El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
Medellín realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia busca fortalecer la prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. La aplicación del biológico será gratuita y estará disponible para toda la población que no tenga la dosis.La Administración Distrital reiteró que la fiebre amarilla puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. Aunque en la ciudad no se registran casos históricos de la enfermedad, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa. La vacunación sigue siendo la principal medida para evitar riesgos, especialmente ante viajes a zonas endémicas.De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años. Este balance evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Sin embargo, el llamado es a verificar el carné de vacunación y completar el esquema si es necesario.¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?La vacuna contra la fiebre amarilla es de dosis única y ofrece protección de por vida. No tiene costo y está incluida dentro del esquema nacional de inmunización. Las autoridades insisten en que la protección individual es clave para evitar la propagación del virus en el territorio.“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país”, señaló Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Agregó que desde 2024 se han confirmado 169 casos y más de 70 fallecimientos en Colombia, aunque en Antioquia no se reportan contagios.La funcionaria precisó que muchos casos se concentran en departamentos como Tolima, lo que incrementa el riesgo para viajeros. Por ello, recomendó acudir a los puntos habilitados antes de desplazarse a zonas donde circula el virus. La programación y ubicación de los puestos puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín.Síntomas de fiebre amarillaAdemás de la vacunación, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, náuseas o vómito. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y evitar desenlaces graves. También se insiste en no automedicarse.
De nuevo se registraron en las últimas horas enfrentamientos armados en la vereda Tamar Bajo, jurisdicción del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, situación que mantiene en alerta a las comunidades campesinas del territorio desde hace por lo menos una semana.De acuerdo con las denuncias de ONG en territorio, los fuertes combates estarían siendo protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo.Además, según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) un numeroso grupo de hombres fuertemente armados habría salido desde la vereda La Cruz Bajitales con dirección hacia Caño Tigre, lo que incrementa la tensión y el riesgo en otros sectores rurales del municipio.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que el ente departamental ya adelanta gestiones con la Secretaría de Gobierno de la vecina localidad de Yondó, para la asistencia humanitaria a las familias que se han tenido que desplazar por la situación, mientras que también convocaron un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía."Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta", dijo el funcionario.La Primera División del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción esta zona afectada, confirmó que se realizó una solicitud a la Alcaldía de Remedios para que se desarrolle un consejo de seguridad extraordinario y por ahora están a la espera de que la autoridad civil del municipio convoque el encuentro, para que se establezcan medidas ante esta alteración de orden público.Por lo pronto, las comunidades campesinas reiteraron la petición urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la permanencia de la población civil en el territorio.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Un caso de feminicidio sacudió a Colombia y a Estados Unidos por la crudeza de los hechos. Una mujer paisa de 39 años, identificada como Lina María, fue hallada sin vida en su vivienda en Norfolk, Virginia, luego de que su familia en Colombia reportara su desaparición. La última vez que hablaron con ella fue el 16 de enero; desde entonces, el silencio encendió las alarmas entre sus allegados.El 5 de febrero, su hermano hizo oficial el reporte ante las autoridades. Días después, durante el allanamiento de un apartamento en el edificio Icon, agentes en Estados Unidos encontraron el cuerpo sin signos vitales en un congelador, así como su celular y un vehículo Tesla perteneciente a su esposo.Quién es el presunto feminicidaEl principal señalado es su esposo, David Varela, colombiano de 38 años que actualmente es buscado por las autoridades. Tras el hallazgo, el hombre fue acusado formalmente por:Ocultar un cadáver para evitar su detección.Asesinato en primer grado.La investigación estableció que el 5 de febrero el hombre tomó un vuelo con destino a Hong Kong. En el caso intervienen el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Homeland Security Investigations (HSI) y el Naval Criminal Investigative Service (NCIS).El NCIS confirmó que el sospechoso era reservista de la Armada de Estados Unidos. Llamó la atención que no se presentó a trabajar ni respondió llamadas oficiales, además de no registrar vínculos aparentes con Hong Kong.Feminicida dio versión inesperada a familiaAntes de confirmarse la muerte de Lina María, el esposo aseguró a la familia que ella había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión. Para sostener esa versión, envió una fotografía en la que, al parecer, la visitaba en la cárcel, vestida con uniforme naranja.Sin embargo, la verificación de registros judiciales citada por News 3 no halló evidencia de proceso alguno en su contra. Esa contradicción encendió las alertas tanto en la familia como en los investigadores.Mensajes en los que el hoy prófugo afirmaba “no he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” también hacen parte del expediente. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda internacional del sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que David Varela responda por el crimen.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres lanzó un manual para transformar la narrativa sobre lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes siguen enfrentando altos niveles de violencia y estigmatización.La publicación, titulada “Comunicación y periodismo que cuida: Un manual para narrar la paz desde las mujeres”, fue coescrita por 41 lideresas, defensoras y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia. Este documento busca cambiar la forma en que los medios de comunicación abordan las historias de las mujeres que defienden los derechos humanos, la naturaleza y la paz en los territorios.ONU Mujeres advirtió que, además de la invisibilidad mediática, las defensoras son uno de los grupos más expuestos a riesgos, amenazas y asesinatos en el país y la región. Muchas son víctimas de violencia por razones de género y enfrentan estigmatización por su liderazgo social.El manual propone una comunicación que reconozca a las mujeres como protagonistas de transformación y no solo como víctimas. Plantea principios éticos, pautas para evitar la revictimización y herramientas para proteger la identidad y seguridad de las fuentes. También aborda la seguridad digital, un riesgo creciente para lideresas y comunicadoras.El documento invita a periodistas y medios a cubrir no solo los hechos de violencia, sino también las soluciones que impulsan las mujeres en sus comunidades. “Queremos que hablen de nosotras con nuestras propias palabras”, expresan las coautoras, quienes piden un periodismo que contribuya a la protección de la vida y los liderazgos femeninos.Con esta iniciativa, ONU Mujeres busca fortalecer la labor de las defensoras y promover narrativas que reconozcan su papel central en la construcción de paz y en la defensa de los derechos humanos en América Latina.
Como Noralba Carvajal Rojas fue identificada la mujer que perdió la vida tras ser impactada por una bala perdida en un aparente hecho de sicariato que se presentó frente a un establecimiento público del municipio de Isnos, en el sur del Huila.Según información de las autoridades, dos sujetos encapuchados abrieron fuego contra un hombre identificado como Jerson Uriel Rojas, quien resultó herido en el lugar de los hechos, mientras que la mujer, de 39 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial de la población.El secretario de Gobierno de Isnos, Fabián Cuéllar, lamentó el hecho y dijo que ya tienen pistas de los presuntos autores que hoy enlutan a una familia del municipio: “Los sicarios propinaron cinco disparos contra la persona que iban a atacar. Lamentablemente, uno de esos disparos lo recibió la mujer de 39 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas en el hospital local”, manifestó el funcionario.Agregó el funcionario de la administración municipal que los cuatro hijos de la madre de familia, víctima del vil ataque, quedaron bajo custodia de la Comisaría de Familia para garantizarles sus derechos.Entre tanto, las autoridades, a través de cámaras de seguridad y otras evidencias recolectadas, adelantan las investigaciones para dar con la ubicación de los responsables.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó la posición del Gobierno frente a una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y fue enfático en señalar que Colombia no participará en acciones militares externas. El funcionario aclaró que la prioridad del país es prepararse para un eventual incremento de la migración y para los riesgos de seguridad que podrían surgir en la frontera.Sánchez indicó que la Fuerza Pública actuará únicamente bajo criterios humanitarios y de protección territorial. “El actuar de nosotros es una atención humanitaria”, afirmó, al detallar que el foco estaría en resguardar a las comunidades de frontera, atender posibles flujos masivos de migrantes y evitar que actores armados aprovechen un eventual escenario de crisis.El ministro añadió que, si se presentaran movimientos irregulares o intentos de infiltración, la respuesta estaría orientada a contener las amenazas internas. “Si llega a haber migración fuerte, y si terroristas intentan pasar hacia acá, es enfocarnos en atacar los Grupos Armados Organizados, es decir, seguir cumpliendo el rol de la Fuerza Pública”, señaló, describiendo la prioridad operativa en caso de un deterioro de la situación vecina.De esta manera, el Ministerio de Defensa reiteró que cualquier actuación de Colombia se limitará a la atención humanitaria, la seguridad fronteriza y la protección de su población, sin contemplar participación alguna en escenarios bélicos internacionales.
En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo establece las reglas básicas que debe cumplir cualquier empleado, desde sus deberes hasta el comportamiento esperado dentro de la empresa. Y aunque la vida privada, en principio, no debería interferir con la estabilidad laboral de nadie, una reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia volvió a abrir el debate sobre qué tanto puede llegar a pesar una infidelidad cuando ocurre dentro del entorno laboral.Para muchos trabajadores, pasar buena parte del día en la oficina crea vínculos cercanos con los compañeros. Entre reuniones, turnos y proyectos surgen amistades, complicidades y, en algunos casos, relaciones sentimentales. En general, las empresas prefieren no involucrarse en esos asuntos, a menos que empiecen a alterar la convivencia. El escenario cambia cuando la relación es extramatrimonial y, además, afecta el ambiente interno.¿Puede una infidelidad ser causal de despido según la ley laboral?Aunque la regla general indica que la vida sentimental de un trabajador pertenece a su esfera privada, la sentencia SL10137-2015 de la Sala de Casación Laboral en 2015 dejó claro que no siempre es así. El fallo se originó en un caso en el que un jefe sostuvo una relación sentimental y sexual con la esposa de uno de sus empleados. Frente a esa situación, la compañía decidió despedir al trabajador involucrado, argumentando que violó el código de ética y el reglamento interno que prohíbe actos inmorales capaces de alterar la armonía laboral.El empleado demandó, asegurando que los hechos ocurrieron en su vida privada y, por lo tanto, no eran motivo suficiente para terminar el contrato. Sin embargo, la Corte determinó que su conducta sí afectó el ambiente laboral y la calificó como una falta grave. Para sustentar su decisión, la Sala citó el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, que exige mantener una conducta respetuosa y moral frente a jefes y compañeros.El fallo advierte que este tipo de situaciones puede generar conflictos serios dentro de una comunidad laboral: riñas, venganzas, rupturas e incluso riesgos mayores. Por eso, concluyó que cuando una infidelidad involucra directamente a integrantes de la misma empresa y altera la convivencia, puede convertirse en causal de despido con justa causa.El abogado Óscar Sierra, consultado por Blu Radio, señala que el derecho a la intimidad es fundamental, pero cede cuando la conducta privada impacta la estabilidad laboral. Según explicó, no se trata de penalizar cualquier infidelidad, sino aquellas que se entrelazan con dinámicas internas de la compañía. Si la situación genera afectaciones reales dentro del entorno de trabajo, la Corte considera válido que sea motivo de terminación del contrato.“La sentencia lo que está diciendo es: cuando se afecta la estabilidad laboral, cuando se deterioran las buenas relaciones dentro de la empresa, como ocurrió en este caso, donde la esposa de un trabajador sostuvo relaciones íntimas con una persona de la compañía, ahí la Corte determina que puede ser motivo de justa causa”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro mostró los resultados enviados por la Policía Nacional sobre la incidencia de los principales delitos en el país, al corte del 30 de noviembre de 2025. Aunque fue optimista con su apreciación, hay algunos números que siguen generando preocupación.“Con un gran esfuerzo de la Policía Nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero que en este mes de diciembre bajen más las muertes”, trinó el mandatario. Sin embargo, los delitos de alto impacto parecen quitar el optimismo al comentario, porque el secuestro en Colombia aumentó 103,6 %.La tasa de homicidios en el país, aunque no fue tan elevada en el número de casos, se incrementó 1,9 % en comparación con las cifras de 2024, para un total de 12.376 asesinatos en los primeros 11 meses del año 2025.“No matar en navidad es la orden del presidente de la República de Colombia. La revolución es la vida y es por la vida. Hoy en el mundo, matar es un asunto contrarrevolucionario. La revolución de hoy en todo el mundo es la lucha por la vida, atacada por las emanaciones del petróleo y el carbón en el planeta, emanaciones que se producen por la codicia y por muchas otras razones, pero esas otras razones, en gran parte, son también por el producto de la codicia. Codicia y vida son antagónicos”, escribió Petro.La defensa de Petro de los resultados se da porque, pese a ese aumento de los asesinatos, detalló que la tasa de homicidios está en 25,9 % por cada 100.000 habitantes, hubo 310 municipios sin homicidios y 16 departamentos y 13 capitales con reducción de ese delito.En contraste, las masacres también fueron más y registraron un aumento de 3,7 % con 289 víctimas, mientras que 97 policías han sido asesinados.De acuerdo con las cifras oficiales, el feminicidio disminuyó 24 %, al pasar de 183 a 139 casos; la extorsión, -12,3 %; las lesiones personales, -0,2 %; y el hurto a personas, -7,4 %.
El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que Colombia enfrenta un escenario inédito en el camino hacia las elecciones presidenciales: 91 aspirantes están recogiendo firmas para inscribirse por grupos significativos de ciudadanos. En entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el funcionario explicó el alcance del reto logístico, los plazos clave y las reglas para las consultas interpartidistas.Un récord de aspirantes por firmasPenagos confirmó que el país nunca había registrado un volumen semejante de aspirantes presidenciales por firmas. “No hay precedente en la historia de Colombia de un número tan alto de personas que quieran postularse a la presidencia por el mecanismo de firmas”, afirmó.Los precandidatos tienen plazo hasta el 17 de diciembre para entregar los apoyos. Cada uno debe presentar cerca de 660.000 firmas válidas, cifras que llevarán a la Registraduría a revisar cerca de 30 millones de registros.La verificación se realizará entre el 17 de diciembre y el 21 de enero. Según Penagos, la entidad se preparó con personal adicional, grafólogos y herramientas tecnológicas avanzadas.“Desarrollamos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que nos ayuda a depurar y revisar de manera más ágil”, explicó.Calendario de consultas interpartidistasEl registrador anunció que este mismo viernes fue firmado el calendario electoral para las consultas del 8 de marzo, que coincidirán con las elecciones de Cámara y Senado.Los partidos deberán informar antes del 8 de diciembre si desean participar en consultas. Posteriormente, tendrán hasta el 22 de diciembre para retractarse.Finalmente, el 6 de febrero deberán inscribir oficialmente a sus precandidatos y coaliciones. “Son los partidos a los que se les vence el tiempo, porque solo ellos pueden convocar consultas presidenciales”, recalcó Penagos.Una de las decisiones más relevantes es que todas las consultas aparecerán en un único tarjetón, sin importar cuántas se convoquen. “Tener varios tarjetones obligaría a revelar la orientación ideológica del votante y eso viola el secreto del voto”, aseguró.Aunque reconoció que un tarjetón con múltiples consultas puede generar votos nulos, insistió en que el diseño será claro: “Diremos de manera visible que solo se puede elegir una única consulta”, explicó.Penagos evitó pronunciarse sobre casos específicos como el de Daniel Quintero, cuyo nombre no aparece en la última encuesta Invamer, aclarando que la Registraduría “no tiene competencia” para decisiones de fondo sobre habilitación de aspirantes.En cuanto a aspirantes por firmas que podrían sumarse a consultas, explicó que, si sus firmas son validadas en enero, podrán aliarse con partidos para participar, como ha ocurrido en procesos electorales anteriores.