El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
De nuevo se registraron en las últimas horas enfrentamientos armados en la vereda Tamar Bajo, jurisdicción del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, situación que mantiene en alerta a las comunidades campesinas del territorio desde hace por lo menos una semana.De acuerdo con las denuncias de ONG en territorio, los fuertes combates estarían siendo protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo.Además, según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) un numeroso grupo de hombres fuertemente armados habría salido desde la vereda La Cruz Bajitales con dirección hacia Caño Tigre, lo que incrementa la tensión y el riesgo en otros sectores rurales del municipio.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que el ente departamental ya adelanta gestiones con la Secretaría de Gobierno de la vecina localidad de Yondó, para la asistencia humanitaria a las familias que se han tenido que desplazar por la situación, mientras que también convocaron un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía."Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta", dijo el funcionario.La Primera División del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción esta zona afectada, confirmó que se realizó una solicitud a la Alcaldía de Remedios para que se desarrolle un consejo de seguridad extraordinario y por ahora están a la espera de que la autoridad civil del municipio convoque el encuentro, para que se establezcan medidas ante esta alteración de orden público.Por lo pronto, las comunidades campesinas reiteraron la petición urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la permanencia de la población civil en el territorio.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Un caso de feminicidio sacudió a Colombia y a Estados Unidos por la crudeza de los hechos. Una mujer paisa de 39 años, identificada como Lina María, fue hallada sin vida en su vivienda en Norfolk, Virginia, luego de que su familia en Colombia reportara su desaparición. La última vez que hablaron con ella fue el 16 de enero; desde entonces, el silencio encendió las alarmas entre sus allegados.El 5 de febrero, su hermano hizo oficial el reporte ante las autoridades. Días después, durante el allanamiento de un apartamento en el edificio Icon, agentes en Estados Unidos encontraron el cuerpo sin signos vitales en un congelador, así como su celular y un vehículo Tesla perteneciente a su esposo.Quién es el presunto feminicidaEl principal señalado es su esposo, David Varela, colombiano de 38 años que actualmente es buscado por las autoridades. Tras el hallazgo, el hombre fue acusado formalmente por:Ocultar un cadáver para evitar su detección.Asesinato en primer grado.La investigación estableció que el 5 de febrero el hombre tomó un vuelo con destino a Hong Kong. En el caso intervienen el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Homeland Security Investigations (HSI) y el Naval Criminal Investigative Service (NCIS).El NCIS confirmó que el sospechoso era reservista de la Armada de Estados Unidos. Llamó la atención que no se presentó a trabajar ni respondió llamadas oficiales, además de no registrar vínculos aparentes con Hong Kong.Feminicida dio versión inesperada a familiaAntes de confirmarse la muerte de Lina María, el esposo aseguró a la familia que ella había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión. Para sostener esa versión, envió una fotografía en la que, al parecer, la visitaba en la cárcel, vestida con uniforme naranja.Sin embargo, la verificación de registros judiciales citada por News 3 no halló evidencia de proceso alguno en su contra. Esa contradicción encendió las alertas tanto en la familia como en los investigadores.Mensajes en los que el hoy prófugo afirmaba “no he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” también hacen parte del expediente. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda internacional del sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que David Varela responda por el crimen.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El comandante de la FAC, general Luis Carlos Córdoba, reveló que el elemento determinante fue el ahorro logrado durante la negociación y la claridad de la oferta formal presentada por Saab, en contraste con otras propuestas que, según dijo, no ofrecían precios definitivos ni aeronaves nuevas bajo condiciones estables.Según Córdoba, la primera gran diferencia apareció cuando se recibió el documento preliminar de precio y disponibilidad de Estados Unidos. Allí, afirmó, quedó claro que no era una oferta formal. “Los datos de precio y disponibilidad proporcionados no son válidos para preparar una carta de aceptación y oferta. Este documento no representa una oferta del Gobierno de los Estados Unidos”, citó, subrayando que no podía utilizarse para presupuestación ni como base contractual.Tras solicitar una propuesta formal en marzo de 2024, la FAC recibió en junio de ese año una comunicación sobre la posibilidad de adquirir aeronaves usadas provenientes de Estados Unidos y, posteriormente, de otros países. Córdoba insistió en que esa opción no cumplía los requisitos de la Fuerza Aeroespacial. “Reiteramos formalmente que se requieren aeronaves nuevas y que aviones usados no son una opción”. Esa respuesta fue enviada en octubre de 2024, pero, aun así, según relató, en febrero de 2025 la misión aérea estadounidense volvió a presentar alternativas usadas.El proceso continuó con la actualización del estudio de mercado, el análisis del proyecto en el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos en junio de 2025 y la aprobación del aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda en agosto. “Aquí se determina que debe ser en precios corrientes y montos fijos. Esa es la condición”, recalcó. Más adelante, en octubre de 2025, se autorizaron vigencias futuras hasta 2032, lo que permitió iniciar el proceso contractual.El punto clave llegó durante la negociación final con Saab. El comandante de la FAC confirmó que la propuesta sueca logró un ahorro significativo: “Se logró un ahorro del nueve por ciento respecto a la propuesta inicial, pero además se logró tener una aeronave adicional con full capacidades”. En total, el contrato incluye 17 aviones: 15 monoplaza y 2 biplaza, con sensores, radares y sistemas de autoprotección integrados de última generación.El general Córdoba describió que la compra incluye el armamento ya totalmente integrado al software y los sistemas del avión, lo que evita costos y retrasos adicionales: “Llegan listos para usar”. También se incorporó un paquete robusto de soporte logístico para tres mil horas de operación, repuestos, herramientas de tierra, información técnica, soporte de ingeniería y equipos de planeamiento operacional.El contrato, por 3.135 millones de euros, está respaldado por un techo presupuestal de hasta 16,5 billones de pesos, calculado en precios fijos y con la tasa de cambio proyectada por el Ministerio de Hacienda. Incluye además entrenamiento para pilotos operacionales e instructores, técnicos de mantenimiento y simuladores de vuelo y de soporte, diseñados para replicar escenarios reales. “Esto va a permitir que, cuando esos pilotos se suban a esa máquina, puedan iniciar la operación de manera muy segura”, afirmó.
El director ejecutivo de Saab Colombia, Pierre Farkas, aclaró los alcances de la participación del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, en el proceso de negociación para la compra de los aviones de combate Gripen. Según explicó, el jefe de Estado tuvo una única intervención protocolaria y Alcocer no participó en ningún momento del proceso.Farkas confirmó que el 2 de abril de este año se realizó una reunión en la Casa de Nariño, con presencia del entonces cuerpo diplomático sueco y varios ministros del Gobierno. “Como se reveló en medios, el día 2 de abril de este año se llevó a cabo una reunión en Presidencia a la que asistió la antigua embajadora de Suecia y correspondientes ministros”, explicó. Sin embargo, subrayó que esa participación no significó un rol activo del presidente en las negociaciones.El directivo insistió en que todas las sesiones formales se desarrollaron con los equipos técnicos y financieros designados por Colombia. “Estas sesiones de negociación se han hecho con el equipo de evaluación y el equipo técnico, también con equipos financieros y con miras en la cooperación industrial”.Uno de los señalamientos más reiterados por Farkas fue la exclusión total de la primera dama en cualquier instancia del proceso. “La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco las previas primeras damas”, afirmó. Para reforzar su declaración, añadió: “Y para ser empáticamente aún más claro, la primera dama no ha sido parte del proceso, ni antes ni durante ni después”.El representante de Saab recalcó que, en los más de diez años en los que ha participado personalmente en estas discusiones, nunca ha habido intervención de personas ajenas a las delegaciones oficiales. “Este proceso nunca ha tenido intermediarios; el proceso se ha conducido por las autoridades del gobierno colombiano y las del gobierno sueco”, aseguró.Farkas también destacó que ningún gobierno, ni el actual ni los anteriores, ha ejercido presión indebida. “Este gobierno ni los anteriores han ejercido presiones ni tampoco han generado intermediaciones; me refiero específicamente de parte del alto gobierno”, dijo al cerrar su intervención.
La emergencia alrededor del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, ha llevado a las autoridades nacionales a extremar las precauciones, ya que la alerta se mantiene en nivel naranja. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Colombia, Carlos Carrillo, confirmó que la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que se mantiene la actividad sísmica y un movimiento de flujos internos, lo que genera una nueva preocupación.Asimismo, destacó que el volcán Puracé es uno de los volcanes mejor instrumentados del país. "No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar las precauciones. Es una realidad que aumenten las probabilidades de que haya un proceso eruptivo, por eso se cambia el nivel de alerta, pero esto no implica que efectivamente vaya a haber una erupción", indicó Carillo.Recomendaciones La situación actual se ha mantenido desde el día sábado, lo que motivó el desarrollo de un Comité Nacional de Manejo extraordinario. Este comité tomó varias decisiones y emitió recomendaciones clave: Aumento de precauciones, preposicionamiento de capacidades de las fuerzas militares y las capacidades civiles, como la Cruz Roja y los bomberos, para que estén en alistamiento.Evacuación preventiva: La recomendación más importante es la evacuación preventiva inmediata de las familias que se encuentran en la zona de mayor riesgo."Teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros. Tenemos unas cifras que, de acuerdo con el municipio, llegaría a las 70 familias, entonces, la invitación es a las personas que estén en esa área, para que comiencen el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde", enfatizó Carrillo.Escuche la entrevista aquí: Organismos de socorro vigilan a cuatro municipios del Huila aledaños al Volcán PuracéTeniendo en cuenta la expulsión de ceniza y emisión de gases del Volcán Puracé que permanece en alerta naranja, de acuerdo con el reporte del servicio geológico colombiano, las autoridades le hacen seguimiento a cuatro municipios del suroccidente del Huila que limitan con el departamento del Cauca.Se trata de los municipios de La Argentina, Saladoblanco, Isnos y San Agustín, donde se han activado planes de contingencia por los organismos de emergencias Bomberos y Defensa Civil del departamento.“En las zonas rurales de estos cuatro municipios se encuentran con un nivel de amenaza bajo por las constantes actividades sísmicas y de expulsión de gases del volcán Puracé. Por el momento no tenemos afectaciones graves, pero si le estamos haciendo seguimiento permanente y teniendo comunicación constante con los municipios de Isnos, Saladoblanco, La Argentina y San Agustín” dijo Jorge Chaparro, Geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo en el Huila.El funcionario les hace un llamado a las alcaldías municipales mantener comunicación con dirigentes comunitarios de la región y en caso de alguna eventualidad mantener la calma y tomar las medidas preventivas de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades.
La denuncia señala que los hechos se presentan en el sector del Filo, en la zona del corregimiento de El Plateado, donde la presencia de ese grupo armado mantiene bajo amenaza a la población civil.De acuerdo con las organizaciones, la presión ejercida por el frente busca forzar a campesinos y pobladores a participar en acciones de protesta bajo coacción, exponiéndolos al riesgo y convirtiéndolos en instrumento de las disputas entre actores armados. “Estas acciones constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libre movilidad, al trabajo y a la educación”, advirtieron.Las denuncias también alertan que el aumento de la tensión en la zona ha afectado la cotidianidad de las comunidades, que viven en medio de enfrentamientos y restricciones impuestas por los grupos ilegales. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier dinámica del conflicto.En Argelia opera el frente Carlos Patiño, una de las estructuras más activas del EMC-Farc, que mantiene confrontaciones con la Fuerza Pública y otros grupos armados por el control del territorio.
Colombia entra en el periodo en el que la dinámica económica empieza a ajustarse de cara al año 2026. Apenas inicia diciembre, los sectores empresariales, los gremios de trabajadores y el Estado comienzan a negociar lo que será el salario mínimo del próximo año.Sin embargo, este no es el único tema que mantiene atentos a los colombianos. Durante el transcurso del año, una decisión de la DIAN generó preocupación entre miles de ciudadanos que viven en conjuntos residenciales o edificios, luego de que la entidad advirtiera un ajuste en el cobro del IVA dentro de la propiedad horizontal.Desde agosto, la DIAN informó que los copropietarios deberán asumir la responsabilidad del IVA por el uso de zonas comunes, al tratarse —según la entidad— de una “explotación comercial”.¿Se complicó el asado de fin de año?Aunque la medida fue ampliamente criticada, los residentes deberán asumir un gasto adicional por el uso de zonas comunes como parqueaderos, salones, piscinas, gimnasios y zonas BBQ, entre otros espacios.Como es tradición en Colombia, muchos suelen aprovechar el 25 de diciembre o el 1 de enero para hacer asados y recibir el año nuevo. Sin embargo, con esta medida, el alquiler de las zonas BBQ tendrá un incremento del 19%, correspondiente al IVA. Así, organizar un asado en las áreas comunes resultará más costoso en 2026.Es importante aclarar que la cuota de administración no tendrá incrementos relacionados con este cobro, ya que este pago cubre mantenimiento y administración general, y no está sujeto al IVA. El cargo adicional aplica únicamente al uso de zonas comunes específicas.Pago de administración en 2026: aumentos por reforma laboralLa reforma laboral abrió otra inquietud: el aumento en el salario de los celadores. Este ajuste impactaría directamente la administración de los conjuntos, especialmente para quienes dependen de empresas de seguridad.La reforma amplió la franja de trabajo nocturno desde las 7:00 de la noche —con entrada en vigor diferida seis meses después de su promulgación— y estableció un aumento gradual del recargo por domingos y festivos: 80% desde julio de 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027.Para las copropiedades con vigilancia, aseo y mantenimiento en horarios extendidos, la combinación de nocturnidad y recargos dominicales/festivos incrementa el gasto operativo y obliga a redistribuir turnos para evitar sobrecostos a los residentes.“Para la Propiedad Horizontal el impacto más sensible es operativo: desde las 7:00 p. m. toda vigilancia y aseo es nocturno y los dominicales/festivos se encarecen gradualmente. Si una copropiedad no reprograma turnos, renegocia con proveedores y provisiona desde ahora, el desajuste le puede pasar factura […] La clave es planear 2026–2027 con escenarios realistas y control de horas”, advierte Daniel Laverde, vocero de Properix Colombia.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la contingencia generada por la falla en el software de los Airbus A320 —que afectó a miles de pasajeros en el país— será superada antes del 8 de diciembre, gracias al avance en la instalación de cajas con el sistema actualizado y al operativo técnico que se adelanta en Medellín, único centro autorizado para el procedimiento en Colombia.En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, de los 130 aviones que requerían la actualización, solo quedan 19 pendientes, una cifra que calificó como un indicio de recuperación acelerada. Según Rojas, desde Francia arribaron al país 10 cajas —equipos físicos que ya contienen la versión corregida del software— lo que permitirá avanzar en la recuperación de cinco aeronaves adicionales de forma inmediata. “Cada avión tiene dos cajas… lo que hay que hacer es cambiar esas cajas por las que ya llegan actualizadas”, explicó.La operación técnica y el rol del taller en MedellínLa ministra detalló que los 19 aviones aún pendientes corresponden a modelos que exigen una intervención en taller y no permiten la simple instalación remota del software. “Son los 19 únicos que necesitaban ir a taller por el modelo del avión”, precisó, subrayando que el país cuenta con uno de los 24 centros habilitados a nivel mundial para realizar el procedimiento especializado.El proceso, supervisado en coordinación con Thales, proveedor internacional del sistema, toma entre cuatro y cuatro horas y media por aeronave. Con ese ritmo —explicó Rojas— será posible normalizar la operación antes del 8 de diciembre.“Calculamos que se puedan demorar 4 horas y media en cada avión… la emergencia se logrará superar antes del 8 de diciembre”, sostuvo.Afectación a los pasajeros: reacomodación del 92%La cartera de Transporte mantiene la declaratoria de emergencia debido al impacto directo sobre los usuarios. El sábado, considerado el día más crítico, se cancelaron 84 vuelos, mientras que el domingo la cifra bajó a 64. Para la jornada del lunes se proyectaban menos de 45 cancelaciones.No obstante, la ministra destacó el comportamiento de la reacomodación. “Hoy la reacomodación está en 92 %. Es decir, a la gente se la está ubicando en un vuelo muy similar al original”, señaló, agradeciendo la decisión de Avianca de suspender temporalmente la venta de tiquetes para priorizar a los pasajeros afectados.¿Aumentaron los precios de los tiquetes?Uno de los cuestionamientos más reiterados por los usuarios tiene que ver con el alza en las tarifas aéreas durante la contingencia. Aunque algunos oyentes reportaron incrementos, la ministra insistió en que existe un compromiso entre el Ministerio, Aerocivil y las aerolíneas para evitar especulación.“Aquí no puede pasar que se disparen los tiquetes porque hay una emergencia; lo contrario, en las situaciones de crisis lo que se necesita es solidaridad y empatía”, afirmó. LATAM, explicó Rojas, incluso anunció de manera voluntaria la aplicación de un techo tarifario.La funcionaria dijo que revisará los reportes de incrementos puntuales, reiterando que el compromiso del sector es mantener estabilidad de precios durante la crisis.Reembolsos y vigilancia de la SuperTransporteFrente a las dificultades que algunos pasajeros han reportado para tramitar reembolsos, la ministra confirmó que la Superintendencia de Transporte mantiene activa la vigilancia sobre este proceso.“Esa vigilancia ya está, Al final hay que hacer un balance: cuántos efectivamente se les reacomodó y cuántos se les reembolsó”, dijo. Las opciones para los viajeros incluyen reacomodación, reagendamiento o devolución del dinero.¿Riesgos para los equipos del aeropuerto?Consultada sobre si una nueva tormenta solar podría afectar los sistemas de los aeropuertos, como los radares, la ministra señaló que por ahora no existe un riesgo inminente, aunque el Gobierno revisará los protocolos a la luz de lo ocurrido con los Airbus A320.