pacífico en menos de siete horas.¿Cómo funcionará el traslado de carga Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?A diferencia del modelo tradicional, aquí no hay un canal marítimo continuo. La operación se basa en una cadena logística que conecta ambos litorales a través del territorio mexicano.Los contenedores llegan en barco a uno de los puertosSon transportados por tren a través del paísSe embarcan nuevamente en el otro océanoEl recorrido se hace entre el Puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de México, y el Puerto de Salina Cruz, en el Pacífico, ambos con procesos de modernización para aumentar su capacidad operativa y recibir buques de mayor tamaño.¿Qué incluye el proyecto y en qué estado está?El corredor está estructurado sobre una red ferroviaria que supera los 1.200 kilómetros, distribuida en tres ejes principales que conectan distintas zonas del sureste mexicano.La línea Z, que une directamente ambos puertos, ya se encuentra en operación desde finales de 2023. A esta se suma la línea FA, en funcionamiento desde 2024, que amplía la conectividad hacia el interior del país. La línea K, que aún está en construcción, es la pieza que falta para completar el sistema y conectar hacia la frontera sur.Además del componente ferroviario, el proyecto incorpora el desarrollo de 14 parques industriales ubicados a lo largo del corredor, pensados para integrar procesos de producción, almacenamiento y distribución en un mismo ecosistema logístico.¿Cuándo estaría completamente operativo?El cronograma oficial del Gobierno mexicano establece que el sistema debería estar listo hacia mediados de 2026. Aunque ya hay tramos activos, el corredor todavía no funciona como una red completamente integrada.Una vez finalizadas las obras, la meta es movilizar hasta 1,4 millones de contenedores al año, lo que lo posicionaría como una alternativa relevante en el comercio internacional.¿Por qué se plantea como competencia al Canal de Panamá?El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec apunta a captar parte del tráfico que hoy depende del Canal de Panamá, especialmente en escenarios donde existen limitaciones para ciertos tipos de embarcaciones o necesidades logísticas específicas.También responde a cambios en el comercio global, como el aumento del nearshoring, que ha llevado a empresas a trasladar operaciones más cerca de Estados Unidos. En ese contexto, contar con una conexión interoceánica en territorio mexicano se vuelve estratégico.Aunque el tiempo estimado de traslado es competitivo, el sistema implica procesos adicionales que no existen en un canal marítimo continuo. La carga debe ser descargada, transportada por tren y luego reembarcada, lo que introduce costos y tiempos operativos distintos.A esto se suman desafíos como la necesidad de sincronizar todos los componentes del corredor —puertos, trenes y parques industriales—, así como factores externos relacionados con condiciones ambientales, seguridad en la región y la demanda real del servicio.
En un nuevo golpe contra el tráfico de sustancias ilícitas, el Departamento de Policía Magdalena Medio confirmó la incautación de fentanilo y ketamina, dos potentes insumos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, cuyo consumo representa un alto riesgo para la salud pública.El operativo fue dado a conocer por el comandante de esa unidad policial, el coronel John Jairo Roa Buitrago, quien destacó la importancia del procedimiento en la lucha contra las redes de microtráfico y producción de estupefacientes en la región.Según explicó el oficial, estas sustancias, aunque tienen usos médicos controlados, están siendo desviadas ilegalmente para la elaboración de drogas sintéticas altamente peligrosas. En particular, el fentanilo es un opioide de gran potencia, asociado a múltiples casos de sobredosis en diferentes países, mientras que la ketamina es empleada como anestésico, pero también es utilizada de forma indebida con fines recreativos.El coronel Roa Buitrago advirtió que este tipo de incautaciones permiten prevenir la distribución de dosis que podrían afectar gravemente a la población, especialmente a jóvenes, quienes son uno de los principales objetivos de estas redes ilegales.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas, al tiempo que aseguraron que continuarán intensificando los operativos en el Magdalena Medio para contrarrestar este fenómeno delictivo.Este resultado se suma a otras acciones recientes que buscan frenar el avance de las drogas sintéticas en Santander y la región del Magdalena Medio, una problemática que ha venido en aumento y que preocupa a las autoridades por su alto impacto en la salud y la seguridad.
Los problemas de movilidad y transporte en Bogotá siguen siendo un tema que afecta a millones de ciudadanos, quienes deben pasar horas en el transporte público para poder llegar a su destino, especialmente cuando la ciudad está sumergida en cientos de frentes de obra.Ante esto, la construcción de la troncal de la avenida 68 sigue siendo una de las obras más esperadas por los ciudadanos, no solo por su extensión, sino también por el papel que jugará con la llegada de la primera línea del metro. Y es que por más de 17 kilómetros, el corredor conectará el sur con el norte de Bogotá, reduciendo tiempos de desplazamiento y reorganizando el flujo de pasajeros.El proyecto atraviesa sectores estratégicos desde Venecia hasta la calle 100 con carrera 11, lo que beneficia a cerca de dos millones de personas. De acuerdo con las proyecciones, esta medida permitirá movilizar hasta 33.000 pasajeros cada hora, un cambio frente a los tiempos actuales. Incluso, un trayecto que hoy puede tardar hasta dos horas podría reducirse a solo 30 minutos.Además, la obra también contará con intervenciones urbanas que transformarán el entorno. Nuevos espacios públicos, zonas verdes y ciclorrutas que apuntan a que el corredor sea uno de los principales ejes de movilidad en la ciudad.Estas estaciones harán que los viajes sean más cortosDe hecho, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la red de estaciones con las que contará a lo largo de su recorrido. Estas permitirán conectar varios sectores de la ciudad y facilitar la integración con otras troncales:Calle 42 SurCalle 40 SurAvenida Primero de MayoCalle 18 SurCalle 8 SurAméricasCalle 11Calle 13Calle 19Avenida La EsperanzaCalle 53Parque Simón BolívarCalle 66Calle 72Calle 80Calle 98 (Floresta)Avenida SubaCarrera 53Avenida 19Carrera 11Las estaciones permitirán cubrir zonas de alta demanda y mejorar la conexión con distintos puntos de la capital.Troncal 68 reducirá tiempos de viajeEl impacto en los tiempos de viaje es un alivio para millones de personas. Pasar de recorridos de hasta dos horas a tan solo 30 minutos representa un cambio en la calidad de vida de los usuarios que se mueven por Bogotá en transporte público.Sumado a ello, la infraestructura también contará con 11 puentes peatonales, nueve vehiculares, ocho deprimidos y más de 480.000 metros cuadrados de espacio público nuevo. También se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible, pensados para mejorar el manejo del agua en la ciudad.Inversión y obras clave de la troncal 68 de TransMilenioLa magnitud de la obra también se refleja en su inversión, que alcanza los 2,98 billones de pesos. Este presupuesto cubre no solo la construcción del corredor, sino también la adecuación urbana y ambiental del entorno.En materia de espacio verde, se contempla la siembra de más de 53.000 metros de nuevas plantas, aunque el número total de árboles se reducirá frente a la cantidad actual. Aun así, la administración asegura que se trata de una intervención integral que busca equilibrar movilidad y sostenibilidad.Se espera que la troncal entre en operación total durante el segundo semestre del próximo año, consolidándose como una pieza clave en el sistema de transporte de Bogotá.
El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, que ayer dejó 68 militares muertos, 57 heridos, dos desaparecidos y una persona ilesa, se convirtió en motivo de discordia entre el Gobierno y la oposición, que se responsabilizan mutuamente de la tragedia.La polémica la abrió el presidente, Gustavo Petro, quien nada más conocer el accidente, apuntó como posible causa la presunta obsolescencia del avión, que tenía 43 años y fue donado a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que el mandatario lo llamó "chatarra", comentario que reiteró hoy."Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos", manifestó Petro este martes en su cuenta de X.Desde que se conoció la noticia del accidente, el mandatario se atrincheró en X, donde el lunes publicó numerosos mensajes defendiendo su gestión en materia de defensa y atribuyendo todas las posibles fallas a gobiernos anteriores y al propio estamento militar."La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años", dijo Petro en el primero de sus mensajes sobre la tragedia, y agregó que eso no ha sido posible porque lo impiden "las dificultades burocráticas en la administración militar".Críticos piden al presidente asumir responsabilidadesLa oposición respondió con acusaciones a Petro por la supuesta falta de mantenimiento de las aeronaves militares debido al recorte del presupuesto de Defensa, un tema sensible en momentos en que el país está a poco más de dos meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo."Una nación necesita respaldar a sus soldados y policías. Y las fuerzas militares, equipos y naves seguros", escribió también en X el exministro de Defensa Diego Molano, mientras que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez acusó a Petro de recortar en 800.000 millones de pesos (unos 215 millones de dólares de hoy) el presupuesto de Defensa en su primer año de Gobierno.Pero mientras el país lamentaba la tragedia y las vidas perdidas, el mandatario insistía en culpar a sus antecesores de lo sucedido y en descalificar especialmente a las mujeres que lo critican.De esta forma, llamó "mujer vampira" a la senadora de derechas María Fernanda Cabal; "princesa de la oligarquía" a Ramírez y "animal de carroña" a la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.En la discusión terció este martes el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien luego de que Petro lo responsabilizara de "comprar una chatarra" para la Fuerza Aérea, le pidió respeto a las víctimas y que "asuma, si es que puede, la dignidad del cargo" en los cuatro meses y medio que le quedan de mandato."Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de 'emperador' cósmico", le contestó Duque y, tras recomendarle que antes de lanzar acusaciones mejor investigue las causas del accidente, le espetó: "Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias".
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
Durante la audiencia de conclusión en el proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, se registró un momento de tensión por cuenta de las afirmaciones del abogado defensor, quien puso en duda la credibilidad de los testimonios rendidos por 12 militares que ya reconocieron responsabilidad ante la sección de reconocimiento de verdad.El abogado aseguró que, a su juicio, varios de esos testimonios fueron preparados de manera coordinada y que los comparecientes se alimentaron entre sí de versiones, lo que comprometería su valor probatorio. “Fueron testigos de sus testigos y de los otros testigos. La credibilidad de esos comparecientes decae, porque se enteraban de lo que decían unos y otros”, afirmó. También insinuó que los testigos tenían conocimiento previo de lo que ocurría en la audiencia, más allá de lo que permitía el proceso: “Eso significa que estaban más enterados que la defensa de lo que decían sus compañeros”, añadió.Sus comentarios provocaron un llamado de atención por parte de la magistrada Reinere de Los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, quien le pidió moderar sus calificativos y abstenerse de hacer valoraciones sobre la labor de la magistratura o la idoneidad de otros comparecientes.“La magistratura evalúa los aportes a verdad para determinar si hay o no lugar a los beneficios transicionales. Este no es el escenario para hacer esas valoraciones (…). Le agradezco que continúe con la confrontación probatoria sin esos calificativos”, expresó la magistrada.Este proceso hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el subcaso La Popa, Mejía es señalado por su presunta responsabilidad en al menos 72 hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira, cuando estuvo al mando del batallón.
Está en desarrollo la audiencia de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.La diligencia, que se realiza en Valledupar, representa la última oportunidad para que el exoficial reconozca su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen. De no hacerlo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía transicional.Durante su intervención, el fiscal Samuel Serrano, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, aseguró que el coronel Mejía creó y lideró un aparato organizado de poder al interior del batallón, desde el cual se ejecutaron homicidios y torturas. En varios de esos crímenes —indicó— hubo participación del grupo paramilitar Mártires del Cesar.“Se trató de una alianza de mutuo beneficio”, dijo el fiscal. “Mientras los paramilitares necesitaban incrementar el control de la zona y consolidar su expansión, los integrantes del aparato ilegal dentro del batallón necesitaban presentar bajas, para hacer creer que la seguridad se estaba recuperando.”Serrano explicó además que la participación de los militares bajo el mando de Mejía era recompensada con beneficios como permisos, medallas, condecoraciones, mejoras económicas y comisiones en el exterior. “Recibían dádivas por los resultados obtenidos. Las bajas eran su moneda de cambio”, sostuvo.La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja.El juicio adversarial contra Mejía ocurre luego de que el excomandante decidiera no aceptar responsabilidad, a diferencia de otros 12 exmilitares del mismo batallón que sí confesaron su participación en más de 130 asesinatos. La decisión que adopte la JEP será clave para definir el alcance de las sanciones frente a altos mandos que no reconocen verdad ni aportan al esclarecimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza esta semana los alegatos finales del juicio adversarial contra el coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo señala como coautor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecución a civiles. Según la UIA, estas acciones hicieron parte de un plan criminal sistemático al interior del batallón para mostrar resultados operacionales ante sus superiores.A diferencia de otros 12 militares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad, Mejía optó por no reconocer los hechos, por lo cual fue sometido a un juicio adversarial. Esta decisión lo expone a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena más alta prevista en la justicia transicional para quienes no colaboran plenamente con la verdad.Durante su testimonio en abril pasado, Mejía rompió su derecho al silencio y negó haber participado en un patrón criminal. Alegó ser víctima de falsas declaraciones y sostuvo que su actuar estuvo enmarcado dentro de la legalidad. Sin embargo, la Fiscalía transicional asegura que existen pruebas suficientes para demostrar su participación activa y su rol de liderazgo en los crímenes cometidos.El juicio, que se realiza los días 5 y 6 de agosto en Valledupar, también incluye las intervenciones de las víctimas acreditadas y sus representantes, quienes han insistido en que el coronel ha sostenido una actitud de negación, sin ofrecer aportes plenos a la verdad ni reconocer el daño causado.Este proceso hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los llamados “falsos positivos”, es decir, asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El Batallón La Popa es uno de los núcleos priorizados en esta investigación, por su alto número de casos y el carácter sistemático de los crímenes.La decisión final de los magistrados será clave para establecer cómo la JEP sanciona a altos mandos militares que no reconocen su responsabilidad. De ser hallado culpable, Mejía podría convertirse en el primer oficial de alto rango condenado en esta jurisdicción bajo el modelo adversarial.
Los casos de secuestro durante el conflicto armando en Colombia han dejado cicatrices imborrables en miles de familias. Tras la conclusión del juicio por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exjefes de las extintas Farc por más de 21.000 secuestros, empiezan a conocerse más versiones.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, habló Diva Cristina Díaz Aponte, quien vivió el secuestro y muerte de su padre, Juan Antonio Díaz Calderón, por parte del frente 13 de las Farc en 1998, en el departamento Huila.Aponte, pedagoga y funcionaria del ICBF por más de 38 años, relató la desgarradora experiencia que vivió su familia. Su padre, un comerciante de la región en ese entonces, fue secuestrado el 26 de septiembre de ese año. El cautiverio duró, según dijo, exactamente 16 meses, siendo liberado el 24 de diciembre de 1999.Sin embargo, la tragedia no terminó ahí: "Sueltan a mi padre y se llevan dos familiares más para que mi padre siguiera pagando otra cuota". Añadió que padre, en un “acto de rebeldía”, comenzó a contar su historia de secuestrado y eso "lo llevó a la tumba".Contó que su padre fue asesinado "casi un año después" de su liberación. Todo ese tortuoso tiempo lo describió como una “tragedia, una tortura y mucha crisis".Aponte describió el secuestro como un evento en el que les "quitaron realmente media vida" y les arrebató a su "columna vertebral" familiar. La incertidumbre era una constante.La JEP: una puerta a la verdad y la visibilidadDestacó el papel fundamental que la JEP ha desempeñado en su proceso de búsqueda de justicia y verdad. Después de "golpear muchas puertas" y encontrar la mayoría cerradas, dijo que la JEP fue "la única puerta que realmente se abrió y que entendió el dolor” que tenían como familia y como personas víctimas del conflicto.Gracias a esta instancia, su familia y ella pudieron "ser reconocidos como víctimas" y "ser escuchados de alguna manera".Para ella, el inicio de este camino con la JEP fue “prioritario” porque fue escuchada y, años después está caminando para buscar la verdad absoluta. Aunque reconoció que no todas las víctimas están reconocidas por la red, para la gran mayoría que sí lo están, la JEP representa un punto de partida para "hacer un cambio a nivel de toda esta violencia".A pesar de los avances, subrayó que "todavía hay dudas, todavía falta mucha verdad", y que no tiene la "satisfacción total” de todo lo que considera que debe conocer para poder tomar las mejores decisiones sobre el caso de su padre.El perdón como esperanza de pazDiva Cristina Díaz Aponte sostuvo una posición que, si bien respeta otras perspectivas como la del exdiputado Sigifredo López, quien considera a la JEP un "tribunal de máxima impunidad"; se enfoca en la posibilidad del perdón como un camino hacia el futuro.Enfatizó que "cada uno tiene su concepto y es respetable" y que "algunos quedan contentos y otros no quedan tanto" con las situaciones generadas y priorizadas por parte de la JEP; algunas víctimas aseguran que sus casos no se han resuelto.A pesar del inmenso daño causado, Aponte dijo que ha hecho "un esfuerzo muy grande para perdonar". Para ella, el perdón es clave para el cambio en este momento."Si nosotros no perdonamos, seguiremos en guerra y la paz nunca se verá o se verá muy muy a lo lejos". En ese sentido, recalcó que quiere que sus hijos, sus nietos y bisnietos puedan vivir en "una vida mejor” sin pensar en que tengan que abandonarla “por toda violencia".SancionesEn cuanto a las sanciones propuestas por la JEP, conocidas como TOAR (Trabajos, Obras y Reparación del Daño), expresó que "no han sido las más satisfactorias”.Si bien estas sanciones "visibilizan el resarcir de algunas cosas", consideró que "directamente no benefician como tal a las víctimas".La falta de una plena satisfacción es palpable y por eso admitió que: "Hay mucha gente que está en desacuerdo. Yo me incluyo en algunos aspectos".
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió al oficio enviado por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en el que se solicitaba mayor celeridad y claridad frente al tratamiento de miles de procesos penales asociados al conflicto armado. En su comunicación, la JEP advirtió que no está llamada a resolver casos que fueron conocidos por la justicia ordinaria y que se encuentran en etapas investigativas muy precarias o sin expectativa real de resolución.Según la Jurisdicción, trasladar masivamente expedientes desde la Fiscalía solo para cerrarlos en la JEP iría en contra de principios como la eficiencia, la economía procesal y la estricta temporalidad. La JEP recordó que su mandato constitucional no es tramitar individualmente cada caso, sino identificar patrones criminales, determinar responsabilidades de alto nivel y centrarse en los crímenes más graves y representativos del conflicto.La Fiscalía había expresado su preocupación por el bajo volumen de expedientes priorizados en la JEP, frente a un universo de más de 223.000 casos, 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas. Señaló, por ejemplo, que en el macrocaso de secuestros se han incorporado solo 62 expedientes, pese a que existen más de 6.000 investigaciones en sus registros.La JEP respondió que ha venido trabajando en la depuración rigurosa de información, con más de 407.000 procesos analizados y más de 219.000 presuntos responsables identificados de manera única. Este trabajo ha evidenciado graves inconsistencias en los datos entregados por la Fiscalía, como registros duplicados, identificaciones incompletas o clasificaciones erradas entre víctimas y perpetradores.En términos judiciales, la JEP ha imputado a 263 máximos responsables, ha concedido 148 renuncias a la persecución penal desde diciembre de 2024 y avanza en la remisión de más de 1.200 comparecientes no priorizados. Se han identificado además 141.375 procesos asociados a exintegrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables y 196.768 víctimas.La Jurisdicción propuso consolidar una metodología con la Fiscalía para priorizar investigaciones activas y construir dos inventarios: uno por macrocaso y otro por comparecientes. Ambos servirían para avanzar en el cierre jurídico eficiente de los procesos vinculados al conflicto armado. La JEP reiteró que su labor debe enfocarse en lo más representativo y que no asumirá procesos sin fundamento judicial, por respeto al modelo de justicia transicional que le fue encomendado.
Una grave crisis humanitaria se vive en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar. Al menos 5.000 personas permanecen confinadas desde hace casi dos semanas en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, sin acceso a alimentos, combustibles, transporte ni atención médica adecuada. La situación se ha generado por el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia activa del Clan del Golfo en la región.Además del confinamiento forzado, la comunidad ha denunciado el secuestro de al menos cuatro personas, lo que ha incrementado el temor y la tensión en estas zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La Defensoría del Pueblo ha respaldado las exigencias de las comunidades, particularmente las del municipio de Santa Rosa del Sur, que reclaman respeto por la vida, la integridad y sus derechos como población civil.“Instamos a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato cualquier conducta que ponga en riesgo a la población, sus bienes y su movilidad. Esta emergencia humanitaria requiere una respuesta coordinada y urgente por parte del Estado”, señaló la entidad, que también hizo un llamado a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades territoriales para desplegar una atención articulada y efectiva a los territorios confinados.Voces desde el territorio: liderazgo en medio de la incertidumbreEn medio de la crisis, se han abierto canales precarios de comunicación con los actores armados. Un vocero de las comunidades afectadas, que participa en los espacios de diálogo, relató que en los últimos días se logró conformar una comisión de ocho líderes para establecer contacto con quienes controlan la zona. De esta comisión, tres representantes ingresaron a una mesa inicial, en la que se fijaron condiciones estrictas para permitir mínimos de movilidad y abastecimiento.Según explicó el líder comunitario, se acordó que los habitantes puedan bajar una vez a la semana en motocicleta para adquirir alimentos. Sin embargo, está estrictamente prohibida la circulación de carros con carga o combustible: “Si ven carros cargados o con combustible, los van a quemar. No se puede surtir negocios ni mover gasolina. Tenemos que ser muy cuidadosos y pacientes mientras avanzan los diálogos”.Para atender urgencias médicas, se estableció la posibilidad de otorgar permisos firmados por la junta de acción comunal. Aún así, el procedimiento es limitado y exige coordinación previa, lo que retrasa la atención en salud y pone en riesgo a personas con enfermedades crónicas.