El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
Renault confirmó que trabaja en una nueva generación de carros electrificados que incluirá modelos híbridos enchufables con de rango extendido capaces de alcanzar hasta 1.400 kilómetros sin repostar, una tecnología con la que buscará competir con fabricantes chinos como BYD, Chery y más.Y es que, para nadie es un secreto que uno de los más duros desafíos de los carros eléctricos es el rango de autonomía que, aunque por ejemplo en Colombia hay modelos de hasta casi 800 km, no es una generalidad en ese mercado. ¿Qué cambia en la estrategia de Renault?Hasta ahora, Renault había evitado usar motores de combustión como generadores de energía en vehículos eléctricos, lo que está por cambiar con una nueva plataforma que permitirá integrar un pequeño motor térmico destinado exclusivamente a recargar la batería.Este esquema, similar al que ya utilizan algunas marcas asiáticas, busca resolver uno de los principales límites del carro eléctrico: la autonomía en trayectos largos sin depender exclusivamente de puntos de carga.¿Cuánta autonomía prometen los nuevos híbridos de Renault?La nueva arquitectura, denominada RGEV Medium 2.0, está diseñada para modelos compactos y medianos. En versiones totalmente eléctricas, la marca estima hasta 750 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP.Sin embargo, la cifra cambia de forma significativa cuando entra en juego el extensor de rango:Versiones eléctricas: hasta 750 kmVersiones con extensor: hasta 1.400 km o másEste segundo escenario permitiría recorrer largas distancias con apoyo de combustible, sin perder el funcionamiento principal eléctrico.¿Qué tipo de vehículos se desarrollarán?La plataforma no estará limitada a un solo formato. Renault plantea su uso en distintos segmentos, con especial foco en los segmentos C y D, que hoy representan una parte relevante de sus ventas en Europa.Entre las carrocerías previstas están:SUVBerlinasPosible regreso de monovolúmenesAdemás, algunos modelos podrían incorporar tracción total y capacidades de remolque de hasta dos toneladas, lo que amplía su uso más allá del entorno urbano.¿Qué tecnología incorporarán?Uno de los puntos clave será la arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permitirá cargas ultrarrápidas. Según la marca, los futuros modelos podrían recuperar una buena cantidad de autonomía en apenas 10 minutos.A esto se suma el objetivo de reducir costos de desarrollo en un 40 %, en medio de un mercado cada vez más competitivo, especialmente por la presión de fabricantes chinos que han ganado terreno en electrificación.¿Cuándo llegarán y qué busca la marca?Los primeros modelos basados en esta plataforma están previstos para finales de la década, con un horizonte claro: para 2030, Renault espera que toda su gama en Europa sea híbrida o eléctrica.Este movimiento se da en un contexto donde tecnologías como la de Leapmotor ya han apostado por soluciones similares, combinando electrificación con extensores de autonomía para ampliar el rango de uso.El planteamiento apunta a ofrecer una solución intermedia entre el vehículo 100 % eléctrico y el de combustión. En lugar de depender exclusivamente de la infraestructura de carga, el conductor podría recurrir a una gasolinera en trayectos largos.Reduce la ansiedad por autonomíaMantiene conducción eléctrica en la mayoría de escenariosPermite mayor flexibilidad en viajes largos
En medio de las constantes quejas de usuarios por fallas en la atención en salud, la Superintendencia Nacional de Salud cerró 514.861 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en todo el país entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, durante las llamadas ‘Jornadas Nacionales de Cierre Masivo de Reclamaciones en Salud’.Las cifras muestran que solo en marzo se concentró el mayor número de casos cerrados, con 252.231 reclamaciones, seguido de febrero con 178.188 y enero con 84.442. Sin embargo, los motivos de las quejas reflejan problemas recurrentes en el sistema: el 43 % corresponde a dificultades en la entrega de medicamentos y otras tecnologías en salud, el 28% a demoras en citas médicas y atención especializada, y el 23 % a procedimientos quirúrgicos.Aunque la entidad desplegó jornadas presenciales y virtuales para atender los casos, incluyendo regiones afectadas por la temporada de lluvias donde se resolvieron 61.742 reclamaciones, las cifras evidencian el volumen de inconformidades que siguen presentando los usuarios, en su mayoría relacionadas con EPS.Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Bolívar concentraron buena parte de los casos atendidos durante estas jornadas.El cierre masivo de reclamaciones ocurre en un contexto en el que continúan las denuncias por barreras en el acceso a servicios de salud, retrasos en la atención y dificultades en la entrega de tratamientos, lo que mantiene la presión sobre el sistema y las entidades responsables de garantizar la atención a los usuarios.
La escalada de violencia en Oriente Medio sigue sin un claro vencedor, pese a recientes acercamientos diplomáticos anunciados por Donald Trump. Así lo advirtió el exembajador de México en Líbano y Egipto, Jorge Álvarez, quien aseguró que ninguna de las potencias enfrenta un escenario favorable. “No creo que Irán esté ganando el conflicto, pero Estados Unidos tampoco”, afirmó.El exdiplomático subrayó que, en medio de la tensión, la falta de confianza bloquea cualquier salida inmediata. En ese sentido, insistió en que “la diplomacia es indispensable para acercar cuando no hay confianza”, dejando claro que, sin canales efectivos de diálogo, el conflicto podría prolongarse sin avances significativos.Álvarez explicó que el trasfondo del enfrentamiento va más allá de la libre navegación o incidentes puntuales. Según detalló, “no está en juego solo que Irán permita el paso libre de embarcaciones”, sino que el foco sigue siendo “el régimen, el programa nuclear y el material nuclear”, lo que evidencia una disputa estructural de largo alcance.Desde su análisis, el paso del tiempo podría inclinar la balanza en términos estratégicos, aunque no implique una victoria directa. “Puede no ocurrir nada de aquí al viernes”, advirtió, pero señaló que “Irán va ganando en su estrategia que el conflicto sea pagado al más alto precio”, en alusión al desgaste que supone la prolongación de las hostilidades.El exembajador también puso sobre la mesa las tensiones entre aliados clave. “Si hay negociaciones, aún intermediadas, ¿dónde queda Israel?”, cuestionó, al tiempo que enfatizó que “los objetivos de EE. UU. e Israel no necesariamente son convergentes”, lo que podría dificultar una solución conjunta.En el terreno, Álvarez identificó a Líbano como el punto más crítico del conflicto. “Israel está aprovechando todas las oportunidades que el conflicto le ofrece, es de su interés que se prolongue”, afirmó, al tiempo que alertó sobre una crisis humanitaria con cerca de un millón de desplazados.En esa misma línea, advirtió sobre una posible ofensiva directa de Israel en territorio libanés. Según dijo, ese país “intentará una incursión terrestre para ocupar el territorio” y, a diferencia de Estados Unidos, “parece tener bien afinados sus cálculos”, mientras que Washington “ha errado los suyos desde el 28 de febrero”.Finalmente, Álvarez se refirió al impacto regional del conflicto, especialmente en Catar. “El golpe sobre Catar ha dejado una herida muy grande en un país que tiene un papel fundamental como interlocutor y mediador”, concluyó, advirtiendo sobre el debilitamiento de actores clave para una eventual salida negociada.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 23 de marzo:El periodista Edward Porras, el Ojo de la Noche, hizo un recorrido sobre su carrera y las historias que le ha tocado cubrir.En historias que merecen ser cortadas estuvo la conferencista Tatiana Barreto, quien habló sobre cómo logró salir adelante.
Blu Radio recorrió la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol, en la regional Central del Magdalena Medio, que concentra entre el 70 % y el 80 % de la operación de la compañía en el país, según el balance entregado durante la jornada.De acuerdo con la información presentada, esta regional abarca 31 campos en 6 departamentos y 15 municipios, con una producción cercana a los 75 mil barriles diarios. La operación es sostenida por más de 800 empleados directos y una infraestructura que incluye estaciones, plantas, miles de pozos y una extensa red de transporte de crudo.En materia ambiental, Ecopetrol destacó que avanza en su transición energética con la puesta en marcha de dos granjas solares en el Magdalena Medio: una en el sector de La Cira-Infantas y otra en el municipio de Yondó. Estas generan en conjunto cerca de 66 megavatios de energía, que permiten abastecer parte de sus operaciones en campos petroleros como Casabe y reducir el uso de fuentes tradicionales.La compañía señaló que estas iniciativas hacen parte de su Plan Estratégico Ambiental, con el que busca integrar la protección de los ecosistemas con el desarrollo de sus actividades, incluyendo la meta de deforestación neta cero y la generación de impactos positivos en la naturaleza.En el Magdalena Medio, Ecopetrol ha identificado más de 2.400 especies de fauna y flora, entre ellas especies endémicas y en riesgo. A nivel nacional, cuenta con una red de 20 ecoreservas que superan las 15.500 hectáreas destinadas a la conservación y restauración de hábitats.Entre los programas destacados está Proyecto Vida Silvestre, que en esta región trabaja en la protección de especies como el paujil de pico azul, el manatí del Caribe, el bagre rayado del Magdalena, el mono marimonda y el árbol carreto colorado. Estas especies enfrentan presiones por actividades humanas como la caza, la tala y la pesca no regulada.Como parte de estas acciones, se desarrollan iniciativas con comunidades locales que incluyen monitoreo ambiental, educación, acuerdos de no caza, siembra de especies nativas y proyectos productivos sostenibles.Ecopetrol también avanza en otras líneas de transición energética en el país, como proyectos eólicos, estudios en geotermia e iniciativas relacionadas con hidrógeno, con el apoyo del Instituto Colombiano del Petróleo y de la Energía para la Transición.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó cerca de 4.000 hectáreas de predios que pertenecieron a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; y José Germán Sierra, alias ‘Nico’. Los principales beneficiados del organismo fueron 348 familias que fueron víctimas del conflicto y pertenecen a asociaciones campesinas en el departamento de Córdoba.“Durante años, estas tierras fueron explotadas de forma ilegal por terratenientes de la región, sin generar beneficios para el Estado ni cumplir con su función social. Muchos de estos predios estaban en manos del Fondo de Reparación para las Víctimas, pero por décadas no se materializó ninguna acción reparatoria para quienes padecieron los efectos del conflicto armado”, dice el informe de la ANT.Según afirmó la entidad, la entrega del proyecto se dio en un tiempo de cuatro días: el primero de ellos fue el pasado martes, 29 de julio, en el municipio de La Apartada, donde se recuperaron 737 hectáreas que fueron entregadas a 100 familias; el segundo fue el miércoles, 30 de julio, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde otras 100 familias se beneficiaron de 1.965 hectáreas; en el tercer día se entregaron 930 hectáreas a 120 familias de Tierralta; y en el último día se brindaron 213 hectáreas a 28 familias de Buenavista.“Estos predios, que fueron entregados como parte del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en el marco del programa de Justicia y Paz y que durante años permanecieron en manos de privados y grupos de poder, hoy se transforman en tierra viva, en hogares campesinos que, con dignidad y esperanza, pueden decir por fin: ‘Esta tierra sí es mía’”, finaliza el comunicado de la entidad.
La capital de La Guajira, Riohacha, y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar se encuentran en peligro extremo debido a al recrudecimiento del conflicto armado entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Así lo estableció la reciente Alerta Temprana 010 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo.El informe de la Defensoría describe cómo el Frente Francisco José Morelos Peñate, del Clan del Golfo, y el frente ‘Javier Cáceres’ de las ACSN han expandido sus operaciones, buscando apoderarse de áreas clave, incluyendo zonas urbanas y rurales.Las acciones y enfrentamientos de estos grupos armados, detalla la alerta, no solo amenazan a la población civil, sino que ponen en riesgo los derechos fundamentales de miles de personas, entre ellas comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y defensoras de derechos humanos.La disputa por el control territorial en estas regiones prevé consecuencias como desplazamientos forzados masivos, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores y la imposición de "gobiernos de facto" a través de la violencia.Esta lucha por la toma de corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta agrava la crisis, afectando directamente a comunidades que ya de por sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica.Además de emitir una alerta, la Defensoría también propuso una serie de medidas urgentes. En el texto de la alerta, formula 31 recomendaciones estructuradas en siete ejes estratégicos, buscando una respuesta rápida y efectiva.Entre las propuestas destacan la coordinación interinstitucional, el refuerzo de las operaciones de seguridad pública con un enfoque de protección a los derechos humanos, y el fortalecimiento de políticas públicas que busquen mitigar las condiciones sociales que alimentan el conflicto.Además, hace un llamado a la comisión intersectorial para que se active una respuesta humanitaria integral, así como la adopción de medidas específicas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales se encuentran particularmente expuestas a la violencia.
Este jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto, el antiguo secretariado de las FARC-EP comparecerá en una audiencia pública de verificación convocada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Esta diligencia marcará la recta final antes de que se impongan las sanciones propias por su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestro.Durante la audiencia, los magistrados evaluarán si los comparecientes han cumplido con los requisitos del sistema: aportar verdad plena, reconocer responsabilidad y ofrecer medidas de reparación. De ser así, podrían acceder a sanciones restaurativas de entre 5 y 8 años, en lugar de penas privativas de libertad.El magistrado Camilo Suárez, presidente de la Sección de Reconocimiento, explicó que los excomandantes “aportaron la verdad necesaria para determinar el patrón criminal y la política de secuestros que cometió la extinta guerrilla de las Farc”. Este reconocimiento ha sido clave para documentar la sistematicidad del crimen y la cadena de mando.En caso de que la JEP determine que los exFarc han incumplido sus compromisos, podrían ser procesados en la Subunidad de Determinación de Sanciones y enfrentar sanciones ordinarias de hasta 20 años de cárcel.El proceso hace parte del Macrocaso 01, que investiga los crímenes de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidos por las antiguas FARC-EP. La audiencia será transmitida públicamente y representa uno de los hitos más importantes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana una orden que busca enfrentar una de las fallas más graves del sistema forense en Colombia: la falta de capacidad técnica y financiera para identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado.La JEP advirtió que el rezago de Medicina Legal amenaza directamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares fundamentales del sistema transicional. Por eso, ordenó un plan de acción urgente que permita superar los cuellos de botella que hoy impiden avanzar en procesos de exhumación, análisis e identificación de restos humanos.Entre las medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno están: La creación de una subcuenta especial dentro del Fondo Colombia en Paz para financiar las actividades forenses.La reactivación del centro forense en Soacha, un lugar clave por su cercanía a fosas comunes y cementerios con cuerpos sin identificar.El uso de predios en proceso de extinción de dominio como sedes temporales para ampliar la infraestructura forense.La JEP enfatizó que sin estos recursos y sin una estructura sólida, la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia seguirá estancada.Las víctimas y sus familias han esperado por décadas respuestas que no han llegado, y hoy el país enfrenta una deuda humanitaria que no se resuelve solo con voluntad política: requiere inversión, coordinación institucional y decisión estatal.La decisión fue tomada en el marco del caso 09, que investiga la situación de los desaparecidos y el accionar del Estado frente a su búsqueda. La JEP también ha señalado la urgencia de reforzar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y particular su trabajo con Medicina Legal y otras entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.Con este pronunciamiento, la Jurisdicción eleva el tono y marca una alerta: sin ciencia forense, no hay verdad; y sin verdad, no hay paz real ni completa para las víctimas del conflicto.
La JEP emitió el pasado 24 de julio de 2025 una resolución clave en la que argumenta que Javier Alfredo Valle Anaya ha cumplido con el régimen de condicionalidad que le permitió su ingreso como compareciente voluntario. El exfuncionario fue condenado en 2017 a 40 años de prisión por su participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa, hechos relacionados con el accionar del paramilitarismo y el uso indebido de su cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).Actualmente preso en La Picota, Bogotá, Valle Anaya solicitó someterse a la JEP en 2018, y su aceptación fue condicionada al cumplimiento estricto de obligaciones de aporte a la verdad, medidas de reparación a las víctimas y garantías de no repetición.Durante el proceso, el compareciente ha presentado varias propuestas de contribución a la verdad, entre ellas, la entrega de nombres de otros responsables, la distribución de volantes pedagógicos y la realización de una misa conmemorativa y un diplomado. No obstante, la JEP determinó que tales iniciativas no representan avances significativos frente a lo ya conocido en la justicia ordinaria, ni ofrecen elementos novedosos, verificables o útiles para las víctimas y la sociedad.De manera adicional, en audiencia reciente, Valle volvió a declararse inocente, contradiciendo su obligación de reconocer responsabilidad como base del sometimiento a la justicia transicional.La resolución actual deja abierta la posibilidad de que la Subsala de Comparecientes Voluntarios lo excluya del proceso, en cuyo caso perdería todos los beneficios otorgados por la JEP y su expediente regresaría a la justicia ordinaria sin acceso a tratamientos penales especiales, incluida la libertad anticipada que ha solicitado.El caso se convierte en un precedente sobre el estándar que deben cumplir los comparecientes voluntarios en materia de verdad y reparación, dentro de un sistema que prioriza los derechos de las víctimas y la construcción de memoria histórica.
En medio de tensiones y acciones armadas que han puesto en jaque los esfuerzos por la “paz total”, alias 'Calarcá', confirmó su decisión de continuar con el proceso de diálogo con el Gobierno nacional.El anuncio se produjo durante una reunión celebrada en el departamento de Caquetá, que contó con la participación de la delegación del Gobierno encabezada por Gloria Quiceno, así como con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA.Durante el encuentro, las partes acordaron la realización de una reunión amplia con las comunidades y sus formas organizativas, con el objetivo de escuchar sus propuestas y definir colectivamente los temas que guiarán los próximos ciclos de negociación. Según lo pactado, una vez finalizada esta reunión comunitaria se establecerán la fecha y el lugar para el séptimo ciclo de conversaciones.La guerra que no se detienePese a la voluntad de diálogo expresada por alias 'Calarcá', la situación en terreno sigue siendo crítica. El pasado 27 de abril, una emboscada perpetrada por la estructura Jorge Suárez Briceño —bajo su línea de mando— dejó siete militares muertos en zona rural de Charras, Guaviare. El ataque se dirigió contra tropas del Batallón Joaquín París, que cumplían labores de protección a firmantes del Acuerdo de Paz en la región.Entre las víctimas se encontraban el sargento Darwin Pérez Sánchez y seis soldados profesionales. Además, cinco uniformados fueron retenidos temporalmente y luego entregados a la comunidad, lo que generó fuerte rechazo por parte del Gobierno y organismos internacionales.