Un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía dejó la captura con fines de extradición de alias 'Gustavo', un hombre requerido por Brasil por narcotráfico y lavado de activos. Todo se realizó en medio de estrategias contra el crimen transnacional que venían siguiéndole la pista desde hace meses.Según las investigaciones, el capturado lideraba una organización criminal con conexiones en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de conexiones en Europa. Su rol, según las autoridades, era coordinar el envío de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia distintos países de Suramérica, con destino final en mercados europeos como España y Holanda.Las investigaciones indican, además, que la estructura criminal buscaba consolidar corredores internacionales para el tráfico de estupefacientes, aprovechando rutas regionales para mover cargamentos que luego eran enviados al otro lado del Atlántico. Por eso, la captura es vista como un golpe a redes que operan más allá de las fronteras colombianas.El director de Antinarcóticos de la Policía, el general William Castaño, aseguró que con este resultado se debilitan corredores del narcotráfico y se impactan las finanzas ilícitas de estas organizaciones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de extradición solicitado por Brasil.Con esta detención, las autoridades buscan frenar el avance de redes que convierten a Colombia en punto clave de salida de droga hacia el exterior, en un negocio que mezcla rutas regionales, lavado de activos y alianzas criminales internacionales.
Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
La discusión por el aumento del salario mínimo volvió al centro del debate público luego de que el presidente citara un estudio académico para defender un incremento superior al 23 %. Sin embargo, su autor, el economista Daniel Ossa, salió a aclarar el alcance real de esa investigación y a poner paños fríos a una discusión que, según él, tiene varias aristas.En entrevista este lunes 16 de febrero de 2026 en Mañanas Blu, Ossa explicó que se enteró del uso de su trabajo “por la publicación del presidente en X” y fue claro en señalar que su análisis no plantea aumentos de un solo golpe, sino una discusión de fondo sobre cómo se reparte el crecimiento económico.El estudio que abrió el debate sobre el salario mínimoOssa, profesor asistente de economía en la Universidad de Denver, explicó que su investigación fue publicada en 2018 y analiza la brecha entre el crecimiento del salario mínimo y la productividad laboral desde 2002.“El salario mínimo ha crecido por debajo de la productividad laboral por el uso de una medida errónea”, señaló. Según explicó, en Colombia se ha usado la productividad total de los factores, cuando lo relevante para hablar de ingresos es cuánto produce cada trabajador.Ahí lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral, ese crecimiento económico se va a otro lado”. Y fue más allá: “Se va a ganancias, dividendos, intereses y rentas, y eso agrava la desigualdad”.¿Subir el salario mínimo genera más informalidad?Frente a las críticas que apuntan a que un salario mínimo más alto dispara el desempleo y la informalidad, Osa fue directo. “Ese cálculo incluye el sector informal, porque también aporta al PIB”, aclaró, desmontando la idea de que su análisis ignore esa realidad.Además, cuestionó que el debate se concentre solo en el salario. “Los países con más informalidad son los que producen bienes de bajo valor agregado. Si queremos reducirla, la discusión no es el salario mínimo, es una política industrial”, afirmó.Inflación, gradualidad y decisiones de fondoOssa reconoció que un aumento fuerte puede tener efectos inflacionarios, como advirtió el Banco de la República, pero insistió en que su propuesta apunta a cerrar la brecha de forma progresiva. “No de un sopetón”, enfatizó.Finalmente, subrayó que su trabajo es solo una pieza del rompecabezas. “La comisión de concertación debe evaluar todos los argumentos y tomar una decisión bien informada”, concluyó el economista, citado recientemente por el presidente Gustavo Petro en medio de la polémica nacional.
El cielo de 2026 traerá uno de los eventos astronómicos más esperados por expertos y aficionados: el primer eclipse solar anular del año, un fenómeno que permite observar el famoso “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Este espectáculo natural ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y, aunque solo será visible de forma completa en regiones muy específicas del planeta, su impacto será global gracias a las transmisiones en línea.Un eclipse anular se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecer el día, deja visible un borde brillante que rodea su silueta, creando una imagen tan llamativa como poco frecuente. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 % del disco solar, lo que promete un efecto visual impresionante.¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar anular de febrero de 2026?De acuerdo con los cálculos astronómicos, el fenómeno se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27 (GMT), aunque el horario exacto dependerá de la ubicación del observador. La franja de anularidad —donde se verá el anillo de fuego en su máxima expresión— tendrá una anchura aproximada de 616 kilómetros, pero atravesará zonas muy aisladas.La visibilidad completa se concentrará en sectores de la Antártida y el Océano Antártico, mientras que en regiones del sur de Sudamérica, África austral y amplias áreas oceánicas se observará de manera parcial. Para el resto del mundo, la alternativa será seguir transmisiones en vivo a través de observatorios y plataformas especializadas.¿Qué es un eclipse anular y por qué se forma el “anillo de fuego”?Este tipo de eclipse ocurre durante la Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol. La diferencia con un eclipse total radica en la distancia: cuando la Luna está en su punto más lejano de nuestro planeta (apogeo), su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente al Sol.Como resultado, queda visible un borde luminoso continuo alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. A diferencia de los eclipses totales, en este caso el cielo no se oscurece por completo, aunque sí se percibe una disminución notable de la luz solar.Recomendaciones para observar el eclipse de forma seguraMirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la visión. Por eso, los expertos insisten en seguir estas recomendaciones básicas:Usar gafas certificadas para observación solar.Emplear filtros solares adecuados en telescopios o binoculares.No utilizar lentes de sol comunes ni métodos caseros.Supervisar siempre a niños durante la observación.El eclipse del 17 de febrero marcará el inicio del calendario astronómico de 2026 con un espectáculo poco común que recuerda la precisión del movimiento entre la Tierra, la Luna y el Sol. Para quienes logren verlo directamente —o seguirlo en transmisiones— será una oportunidad única de contemplar uno de los fenómenos más llamativos del firmamento.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Los productos para el cuidado personal son cada vez más demandados por las personas. Ya no se trata solo de mujeres, cada vez más hombres buscan mejorar su estilo de vida y fortalecer sus rutinas de cuidado diario.En ese contexto, las tiendas D1 continúan ampliando su portafolio con productos para el cuidado del rostro, el cuerpo y las manos, entre otros. Con precios accesibles y diferentes marcas disponibles, D1 se ha convertido en una opción práctica para quienes buscan calidad sin afectar su presupuesto.Uno de los productos destacados es el agua micelar Delia, con un costo de $4.500. Este producto, junto con el jabón facial y los pomitos, es ideal para limpiar, desmaquillar y tonificar la piel del rostro, ojos y labios.Además, la mascarilla de Delia, por solo $2.500, complementa la rutina de cuidado facial y ayuda a mantener la piel limpia y revitalizada.Para la hidratación, se encuentra el gel hidratante con aloe vera, semillas de linaza, ácido hialurónico y extracto de pepino, entre otros componentes. Es ideal para piel grasa y tiene un precio de $13.900.Por su parte, el jabón de Natural Feeling, con un costo de $2.000, es una opción práctica para refrescar e hidratar la piel diariamente.Para quienes prefieren un maquillaje más ligero, está la crema facial correctora con color, que hidrata y protege contra los rayos del sol, por un valor de $6.000.En el caso de los hombres, también hay opciones específicas, como la crema para después del afeitado con vitamina E y aloe vera, que ofrece un efecto refrescante por $7.400.Tiendas D1 cuenta con otros productos de cuidado personal como shampoo, máquinas de afeitar, cremas corporales y crema dental, con precios que oscilan entre los $4.000 y $15.000, consolidándose como una alternativa económica para el cuidado diario.
Cuando trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Paso del Comercio, en el norte de Cali, adelantaban labores de limpieza, encontraron en un canal las cabezas de dos personas al interior de bolsas plásticas.Los operarios avisaron a las autoridades que, al llegar al sitio, encontraron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía adelanta la diligencia de levantamiento en este lugar a donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad.Aún no hay identidades de las víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta, a pocos metros del CAM, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía y del Concejo de Cali.La semana pasada las autoridades relacionaron ese macabro hallazgo con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
Colombia vive un momento doloroso tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso ha conmocionado al país por este lamentable suceso.Frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de sectores del Ministerio de Salud, quienes señalaron que el accidente en bicicleta fue la causa principal de la muerte del menor y cuestionaron su cuidado, Katherin Pico, madre de Kevin, afirmó que el niño no murió por una caída, sino por la falta del medicamento que nunca se le suministró a tiempo.Según explicó la madre, tras el golpe fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde la atención fue deficiente. "Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención; es decir, solamente con oxígeno", afirmó la mujer.De igual manera, Katherin asegura que el problema no es montar bicicleta, sino la falta de medicamentos, pues sostiene que existen ciclistas profesionales con la enfermedad y aun así pueden participar en competencias de alto rendimiento.Ciclistas con hemofilia compiten en toursTras las críticas del Gobierno por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Katherin Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera realizar actividades... no lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave", afirmó.La mujer recordó que hay atletas de alto rendimiento que participan en competencias como el Tour de Francia: "Mire, hay muchas personas, como muchos hemofílicos, que están participando en el Tour de Francia y ahí siguen; participan y en ningún momento les han prohibido hacerlo".De hecho, el periodista deportivo Ricardo Orrego confirmó las declaraciones de Katherin Pico y señaló que ciclistas como Alex Dowsett, británico especialista en pruebas de ruta, padecen hemofilia."Ha corrido toda su vida en competencias de alto nivel, es decir, en primera categoría. Incluso ha sido medallista de plata en contrarreloj en los Juegos de la Commonwealth", afirmó Orrego.Dowsett ha vestido los jerseys de Sky y Movistar Team, compartiendo equipo con el colombiano Nairo Quintana; incluso estuvo en el Katusha-Alpecin en Israel. Sin embargo, estos deportistas pueden competir al más alto nivel, siempre y cuando reciban los medicamentos adecuados. "La culpa no es de la bicicleta", concluyó.Otros ciclistas que padecen de esta enfermedad son: el español Pau Salvá, Fabio Blasco y Barry Haarde.Respuesta al presidente PetroSobre las palabras del presidente Petro, quien sugirió que las madres "no nacen aprendidas" y deben ser educadas sobre los riesgos de la enfermedad, Pico respondió que conoce perfectamente la condición, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con ella toda la vida. "Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene", sentenció, pidiendo que la muerte de Kevin sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció tras la controversia por el llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro luego de recibir información en su despacho que revelaba un supuesto complot en su contra y el ministro del Interior, Armando Benedetti.La entidad aseguró que el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía, tiene la autoridad constitucional y legal para retirar del servicio activo a integrantes de la Fuerza Pública. Según la DNI, esta atribución se enmarca dentro de las competencias del jefe de Estado como máxima autoridad administrativa.La DNI también aclaró que las fuentes de información del presidente no se limitan a la inteligencia estatal y agregó que el flujo de datos proviene de distintas agencias de inteligencia, así como de reportes ciudadanos, lo que, según la entidad, fortalece la protección institucional y la defensa de la democracia.En el documento, la Dirección de Inteligencia reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y recordó que cualquier persona puede acudir a los canales oficiales para denunciar hechos o aportar información relevante.El informe que llevó a la salida del general Urrego de la PolicíaUn documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” puso bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual, con políticos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca, en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Un video se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por el accidente aéreo que causó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otras cinco personas, la tarde de este sábado en el departamento de Boyacá.Las imágenes, a las que tuvo acceso Blu Radio, muestran el momento exacto en el que la avioneta, matrícula N325FA, despega del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín y se precipita a tierra cerca de una milla después de haber iniciado el vuelo. La cámara que registró el hecho presenta un desfase de 17 minutos en su reloj, un detalle que será tenido en cuenta por los investigadores.La aeronave, propiedad del propio artista, terminó completamente calcinada tras el impacto. En el siniestro fallecieron seis personas, entre ellas Yeison Jiménez, de 34 años; su mánager Jefferson Osorio; el fotógrafo de su equipo Weisman Mora; y el piloto de la aeronave.Mientras los cuerpos son trasladados a Medicina Legal en Bogotá, la muerte del artista ha generado una amplia reacción en el país. Figuras públicas como Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como artistas como Carlos Vives, Luis Alfono y Silvestre Dangond, expresaron mensajes de condolencia y solidaridad. Jiménez se dirigía a una presentación programada en Marinilla, Antioquia, a la que nunca llegó. Yeison, intérprete de éxitos como Aventurero, había construido una de las carreras más sólidas de la música popular colombiana, pasando de trabajar en Corabastos a proyectarse en escenarios de talla nacional como El Campín.Este es el videoEn Manzanares, Caldas, su municipio natal, las autoridades decretaron tres días de duelo, con banderas a media asta, en honor al artista que se convirtió en símbolo de superación y perseverancia para miles de seguidores.La investigación continúa y el análisis de los videos será determinante para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al despegue de la aeronave.
En entrevista con Blu Radio, un testigo relató los momentos previos al accidente aéreo en el que falleció el artista Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo. Se trata de Euris Geldardo Mier López, capataz de una finca ubicada en la vereda La Helida, a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, quien presenció el despegue y la posterior caída de la aeronave.El sujeto se preparaba para iniciar labores de ordeño en la finca en la cual trabaja, cuando observó el despegue de la avioneta desde la pista. “Yo veo que se va levantando (…) cuando de repente la avioneta comenzó a fallar, se le apagó, se le apagó”, afirmó. Según su testimonio, la aeronave ya se encontraba en el aire cuando presentó las fallas.El testigo aseguró que el piloto intentó maniobrar para regresar a la pista. “Cuando se apagó, ella giró, dio una vuelta como buscando la autopista otra vez para aterrizar”, explicó. Sin embargo, en seguida la aeronave colisionó contra el suelo y se produjo el incendio. De acuerdo con el encargado de la finca, los vecinos reaccionaron de inmediato llamando a los organismos de acción comunal para alertar al cuerpo de bomberos y a la Policía Nacional.Euris Mier señaló que horas después se conoció que la aeronave pertenecía al artista. “Eso fue como a las seis de la tarde, cuando pasaron el comunicado de que la aeronave pertenecía a Yeison Jiménez”, afirmó. Inicialmente la comunidad aledaña pensó que se trataba únicamente de un accidente aéreo, sin conocer la identidad de los ocupantes.Finalmente, el testigo indicó que las investigaciones continúan y que no se ha acercado nuevamente al lugar del siniestro, mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes en la zona donde ocurrió el accidente.Video del testigo:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó un borrador de decreto con el que buscan realizar una serie de cambios a la fijación de precios a la vivienda de interés social (vivienda VIS). El borrador de decreto fija que los valores de las viviendas VIS queden definidos en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto con el fin de que, según lo argumenta el Gobierno, quede expreso “de manera expresa, clara y verificable”.Adicionalmente, busca que se fije un tope máximo de 135 SMLMV como valor para las viviendas VIS, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde este será de 280 SMLMV.Además, también obligan a que los precios de las VIS se expongan en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto, según lo dicho en el documento, para que quede “de manera expresa, clara y verificable”. También, se prohibiría aumentar el precio después, ya sea por salarios mínimos u otros mecanismos. La única forma en la que se podría ajustar el precio, según lo menciona el borrador, sería en casos extraordinarios.A su vez, también busca regular la transición de los valores que ya se habían fijado con anterioridad, esto con el fin de que el valor final no sea ni aumentado, ni tampoco indexado. Cuando se fija el valor, solo podrá ser modificado si hay aumentos reales y comprobados frente a los costos de construcción, que deben ser respaldados por el Dane.Frente a esto, Blu Radio pudo consultar con expertos la viabilidad del decreto, y según lo que nos dijeron, puede trasladar múltiples riesgos al constructor. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, le dijo a Blu Radio que este borrador de decreto “Desincentiva a los constructores a arrancar nuevos proyectos VIS. No tiene mucho sentido que el constructor asuma todos los riesgos en los años de construcción de aumentos de costos y precios y muchos de los cuales son del resorte de decisiones de gobierno”.Asimismo, Restrepo también aseguró que “obliga al constructor a aumentar los precios de la vivienda VIS desde el primer momento y ponerles el valor techo que establece el plan de desarrollo. Hoy solamente el 40% de los proyectos que se venden están en tope máximo, muy rápidamente será el 100%”.Para que se cumpla la normativa expuesta en el borrador de decreto, La Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de vigilar el cumplimiento de esta medida.
En un mensaje publicado en la red social X, al tiempo que lamentó la muerte de cinco personas en el barrio Altos del Parrantial, en Maicao, La Guajira, el pasado viernes, la Defensoría del Pueblo fue clara al afirmar que los autores de esta masacre fueron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.En el mensaje, la Defensoría exhortó a la Fiscalía y los ministerios de Defensa y del Interior a adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil. Asimismo, hizo el llamado a los grupos armados ilegales a respetar de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil.Enfatizó la entidad defensora de derechos humanos, que en Maicao se encuentra vigente la alerta temprana 039 de 2019, que advierte un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Como lo relató la comunidad del barrio Altos del Parrantial, el pasado viernes a altas horas de la noche, hombres que se encontraban dentro de una camioneta con placas venezolanas llegaron hasta una esquina de ese sector y abrieron fuego contra cinco personas a las que asesinaron en el lugar.Según las autoridades, las víctimas responden a los nombres de Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, quien alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, donde finalmente murió por las múltiples heridas.
En una jornada marcada por la tensión en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, Alexis Mina, consejero mayor de 43 consejos comunitarios del norte del Cauca, explicó las razones detrás de las movilizaciones que han paralizado sectores estratégicos de la capital. A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.Vínculo con Francia Márquez y la realidad del "Vivir Sabroso"Una de las declaraciones más llamativas de Mina fue el reconocimiento de su proximidad con la vicepresidenta. "Aquí todos somos cercanos a Francia Márquez", afirmó, señalando que al provenir de una región pequeña como el norte del Cauca, la gran mayoría de los líderes se conocen entre sí. Sin embargo, esta cercanía no ha impedido la protesta, ya que consideran que su agenda de lucha es autónoma y responde a necesidades históricas de la organización.Ante los cuestionamientos sobre la consigna gubernamental de "vivir sabroso", el líder afrodescendiente matizó que las condiciones actuales en sus territorios están lejos de ese ideal. Mina vinculó el deterioro de la situación con la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, señalando que, tras una aparente calma inicial, la decisión de gobiernos anteriores de no avanzar en lo pactado desencadenó la crisis actual que el presente gobierno aún no logra revertir.Crisis de seguridad en el Cauca: El motor de la protestaEl núcleo de las exigencias de los 43 consejos comunitarios, que representan a unos 90,000 habitantes de municipios como Padilla, Puerto Tejada, Suárez y Santander de Quilichao, es la seguridad. Mina denunció que sus territorios están "asediados por carteles transnacionales, disidencias de las Farc, pandillas y el crecimiento de cultivos de uso ilícito".La movilización busca presionar al Estado colombiano —más que al gobierno de Petro específicamente— para saldar una deuda histórica que data desde 1986. El líder enfatizó que la protesta es una forma de exigencia frente a temas neurálgicos como la protección de la vida y la pervivencia en los territorios, los cuales serían discutidos en mesas técnicas con funcionarios con capacidad de decisión.Bloqueos en el CAN y la respuesta de las autoridades de BogotáLa protesta incluyó la retención de más de 1.100 personas el pasado lunes en edificios gubernamentales, una acción que Mina calificó como una medida de presión ante la falta de condiciones sanitarias y de alimentación para los manifestantes, así como la ausencia de interlocutores válidos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó su profunda preocupación por estos hechos. Restrepo criticó que el Gobierno Nacional impidiera la actuación de la policía para restablecer el orden al mantener abiertas mesas de diálogo, lo que, en su opinión, dejó desprotegidos a los ciudadanos bogotanos. Además, el secretario sugirió que estas movilizaciones podrían estar siendo instrumentalizadas con fines políticos electorales, e hizo un llamado a la Fiscalía para investigar posibles nexos entre los bloqueos y campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso, con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.El encuentro se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y de la Conferencia Episcopal.Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según afirmaron, generaron inconformidad en el grupo armado ilegal y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.
Una tormenta eléctrica desató momentos de pánico en Popayán, luego de que un rayo impactara una instalación militar y dejara a un soldado lesionado, además de causar daños en una aeronave del Ejército.El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en el Cantón Militar José Hilario López, donde el uniformado cumplía labores de centinela cerca de un helicóptero cuando se registró la descarga eléctrica. El momento quedó captado en video y muestra el instante exacto en el que el rayo golpea la zona donde se encontraba el militar y este quedó tendido en el suelo por la descarga.Tras el impacto, el soldado fue trasladado a un centro médico de la capital caucana. Según información oficial, su estado es estable y permanece en observación, sin que las lesiones revistan gravedad.Este es el video La descarga también alcanzó el helicóptero que se encontraba en plataforma. La aeronave, adscrita a unidades de aviación del Ejército, presentó daños en el rotor de cola y tuvo que ser retirada temporalmente para revisiones técnicas.Pese al susto que generó el incidente, fuentes militares indicaron que la aeronave ya está en condiciones para operar. Testigos del hecho relataron que el estruendo se escuchó en buena parte de la instalación militar y generó momentos de angustia entre el personal que se encontraba en la zona, pues el impacto fue casi simultáneo con el aguacero.Tras la descarga, se activaron los protocolos de emergencia y se restringió el acceso al área mientras especialistas verificaban posibles afectaciones adicionales en equipos y estructuras dentro del cantón.
Una intensa operación de búsqueda se mantiene en zona rural de Córdoba, donde autoridades y organismos de socorro intentan dar con el paradero de un hombre desaparecido en medio de la emergencia por inundaciones que golpea la región.El despliegue es liderado por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe y la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en articulación con la Policía, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales.El desaparecido fue identificado como Luis Eduardo Rivero Oviedo, un médico veterinario de 38 años, quien fue visto por última vez el 14 de febrero mientras apoyaba labores humanitarias en áreas afectadas por las lluvias en las zonas rurales de Montería y sus alrededores.Las labores se concentran en corredores fluviales y sectores anegados, donde rescatistas emplean maniobras de gancho y cuerda, patrullajes en botes tipo Zodiac y sobrevuelos con drones para ampliar el radio de rastreo. Las condiciones del terreno, marcadas por crecientes súbitas y zonas inundadas, han dificultado el avance de los equipos.Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicar al profesional. La búsqueda continúa sin descanso, en medio de una emergencia climática que ya ha dejado múltiples afectaciones en el Caribe.
Comprar vivienda o pagar estudios superiores siguen siendo de los mayores retos que enfrentan los colombianos; ante ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para quienes sueñan con tener casa propia o avanzar en su formación.La entidad pública no solo administra la prestación social, también ofrece créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos. La vía más conocida es trasladar las cesantías al Fondo, que funcionan como respaldo al momento de solicitar el crédito.Cuánto le prestan con sus cesantías en 2026Para 2026, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que financiará hasta el 100 % del valor del inmueble a quienes cumplan los requisitos establecidos; es decir, los solicitantes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial.Sin embargo, el monto definitivo dependerá de:La capacidad de pago del solicitante.El puntaje mínimo de calificación exigido.Que no existan embargos sobre los recursos.Tener las cesantías consignadas en el Fondo.Adicionalmente, las cesantías administradas por el FNA generan rendimientos atados a la UVR, lo que busca proteger su valor frente a la inflación; además, la entidad no cobra cuotas de administración ni comisiones por retiros.En educación, los afiliados pueden usar sus cesantías para financiar estudios propios, de su pareja o incluso de sus hijos.Con ahorro también le prestaría el FNAQuienes no reciben cesantías también pueden vincularse mediante el Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad permite acceder al crédito siempre y cuando el afiliado realice aportes mensuales constantes. El método está disponible tanto para residentes en Colombia como para quienes viven en el exterior.Surge entonces una pregunta: ¿los afiliados por cesantías reciben préstamos más altos que quienes ahorran voluntariamente? Lo cierto es que no; en ambos casos la financiación puede ser hasta del 90 % del valor del inmueble, según la capacidad de endeudamiento.Por lo tanto, el FNA dispone de un simulador. Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo de 180 millones y se financian 144 millones:En cuota fija en pesos a 20 años (9,5 % EA), la cuota aproximada sería de $1.443.160 mensuales con seguros.En UVR a 30 años, la cuota inicial rondaría los $810.331, aunque con un mayor número de pagos totales.Veamos un caso: Andrés tiene 29 años y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al utilizar el simulador eligió la opción por valor de la vivienda. Estos fueron los datos: Cuota constante en pesosCuota total con seguros: $1.443.160Valor de seguros: $137.364Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 20 añosTasa de interés efectiva anual: 9,5 %Tasa de interés mensual: 0,759 %Número de cuotas: 240Cuota constante en UVRCuota total con seguros: $810.331Valor de seguros: $88.404Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 30 añosTasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %Número de cuotas: 360Vale recordar que desde marzo de 2026 estará disponible la opción de financiar el 100 % de la vivienda, lo que ampliará las posibilidades para quienes buscan dar el paso hacia casa propia.
La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentaron los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometieron a no bloquear edificios públicos.Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.Como resultado del encuentro, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que articulará a 20 entidades del Gobierno nacional para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante tres días consecutivos.Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que este lunes se registrara la retención de al menos 1.300 funcionarios públicos de cuatro entidades, entre ellas, los ministerios de Educación y Minas; la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el Dane y el resto complejo del Centro Administrativo Nacional, CAN.Fuentes confirmaron que las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de trabajadores a las instituciones mientras avanzan las conversaciones. Incluso, algunos campesinos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional.En la jornada inicial se alcanzaron acuerdos preliminares en materia agrícola. Este martes continuaban las negociaciones.La agenda de negociación incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca.La mesa cuenta con la mediación de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de garantizar transparencia, respeto por los derechos fundamentales y avances concretos en favor de las comunidades.