De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia de atención reforzada para acompañar a las comunidades afectadas. La entidad desplegó 14 Unidades Móviles en nueve municipios, integradas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas que brindan atención directa, apoyo emocional y orientación a las familias. Este operativo se complementa con el uso de 18 vehículos institucionales para facilitar la llegada de la ayuda a las zonas priorizadas.Como parte de la respuesta en seguridad alimentaria, el ICBF dispuso 136.800 unidades de Bienestarina líquida y cerca de 1,3 toneladas de Bienestarina en polvo, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños, niñas y sus cuidadores. Además, la entidad ha garantizado la entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos en 23 municipios priorizados y programó el envío de más de 19 toneladas adicionales al municipio de Tierralta.Con estas acciones, el respaldo nutricional alcanza cerca de 60 toneladas de ayuda, en una intervención sostenida que busca proteger a la niñez y apoyar a las familias en medio de la contingencia. El ICBF señaló que mantendrá la presencia institucional en el territorio para asegurar la continuidad de la atención integral durante la emergencia.
La Oficina de Gestión del Riesgo informó que las lluvias del fin de semana dejan emergencias en 13 municipios del Huila con deslizamientos de tierra en vías rurales, viviendas averiadas e inundadas por desbordamientos de fuentes hídricas, puentes vehiculares colapsados y cultivos de café destruidos.De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de La Plata se desbordó la quebrada La Azufrada y dejó más de cien viviendas inundadas en el barrio San Antonio con, al menos, 50 familias damnificadas quienes perdieron todos sus enseres, situación que obligó al alcalde municipal declarar la calamidad pública.“Tenemos afectaciones por vías terciarias obstruidas en los municipios de Oporapa y Saladoblanco, por inundaciones tenemos al menos 50 familias damnificadas en el municipio de La Plata, también tenemos emergencias en el municipio de Timaná donde colapsó el sistema de alcantarillado y dejó más de 20 viviendas inundadas y 10 locales de comercio en el casco urbano”, dijo Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Atención de Desastres del Huila.Asimismo, los municipios de Saladoblanco, Elías, Íquira, Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante han reportado múltiples deslizamientos de tierra que han generado cierres totales y parciales en vías departamentales y terciarias, afectando la movilidad de las comunidades campesinas. En Pitalito, varias viviendas resultaron afectadas por vendavales.Emergencias en La Plata, HuilaLa alcaldía municipal declaró la calamidad pública a raíz de las graves emergencias que provocaron el desbordamiento de las quebradas La Azufrada y Museñas, dejando más de 50 familias damnificadas con pérdida total de enseres y varios vehículos afectados por las inundaciones.El alcalde Camilo Ospina, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Huila, los cuerpos de Bomberos de varios municipios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, adelantaron el respectivo censo de las familias afectadas, viviendas averiadas tanto urbanas como rurales y un puente destruido por desbordamiento de la quebrada Museñas.Entre tanto, la administración municipal, con la ayuda del Gobernación del Huila, el sector comercio y entidades privadas entregaron alimentos y ayudas de primera necesidad como colchonetas, frazadas, cobijas, ropa a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.Balance de emergencias 2026 en HuilaEn lo que va corrido del año 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro de los municipios, reportan 117 familias damnificadas, 135 viviendas urbanas y rurales averiadas, tres sedes educativas afectadas, 99 deslizamientos de tierras en vías principales y terciarias.Según reporte del Ideam, en el Huila los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Paicol, Rivera, Guadalupe, Agrado, Saladoblanco, Elías, se encuentran en alerta roja por eventuales emergencias y deslizamientos de tierra, mientras que, en alerta naranja, están: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Nátaga, Palestina, Pital, Pitalito, San Agustín, Teruel, Tesalia, Yaguará e Íquira.
La emergencia por lluvias en el Urabá antioqueño está poniendo a prueba el traslado de pacientes vía terrestre. Con vías inundadas, derrumbes y municipios incomunicados, la Secretaría de Salud de Antioquia decretó alerta naranja y activó un plan especial para garantizar la atención médica, también ante las dificultades de transitar por las inundaciones.La secretaria de esa dependencia, Marta Cecilia Ramírez, explicó que el mayor reto ha sido el colapso de las vías, lo que ha obligado a coordinar cambios de ambulancia en carretera, habilitar trayectos alternos y, en los casos más complejos, gestionar evacuaciones aéreas. De hecho, algunos pacientes han sido trasladados en helicóptero desde zonas donde el acceso terrestre es imposible.Ramírez indicó que las remisiones se han realizado hacia Montería, Medellín y otros municipios con capacidad hospitalaria, de acuerdo con información del DAGRAN y el Puesto de Mando Unificado."Con el proyecto Contigo, que es el de Telesalud, hemos acompañado mucho a los médicos en el territorio para que resuelvan allí y no tengan que trasladar a los pacientes. Pero aquellos que se han trasladado, a veces hay que hacer transbordos de ambulancias, hay que buscar vías alternas. Hemos tenido que sacar pacientes en helicóptero de los sitios donde se puede, o sea, ha habido que hacer una logística donde haya afectación de las vías, pues, como lo he dicho ya, ha habido que buscar circulación alterna", detalló.Aunque no se registran lesionados directos por las emergencias invernales, el riesgo sanitario crece por enfermedades respiratorias, diarreicas, proliferación de vectores y accidentes ofídicos, en medio de las más de 9.000 familias damnificadas y varias instaladas en albergues.Ramírez aseguró que no hay suspensión de servicios hospitalarios, pese a afectaciones como la inundación recurrente del hospital de Murindó y daños menores en la sala de partos de San Pedro de Urabá. También se analiza la posibilidad de implementar ambulancia acuática para municipios con acceso fluvial."No ha habido suspensión de servicios. La afectación, como siempre, Murindo, que es un hospital que se inunda. Murindó, como municipio, tiene una orden de traslado que se viene trabajando desde hace varios años, que hay que concertar con la comunidad. Ese hospital siempre se inunda. Sus planes de contingencia ya están adaptados para eso, pero vamos a mirar cómo se le ayuda. Ha dispuesto el gobernador realmente en esta emergencia, que miremos la posibilidad de tener desde la Gobernación, ambulancia acuática que le pueda prestar servicio a todos estos territorios cuando haya dificultades", expuso la secretaria. Finalmente, la secretaria reiteró que la alerta naranja, que fue decretada en las últimas horas, mantiene activa a toda la red hospitalaria para "responder de manera integral a la emergencia".
El municipio de Sabana de Torres registra alerta naranja; el desbordamiento del río Lebrija dejó hasta el momento 167 personas afectadas y al menos 80 familias damnificadas, principalmente en el corregimiento Provincia, donde continúan las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN).Las aguas inundaron viviendas, cultivos y vías rurales, provocando pérdidas en siembras de palma de aceite, cítricos, yuca y plátano, base económica de decenas de campesinos que hoy intentan recuperar lo poco que quedó tras la creciente.La emergencia también impactó la movilidad. El desbordamiento afectó la vía Ruta del Sol (PR-60), a la altura del puente del sector El Taladro, corredor clave que comunica hacia la costa atlántica, generando restricciones en el tránsito.Entre los puntos más críticos está la escuela Boca La Tigra, donde el agua ingresó a las instalaciones y dañó pupitres, equipos y computadoras. Debido a las afectaciones, los estudiantes no podrán asistir a clases el próximo lunes.Otras zonas con daños reportados incluyen Provincia, el centro poblado rural Doradas, asentamiento Doradas, Puertos Santos, Boca La Tigra, Puerto Limón, Caribe, Irlanda, Villa Eva, Puerto López, Barranco Colorado y Aguas Negras, entre veredas, escuelas y caseríos.La atención está a cargo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGRD), bomberos voluntarios y la Defensa Civil, organismos que trabajan en evacuaciones, entrega de ayudas y monitoreo de zonas de alto riesgo.El alcalde Darío Buchenicow explicó la magnitud de la situación: “Provincia, Los Santos y Doradas están completamente inundados. A varias zonas no hemos podido llegar porque no hay paso por las vías, todo está anegado”, afirmó. Varias familias alcanzaron a resguardar sus animales en zonas altas, mientras la Policía ayudó a salvar algunos bovinos. Sin embargo, campesinos que no se encontraban en sus fincas al momento de la creciente perdieron todo su ganado y pertenencias.Mientras continúan las lluvias, los habitantes adelantan labores de limpieza para sacar barro y lodo de sus viviendas. Algunos han elevado camas y enseres para intentar secar lo que quedó bajo el agua, en medio de la incertidumbre por nuevas crecientes.Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del río Lebrija y hacen un llamado a la comunidad a reportar emergencias y seguir las recomendaciones de prevención.
El programa del domingo 8 de febrero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En el "Tema Central", se habló sobre que hace el cerebro cuando algo no sale como se espera.Por otro lado, en "La máquina de la verdad", se comentaron mitos y realidades sobre aprender a bailar.Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.Escuche el programa completo aquí:
Hace unos días las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra el ELN y el Frente 33 de las disidencias en la región del Catatumbo, razón por la que desde la Gobernación de Antioquia pidieron la misma estrategia en diferentes zonas del departamento.Lo que mencionan las autoridades antioqueñas es que durante los últimos dos años se han realizado bombardeos efectivos contra el Clan del Golfo, pero que ahora es imperativo que también se hagan este tipo de procedimientos contra ELN o el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', grupos con alta presencia criminal en la región.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que esperan una respuesta oportuna del Gobierno nacional para poder iniciar los preparativos de los operativos militares que podrían, eventualmente, a los grupos armados en minoría contra la fuerza pública."Nunca hemos visto un bombardeo contra las Farc o contra el ELN. Entonces, la invitación al gobierno es que, ya que que que reanudó esta estrategia tan efectiva, pues que vuelque los ojos Antioquia", aseguró. Hay que mencionar que para el caso de lo sucedido con el ELN en la región del Catatumbo, no solo fueron activadas las capacidad aéreas de las Fuerzas Militares sino que, además, se realizaron labores terrestres para debilitar el accionar criminal en la zona.Hay que mencionar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha mencionado en reiteradas ocasiones que durante los últimos años las disidencias han aumentado su presencia en el departamento en un 70 %, mientras que el Clan del Golfo se habría fortalecido en una cifra superior al 60 %.
La Policía Nacional rescató a una niña de tres años que se encontraba sola y encerrada en una vivienda del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El caso fue alertado por vecinos del sector, quienes escucharon el llanto de la niña durante la madrugada y dieron aviso a las autoridades.Uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, llegaron al inmueble y, con autorización de uno de los inquilinos, ingresaron a la habitación donde se encontraba la niña. Según las autoridades, la menor estaría en condición de abandono.El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y del trabajo articulado con las autoridades para proteger a los menores de edad.“Una vez se hacen las verificaciones y, en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá, se logra el ingreso al inmueble y se procede al rescate de esta menor para garantizar sus derechos, por lo cual es puesta a disposición de la autoridad administrativa competente y, efectivamente, brindar esa asistencia y ese trato adecuado a nuestros niños, niñas y adolescentes”, resaltó.Tras el rescate, la menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos y la verificación de su entorno familiar.La Policía recordó que, durante 2026, ha rescatado 19 niños y niñas en situación de riesgo mediante la estrategia EPAIS.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, durante todo 2025 se registraron 477 casos de secuestro extorsivo en Colombia, lo que equivale a un promedio de 1,3 personas secuestradas cada día en el país. En la práctica, esto significa que casi todos los días una familia enfrenta la desaparición forzada de un ser querido para exigir dinero o beneficios a cambio de su libertad.El aumento frente a 2024 es contundente. En ese año se habían contabilizado 209 casos, mientras que en 2025 la cifra creció en 268 secuestros más, lo que representa un incremento del 128 %. Es el salto más abrupto que muestran las estadísticas recientes y marca un quiebre frente a la tendencia de relativa estabilidad que se observó entre 2015 y 2019, cuando los casos anuales se mantenían alrededor de los 100.La evolución histórica evidencia cómo este delito, que había tocado su punto más bajo en 2020 con cerca de 80 secuestros extorsivos (por pandemia), empezó a repuntar de manera sostenida desde 2021. En 2022 los casos subieron a 141, en 2023 llegaron a 221 y, aunque en 2024 hubo una leve reducción, el 2025 cerró con un salto sin precedentes, más del doble del año anterior.El comportamiento mensual muestra que el secuestro extorsivo no fue uniforme a lo largo del año. Algunos meses concentraron picos especialmente altos, con registros que superaron varias decenas de casos, lo que elevó el promedio diario y reflejó momentos de mayor presión criminal. Estos repuntes mensuales explican cómo, hacia el cierre del año, la cifra acumulada terminó disparándose.Traducido al día a día, el balance deja una realidad preocupante: cada 24 horas, en promedio, al menos una persona es privada de la libertad con fines extorsivos en Colombia. Aunque el número absoluto es muy inferior al de otros delitos de alto impacto, su crecimiento acelerado en 2025 convierte al secuestro extorsivo en uno de los fenómenos de seguridad más alarmantes del país, por el profundo daño que causa a las víctimas y a sus familias.
La falta de consenso entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional ha escalado tras la reciente reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación al concluir que no se lograron acuerdos significativos respecto a la gestión de las rentas cedidas por el consumo de licores y tabaco. Según la mandataria, el Gobierno central pretende retener recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones para financiar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte.Amenaza a los derechos fundamentales y la saludLa gobernadora fue enfática al señalar que la disputa no es una simple pelea política, sino una defensa de los servicios básicos para la población más vulnerable. El núcleo del problema radica en el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Toro explicó que, en el Valle del Cauca, el 49% de las rentas de la licorera y la totalidad de los impuestos al cigarrillo se destinan a este fin. "Si no pagamos el régimen subsidiado al ADRES, la gente se queda sin salud", advirtió, subrayando que las personas de escasos recursos serían las más perjudicadas ante la falta de pago a las EPS por parte del Estado.Impacto económico y el fantasma del contrabandoLas cifras presentadas por la administración departamental son alarmantes. Solo en el Valle del Cauca, la afectación por el impuesto al cigarrillo alcanzaría los 120.000 millones de pesos. Además, la gobernadora denunció que el 40% del mercado de cigarrillos en su departamento ya está en manos de bandas criminales dedicadas al contrabando, una situación que se agravaría con los nuevos gravámenes. Según Toro, el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales, incentivando el comercio ilícito y perjudicando gravemente a la industria de licores regional.De la "rebelión" a la vía jurídicaAunque inicialmente se habló de una posible "rebelión" por parte de los gobernadores al negarse a aplicar el decreto, Toro aclaró que se están agotando las instancias legales. La Federación Nacional de Departamentos presentará un recurso ante la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo referente a licores y cigarrillos.Escuche aquí la entrevista:
En Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares del registro de homicidio intencional del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2025, fueron asesinadas 13.726 personas, lo que equivale a un promedio de 37,6 homicidios diarios; es decir, cerca de 38 muertes violentas cada día en el país.El dato representa un incremento frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 homicidios. La diferencia es de 229 casos más, lo que implica un aumento del 2 % en el acumulado anual. Traducido a la vida cotidiana, significa que cada 24 horas casi cuatro decenas de familias pierden a un ser querido por causa de la violencia, una cifra que se mantiene alta a lo largo del año.El comportamiento mensual muestra que la violencia letal no tiene una temporada claramente definida. Durante 2025, los registros oscilaron entre poco más de 1.000 y cerca de 1.200 homicidios por mes. Diciembre cerró como uno de los meses más críticos, con alrededor de 1.210 asesinatos, lo que representa un promedio cercano a 39 homicidios diarios solo en ese mes. Agosto y mayo también se ubicaron entre los periodos más violentos del año.Si se observa la evolución histórica, el país no ha logrado romper la barrera de los más de 12.000 homicidios anuales desde mediados de la última década. Tras una caída significativa en 2020 (por pandemia), cuando se registraron poco más de 12.000 asesinatos, las cifras repuntaron con fuerza a partir de 2021 y se han mantenido por encima de los 13.500 casos anuales en los últimos cinco años. Esto confirma que el promedio diario de homicidios en Colombia ronda desde hace tiempo entre 35 y 38 personas asesinadas.Más allá de los porcentajes, el dato diario dimensiona el impacto real de estas cifras: cada hora, en promedio, una persona es asesinada en Colombia. La estadística refleja una violencia persistente que atraviesa regiones, contextos urbanos y rurales, y que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y convivencia en el país, mientras miles de muertes se acumulan año tras año en el registro oficial.
El caso del asesinato de dos niñas con frambuesas cubiertas de talio en el norte de Bogotá sigue sumando nuevos capítulos que han llevado la investigación a un nivel inesperado. Recientemente, un nuevo nombre aparece en el expediente y despierta cuestionamientos sobre cómo se movió el domicilio que ocasionó el fatal desenlace.Un testimonio reciente del domiciliario que entregó las frambuesas llevó a las autoridades a investigar de cerca a Zenaida Vargas Pava, una mujer adulta que, según el relato, habría sido la persona que le entregó la bolsa sellada con frambuesas al hombre para que realizara la entrega.¿Quién es Zenaida Vargas y por qué se relaciona con la investigación?Resulta que Zenaida Vargas aparece en el proceso luego de la declaración del repartidor, de acuerdo con Noticias Caracol. Según el testimonio, ella fue contactada por un hombre identificado como Jeisson Rojas y, posteriormente, le entregó el paquete que debía ser llevado hasta una residencia al norte de la capital.El domiciliario indicó que Vargas pagó el servicio en efectivo, le entregó 10.000 pesos y fue insistente en que la entrega debía completarse. Incluso, tras concretarse el envío, le escribió para confirmar que el domicilio fue completado, información que sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía.El domiciliario comentó que inicialmente recogió el paquete en un edificio del norte de Bogotá. Al llegar al sitio, una adolescente le abrió la puerta, pero negó que alguien hubiera pedido algo, lo que en su momento generó confusión.Minutos más tarde, recibió llamadas insistentes para que regresara y dejara el encargo, lo que finalmente hizo. Ese cruce de llamadas y mensajes, junto con los pagos realizados, son pruebas valiosas para identificar a los otros responsables del asesinato de las dos menores.Como avanza el proceso penalDe momento, la Fiscalía ha sido clara en señalar que Zenaida Vargas no tiene una vinculación directa en el proceso penal. Las indagaciones tienen el objetivo de determinar su participación circunstancial o si tuvo un rol más activo en la entrega del producto contaminado.La investigación, que arrancó en 2025, se originó cuando las frambuesas con talio llegaron a la vivienda y provocaron la intoxicación y muerte de dos niñas. Por su parte, la principal señalada, Zulma Guzmán, se encuentra detenida en el Reino Unido y enfrenta un proceso de extradición.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
La emergencia por inundaciones en Córdoba sigue dejando miles de damnificados. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 17.000 familias en 17 municipios del departamento han resultado afectadas tras el aumento en los caudales de los ríos, provocado por un frente frío atípico que se ha visto intensificado por los efectos del cambio climático.Las lluvias persistentes han generado desbordamientos, pérdida de viviendas, daños en vías y serias afectaciones a comunidades rurales y urbanas. Uno de los puntos críticos es el municipio de San Pelayo, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria en medio de un panorama marcado por el barro, el agua estancada y el riesgo constante.En ese escenario, las operaciones en terreno son lideradas por la subteniente Isabel Rodríguez Arcila, una oficial de 25 años que está al frente de un pelotón de 30 soldados rescatistas desplegados para atender a la población afectada. Rodríguez, oriunda de Envigado, Antioquia, comanda las maniobras en una de las emergencias climáticas más complejas que ha vivido la región en los últimos años.Desde las zonas inundadas, la oficial coordina rescates, supervisa trabajos de remoción de lodo y escombros y acompaña de manera permanente a su personal, en jornadas que se extienden durante horas bajo la lluvia. Su pelotón cuenta con formación en rescate acuático, apoyo en alojamientos temporales y labores de ingeniería básica, claves para mitigar el impacto de la emergencia.“Estar al mando de este pelotón representa un honor y una gran responsabilidad. Nuestra misión es apoyar a la comunidad y responder en los momentos más difíciles”, señaló la subteniente, mientras continúan las labores en el municipio.El caso de San Pelayo refleja no solo la magnitud de la emergencia que enfrenta Córdoba, sino también el papel que vienen asumiendo mujeres en operaciones de alto riesgo y responsabilidad, especialmente en contextos humanitarios.Mientras las lluvias siguen afectando distintas regiones del país, las autoridades mantienen activos los planes de atención y respuesta, en una carrera contrarreloj para evitar nuevas tragedias y atender a las comunidades que hoy permanecen rodeadas por el agua.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su reporte oficial de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. Eel informe detalla un panorama de contrastes climáticos que afectan diversas regiones del territorio colombiano, combinando amenazas por incendios forestales en el norte y oriente con riesgos críticos de deslizamientos e inundaciones en el occidente y centro del país.Estado del tiempo en las capitales colombianasPara las próximas 24 horas, las condiciones en las principales ciudades del país muestran una transición entre la humedad persistente y periodos de tiempo seco. En la región Caribe, Barranquilla registrará un cielo de parcial a mayormente nublado, con una temperatura máxima de 34 °C y "probables lloviznas sectorizadas durante la tarde". Por su parte, en Cartagena, se espera una jornada similar con lloviznas ocasionales y temperaturas que alcanzarán los 32 °C.En el interior del país, Medellín presentará mayor nubosidad con lluvias ligeras sectorizadas hacia la tarde, manteniendo una máxima de 27 °C. Tunja permanecerá con un cielo mayormente nublado pero con prevalencia de tiempo seco y una temperatura máxima de 19 °C. En el oriente, Bucaramanga tendrá precipitaciones ligeras durante la mañana, con una tendencia a tiempo seco para el resto del día y una máxima de 28 °C. Finalmente, en Cali, se prevén lloviznas matutinas seguidas de condiciones secas y una temperatura de 29 °C.Alertas críticas: Deslizamientos e incendiosLa situación de riesgo por fenómenos naturales es uno de los puntos más preocupantes del informe. Según el Ideam, "en total, 455 municipios se encuentran en algún nivel de alerta" por deslizamientos de tierra en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. La gravedad se concentra en 77 municipios con alerta roja, donde el departamento del Chocó lidera la lista con 16 municipios en riesgo extremo, seguido por Cauca y Huila con 13 cada uno, y Nariño con 10.Contrariamente, el riesgo de incendios de la cobertura vegetal persiste en otras zonas. Se reportan 54 municipios en alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquía. De estos, cinco se encuentran en alerta roja, con una incidencia particular en el departamento de Casanare (3 municipios), así como en Cundinamarca (1) y Vichada (1).Panorama hidrológico y meteomarinoLas cuencas hidrográficas también presentan niveles de alerta significativos. En el área Magdalena-Cauca se han identificado "siete (7) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, cuarenta y un (41) naranjas y cincuenta y siete (57) amarillas" por posibles inundaciones o crecientes súbitas. La región del Pacífico no se queda atrás, con nueve alertas rojas vigentes, mientras que en la Amazonía predominan las alertas amarillas.En cuanto a las condiciones marítimas:Mar Caribe: Existe alerta naranja en la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje.Pacífico colombiano: Se mantiene la alerta naranja por tiempo lluvioso en las zonas centro y sur, además de alerta amarilla por pleamar.Comportamiento de las lluvias y pronóstico en BogotáEn las últimas horas, se ha observado una persistencia de nubosidad en el Pacífico y la región Andina, con lluvias fuertes registradas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Para el resto del día, se espera que las lluvias de mayor consideración se concentren en Vaupés, Amazonas y el occidente de Boyacá.En la capital de la República, Bogotá, el Ideam pronostica una mañana seca con cielo nublado. No obstante, "en horas de la tarde, son esperadas lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad", con una temperatura máxima estimada de 20 °C. Durante la noche se prevé el retorno de condiciones mayormente secas.
Las autoridades de Caldas ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el triple homicidio registrado en las últimas horas en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente del departamento.El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, informó que el crimen ocurrió al interior de una vivienda ubicada cerca del río Guarino. En el lugar fueron hallados tres cuerpos con múltiples impactos de arma de fuego.De acuerdo con la información oficial, las víctimas eran hermanos. Las autoridades lograron establecer que se trata de Damián, Marco Tulio y Lorenzo López Osorio, con edades entre los 30 y 35 años.Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, convocó a un consejo extraordinario de seguridad, con el objetivo de articular acciones y avanzar en la investigación.Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios claros sobre los responsables ni sobre el móvil que habría originado la masacre.Los cuerpos permanecen en la morgue de Medicina Legal de Marquetalia y se espera que entre hoy y mañana en la mañana sean entregados a sus familiares para las exequias.El crimen se registró en una zona de difícil acceso, ubicada a una hora y media del casco urbano del municipio.En Caldas, este fin de semana que acaba de pasar, asesinaron a cinco personas. Además de los tres hermanos de Marquetalia, en Neira y Victoria también ocurrieron homicidios.
Una particular historia generó conmoción en el territorio colombiano tras lo trágico del suceso. Un joven de 25 años perdió la vida mientras realizaba un ascenso en la parte alta del Parque de los Nevados, entre Quindío y Tolima.La víctima, identificada como Kevin Hernando Bocanegra, se encontraba de excursión con su novia Jois Ramírez y su suegra Julieth Ordóñez desde el 28 de diciembre de 2024 en esta zona. Provenían de Bogotá y, finalmente, el joven perdió la vida el 31 de diciembre del mismo año por complicaciones de salud que estarían relacionadas con el sistema respiratorio.Novia y suegra de Kevin Bocanegra revelan estremecedores detallesLuego de que Kevin quedara sin oxígeno y sus pulmones colapsaran en la cima del Nevado del Tolima, múltiples señalamientos despertaron un entramado de dudas y acusaciones sobre los presuntos responsables de esta lamentable muerte.La noticia se transformó rápidamente en un hecho nacional y la ola de acusaciones contra Parques Nacionales, contra el guía y contra las dos mujeres por una supuesta negligencia no tardó en llegar. Ahora, tras más de un año del suceso, madre e hija hablaron en los Informantes. “Pequé por ignorante; le confié mi vida a una tercera persona y solamente uno es responsable de su propia vida”, reflexiona hoy Jois.Según lo revelado por la misma Jois, en noviembre de 2024 comenzaron a entrenar para luego unirse al grupo de 10 personas que subiría la exigente montaña, sin imaginar que Kevin no regresaría nunca más. Al llegar al Parque Los Nevados, los problemas empezaron: “No había un guía al mando y cada quien caminaba por su lado”, comentó. Desde el 29 de diciembre, Kevin empezó a sentir síntomas de lo que parecía una gripa, pero al día siguiente perdió las fuerzas.Adicionalmente, la hidratación era precaria, con solo un litro de agua, sin estufas para derretir nieve y sin pastillas purificadoras. La situación era difícil para Kevin, quien presentaba signos de edema pulmonar.Médico dio diagnóstico fatal: edema cerebralJois y su madre Camila salieron de la carpa sobre la 1:00 de la mañana del 31 de diciembre, luego de que Kevin insistiera y se quedara solo en la carpa. Al regresar, la joven encontró a su novio fuera, negándose a seguir caminando, pero en medio de la discusión con el guía, un extraño líquido amarillo empezó a salir de su nariz.Otro grupo que realizaba la escalada intentó pedir un caballo para extraer a Kevin, quien ya no podía continuar con el ascenso. En ese grupo se encontraba un médico que dio un diagnóstico fatal: “el primero en decir: Kevin está presentando mal de altura y un posible edema cerebral”, relató Jois.Finalmente, las mujeres consiguieron un caballo para bajar a Kevin. Jois y Camila, que llevaban un día y medio sin comer ni beber, sacaron fuerzas para correr detrás de las huellas del animal y no perderse. Sin embargo, durante el descenso, Kevin perdió el conocimiento. Lo que Jois desconocía era que su novio ya había fallecido sobre el caballo. “Fue ver a Kevin envuelto en lonas y amarrado en un establo de caballos. Así terminó mi expedición”, recuerda con dolor.Tras la tragedia, las acusaciones no se hicieron esperar. Las tacharon de “asesinas” y criticaron a Jois por no mostrarse llorando en sus videos.Suegra pensó en quitarse la vidaEn medio del dolor, Jois vivió prácticamente en el cementerio, intentando despedir a su novio. Ver la depresión de su hija llevó a Camila a pensar en quitarse la vida.Ante el difícil momento, Camila decidió experimentar lo que vivió Kevin y viajó hasta Ecuador para subir al volcán Cotopaxi, uno de los más altos de Latinoamérica, donde sufrió el mismo mal que su yerno. Allí, entre alucinaciones, sentía que finalmente se despedía. “Al fondo veo un oso blanco divino y con ese oso estaba Kevin”.Por fortuna, y a diferencia de la primera vez, en esta oportunidad sí estaba acompañada por guías profesionales que la cuidaron y la hicieron descender a tiempo, evitando otra tragedia.“Ese día no solo fallece mi yerno, sino que se lleva una versión de la hija que crié”, concluyó Camila. Hoy, madre e hija buscan encontrar paz tras un evento que las dejó marcadas de por vida.
Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido su más reciente balance de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. El informe, dibuja un mapa nacional dividido por contrastes climáticos severos: mientras algunas zonas enfrentan riesgos críticos por incendios, una vasta porción del país debe prepararse para la continuidad de las lluvias y fenómenos asociados a la saturación de suelos.De acuerdo con el organismo, se ha observado una "persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia" durante las últimas horas, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en diversos departamentos.Departamentos bajo la lupa: ¿Dónde lloverá más?Para las próximas 24 horas, la entidad técnica advierte que la concentración de humedad se mantendrá especialmente fuerte en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el suroriente de la Amazonia. Esto significa que los ciudadanos en estas áreas no deben bajar la guardia ante posibles eventos climáticos de consideración.Según el reporte oficial, las "lluvias de mayor consideración" se ubicarán en los siguientes departamentos:ChocóValle del CaucaCauca y NariñoQuindío y RisaraldaOccidente de Boyacá y CundinamarcaTolima, Vaupés y AmazonasAdicionalmente, se esperan precipitaciones con volúmenes moderados en sectores de Antioquia, Caldas, los santanderes y el occidente de Meta. Esta situación contrasta con el Caribe y la Orinoquía, donde se prevén condiciones mayormente secas, a excepción de lluvias ligeras hacia el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.Alertas por deslizamientos e inundaciones: Cifras de preocupaciónLa preocupación de las autoridades no solo radica en la caída de agua, sino en la inestabilidad de los terrenos. En total, 455 municipios colombianos se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De esta cifra, 77 municipios están bajo alerta roja, lo que representa una amenaza inminente para la infraestructura y la vida.Los departamentos más vulnerables por riesgo de remoción en masa son:Chocó: Con 16 municipios en alerta roja.Cauca y Huila: Con 13 municipios cada uno en nivel crítico.Nariño: Con 10 municipios afectados.En materia hidrológica, la situación es igualmente compleja. El área hidrográfica del Magdalena-Cauca reporta siete alertas rojas y cuatro rojas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas. En la región del Pacífico, se contabilizan nueve alertas rojas, mientras que en el Caribe la cifra asciende a ocho.Pronóstico para las principales ciudadesEl comportamiento del clima en los centros urbanos también presentará variaciones importantes que afectarán la movilidad y las actividades diarias:Bogotá: Se espera una mañana seca pero con cielo nublado. No obstante, para la tarde se prevén "lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad" con una temperatura máxima de 20°C.Medellín: La capital antioqueña tendrá mayor nubosidad y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde, alcanzando los 27°C.Cali: Aunque el día podría iniciar con lloviznas, se esperan condiciones secas para el resto de la jornada.Barranquilla y Cartagena: Ambas ciudades mantendrán cielos nublados. En Barranquilla se estiman lloviznas sectorizadas (34°C), mientras que en Cartagena serán ocasionales (32°C).Riesgos marinos e incendios: el otro lado de la monedaEl informe no solo destaca el exceso de agua. En el Mar Caribe, se ha emitido alerta naranja para la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje. En el Pacífico central y sur, la alerta naranja responde a tiempo lluvioso.Por otro lado, la sequía no da tregua en zonas específicas. Un total de 54 municipios están en alerta por incendios forestales, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Casanare es el departamento más golpeado en este rubro, con tres municipios en alerta roja, seguido por Cundinamarca y Vichada.Este reporte del IDEAM subraya la necesidad de que los comités locales de gestión del riesgo y la ciudadanía en general mantengan activos los planes de contingencia, especialmente en los departamentos con saturación de suelos y niveles de alerta roja vigentes.
Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. El dispositivo contempla la protección de 5.537 puestos de votación en todo el territorio nacional y busca prevenir cualquier alteración al orden público durante las jornadas electorales.Con esto, las Fuerzas Militares mantendrán operaciones de control, estabilización y presencia institucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. Este despliegue se desarrolla en coordinación con la Policía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, regional y local.El dispositivo de seguridad cubre la primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones previstas para el 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de que esta última fecha se lleve a cabo. Para el cumplimiento de la misión, las FFMM activaron capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales.Entre los recursos desplegados se encuentran vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, así como un robusto componente de inteligencia militar, orientado a anticipar riesgos y neutralizar amenazas contra el proceso democrático.Como parte del fortalecimiento operacional, el Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y 1.075 infantes de marina de la Armada, para un total de 22.075 hombres y mujeres, lo que incrementa la cobertura y el nivel de alistamiento durante las elecciones.Las Fuerzas Militares precisaron que la dinámica operacional se mantiene con total normalidad y que las unidades no comprometidas directamente con el Plan Democracia continuarán ejecutando operaciones ofensivas permanentes contra los grupos armados organizados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.Adicionalmente, los uniformados participan de manera activa en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, permitiendo la verificación de información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas frente a cualquier eventualidad. Para la ejecución del Plan Democracia, el Gobierno asignó un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos, destinado a garantizar los medios, capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de esta misión constitucional.
Un triple homicidio se registró en la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente de Caldas, sector limítrofe con el departamento del Tolima.De acuerdo con la información preliminar, hombres armados asesinaron a tres personas al interior del inmueble. En horas de la noche, técnicos en criminalística realizaron la inspección judicial de los cuerpos.Aunque el crimen ocurrió en la tarde, las autoridades tuvieron conocimiento del hecho varias horas después debido a la lejanía del sector, ubicado a cerca de hora y media del casco urbano.Según los primeros reportes, un familiar de las víctimas fue quien dio aviso a la Policía, lo que permitió el desplazamiento de las autoridades hasta el lugar.Las autoridades adelantan labores para establecer la identidad de las víctimas y determinar los móviles de este triple homicidio. El caso es materia de investigación por parte de los organismos judiciales.
Por medio de un comunicado, la campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó un presunto acto de terrorismo en el Municipio de El Zulia, Norte de Santander, en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez, donde fue incendiada una de sus vallas publicitarias."Este hecho constituye un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones", se lee en el documento.Además, aseguraron que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar ideas ni candidaturas en medio de este ambiente electoral. Señalaron que el país debe rechazar que grupos armados y estructuras ilegales pretendan imponer miedo por medio de estas acciones.Por su parte el precandidato Pinzón aseguró que “este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar, Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer la seguridad al país. Colombia merece vivir sin terror y sin chantajes de grupos criminales”.Finalmente, la campaña hizo un llamado a las autoridades para que investiguen este hecho y así garantizar la seguridad en la región y proteger el libre ejercicio democrático de todos los candidatos y ciudadanos."A los terroristas que están en estas actividades les digo, no les tenemos miedo, y en cambio sé que nos tienen pánico. Por eso vamos a actuar, y vamos a actuar con decisión para recuperar para el pueblo colombiano la autoridad, el orden, la seguridad y la posibilidad de vivir sin miedo. Colombia merece un país con cero tolerancia al crimen, con cero impunidad", concluyó el precandidato Pinzón.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá: