Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia como Primer Suplente de Presidente de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., cargo al que fue nombrado el 28 de mayo de 2025. Esto no significa su salida de la empresa, sino del cargo.La decisión se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal que afecta a Córdoba. Anoche en el consejo de ministros el presidente dijo que entre 2020 y 2024 la hidroeléctrica Urrá habría superado los volúmenes máximos permitidos pese a los reiterados llamados y estudios técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La renuncia fue solicitada directamente por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Tiene fecha del 10 de febrero porque hoy se reúne la junta directiva de la empresa.En su carta de renuncia, Acevedo explicó que actuó con reflexión personal, institucional y ética, y que su salida busca evitar que su permanencia desvíe la atención de la emergencia y la estabilidad de la empresa.“No es mi intención polemizar ni confrontar al señor Presidente… considero que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”, indicó Acevedo.Juan Acevedo Rocha, había asegurado en diálogo con Mañanas BLU que no iba a renunciar porque hacerlo era aceptar las acusaciones del presidente Petro. Ahora, Acevedo resaltó en su carta de renuncia que su gestión siempre se desarrolló conforme a la ley, la normativa ambiental y los principios de ingeniería, y agradeció a la junta directiva y al personal de la compañía por su confianza. Asimismo, expresó su disposición a colaborar en el proceso de transición y empalme, garantizando una continuidad ordenada de las operaciones de Urrá.
La propuesta de que el presidente Gustavo Petro pueda aspirar a la Vicepresidencia volvió al debate público tras ser mencionada por el precandidato Roy Barreras. Pero, ¿es jurídicamente posible? Para el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, la respuesta es tajante: no. “No importa qué partido la proponga, la respuesta es la misma: no se puede. Para eso necesitarían una reforma a la Constitución”, afirmó en entrevista con Recap Blu.Gaona explicó que la prohibición no es un asunto de interpretación ambigua, sino que está expresamente consagrada en el artículo 197 de la Constitución, reforzado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que estableció que “bajo ningún título” quien haya ejercido la Presidencia puede volver a ocupar ese cargo. Según el constitucionalista, esa expresión —“cualquiera que sea el título”— fue interpretada por la Corte Constitucional para incluir tanto la reelección directa como fórmulas indirectas o “disfrazadas”, como sería llegar al poder desde la Vicepresidencia.El experto recordó que la historia constitucional colombiana ha sido clara frente a los riesgos de la concentración del poder. Desde los tiempos de Bolívar y Santander, pasando por las tensiones del siglo XIX y las reformas del siglo XX, el país ha experimentado las consecuencias de permitir continuidades prolongadas. "Es simplemente una expresión de la voluntad del Gobierno y no de la voluntad popular real. Por ende, esa reforma constitucional en un año de elecciones, a 3 meses de que se cambie el gobierno, pues no es solamente ilusorio e inconveniente, sino es abiertamente inconstitucional", afirmó Gaona.En términos prácticos, Gaona sostuvo que permitir la candidatura implicaría someter al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Corte a un desgaste innecesario. Para el jurista, el debate no es ideológico ni partidista, sino estructural: o la política se somete a la Constitución, o la Constitución se acomoda a la política. “En el primer caso es democracia; en el segundo, dictadura constitucional. La Constitución es expresa y clara, aquí no hay lugar a interpretación”, advirtió.Así las cosas, para Gaona, bajo las reglas actuales, la posibilidad de que el presidente Petro sea candidato a la Vicepresidencia no tiene sustento jurídico. Cualquier intento en esa dirección chocaría de frente con la Constitución del país.
Dos motocicletas y tres camiones quedaron destruidos tras un fuerte accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de este lunes, 9 de febrero. El incidente se dio en el sector de Cajamarca en el Alto de la Línea, que, según el reporte preliminar, dejó lesionados.Un video, compartido por las autoridades, mostró el momento exacto en que produjo este fatal accidente en esta importante vía del país. Fue en una zona en donde el corredor se convierte de un solo carril a raíz de arreglos en este punto y mientras los vehículos avanzan lentamente, una tractomula llega a toda velocidad e impacta a una llevándose por delante al resto.Asimismo, un vehículo salió ileso por muy poco de este accidente, pues pasaron a su lado y, por fortuna, no quedó envuelto en este trágico hecho que, si bien no se han confirmado víctimas fatales, personas en la zona aseguran que sí se habría presentado alguna.“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.Al igual en este video se pudo ver que, al parecer, el tractocamión no intentó frenar y podría haberse presentado algún tipo de fallo que no le permitió reaccionar adecuadamente. En imágenes se pudo ver cómo los vehículos quedaron en total destrucción, mientras que en la zona llegaron las autoridades para determinar a fondo lo que sucedió en este punto del Alto de la Línea.
En medio del escenario electoral, Juan Daniel Oviedo se refirió en entrevista con Recap Blu a la propuesta de Roy Barreras de que el presidente Gustavo Petro sea fórmula vicepresidencial en 2026. Para el exdirector del Dane, esa idea alimenta una narrativa peligrosa.“Es querer prolongar ese sentimiento de que Colombia necesita un mesías, y que Petro es un mesías. Y a mí no me parece que Petro sea un mesías”, afirmó.Oviedo afirmó que la eventual candidatura de Petro como vicepresidente “está permitida por la ley y la Constitución”, pero cuestionó el trasfondo político de la propuesta. A su juicio, el actual mandatario “tuvo la oportunidad de hacerlo bien y no le salió tan bien”, por lo que insistió en que el país debería buscar alternativas que permitan “hacerlo mejor”, en lugar de apostarle a una figura salvadora que concentre las expectativas nacionales.En ese sentido, el exdirector del Dane dio una baja calificación al Gobierno Petro por lo que ha realizado durante esta administración, incluyendo, según él, lo que fue la "destrucción del sistema de salud"."2.5, ¿por qué? Porque gobernar no es gritar, gobernar es responder. Y lo único que ha hecho ese Gobierno es ponerle un canasto a una mano de nadie que existen en este país, porque eso, eso sí no se lo puede quitar a Petro, ser específico y decir que somos un país de nadie", agregó.¿Hay algo bueno del Gobierno Petro?Oviedo destacó iniciativas que, en su concepto, merecen continuidad. Mencionó el programa Caminos Comunitarios para la Paz, que atribuyó a una construcción previa de dos gobiernos anteriores y que considera una herramienta eficaz al involucrar a las juntas de acción comunal en pequeñas obras civiles.También resaltó el artículo de finanzas abiertas incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual, según explicó, permitiría avanzar hacia la portabilidad de la historia financiera de los ciudadanos y fortalecer el ecosistema fintech. Sin embargo, lamentó que no se haya reglamentado de manera eficiente. Para Oviedo, regular adecuadamente instrumentos como Bre-B —sistema de pagos inmediatos— podría ayudar a formalizar actividades económicas informales y ofrecer crédito competitivo frente al “gota a gota”, al que calificó como una señal de extorsión y financiamiento ilegal.“La mayoría de personas queremos hacer la tarea y estamos esperando un gobierno que no ponga trabas”, concluyó.
La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá mañana lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C.Según anunció este domingo el equipo de comunicaciones de Machado, la reunión tendrá lugar a las 10:30 hora local (15:30 GMT) en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).La política hará declaraciones a la prensa tras el encuentro, de acuerdo con su equipo.La reunión tiene lugar después de que el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fuese excarcelado tras más de ocho meses de prisión.Esta liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.Desde la captura de Maduro, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.
En medio del complicado panorama que hay por las lluvias en el departamento de Antioquia, la Alcaldía de San Pedro de Urabá acaba de informar que la represa El Caimán estaba en grave riesgo de colapsar debido a una socavación que a esta hora pone en peligro a miles de personas en esta zona del Urabá antioqueño.Las autoridades locales aseguran que los más afectados por un posible daño son los habitantes del corregimiento El Tomate y de las veredas Caimán y Caimán San Pablo, que según las estimaciones preliminares, podrían ser más de 600 familias.Ante la crítica situación, la Alcaldía de San Pedro de Urabá ha hecho un llamado a que todas las personas agua bajo de la represa El Caimán a que evacuen de manera inmediata, antes de que la infraestructura rebose su capacidad y se puede generar una tragedia. Por ello, se dispuso de un albergue temporal en la Institución Educativa San Pablo.En la información dada a conocer por las autoridades locales se lee: "Estamos en manos de Dios, pero debemos cuidar y proteger la vida de nuestras familias", asegurando que el trabajo en territorio avanzan para poder mitigar esta alerta que mantiene en vilo a la zona del Urabá antioqueño.Hay que recordar que esta subregión es la más golpeada por las precipitaciones en Antioquia, dejando hasta el momento un saldo de una persona muerte, más de 9.100 familias afectadas, 13 municipios con declaratoria de calamidad pública y cerca de 8.000 ayudas humanitarias entregadas.
La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad difundieron un cartel con los rostros de cuatro criminales, al parecer integrantes del grupo delincuencial conocido como los ‘Pumas’, señalados de participar en una estructura dedicada al hurto organizado de carros de alta gama y vehículos usados para plataformas digitales.Según las investigaciones, los cuatro hombres son buscados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Cada uno tendría un rol definido dentro de la estructura criminal, lo que les permitió ejecutar los robos de manera coordinada y violenta en diferentes puntos de la ciudad.Entre los señalados está alias ‘Sebas’, quien es el encargado de planear y coordinar los hurtos; alias ‘Salado’, quien tiene la responsabilidad de la movilidad y del traslado de los vehículos robados, que eran llevados a centros comerciales o viviendas para evitar su rastreo; alias ‘Velandia’, quien abordaba directamente a las víctimas, utilizando armas de fuego y agresiones físicas; y alias ‘Ríos’, quien cumplía funciones de vigilancia y seguimiento previo a los robos.En uno de los más recientes golpes contra esta estructura por parte de la Policía, fueron capturados tres de sus presuntos integrantes en operativos realizados en Bogotá y Medellín, mediante órdenes judiciales. De acuerdo con el proceso investigativo, los capturados estarían vinculados a múltiples casos de hurto de vehículos de alta gama. A dos de ellos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los demás integrantes del grupo y piden apoyo ciudadano para ubicar a los señalados. La información puede ser suministrada de forma reservada a la línea 305 766 9226 o al correo mebog.sijin-gid@policia.gov.co.
Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. El dispositivo contempla la protección de 5.537 puestos de votación en todo el territorio nacional y busca prevenir cualquier alteración al orden público durante las jornadas electorales.Con esto, las Fuerzas Militares mantendrán operaciones de control, estabilización y presencia institucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. Este despliegue se desarrolla en coordinación con la Policía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, regional y local.El dispositivo de seguridad cubre la primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones previstas para el 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de que esta última fecha se lleve a cabo. Para el cumplimiento de la misión, las FFMM activaron capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales.Entre los recursos desplegados se encuentran vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, así como un robusto componente de inteligencia militar, orientado a anticipar riesgos y neutralizar amenazas contra el proceso democrático.Como parte del fortalecimiento operacional, el Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y 1.075 infantes de marina de la Armada, para un total de 22.075 hombres y mujeres, lo que incrementa la cobertura y el nivel de alistamiento durante las elecciones.Las Fuerzas Militares precisaron que la dinámica operacional se mantiene con total normalidad y que las unidades no comprometidas directamente con el Plan Democracia continuarán ejecutando operaciones ofensivas permanentes contra los grupos armados organizados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.Adicionalmente, los uniformados participan de manera activa en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, permitiendo la verificación de información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas frente a cualquier eventualidad. Para la ejecución del Plan Democracia, el Gobierno asignó un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos, destinado a garantizar los medios, capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de esta misión constitucional.
Un grupo armado protagonizó un violento asalto contra vehículos de transporte de valores en la supercarretera que conecta Brindisi y Lecce, en el sur de Italia, generando momentos de pánico, disparos y un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió en horas de la mañana, a la altura del enlace vial de Tuturano, donde los delincuentes ejecutaron un plan coordinado para bloquear la vía y atacar dos furgones blindados.Según los primeros reportes, el asalto comenzó cuando los atacantes incendiaron deliberadamente un camión de carga pesada con el objetivo de cerrar completamente ambos sentidos de la carretera. Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo, produciendo una espesa columna de humo negro visible a varios kilómetros, lo que paralizó el tráfico y aisló la zona, creando el escenario perfecto para el robo.Acto seguido, al menos cuatro hombres fuertemente armados —presuntamente con fusiles de asalto— se dirigieron contra los dos vehículos blindados pertenecientes a una empresa de seguridad privada. Testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones mientras los atacantes disparaban contra los furgones para forzar su apertura. Los vigilantes habrían sido obligados a descender de los vehículos antes de que los asaltantes provocaran explosiones para inutilizarlos.La rápida reacción de los carabineros derivó en una persecución que se extendió hasta las inmediaciones de Squinzano. Durante el seguimiento se registró un intercambio de disparos entre los agentes y el comando armado, lo que elevó aún más la tensión. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre heridos graves, aunque las autoridades continúan evaluando la situación.El operativo policial desplegado tras el ataque incluyó cierres viales, inspección del área y la búsqueda de los responsables, quienes lograron huir inicialmente. Las autoridades investigan si el grupo actuó con información previa sobre el traslado de valores, dado el nivel de planificación demostrado.El suceso generó gran preocupación entre conductores y residentes de la zona, que vivieron minutos de incertidumbre ante la violencia del asalto. Las investigaciones siguen en curso para determinar el monto sustraído, identificar a los implicados y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Mientras tanto, la supercarretera fue parcialmente reabierta tras las labores de seguridad y remoción del vehículo incendiado.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Sobre las 9:00 de la noche de este lunes, 9 de febrero, se registró un fuerte accidente de tránsito en el Alto de La Línea a la altura del Sector de Itaic en el municipio de Cajamarca el cual obligó al cierre total en ambos sentidos para esta vía nacional y no tomar esta zona mientras se hacen las labores competentes.En imágenes se pudo registrar cómo los cinco vehículos quedaron destruidos, los cuales fueron: dos motocicletas, un tracto camión, un tracto camión cisterna y una turbo, de las cuales se desconoce el estado de las personas que se movilizaban en cada uno de estos.“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para que tomen como vía alterna el corredor Fresno y transiten con máxima precaución, teniendo en cuenta el aumento del flujo vehicular y las condiciones propias de la ruta. Asimismo, se insiste en mantener la calma, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones de las autoridades mientras se restablece la movilidad.Si bien hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente y no han confirmado alguna víctima fatal, en la zona se adelanta la investigación para determinar la gravedad y si se registra alguna muerte, o solamente heridos y daños materiales.En desarrollo.
En un trabajo de investigación que se extendió por más de nueve meses, la Policía con el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en el Huila a tres presuntos integrantes de la red de apoyo del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Entre los capturados en las diligencias de allanamiento que se cumplieron en los municipios de La Plata y Gigante, se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’ principal cabecilla de adelantar acciones delictivas dentro de esa organización armada ilegal que delinque en el occidente del departamento.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían participado en el atentado terrorista el Jueves santo del 17 de abril del 2025 en el que fue activada una motocicleta con explosivos en inmediaciones de la estación de policía del municipio de La Plata, hecho que les causó la muerte a dos hermanos y dejó heridas a otras 30 personas.“Hoy demostramos que quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos no tendrán refugio ni impunidad”, indicó el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional.Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
La Cámara Colombo Venezolana anunció la elección de Luis Felipe Quintero Suárez como su nuevo presidente ejecutivo, tras una votación unánime de la junta directiva. Exviceministro de Comercio Exterior, Quintero Suárez llegó al cargo con el reto de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre Colombia y Venezuela, en un momento en que ambos países buscan recuperar y dinamizar su relación económica.El nuevo presidente de la Cámara Colombo-Venezolana es economista de la Universidad Nacional, en donde cursó una maestría en Teoría y Política Económica, además, ha ocupado cargos clave en la Embajada de Colombia en Seúl y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y en el Departamento Nacional de Planeación. Su experiencia combina la gestión pública con la promoción de inversiones y la facilitación de negocios internacionales.Luis Felipe Quintero Suárez cuenta con una amplia trayectoria en comercio exterior y relaciones internacionales. Ha sido negociador de acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, y participó activamente en la reapertura de la frontera colombo-venezolana en 2022, impulsando la integración comercial entre ambos países.“Desde la reapertura de la frontera en 2022, el comercio bilateral ha mostrado un crecimiento sostenido. Hoy contamos con un acuerdo vigente de protección de inversiones, otro de preferencias arancelarias y uno de transporte, los cuales brindan certeza jurídica y tienen el potencial de ser capitalizados adecuadamente por los empresarios” afirmó Germán Umaña Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Cámara.Entre los sectores más destacados en el comercio bilateral están los alimentos y bebidas, que entre enero y diciembre de 2025 representaron exportaciones colombianas a Venezuela por más de 1.071 millones de dólares, con un crecimiento del 6,8 %.Desde la reapertura de los puentes fronterizos en Norte de Santander y Arauca en 2022, la relación comercial entre Colombia y Venezuela ha crecido de manera constante. Con el nuevo presidente, la Cámara espera fortalecer la integración regional, generar empleo, estimular la inversión y beneficiar tanto a empresarios como a ciudadanos de ambos países.
El inicio de 2026 mostró un comportamiento positivo en el transporte de pasajeros y carga en los proyectos concesionados del país. Según el balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante enero se registró un crecimiento del 15 % en el número de pasajeros y del 23 % en la movilización de carga, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que evidencia una recuperación sostenida del sector transporte.En los aeropuertos concesionados, un total de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga fueron movilizados durante el primer mes del año. El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá concentró la mayor parte del registro de esta operación, transportando más de 2.096.054 de pasajeros y 89.260 toneladas de carga, alcanzando la cifra más alta registrada en la última década para este tipo de mercancía.Por su parte, el transporte férreo también presentó resultados positivos. Los corredores La Dorada–Chiriguaná, Bogotá–Belencito y el Tren del Atlántico movilizaron cerca de 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, permitiendo que se diera la reactivación del sistema ferroviario convirtiéndose en una opción que se posesiona como una alternativa clave para la logística y la conectividad del país.Según registro de la ANI, en los últimos tres años se han destinado más de 578.000 millones de pesos al mantenimiento y mejoramiento de la red férrea, así como a la ampliación y modernización de varios aeropuertos como: El Dorado (Bogotá), Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso Bonilla (Palmira) y Los Garzones (Montería), entre otros, acciones que buscan fortalecer la competitividad, el desarrollo económico y un sistema de transporte más eficiente y sostenible.El sector busca que por medio de estas mejoras se materialice una reducción de la pobreza y a la par se evidencie una transición energética y el desarrollo económico a través de los diferentes proyectos concesionados.
Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.
Finalmente, se llevó a cabo el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia este lunes, 9 de febrero de 2026, en Noticias Caracol; allí, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón expusieron sus ideas a los colombianos para ser elegidos el 8 de marzo para la carrera a la presidencia.De acuerdo por un análisis realizado por Noticias Caracol, de la mano de la inteligencia artificial, ni salud ni trabajo fueron los temas más hablados, sino que la palabra que más se debatió fue ‘gobierno’ y en 20 oportunidad la usaron para referirse a la administración actual del presidente Gustavo Petro.De acuerdo con el analista político Gabriel Cifuentes, son “pocas menciones” para un debate de hora y media de duración, que, además, sirvió conectó a la audiencia al ver que más allá de una crítica al Gobierno actual fue una conversación de propuestas que era lo que más se necesitaba.Estas fueron las palabras y temas más mencionados en el debateGobierno.Seguridad.Cambio.Salario y trabajo.Unir y diferencia.Estas palabras fueron las más usadas para tratar temas de gran interés público, según Cifuentes. Según la IA, existe cierta relación en estos y todo va de la mano a los siguientes puntos:Rechazo al modelo de estado intervencionista.Oposición a la paz total.El ministro de Defensa no deber ser un militar activo.Salario y trabajo.Apertura a la inversión china.Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia buscarán, según Cifuentes, en hacer un trabajo profundo para mejorar la seguridad y trabajo de relaciones internacionales, además de alternativas para fortalecer la economía del país y potenciar la educación nacional desde reformas estructurales.Durante el debate cada uno expuso el porqué deben votar por ellos y qué traerán para Colombia en caso de ser elegidos. Conozca a profundidad el análisis de los temas tratados con expertos de Noticias Caracol aquí:
El presidente Gustavo Petro envió una carta a la Corte Constitucional solicitando levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 para poder actuar, según el, con mayor rapidez frente a la emergencia humanitaria causada por fenómenos climáticos extremos en Córdoba, Sucre y otras regiones.En el documento, la Presidencia argumenta que la situación se ha agravado desde que el decreto fue suspendido: al menos 14 personas han muerto, más de 9.000 viviendas han sido destruidas, cerca de 50.000 familias (unas 300.000 personas) resultaron afectadas y más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares. Advierte además del riesgo de hambruna y de nuevos frentes fríos que podrían empeorar la crisis.También señala que no se trata de un debate político o ideológico, sino de una urgencia humanitaria que exige decisiones inmediatas. Y agrega que la decisión de la Corte limita la capacidad de respuesta del Estado, por lo que pide habilitar de nuevo las herramientas excepcionales del decreto.Cabe mencionar que la Corte Constitucional había suspendido provisionalmente los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada el 29 de enero de 2026 por votación 6–2; sin embargo, para ese momento la Presidencia tampoco solicitó una prórroga de tal decreto, aunque tenía 30 días para hacerlo.
El exregistrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que evalúe una actuación en la que asegura que el Pacto Histórico y la Registraduría habrían incumplido una orden de la autoridad electoral al reorganizar las listas al Congreso presentadas por ese movimiento político.Es importante recordar que el CNE revocó la inscripción de listas a la Cámara de Representantes presentadas por el Pacto Histórico en las circunscripciones de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional.Esas listas se presentaron en coalición entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, y lo que ordenó el CNE fue volver a hacer la inscripción de manera individual. Por eso, Farfán considera que se desconoció la orden de la autoridad electoral.“El día 8 de febrero de 2026, el movimiento político Pacto Histórico acudió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y adelantó una actuación presentada como ‘modificación’ de la inscripción, consistente en la reinscripción de la totalidad de los mismos candidatos, ahora exclusivamente a nombre del movimiento político Pacto Histórico, excluyendo de manera absoluta al movimiento político Colombia Humana. Dicha actuación fue permitida por la RNEC, contraviniendo su deber legal contemplado en los artículos 28 al 32 de la Ley 1475 de 2011 y pese a que no da cumplimiento material a las decisiones de revocatoria adoptadas por el Consejo Nacional Electoral”, dice el documento radicado por Farfán.El abogado y exregistrador considera que haber hecho la inscripción de las listas de esa manera debe llevar a un resultado equivalente al que se dio la primera vez, cuando se revocaron las listas.Por eso, pide al CNE que declare que la Registraduría y el Pacto Histórico incumplieron la orden de la autoridad electoral.“Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo y material de dichas decisiones. Iniciar procedimiento sancionatorio contra los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana, por las acciones reiteradas que se encuadran dentro de la falta consagrada en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011”, solicita Farfán al CNE en el documento.
El equipo jurídico del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien además fue exgerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, emitió un comunicado en el que aclaró que, hasta el momento, no ha recibido notificación formal alguna sobre una citación a audiencia de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación.“La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, señaló la defensa de Roa.Este pronunciamiento se da luego de que en varios medios de comunicación circulara información sobre una presunta decisión del ente investigador de imputarle cargos a Roa por supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y con la adquisición del apartamento 901.Finalmente, el comunicado señala que Ricardo Roa ha mantenido una actitud de respeto frente a las instituciones y que ha atendido oportunamente todos los requerimientos de las autoridades. En ese sentido, reiteraron su disposición de colaborar con la justicia durante todo el desarrollo del proceso.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reveló evidencia técnica que muestra un sobrepaso sostenido de los niveles máximos permitidos en el embalse de Urrá I desde 2020, lo que motivó el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la empresa operadora Urrá S.A. E.S.P.El seguimiento, realizado por equipos especializados en componentes hidrológicos e hidráulicos, identificó un patrón recurrente de incumplimiento de la Curva Guía Máxima, que define el volumen seguro del embalse para responder ante crecientes.De acuerdo con la entidad, en 2024 cerca del 20 % de las mediciones registraron incumplimientos. Durante 2025 la situación se mantuvo y, en el segundo semestre de ese año, la superación de los límites alcanzó el 30,6 % del tiempo evaluado. La Anla precisó que, según sus conceptos técnicos, estos sobrepasos obedecen principalmente a decisiones operativas y no a contingencias excepcionales por fenómenos climáticos.La ANLA señaló que esta condición contribuyó a la saturación hídrica del embalse y a la posterior descarga de aguas, en un contexto que coincidió con la emergencia registrada en Córdoba. La directora de la Anla, Irene Vélez Torres, afirmó que la entidad mantiene monitoreo permanente sobre los embalses del país y reiteró a los operadores la obligación de activar de manera oportuna sus planes de emergencia y contingencia, especialmente ante escenarios de riesgo para las comunidades cercanas.