La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) informó que la ocupación de camas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Manizales se sitúa actualmente en el 80 %, situación que evidencia una alta presión sobre la capacidad hospitalaria de la ciudad.La información fue entregada por Mónica Villarreal Peña, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de la DTSC, quien explicó que este nivel de ocupación representa un escenario de alerta, debido a que varias IPS registran cifras críticas.Entre las instituciones con mayor nivel de ocupación se encuentran la Clínica La Presentación, Servicios Especiales de Salud, el Hospital Departamental Santa Sofía y la Clínica Ospedale.Le puede interesar: "Esto es agonizante": pacientes de EPS intervenidas sufren la crisis de la salud en AntioquiaSegún la funcionaria, este comportamiento del sistema puede derivar en riesgos de contención hospitalaria y generar limitaciones en la atención de nuevos pacientes, especialmente en los servicios de alta complejidad.Ante este panorama, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través del CRUE, hizo un llamado a la comunidad para hacer un uso racional de los servicios de urgencias, recordando que una urgencia corresponde a una condición médica que pone en riesgo inmediato la vida.La entidad reiteró la importancia de acudir de manera adecuada a los servicios de salud y priorizar los casos que realmente requieren atención urgente, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario en el departamento.
Catorce años después del episodio que marcó uno de los momentos más tensos entre comunidades indígenas y la fuerza pública en el norte del Cauca, el nombre del sargento Rodrigo García Amaya volvió a ser noticia. Esta vez no por el llanto que le dio la vuelta al mundo en 2012, cuando fue retirado a empujones por miembros de la Guardia Indígena en el cerro Berlín, en Toribío, sino por un inesperado reencuentro radial con Alfredo Acosta, hoy designado ministro de la Igualdad.El diálogo se dio en Mañanas Blu, con Néstor Morales, donde Acosta —entonces líder indígena del pueblo Nasa— buscó al uniformado retirado para ofrecerle disculpas públicas y cerrar un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del país. “Yo quería abrazarlo, decirle excusas por lo que pasó, porque entiendo todo el escenario de guerra que ustedes vivían”, le dijo el hoy ministro al sargento, en una conversación cargada de emotividad y llamados a la reconciliación.García, quien ya no pertenece a las filas del Ejército, respondió con serenidad y sin rastro de resentimiento. Incluso felicitó a Acosta por su nombramiento y aseguró que el episodio nunca fue motivo de odio. “Nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Yo estaba cumpliendo mis funciones institucionales”, afirmó.¿A qué se dedica el sargento Rodrigo García?Pero una de las frases que más llamó la atención de los oyentes fue cuando Morales le preguntó directamente a qué se dedica hoy. Lejos de cargos públicos, escoltas o posiciones de poder, el exsargento contó que su vida transcurre como la de millones de colombianos del común: trabaja en un contact center.“Yo ahora soy un operario en un call center. Me subo al metro todos los días, llevo mi coca —la del portacomidas—, hago créditos y pago créditos con otros créditos, como cualquier parroquiano”, relató con humor y franqueza, describiendo una realidad que conecta con la de miles de trabajadores del país.García también confirmó que recibe su asignación de retiro tras haber salido del Ejército hace cuatro años, pero dejó claro que sigue activo laboralmente, lejos de los reflectores.“Es un verdadero militar de nuestra patria porque no nos disparó”, dijo Acosta, destacando la actitud del entonces sargento durante los hechos de 2012.El episodio, que en su momento reflejó la crudeza del conflicto en territorios indígenas, hoy se transforma en una escena de diálogo, perdón y coincidencias humanas.
A través de una orden judicial, investigadores de la Sijin, con el apoyo del grupo Goes de la Policía, lograron materializar la captura de siete personas que hacían parte de la estructura delincuencial Los Siete Colores, dedicados a la venta y distribución de bazuco y marihuana en el municipio de Pitalito, sur del Huila.De acuerdo con las autoridades, seis de los siete capturados son integrantes de una misma familia y la banda era liderada por una mujer conocida como alias 'Paola'. Esta organización criminal distribuía más de 500 dosis diarias bajo la modalidad puerta a puerta en sectores populares de Pitalito y municipios aledaños.“Tras varios meses de seguimiento se pudo establecer que esta estructura criminal estaba conformada por al menos seis personas y presuntamente liderada por una mujer conocida con el alias de ‘Paola’. Esta organización distribuía más de 500 dosis diarias bajo la modalidad de venta puerta a puerta y en espacios públicos como parques, polideportivos y vías principales de los barrios Popular, Los Pinos, el sector de la Galería y zonas aledañas de Pitalito”, dijo el teniente coronel Oscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía en el Huila.Le puede interesar: Desarticulada en Medellín banda que usaba menores de edad para comercializar drogasSegún las investigaciones, los capturados registran más de 35 anotaciones judiciales en el sistema SPOA de la Fiscalía por los delitos de homicidio, hurto agravado, lesiones personales y narcotráfico. En el operativo los uniformados hallaron dosis de base de coca y dinero en efectivo.Para materializar la captura de los integrantes de esta organización se adelantaron cinco diligencias de allanamiento. Los siete integrantes de la banda Los Siete Colores quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Colombia entrará en un intenso calendario democrático durante 2026, con elecciones al Congreso, consultas internas de partidos y dos vueltas presidenciales que definirán al próximo jefe de Estado. En medio de este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya activó el mecanismo para la designación de jurados de votación, una responsabilidad clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las jornadas electorales.De acuerdo con la entidad, cerca de 850.000 ciudadanos serán llamados a cumplir este deber. La selección se realiza a partir de bases de datos suministradas por universidades, colegios, empresas privadas y organizaciones políticas, y se ejecuta mediante un software especializado que garantiza aleatoriedad, equilibrio y pluralidad. Desde el 21 de enero, los colombianos pueden comenzar a consultar si fueron elegidos.¿Cómo consultar si soy jurado de votación en 2026?La forma más rápida y segura de verificar si fue designado como jurado de votación es ingresar a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, y digitar su número de cédula en el módulo de consultas habilitado para este fin. También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la entidad en el país para solicitar la información de manera presencial.Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, el listado definitivo de jurados será publicado el 26 de febrero. En cuanto a las elecciones presidenciales, la Registraduría dará a conocer las listas el 21 de mayo, junto con el censo electoral actualizado, que incluye a quienes inscribieron su cédula recientemente. Además, los ciudadanos seleccionados recibirán notificación a través de correo electrónico.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?La normativa establece que pueden ser jurados los colombianos entre 18 y 60 años que hayan cursado como mínimo décimo grado de escolaridad. Esta labor es de obligatoria aceptación, por lo que la Registraduría insiste en la importancia de consultar oportunamente la asignación para evitar sanciones.Funciones principales de un jurado de votaciónEntre las tareas que deben cumplir los jurados durante la jornada electoral se encuentran:Verificar el documento de identidad de los votantes en el formulario E-10.Registrar los datos de cada sufragante en el formulario E-11.Entregar la tarjeta electoral y custodiar la urna.Diligenciar y entregar el certificado electoral cuando corresponda.Realizar el escrutinio de mesa y registrar los resultados.Entregar los pliegos electorales al delegado de la Registraduría.Estas funciones son fundamentales para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.¿Qué pasa si no se presenta como jurado?No cumplir con esta obligación puede acarrear consecuencias importantes. La Registraduría advierte que los servidores públicos que no asistan o abandonen su puesto podrían enfrentar destitución del cargo, mientras que los ciudadanos particulares podrían ser sancionados con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.
Tres militares resultaron heridos luego de la activación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Anorí. El Ejército responsabilizó de la instalación de estos elementos a la unión que hay en esa zona del ELN y Disidencias de alias 'Calarcá'.Hay alerta en Antioquia porque siguen contando víctimas de minas antipersonal en el departamento, en donde en 24 horas, se han conocido cuatro heridos, tres de estos militares.El último caso, según informó la Séptima División del Ejército, aseguró que cuando militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, se encontraban haciendo control a la altura de la vereda Los Trozos, del municipio de Anorí, los tres soldados resultaron heridos al pisar un campo minado, que les generó heridas y afectaciones por causa de la activación de los artefactos explosivos.Las autoridades señalaron como responsables de la instalación de estas minas a la unión que hay entre el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá'.El otro caso es el de un campesino en la vereda El Cañal del municipio de Amalfi donde el hombre se encontraba desarrollando actividades agrícolas, se desvió un poco del camino y fue víctima de una mina antipersona.Vecinos de la zona acudieron en ayuda de esta persona que inicialmente fue llevado al hospital local El Carmen y allí se activó toda la ruta para su acompañamiento por parte de la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos.A pesar de los esfuerzos del personal médico la víctima perdió una extremidad inferior y fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad donde su pronóstico es reservado.La Alcaldía de Amalfi lamentó el hecho y recomendó especialmente a habitantes de zonas rurales que ante la presencia de objetos extraños o sospechosos no los toquen, se alejen y avisen oportunamente a las autoridades.
La Corte Constitucional ya admitió la solicitud presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para suspender el decreto del Gobierno Nacional que declaró la Emergencia Económica en el país, al considerar que no cumple con los criterios constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales.Según lo informado, la petición fue radicada por el mandatario local el pasado 13 de enero y se sustenta en que la declaratoria no responde a una situación extraordinaria que justifique el uso de este mecanismo constitucional. En ese sentido, se advierte un posible uso inadecuado de una figura excepcional prevista para escenarios de gravedad comprobada.El alcalde Gutiérrez destacó que el presidente de la Corte Constitucional solicitó a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo. A esta iniciativa se sumaron Asocapitales, ciudadanos y distintos gremios del país que han manifestado inquietudes similares frente al alcance y los efectos de la medida.De acuerdo con el mandatario, el Gobierno Nacional expidió el 29 de diciembre, bajo el amparo de la emergencia económica, un decreto con disposiciones de carácter tributario que comenzaron a regir desde el 1 de enero, con impacto directo en la economía de los ciudadanos.“Como alcalde le he pedido y le pido a los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional que frenen ya, que frenen ya este decreto en el que el Gobierno nacional nos quiere gobernar, por excepción, lo que perdió en democracia”, aseguró.Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró su confianza en las instituciones del Estado, en la justicia y en el papel de la Corte Constitucional como garante del orden constitucional y del equilibrio de poderes, señalando que la defensa de la Constitución es fundamental para la democracia y el país.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión de actividades en la zona del río Frío que colinda con el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, lugar donde desapareció y posteriormente fue hallada sin vida la menor Valeria Afanador Cárdenas, de diez años.De acuerdo con la determinación de la CAR, el establecimiento educativo habría incumplido los requisitos legales de distancia mínima respecto a la ronda hídrica del río Frío y, además, habría realizado modificaciones a su infraestructura sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes. Estas actuaciones motivaron la imposición de una medida preventiva que ordena detener las intervenciones en el área objeto de análisis, mientras se define de fondo la situación administrativa.En el acto administrativo, la autoridad ambiental también impartió una orden directa al municipio de Cajicá. Según se dispuso, “el Municipio de Cajicá – Cundinamarca deberá remitir a esta Corporación, dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo, las constancias de cumplimiento respectivas a través de la dependencia correspondiente, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente actuación”.La decisión fue valorada como un hito por la representación judicial de las víctimas. El abogado Julián Quintana, apoderado de la familia de Valeria Afanador, aseguró que la medida cautelar confirma irregularidades que, según su postura, el plantel educativo negó desde un inicio. “Esta medida cautelar lo que demuestra es que el colegio siempre ha dicho mentiras. Como se nota allí, lo que hacen es una suspensión, precisamente porque se establece que parte de la infraestructura del plantel educativo está dentro de la ronda del río, lo que quebranta y viola de manera flagrante la normatividad ambiental”, afirmó.Quintana también cuestionó los argumentos del colegio sobre supuestos ajustes realizados con aval oficial tras la desaparición de la menor. “Además, también demuestra que no es verdad que ellos hayan hecho unos cambios o ajustes con el aval de las autoridades una vez se desaparece Valeria. Argumentando temas de seguridad, aquí lo que se dice es que están haciendo una intervención ilegal, ilegítima, a la ronda del río con esas modificaciones”, señaló el abogado, quien insistió en que las obras no contaban con soporte legal.Para la representación de las víctimas, la resolución de la CAR no solo tiene efectos administrativos, sino que refuerza la tesis central del proceso penal. En ese sentido, Quintana sostuvo que “lo que demuestra es que el colegio no tenía las garantías de seguridad para los niños. Es por ello que, cuando se revela que la instalación está dentro de la ronda del río, lo que se puede percibir es que era un riesgo para los menores que el colegio estuviera tan solo a unos metros del caudal”. A su juicio, la cercanía del plantel con el río Frío constituía un peligro conocido y previsible.El abogado agregó que esta actuación administrativa respalda la solicitud elevada ante la Fiscalía General de la Nación para que se avance en la imputación de cargos. “Esperamos que la decisión de fondo de la CAR sea una sanción ejemplar. Y, sin duda, también apalanca y refuerza la teoría del caso que le hemos pedido a la Fiscalía en la imputación de cargos por homicidio en contra de la rectora y los profesores, porque aquí se revela, sin duda alguna, que preveían, que eran conscientes del riesgo y jamás tomaron alternativas o medidas para mitigarlo”, afirmó.
Nueva EPS adelanta negociaciones con el gestor farmacéutico Colsubsidio y, de concretarse un acuerdo, retomaría la dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 10 de febrero.La posible reanudación del servicio se daría luego de que Colsubsidio suspendiera la entrega de medicamentos desde el pasado 1 de enero, como consecuencia de una deuda que mantenía Nueva EPS con el gestor farmacéutico. Desde entonces, miles de pacientes han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos de uso continuo y de alto costo.Tras la salida de Colsubsidio, Nueva EPS anunció la vinculación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, los pacientes reportaron que la dispensación no se normalizó y que, pese a las órdenes médicas vigentes, no recibieron los tratamientos formulados.La situación ha impactado a usuarios en al menos 11 departamentos del país, donde se han presentado quejas reiteradas por la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de información clara sobre los puntos de dispensación habilitados. Asociaciones de pacientes han advertido sobre los riesgos que esta interrupción representa para personas con enfermedades crónicas y condiciones que requieren tratamientos permanentes.Fuentes cercanas al proceso indicaron que las conversaciones entre Nueva EPS y Colsubsidio buscan restablecer el servicio mientras se resuelven los compromisos financieros pendientes. No obstante, hasta el momento, la aseguradora no ha confirmado oficialmente los términos del eventual acuerdo ni los mecanismos para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos una vez se reactive la operación.Entre tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita normalizar el acceso a los tratamientos prescritos, mientras persisten las afectaciones en la red de dispensación en varias regiones del país.
En el marco del Foro Económico Mundial, la situación geopolítica de Groenlandia ha vuelto al centro del debate internacional tras las recientes maniobras diplomáticas de Donald Trump. Judit Ros, experta académica catalana radicada en Suecia y especialista en las relaciones de Groenlandia con la OTAN y la Unión Europea, ha analizado las implicaciones de estas acciones, que oscilan entre la seguridad nacional y una narrativa de control que genera incertidumbre global.El enfoque de seguridad y recursos naturalesSegún la doctora Ros, el comportamiento de Trump, aunque a menudo calificado de "capricho", responde a un patrón centrado en la seguridad nacional y la explotación de recursos naturales. En el contexto del foro de Davos, Trump ha buscado dominar la narrativa, sugiriendo que ha "solucionado" la situación en la isla en un tiempo récord. Sin embargo, se especula que el trasfondo real del acuerdo podría incluir la propiedad de bases militares, una cuestión sensible dado que Estados Unidos ya posee amplios poderes en la zona bajo tratados anteriores.El peso de la historia: De 1941 a la actualidadLa relevancia de Groenlandia para Estados Unidos no es nueva. Ros destaca que la clave reside en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, se estableció un acuerdo con la delegación danesa en Washington que permitía la presencia estadounidense para proteger la isla. No obstante, este acuerdo contenía una "arma de doble filo" en su artículo 10, que estipulaba que las fuerzas estadounidenses se retirarían solo cuando ellos mismos lo decidieran, una agenda a largo plazo cuyas consecuencias se mantienen vigentes.En la actualidad, el interés estadounidense se justifica como un contrapeso estratégico frente a Rusia y China. A pesar de que el orden mundial busca el multilateralismo desde 1945, Trump ha logrado controlar el "tempo diplomático", reduciendo o aumentando la tensión según su conveniencia y desafiando los sistemas internacionales establecidos.Un mercado inmobiliario inexistenteAnte la pregunta de si Groenlandia podría ser "comprada" de manera similar a como ocurrió con Alaska hace más de un siglo, la doctora Ros es tajante: el mundo actual no es un mercado inmobiliario. Desde el punto de vista del derecho internacional, este enfoque de compra es una forma de presión diplomática sobre Dinamarca y la población indígena groenlandesa, que aún lidia con el trauma intergeneracional de su pasado colonial.Paradójicamente, las provocaciones de Trump han tenido un efecto inesperado: han pausado el anhelo de independencia de Groenlandia. Ante la incertidumbre, la isla ha buscado refugio en una relación más estrecha y cohesionada con Dinamarca, priorizando la estabilidad del Reino sobre sus objetivos de soberanía a largo plazo.Escuche aquí la entrevista:
Luego de la entrevista con Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y quien ahora llega al Ministerio de Igualdad, en Mañanas Blu, en la que reveló que quería hablar con el sargento García, con quien tuvo un choque en Toribio, Cauca, para pedir disculpas. Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendienteAcosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribio, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.En Mañanas Blu, fue posible ese encuentro por medio telefónico, en el que le pidió disculpas por ese encuentro de 2012, en el que sacó a su tropa de esta zona del Cauca: "Quiero pedirle excusas por toda la situación que pasó". El encuentro sirvió para cerrar una herida abierta hace 14 años, cuando en 2012, en medio de un fuerte choque entre comunidades indígenas y el Ejército en Toribío, Cauca, el entonces líder indígena expulsó a las tropas de la zona, dejando una imagen grabada en la memoria del país: la del sargento García llorando de indignación,.El perdón y la "catarsis" del ministroDurante la transmisión, el ministro Acosta expresó su profundo deseo de contactar al militar, asegurando que lo buscaba no solo por un deber personal, sino también en honor a su propia madre. "Yo sí quería mandarle un saludo. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle pedirle excusas por lo que pasó, por las situaciones que pasaron en el cerro", manifestó el alto funcionario.Acosta reconoció la dureza del conflicto que ambos vivieron en escenarios de guerra marcados por el hostigamiento y el dolor. Sin embargo, recordó momentos de humanidad que compartieron en medio de la tensión: "Poder un día algunos encontrarnos y tomarnos un tinto"La respuesta de un soldado sin resentimientosPor su parte, el sargento García, quien se retiró del Ejército hace cuatro años, recibió el mensaje con apertura y humildad,. Aseguró que nunca guardó rencor por lo sucedido, entendiendo que ambos cumplían sus roles en un contexto complejo. "No se preocupe que en mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Estaba cumpliendo mis funciones institucionales en su momento", afirmó el suboficial retirado.García también aprovechó para reflexionar sobre el nuevo cargo de Acosta, restando importancia a la falta de títulos profesionales del ministro y centrándose en su calidad humana: "He mirado algunas cosas sobre ustedes, sé que carece de algunos estudios profesionales, pero yo también y hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma... el diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes".El sargento concluyó pidiendo al nuevo ministro que no olvide a los soldados de la patria, tratándolos como una población más que requiere atención y protección, pues son "hijos del mismo país". Escuche aquí la conversación entre los dos:
Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se prepara para asumir el liderazgo del Ministerio de la Igualdad en los próximos días. Su nombramiento ha reavivado la polémica por un video de hace más de una década en el que participó en la expulsión de miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca.Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendienteEn diálogo con Mañanas Blu, Acosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribío, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.Hoy, con una perspectiva de armonización, el futuro ministro asegura que ha intentado localizar al sargento para pedirle perdón y brindarle un gesto de afecto. "Yo lo abrazaría y le pediría en un gesto muy humilde que lo reconozco como persona y como defensor de la vida", afirmó Acosta, subrayando que su propio padre fue militar en el Batallón de Ingenieros de Palmira, lo que le permite comprender el honor de la institución.Méritos académicos y experiencia de vidaAnte las críticas sobre su idoneidad para el cargo, Acosta defiende su trayectoria indicando que, aunque es bachiller, se ha formado en la "universidad indígena" y ha ejercido como profesor de primaria bilingüe en zonas de conflicto como Toribío. Para él, su mayor mérito radica en su honestidad, su compromiso con la protección de la vida y su condición de víctima del conflicto, habiendo sufrido la desaparición de su padre. Además, destaca haber sido galardonado con el Premio Nacional de Paz.Un ministerio contra el relojAcosta asume el reto de dirigir la cartera de la Igualdad por un periodo de apenas seis meses, debido a los tiempos del gobierno actual y la cercanía de la ley de garantías. Sus prioridades incluyen agilizar la ejecución presupuestal, que actualmente presenta retrasos, y enfocar esfuerzos en sectores clave como mujeres, jóvenes, campesinos y el desarrollo de acueductos rurales.Escuche aquí la entrevista:
El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está denunciando que se están presentando casos masivos de declaratoria de insubsistencia a auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá.Algo que estaría afectando, según la denuncia, el servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería.“Esta medida impacta la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”, señala el sindicato.Para Unidiplo la situación es aún más grave pues se presenta antes de las elecciones en el exterior, un momento en el que los consulados cumplen funciones esenciales gestionando documentación y garantizando que los connacionales puedan votar.“A la fecha el ministerio no ha informado un plan de contingencia claro, inmediato y viable, ni se ha explicado de manera transparente el criterio técnico que fundamentó esta decisión en esta coyuntura. Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, agrega el sindicato.Por último hacen algunas exigencias a la Cancillería, entre ellas está la explicación clara y pública sobre las razones que se tuvieron en cuenta para realizar las declaratorias de insubsistencia, la suspensión inmediata de nuevos casos, la presentación de un plan provisional de personal y la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen el mérito, la transparencia y la legalidad.Este es el comunicado completo de Unidiplo:
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero radicó un derecho de petición en el Dapre para indagar el tiempo que han durado las alocuciones del presidente Gustavo Petro.Tras la respuesta, Forero reveló que las alocuciones del actual presidente han durado más que las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe juntas.El expresidente Iván Duque registra el menor número de horas con un total de 2 horas y 45 minutos en 17 alocuciones que hizo durante su Gobierno.Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones en dos mandatos y se tomó un total de 16 horas con 21 minutos.El expresidente Álvaro Uribe, quien también tuvo dos Gobiernos, hizo 20 alocuciones con un total de 9 horas y 55 minutos.El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha hecho 61 alocuciones en tres años y medio de Gobierno y se ha tomado un total de 48 horas con 33 minutos.“Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, dijo el representante Forero.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su preocupación por los efectos del Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, al advertir que introduce cambios que alteran las reglas del sector eléctrico y generan incertidumbre para las inversiones necesarias para garantizar la energía del país.Según el gremio, el decreto establece nuevas obligaciones para las empresas generadoras, como una “contribución obligatoria” y la entrega de energía en especie para atender empresas intervenidas, medidas que, aunque buscan enfrentar una situación coyuntural, terminan afectando la sostenibilidad financiera de quienes producen la energía.Acolgen señaló que estas disposiciones tienen un impacto directo sobre el cargo por confiabilidad, el mecanismo que permite asegurar que Colombia cuente con suficiente energía en momentos críticos, como sequías o picos de demanda. El gremio advirtió que cambiar las condiciones bajo las cuales operan las plantas actuales y futuras reduce los incentivos para invertir y participar en nuevas subastas.“Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo y, por lo tanto, afectar la transición energética del país”, advirtió Acolgen a través de un comunicado.En el decreto, el Gobierno faculta al Ministerio de Minas y Energía para adoptar medidas extraordinarias con el fin de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”, lo que, según Acolgen, genera dudas sobre la estabilidad de las reglas que respaldan las inversiones de largo plazo.Otro de los puntos que más inquieta al gremio es el impacto sobre los nuevos proyectos de energías renovables. Acolgen recordó que el Ministerio de Minas y Energía anunció procesos de contratación de largo plazo, claves para viabilizar proyectos solares, eólicos e hidráulicos. Sin embargo, el decreto introduce un escenario de incertidumbre que puede dificultar el cierre financiero de estas iniciativas.Aunque Acolgen reconoce la necesidad de atender la situación financiera de algunos prestadores del servicio, especialmente en la región Caribe, cuestionó que estas medidas se adopten por una vía excepcional, cuando el propio decreto reconoce la existencia de problemas estructurales en el sector.“La situación de la costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”, indicaron.Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance de las medidas, abrir espacios de diálogo técnico y garantizar estabilidad regulatoria, advirtiendo que sin confianza y reglas claras será difícil avanzar en la confiabilidad del sistema eléctrico y en la transición energética que el país necesita.
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación de la licencia de construcción para proyectos de mejoramiento, autoconstrucción y vivienda en sitio propio ha generado un intenso debate entre expertos del sector. Aunque la medida busca agilizar los procesos y beneficiar a las familias más vulnerables, varios especialistas advierten que podría tener graves consecuencias en materia de seguridad estructural, control técnico y uso de los recursos públicos.Según el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, firmado por el ministro de Vivienda, quienes reciban subsidios para mejorar o construir su vivienda ya no deberán tramitar una licencia de construcción. En su lugar, bastará con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y el registro ante los entes territoriales. El propósito, según el Gobierno, es simplificar los trámites y acelerar la ejecución de los programas de vivienda social.Riesgos y advertencias por la eliminación de licencias de construcciónAunque la intención del decreto ha sido bien recibida por algunos sectores, diversos expertos alertan sobre los riesgos que implica. La concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, señaló que esta decisión “desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a una inversión pública sin garantías de seguridad ni control institucional”.Forero fue enfática al afirmar que eliminar las licencias de construcción en proyectos financiados con recursos públicos representa “un retroceso institucional” y que la medida podría poner en riesgo la vida de miles de familias beneficiadas.El decreto entró en vigencia de manera inmediata, aunque el Ministerio de Vivienda anunció que implementará un plan de capacitación y certificación para arquitectos e ingenieros, con el fin de garantizar que las obras cumplan con las normas técnicas. Sin embargo, varios analistas consideran que, sin esa formación previa, podrían generarse errores estructurales difíciles de corregir en el futuro.La meta del Gobierno y las dudas sobre su ejecuciónDentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se trazó la meta de realizar 400.000 mejoramientos de vivienda en todo el país. No obstante, según cifras citadas por Forero, hasta el momento se han entregado menos de 50.000, lo que evidencia un retraso considerable en el cumplimiento de ese objetivo.Cada subsidio puede alcanzar hasta $31,3 millones, equivalentes a 22 salarios mínimos, y en conjunto la meta representaría una inversión superior a $12,5 billones. Para los críticos, ejecutar una cifra tan alta sin el filtro de las licencias podría derivar en irregularidades, improvisaciones y sobrecostos.Forero concluyó que el decreto “desmantela la institucionalidad del sector vivienda” y advirtió que su aplicación, en plena coyuntura electoral, podría convertirse en “el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que aún tiene casi cinco millones de hogares en déficit habitacional”.
En la mañana de este martes se realiza un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien señaló de tener una “obsesión” en su contra y de adelantar investigaciones sin competencia.“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, escribió Benedetti en X.El ministro aseguró que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por presunto interés en incriminarlo y afirmó que, aun así, continúa impulsando diligencias en su contra. “Ella no me investiga, explora en el planeta tierra a ver si cometí un delito. Está enferma y obsesionada conmigo”, agregó.Benedetti, quien desde hace varios años se ha referido con descalificativos a la magistrada, destaca en su mensaje que ya en el pasado se ha ordenado investigaciones financieras a cerca de 50 de sus familiares, incluyendo menores de edad y parientes lejanos, sin tener —según él— las facultades para hacerlo. “Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, denunció.El ministro pidió la intervención del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach y anunció que acudirá a instancias internacionales. “Señor procurador, ¿cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder. Le pido a los medios le hagan seguimiento a ese allanamiento y a este proceso”, señaló el jefe de la cartera política.El allanamiento se realizó en la casa de Benedetti, ubicada en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, por un caso de presunto enriquecimiento ilícito que se investiga desde hace varios años.
Una persona murió y dos más resultaron heridas tras una explosión registrada hacia las 6:21 de la mañana de este martes en una vivienda en el barrio Las Acacias, sur de Neiva, donde se almacenaba pólvora.Según información entregada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, la detonación provocó daños en varias casas del sector.En la atención de la emergencia participan 14 bomberos y cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Neiva, que trabajan en el control del incendio y en la evaluación de los daños ocasionados por la explosión.“Desafortunadamente, sobre las 6:21 de la mañana nos reportaron una explosión e incendio en la carrera 28 con calle Primera. Por medio del Cuerpo Oficial de Bomberos se realizó la atención. El conocimiento que se tiene es que allí se almacenaba pólvora, material que suele usarse en esta época de Navidad, y que habría sido la causa de la explosión”, explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Neiva.La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Luis Armando Herrera, de 44 años. Las dos personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios de la capital del Huila.“Lastimosamente, luego de una explosión que nos fue reportada a la línea de emergencia, al llegar al lugar de los hechos encontramos, al interior de una residencia, el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Una vez realizada la verificación por parte del personal antiexplosivos, se encontraron vestigios de pólvora almacenada y se está verificando si estaba siendo elaborada o fabricada de forma artesanal”, indicó el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Para prevenir nuevos hechos como este, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos de almacenar o fabricar pólvora de manera artesanal. Asimismo, señaló que se adelantan investigaciones para establecer la procedencia de la pólvora y la cantidad que se encontraba almacenada en la vivienda donde ocurrió la explosión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) negó dos peticiones de Ecopetrol y Reficar para reconsiderar el cobro de IVA en la importación de combustibles producidos en la refinería de Cartagena y está exigiendo el pago inmediato de 17.406 millones de pesos, lo que abre un segundo caso que podría terminar en cobro coactivo y en embargos.Esta decisión se suma al cobro de 1,3 billones de pesos que había iniciado la Dian la semana pasada. Por ese primer caso, la Dian acudió a la justicia y el juzgado segundo de la familia de Cartagena acaba de admitir esa tutela para estudio.El argumento de Ecopetrol es que un embargo aquí podría terminar en la parálisis completa de la operación de Reficar. No es la única acción legal en curso. También fue admitida ayer la tutela de los trabajadores representados en la Unión Sindical Obrera (USO) quienes temen que los embargos de la Dian terminen poniendo en peligro el pago de los salarios.Este tema se va a seguir moviendo en los próximos días, porque la Dian aún tiene que decidir al menos otros 3 recursos de reconsideración de la Dian y Reficar. Además, Ecopetrol está evaluando una demanda de nulidad en contra del concepto tribuario que la Dian está utilizando para esta clase de cobros.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron un encuentro estratégico en Bogotá para robustecer la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado. La visita de alto nivel, que contó con el respaldo del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, busca blindar la seguridad pública y optimizar la persecución judicial de las mafias trasnacionales.El encuentro centró sus esfuerzos en una hoja de ruta que trasciende el control de estupefacientes. Según confirmó la Fiscalía General, el propósito central fue "fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia", abordando delitos críticos como el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda, factores que han dinamizado la violencia en diversas regiones de Colombia."Se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional", informó el ente acusador.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia agregó en su cuenta de X: "El administrador de la DEA, Terrence Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia".
Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.