La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
El éxito de ‘Fallout’ motivó a seguir explorando las historias de los videojuegos en el formato de series, en especial para el trabajo de Prime Video. No solo la confirmación de ‘Lara Croft’ hace parte de eso, sino que ahora se confirmó que llegará ‘God of War’, uno de los títulos más famosos de PlayStation.“Prime Video reveló hoy que Ryan Hurst ha sido elegido para interpretar a Kratos en la nueva serie de Prime Video God of War, de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios. Hurst interpretó a Thor en God of War Ragnarök de PlayStation, aportando su familiaridad con la franquicia al papel de Kratos. Además, fue nominado a un premio BAFTA por su actuación”, indicaron.‘Kratos’ ha sido uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Su historia se ha contado en varios títulos. A lo largo de diez juegos extremadamente exitosos, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso, se convirtió en un personaje icónico de la cultura pop, conocido por su naturaleza estoica, habilidades de combate inigualables y un pasado trágico.“God of War sigue a Kratos y Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus trata de enseñarle a su padre a ser un mejor humano”, añadieron.En cuanto a cuándo podría darse el estreno de este título, Prime Video no aclaró una fecha puntual, pero con la elección de cast se podría hablar del segundo semestre de 2027 y que podría comenzar el proceso de grabación este 2026.Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia y Ben McGinnis participan como productores ejecutivos asociados de la serie.
Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
A través de redes sociales, personas malintencionadas han usado videos, portales e incluso inteligencia artificial para hablar sobre la muerte de Yeison Jiménez el pasado 13 de enero en Paipa, Boyacá. Pero un caso llamó la atención y fue una supuesta relación de Jessi Uribe con lo sucedido, algo que, por supuesto, generó un fuerte malestar de su parte.Es por es que, a través de un comunicado, Uribe se pronunció y rechazó todo este tipo de comentarios que “buscan dañar su buen nombre” y más en un momento de duelo en donde pidió “respeto por la memoria” de Yeison, en medio donde ese tipo de comentarios no deberían darse.“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez donde se involucra a Jessi Uribe. Dichas publicaciones realizadas a través de páginas web, canales de YouTube y redes sociales han tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional y constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, así como causando afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar”, expresó en el comunicado.En este comunicado, pidieron respeto por la familia de Yeison y al trabajo de Jessi, en especial por la amistad que hubo durante años. Pidieron mesura en el manejo de la información para evitar “contenidos malintencionados” que solo dañan la imagen de cada de una de las personas implicadas, asimismo, informaron que pusieron todo este material en manos de las autoridades.“En ese sentido, solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores”, puntualizaron.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
La Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todas las consultas, con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto.El registrador Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie la orientación política del votante. Además, recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que, una vez cerrada esta etapa, se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral.Esta decisión ha generado inconformidad. El Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por que este formato genere una cantidad importante de votos nulos, en el momento en el que una persona marque más de una casilla.Este formato fue presentado durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, a la que asisten representantes de partidos, el registrador, el ministro del Interior, el director de la UNP y UIAF y otros altos funcionarios. Desde allí el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de las elecciones en todo el territorio nacional.
La iniciativa busca hace parte del conjunto de propuestas que el precandidato viene presentando antes de la consulta del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo para definir el candidato único de ese sector político.De acuerdo con el planteamiento, la medida busca reducir el impacto de los altos precios del combustible sobre la economía familiar y los sectores productivos. La propuesta contempla una estructura de precios revisada, con subsidios focalizados y mecanismos de control que permitan equilibrar el costo del galón sin afectar la sostenibilidad fiscal.El exmandatario también señaló que esta medida se acompañaría de un impulso a la transición energética, con incentivos a tecnologías limpias y políticas que promuevan un consumo más responsable de combustibles.La propuesta ha generado distintas reacciones en el ámbito económico. Algunos analistas consideran que la reducción podría favorecer la competitividad y aliviar los costos del transporte público y de carga, mientras otros advierten sobre las implicaciones fiscales que tendría una disminución sostenida del precio del galón.Con esta iniciativa, el precandidato busca posicionar su agenda en torno a temas de economía popular y costo de vida, en un contexto donde el precio de la gasolina se ha convertido en uno de los debates más sensibles para los colombianos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que desde la organización están solicitando la conformación de una comisión nacional de seguimiento electoral para la frontera con Venezuela, con el fin de analizar la situación política del país vecino y los posibles efectos que esta pueda tener sobre las elecciones en Colombia. Según explicó, se trata de un escenario que requiere monitoreo permanente y coordinación institucional. “Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y, dependiendo de lo que pase en Venezuela, puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, afirmó.En otro punto, la directora de la MOE cuestionó los topes de financiación establecidos para las consultas interpartidistas, al compararlos con los del proceso realizado el año anterior. “El tope del año pasado era de 6.000 millones. Este año es de $18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro por qué esa diferencia en topes y reposición de votos”, señaló.Barrios también alertó que la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los principales retos del proceso electoral y pidió solucionar los problemas del aplicativo Cuentas Claras, que solo hasta la semana pasada fue habilitado. “Solo cuatro campañas han registrado ingresos y otras cuatro gastos y estamos hablando de 3.144 candidatos (…) es importante que el Gobierno Nacional solucione el acceso a las cuentas bancarias por parte de organizaciones políticas”, dijo.Además, advirtió que, según información verificada en Meta, existen gastos por $500 millones correspondientes a 131 cuentas que no aparecen reportados en la plataforma.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la violencia política en el país, al señalar que se han reportado 415 hechos contra líderes políticos. “El 40 % es en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. El 53% en circunscripciones transitorias especiales de paz. Hay que hacer acciones coordinadas, pero no solo desde Bogotá; estamos hablando de territorios que tienen alcaldes y gobernadores”, concluyó.
El gobierno nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026 con el que se estableció una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesione el 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir $16’914.540 pesos mensuales.Según se puede leer en el decreto, el Gobierno Nacional justifica la reducción en que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.Cabe recordar que desde el 2015, se han presentado cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados.
El asesinato de 26 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, puso en evidencia la intensidad y crudeza de la confrontación entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en esta región del sur del país.De acuerdo con información de inteligencia militar, en Guaviare tiene fuerte presencia el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura alineada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Este bloque delinque a través de varias estructuras armadas, entre ellas la estructura Marco Aurelio Buendía, comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, y la estructura Jhon Linares, cuyo jefe es Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’. Estas unidades cuentan con dispositivos armados, redes logísticas y comisiones financieras que operan en zonas rurales estratégicas del departamento.En paralelo, se mantiene activa la facción disidente liderada a nivel nacional por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a través del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En Guaviare, esta estructura delinque principalmente mediante la estructura primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es Diego Horacio Tarache, alias ‘Korea’, y la subestructura 44 Antonio Ricaurte, al mando de Jhon Wilmer Trochez, alias ‘Yimmi Martínez’. Estas unidades están asociadas al control de corredores de narcotráfico, centros de entrenamiento ilegal y redes de financiamiento criminal.El choque entre ambas facciones escaló en las últimas semanas por disputas internas relacionadas con el control de economías ilícitas y la dominación de áreas estratégicas en El Retorno y otros municipios del Guaviare. Según el análisis de las autoridades, las 26 personas asesinadas pertenecen a estas dos corrientes disidentes.Además de estas dos facciones, el documento de inteligencia da cuenta de la presencia de otras estructuras disidentes en el departamento, como la Segunda Marquetalia, a través de la columna móvil Rodrigo Reyes, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente el Frente Iván Merchán, que mantienen articulación con redes de narcotráfico y apoyo logístico en la región.El asesinato múltiple en El Retorno no solo revela la fragmentación y violencia interna de las disidencias, sino que confirma que Guaviare sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa armada entre estructuras criminales, donde la lucha por el control territorial y las rentas ilegales continúa dejando un alto saldo de muertos y profundizando la inestabilidad en zonas rurales del departamento.
Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cajamarca con Ibagué, dejando como saldo la muerte de un soldado del Ejército Nacional que se movilizaba en un convoy militar.El hecho ocurrió a la altura del puente ubicado en el ingreso al municipio de Cajamarca, cuando varios vehículos de carga militar avanzaban en caravana por este importante corredor vial del Tolima.De acuerdo con información preliminar, el uniformado habría caído desde uno de los camiones en movimiento y posteriormente fue arrollado por otro automotor que hacía parte del mismo convoy, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Debido a la gravedad del impacto, no fue posible prestarle atención médica.La víctima fue identificada como Pedro Manuel Parra Ávila, soldado adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de la Quinta División del Ejército Nacional, oriundo de la ciudad de Ibagué.Al lugar del siniestro llegaron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas operativas o responsabilidades adicionales.
Los recientes enfrentamientos en el departamento del Guaviare, protagonizados por las disidencias de los alias 'Mordisco' y 'Calarcá', han encendido las alarmas sobre lo que se describe como una degradación total del conflicto armado en Colombia. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, describió en entrevista la crudeza de una situación que trasciende los combates directos, afectando profundamente la estructura social y el futuro de las comunidades rurales más vulnerables.El drama de la desescolarización y el riesgo de reclutamientoUno de los puntos más críticos señalados por Monseñor Henao es la desescolarización masiva de niños y jóvenes. En zonas como la vereda de la Paz, los estudiantes solo pudieron asistir a clases durante el primer semestre del año pasado debido a graves amenazas contra los profesores. La transición a actividades virtuales fue inviable para la mayoría de las familias en zonas remotas que carecen de computadores y conectividad, dejando a los menores sin educación y sin acceso a la alimentación básica proporcionada por el PAE.Esta ausencia de entorno escolar aumenta exponencialmente el riesgo de reclutamiento forzado. Según el prelado, los grupos armados emplean hoy métodos sofisticados de coacción y atracción, incluyendo el uso de plataformas digitales como TikTok para involucrar a los menores en actividades ilícitas. Aunque se sospecha la presencia de menores entre las víctimas de los recientes combates, aún no existe una confirmación oficial, lo que agrava la preocupación humanitaria.Un Estado con presencia fragmentada y deudas pendientesPara la Iglesia Católica, la persistencia de la violencia en el Guaviare responde a una histórica dificultad de coordinación entre las agencias del Estado. Monseñor Henao enfatizó que una presencia estatal efectiva no debe limitarse únicamente a los órganos de seguridad, sino que debe integrar desarrollo rural, créditos y alternativas económicas para evitar que las familias dependan de rentas ilícitas.A pesar de la existencia de herramientas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional de Desarrollo, la falta de una implementación plena y articulada con las autoridades locales y organizaciones sociales ha impedido recoger las aspiraciones reales de las comunidades. Esta zona ha sufrido una victimización prolongada debido a sectores de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo de 2016 y mantienen una disputa territorial constante.La Iglesia como actor humanitario en el territorioEn medio de este panorama, la Iglesia Católica reafirma su papel como acompañante permanente en las regiones donde otras organizaciones no logran estar. Monseñor destacó la labor de sacerdotes y religiosas que "se casan con sus comunidades" y permanecen allí incluso en las peores circunstancias, convirtiéndose en la única esperanza ante la incertidumbre.Finalmente, respecto a las mesas de paz total, Henao señaló que es fundamental que estos espacios cuenten con mecanismos que analicen rigurosamente hechos como los de Guaviare para que el Gobierno nacional tome decisiones pertinentes sobre el futuro de las negociaciones. Escuche aquí la entrevista:
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La investigación por el envenenamiento de dos niñas con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio continúa revelando detalles que profundizan la gravedad del caso. En entrevista con Mañanas Blu este 20 de enero, se conocieron nuevos elementos que amplían el círculo de personas bajo la lupa de la Fiscalía y refuerzan la complejidad de un crimen que sigue generando preguntas.Zulma Guzmán, señalada como la presunta autora intelectual del doble homicidio y hoy detenida en Londres a la espera de su proceso de extradición, no habría actuado sola ni de manera improvisada. Según lo expuesto, hay indicios de que Guzmán seguía recomendaciones de un guía espiritual, descrito como un mentalista, cuya relación con el caso ahora es materia de investigación.El rol del mentalista en la vida de Zulma GuzmánFabio Humar, abogado de la familia de las víctimas, confirmó que el Dr. Omar, persona que aparece mencionada en la línea de tiempo del caso. “Prestaba servicios de mentalista, como de brujo, como de un asesor espiritual, si se quiere, a la señora Zulma Guzmán”, explicó al aire.Humar precisó que el solo vínculo no implica responsabilidad penal automática. “Una cosa es participar en la entrega o en la fabricación del paquete sabiendo que ese paquete era un arma, y otra cosa es haber participado sin saber el fin último terrible que se perseguía”, señaló, subrayando que ese será uno de los puntos clave que deberá resolver la Fiscalía.Qué se sabe sobre la entrega de las frambuesas envenenadasLa investigación también se concentra en reconstruir cómo se coordinó la entrega de las frutas. El abogado explicó que el objetivo es identificar quiénes sabían que el contenido era venenoso. “La Fiscalía está develando un mapa de participaciones para ver si hay otras personas que sabían que contenían veneno”, indicó.En ese contexto aparece el nombre de Zenaida Vargas, quien habría estado relacionada con el envío del paquete. No obstante, Humar fue enfático: “Eso está siendo en este momento objeto de prueba”.Extradición y lo que viene en el procesoSobre Zulma Guzmán, el abogado recordó que su situación jurídica depende de las autoridades británicas. “Es un asunto netamente perteneciente a la órbita de las autoridades del Reino Unido”, afirmó, aunque recalcó que las víctimas buscan que se avance en una imputación formal.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del Gobierno Nacional y cruces de señalamientos entre altos funcionarios del Estado.La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Idárraga tendría “mucho poder” dentro de la Fiscalía, debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que, según el jefe de la UNP, estaría vinculada a dichas tensiones.El episodio fue interpretado como un caso de “fuego amigo” dentro del Gobierno, luego de que Rodríguez sugiriera, en diálogo con Blu Radio, que su situación judicial tendría relación con disputas internas y con el papel que desempeñan funcionarios cercanos al Ejecutivo en entidades de control y judiciales. En ese mismo escenario, el director de la UNP denunció roces con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia encargado y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, a quien señaló de haberlo acusado de participar en supuestas “chuzadas”, versión que Rodríguez calificó como falsa.Andrea del Pilar Verdugo Parra es abogada y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público, con cargos de relevancia en distintas entidades del orden nacional y distrital. Antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñó como secretaria general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia han informado si la renuncia guarda relación directa con las declaraciones del director de la UNP o con eventuales consideraciones de carácter institucional.
Federico Restrepo, exgerente de EPM entre 2008 y 2012 e ingeniero civil, ha lanzado una propuesta central en su aspiración al Senado de la República: la creación de un blindaje legal para las juntas directivas de las empresas comerciales e industriales del Estado. Ante la situación actual de compañías como Ecopetrol, Restrepo busca evitar que los gobiernos de turno utilicen su mayoría accionaria para imponer visiones ideológicas que, según él, atentan contra el patrimonio nacional.Un "candado" legal para la estabilidad institucionalLa propuesta de Restrepo consiste en un proyecto de ley que obligue a que todas las empresas de propiedad estatal o mixta, ya sean del orden nacional, regional o local, se sometan a normas estrictas de gobierno corporativo que no puedan ser modificadas a discreción por el gobernante vigente. El candidato argumenta que actualmente los gobiernos actúan como "estado accionista" y cambian estatutos para elegir miembros de junta "a dedo", por lo cual propone que estas entidades mantengan una independencia similar a la del Banco de la República.Para lograr esto, el proyecto plantea modificar cuatro leyes fundamentales: la Ley 142, la Ley 143, la Ley 1118 (específica de Ecopetrol) y la Ley 489 de función pública. El objetivo es que las políticas de gobierno corporativo queden, en palabras del aspirante, "con candado y bajo llave" para preservar el valor patrimonial a largo plazo.Requisitos de idoneidad y periodos cruzadosUno de los puntos más críticos de la iniciativa es la definición de criterios técnicos para quienes integran las juntas y las representaciones legales. Restrepo califica como "un chiste" que en Ecopetrol se nombren personas cuyas declaraciones públicas son contrarias al objeto social de la empresa, como la exploración y explotación de hidrocarburos.Bajo la nueva ley, los miembros de junta deberían cumplir con:Periodos cruzados o traslapados de 4 o 5 años para que su permanencia no coincida exactamente con el periodo del gobierno nacional.Formación y competencia técnica comprobada para el cargo.No haber sido funcionarios públicos en los dos años anteriores a su nombramiento.Independencia política, asegurando que no sean militantes activos que pongan la ideología por encima de la sostenibilidad de la compañía.Pragmatismo frente a la transición energéticaRespecto a la tendencia de fondos activistas y decisiones gubernamentales que buscan frenar proyectos como el fracking, Restrepo aboga por el pragmatismo y realismo. Menciona que incluso gobiernos de izquierda en la región, como los de Brasil y Chile, defienden sus ingresos provenientes de la minería y el petróleo por su importancia económica.Escuche aquí la entrevista:
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en el título universitario de Juliana Guerrero, quien tiene un diploma de la Fundación Universitaria San José.Según Pedraza, Guerrero habría pagado su matrícula y sus derechos de grado después de graduarse. Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula. La congresista explicó que la información la obtuvo tras investigar en bases de datos de la Dian, donde fueron registradas las facturas. “¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’?”, se preguntó Pedraza.Es importante recordar que la congresista Pedraza ya había denunciado que Juliana Guerrero habría obtenido su título universitario sin haber realizado las Pruebas Saber Pro.“Ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”, dijo la representante a la Cámara, JenniferPedraza.
La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.El balance anual muestra una reducción significativa frente a 2024, cuando se habían erradicado 9.403 hectáreas. La caída fue de 1.352 hectáreas menos, es decir, un descenso del 14 % en solo un año. En términos prácticos, significa que durante 2025 se arrancaron, en promedio, casi cuatro hectáreas menos por día que el año anterior.La comparación histórica evidencia un desplome mucho más amplio. En 2020, Colombia alcanzó el pico más alto de erradicación manual, con más de 130.000 hectáreas eliminadas. Desde entonces, la cifra ha caído de forma acelerada: en 2022 bajó a cerca de 68.900 hectáreas, en 2023 se redujo drásticamente a poco más de 20.000 y en 2024 descendió aún más, hasta llegar al mínimo registrado en 2025.El comportamiento mensual del año pasado muestra que la erradicación fue irregular y concentrada en momentos puntuales, principalmente en el segundo semestre. Aunque hubo meses con repuntes temporales, estos no lograron compensar los bajos niveles registrados durante gran parte del año, lo que explica el reducido acumulado final.Traducidas al día a día, las cifras reflejan un escenario preocupante, teniendo en cuenta que cada jornada se erradicó menos de una hectárea por hora en todo el país. El dato pone en evidencia la pérdida de intensidad de una de las principales herramientas históricas contra los cultivos de coca, teniendo en cuenta que este informe tiene en cuenta el método de control de cultivos ilícitos en el que se arranca de raíz cada una de las plantas que conforman el cultivo, incluyendo la erradicación realizada en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato.