El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.
Mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, y a los integrantes de la Comisión de Administración, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca, advirtió sobre la crítica situación presupuestal que enfrentará la corporación durante la vigencia 2026, tras la asignación de recursos establecida en el Decreto 1477, con el que se adopta el Presupuesto General de la Nación (PGN).Según el documento, el presupuesto aprobado asciende a $486.548 millones, cifra que representa una reducción del 2 % frente al presupuesto final de 2025 y del 35 % frente a lo solicitado en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda.De acuerdo con la comunicación, el Senado había solicitado para 2026 un presupuesto total de $656.321 millones, que incluía recursos para funcionamiento, gastos de personal, inversión y servicio de la deuda. Sin embargo, la asignación final no solo fue inferior a lo requerido, sino que tampoco contempla incrementos frente a la vigencia anterior, pese a que los costos de funcionamiento se incrementarán entre el 5,1 %, correspondiente al IPC de 2025, y hasta el 23 % por el aumento del salario mínimo. Según Salamanca, esta situación impediría cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Senado.El panorama resulta aún más preocupante en materia de inversión, ya que los $60.435 millones asignados fueron destinados en su totalidad a un único proyecto de seguridad y movilidad de servidores públicos, dejando sin financiación iniciativas clave relacionadas con la modernización tecnológica y el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad del Congreso.Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la actualización de los sistemas de información, la modernización del recinto de la plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, la mejora de la infraestructura eléctrica y de iluminación del Edificio Nuevo del Congreso, así como la adquisición y renovación de sistemas de seguridad como rayos X, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones y plataformas de videovigilancia, entre otros.Ante este escenario, la entidad informó que solicitó al Departamento Nacional de Planeación un concepto favorable para realizar un traslado presupuestal mediante decreto que permita garantizar, al menos, servicios esenciales en tecnología y seguridad. No obstante, advirtió que, si este trámite no se aprueba antes del inicio de la ley de garantías electorales, el 31 de enero de 2026, el Senado quedaría sin estos servicios, sin apoyo operativo a la Policía Nacional y sin contrato para cerca de 70 personas que prestan apoyo técnico y de seguridad, muchas de ellas en condición de discapacidad.Finalmente, la Dirección General Administrativa manifestó que, de no resolverse estos problemas presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y del DNP, se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026.
El comienzo de cada año representa para los colombianos, y en general para miles de personas en el mundo, una oportunidad de cambio. Cambiar hábitos, crecer profesionalmente o mejorar la calidad de vida suelen ser objetivos recurrentes al iniciar un nuevo ciclo. Sin embargo, con el paso de las semanas, muchas de esas metas se diluyen entre el día a día, el cansancio, los conflictos e incluso la falta de claridad sobre cómo avanzar cuando el entusiasmo inicial comienza a apagarse.Ahí surge una pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué tantos objetivos se quedan a mitad de camino? Más allá de la motivación, existen factores que influyen directamente en el abandono de las metas y que suelen pasar desapercibidos. Algunas respuestas, de manera curiosa, provienen de la formación militar y hoy son consideradas aplicables a la vida civil.¿Por qué la mayoría abandona sus metas personales?Uno de los errores más frecuentes es confundir deseos con objetivos. En el ámbito militar, cada acción responde a una misión concreta, con responsabilidades definidas y criterios claros de medición. Trasladar ese principio a la vida cotidiana permite entender que una meta sin un propósito específico difícilmente se sostendrá en el tiempo.De acuerdo con la experiencia del suboficial Naval retirado de la Armada de Colombia, Lewis Charris, muchos abandonos ocurren porque no se priorizan los recursos ni se dimensiona el impacto de cada decisión. Sin claridad operativa, cualquier obstáculo termina siendo una excusa suficiente para desistir.Principios militares para cumplir metas a largo plazoDesde su formación, Charris señala que existen aprendizajes clave que pueden marcar la diferencia al momento de cumplir objetivos personales y profesionales:Propósito: trabajar con metas claras, medibles y con un impacto definido.Respeto: entendido como una herramienta operativa que mejora la comunicación y reduce fricciones.Ejecución y ajuste: actuar, evaluar resultados y corregir sin caer en la parálisis por análisis.Liderazgo: asumir responsabilidades y generar confianza desde el comportamiento.Disciplina: organizar el tiempo, cumplir procesos y sostener la constancia.Autoridad: establecer límites y responder por las decisiones tomadas.Estos principios permiten que las metas no dependan únicamente del ánimo del momento, sino de procesos estructurados y sostenibles.Constancia y disciplina, más allá de la motivación inicialLa experiencia militar enseña que avanzar no siempre implica tener certeza absoluta, sino actuar con criterio incluso en escenarios de presión o incertidumbre. “Cuando las personas incorporan principios como disciplina, claridad operativa y responsabilidad, los objetivos dejan de depender del entusiasmo inicial y se convierten en procesos sostenibles”, concluye Charris.
A través de información suministrada por la comunidad, tropas de la Novena Brigada y personal antiexplosivos llegaron hasta una zona boscosa del centro poblado de Itaibe, Cauca, en límites con el Huila, donde hallaron un artefacto tipo cilindro cargado con explosivos de alto poder destructivo.El teniente coronel Cristián Arturo Fajardo, comandante del Batallón de Infantería Cacique Pigoanza, indicó que, cumpliendo con los protocolos de seguridad, el área fue acordonada por los uniformados y posteriormente se destruyó de manera controlada el artefacto explosivo, sin generar daños a la población civil.“La operación contó con el empleo del canino, cuya labor fue fundamental para la detección oportuna del artefacto, permitiendo asegurar el área y prevenir riesgos para las comunidades. Posteriormente, el explosivo fue destruido de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos”, dijo el comandante de la unidad militar.De acuerdo con las autoridades, con la destrucción controlada de este artefacto se logró evitar que la población campesina y la fuerza pública resultaran afectadas por este tipo de elementos bélicos, que además representan una alta amenaza para las comunidades rurales que diariamente transitan por la zona.Cabe mencionar que, en esa misma zona rural de Itaibe, Cauca, limítrofe con el Huila, hace menos de 15 días el Ejército halló otro artefacto tipo cilindro bomba, instalado al parecer por grupos armados ilegales que delinquen en la región. Asimismo, a las afueras del municipio de La Plata, en la vía hacia el Cauca, las autoridades destruyeron otro elemento con explosivos.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó este martes a la red social X, cuya actividad en el país había sido suspendida en agosto de 2024 por orden del entonces presidente Nicolás Maduro, quien calificó en ese momento la plataforma y a su propietario, el empresario sudafricano Elon Musk, de estar involucrados en un “golpe de Estado cibernético” contra su Gobierno.En un mensaje publicado desde su cuenta, Rodríguez afirmó: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”.La suspensión de X había sido ordenada por Maduro el 8 de agosto de 2024, cuando otorgó a la compañía un plazo de 10 días para presentar “recaudos” ante las autoridades venezolanas, tras acusarla de incitar desorden y difundir violencia desde el exterior.En la cuenta de Maduro en X se compartió una fotografía junto a Rodríguez y la primera dama Cilia Flores, acompañada de un mensaje que señala que “han transcurrido 11 días de su secuestro”.Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también anunció su retorno a X y envió un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” de la situación en el país, asegurando que volverán a utilizar la plataforma para comunicarse con la ciudadanía.La reactivación de cuentas de altos funcionarios del Gobierno, incluido el canciller Yván Gil, se da en medio de un clima de tensión política tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
La trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, sigue generando múltiples reacciones, incluso desde el ámbito espiritual. A sus 34 años, el artista había revelado meses atrás un detalle que generó conmoción: soñó en repetidas ocasiones con su propio fallecimiento y con el lugar en el que ocurriría.En una entrevista concedida en mayo de 2025 al actor Juan Pablo Raba, para el programa de YouTube Los hombres sí lloran, Yeison Jiménez contó que tuvo tres sueños consecutivos en los que se veía morir, todos relacionados con un avión. Aquella confesión, que en su momento pasó como una anécdota inquietante, tomó un nuevo significado tras el desplome de la aeronave en la que viajaba, tragedia que también dejó otras cinco personas muertas.A raíz de estas revelaciones, la espiritista y coach espiritual Nailea López se pronunció sobre el caso y explicó por qué el cantante pudo haber tenido ese tipo de sueños. A través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram (@nailealopezangeles), la experta en angeología y terapias energéticas señaló que no todos los sueños tienen el mismo origen ni el mismo significado.Según López, es fundamental diferenciar entre los sueños que surgen del inconsciente y aquellos que son considerados premonitorios. Los primeros, explicó, hacen parte de un proceso natural del cerebro, en el que se organizan emociones, recuerdos, miedos y experiencias cotidianas. “Son sueños poco claros, fragmentados, que no dejan una sensación profunda al despertar y que cumplen una función de depuración mental”, señaló.No obstante, la espiritista aseguró que existen otros sueños que se caracterizan por su intensidad y realismo, como el que habría experimentado Yeison Jiménez. Estos, afirmó, son conocidos como sueños premonitorios. “Son hiperrealistas. Se sienten los olores, las texturas, el frío o el calor. La persona no es consciente de que está soñando, sino que vive la experiencia como si fuera real”, explicó.De acuerdo con Nailea López, este tipo de sueños suelen repetirse y dejan una fuerte impresión emocional, generando la sensación de que lo soñado tiene un trasfondo más profundo. “Quien los vive queda conectado con esa experiencia, con la certeza de que no fue un sueño común”, agregó.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia tuvo un aumento significativo durante la temporada decembrina y superó el total de casos registrados en 2024, cuando se reportaron 1.354 afectados.De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, hasta el martes 13 de enero, a las 2:00 de la tarde, después del puente festivo que marcó el cierre de la temporada, se reportaron 1.678 personas lesionadas en el país.Del total de casos reportados en Colombia, 503 corresponden a menores de edad, lo que representa el 29,97 % de los lesionados, mientras que 537 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades advirtieron como peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos fueron Antioquia, que encabeza la lista con 203 personas lesionadas, seguido por Nariño con 148 casos, Bogotá con 131, Norte de Santander con 97, Cauca con 94 y Cundinamarca con 92. En el listado también aparecen Santander con 71 lesionados, Córdoba con 69 y Atlántico con 65.En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del 13 de enero, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada llegó a 131. Este es uno de los cinco territorios del país que presentó una disminución en la incidencia, con una reducción del 10,3 %. Bolívar, Quindío, Chocó y San Andrés también reportaron menos heridos de este tipo.Del total de casos registrados en Bogotá, 32 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los niños y adolescentes resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía una supervisión adecuada.El reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud también reveló que los principales elementos pirotécnicos que generaron los accidentes fueron totes, voladores, cohetes y volcanes, los cuales ocasionaron quemaduras de primer grado (45,5 %), segundo grado (44,8 %) y, en menor proporción, de tercer grado (9,7 %).Pese a que en el 90 % de los accidentes se presentaron quemaduras, la manipulación de pólvora también dejó lesiones como laceraciones (58 %), contusiones (22 %), amputaciones (8 %), fracturas (7 %), daños oculares (7 %) y daños auditivos (2 %).
En entrevista con Blu Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, respondió a las agremiaciones que han señalado que el incremento del salario mínimo podría profundizar las dificultades financieras del sector salud.El director afirmó que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no estuvo ligado de manera directa al aumento del salario mínimo y defendió la metodología empleada para definir el ajuste.Durante la conversación, León sostuvo que no es correcto equiparar la inflación con el incremento del salario mínimo, ya que la estructura de costos del sistema de salud incluye múltiples variables. “Pero no inflación igual a salario mínimo, es un cuento chino, te voy a explicar por qué, porque hay muchas otras cosas que no crecen a ese término en la canasta”, explicó.El director de la Adres indicó que los aumentos de precios deben analizarse de forma ponderada y no a partir de un solo componente. “Si la carne crece un 20 %, pero la papa crece un 10 %, tienes que sacar un promedio y no es solo la papa, la carne, no es solo el salario mínimo”, señaló. En ese contexto, agregó que la mayoría de los trabajadores del sector salud no devengan el salario mínimo. “La mayoría de los trabajadores no son de salario mínimo, empezando por ahí en el sector salud, de modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 %”, dijo.León reconoció que el salario es un factor relevante dentro de los costos, pero insistió en que no es el único que incide en la inflación del sector. “Sí aporta, sí es un componente importante el salario, pero hay muchos otros que cuentan en la inflación”, afirmó.Asimismo, el funcionario se refirió al comportamiento del dólar y su impacto en los costos de insumos médicos. Indicó que la reducción de la divisa en los últimos años debió reflejarse en menores precios para el sistema de salud. “Resulta que el dólar cayó un 20 %, en el último año un 16 %, y todos los medicamentos vienen en dólares, todos los suministros médicos vienen en dólares, todos los kits de laboratorio vienen en dólares, todos los equipos médicos vienen en dólares”, sostuvo.No obstante, cuestionó que esa disminución no se haya trasladado a los precios finales. “Desafortunadamente, uno ve que el dólar baja, que a las empresas les cuesta menos, pero no trasladan esta baja al Estado o a los ciudadanos; aumentan su margen de ganancia”, señaló. Como ejemplo, comparó esta situación con el comportamiento histórico de los precios de la gasolina frente a las variaciones del petróleo.Con estas declaraciones, el director de la Adres defendió el incremento de la UPC y respondió a las críticas de gremios como la Andi y Afidro, insistiendo en que el ajuste se basa en un análisis amplio de los costos del sistema de salud y no únicamente en el aumento del salario mínimo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.El convenio permitirá que la Unidad de Búsqueda consulte información contenida en el Registro Único de Damnificados, una base de datos que reúne a personas afectadas por desastres y emergencias en todo el país, así como el Registro Unifamiliar de Emergencias.Estos datos serán cruzados con las solicitudes de búsqueda, con el fin de identificar posibles coincidencias que aporten información relevante sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.Según lo establecido, el intercambio de información se hará bajo criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.“Esto es una herramienta que, a través del cruce de nuestros sistemas de información, muy probablemente nos va a permitir darles noticias, bien sea de personas que aparezcan con vida o de personas que, lamentablemente, hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez, destacó que “la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en sus ya casi nueve años de existencia, ha podido encontrar alrededor de 670 personas que ha entregado dignamente a sus familias. Igualmente, ha encontrado con vida cerca de 500 personas”.El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la creación de un equipo técnico que definirá los protocolos de intercambio de información y hará seguimiento a su implementación.
Luego del consejo de seguridad en el que participaron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y las autoridades militares y de Policía, se anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, Renato Solano Osorio, víctimas de un atentado perpetrado por dos hombres motorizados.“Hay que aclarar que tanto el director como el subdirector no tenían esquemas de seguridad, pero luego del consejo de seguridad se tomaron decisiones en las que la Policía les va a brindar un esquema temporal preventivo y la Unidad Nacional de Protección va a tramitar las medidas para que tengan esquemas de seguridad tanto el director Edgar Rodríguez como el subdirector de la cárcel de Rivera”, confirmó el subdirector nacional del Inpec, el coronel Rolando Ramírez.Agregó el subdirector del Inpec que son urgentes las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que durante el año 2025 ocho funcionarios, incluidos dragoneantes del sistema penitenciario, fueron asesinados en el país: “Para nosotros son importantes las garantías de seguridad para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Hemos sido bastante afectados en el país; tenemos antecedentes en el año 2025, cuando ocho funcionarios fueron asesinados y 14 más resultaron heridos en diferentes atentados. En cuanto a lo ocurrido en Neiva, esperamos que las autoridades nos informen quiénes fueron los responsables del atentado”.¿Cómo evoluciona la salud del subdirector Renato Solano?Entre tanto, el subdirector de la cárcel de Rivera, el coronel (r) Renato Solano Osorio, continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado, según el parte médico entregado por el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, Jorge Luis Manchola.“El señor Renato Solano ya completó 24 horas de atención en nuestra institución de salud. Sigue en la unidad de cuidados intensivos (UCI), su pronóstico continúa siendo reservado, permanece con ventilación mecánica y con los medicamentos con los que ha tenido una mínima mejoría, y sigue con todos los cuidados de neurocirugía”, explicó el médico Manchola.Asimismo, se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos que ofrecen la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila para quien brinde información oportuna que permita el esclarecimiento de los hechos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y a la preparación del encuentro con el mandatario estadounidense, previsto para la primera semana de febrero en la Casa Blanca. Según el funcionario, la reunión es el resultado de un proceso diplomático que avanzó de forma inesperada y positiva tras una conversación directa entre ambos presidentes. “Esa conversación fue realmente histórica. Yo creo que ni en la Casa Blanca ni en la Casa de Nariño esperábamos que saliera como salió”.Sánchez explicó que el Gobierno colombiano trabaja para que el encuentro se desarrolle en las mejores condiciones posibles, tanto en lo logístico como en lo político y diplomático, pero evitó anticipar anuncios o acuerdos. “No queremos adelantarnos a lo que puede pasar en esa reunión. Sería una inmensa irresponsabilidad adelantarnos a lo que va a suceder en la primera semana de febrero”, señaló, al reiterar que cualquier decisión o anuncio oficial será comunicado únicamente por el presidente de la República.El ministro destacó que, tras las declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre el encuentro, se activaron canales formales de coordinación entre ambos gobiernos. “El presidente Trump le dio una instrucción al secretario de Estado, Marco Rubio, para que coordinara con nuestro ministerio y con la Cancillería todo lo pertinente”. Según dijo, ya se adelantan conversaciones con el Departamento de Estado en aspectos logísticos y políticos, con el objetivo de garantizar que la visita produzca resultados favorables para los dos países.Finalmente, Sánchez aseguró que la agenda del encuentro aún se encuentra en construcción y que el enfoque del Gobierno colombiano es fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Las instrucciones que ha dado el presidente Trump y las que ha dado el presidente Petro están encaminadas a que esa reunión salga lo mejor posible para los dos países”, concluyó, al subrayar que el Ejecutivo mantiene altas expectativas, pero con prudencia frente a los anuncios que puedan surgir tras la visita a la Casa Blanca.
Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
Las autoridades en el departamento del Vichada desmantelaron una ruta al servicio del narcotráfico que tenía como destino final los países de Europa y África.En el lugar, vereda La Defensa, en el municipio de Primavera, fueron encontrados 814 kilos de marihuana, avaluados en 12.300 millones de pesos. Además fueron encontrados 75 millones de pesos en efectivo, tres camionetas, una embarcación tipo bingo con motor, equipos de comunicación y otros elementos con los que movilizaban la droga.Según la investigación este centro de acopio funcionaba para el traslado de la droga hacia Las Guayanas, en Venezuela, y posteriormente salía hacia los dos países.De acuerdo con el ejército, el cargamento incautado pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual - estructura 53 Edison Romaña, con gran influencia en esta zona.
Un nuevo hecho contra instalaciones militares se registró en el departamento de Arauca este sábado 22 de noviembre, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Un tatuco fue activado con la intención de impactar el batallón ubicado en Arauquita.Guerrilleros, presumiblemente del ELN, grupo que delinque principalmente en esta zona, lanzaron un artefacto explosivo improvisado, conocido como tatuco, contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicado en el municipio de Arauquita.Por el hecho no se reportan militares ni civiles heridos, y tampoco hubo daños en las instalaciones. No obstante, el estruendo generó temor entre los habitantes, quienes también reportaron el posterior sobrevuelo de aeronaves en las cercanías de la sede militar. Este no es el único caso ocurrido en la semana: hace cuatro días también se habría registrado otro hostigamiento en la zona.El departamento de Arauca es uno de los territorios con mayor presencia del ELN. Incluso, este grupo criminal mantiene secuestrados a cuatro uniformados: los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, retenidos desde el 8 de mayo de 2025; y los patrulleros Franke Esley Hoyos Murcia y Yordy Fabián Pérez Mendoza, en cautiverio desde el 20 de julio del presente año.
Latam Airlines Colombia anunció la cancelación preventiva de sus vuelos programados para los días 23 y 24 de noviembre en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá, en medio de las alertas emitidas en las últimas 24 horas sobre los riesgos de operar en el espacio aéreo venezolano.“Latam Airlines Colombia comprende los inconvenientes que esta coyuntura genera; sin embargo, reiteramos que la seguridad de sus colaboradores y de todos sus pasajeros siempre será prioritaria”, afirmó la aerolínea, asegurando que las decisiones responden estrictamente a la necesidad de proteger la seguridad de pasajeros y tripulación frente al aumento de la tensión en la región.El anuncio y la medida adoptada se dieron luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara a las aerolíneas tener precaución al sobrevolar Venezuela, debido al deterioro de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar tanto en ese país como en zonas aledañas.De acuerdo con la FAA, estas condiciones podrían representar riesgos potenciales para aeronaves en tránsito, maniobras de llegada y salida, así como para operaciones en aeropuertos venezolanos.La aerolínea dispuso alternativas para quienes tenían vuelos programados en las fechas canceladas:Cambio de fecha en la misma cabina, válido hasta un año desde la compra del tiquete, sin penalidades.Reembolso total del valor pagado, sin cobros adicionales.Cambio de ruta hacia Cúcuta como destino final, sin costos extra.Estos trámites pueden realizarse a través de la sección Mis Viajes en el portal oficial de Latam o mediante la aplicación móvil de la aerolínea. Además, reiteró que esta coyuntura es “ajena a su voluntad”, pero subrayó que la seguridad siempre será su máxima prioridad.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático rechazó la inclusión de Concordia, Venecia, Fredonia y Jericó en estas áreas y anunció que acudirá a la justicia para revertir lo que calificó como un “despropósito del Gobierno nacional”.Por medio de su cuenta en X, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de declarar como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) a cuatro municipios del Suroeste antioqueño: Concordia, Venecia, Fredonia y Jericó.La APPA, una estrategia del Ministerio de Agricultura, busca garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, proteger el suelo rural de usos no agrícolas y fortalecer la producción campesina. Además, se articula con la estrategia del Gobierno para enfrentar los efectos del cambio climático y la degradación de tierras productivas.En su publicación, Cadavid rechazó la decisión y advirtió que otros municipios, como Salgar y Támesis, también estarían en espera para ser incluidos. Según el congresista, tanto el departamento como las comunidades han insistido en lo territorial y en lo jurídico para frenar estas declaratorias.El representante aseguró que la APPA podría caerse por tres vías, afirmando: “Uno, porque la Corte Constitucional declare inexequible el artículo 32, y ya está demandado. Dos, porque llegue el final del Gobierno y un nuevo mandato revoque todas esas decisiones absurdas. Y tres, anunciamos nuestra decisión de demandar esas nuevas resoluciones para que, ante la instancia judicial superior, sea corregido ese despropósito en el que persiste el Gobierno nacional frente a Antioquia”.Cadavid señaló que su denuncia será radicada antes del inicio de la vacancia judicial.
El presidente Gustavo Petro le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025. Esta decisión se conoce luego de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable. Se esperan nuevos movimientos en el gabinete a siete meses de terminar el Gobierno.En su carta de renuncia, el ahora exdirector aseguró: “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”.Esta decisión se da en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos cuatro años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el Foro Económico, que está programado para el 19 de enero.El exdirector de la DNI podría terminar en otro cargo dentro del Gobierno nacional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Desafortunadamente, los actos delictivos ocurren todos los días. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes en Colombia son el hurto (a personas, residencias y vehículos), la extorsión, lesiones personales y el homicidio; luego de ello le siguen los delitos informáticos y estafas digitales.No obstante, hay otras conductas que las personas pueden cometer y no saben que están catalogados como delitos. La Fiscalía General de la Nación indicó que seis acciones, algunas muy comunes entre los colombianos, son sancionadas según el Código Penal.El llamado Código Penal en Colombia contiene las normas de carácter penal y son las que definen qué actos están tipificados como delitos y las penas que se pueden determinar según el caso.Las seis conductas que también son delito en ColombiaUn delito es una acción que castiga el Estado y se comete con intensión o imprudencia y pone en peligro un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad y el honor.Según la Fiscalía, estas son las seis conductas que también son delitos en Colombia:1. PerfidiaEsta acción suele ocurrir en conflictos armados cuando alguien engaña al adversario usando símbolos de protección como la bandera blanca, la Cruz Roja o uniformes enemigos para atacar o causar daño.2. Contaminación de aguasLa conducta, además de ser un acto irresponsable, es un delito. Según la Fiscalía, si alguien altera o contamina el agua destinada a consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las personas, puede enfrentar penas de prisión.Lea también: (Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno).3. Perturbación de actos oficialesImpedir una función pública también está catalogado como un delito. Usar engaños, falsas órdenes o hacerse pasar por autoridades para interrumpir o alterar las decisiones de entidades públicas, puede ser castigado por la justicia. En este punto, la Fiscalía aclara que las instituciones deben funcionar sin trampa.4. Pánico económicoDifundir información falsa que afecte la confianza en bancos, inversiones o empresas; o que provoque retiros masivos de dinero o despidos colectivos, es pánico económico. Esta desinformación puede quebrar la economía de un país.5. EspionajeObtener, usar o revelar secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado es considerado un delito de espionaje. No se puede confundir con curiosidad, se trata de seguridad nacional.6. Perturbación de la posesión sobre inmuebleEste acto ocurre cuando alguien, mediante un acto de violencia, interfiere en la posesión pacifica que otra persona tiene sobre un inmueble, así no se trate de una invasión. Sacar a alguien por la fuerza, impedirle usar el lugar que ocupa o intimidar para que salga de allí es delito.Adicionalmente, el Código Penal también sanciona el engaño, la violencia y los abusos. El ente investigador recordó que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de la persona.
Tras varios encuentros y consultas con líderes locales, distintos sectores políticos de Antioquia anunciaron coincidencias programáticas en torno a la protección de la niñez y el fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en el debate público de cara al panorama electoral nacional.En este contexto, la exconcejal y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, confirmó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando que el punto de unión radica en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas para garantizar los derechos de los menores de edad.De acuerdo con Vélez, el acuerdo político se sustenta en la convicción de que la protección de la niñez debe trascender las diferencias partidistas y convertirse en una prioridad nacional. La propuesta busca impulsar reformas que fortalezcan las sanciones por delitos de abuso sexual y promuevan mayor eficiencia en las instituciones encargadas del cuidado y atención a las víctimas.“Nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y es momento de poner por encima los intereses superiores de Colombia. Abelardo es coherente con lo que este equipo político ha defendido durante más de 12 años: a la niñez se le cuida y se le protege, y si es necesario, se defiende con acciones cada vez más contundentes”, señaló Vélez.Desde el equipo de Abelardo de la Espriella se resaltó la importancia de esta articulación política en Antioquia, que agrupa a concejales, alcaldes y líderes locales que comparten una agenda basada en la defensa de la niñez y la coherencia ideológica. Entre ellos se encuentra el concejal de Medellín Miguel Iguarán, junto con varios ediles y representantes municipales que acompañarán este proceso en distintas subregiones del departamento.“Tomamos la delantera con un candidato coherente. Somos los primeros en sumarnos a Abelardo porque creemos que las decisiones más importantes se toman por coincidencias ideológicas y no por transacciones políticas”, concluyó Vélez.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra Angie Rodríguez, tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su llegada al Fondo Adaptación. Carrillo calificó como “una infamia” y “muy bajo” lo que, según él, fue una actuación de Rodríguez en su contra y contra la entidad que dirigía de manera encargada.De acuerdo con Carrillo, nunca buscó una confrontación pública y aseguró que su prioridad ha sido cumplir con la misión institucional. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido “fue una mezquindad” y que las acciones de Rodríguez tuvieron como propósito “atornillarse a su puesto”. Según su relato, las denuncias públicas de Rodríguez aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al DAPRE, y en ellas se insinuó una posible relación entre hechos de seguridad ocurridos en la vivienda de sus padres y el Fondo Adaptación.Carrillo rechazó esas insinuaciones y defendió el carácter técnico del Fondo Adaptación, entidad creada mediante decreto de emergencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explicó que, aunque existe cierta duplicidad de funciones con la UNGRD, el Fondo tiene un diseño institucional distinto y moderno. En ese contexto, lamentó que Rodríguez, según dijo, haya hecho afirmaciones falsas en una rueda de prensa que, en su opinión, terminaron afectando la imagen del Fondo.“Ella misma sale a decir cosas que son falsas, a poner como si eso hubiera sido una cueva”, afirmó Carrillo, al tiempo que insistió en que el Fondo Adaptación ha sido una de las entidades que ha funcionado relativamente bien. Según el director de la UNGRD, las declaraciones de Rodríguez no solo lo afectaron personalmente, sino que perjudicaron a la institución que ella misma pasaría a dirigir.En la entrevista también se abordó la supuesta influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en este episodio. Carrillo aseguró que Benedetti lo denunció y que ha habido ataques en su contra, aunque señaló que no quiere profundizar en esa confrontación. No obstante, afirmó que existe un trasfondo político y sostuvo que el Fondo Adaptación habría empezado a ser utilizado para acuerdos políticos, algo que —según él— va en contravía del enfoque del Gobierno.Uno de los puntos más sensibles señalados por Carrillo fue la situación administrativa del Fondo Adaptación. Aseguró que la nueva gerente liquidó el contrato de las oficinas, dejando a la entidad sin sede física, decisión que, en su opinión, podría constituir un detrimento patrimonial. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.