La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.
Blu Radio conoció en primicia un documento de 13 páginas en donde Asocapitales le pide al alto tribunal suspender el decreto de emergencia económica.En su intervención ante la Corte sostienen que las razones invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia, entre ellas la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, entre otras, corresponden a problemas estructurales y previsibles, que deben atenderse dentro de la normalidad institucional.Para la asociación, ninguno de esos hechos constituye una situación excepcional o imprevisible, como lo exige la jurisprudencia constitucional para habilitar poderes extraordinarios al Ejecutivo.En su petición Asocapitales advierte que el cumplimiento de órdenes judiciales, como las relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, o la obligación de garantizar la seguridad y proteger a líderes sociales, son deberes permanentes del Estado y no justifican un estado de excepción.“En efecto, la ausencia absoluta de hechos sobrevinientes en las motivaciones del decreto evidencia que el Gobierno Nacional pretende utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir los límites democráticos y constitucionales que rigen la actividad del Ejecutivo en condiciones de normalidad”, señaló Asocapitales.Por estas razones, Asocapitales pide a la Corte suspender el decreto como una medida cautelar, y la solicitud también cobija el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno adoptó medidas tributarias para financiar la emergencia, así como cualquier otro decreto legislativo que se expida bajo ese mismo amparo.
En medio de una discusión en redes sociales con el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro anunció que los precios de la gasolina en Colombia comenzarían a bajar en los próximos meses. Según el mandatario, esta reducción sería posible gracias al pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar.El pronunciamiento se dio luego de que el jefe de Estado defendiera la emisión de bonos en dólares realizada por su Gobierno, asegurando que el crédito se tomó a una tasa del 5,9 % y no del 12 %, como lo habría señalado el exmandatario Uribe. Petro insistió en que su administración asumió responsabilidades financieras heredadas del gobierno anterior.A través de su cuenta en X, el presidente afirmó: “Su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó, nosotros la pagamos completica en mi Gobierno y, al contrario que hicieron ustedes, le entregaremos un superávit en el FEPC al próximo Gobierno. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPC con una deuda de 70 billones y la entreguemos con superávit ahora, debería felicitarnos expresidente Uribe”.No obstante, el anuncio se produce pocos días después de un nuevo incremento en los precios. Desde el jueves 1 de enero de 2026 entró en vigencia un aumento en la gasolina corriente y el diésel (ACPM). El ajuste fue de $90 por galón para la gasolina corriente y de $99 por galón para el ACPM, en promedio a nivel nacional, frente a los precios que regían hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tal como lo había anticipado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juez avaló el principio de oportunidad de un exfuncionario en el proceso de irregularidades en contratación entre el área Metropolitana y Metroparques, que involucra al ex alcalde Daniel Quintero.Aunque el proceso avanza en la etapa de investigación, el Juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, avaló el principio de acuerdo que estaba buscando ante la Fiscalía, uno de los exfuncionarios involucrados en los supuestos desfalcos entre entidades de la alcaldía de Medellín, entre los años 2020 - 2023.En este proceso están involucradas trece personas entre exfuncionarios, exdirectivos y contratistas, que suscribieron contratos interadministrativos con Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con recursos que superan los $17.000 millones.Además, según reveló la Fiscalía, otro contrato por $7.000 millones para la construcción de una bodega, se hizo sin otro motivo, donde se benefició fue al contratista.El propio alcalde de Medellín, Federico Gutíerrez, había señalado, que es importante que se le brinde seguridad a quienes quieren hablar de las irregularidades que se cometieron, según él, en la anterior administración.“Que ya uno de los de la banda sea el que busque un principio y oportunidad ante la fiscalía y se acerque y diga que quiere contar todo como fue. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ya están acorralados. Ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados. Y algo importante, que cuenten todo. El área metropolitana la saquearon y hay gente en la cárcel”, afirmó el alcalde Gutiérrez.Entre los investigados en este proceso también estarían Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Álvaro Villada, exsubdirector AMVA; Misael Cadavid, excontratista; Maria Eugenia Domínguez y Jorge Enrique Liévano exgerentes de Metroparques.Hay que recordar que la audiencia de acusación será el próximo 23 de febrero en horas de la mañana.
El presidente estadounidense Donald Trump insistió el miércoles, 14 de enero, en que Groenlandia es "vital" para Estados Unidos y pidió la colaboración de la OTAN para pasar el mensaje a Dinamarca, antes de una reunión de altos cargos que tuvoi lugar en la Casa Blanca.Ante la persistente disputa por Groenlandia, Dinamarca anunció que refuerza la presencia militar en el territorio, esto previo a su encuentro con Estados Unidos que se desarrolla en medio de altas tensiones en cabeza de Trump por adueñarse de Groenlandia y que, según sus palabras, "cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable".En medio de esta disputa, el general de brigada retirado Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas en España, manifestó su rechazo por la intención de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, insistiendo en que "no hay ningún problema de seguridad con Groenlandia que no pueda ser resuelto por Estados Unidos mediante el diálogo con Dinamarca" señalando la importancia de que los miembros de la OTAN participen de esta negociación.Para el analista, las intenciones de Trump con Groenlandia son "irreales", puesto que Estados unidos ya ha conseguido más de 17 bases militares dentro de la isla, siendo una de las más importantes la base Thule, desde la cual Estados Unidos puede detectar misiles intercontinentales que puedan llegar desde rutas polares.Además, Ayala insistió en la relación entre Dinamarca y Estados Unidos, que celebra un tratado desde 1951 que constituye la defensa de Dinamarca y que se ha renovado dos veces. Con este tratado, Estados Unidos puede "instalar todas las bases militares que quiera para proteger la isla y las vías de comunicación", lo que le resulta contrario a —dijo— las intenciones de Donald Trump.Economía y geopolítica: ¿cuál es la real intención?El analista separó la discusión en dos puntos importantes. Desde el aspecto económico —dijo— Groenlandia posee una serie de recursos, entre ellos, aproximadamente 60 minerales que existen en la isla y son considerados como tierras raras, las mayores reservas de tierras raras de todo el Atlántico.De estas reservas, "la mayoría son explotadas por China; son imprescindibles para las nuevas tecnologías", además, las reservas que tiene Groenlandia "serían muy importantes para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y, sobre todo, para negárselas a China", anunció.En el plano geopolítico, el analista señaló que Groenlandia ocupa un lugar estratégico de cara al avance del deshielo, ya que la isla se sitúa en un punto clave de las rutas transpolares. En particular, destaca la ruta que conecta el noroeste de Canadá con el norte de Asia, lo que permite una vinculación directa entre ambas potencias a través de un trayecto considerablemente más corto.En ese sentido, si Estados Unidos ejerce el dominio sobre la isla de Groenlandia, impediría que "otros actores, como China en minerales o Rusia en pesca, puedan cerrar tratos con una Groenlandia que cada vez va a tener más autonomía".Groenlandia, ¿amenazado por seguridad?Ayala consideró “inverosímil” una acción militar directa de Estados Unidos sobre Groenlandia, al señalar que un ataque a territorio de un aliado supondría, en la práctica, el fin de la OTAN.Sin embargo, advirtió que Washington podría apostar por un camino indirecto: impulsar la independencia de Groenlandia frente a Dinamarca, un escenario que facilitaría una eventual anexión o un estatus similar al de un territorio libre asociado."Mientras tanto, intentará que Dinamarca le conceda toda clase de facilidades de explotación e instalaciones civiles y militares", aseveró.Sobre la respuesta europea, el generalla calificó como débil. Aunque varios países y la Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, han defendido que el futuro de Groenlandia debe decidirse entre daneses y groenlandeses, los pronunciamientos han evitado confrontar directamente a Estados Unidos.“La guerra en Ucrania tiene a Europa atada de pies y manos. Los líderes europeos temen que Estados Unidos retire su apoyo, y por eso no se atreven a plantar cara a Trump”, concluyó Ayala.Escuche la entrevista completa aquí:
Mientras en Necoclí, Carepa, San Juan de Urabá, Turbo y Arboletes se atienden inundaciones generadas por las altas precipitaciones, en los municipios de San Francisco y Uramita ha habido movimientos en masa, por lo que los organismos de gestión del riesgo apoyan labores de las autoridades locales.En el Cartama todos los sensores y equipos de monitoreo han reportado alertas naranjas y amarillas en toda esta cuenca de la zona media del río Cauca, lo que llevó incluso a que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Venecia, decidiera suspender un evento tradicional de lancheros y pescadores, ante el riesgo que había de una avenida torrencial.Según indicó el director encargado del Dagran, Carlos Zuluaga, en los últimos días aumentó a 3.500 las personas afectadas, en su mayoría en la subregión del Urabá, pero también otras pocas en el Occidente y el Oriente."Cien nuevas, con todas las nuevas que se han venido estando específicamente en el Urabá antioqueño, algunas en San Francisco, algunas en Uramita. Afortunadamente, hemos logrado atender, especialmente en la zona de del Urabá, con ayudas humanitarias de logramos hacer una atención prioritaria de una movimiento en masa que amenazaba unas viviendas en San Francisco", aseguró. Medellín también tuvo emergencias recientes en la parte alta de la comuna 8- Villa Hermosa, donde perdió la vida un joven de 19 años tras una creciente súbita de la quebrada La Castro. El director del Dagrd, Carlos Quintero, manifestó que en estos pocos días de enero ya han atendido 250 emergencias."Lo que va corrido del mes de enero, llevamos ya 250 emergencias, de las cuales 54 obedecen a las lluvias. Hacemos un llamado al autocuidado, sobre todo en zonas de quebrada. Si usted ve disminuido el nivel, reporte inmediatamente al 123. Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento", expuso. Pronósticos del Ideam y de la agencia americana para el clima indican que hay un frente que viene del Pacífico, lo que lleva a que se intensifiquen las lluvias, que persistirán durante este resto de mes y febrero, con episodios en especial en las tardes.
El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una medida que impactará significativamente los procesos migratorios de 75 nacionalidades, entre las cuales Colombia parece estar incluida, según diversos reportes. La decisión, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, consiste en la suspensión de la emisión y aprobación de visas de inmigrante (residencia) gestionadas a través de consulados en el exterior.¿Quiénes se ven afectados?El abogado experto en migración, Haim Vázquez, aclaró en entrevista que esta medida se dirige exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan la residencia permanente o "Green Card". "Una visa de inmigrante solamente sería la aplicación de residencia, ya sea por matrimonio, familiar, padre e hijo o por medio de empleo. Cualquier solicitud de visa de trabajo, visa de inversión, visa de turismo, visa de estudiante, no sería afectado bajo este comunicado, ya que son visas de no inmigrante", explicó el experto. Un grupo particularmente vulnerable son las familias que llevan años en espera. 'Hay un sinnúmero de personas que han esperado, por ejemplo, 15 años para que le llegue ya su cita en el consulado en Bogotá, para que les otorguen la residencia. Esas personas van a sufrir la pausa ahora mismo", dijo.Lo que no cambia Es fundamental precisar que la medida no afecta a las visas de no inmigrante. Los siguientes trámites continuarán con normalidad:Visas de turismo y negocios, visas de estudiante para maestrías u otros estudios, visas de trabajo (como la H1B o por capacidades extraordinarias) e inversión.Además, Vázquez subrayó una distinción geográfica crucial: la suspensión solo aplica a trámites que se finalizan en el consulado o embajada fuera de Estados Unidos (como en Bogotá). "Los únicos procedimientos pausados son los que finalizan en el consulado fuera o en la embajada fuera del país", manifestó.Contexto político y legalLa administración ha dejado abierta la duración de esta pausa mientras evalúa la situación de "carga pública", lo que podría extenderse desde semanas hasta un año. No obstante, existe la posibilidad de que se presenten demandas federales que busquen frenar la implementación de la medida antes del 21 de enero.Escuche la entrevista aquí:
El pasado fin de semana, el gobierno no solo tenía lista la resolución del Inpec con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliécer Diaz Collazos, más conocido como ‘Castor’, líder de la banda Los Costeños y la de Ober Ricardo Martíenz, alias ‘El Negro Ober’, quien lidera la facción de ‘Los Rastrojos Costeños’; sino también la de 12 miembros más de la banda ‘Los Costeños’.Estos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron acordados posterior al cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado, para que un total de 45 miembros de ‘Los Costeños’ y siete de ‘Los Pepes’, incluyendo sus líderes, fueran conducidos a la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde liderarían diálogos en aras de avanzar en el desarme de más de cuatro mil personas que hacen parte de sus estructuras criminales. Gran parte de estos traslados fueron comprometidos para ser realizados antes del 20 de enero, fecha en la que se previó instalar una mesa de diálogos formal en la ciudad de Barranquilla, para llevar a acabo este plan de desarme.El aplazamientoEl viaje de este primer grupo de 14 personas, según conoció Blu Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Para esto ya se encontraban en la ciudad de Bogotá estos reclusos, desde donde iban a ser trasladados en una avioneta hacia Barranquilla, para posteriormente ser conducidos a la penitenciaría referida.Sin embargo, debido a trámites administrativos ligados con la operación aérea, este viaje fue modificado para el martes 13 de enero, día en el que finalmente no se pudo realizar el traslado debido a que 24 horas antes fue entregada una orden de suspensión para el proceso mismo.Uno de los nombres que iba a estar ausente en el manifiesto de aquel vuelo era el de Digno Palomino, quien no habría cumplido con un compromiso previo ante la Dirección Nacional de Inteligencia de explicar lo que haría en Barranquilla como parte su aporte al control de la criminalidad. Esto habría implicado un estancamiento en su proceso, el cual se preveía que avanzara posterior al traslado del primer grupo. Blu Radio conoció que la suspensión de esta medida de traslado, que fue solicitada por Otty Patiño, generó tensión en el Gobierno nacional, por lo que este miércoles fueron citados varios funcionarios al Ministerio de Justicia para definir el futuro de este proceso que hace parte de la llamada Paz Total. CifrasDe acuerdo con la defensa realizada por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, el cese al fuego permitió reducir los crímenes en Barranquilla. "'Los Pepes' y 'Los Costeños' acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida", indicó en su cuenta de X.
En medio de la tristeza y el dolor que hoy enluta a la familia Rodríguez en Neiva, con su voz entrecortada, Angélica Pulgarín, madre del niño Ismael, asesinado en un atentado contra su padre, director de la cárcel de Rivera, expresó en Blu Radio que los responsables de este hecho deben ser capturados para ser llevados ante la justicia.“Espero que las autoridades logren dar con la captura de los autores de este hecho. Mi hijo era un niño cuyo corazón no conocía sino amor y cariño… y sí, existe la justicia en la tierra, y los autores tienen que pagar por lo que hicieron”, dijo.Agregó Angélica que su hijo es otra víctima de la violencia en este país, violencia que le ha quitado la vida a muchos niños inocentes en Colombia: “La casa ha estado en silencio; había ruido y música cuando llegaba del colegio. Lo extrañamos mucho, la falta que nos hace… Vivimos en un país muy violento, un país polarizado. Hoy le tocó a mi hijo, como a muchos niños víctimas de una guerra que no sé cuándo irá a parar”.Por su parte, Edgar Enrique Rodríguez, quien resultó ileso del atentado perpetrado por sicarios motorizados, con lágrimas en los ojos, aún no se explica por qué la violencia le arrebató a su único hijo, dejando un inmenso vacío en su hogar: “Era un niño amado, era mi único hijo, y solo me queda darle las gracias por haberme dado tanta alegría”.En una caravana con globos blancos, familiares y allegados de la familia Rodríguez Pulgarín acompañaron el féretro del pequeño Ismael hasta la parroquia Santa Teresa de Calcuta, en el oriente de Neiva, donde se cumplieron las honras fúnebres.Posteriormente, los restos mortales del niño de 11 años fueron llevados al cementerio Jardines del Paraíso, donde le dieron su último adiós.
René Guarín será el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El presidente Gustavo Petro firmó en las últimas horas el decreto con el cual se confirma la designación."Encargar, a partir de la fecha, del empleo de Director General del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, al doctor René Guarín Cortés, quien actualmente desempeña el empleo de Jefe de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", señala el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.René Guarín también es reconocido por denunciar y hacer seguimiento a casos de excesos de la fuerza pública durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, lo anterior, ya que Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia Además, hizo parte del M19.Jorge Lemus salió de la DNI pero ahora dirigirá, en propiedad, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.“La renuncia se da porque el presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.
Una de las tiendas más conocida por todos los colombianos es Juan Valdez, una marca de café colombiana creada en 1959 como una estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros para dar mayor visibilidad al café que se producía en el país.Tiempo después, en 2002 se abrió por primera vez una tienda física, desde entonces la compañía ha incursionado en el mercado y actualmente cuenta con unas 588 tiendas, de las cuales 220 se ubican en el exterior.Frente a esto ha estado circulando una información sobre que la marca abrió otra tienda en China y esto le comentó a Blu Radio.¿Juan Valdez abrió una tienda en China?Todo comenzó con una publicación en la red social X de Zhu Jingyang, embajador de la R. P. China en Colombia, donde mencionó que Juan Valdez había colocado una tienda en la ciudad de Shanghai:“Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghai.”Como consecuencia, el post se hizo viral, pero horas después la compañía colombiana publicó un comunicado en el que dicen no haber abierto ninguna tienda en China, Blu Radio, confirmó la información y aseguraron que no es cierto.Lo que sí es verdad, es que la mepresa ve al mercado chino con un interés de alto nivel, pero por el momento solo mantienen los siguientes negocios con el país asiático:“Desde hace varios años, Juan Valdez ha desarrollado y mantiene negocios activos en China concentrados en la distribución de su portafolio de café empacado en canales digitales y de e-commerce, en plataformas como T-Mall, JD.com, Dewu y TikTok, que representan un eje clave para la consolidación de la marca en este mercado, con distribuidores oficiales y autorizados”.Además, frente a si abrió una tienda física en China esto menciona el comunicado:“Las operaciones de cafeterías y tiendas físicas de Juan Valdez en China se encuentran actualmente en fase de definición. La compañía continúa evaluando de forma responsable y estratégica su expansión en China y en otros países de Asia, tanto en el formato de cafeterías como en otros segmentos de negocio, y comunicará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales”.Adicionalmente, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, mencionó en Mañanas Blu 10:30 que la foto compartida por el embajador chino no es de Juan Valdez, sino de una tienda que se llama M% que compra café de la marca, “dice ahí en mandarín que está usando café 100% colombiano”, agregó.
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Angel, advirtió que el decreto de emergencia económica 1474, expedido el 25 de diciembre por el Gobierno nacional, resulta altamente lesivo para los departamentos. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, el mandatario señaló que la medida afecta directamente las finanzas regionales y sectores productivos clave, y que por esta razón se convocó una cumbre extraordinaria de gobernadores en la Federación de Departamentos.Gutiérrez Angel explicó que el aumento del impuesto al consumo de licores golpea especialmente a los departamentos con industria licorera. “Nos toca el bolsillo. El aumento al ipoconsumo es catastrófico, sobre todo para regiones como la nuestra. Con esto se reducirá el consumo legal y se incentivará la producción de licores ilegales”, afirmó. Advirtió que esta medida podría generar un aumento en la adulteración de bebidas y fortalecer la economía ilícita, con consecuencias para la seguridad y la salud pública.El mandatario recordó que la industria de licores en Colombia genera cerca de 200.000 empleos y representa aproximadamente el 1 % del PIB nacional. Por ello, indicó que muchos distribuidores han suspendido pedidos este mes mientras esperan que la Corte Constitucional suspenda temporalmente la medida. “Estamos aterrados con este decreto y esperamos que no se le dé cumplimiento”, aseguró, destacando la urgencia de un fallo que proteja la economía legal.Gutiérrez Angel calificó la medida como regresiva, porque afecta al consumo legal y beneficia indirectamente a organizaciones ilegales. “A la Corte Constitucional le pedimos que suspenda la medida mientras se define el fallo definitivo”, insistió, enfatizando la necesidad de proteger la sostenibilidad de la industria licorera y la estabilidad fiscal de los departamentos.Con estas declaraciones, el gobernador de Caldas se une a la preocupación de otros mandatarios, como el gobernador de Antioquia, que consideran que el decreto de emergencia económica no solo amenaza la autonomía fiscal de las regiones, sino que también podría afectar el empleo y la economía formal en todo el país.
Rechazo causó en el centro del Huila el asesinato de Angie Carolina Rivera, una joven de 28 años, quien, de acuerdo con versiones oficiales, habría sido atacada con arma blanca en un sector de la variante sobre la vía que comunica Garzón con el municipio de Gigante.El secretario de Gobierno del municipio de Garzón, Elkin Lloreda, dijo a Blu Radio que, según las evidencias recaudadas por las autoridades, ya tienen pistas del posible responsable del crimen y se espera que sea ubicado y capturado para que responda ante la justicia.“Desde la administración municipal rechazamos y condenamos el asesinato de la señora Angie Carolina Rivera. Según la información que me han suministrado, las autoridades vienen trabajando en la ubicación del agresor, quien al parecer ya se encuentra plenamente identificado. Además, en redes sociales también señalan a un sujeto; sin embargo, es importante esperar los resultados que arroje la Policía de las investigaciones”, expresó Lloreda.Asimismo, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de la Mujer y Asuntos Sociales, Natalia Alejandra Ortiz, lamentó y rechazó el asesinato de la joven madre Angie Carolina, quien deja huérfanos a dos hijos menores de edad.“Desde la Secretaría de la Mujer del Huila expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años, especialmente con sus hijos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento institucional. En este sentido, se activa de manera inmediata el mecanismo articulador interinstitucional, con el fin de hacer seguimiento permanente al caso, garantizar la atención integral a las víctimas indirectas y contribuir a que el proceso avance con enfoque de género y sin impunidad”, indicó Natalia Alejandra Ortiz, jefe de esta dependencia.Cabe recordar que, según datos oficiales, en el año 2025 al menos once mujeres fueron asesinadas en el Huila. Algunos de estos casos han sido esclarecidos por las autoridades, y otros aún se encuentran en proceso de investigación. Neiva registra seis casos; también se presentaron homicidios de mujeres en los municipios de Algeciras, Timaná y Acevedo.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, explicó en entrevista con Mañanas Blu las razones que lo llevaron a declinar el nombramiento como ministro de Justicia y del Derecho, designación anunciada por el Gobierno el 13 de noviembre. Aunque su decisión generó múltiples interpretaciones políticas, el jurista insistió en que solo un motivo pesó: su delicado estado de salud, diagnosticado y seguido por especialistas durante casi dos décadas.“Esa fue la única, única razón por la cual tuve que declinar el honroso nombramiento”, afirmó Valencia de manera categórica.Una decisión estrictamente médicaSegún relató el exmagistrado, el jueves 13 de noviembre recibió la llamada de la directora del DAPRE comunicándole su designación. En un principio, él aceptó el nombramiento, pero al iniciar los trámites correspondientes decidió consultar a su neumólogo personal, quien ha seguido su condición por más de 15 años.“El médico me aconsejó que no asumiera ese compromiso”, señaló. “Consulté otra opinión y llegó a idéntica conclusión”, añadió, refiriéndose a un especialista de la IPS que lo atiende hace 18 años.Valencia explicó que padece un problema pulmonar serio que exige controles continuos y el uso de oxígeno en distintos momentos del día.“De noche uso oxígeno y, de día, por precaución ando con un aparato pequeño que utilizo cuando lo requiero”, explicó. La vida cotidiana en Bogotá, los desplazamientos permanentes y los ritmos laborales exigentes del cargo —incluidos viajes frecuentes y sesiones de muchas horas— hacían inviable su permanencia en el Ministerio.En su encuentro posterior con el presidente Gustavo Petro, Valencia llevó incluso su historia clínica para explicar personalmente los fundamentos científicos de su decisión.La conversación con el presidente PetroEl exmagistrado sostuvo una reunión de cerca de media hora con el mandatario el martes o miércoles siguiente a su designación. Allí le reiteró su respeto, gratitud y la imposibilidad médica de asumir el encargo.“Le expresé que hubiera querido estar al frente del ministerio, pero que mis médicos me recomendaron con firmeza no asumir esa responsabilidad”, relató.Valencia aseguró que la conversación fue “muy cordial” y que no se discutieron temas de agenda ministerial, pues el encuentro estaba destinado exclusivamente a explicar su renuncia antes de que fuese oficial.¿Es petrista César Julio Valencia?Una de las preguntas que más ha circulado en el debate público es si el exmagistrado pertenece a las filas del petrismo. Él lo niega, aunque reconoce afinidades ideológicas.“Yo soy un libre pensador, una persona progresista”, afirmó. “Comparto muchas ideas del gobierno del cambio, pero no soy político activista”, puntualizó. Valencia fue enfático en rechazar las etiquetas partidistas: no se considera liberal, conservador, petrista ni antipetrista. Para él, las interpretaciones que se hicieron sobre su eventual ingreso al gabinete —como un supuesto movimiento contra el expresidente Álvaro Uribe o un gesto político hacia las cortes— no tienen fundamento.“Yo jamás he intrigado ni pedido nada”, dijo. “Nunca había hablado personalmente con el doctor Petro”, añadió, recordando que ni siquiera había compartido un café con el mandatario antes de su designación.La condecoración y los supuestos roces con las CortesOtro tema abordado durante la entrevista fue la Cruz de Boyacá que el presidente le otorgó en diciembre del año anterior, acto que coincidió con un momento de tensión entre la Casa de Nariño y las altas cortes. Valencia aseguró que la condecoración no tuvo relación con los roces institucionales y que, de hecho, hacía referencia a hechos ocurridos entre 2007 y 2009, cuando él era presidente de la Corte y enfrentaba el proceso de la parapolítica.“Son dos actos y dos motivos completamente distintos”, aclaró. “No se estaba refiriendo a los hechos recientes sino a lo ocurrido hace más de una década”. Sobre la tesis de que su nombramiento habría servido como puente entre el Gobierno y la Rama Judicial, Valencia fue prudente. Señaló que no fue informado de tal intención, aunque, de haber asumido, habría buscado naturalmente tender puentes institucionales.Una renuncia obligada por la saludAl final, más allá de especulaciones políticas, Valencia reiteró que su negativa al cargo fue una decisión estrictamente médica. “Mi área cognitiva está al 100%, pero no sucede igual con mi salud”, reconoció. Su problema pulmonar —que exige pausas, apoyo de oxígeno y limitaciones de movilidad— le impedía cumplir con la intensidad del cargo, especialmente en una ciudad como Bogotá y con la carga laboral del Ministerio de Justicia.El exmagistrado lamentó no poder asumir un reto que consideraba honroso, pero aseguró que queda en los mejores términos con el presidente Petro y con absoluto agradecimiento por la designación.
El presidente Gustavo Petro, denunció el jueves que la primera dama, Verónica Alcocer, no ha podido volver al país y que el mantenimiento de su helicóptero fue suspendido, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.En medio de la escalada de tensiones entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en los últimos meses, Washington incluyó al mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y al ministro de Interior en la lista OFAC, destinada en especial a grandes narcos, terroristas y dictadores.Los sancionados enfrentan dificultades para tener cuentas y tarjetas bancarias e incluso recibir su salario pues están vetados ante las empresas estadounidenses como Visa o Mastercard."La mamá de Antonella (hija menor de Petro) no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno", dijo en una conmemoración militar en Bogotá, sin mencionar directamente las sanciones. Petro ha dicho que está separado de Alcocer, pero no divorciado legalmente.El 16 de noviembre, la prensa sueca publicó fotos de Alcocer en reuniones y eventos de lujo en Suecia, donde se encuentra supuestamente desde finales de octubre.La oposición y los medios de comunicación colombianos cuestionan si la primera dama está involucrada en el reciente negocio de la flotilla de 17 aviones de combate suecos Gripen por los que Colombia se comprometió a pagar unos 4.300 millones de dólares."He pedido que se publiquen todos los datos de los contratos porque (...) hubo una avalancha de desinformación (...) decir que recibimos comisiones es una tropelía completa", dijo Petro el miércoles.El mandatario ha tenido problemas para repostar su avión y el jueves anunció una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por suspender el mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones de Trump.En un comunicado fechado el 17 de noviembre, la empresa informó que debía "suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero" hasta tener la "autorización" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro de Estados Unidos."Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito", afirmó.Trump retiró a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogas y llamó al presidente colombiano "líder del narcotráfico", sin aportar pruebas.Por décadas aliados históricos, Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor crisis desde que Trump y Petro asumieron el poder.
En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro abordó de nuevo la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada buscando un “gobierno de transición compartido” para convocar a elecciones libres en un ambiente democrático y “sin presiones indebidas”El mandatario colombiano no comparte la idea de “un desmantelamiento violento del estado venezolano” porque, según él, podría incrementar la violencia y fortalecer grupos criminales que hoy sostienen su poder territorial con base en las economías ilícitas.Por eso él defiende una salida negociada buscando que la oposición y el oficialismo puedan alternar en el gobierno hasta que exista un ambiente de confianza que contribuya a la estabilidad política y social de los venezolanos.El mensaje del presidente podría interpretarse como respaldo a su canciller Rosa Villavicencio quien afirmó haber sido malinterpretada cuando aseguró a Bloomberg que Nicolás Maduro estaría considerando una salida negociada del poder a cambio del levantamiento de sanciones en su contra hacia un gobierno de transición.El mensaje de Petro en X también viene cargado con un sentido crítico de los últimos dos años y medio, desde cuando él promovió una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló en Bogotá el 25 de abril de 2023.Para el jefe de Estado, los esfuerzos para encontrar una salida a la encrucijada política de los venezolanos, que desde hace más de 26 años viven bajo el régimen chavista, ha fracasado por razones que él atribuye al “sectarismo reinante y el afán de (Joe) Biden” que, según el, “no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.El 22 de abril de 2023 hubo una reunión entre Gustavo Petro y algunos representantes de la oposición venezolana en Bogotá, con apoyo de Estados Unidos en la agenda de diálogo. En ese encuentro, el presidente colombiano propuso el “desmonte de sanciones a Venezuela y a (Nicolás) Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”A esa reunión que fue antes de la conferencia internacional asistieron, en Hato Grande, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde; junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Quien encabezó la delegación de la Casa Blanca envió a la conferencia fue el entonces asesor del Gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González; quien fue acompañado por el asesor presidencial especial para las Américas Chris Dodd; y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer.
En un operativo desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Nacional fue rescatado sano y salvo el alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se llevó a cabo en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión.Según informó la Policía, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó a un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad.Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde les solicitaba 100 millones de pesos. El requerimiento, sin justificación clara, generó sospechas entre sus allegados, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Tras la denuncia, la institución activó un plan de búsqueda e investigación para establecer el paradero del funcionario.Las labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico permitieron ubicar con precisión el sitio donde se encontraba retenido. Un equipo operativo ingresó al lugar de manera controlada y efectuó el rescate, sin que el alcalde resultara lesionado.En el punto fueron capturados inicialmente dos hombres, encargados de su custodia. Sin embargo, durante el procedimiento, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de otras personas que habían escapado por el techo del establecimiento. Las patrullas desplegaron una búsqueda adicional que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.En el operativo se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía destacó que la coordinación operativa, las labores de inteligencia y la colaboración ciudadana fueron determinantes para la liberación del mandatario local.
Los ataques con sistemas aéreos no tripulados cargados con explosivos continúan consolidándose como una de las principales amenazas contra la fuerza pública en Colombia. De acuerdo con un balance consolidado de ataques entre 2024 y enero de 2026, el país había registrado 395 ataques con drones, que dejaron 301 afectaciones entre civiles y uniformados. Sin embargo, estas cifras aumentaron tras un nuevo hecho violento ocurrido en el departamento del Chocó, donde un nuevo ataque con drones dejó 10 militares heridos.Con este nuevo episodio, el número total de ataques con drones asciende a 396, mientras que las afectaciones aumentan a 311. Asimismo, la cifra de militares heridos se eleva de 197 a 207, confirmando que el principal blanco de esta modalidad sigue siendo el Ejército Nacional, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales.Un informe conocido por Blu Radio detalla que el primer ataque con drones se registró el 26 de abril de 2024 en el Batallón de Policía Militar Las Vegas, en el municipio de Argelia, Cauca, atribuido al grupo armado organizado residual Carlos Patiño. Desde entonces, la recurrencia de estos hechos ha sido constante, con un promedio de un ataque cada 1 día y 13 horas, y cerca de 1,5 ataques diarios en los periodos de mayor intensidad.Hasta antes del caso de Chocó, el balance daba cuenta de 911 artefactos lanzados mediante drones y una alta concentración de ataques en una Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que acumulan 251 eventos, muy por encima del resto de zonas afectadas. Otras regiones reportan cifras menores, con registros que oscilaban entre uno y 23 ataques, lo que evidencia focos específicos de uso sistemático de esta tecnología con fines ofensivos.En cuanto a las víctimas, el consolidado actualizado deja un civil asesinado y 43 civiles heridos, además de 16 militares asesinados, 207 militares heridos, dos policías asesinados y 41 policías heridos. Estas cifras reflejan un impacto directo sobre la Fuerza Pública, pero también un riesgo permanente para la población civil que habita en áreas donde operan los grupos responsables de estos ataques.El último ataque registrado, el 14 de enero de 2026 en Chocó, confirma que esta modalidad no se limita a una sola región del país y que los actores armados continúan adaptando sus capacidades tecnológicas para golpear a las tropas. Mientras las operaciones militares avanzan en distintas zonas, los datos evidencian que el uso de drones con explosivos se mantiene como una amenaza activa, en expansión y con consecuencias cada vez más graves para la seguridad nacional.
Dos resoluciones firmadas el 31 de diciembre de 2025 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una serie de movimientos en la cúpula operativa de la Policía Nacional. Los actos administrativos, que ordenan el traslado de varios coroneles, implican cambios en direcciones, comandos departamentales y metropolitanos que marcan un reacomodo de mandos con impacto directo en áreas como protección, investigación criminal, servicio de policía y control territorial.Uno de los movimientos más relevantes es el del coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien deja el Departamento de Policía Antioquia para asumir como director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, una dependencia estratégica encargada de la seguridad de personas, instalaciones y eventos de alto riesgo. En contraste, desde esa misma dirección sale el coronel Luis Roberto González Olmos, quien es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), área clave en la lucha contra el crimen organizado y las redes transnacionales.La Dijín, a su vez, registra otro cambio importante: el coronel Juan Carlos Sierra Pineda deja esa dependencia y pasa a comandar la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una de las jurisdicciones más complejas del país por su peso urbano y sus indicadores de criminalidad. En el ámbito metropolitano también se destaca el traslado del coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien sale de trabajar en la Dirección General de la Policía para asumir funciones en la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Antioquia concentra varios de los ajustes. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán es designado comandante de la Policía en el Departamento. A estos movimientos se suma el del coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, quien deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para integrarse al Departamento de Policía Cauca, una región priorizada por los retos de orden público y presencia de grupos armados ilegales.En el plano nacional, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía también cambia de mando con la llegada del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, proveniente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial. Este relevo apunta a fortalecer la articulación del servicio policial en territorio y su coordinación con estándares y experiencias internacionales.Las resoluciones incluyen, además, nuevos nombramientos en direcciones administrativas y comandos regionales. El coronel Luis Carlos Romero Galvis pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, mientras que el coronel John Ánderon Vargas Izao es trasladado desde Protección y Servicios Especiales para asumir como comandante del Departamento de Policía Tolima. Por su parte, el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa queda al frente del Departamento de Policía de la Sabana.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La violencia en la región del Catatumbo entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados."Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria", afirmó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.Eso ha provocado que más de la mitad de su población se haya desplazado, por lo que "para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen", expresó Rizzo.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.Hace un año, el 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias de las Farc, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas, lo que sumió a la región en una grave crisis humanitaria.Esta disputa provocó además la muerte de cerca de un centenar de personas el año pasado.En ese sentido, el Consejo Noruego de Refugiados manifestó que 12 meses después de que el conflicto en el Catatumbo se intensificara, la disputa entre los grupos armados no da tregua.Una mujer que tiene cuatro hijos contó al NRC que tuvo que decirle a sus niños "que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban"."No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día", agregó la mujer.Para evitar que esta situación se prolongue, el NRC pidió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario (DIH)."Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos", expresó Rizzo, quien explicó que "lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad".
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El hasta ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó su salida del organismo para asumir en propiedad como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus aclaró que su relevo no responde a una destitución ni a ninguna controversia interna, sino a una decisión del presidente encaminada a fortalecer la lucha contra el delito financiero en el país.“La renuncia se da porque el Presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.De la inteligencia nacional a la financieraEl funcionario, que había asumido la dirección de la DNI en calidad de encargado desde agosto de 2024, señaló que el cambio obedece a una reorganización estratégica del Gobierno Nacional. A su juicio, tanto la DNI como la UIAF son entidades de “máxima relevancia” dentro del aparato estatal por su papel en la seguridad y la transparencia económica del país.“Ambas son muy importantes. La DNI es estratégica, pero la UIAF toca el motor de la violencia y el narcotráfico: la plata”, afirmó. Lemus explicó que sus responsabilidades al frente de los dos organismos coexistían en el marco de la Ley 1621 de 2003, norma que regula la actividad de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo simultáneo en dos frentes de alta exigencia resultaba insostenible. “Estar encargado de dos cargos de esta naturaleza no es viable. Por eso el Presidente me pidió concentrarme en la UIAF”, agregó.Las versiones sobre su salida y el caso BarranquillaDurante la entrevista, Lemus desmintió que su salida de la DNI estuviera relacionada con el reciente traslado de jefes de bandas criminales hacia Barranquilla. El exdirector aseguró que su intervención en este asunto se limitó a frenar un movimiento de internos ordenado por el INPEC, en el marco de acercamientos entre el Estado y grupos delictivos para reducir la violencia urbana.“Nosotros hicimos una conversación de acercamiento con las bandas de los Pepes y los Costeños. Logramos una tregua que bajó los homicidios en un 50% en Barranquilla”, detalló. “Cuando me enteré de los traslados, pedí al Ministro de Justicia y al INPEC que los suspendieran, porque no era el momento adecuado”, sostuvo el exdirector, quien negó que el comandante del proceso de paz tuviera incidencia en el hecho.Lemus confirmó además que esa mediación con las bandas continúa en curso, con una reunión prevista antes del 20 de enero para mantener la tregua pactada: “Se están haciendo las gestiones logísticas para instalar la mesa de diálogo y consolidar el proceso con los grupos armados en el Atlántico”, aseguró.Relevo en la Dirección Nacional de InteligenciaEl funcionario confirmó que René Guarín asumirá desde esta semana la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras él completa el empalme hacia la UIAF. Sobre la continuidad del equipo directivo en la entidad, Lemus explicó que no ha solicitado renuncias, pero anticipó movimientos administrativos habituales en estos procesos.“Hasta ahora nadie se ha ido, pero es normal que muchos presenten su renuncia protocolaria y el nuevo director decida quiénes siguen”, comentó. Consultado por las críticas en torno al subdirector Wilmar Mejía, implicado en un escándalo de presunta infiltración de disidencias en la inteligencia estatal, Lemus aclaró que el funcionario se encuentra suspendido por la Procuraduría. “Su continuidad dependerá del resultado de esa suspensión y de la decisión del Presidente”, puntualizó.El exdirector aclaró, además, que Mejía no fue vinculado por él sino por su antecesor, Carlos Ramón González: “Yo no lo traje a la DNI. Sin embargo, lo propuse al Presidente en su momento porque era un hombre muy bueno en su trabajo, sobresaliente en los cursos de inteligencia”, dijo.