La propuesta de que el presidente Gustavo Petro pueda aspirar a la Vicepresidencia volvió al debate público tras ser mencionada por el precandidato Roy Barreras. Pero, ¿es jurídicamente posible? Para el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, la respuesta es tajante: no. “No importa qué partido la proponga, la respuesta es la misma: no se puede. Para eso necesitarían una reforma a la Constitución”, afirmó en entrevista con Recap Blu.Gaona explicó que la prohibición no es un asunto de interpretación ambigua, sino que está expresamente consagrada en el artículo 197 de la Constitución, reforzado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que estableció que “bajo ningún título” quien haya ejercido la Presidencia puede volver a ocupar ese cargo. Según el constitucionalista, esa expresión —“cualquiera que sea el título”— fue interpretada por la Corte Constitucional para incluir tanto la reelección directa como fórmulas indirectas o “disfrazadas”, como sería llegar al poder desde la Vicepresidencia.El experto recordó que la historia constitucional colombiana ha sido clara frente a los riesgos de la concentración del poder. Desde los tiempos de Bolívar y Santander, pasando por las tensiones del siglo XIX y las reformas del siglo XX, el país ha experimentado las consecuencias de permitir continuidades prolongadas. "Es simplemente una expresión de la voluntad del Gobierno y no de la voluntad popular real. Por ende, esa reforma constitucional en un año de elecciones, a 3 meses de que se cambie el gobierno, pues no es solamente ilusorio e inconveniente, sino es abiertamente inconstitucional", afirmó Gaona.En términos prácticos, Gaona sostuvo que permitir la candidatura implicaría someter al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Corte a un desgaste innecesario. Para el jurista, el debate no es ideológico ni partidista, sino estructural: o la política se somete a la Constitución, o la Constitución se acomoda a la política. “En el primer caso es democracia; en el segundo, dictadura constitucional. La Constitución es expresa y clara, aquí no hay lugar a interpretación”, advirtió.Así las cosas, para Gaona, bajo las reglas actuales, la posibilidad de que el presidente Petro sea candidato a la Vicepresidencia no tiene sustento jurídico. Cualquier intento en esa dirección chocaría de frente con la Constitución del país.
Dos motocicletas y tres camiones quedaron destruidos tras un fuerte accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de este lunes, 9 de febrero. El incidente se dio en el sector de Cajamarca en el Alto de la Línea, que, según el reporte preliminar, dejó lesionados.Un video, compartido por las autoridades, mostró el momento exacto en que produjo este fatal accidente en esta importante vía del país. Fue en una zona en donde el corredor se convierte de un solo carril a raíz de arreglos en este punto y mientras los vehículos avanzan lentamente, una tractomula llega a toda velocidad e impacta a una llevándose por delante al resto.Asimismo, un vehículo salió ileso por muy poco de este accidente, pues pasaron a su lado y, por fortuna, no quedó envuelto en este trágico hecho que, si bien no se han confirmado víctimas fatales, personas en la zona aseguran que sí se habría presentado alguna.“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.Al igual en este video se pudo ver que, al parecer, el tractocamión no intentó frenar y podría haberse presentado algún tipo de fallo que no le permitió reaccionar adecuadamente. En imágenes se pudo ver cómo los vehículos quedaron en total destrucción, mientras que en la zona llegaron las autoridades para determinar a fondo lo que sucedió en este punto del Alto de la Línea.
En medio del escenario electoral, Juan Daniel Oviedo se refirió en entrevista con Recap Blu a la propuesta de Roy Barreras de que el presidente Gustavo Petro sea fórmula vicepresidencial en 2026. Para el exdirector del Dane, esa idea alimenta una narrativa peligrosa.“Es querer prolongar ese sentimiento de que Colombia necesita un mesías, y que Petro es un mesías. Y a mí no me parece que Petro sea un mesías”, afirmó.Oviedo afirmó que la eventual candidatura de Petro como vicepresidente “está permitida por la ley y la Constitución”, pero cuestionó el trasfondo político de la propuesta. A su juicio, el actual mandatario “tuvo la oportunidad de hacerlo bien y no le salió tan bien”, por lo que insistió en que el país debería buscar alternativas que permitan “hacerlo mejor”, en lugar de apostarle a una figura salvadora que concentre las expectativas nacionales.En ese sentido, el exdirector del Dane dio una baja calificación al Gobierno Petro por lo que ha realizado durante esta administración, incluyendo, según él, lo que fue la "destrucción del sistema de salud"."2.5, ¿por qué? Porque gobernar no es gritar, gobernar es responder. Y lo único que ha hecho ese Gobierno es ponerle un canasto a una mano de nadie que existen en este país, porque eso, eso sí no se lo puede quitar a Petro, ser específico y decir que somos un país de nadie", agregó.¿Hay algo bueno del Gobierno Petro?Oviedo destacó iniciativas que, en su concepto, merecen continuidad. Mencionó el programa Caminos Comunitarios para la Paz, que atribuyó a una construcción previa de dos gobiernos anteriores y que considera una herramienta eficaz al involucrar a las juntas de acción comunal en pequeñas obras civiles.También resaltó el artículo de finanzas abiertas incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual, según explicó, permitiría avanzar hacia la portabilidad de la historia financiera de los ciudadanos y fortalecer el ecosistema fintech. Sin embargo, lamentó que no se haya reglamentado de manera eficiente. Para Oviedo, regular adecuadamente instrumentos como Bre-B —sistema de pagos inmediatos— podría ayudar a formalizar actividades económicas informales y ofrecer crédito competitivo frente al “gota a gota”, al que calificó como una señal de extorsión y financiamiento ilegal.“La mayoría de personas queremos hacer la tarea y estamos esperando un gobierno que no ponga trabas”, concluyó.
Sobre las 9:00 de la noche de este lunes, 9 de febrero, se registró un fuerte accidente de tránsito en el Alto de La Línea a la altura del Sector de Itaic en el municipio de Cajamarca el cual obligó al cierre total en ambos sentidos para esta vía nacional y no tomar esta zona mientras se hacen las labores competentes.En imágenes se pudo registrar cómo los cinco vehículos quedaron destruidos, los cuales fueron: dos motocicletas, un tracto camión, un tracto camión cisterna y una turbo, de las cuales se desconoce el estado de las personas que se movilizaban en cada uno de estos.“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para que tomen como vía alterna el corredor Fresno y transiten con máxima precaución, teniendo en cuenta el aumento del flujo vehicular y las condiciones propias de la ruta. Asimismo, se insiste en mantener la calma, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones de las autoridades mientras se restablece la movilidad.Si bien hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente y no han confirmado alguna víctima fatal, en la zona se adelanta la investigación para determinar la gravedad y si se registra alguna muerte, o solamente heridos y daños materiales.En desarrollo.
La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá mañana lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C.Según anunció este domingo el equipo de comunicaciones de Machado, la reunión tendrá lugar a las 10:30 hora local (15:30 GMT) en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).La política hará declaraciones a la prensa tras el encuentro, de acuerdo con su equipo.La reunión tiene lugar después de que el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fuese excarcelado tras más de ocho meses de prisión.Esta liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.Desde la captura de Maduro, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.
En medio del complicado panorama que hay por las lluvias en el departamento de Antioquia, la Alcaldía de San Pedro de Urabá acaba de informar que la represa El Caimán estaba en grave riesgo de colapsar debido a una socavación que a esta hora pone en peligro a miles de personas en esta zona del Urabá antioqueño.Las autoridades locales aseguran que los más afectados por un posible daño son los habitantes del corregimiento El Tomate y de las veredas Caimán y Caimán San Pablo, que según las estimaciones preliminares, podrían ser más de 600 familias.Ante la crítica situación, la Alcaldía de San Pedro de Urabá ha hecho un llamado a que todas las personas agua bajo de la represa El Caimán a que evacuen de manera inmediata, antes de que la infraestructura rebose su capacidad y se puede generar una tragedia. Por ello, se dispuso de un albergue temporal en la Institución Educativa San Pablo.En la información dada a conocer por las autoridades locales se lee: "Estamos en manos de Dios, pero debemos cuidar y proteger la vida de nuestras familias", asegurando que el trabajo en territorio avanzan para poder mitigar esta alerta que mantiene en vilo a la zona del Urabá antioqueño.Hay que recordar que esta subregión es la más golpeada por las precipitaciones en Antioquia, dejando hasta el momento un saldo de una persona muerte, más de 9.100 familias afectadas, 13 municipios con declaratoria de calamidad pública y cerca de 8.000 ayudas humanitarias entregadas.
Aunque el Super Bowl LX terminó con derrota para los New England Patriots, el partido dejó una actuación individual que no pasó desapercibida. El colombiano Christian González, esquinero del equipo, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro ante los Seattle Seahawks, gracias a una serie de intervenciones defensivas que mantuvieron con vida a su equipo durante buena parte del juego.El marcador final de 29-13 a favor de Seattle no refleja del todo el impacto que tuvo González en la defensiva secundaria de New England, especialmente en la primera mitad, cuando sus acciones evitaron que el rival ampliara la ventaja en momentos clave.Las atajadas de Christian González que marcaron el Super BowlDesde el inicio del partido, el esquinero colombiano se mostró activo y preciso en la cobertura. En el segundo cuarto, protagonizó una de las jugadas más destacadas del Super Bowl al desviar con una estirada un pase profundo de Sam Darnold que tenía como destino a Rashid Shaheed. La acción frenó un avance peligroso de Seattle y fue una de las más repetidas en las transmisiones del encuentro.Poco antes del descanso, a solo 15 segundos del final del segundo periodo, González volvió a aparecer con una cobertura oportuna en la zona de anotación, desviando un envío dirigido a Jaxon Smith-Njigba, evitando que los Seahawks aumentaran la diferencia antes del entretiempo.En el tercer cuarto, el colombiano volvió a anticiparse a la ofensiva rival al cortar un pase que buscaba a Cooper Kupp, impidiendo que Seattle avanzara hacia la zona de anotación. Ya en el último periodo, repitió el duelo ante el mismo receptor y logró frenar otro intento ofensivo que pudo significar más puntos en contra.¿Qué números tuvo Gonzalez en el Super Bowl?Christian González cerró el Super Bowl con cuatro tackleadas y tres pases defendidos, que reflejan su influencia en una defensiva que logró mantener sin anotaciones de seis puntos a los Seahawks hasta bien entrado el tercer cuarto.Al final del partido, el defensivo destacó el esfuerzo colectivo pese al resultado adverso. “Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos”, afirmó González tras el duelo por el título.La derrota estuvo marcada por la falta de producción ofensiva de los Patriots, que no lograron anotar hasta el inicio del último periodo, una situación que terminó por sepultar las opciones de remontada, pese al buen trabajo defensivo.A sus 23 años, Christian González continúa consolidándose como uno de los defensivos jóvenes más prometedores de la NFL. Fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft 2023, temporada en la que inició de forma destacada antes de sufrir una lesión en el hombro en la semana cuatro, que lo apartó de la lucha por el premio a Novato Defensivo del Año.En 2024 volvió a mostrar regularidad con 59 tackleadas, 11 pases defendidos y dos intercepciones, además de un balón suelto recuperado y una anotación defensiva. Durante la temporada regular 2025, registró 69 tackleadas y 10 pases defendidos, cifras que le valieron su primera selección al Pro Bowl.En su corta carrera en la NFL, Christian González acumula 145 tackleadas, 24 pases defendidos, tres intercepciones, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.
El colombiano Luis Díaz fue la gran figura de la jornada 21 de la Bundesliga, tras marcar un triplete en la goleada 5-1 del Bayern Munich sobre el Hoffenheim, resultado que consolidó el liderato bávaro y lo catapultó en la tabla de goleadores del campeonato alemán.Con sus tres tantos y su participación en los dos penales del partido, Díaz llegó a 13 goles, ubicándose en la segunda posición del ranking de artilleros, solo por detrás del inglés Harry Kane, quien suma 24 goles para el Bayern. El colombiano fue determinante desde los primeros minutos: provocó la expulsión de un rival y forzó dos penas máximas que Kane transformó sin fallo.El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, recuperó su mejor versión después de dos tropiezos consecutivos —un empate ante el Hamburgo y la primera derrota de la temporada frente al Augsburgo—. Con este resultado, los bávaros mantuvieron la presión sobre sus perseguidores y cortaron la racha de cinco victorias seguidas del Hoffenheim.Tabla de goleadores de la Bundesliga (tras la jornada 21)24 goles: Harry Kane (Bayern Munich)13 goles: Luis Díaz (Bayern Munich)11 goles: Deniz Undav (Stuttgart)10 goles: Michael Olise (Bayern Munich), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)9 goles: Amiri (Mainz), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramaric (Hoffenheim)8 goles: Baumgartner (RB Leipzig), Burkardt (Eintracht Fráncfort)7 goles: Amoura (Wolfsburgo), Diomande (RB Leipzig), El Mala (Colonia)El colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras de la temporada en Alemania, aportando desequilibrio, goles y liderazgo ofensivo a un Bayern que apunta claramente al título.Video goles de la tripleta de Luis Díaz
La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores y que será transferido a un régimen de "detención domiciliaria".La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que "las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas" y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase "a un régimen de detención domiciliaria".La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se había llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025."Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa había indicado que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.
En un trabajo de investigación que se extendió por más de nueve meses, la Policía con el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en el Huila a tres presuntos integrantes de la red de apoyo del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Entre los capturados en las diligencias de allanamiento que se cumplieron en los municipios de La Plata y Gigante, se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’ principal cabecilla de adelantar acciones delictivas dentro de esa organización armada ilegal que delinque en el occidente del departamento.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían participado en el atentado terrorista el Jueves santo del 17 de abril del 2025 en el que fue activada una motocicleta con explosivos en inmediaciones de la estación de policía del municipio de La Plata, hecho que les causó la muerte a dos hermanos y dejó heridas a otras 30 personas.“Hoy demostramos que quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos no tendrán refugio ni impunidad”, indicó el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional.Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
La Cámara Colombo Venezolana anunció la elección de Luis Felipe Quintero Suárez como su nuevo presidente ejecutivo, tras una votación unánime de la junta directiva. Exviceministro de Comercio Exterior, Quintero Suárez llegó al cargo con el reto de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre Colombia y Venezuela, en un momento en que ambos países buscan recuperar y dinamizar su relación económica.El nuevo presidente de la Cámara Colombo-Venezolana es economista de la Universidad Nacional, en donde cursó una maestría en Teoría y Política Económica, además, ha ocupado cargos clave en la Embajada de Colombia en Seúl y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y en el Departamento Nacional de Planeación. Su experiencia combina la gestión pública con la promoción de inversiones y la facilitación de negocios internacionales.Luis Felipe Quintero Suárez cuenta con una amplia trayectoria en comercio exterior y relaciones internacionales. Ha sido negociador de acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, y participó activamente en la reapertura de la frontera colombo-venezolana en 2022, impulsando la integración comercial entre ambos países.“Desde la reapertura de la frontera en 2022, el comercio bilateral ha mostrado un crecimiento sostenido. Hoy contamos con un acuerdo vigente de protección de inversiones, otro de preferencias arancelarias y uno de transporte, los cuales brindan certeza jurídica y tienen el potencial de ser capitalizados adecuadamente por los empresarios” afirmó Germán Umaña Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Cámara.Entre los sectores más destacados en el comercio bilateral están los alimentos y bebidas, que entre enero y diciembre de 2025 representaron exportaciones colombianas a Venezuela por más de 1.071 millones de dólares, con un crecimiento del 6,8 %.Desde la reapertura de los puentes fronterizos en Norte de Santander y Arauca en 2022, la relación comercial entre Colombia y Venezuela ha crecido de manera constante. Con el nuevo presidente, la Cámara espera fortalecer la integración regional, generar empleo, estimular la inversión y beneficiar tanto a empresarios como a ciudadanos de ambos países.
El inicio de 2026 mostró un comportamiento positivo en el transporte de pasajeros y carga en los proyectos concesionados del país. Según el balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante enero se registró un crecimiento del 15 % en el número de pasajeros y del 23 % en la movilización de carga, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que evidencia una recuperación sostenida del sector transporte.En los aeropuertos concesionados, un total de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga fueron movilizados durante el primer mes del año. El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá concentró la mayor parte del registro de esta operación, transportando más de 2.096.054 de pasajeros y 89.260 toneladas de carga, alcanzando la cifra más alta registrada en la última década para este tipo de mercancía.Por su parte, el transporte férreo también presentó resultados positivos. Los corredores La Dorada–Chiriguaná, Bogotá–Belencito y el Tren del Atlántico movilizaron cerca de 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, permitiendo que se diera la reactivación del sistema ferroviario convirtiéndose en una opción que se posesiona como una alternativa clave para la logística y la conectividad del país.Según registro de la ANI, en los últimos tres años se han destinado más de 578.000 millones de pesos al mantenimiento y mejoramiento de la red férrea, así como a la ampliación y modernización de varios aeropuertos como: El Dorado (Bogotá), Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso Bonilla (Palmira) y Los Garzones (Montería), entre otros, acciones que buscan fortalecer la competitividad, el desarrollo económico y un sistema de transporte más eficiente y sostenible.El sector busca que por medio de estas mejoras se materialice una reducción de la pobreza y a la par se evidencie una transición energética y el desarrollo económico a través de los diferentes proyectos concesionados.
Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.
Finalmente, se llevó a cabo el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia este lunes, 9 de febrero de 2026, en Noticias Caracol; allí, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón expusieron sus ideas a los colombianos para ser elegidos el 8 de marzo para la carrera a la presidencia.De acuerdo por un análisis realizado por Noticias Caracol, de la mano de la inteligencia artificial, ni salud ni trabajo fueron los temas más hablados, sino que la palabra que más se debatió fue ‘gobierno’ y en 20 oportunidad la usaron para referirse a la administración actual del presidente Gustavo Petro.De acuerdo con el analista político Gabriel Cifuentes, son “pocas menciones” para un debate de hora y media de duración, que, además, sirvió conectó a la audiencia al ver que más allá de una crítica al Gobierno actual fue una conversación de propuestas que era lo que más se necesitaba.Estas fueron las palabras y temas más mencionados en el debateGobierno.Seguridad.Cambio.Salario y trabajo.Unir y diferencia.Estas palabras fueron las más usadas para tratar temas de gran interés público, según Cifuentes. Según la IA, existe cierta relación en estos y todo va de la mano a los siguientes puntos:Rechazo al modelo de estado intervencionista.Oposición a la paz total.El ministro de Defensa no deber ser un militar activo.Salario y trabajo.Apertura a la inversión china.Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia buscarán, según Cifuentes, en hacer un trabajo profundo para mejorar la seguridad y trabajo de relaciones internacionales, además de alternativas para fortalecer la economía del país y potenciar la educación nacional desde reformas estructurales.Durante el debate cada uno expuso el porqué deben votar por ellos y qué traerán para Colombia en caso de ser elegidos. Conozca a profundidad el análisis de los temas tratados con expertos de Noticias Caracol aquí:
El presidente Gustavo Petro envió una carta a la Corte Constitucional solicitando levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 para poder actuar, según el, con mayor rapidez frente a la emergencia humanitaria causada por fenómenos climáticos extremos en Córdoba, Sucre y otras regiones.En el documento, la Presidencia argumenta que la situación se ha agravado desde que el decreto fue suspendido: al menos 14 personas han muerto, más de 9.000 viviendas han sido destruidas, cerca de 50.000 familias (unas 300.000 personas) resultaron afectadas y más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares. Advierte además del riesgo de hambruna y de nuevos frentes fríos que podrían empeorar la crisis.También señala que no se trata de un debate político o ideológico, sino de una urgencia humanitaria que exige decisiones inmediatas. Y agrega que la decisión de la Corte limita la capacidad de respuesta del Estado, por lo que pide habilitar de nuevo las herramientas excepcionales del decreto.Cabe mencionar que la Corte Constitucional había suspendido provisionalmente los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada el 29 de enero de 2026 por votación 6–2; sin embargo, para ese momento la Presidencia tampoco solicitó una prórroga de tal decreto, aunque tenía 30 días para hacerlo.
El exregistrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que evalúe una actuación en la que asegura que el Pacto Histórico y la Registraduría habrían incumplido una orden de la autoridad electoral al reorganizar las listas al Congreso presentadas por ese movimiento político.Es importante recordar que el CNE revocó la inscripción de listas a la Cámara de Representantes presentadas por el Pacto Histórico en las circunscripciones de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional.Esas listas se presentaron en coalición entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, y lo que ordenó el CNE fue volver a hacer la inscripción de manera individual. Por eso, Farfán considera que se desconoció la orden de la autoridad electoral.“El día 8 de febrero de 2026, el movimiento político Pacto Histórico acudió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y adelantó una actuación presentada como ‘modificación’ de la inscripción, consistente en la reinscripción de la totalidad de los mismos candidatos, ahora exclusivamente a nombre del movimiento político Pacto Histórico, excluyendo de manera absoluta al movimiento político Colombia Humana. Dicha actuación fue permitida por la RNEC, contraviniendo su deber legal contemplado en los artículos 28 al 32 de la Ley 1475 de 2011 y pese a que no da cumplimiento material a las decisiones de revocatoria adoptadas por el Consejo Nacional Electoral”, dice el documento radicado por Farfán.El abogado y exregistrador considera que haber hecho la inscripción de las listas de esa manera debe llevar a un resultado equivalente al que se dio la primera vez, cuando se revocaron las listas.Por eso, pide al CNE que declare que la Registraduría y el Pacto Histórico incumplieron la orden de la autoridad electoral.“Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo y material de dichas decisiones. Iniciar procedimiento sancionatorio contra los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana, por las acciones reiteradas que se encuadran dentro de la falta consagrada en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011”, solicita Farfán al CNE en el documento.
El equipo jurídico del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien además fue exgerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, emitió un comunicado en el que aclaró que, hasta el momento, no ha recibido notificación formal alguna sobre una citación a audiencia de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación.“La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, señaló la defensa de Roa.Este pronunciamiento se da luego de que en varios medios de comunicación circulara información sobre una presunta decisión del ente investigador de imputarle cargos a Roa por supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y con la adquisición del apartamento 901.Finalmente, el comunicado señala que Ricardo Roa ha mantenido una actitud de respeto frente a las instituciones y que ha atendido oportunamente todos los requerimientos de las autoridades. En ese sentido, reiteraron su disposición de colaborar con la justicia durante todo el desarrollo del proceso.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reveló evidencia técnica que muestra un sobrepaso sostenido de los niveles máximos permitidos en el embalse de Urrá I desde 2020, lo que motivó el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la empresa operadora Urrá S.A. E.S.P.El seguimiento, realizado por equipos especializados en componentes hidrológicos e hidráulicos, identificó un patrón recurrente de incumplimiento de la Curva Guía Máxima, que define el volumen seguro del embalse para responder ante crecientes.De acuerdo con la entidad, en 2024 cerca del 20 % de las mediciones registraron incumplimientos. Durante 2025 la situación se mantuvo y, en el segundo semestre de ese año, la superación de los límites alcanzó el 30,6 % del tiempo evaluado. La Anla precisó que, según sus conceptos técnicos, estos sobrepasos obedecen principalmente a decisiones operativas y no a contingencias excepcionales por fenómenos climáticos.La ANLA señaló que esta condición contribuyó a la saturación hídrica del embalse y a la posterior descarga de aguas, en un contexto que coincidió con la emergencia registrada en Córdoba. La directora de la Anla, Irene Vélez Torres, afirmó que la entidad mantiene monitoreo permanente sobre los embalses del país y reiteró a los operadores la obligación de activar de manera oportuna sus planes de emergencia y contingencia, especialmente ante escenarios de riesgo para las comunidades cercanas.
Colombia recuperará en 2026 uno de los puentes festivos más simbólicos de su calendario. Luego de varios años sin este día feriado como fin de semana largo, la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio, volverá a convertirse en puente, un hecho que no ocurría desde 2019, antes de la pandemia. La confirmación ya figura en el calendario oficial de festivos y despertó expectativas entre trabajadores y sectores económicos que tradicionalmente se dinamizan durante estas fechas.El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias planean con anticipación viajes y descansos, ante el regreso de un puente que representa un impulso para el turismo, el comercio y el transporte, actividades que suelen registrar mayor movimiento en estas temporadas.Día de la Independencia vuelve a ser puente festivo en 2026La razón detrás del regreso de este festivo está en el calendario. En 2026, el 20 de julio caerá un lunes, lo que permite que el Día de la Independencia se convierta automáticamente en un puente festivo, sin necesidad de traslado. Esta situación se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, cuyo objetivo es concentrar los festivos al inicio de la semana para incentivar el descanso y la actividad turística y económica del país.Este escenario no se presentaba desde hace siete años, cuando en 2019 la fecha también coincidió con un lunes. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o durante fines de semana, lo que le restó atractivo turístico a la fecha.Siete años sin puente por el 20 de julio en ColombiaLa última vez que los colombianos disfrutaron de un puente completo por el Día de la Independencia fue en 2019. Entre 2020 y 2025, la fiesta patria cayó en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, lo que redujo su impacto festivo a una sola jornada.Por eso, el regreso del puente en 2026 tiene un valor especial. Representa la vuelta de una tradición que históricamente ha marcado los tiempos de descanso de muchas familias colombianas y ha impulsado una mayor participación ciudadana en los actos conmemorativos.Festivos y puentes confirmados en Colombia para 2026El calendario de 2026 contará con varios puentes a lo largo del año, entre ellos el del 20 de julio. Estas son algunas de las fechas clave confirmadas:12 de enero: Reyes Magos (puente).23 de marzo: San José (puente).18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente).8 de junio: Corpus Christi (puente).15 de junio: Sagrado Corazón (puente).20 de julio: Día de la Independencia (puente).12 de octubre: Día de la Raza (puente).16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).Con este panorama, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para el descanso y la reactivación económica, marcado por el regreso de un puente que muchos colombianos esperaban desde hace años.
Mientras que, producto de la vacancia judicial, la Corte Constitucional inició hasta este martes 13 de enero de 2026 el estudio del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declara el estado de emergencia económica y social, el debate de este decreto sigue estancado en el Congreso de la República.Aunque desde sectores de oposición se buscó adelantar un debate de control político a todos los ministros el pasado 29 de diciembre en la plenaria del Senado, ningún integrante del gabinete se hizo presente, argumentando que se debía permitir responder el cuestionario de 26 preguntas, con fecha límite del 31 de diciembre.Sin embargo, según datos entregados por la Secretaría del Senado a BLU Radio, el pasado 31 de diciembre, 13 de los 17 ministerios presentaron una solicitud de prórroga para entregar la respuesta a este cuestionario, argumentando en varios oficios la necesidad de terminar de compilar la información por parte de las distintas dependencias del gabinete nacional.Pero llama la atención que el pasado 9 de enero, 10 de los 17 ministerios solicitaron nuevamente una prórroga para responder dicho cuestionario, lo que retrasa aún más la posibilidad de llevar a cabo el debate de control político.El senador de Cambio Radical y citante del debate, Carlos Fernando Motoa, criticó esta dilación por parte del Gobierno y recordó que, luego de que no se pudiera realizar el control político al decreto el 29 de diciembre, presentó una solicitud a la mesa directiva del Senado para convocar nuevamente a la plenaria de forma extraordinaria, solicitud en la que insistió este martes 13 de enero.“El control político no es un ‘favor’ que el Gobierno Nacional le hace al @SenadoGovCo, es una OBLIGACIÓN que continúa eludiendo (de diferentes maneras). Por eso, vengo insistiendo en la necesidad de realizar el debate por la declaratoria de la inconstitucional e INCONVENIENTE emergencia económica... porque no puede ser que estén manejando impuestos vía decreto sin rendir cuentas ni ofrecer ningún tipo de explicación”, señaló Motoa en su cuenta de X el pasado 5 de enero.El senador y cabeza de lista de Cambio Radical aseguró que, ante estas dilaciones, presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra todos los ministros del gabinete por no responder en el tiempo que establece la ley.
La muerte de Beatriz González dejó un vacío profundo en el arte colombiano. La artista plástica, considerada una de las creadoras más influyentes del país, falleció el pasado viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años, tras una vida dedicada a observar, interpretar y retratar la historia reciente de Colombia desde el arte.Este martes 13 de enero, en Mañanas Blu, la escritora y columnista Yolanda Reyes, amiga cercana de la artista, habló sobre su legado y recordó la dimensión humana y creativa de González. “Nunca terminaremos de extrañarla”, dijo, al referirse a la huella que deja una obra que acompañó al país durante décadas.¿Por qué Beatriz González transformó el arte colombiano?Reyes explicó que Beatriz González fue una figura que rompió con las formas tradicionales del arte. “Cuando le dicen la maestra, estamos pensando en una figura indiscutiblemente rompedora en el arte moderno y contemporáneo”, señaló. Destacó que nunca se acomodó a una fórmula que funcionara, sino que exploró distintas posibilidades a lo largo del tiempo.Su trabajo dialogó con lo popular, lo kitsch y la prensa escrita, y se caracterizó por el uso del color, el humor y la crítica. “Tenía el arrojo para burlarse de presidentes en ejercicio”, afirmó Reyes, al recordar cómo González se atrevió a cuestionar el poder desde el arte, sin solemnidad y con ironía.La memoria del país, vista desde su obraUno de los ejes centrales de su trabajo fue la memoria colectiva. Reyes recordó piezas emblemáticas como Los suicidas del Sisga y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista puso el foco en las víctimas anónimas del conflicto y la violencia.“De los poderosos se burlaba y de las almas anónimas las rescataba”, explicó, al destacar cómo González transformó recortes de periódicos en un archivo visual que da cuenta de los dolores, las contradicciones y las historias que marcaron al país durante más de medio siglo.El legado de Beatriz González como maestra y formadoraAdemás de su obra, Reyes resaltó la vocación pedagógica de la artista. Habló de su paso por la Escuela de Guías, de su trabajo con jóvenes y de su interés por formar públicos y fortalecer museos. “Ella decía que en el arte hay que repetir, repetir y repetir”, recordó.Para quienes la conocieron, Beatriz González no solo deja una obra imprescindible, sino una manera de mirar a Colombia que seguirá viva en la memoria cultural del país.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención de "liberar" al Caribe y al Eje Cafetero de los cobros de peajes ha generado una fuerte sacudida en el sector de infraestructura y dudas sobre la sostenibilidad financiera de las vías en la región. Mientras el Gobierno busca acelerar la salida de los privados, representantes regionales y expertos advierten sobre los riesgos jurídicos y los costos de mantenimiento que el Estado tendría que asumir. ANI evalúa terminación anticipada de Autopistas del Café.Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la concesión de la autopista Armenia-Pereira-Manizales, vigente desde 1997, tiene como fecha de vencimiento natural el 1 de febrero de 2027. No obstante, ante el pronunciamiento presidencial, la ANI está realizando revisiones de índole contractual para determinar si es posible una terminación anticipada dentro del marco legal."Ante esta situación estamos haciendo todas las revisiones del caso de índole contractual para poder avanzar con la mayor prontitud y evitarle al Estado un daño", indicó Uparela.Mientras tanto, el congresista Octavio Cardona centró su intervención en la sostenibilidad financiera de las vías y en la claridad del anuncio presidencial."Nada alegraría más la vida de los colombianos que no tener que pagar peajes, pero yo tengo un par de preguntas. Si la solución es quitar los peajes ¿quién le garantiza a la región 150.000 millones de pesos que vale el mantenimiento de 191 kilómetros de vía?. El problema no es quitar los peajes, esa es una bendición, el problema es la plata que vale el mantenimiento de las vías", afirmó el congresista cuestionando de dónde saldrán esos recursos en un país con un panorama fiscal complejo. Además, alertó que, si los peajes pasan a manos de Invías y no se eliminan, el dinero podría dejar de invertirse en la región para centralizarse en Bogotá, mencionando que en el pasado, fondos de Invías se han desviado a gastos ajenos a las vías, como el mantenimiento de flotas de las fuerzas armadas."Por ley la plata de cualquier concesión se reinvierte en el área objeto del recaudo. La del Invías va a Bogotá", expresó. Escuche la entrevista aquí: