La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
De acuerdo con el reporte del Ideam, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suan, sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas; mientras que en la estación Calamar, que se halla en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros.Las mediciones anteriores activan las alarmas, si se tiene en cuenta que los niveles del río en su paso por esta zona hacia el Canal del Dique tienden a ubicarse entre los 2 y 3 metros durante esta época, días en los que más bien suele preocupar la sequía por estos bajos niveles, tanto así, que en algunos puntos a duras penas la corriente alcanza el metro de altura.Uriel Ávila, líder de la zona, afirma que la situación de nuevo pone en riesgo de inundaciones a las comunidades de Atlántico y Bolívar, mientras el Gobierno sigue poniendo trabas a la inversión que se requiere para llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique."¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Pues que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al Gobierno nacional su intervención, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del Gobierno, no vemos una voluntad de las autoridades público administrativas y queremos que inicien cuanto antes las obras de mitigación", expresó Ávila.Las comunidades advierten que por los altos niveles que se están dando, se podría dar un desbordamiento inminente del canal cuando se presenten las lluvias habituales, pues la zona no tiene dónde recibir más caudal para aliviar la presión del Magdalena.
En medio de la polémica por las listas del Pacto Histórico al Congreso, Mañanas Blu 10:30 retomó la conversación con el exregistrador delegado electoral Nicolás Farfán y con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quienes expusieron posiciones opuestas sobre las demandas y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.“Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral”.Sobre su motivación, aseguró que no actúa por encargo político. “A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución”.Según el exregistrador, el problema de fondo es que se pretende desconocer la Constitución dependiendo de la conveniencia política.“En Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político”.En cuanto a las decisiones del CNE, detalló que en San Andrés y Nariño los fallos fueron definitivos en su contra; en Caldas, la decisión inicial también fue negativa, pero interpuso recurso de reposición; mientras que en Valle del Cauca el fallo fue a su favor, aunque está pendiente de revisión.Farfán explicó que las decisiones varían según la causal analizada y defendió la postura del CNE cuando falla en contra del Pacto Histórico, al tiempo que criticó que se cuestione al organismo solo cuando las decisiones no son favorables.“Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según como le fallan”.Sobre el caso de Bogotá, afirmó que guarda similitudes con el del Valle del Cauca y que, si el CNE mantiene la misma línea jurídica, la lista también debería ser revocada.“La Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria, está facultado o autorizado para violar la Constitución”.Agregó que permitir ese tipo de situaciones sería más grave para la democracia. “Yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución (…) Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo”.Farfán también se refirió a la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Echeverry y a la participación de Iván Cepeda en la consulta, señalando que el trámite no se ajustó a lo establecido en el reglamento del CNE.“Sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral”.Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó los argumentos del exregistrador y sostuvo que se trata de una acción política coordinada en contra de su colectividad.“Esto es el arte del engaño. Aquí no es un tema en derecho”. Ocampo aseguró que el CNE ha puesto obstáculos desde hace meses y cuestionó directamente a Farfán. “Esto viene armado desde adentro”.También afirmó que existe una intención de impedir que el Pacto Histórico participe con listas fuertes en departamentos como el Valle del Cauca. “Esto no es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático”.Frente a los escenarios jurídicos, Ocampo explicó que evalúan modificar las listas o presentar recursos, de acuerdo con lo permitido por la ley. “La 1475 dice que cuando hay revocatorias (…) tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista”.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador del Partido Verde Ariel Ávila abordó la delicada situación de orden público en Colombia, centrándose en el fracasado proyecto de la política de seguridad que buscó transformar la dinámica de violencia en el país.La situación actual en ColombiaÁvila enfatiza que, aunque el gobierno de Petro tenía buenas intenciones al proponer la paz total, la estrategia ha sido lamentablemente ineficaz. Con más de 300 municipios afectados por la violencia de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, la promesa de paz se siente lejana."EL ELN tiene el control territorial del Catatumbo desde hace más o menos siete años cuando eliminó al EPL y eso no ha variado en ese momento. Las operaciones militares había que hacerlas, tanto la de El Plateado en el Cauca como esta el Catatumbo, pero se sabía que esta particularmente estaba destinada al fracaso. ¿Por qué? Pues por el factor Venezuela, porque pues yo lo he dicho varias veces. El ELN en Venezuela es un grupo paramilitar. Aquí podrá ser un grupo guerrillero y el régimen venezolano ve eso como una especie de reserva militar en caso de una intervención y no están interesados ni en combatirlo militarmente ni en ayudar a la paz", dijo.Impacto de la política de seguridadEl senador criticó la ineptitud del actual Gobierno en cuanto a la política de seguridad, subrayando que este aspecto ha fallado junto con la de paz."No se puede tener una oferta de paz fuerte sin una política de seguridad efectiva", comentó. Según él, la situación en ciudades como Barranquilla, descrita como el "catatumbo urbano", es un reflejo claro de esto. La política de seguridad actual ha fracasado en adaptarse a los nuevos fenómenos delictivos que han surgido en el país.Desafíos en las elecciones de 2026Con el país de cara a un año electoral, Ávila advierte sobre la inminente interferencia de grupos armados en el proceso. Aunque afirma que no habrá una coerción a los votantes como en el pasado, las elecciones estarán marcadas por financiamiento ilícito y manipulación de campañas."Las disputas por territorios mineros y de cultivo de coca serán claves en este contexto", dice el senador. La incertidumbre sobre cómo se verán afectadas las elecciones es evidente, y los ciudadanos temen que sus voces sean censuradas.Ávila concluyó que la situación es crítica y requiere atención inmediata. Las consecuencias para la población colombiana ya son graves, con más de 50,000 desplazados, y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno acentúa el desánimo de los ciudadanos.El camino a seguir implica diálogos no solo con grupos armados en Colombia, sino también con actores internacionales, especialmente Venezuela, cuya influencia en la crisis es innegable. En los próximos años, el desafío será recuperar el control del orden público y la confianza de la ciudadanía en el Estado.Escuche la entrevista completa acá:
Para los colombianos, de acuerdo con la reciente encuesta Invamer, la mayor preocupación en el país se volvió el orden público y la inseguridad que se presenta en diferentes zonas del país, como el Catatumbo, Cauca, Huila, entre otros. En total, Colombia cuenta con más de 1.100 municipios y los casi 300 afectados se concentran en estas zonas por la operación activa de grupos al margen de la ley por parte de las disidencias, ELN y Clan del Golfo.Hablando puntualmente del caso del Cauca, en diálogo con Sala de Prensa de Blu, el senador de la República Ariel Ávila explicó que se dan cuatro guerras en esta zona en la ciudad. Pero lo que más preocupa es en los límites con el Huila en donde ha incrementado el reclutamiento de menores y que dejan como "fracasos" los operativos que alcanzaron a realizar en el Gobierno nacional en zonas como El Plateado, en donde en el largo plaza terminaría en esta situación."Un proceso muy grave de explosión de economías ilegales, lo he dicho, hace 10 años la onza de oro valía 800 dólares, hoy está en 3.000. El precio de la coca comenzó a aumentar luego de que estuvo en una crisis dura y el tema migrante; lo segundo es un tema de fragmentación criminal, las disidencias se están dividiendo, eran 2 y ahora son 6, terminarán siendo 14. Igual pasa como muchos grupos a nivel regional y lo tercero es una fuerza pública que no se ha podido adaptar a esta estrategia de seguridad, de operar. Estas tres cosas confluyen y este es un periodo preelectoral y suele ser muy violento", explicó.¿Existen errores desde el Gobierno? Esto dice el senadorSí, eso dice Ariel Ávila. No todo lo hecho por el Gobierno ha sido malo, pero si se preparó de forma incorrecta los operativos y la presencia de la fuerza pública en estas zonas, que si bien la intervención fue buena, el trabajo social no. Además, el Estado no le dio garantías a las personas para que dejaran los trabajos ilícitos por medio de modelos legales con un sustento aprobado para la Nación.
En Colombia, al menos 124.000 personas se encuentran desaparecidas por razones relacionadas con el conflicto armado. Rubén Vargas busca a su padre, William, quien desapareció cuando Rubén tenía 13 años. William fue a trabajar a Bogotá, y un día su familia dejó de recibir información sobre él. Rubén vive en Fundación, Magdalena, tiene cinco hermanos y, desde entonces, estuvo apoyando a sus familiares y viajaba a Bogotá para tratar de ubicar a su padre.En los últimos meses se enteró, por un medio local, que la Unidad de Búsqueda estaba tratando de ubicar a los familiares de William, pues, al parecer, su cuerpo estaría en un cementerio en la capital."Es como lo que estuve esperando toda la infancia: que mi papá llegara por fin o apareciera. Mi papá era comerciante y trabajador, y le gustaba compartir conmigo y mis hermanos. Él se tuvo que ir, pero era un buen papá; si no, no lo estaría buscando. Además, buscarlo era imposible porque no teníamos recursos, y simplemente estábamos a la espera de que él llamara. Yo estuve varias veces en Bogotá, y cada vez que iba era como la incertidumbre de saber que mi papá estaba ahí, pero no saber dónde", señaló Rubén.En Magdalena hay más de 4.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. Durante esta semana, la Unidad de Búsqueda está realizando una intervención en el cementerio de Fundación, Magdalena. Allí llegó Elkin Miranda, pues, al parecer, en ese lugar podría estar el cuerpo de su hermano, quien desapareció en 2008, un tiempo después de haber culminado su servicio militar. Elkin llegó acompañado de otros familiares para estar presente en el proceso de intervención."Estamos aquí para ver si recuperamos los restos de mi hermano y así darle una sepultura como se merece. Lo más difícil es no saber dónde está ese ser que uno ama y que se crio con uno. ¿Dónde lo tiraron? Él era una persona alegre. Fui amenazado en este municipio haciendo las averiguaciones de mi hermano; me dijeron que no asistiera acá porque mi vida corría peligro. Yo me venía solo hasta el día que me dijeron que no viniera más. Desde ahí dejé de seguir en la búsqueda, hasta hoy, que gracias a Dios estamos otra vez de vuelta", aseguró Elkin.El drama de la desaparición en Colombia tiene muchas caras, y otra es la situación de Maryuris Rodríguez, quien lleva más de 20 años buscando información sobre el padre de sus hijos. Él trabajaba en una compraventa en Santa Marta, y un día salió de casa hacia su trabajo pero nunca regresó."Nosotros, como familiares, lo buscamos con un amigo, y al ver que al día siguiente no aparecía, comenzamos la búsqueda y no tuvimos resultados. Cuando él desapareció, estaba el conflicto de los paramilitares", dijo Maryuris.La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, explicó a Blu Radio que este tipo de intervenciones en los cementerios se realizan tras un proceso de investigación en el que se contrastan fuentes que entregan información sobre los diferentes casos. Además, aclaró que la Unidad de Búsqueda no tiene por mandato hallar responsables, sino desaparecidos."Aquí tenemos desapariciones en contexto; por ejemplo, de desaparecidos en el marco de las hostilidades. Tenemos algunos casos de desaparición forzada que incluso forman parte de una investigación contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay personas desaparecidas en el contexto de reclutamiento, por mencionar algunos", aseguró Forero sobre el caso de Fundación, Magdalena.
De acuerdo con el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, el criminal responsable de la escalada terrorista de las últimas horas en conmemoración de los 17 años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, es alias ‘Faiber’, cabecilla de la compañía 'Fray León' de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.Información específica que le dio a las autoridades una mujer que fue capturada junto con otros criminales tras el atentado que causó la muerte del soldado profesional Roque Gutiérrez Romario, fue clave para que la fuerza pública lograra adelantarse y evitar más atentados terroristas con explosivos en otros puntos del departamento del Cauca.“Esta señora ha dado una muy buena información que la vincula a ella con esta estructura y las órdenes que ha recibido por parte de estos bandidos o sus jefes de guerrilla hacia estas personas. Sí, claro, ya tenemos informaciones muy importantes y ya estamos trabajando en ello, ha delatado y ha entregado una muy importante información que nos permite continuar neutralizando estas actividades y todos podemos dar cuenta de que todas estas acciones”, enfatizó el general Mejía.La escalada de terror de las disidencias de las Farc de la Carlos Patiño se debe, además, a las retaliaciones que está tomando esta estructura criminal por la gran cantidad de afectaciones que está sufriendo en el departamento, entre otras cosas, como perder el apoyo de la población civil, perder territorio, perder control y perder parte de la financiación de las economías ilícitas que hacen parte de las mafias con que están negociando con carteles mexicanos, ya que esto les genera una pérdida importante y por ende recurren a las prácticas terroristas.
El Clan del Golfo ha aumentado su número de integrantes de 3.260 en 2020 a 7.391 en la actualidad, un crecimiento del 246%, según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Esto ocurre pese a la captura de más de 3.000 personas vinculadas a la organización entre 2016 y 2024, incluyendo a sus máximos cabecillas, como alias 'Otoniel', extraditado a Estados Unidos en 2022.Las acciones judiciales no han logrado desmantelar ni debilitar al Clan del Golfo. La Fiscalía advierte que, aunque las distintas Direcciones Especializadas han incrementado las capturas de cabecillas y miembros de organizaciones criminales, esto no se ha traducido en una reducción real de su estructura ni de su influencia territorial. Alias Otoniel no ha sido el único alto mando en manos de la justicia, también han sido capturados otros cabecillas de la organización, sin que esto haya significado una fractura en su operatividad.La dispersión en las investigaciones y la falta de una estrategia unificada han dificultado la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las capturas generan impacto mediático, pero la organización sigue expandiéndose, reemplazando a sus líderes y fortaleciendo su control sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.El Clan del Golfo ha aprovechado la falta de presencia estatal en varias regiones para seguir reclutando nuevos integrantes, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Su estructura le permite adaptarse rápidamente a los golpes de la fuerza pública, manteniendo su operatividad sin que las capturas afecten su crecimiento, según el informe del ente acusador.La Fiscalía advierte que se necesita un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Más allá de capturas, es fundamental una mayor inteligencia, control territorial y desarticulación financiera para atacar de raíz el fortalecimiento de estas estructuras. El aumento de integrantes del Clan del Golfo confirma que la respuesta del Estado no ha sido suficiente y que el crimen organizado sigue en expansión.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las cifras de crecimiento del Clan del Golfo presentadas por la Fiscalía deben analizarse con cautela. Además, advirtió que estos cálculos parecen más proyecciones matemáticas que reflejos exactos de la realidad, la cual podría ser aún más grave debido a la falta de información precisa sobre la estructura real del Clan del Golfo.Bonilla también cuestionó la efectividad de las capturas como principal estrategia del Estado. Señaló que, si bien ha habido avances, la lógica de operar contra el Clan del Golfo como si fuera un grupo armado tradicional es errónea, pues se trata de un “holding criminal” con estructuras flexibles que pueden expandirse o contraerse según las necesidades del mercado o del control territorial. En ese sentido, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de fortalecer la inteligencia y el desmantelamiento financiero de la organización, pero agregó que el gran desafío sigue siendo la sustitución del control territorial del Clan del Golfo por una presencia efectiva del Estado y sus instituciones democráticas.
El Ministerio Público exigió a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, informar las acciones y estrategias implementadas para la protección de los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación.Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han asesinado en todo el país a 420 excombatientes en proceso de reincorporación. Por eso, la Procuraduría verificará el cumplimiento de la Directiva PNG 001 de 2020, emitida el 3 de febrero de ese mismo año con el objetivo de garantizar la protección a la vida, integridad y seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.El ente de control solicitó, a través de la Provincial de Instrucción de Ibagué, si se han implementado de manera correcta los Planes Integrales de Prevención (2020 - 2025) en el departamento y si se han realizado diagnósticos de riesgo para esta población con el fin de darles la debida protección.Los alcaldes también deberán reportar si cuentan con una mesa de reincorporación activa. Además de informar si en el Plan de desarrollo Municipal se incluyeron los proyectos dirigidos a esta población y si el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla estrategias de protección para estas personas.Holandesa que hizo parte de las Farc pide a JEP que otorgue renuncia a persecución penalTanja Nijmeijer es una holandesa que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el año 2020 renunció al partido creado tras la firma del acuerdo, asegurando que ya no se sentía cómoda.El pasado mes de mayo del 2024, la jurisdicción de la JEP ordenó materializar una amnistía para la ciudadana holandesa y recientemente le envió una carta a esa jurisdicción, por medio de su abogado, en la que pide que le resuelvan definitivamente su situación jurídica.“En mi condición de apoderado de la compareciente Tanja Nijmeijer dentro del caso 001, comedidamente me dirijo a su H. Despacho para solicitar las actuaciones respecto a la compareciente relacionadas con el secuestro de los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, sobre lo cual rindió versión 26 de noviembre de 2019 en la audiencia realizada Icononzo, Tolima, sean remitidas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina en forma definitiva la situación jurídica a través de la renuncia a la persecución penal”, señala el abogado de Nijmeijer.