El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
Dos personas que permanecían en poder del ELN fueron liberadas hoy en zona rural del departamento de Arauca, en el marco de una misión humanitaria facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.Se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca.De acuerdo con el Comité de la Cruz Roja, la operación humanitaria se desarrolló en una zona rural del departamento y, tras verificar el estado de salud de las personas liberadas, estas fueron trasladadas a un lugar seguro.Señalan, además, que este tipo de acciones buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y facilitar el restablecimiento del contacto familiar.La Defensoría del Pueblo por su parte recordó que, en lo corrido de 2026, el departamento de Arauca registra al menos cinco personas que habrían sido secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, dijo la Defensoria.
El Ministerio de Hacienda publicó oficialmente para comentarios el borrador de proyecto con el que busca limitar y traer al mercado Colombiano parte de las inversiones que los Fondos de Pensión tienen hoy en el extranjero; un plan pedido por el presidente Gustavo Petro y mencionado en varios de sus consejos de ministros.El documento, indica que cada una de las AFP, (es decir, Porvenir, Colfondos, Skandia, etc) deben invertir en el exterior solo el 30% de sus fondos siguiendo el cronograma establecido por el Gobierno para que sea de manera progresiva y no afecte el mercado.Una vez sea firmado el decreto, tendrá un plazo inicial de tres años para que ya tengan el 35% de sus inversiones en el extranjero y en los próximos cinco años, máximo el 30%. Contando con que se oficialice este 2026, en 2031, los fondos ya tendrían que estar cumpliendo este lineamiento.Entre los argumentos del ministerio de Hacienda para este cronograma está la de evitar afectaciones a la seguridad, liquidez y rentabilidad de los ahorros de los pensionados colombianos.“Esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio”, dice el documento justificativo que acompaña el proyecto de decreto.Ese porcentaje deberá ser cumplido de manera independiente por cada fondo de pensión sin importar qué tantas inversiones tienen hoy en el exterior o la categoría (Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado). Es decir, no se calcula de manera aislada , sino sobre la suma del valor total de los cuatro tipos de fondos que administra cada AFP.Entre las indicaciones que da el Gobierno es que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las AFP deben entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el respectivo plan de cómo están ajustando dichas inversiones priorizando la inversión nacional con las nuevas cotizaciones o los procesos que están a punto de vencerse.En otras otras palabras, el Ejecutivo le dice a los fondos que los nuevos afiliados que tengan, ya sean por pensiones reglamentarias o voluntarias, o las inversiones que tengan que renovar, todo sea direccionado al mercado nacional.Para facilitar esto, dice el ministerio de Hacienda, dispondrá de un banco de proyectos en sectores como infraestructura, energía y vivienda con opciones para los fondos. Este fue uno de los argumento que presentó por su parte la URF, que es la Unidad de Regulación Financiera.“La capacidad de absorción de estos recursos no depende únicamente de la existencia de proyectos, sino de su identificación, priorización, estructuración financiera y de la disponibilidad de instrumentos admisibles conforme al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Por ello, el decreto incorpora un componente habilitante al disponer que, con el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, agregó el reporte.Las razones del Gobierno Con esta iniciativa, el Gobierno busca canalizar el ahorro pensional hacia proyectos nacionales en sectores que tienen un impacto potencial sobre el PIB superior al promedio de la economía, en especial el de la construcción. Asimismo, el objetivo es fortalecer el mercado de capitales colombiano ampliando su tamaño, liquidez y profundidad y que las empresas nacionales tengan alternativas de financiación más allá del crédito bancario tradicional.El otro frente de trabajo del Gobierno es el sistema pensional: dice que actualmente los portafolios de las AFP tienen una alta concentración en activos del exterior, cercana al 50% del total de los recursos, cerca unos $257,1 billones, lo que genera una vulnerabilidad del sistema colombiano frente a choques globales y volatilidad externa.Según el cálculo de los gremios, estos cambios implicarán repatriar a Colombia aportes o ahorros de hasta $125 billones.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
En Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares del registro de homicidio intencional del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2025, fueron asesinadas 13.726 personas, lo que equivale a un promedio de 37,6 homicidios diarios; es decir, cerca de 38 muertes violentas cada día en el país.El dato representa un incremento frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 homicidios. La diferencia es de 229 casos más, lo que implica un aumento del 2 % en el acumulado anual. Traducido a la vida cotidiana, significa que cada 24 horas casi cuatro decenas de familias pierden a un ser querido por causa de la violencia, una cifra que se mantiene alta a lo largo del año.El comportamiento mensual muestra que la violencia letal no tiene una temporada claramente definida. Durante 2025, los registros oscilaron entre poco más de 1.000 y cerca de 1.200 homicidios por mes. Diciembre cerró como uno de los meses más críticos, con alrededor de 1.210 asesinatos, lo que representa un promedio cercano a 39 homicidios diarios solo en ese mes. Agosto y mayo también se ubicaron entre los periodos más violentos del año.Si se observa la evolución histórica, el país no ha logrado romper la barrera de los más de 12.000 homicidios anuales desde mediados de la última década. Tras una caída significativa en 2020 (por pandemia), cuando se registraron poco más de 12.000 asesinatos, las cifras repuntaron con fuerza a partir de 2021 y se han mantenido por encima de los 13.500 casos anuales en los últimos cinco años. Esto confirma que el promedio diario de homicidios en Colombia ronda desde hace tiempo entre 35 y 38 personas asesinadas.Más allá de los porcentajes, el dato diario dimensiona el impacto real de estas cifras: cada hora, en promedio, una persona es asesinada en Colombia. La estadística refleja una violencia persistente que atraviesa regiones, contextos urbanos y rurales, y que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y convivencia en el país, mientras miles de muertes se acumulan año tras año en el registro oficial.
El fútbol mundial está a la expectativa de lo que ocurrirá en la Copa del Mundo que se jugará a mediados de 2026 y contará como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, un nuevo torneo busca robarse la atención este mismo año.La FIFA prepara una nueva competencia que apunta a darle oportunidades a selecciones de todo el planeta, no solo a las potencias, y a promover el desarrollo del fútbol en países con menor exposición internacional. Se trata de la FIFA Series, una iniciativa que viene creciendo y que ya genera expectativa entre los aficionados.La competencia no es una réplica del Mundial ni se accede por clasificación, pero su formato y objetivos la convierten en una pieza atractiva dentro del calendario futbolístico internacional.¿Qué es la FIFA Series y cómo funcionará?La FIFA Series llega como un torneo internacional organizado por la FIFA, en el que selecciones nacionales de distintas confederaciones se enfrentan en juegos amistosos estructurados en mini grupos durante las ventanas de marzo y abril. La idea central es fomentar la interacción global entre equipos que rara vez se cruzan en competencias oficiales, sin saturar el calendario internacional.La primera edición se realizó en 2024 con 24 equipos, pero para 2026 el formato se ha expandido de manera significativa.Cómo se jugará la FIFA SeriesLa edición de 2026 será más ambiciosa. Contará con 48 selecciones, cerca de una cuarta parte de las afiliadas a la FIFA, que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.Los partidos se disputarán en distintas sedes alrededor del mundo durante los períodos internacionales de marzo y abril. Algunas de las sedes confirmadas incluyen:Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán para los torneos masculinos.Brasil, Costa de Marfil y Tailandia como anfitriones de los grupos femeninos.Cada serie se jugará en una misma sede, con un fixture de amistosos entre selecciones de confederaciones distintas, lo que permite duelos poco habituales fuera del contexto competitivo tradicional.¿Quiénes participarán en el torneo?En el evento masculino competirán selecciones de todos los continentes, desde Australia y Camerún hasta Venezuela y Curazao. En el femenino habrá grupos fuertes con países como Brasil, Canadá o Corea del Sur, que se medirán ante equipos emergentes.¿Cuáles son los participantes?Grupos masculinosAustralia (AFC)Australia (anfitrión)CamerúnRP ChinaCurazaoAzerbaiyán (UEFA)Azerbaiyán (anfitrión)OmánSierra LeonaSanta LucíaIndonesia (AFC)BulgariaIndonesia (anfitrión)Islas SalomónSan Cristóbal y NievesKazajistán (UEFA)ComorasKazajistán (anfitrión)KuwaitNamibiaNueva Zelanda (OFC)Cabo VerdeChileFinlandiaNueva Zelanda (anfitrión)Puerto Rico (Concacaf)GuamIslas Vírgenes EstadounidensesPuerto Rico (anfitrión)Samoa EstadounidenseRuanda (CAF) - Grupo AEstoniaGranadaKeniaRuanda (anfitrión)Ruanda (CAF) - Grupo BArubaLiechtensteinMacaoTanzaniaUzbekistán (AFC)GabónTrinidad y TobagoUzbekistán (anfitrión)VenezuelaGrupos femeninosBrasil (CONMEBOL)Brasil (anfitrión)CanadáRepública de CoreaZambiaCosta de Marfil (CAF)Costa de Marfil (anfitrión)MauritaniaPakistánTurcas y CaicosTailandia (AFC)NepalRD del CongoSelección de la OFCTailandia (anfitrión)¿Por qué no juegan equipos de mayor categoría?La FIFA Series enfrenta selecciones con perfiles competitivos diversos, en línea con un enfoque orientado al desarrollo. Esta variedad responde al objetivo de ofrecer encuentros internacionales significativos, independientemente del nivel futbolístico.Más allá de los resultados, la FIFA Series busca:Promover el desarrollo futbolístico en países con menor roce intercontinental.Fomentar el intercambio cultural y técnico entre federaciones.Ofrecer a jugadores y entrenadores nuevos desafíos frente a estilos de juego distintos.Así, la FIFA Series se perfila como un torneo innovador que complementa el ecosistema del fútbol internacional, con un énfasis claro en la inclusión y el crecimiento del deporte. No es un Mundial, pero sí una vitrina para que selecciones de distintos rincones del planeta sumen experiencia y visibilidad.
Las autoridades trabajan en la identificación de los hombres armados que vandalizaron dos buses de la empresa Flota Cáchira, este lunes, en la ruta Bucaramanga-Cáchira (Norte de Santander). De acuerdo con información suministrada, al parecer los delincuentes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).El reciente hecho de inseguridad tiene en zozobra al gremio transportador quienes han manifestado que tienen temor ante la repetición de un caso como este, que pueda presentarse de una manera más violenta. Tras la interceptación Flota Cáchira suspendió temporalmente las rutas de Bucaramanga-Cáchira mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.¿QUÉ SUCEDIÓ?El hecho se presentó este lunes 19 de enero cuando hombres armados ilegales pararon los buses, obligaron a bajarse a los pasajeros, les pidieron sus documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación. "Ahí por la entrada de San Pablo le pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron", afirmó un habitante del sector.Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otros medios de transporte que les facilitaran la llegada a sus lugares de destino. Una vez lograron arrivar a El Playón, con miedo alertaron a las autoridades y se comunicaron con sus familiares para hacerles saber que pese al momento de gran temor, se encontraban bien.La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga. Se espera que en las próximas horas la autoridades den a conocer las medidas de seguridad que se dispondrán en esta ruta para salvaguardar la vida de los conductores y pasajeros que transitan este corredor vial.
La tranquilidad de la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, se ha visto alterada en los últimos días tras el reporte ciudadano sobre la presencia de hipopótamos en la zona. Campesinos y pescadores del sector alertaron sobre el avistamiento de estos ejemplares de gran tamaño, lo que ha encendido las alarmas por el riesgo potencial para la población civil y la estabilidad del ecosistema local.La situación, documentada a través de un video grabado por los dueños de la finca donde apareció, muestra al animal desplazándose cerca de un establo. Este fenómeno no solo causa asombro, sino un profundo temor entre quienes realizan labores diarias en el campo y el río.Según las primeras investigaciones de las autoridades ambientales, el espécimen avistado podría ser el mismo que fue reportado hace quince días en la Ciénaga del Opón. Las autoridades locales confirmaron que el animal habría ingresado a la zona hace aproximadamente ocho días a través de un caño conectado directamente al río Magdalena, buscando refugio en un jagüey, que es un pequeño reservorio de agua construido por la comunidad.Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, confirmó la veracidad de los reportes tras dialogar con el propietario de la finca. El funcionario explicó que efectivamente habló con el dueño del predio y que, según la información recolectada, el animal llegó hace ocho días por un caño cercano. Granados señaló que en las próximas horas se realizarán inspecciones con la Policía Ambiental y el equipo técnico de la Secretaría para revisar la zona y adelantar el procedimiento de acuerdo con lo que determina el Ministerio de Ambiente.Cabe recordar que el plan de manejo para hipopótamos, establecido por el Ministerio de Ambiente en el año 2022, contempla acciones como caza-control, o la captura para poder rehabilitarlo o llevarlo a un zoológico o a centros especializados donde puedan ser monitoreados de manera segura.El problema radica en que el Magdalena Medio se ha convertido en un entorno ideal para esta especie invasora. Al no tener depredadores naturales y contar con alimento y niveles de agua constantes durante todo el año, los hipopótamos han comenzado a desplazarse aguas abajo, llegando incluso a jurisdicciones como Yondó, donde ya se han visto otras especies.La principal preocupación de la administración municipal es que el animal decida establecerse de forma permanente debido a su naturaleza. El secretario Granados advirtió que preocupa que el espécimen no esté de paso, pues al ser un animal territorial, su permanencia generaría un grave riesgo para la seguridad de Barrancabermeja.La Alcaldía de Barrancabermeja, en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), iniciará un operativo de verificación en terreno. Además, se ha convocado a una reunión con la Procuraduría Ambiental y Agraria para definir las acciones a seguir.Respecto a las opciones de manejo, el secretario fue enfático en la complejidad logística que implica cualquier intervención. Granados manifestó que, aunque lo ideal sería reubicarlo, esto conlleva una logística inmensa por el tamaño del animal. Por ahora, se le pide a la comunidad que en ninguna circunstancia lo agreda, debido a que es un animal sumamente territorial y cualquier provocación podría desencadenar un ataque fatal. Las autoridades insisten en mantener la distancia y reportar cualquier nuevo desplazamiento de manera inmediata.
El llanto persistente de dos niñas rompió la rutina del barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Detrás de unas rejas, asomadas con miedo y desesperación, las menores pedían comida. Tenían 4 y 7 años y, según las primeras verificaciones, llevaban un tiempo considerable solas dentro de una vivienda, sin la compañía ni el cuidado de ningún adulto responsable.Fueron ciudadanos que pasaban por el sector quienes notaron la escena. Los gritos y el llanto de las niñas, pertenecientes a la comunidad indígena emberá, llamaron su atención. Al acercarse, confirmaron que estaban encerradas y aparentemente abandonadas, por lo que decidieron dar aviso inmediato a las autoridades.Tras recibir la alerta, unidades de la Policía llegaron al lugar y, con la autorización de uno de los propietarios del inmueble, ingresaron a la vivienda. En su interior encontraron a las dos niñas en condiciones de abandono, sin supervisión adulta y en una situación que ponía en riesgo su bienestar. La escena evidenciaba no solo la soledad de las menores, sino la vulneración de sus derechos básicos.Las niñas fueron trasladadas de inmediato a una entidad administrativa de protección, donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos. Allí recibieron valoración médica y quedaron bajo custodia institucional, mientras se adelantan las investigaciones y se define su situación familiar y social.Este caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos niños y niñas, en especial de comunidades indígenas que se encuentran en contextos urbanos adversos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que no sea indiferente ante señales de abandono o maltrato infantil y para que denuncie oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la integridad de menores de edad.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
La Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todas las consultas, con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto.El registrador Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie la orientación política del votante. Además, recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que, una vez cerrada esta etapa, se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral.Esta decisión ha generado inconformidad. El Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por que este formato genere una cantidad importante de votos nulos, en el momento en el que una persona marque más de una casilla.Este formato fue presentado durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, a la que asisten representantes de partidos, el registrador, el ministro del Interior, el director de la UNP y UIAF y otros altos funcionarios. Desde allí el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de las elecciones en todo el territorio nacional.
La iniciativa busca hace parte del conjunto de propuestas que el precandidato viene presentando antes de la consulta del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo para definir el candidato único de ese sector político.De acuerdo con el planteamiento, la medida busca reducir el impacto de los altos precios del combustible sobre la economía familiar y los sectores productivos. La propuesta contempla una estructura de precios revisada, con subsidios focalizados y mecanismos de control que permitan equilibrar el costo del galón sin afectar la sostenibilidad fiscal.El exmandatario también señaló que esta medida se acompañaría de un impulso a la transición energética, con incentivos a tecnologías limpias y políticas que promuevan un consumo más responsable de combustibles.La propuesta ha generado distintas reacciones en el ámbito económico. Algunos analistas consideran que la reducción podría favorecer la competitividad y aliviar los costos del transporte público y de carga, mientras otros advierten sobre las implicaciones fiscales que tendría una disminución sostenida del precio del galón.Con esta iniciativa, el precandidato busca posicionar su agenda en torno a temas de economía popular y costo de vida, en un contexto donde el precio de la gasolina se ha convertido en uno de los debates más sensibles para los colombianos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que desde la organización están solicitando la conformación de una comisión nacional de seguimiento electoral para la frontera con Venezuela, con el fin de analizar la situación política del país vecino y los posibles efectos que esta pueda tener sobre las elecciones en Colombia. Según explicó, se trata de un escenario que requiere monitoreo permanente y coordinación institucional. “Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y, dependiendo de lo que pase en Venezuela, puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, afirmó.En otro punto, la directora de la MOE cuestionó los topes de financiación establecidos para las consultas interpartidistas, al compararlos con los del proceso realizado el año anterior. “El tope del año pasado era de 6.000 millones. Este año es de $18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro por qué esa diferencia en topes y reposición de votos”, señaló.Barrios también alertó que la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los principales retos del proceso electoral y pidió solucionar los problemas del aplicativo Cuentas Claras, que solo hasta la semana pasada fue habilitado. “Solo cuatro campañas han registrado ingresos y otras cuatro gastos y estamos hablando de 3.144 candidatos (…) es importante que el Gobierno Nacional solucione el acceso a las cuentas bancarias por parte de organizaciones políticas”, dijo.Además, advirtió que, según información verificada en Meta, existen gastos por $500 millones correspondientes a 131 cuentas que no aparecen reportados en la plataforma.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la violencia política en el país, al señalar que se han reportado 415 hechos contra líderes políticos. “El 40 % es en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. El 53% en circunscripciones transitorias especiales de paz. Hay que hacer acciones coordinadas, pero no solo desde Bogotá; estamos hablando de territorios que tienen alcaldes y gobernadores”, concluyó.
El gobierno nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026 con el que se estableció una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesione el 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir $16’914.540 pesos mensuales.Según se puede leer en el decreto, el Gobierno Nacional justifica la reducción en que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.Cabe recordar que desde el 2015, se han presentado cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados.
Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue coordinador nacional de la Guardia Indígena.Nacido en 1973 en Caloto, Cauca, en el seno del pueblo nasa, Acosta solo cuenta con formación académica hasta educación básica media.Sin embargo, desde hace más de una década lidera a más de 60.000 guardias indígenas, muchos de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.Se espera que su conocimiento del tejido social indígena contribuya a la protección de los derechos colectivos y al diseño de políticas inclusivas a nivel nacional.Su nombramiento también refleja la apuesta del gobierno por integrar líderes sociales cercanos a la Administración en cargos de alto nivel, reconociendo asì la importancia de la Guardia Indígena para la estrategia política del presidente Petro.
El asesinato de 26 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, puso en evidencia la intensidad y crudeza de la confrontación entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en esta región del sur del país.De acuerdo con información de inteligencia militar, en Guaviare tiene fuerte presencia el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura alineada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Este bloque delinque a través de varias estructuras armadas, entre ellas la estructura Marco Aurelio Buendía, comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, y la estructura Jhon Linares, cuyo jefe es Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’. Estas unidades cuentan con dispositivos armados, redes logísticas y comisiones financieras que operan en zonas rurales estratégicas del departamento.En paralelo, se mantiene activa la facción disidente liderada a nivel nacional por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a través del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En Guaviare, esta estructura delinque principalmente mediante la estructura primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es Diego Horacio Tarache, alias ‘Korea’, y la subestructura 44 Antonio Ricaurte, al mando de Jhon Wilmer Trochez, alias ‘Yimmi Martínez’. Estas unidades están asociadas al control de corredores de narcotráfico, centros de entrenamiento ilegal y redes de financiamiento criminal.El choque entre ambas facciones escaló en las últimas semanas por disputas internas relacionadas con el control de economías ilícitas y la dominación de áreas estratégicas en El Retorno y otros municipios del Guaviare. Según el análisis de las autoridades, las 26 personas asesinadas pertenecen a estas dos corrientes disidentes.Además de estas dos facciones, el documento de inteligencia da cuenta de la presencia de otras estructuras disidentes en el departamento, como la Segunda Marquetalia, a través de la columna móvil Rodrigo Reyes, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente el Frente Iván Merchán, que mantienen articulación con redes de narcotráfico y apoyo logístico en la región.El asesinato múltiple en El Retorno no solo revela la fragmentación y violencia interna de las disidencias, sino que confirma que Guaviare sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa armada entre estructuras criminales, donde la lucha por el control territorial y las rentas ilegales continúa dejando un alto saldo de muertos y profundizando la inestabilidad en zonas rurales del departamento.
Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cajamarca con Ibagué, dejando como saldo la muerte de un soldado del Ejército Nacional que se movilizaba en un convoy militar.El hecho ocurrió a la altura del puente ubicado en el ingreso al municipio de Cajamarca, cuando varios vehículos de carga militar avanzaban en caravana por este importante corredor vial del Tolima.De acuerdo con información preliminar, el uniformado habría caído desde uno de los camiones en movimiento y posteriormente fue arrollado por otro automotor que hacía parte del mismo convoy, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Debido a la gravedad del impacto, no fue posible prestarle atención médica.La víctima fue identificada como Pedro Manuel Parra Ávila, soldado adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de la Quinta División del Ejército Nacional, oriundo de la ciudad de Ibagué.Al lugar del siniestro llegaron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas operativas o responsabilidades adicionales.
Los recientes enfrentamientos en el departamento del Guaviare, protagonizados por las disidencias de los alias 'Mordisco' y 'Calarcá', han encendido las alarmas sobre lo que se describe como una degradación total del conflicto armado en Colombia. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, describió en entrevista la crudeza de una situación que trasciende los combates directos, afectando profundamente la estructura social y el futuro de las comunidades rurales más vulnerables.El drama de la desescolarización y el riesgo de reclutamientoUno de los puntos más críticos señalados por Monseñor Henao es la desescolarización masiva de niños y jóvenes. En zonas como la vereda de la Paz, los estudiantes solo pudieron asistir a clases durante el primer semestre del año pasado debido a graves amenazas contra los profesores. La transición a actividades virtuales fue inviable para la mayoría de las familias en zonas remotas que carecen de computadores y conectividad, dejando a los menores sin educación y sin acceso a la alimentación básica proporcionada por el PAE.Esta ausencia de entorno escolar aumenta exponencialmente el riesgo de reclutamiento forzado. Según el prelado, los grupos armados emplean hoy métodos sofisticados de coacción y atracción, incluyendo el uso de plataformas digitales como TikTok para involucrar a los menores en actividades ilícitas. Aunque se sospecha la presencia de menores entre las víctimas de los recientes combates, aún no existe una confirmación oficial, lo que agrava la preocupación humanitaria.Un Estado con presencia fragmentada y deudas pendientesPara la Iglesia Católica, la persistencia de la violencia en el Guaviare responde a una histórica dificultad de coordinación entre las agencias del Estado. Monseñor Henao enfatizó que una presencia estatal efectiva no debe limitarse únicamente a los órganos de seguridad, sino que debe integrar desarrollo rural, créditos y alternativas económicas para evitar que las familias dependan de rentas ilícitas.A pesar de la existencia de herramientas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional de Desarrollo, la falta de una implementación plena y articulada con las autoridades locales y organizaciones sociales ha impedido recoger las aspiraciones reales de las comunidades. Esta zona ha sufrido una victimización prolongada debido a sectores de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo de 2016 y mantienen una disputa territorial constante.La Iglesia como actor humanitario en el territorioEn medio de este panorama, la Iglesia Católica reafirma su papel como acompañante permanente en las regiones donde otras organizaciones no logran estar. Monseñor destacó la labor de sacerdotes y religiosas que "se casan con sus comunidades" y permanecen allí incluso en las peores circunstancias, convirtiéndose en la única esperanza ante la incertidumbre.Finalmente, respecto a las mesas de paz total, Henao señaló que es fundamental que estos espacios cuenten con mecanismos que analicen rigurosamente hechos como los de Guaviare para que el Gobierno nacional tome decisiones pertinentes sobre el futuro de las negociaciones. Escuche aquí la entrevista:
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La investigación por el envenenamiento de dos niñas con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio continúa revelando detalles que profundizan la gravedad del caso. En entrevista con Mañanas Blu este 20 de enero, se conocieron nuevos elementos que amplían el círculo de personas bajo la lupa de la Fiscalía y refuerzan la complejidad de un crimen que sigue generando preguntas.Zulma Guzmán, señalada como la presunta autora intelectual del doble homicidio y hoy detenida en Londres a la espera de su proceso de extradición, no habría actuado sola ni de manera improvisada. Según lo expuesto, hay indicios de que Guzmán seguía recomendaciones de un guía espiritual, descrito como un mentalista, cuya relación con el caso ahora es materia de investigación.El rol del mentalista en la vida de Zulma GuzmánFabio Humar, abogado de la familia de las víctimas, confirmó que el Dr. Omar, persona que aparece mencionada en la línea de tiempo del caso. “Prestaba servicios de mentalista, como de brujo, como de un asesor espiritual, si se quiere, a la señora Zulma Guzmán”, explicó al aire.Humar precisó que el solo vínculo no implica responsabilidad penal automática. “Una cosa es participar en la entrega o en la fabricación del paquete sabiendo que ese paquete era un arma, y otra cosa es haber participado sin saber el fin último terrible que se perseguía”, señaló, subrayando que ese será uno de los puntos clave que deberá resolver la Fiscalía.Qué se sabe sobre la entrega de las frambuesas envenenadasLa investigación también se concentra en reconstruir cómo se coordinó la entrega de las frutas. El abogado explicó que el objetivo es identificar quiénes sabían que el contenido era venenoso. “La Fiscalía está develando un mapa de participaciones para ver si hay otras personas que sabían que contenían veneno”, indicó.En ese contexto aparece el nombre de Zenaida Vargas, quien habría estado relacionada con el envío del paquete. No obstante, Humar fue enfático: “Eso está siendo en este momento objeto de prueba”.Extradición y lo que viene en el procesoSobre Zulma Guzmán, el abogado recordó que su situación jurídica depende de las autoridades británicas. “Es un asunto netamente perteneciente a la órbita de las autoridades del Reino Unido”, afirmó, aunque recalcó que las víctimas buscan que se avance en una imputación formal.