Este 7 de febrero Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias ‘Ñoño’, señalado como uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Buenaventura, llegó a Colombia extraditado desde Chile. El hombre fue recibido por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y entregado a las autoridades judiciales para que responda por múltiples delitos.Alias ‘Ñoño’ era requerido por la justicia colombiana, entre otros cargos, por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de apenas cuatro años de edad, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los casos más graves registrados en el puerto sobre el Pacífico.Además, Flórez Moreno enfrenta procesos pendientes por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.De acuerdo con las investigaciones, Flórez Moreno fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, una de las organizaciones ilegales con mayor influencia en Buenaventura.Su rol dentro de esta banda lo llevó a integrar el cartel de los más buscados en esa ciudad, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera su captura.Tras huir del país, las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron por más de un año. En ese periodo, las autoridades lograron establecer que alias ‘Ñoño’ se encontraba residiendo en el sur del continente, lo que derivó en la emisión de una circular roja de Interpol. Debido a su peligrosidad y al prontuario criminal que registraba en Colombia, también era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina.La captura y posterior extradición fueron posibles gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, un trabajo articulado que permitió ubicarlo, detenerlo y concretar su entrega a Colombia.Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en los procesos penales que tiene en su contra y responder por los crímenes que se le imputan.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que este caso “hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, y subrayó que fue posible gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas.
Para muchas parejas, comprar vivienda estando casado suele generar más dudas que certezas, especialmente cuando los ahorros provienen del esfuerzo individual de cada uno. Sin embargo, en Colombia, una práctica que durante años se consideró inofensiva puede terminar costando muy caro.Resulta que ocultar el estado civil al momento de adquirir un inmueble puede dejar a una persona literalmente en la calle. La ley es clara y las consecuencias pueden ser más drásticas de lo que muchos imaginan, al punto de dejar a algunos sin un solo peso.Ocultar el matrimonio lo dejaría en la calleAl firmar una escritura pública de compraventa, el comprador está obligado a declarar su estado civil real. Decir que es soltero cuando existe un matrimonio vigente no es un simple error: es una irregularidad que afecta directamente a la sociedad conyugal. Esta sociedad nace de manera automática con el matrimonio y agrupa todos los bienes adquiridos de forma onerosa durante la unión, sin importar quién haya aportado el dinero.Desde el punto de vista notarial y jurídico, registrar una propiedad ocultando al cónyuge constituye un ocultamiento de bienes. Esta situación suele salir a la luz en momentos críticos, como un divorcio o una separación definitiva, cuando se revisa con lupa el patrimonio que la pareja construyó a lo largo de los años.Qué pasaría si se demuestra ocultamiento de bienesLas consecuencias pueden ser bastante graves. Si el cónyuge afectado demuestra ante un juez que existió un ocultamiento deliberado, la sanción puede ser severa al momento de liquidar la sociedad conyugal. La ley contempla castigos que buscan desestimular este tipo de maniobras.Entre las posibles sanciones están:La pérdida de la cuota que le correspondería al infractor sobre ese bien.La obligación de restituir el doble del valor del inmueble, en casos donde se pruebe el dolo.Procesos adicionales por falsedad en documento público.En términos prácticos, quien intentó quedarse con el 100 % de la propiedad podría terminar sin derecho alguno sobre ella.Cómo proteger el patrimonio personalPor fortuna, el ordenamiento colombiano ofrece mecanismos legales para proteger los ahorros sin tener que mentir ni exponerse a sanciones.Las principales opciones son:Capitulaciones matrimoniales: permiten definir, antes del matrimonio, qué bienes no harán parte de la sociedad conyugal.Subrogación real: si la vivienda se compra con recursos provenientes de un bien adquirido antes de casarse, esto debe quedar expresamente consignado en la escritura.Asesoría legal previa: consultar antes de comprar evita errores costosos.Mentir en una escritura pública no solo pone en riesgo la vivienda, sino todo el patrimonio construido.
La promesa de hacer los trámites del Estado desde el celular vuelve a estar en el centro de la mesa y ha generado un debate sobre la posibilidad de lograrlo. Ante eso, el candidato al Senado por la Alianza Verde, Augusto Moreno, plantea una reforma profunda para que el Estado colombiano pueda operar con un sistema moderno y no como un enredo burocrático.Su propuesta parte de una idea que conecta con millones de ciudadanos: el problema no es la falta de talento, sino un modelo que no se adapta a la realidad digital del país. Desde allí, Moreno busca representar a emprendedores, freelancers, trabajadores digitales y jóvenes profesionales que hoy viven de internet, pero que día a día chocan con trámites lentos que parecen no terminar.Un Estado para la gente: así funcionaría la propuestaEl eje más llamativo de la propuesta es la digitalización total de los trámites públicos. Ante eso, Moreno propone que cualquier gestión con el Estado pueda hacerse una sola vez y desde el celular, sin filas ni formularios eternos.Entre los puntos clave de esta idea están:Trámites de una sola vez, sin repetir información.El Estado no vuelve a pedir datos que ya tiene.Acceso digital simple, pensado para el ciudadano.Transparencia total sobre el uso de los recursos públicos.La intención es que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta cotidiana para resolver necesidades básicas.Educación útil para los colombianosLa propuesta del candidato al Senado no se queda solo en el ámbito digital. Moreno también propone actualizar las reglas económicas para que reflejen cómo se trabaja hoy. El enfoque está en la economía digital, el trabajo remoto y los nuevos modelos de negocio:Reglas claras para emprendimiento e inversión.Libertad para plataformas digitales y trabajo remoto.Marco regulatorio moderno para cripto y nuevas tecnologías.En educación, el énfasis es validar las competencias más allá de los títulos, reconocer la formación en línea y apoyar a jóvenes, programadores, gamers y creadores de contenido.Campaña de código abierto y perfil del candidatoLa campaña de Moreno opera bajo un modelo de “código abierto”. Desde su plataforma web, cualquier ciudadano puede conocer las propuestas, hacer aportes y seguir el proceso político. El candidato, ingeniero industrial con formación internacional y experiencia en proyectos tecnológicos y sociales, insiste en que la política debe construirse con datos, evidencia y participación real.“No soy político. Soy ingeniero y emprendedor. Vengo a arreglar una máquina que claramente no está funcionando”, resume Moreno, quien busca llevar al Congreso una visión técnica, independiente y centrada en el ciudadano.
En la madrugada de este sábado fueron recuperados otros dos cuerpos de los seis mineros fallecidos en la explosión en la mina Mata Siete, ubicada en Guachetá, Cundinamarca. Las autoridades confirmaron la identidad de Arnold Arias, un hombre de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años. Con este nuevo reporte, ya son cuatro los cuerpos encontrados en la mina.De acuerdo con la información entregada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, durante la noche y la madrugada ingresaron varias cuadrillas de socorristas a la mina. A las 11:10 de la noche entró el primer equipo de rescate; hacia las 2:10 de la mañana se logró recuperar el cuerpo sin vida del tercer minero y, posteriormente, a las 4:20 de la mañana, ingresó una segunda cuadrilla para continuar con las labores. Más tarde, a las 7:00 de la mañana, una tercera cuadrilla entró a apoyar la operación y, a las 7:22, se confirmó la recuperación de otro de los cuerpos.Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó a través de su cuenta en X que los dos mineros que aún faltan por recuperar de la mina fueron ubicados visualmente en su interior por los equipos de socorro. Se estima que los cuerpos de los trabajadores, que se encontraban en turno al momento de la explosión, estaban a más de 170 m bajo tierra.El alcalde de Guachetá, Pablo Caquizán, confirmó en entrevista con Blu Radio que el operativo ha sido especialmente complejo por la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que representa un alto riesgo para los rescatistas. Por esta razón, el ingreso se ha tenido que hacer de manera progresiva y controlada, avanzando en tramos de aproximadamente 15 metros.Según indicó el alcalde, junto con técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han instalado ductos de ventilación para extraer los gases acumulados y permitir que los equipos puedan seguir avanzando de forma segura dentro de la mina, puesto que la explosión fue provocada por la acumulación de gas metano en el interior del socavón.Además, este punto ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, ya que la mina tenía procesos sancionatorios abiertos por falta de permisos.
En un emotivo acto llevado a cabo en el Museo Casa de la Memoria, comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz identificados como no máximos responsables, pidieron perdón por casos de ejecuciones extrajudiciales.Se trata de 85 exmilitares adscritos a diferentes unidades de la Cuarta Brigada del Ejército que estuvieron implicados en estos hechos más conocidos como ‘falsos positivos’ entre los años 2002 y 2008 en municipios como Cocorná, Granada, San Luis, Guarne, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Caldas, Bello, Girardota y Medellín.El magistrado Pedro Díaz, miembro de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, explicó la importancia de este tipo de actos públicos para las víctimas de estos graves hechos cometidos en el contexto del conflicto armado y donde el mismo tribunal ha documentado al menos 1.600 de estas. Además se refirió a patrones macrocriminales identificados durante el proceso investigativo."El número más alto de víctimas era de origen campesino. También eran víctimas desempleados, otro grupo de desempleados, y en un alto porcentaje de 82%, jóvenes, entre 22 y 44 años".Varios de los exmilitares, representantes de las cinco unidades que hicieron parte de hechos victimizantes, expresaron un arrepentimiento sincero y voluntad de continuar aportando con la verdad para la reparación de las víctimas. Andrés Cervantes, representante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas."No estamos aquí por una formalidad, no estamos aquí por un trámite judicial. Estamos aquí porque el dolor que causamos sigue presente, porque las heridas que dejamos abiertas no han cerrado, porque el silencio impuesto durante años aún pesa en la memoria de las familias", admitió Cervantes.Otras voces de parte de los exintegrantes de la fuerza pública como Diego Alexander Salazar, representante del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, se enfocaron en manifestar su compromiso para evitar la repetición de estos hechos violatorios del derecho internacional humanitario y en general de los derechos humanos."Queremos decirle a las víctimas de esta unidad militar, a sus familias y el territorio afectado que han sufrido. Nunca más, nunca más violencia, nunca más el dolor, nunca más la impunidad", afirmó el exmilitar.A la ceremonia también fue convocado el actual comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el general Carlos Eduardo Caycedo, con el propósito de que informara ante las víctimas, la JEP y la sociedad cuáles han sido las directrices, medidas institucionales y acciones implementadas en esa unidad militar para prevenir la repetición de hechos.El alto mando indicó que han avanzado en los últimos años en el proceso de formación en materia de derechos humanos para los integrantes de la unidad militar y que la verdad que ha surgido en estos procesos ante el tribunal deben servir de lección para el futuro."Hoy reiteramos de manera humilde y categórica, el compromiso institucional de trabajar incansablemente, para que hechos como estos, que bajo ninguna circunstancia debieron presentarse, jamás se repitan", dijo.Entre la unidades implicadas en las ejecuciones extrajudiciales están: el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío”, el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez”, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), y los GAULA Rionegro y el GAULA Antioquia.
Cuatro edificios del arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona, ubicados en Bogotá, fueron postulados para ser incluidos en la lista de lugares del Patrimonio Mundial de la Unesco por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación del artista.Salmona, fallecido en 2007, es considerado uno de los arquitectos más importantes de América Latina con una trayectoria de más de cinco décadas. Su obra se distingue, no sólo por su carácter estético, sino por su profunda expresión cultural y su relación con el espacio público.La propuesta incluye las Torres del Parque, el edificio del Archivo General de la Nación, el edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco, todas ubicadas en Bogotá y destacadas por el uso del ladrillo y la representación de la cultura latinoamericana.Según informó el Ministerio de las Culturas, en marzo la Secretaría del Comité de Patrimonio Mundial evaluará si la candidatura queda incluida dentro de las 35 que serán evaluadas para entrar en el listado en 2026.De avanzar en el proceso, la postulación será sometida a una evaluación técnica por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Cultural."En un mundo donde cada vez se levantan más barreras entre lo público y lo privado, la arquitectura de Salmona invita al encuentro, a la inclusión y al uso colectivo de los espacios", afirmó la cartera de Cultura.En la actualidad Colombia cuenta con nueve lugares inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, entre ellos el Paisaje Cultural Cafetero, el Parque Nacional Chiribiquete, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y los centros históricos de Cartagena y Mompox.La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, calificó la obra de Salmona como disruptiva e innovadora, y subrayó su capacidad para generar un diálogo entre una estructura pesada y la vida cotidiana de los bogotanos.La lista oficial de candidatos se presentará en mayo de 2026 y la decisión final se dictará a mediados de 2027 en la 49° sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Nueva ofensiva del Ejército Nacional en contra de la minería ilegal en el departamento de Antioquia. En los operativos se registraron varias capturas en flagrancia y la incautación de elementos destinados a este delito.Tropas del Ejército Nacional intensificaron sus operaciones para contrarrestar esta práctica ilegal en el municipio de Yolombó, en el Nordeste antioqueño.Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná de la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron una operación militar exactamente en el corregimiento La Floresta, jurisdicción de este municipio, en que lograron la captura de cinco hombres.Con el operativo puesto en marcha en el terreno, los uniformados neutralizaron a estos individuos, quienes fueron aprehendidos en flagrancia, cuando se encontraban ejecutando actividades de minería ilegal, perjudicando de manera ostensible los recursos naturales que con los que cuenta la zona.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el lugar, también fueron incautados algunos elementos utilizados para la ejecución de la explotación de los terrenos. Entre ellos se destaca el decomiso de dos motores industriales.Los detenidos fueron trasladados a un centro de reclusión y fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Ahora tendrán que responder ante la justicia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.Es importante destacar, que mediante la puesta en marcha de estas acciones, el Ejército Nacional. juega un papel crucial en pro de contrarrestar el daño ambiental sobre la zona y le aporta a la conservación del ecosistema.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 6 de febrero de 2026:En varias regiones del país, intensas lluvias provocan desbordamiento de ríos y crecientes súbitas.En la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, esperan al presidente Gustavo Petro para definir medidas frente a la ola invernal que afecta varias regiones del país.La explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca, deja a seis mineros atrapados desde hace más de 17 horas, con pronóstico reservado.En Quito, la delegación de alto nivel, liderada por el ministros Pedro Sánchez y la canciller Rosa Villavicencio, inicia reuniones para superar la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador.En Arauca, autoridades responsabilizan al ELN por el atentado a la caravana del senador Jairo Castellanos, que dejó dos escoltas asesinados en Fortul.Escuche el programa completo aquí:
Con un cartel que revela sus rostros, nombres y alias, las autoridades en Antioquia buscan por cielo y tierra a quienes están detrás de crímenes en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, esperando que la ciudadanía pueda aportar información que permita su captura, por la millonaria recompensa que fue anunciada por la Gobernación.Se trata de una veintena de personas requeridas por la justicia por delitos como homicidio, homicidio agravado, feminicidio, tortura, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, con presencia criminal en distintas subregiones del departamento.Según indicó el coronel Luis Muñoz, comandante del departamento de Policía Antioquia, la mayoría de los incluidos en el cartel tendrían vínculos con el Clan del Golfo, desempeñándose como cabecillas de zona, sicarios, coordinadores urbanos, puntos de inteligencia, financieros y enlaces criminales, responsables de múltiples hechos violentos, entre ellos ataques contra la población civil y homicidios de miembros de la Fuerza Pública."La mayoría hacen parte del Clan del Golfo. Algunos, pocos, dos o tres, como actores independientes. Algunos tienen más de una persona a la cual le quitaron la vida. Entonces, se recepciona la información, se invita a la comunidad a que que nos informe, que nos dé piezas claves para llevar a cabo un proceso investigativo, y de acuerdo a eso, pues se hace una trazabilidad con la capacidad institucional para efectuar un allanamiento, la captura", señaló. Por su parte, el secretario de Seguridad del departamento, Luis Muñoz, se refirió a los tres señalados delincuentes que aunque fueron incluidos en el cartel, dos ya fueron capturados y uno más fue asesinado, los cuales fueron identificados como Leonardo Pérez, alias 'Chiquito'; Fabían Martínez alias 'Mateo'; y Sebastián Restrepo alias 'Machita', respectivamente."De estas personas por las cuales estamos ofreciendo una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información que nos permita su captura, tenemos que, ya en las últimas horas, una vez lanzado este esta estrategia, fueron capturados dos de ellos. Y tenemos uno que anoche fue asesinado en el corregimiento de Santa Inés, de Andes", aseguró.Más capturadosIgualmente, tras el lanzamiento del cartel en redes sociales, las autoridades lograron la ubicación y captura de Jaime Antonio Martínez Villalobos, alias 'Orejas'; Ángel David Madera Rivero, alias 'Cartagena', y Sebastián Andrés Sotelo Alarcón, alias 'Segoviano'. Asimismo, en hechos que son materia de investigación, fueron hallados sin vida Carlos Mario Mira Romero, alias 'Julián' o 'El Concejal' y Samir de Jesús Pulgarín Vergara.Algunos casosEntre los casos relevantes se encuentran Juan Manuel Torres Bedoya, alias 'Cinto', integrante del grupo delincuencial organizado La Terraza, señalado de ser responsable del homicidio de cuatro personas ocurrido el 18 de marzo de 2025 en la vereda Santa Rita, del municipio de Andes, así como Abraham Díaz Sosa, alias 'Abraham', sindicado del feminicidio de su esposa, ocurrido el año anterior en el municipio de Caucasia.También figura alias 'Alambrito', señalado de ser el responsable del asesinato del patrullero Lenin Rafael Suárez, hecho ocurrido el pasado 25 de abril en el marco del denominado plan pistola contra la Fuerza Pública, además de alias 'Villa', investigados por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado embolsado en el municipio de Rionegro el 26 de julio de 2025.Asimismo, el cartel incluye a alias 'Jaz' y alias 'Laura', sindicadas de pertenecer al Clan del Golfo y de suministrar información para la comisión de homicidios en los municipios de Amalfi y Yolombó; a alias 'Once', integrante de esa misma estructura criminal en el municipio de Remedios, investigado por su presunta responsabilidad en cinco homicidios ocurridos entre 2024 y 2025; y a alias “Momia”, señalado de haber decapitado a dos personas en 2023 en los municipios de Hispania y Andes.
El Gobierno evalúa declarar una nueva emergencia económica, social y ambiental para atender las graves afectaciones que deja el frente frío que impacta a Colombia desde el pasado 31 de enero. La recomendación de adoptar esta medida fue hecha por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tras analizar el alcance de las lluvias intensas y persistentes que han generado más de cien emergencias en varias regiones del país.La decisión se estudió durante una extensa sesión liderada por el presidente Gustavo Petro en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que el Gobierno en pleno evaluó el impacto de la temporada de lluvias, las acciones de respuesta y las necesidades de recuperación posdesastre.De acuerdo con el balance oficial, el país registra 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con más de 43.900 familias afectadas. Los territorios más golpeados son Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, siendo Córdoba el departamento con mayor impacto, al concentrar más de 33.000 familias damnificadas.Según explicó la UNGRD, el frente frío ha provocado un comportamiento climático fuera de lo habitual, con lluvias intensas incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña. Esta situación ha derivado en inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos que han afectado infraestructura crítica, servicios esenciales y amplias zonas productivas del país.El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que se trata de un evento sin precedentes y difícil de prever, que ha generado afectaciones en cientos de miles de hectáreas, especialmente en la región Caribe.Carrillo advirtió que, tras la fase de respuesta inmediata, vendrá un proceso de recuperación que podría costarle al país billones de pesos. “En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental”, dijo.El director de la UNGRD también confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 personas fallecidas, dos desaparecidas y una creciente mancha de inundación que solo en Córdoba podría alcanzar las 35.000 hectáreas. Según señaló, las cifras continúan en consolidación y las afectaciones podrían aumentar con el paso de los días.Mientras se define la declaratoria, la UNGRD ha activado una respuesta nacional con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. En total, se han realizado 21 operaciones de asistencia humanitaria, se han movilizado 30 toneladas de ayuda en 20 vuelos y se ha atendido a más de 27.000 familias damnificadas.Este sábado, 7 de febrero, se realizará un Consejo Ampliado de Manejo, Reducción y Conocimiento del Riesgo, con el fin de entregar los insumos técnicos necesarios para que el Consejo de Ministros discuta el próximo lunes la posible declaratoria de emergencia.
Con medidas de seguridad y la opción de contar con Estados Unidos, Colombia sigue en el plan para mejorar la relación con Ecuador luego de la fallida reunión entre las cancilleres de ambos países pues no fue aceptada la propuesta de suspender los aranceles impuestos desde el pasado 1 de febrero pasado.Dicha reunión se adelantó este viernes en Quito, a donde viajaron los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio y de Defensa, Pedro Sánchez. Y aunque hablaron de seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio, no se lograron acuerdos adicionales al de mantener el diálogo.Ante esto, el ministro Sánchez, mencionó una serie de estrategias para mejorar el control de la frontera, pues fue la razón base para que el presidente Daniel Noboa aplicara la sanción económica.“En términos de seguridad y defensa, puedo decir que la reunión fue supremamente franca. También permitió analizar conjuntamente las acciones para neutralizar una amenaza compleja pero también común, que es el narcotráfico”, aseguró Sánchez.Mantener una posición propositiva y de cooperación con Ecuador para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, priorizar Nariño y Putumayo como zonas clave para la erradicación y reducción de cultivos ilícitos y golpear las rutas del tráfico, así como intensificar las operaciones contra los cárteles del narcotráfico hacen parte de esas estrategias.Todo esto, explicó Sánchez, de daría con el apoyo de Estados Unidos que ha sido cercado al gobierno de Noboa y ahora que se solucionaron las tensiones con el presidente Gustavo Petro.“También cómo podemos articular la información por parte de Colombia con Ecuador para ir detrás de los capos que recurren al lavado de activos. También declarar como objetivos militares de alto valor estratégico de manera conjunta entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos de los delincuentes que afectan esta zona fronteriza”, detalló Sánchez.Un plan similar al compromiso adquirido por Petro tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.Colombia también se comprometió a avanzar en la extradición de cabecillas capturados, como alias Pitufo, reforzar la seguridad fronteriza, mediante el despliegue de 11.000 miembros de la Policía y el Ejército, y capacitar a las fuerzas del país vecino.El ministro Sánchez también reportó un incremento del 47 % en incautaciones en 2025, golpes importantes a carteles del narcotráfico y operaciones clave como la denominada “Cordillera” en Nariño.“También de la mano de Estados Unidos y con Ecuador adelantamos una prueba piloto para un centro de función de inteligencia que permita conocer la amenaza independientemente de en qué lugar se encuentre para atacar con total contundencia”, amplió el ministro Sánchez.
En medio de la creciente tensión dentro del progresismo, Roy Barreras respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida. El precandidato presidencial no solo rechazó los señalamientos, sino que reveló un episodio privado que, según él, explica el trasfondo de la ruptura.Según el exsenador, Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, colectividad que lidera. "Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.Aunque evitó responder con insultos directos, dejó claro que considera que las críticas de Romero obedecen a esa negativa."Probablemente quedó un poco lastimado porque no pude ofrecerle ser la cabeza de lista de mi partido, pero tiene derecho a buscar otro espacio", agregó Roy.El choque se da en un contexto de fragmentación en la centroizquierda, tras la decisión de varios sectores de no participar en la consulta del 8 de marzo y optar por llegar directamente a la primera vuelta presidencial, como Juan Fernando Cristo. Para Barreras, esa postura sí debilita al progresismo. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. El 9 de marzo, a las 7:00 de la mañana, estaremos reunidos para garantizar llegar unidos a la primera vuelta”, aseguró.Sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de no votar en la consulta, Barreras negó que eso signifique un retiro de respaldo. “Yo no fui a visitarlo para que votara por mí. Él ha dicho que deja que los ciudadanos decidan”, afirmó, insistiendo en que el liderazgo del progresismo debe definirse en las urnas y no en acuerdos cerrados entre dirigentes.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.
Una operación de la fuerza pública para capturar a alias ‘Patepalo’, señalado cabecilla criminal de las disidencias de las Farc, con amplio prontuario, terminó frustrada el pasado fin de semana en zona rural de Vista Hermosa, Meta, luego de que habitantes del sector, presuntamente obligados por un grupo armado ilegal, impidieran el avance de los uniformados.De acuerdo con la información de inteligencia, los hechos ocurrieron cuando tropas se desplazaban por una vía destapada hacia un caserío donde se encontraba el objetivo. En ese momento, varios civiles salieron de sus viviendas, se concentraron sobre el camino y formaron una barrera humana para bloquear el paso de los militares, generando una situación de alta tensión en la zona.Videos muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, haciendo señas, gritando y grabando con teléfonos celulares. La presencia masiva de civiles obligó a frenar la operación, lo que fue aprovechado por alias ‘Patepalo’ para escapar del lugar y evadir su captura.Según las autoridades, la acción de la comunidad no fue espontánea. La población habría actuado bajo presión de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’, que mantiene control e influencia en esta región del sur del Meta, utilizando amenazas y constreñimiento para obstaculizar las operaciones del Estado.
Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Ese viernes el presidente Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la grave crisis generada por las lluvias. El mandatario no descartó extenderla a todo el país y pide a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica.El jefe de Estado confirmó que las emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas y 35.000 hectáreas inundadas en todo el país, siendo la región Caribe la más afectada.El anuncio se produjo tras más de tres horas de Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se evaluó el impacto de las precipitaciones en distintas regiones. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que en este caso sí existe un “hecho sobreviniente”, en referencia a la discusión jurídica que rodeó el anterior decreto de emergencia económica, suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional mientras se estudia de fondo.La diferencia, según explicó el propio presidente, radica en que esta nueva declaratoria responde a una situación climática imprevisible y de gran magnitud. El Ideam advirtió además que este fin de semana llegará un segundo frente frío al norte del país, con menor intensidad, pero que incrementará las lluvias en zonas del litoral de Córdoba y Sucre, así como en Magdalena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. También se mantienen alertas por oleaje.En Córdoba y Sucre crece la preocupación por el riesgo de desabastecimiento de alimentos, debido a las miles de hectáreas inundadas y las vías afectadas. Gobernadores y alcaldes han insistido en la urgencia de acelerar la llegada de ayudas, en medio de cuestionamientos por la capacidad operativa de la UNGRD, entidad golpeada recientemente por escándalos de corrupción.
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.El sorteo dejó en firme la ubicación oficial de cada bloque en el documento que recibirán los ciudadanos en sus mesas de votación. Según explicó la Registraduría, las tres consultas aparecerán claramente diferenciadas en un mismo tarjetón, el cual deberá ser solicitado expresamente por el elector si desea participar en alguno de estos procesos interpartidistas.En la parte superior del tarjetón estará la consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, que contará con dos candidatos ubicados en ese primer bloque. Más abajo figurará la Gran Consulta por Colombia, que incluye nueve aspirantes organizados en el orden definido por el sorteo. Finalmente, en la parte inferior aparecerá la consulta del Frente por la Vida, con cinco candidatos habilitados.En el caso del Frente por la Vida, el tarjetón sufrió cambios tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Así, las cinco caras que quedarán impresas son las de Héctor Elías Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Estos nombres ocuparán el último segmento del documento.El proceso también ha estado marcado por movimientos políticos recientes. El retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo generó un fuerte pronunciamiento de Roy Barreras, quien afirmó que estas decisiones fragmentan el progresismo. Posteriormente, el candidato confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro y anunció que hará un pronunciamiento al país en las próximas horas. A esto se sumó la renuncia de Camilo Romero a la consulta.La Registraduría recordó que cada ciudadano recibirá tres tarjetas el día de la votación: una para la consulta interpartidista —si la solicita—, otra para el Senado y una más para la Cámara de Representantes. Es clave marcar únicamente una opción en la consulta escogida para evitar que el voto sea anulado. Con el sorteo ya realizado, el camino queda despejado para la jornada electoral del 8 de marzo.
Este viernes Camilo Romero se bajó de la consulta del Frente por la Vida y se unió a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.El exgobernador de Nariño tomó la decisión minutos antes de que se cerrara oficialmente el plazo para modificaciones en las consultas interpartidistas. Mientras en la Registraduría se realizaba el sorteo de ubicación de los candidatos en el tarjetón, Romero confirmó públicamente que se bajaba de la contienda y, acto seguido, apareció en tarima junto a Iván Cepeda en un evento político en la capital del Magdalena.“Acabo de radicar esta carta que es mi renuncia a la consulta del Frente por la Vida. Es la consecuencia del mensaje que he traído al país: más coherencia, menos codicia (...) La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó.Su decisión se da en medio de una fractura dentro de los sectores alternativos. En el Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Daniel Quintero, Marta Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. La consulta ya había sufrido otros remezones, como la salida del exministro Juan Fernando Cristo, quien cuestionó la falta de unidad y aseguró que la ausencia de ciertos liderazgos debilitaba la opción de construir un bloque progresista sólido.En contraste, Daniel Quintero defendió su permanencia en la consulta y aseguró que, más allá de las diferencias actuales, después del 9 de marzo deberán buscarse mecanismos de unión. La jornada estuvo marcada además por el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó que no votará en la consulta del 8 de marzo y que solo participará en la elección al Congreso.“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.