En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista:
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En medio de la polémica generada por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, al ambientar la idea de un presunto fraude a 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, aseguraron que está garantizada la transparencia de todas las etapas del proceso electoral, especialmente del software de preconteo y escrutinios.Y es que, a la par de las críticas por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) en donde no se registren votos por algún candidato o partido en la mesa de votación, el primer mandatario sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que ha funcionado en desacato a una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.Según el presidente, la “opacidad” sobre el código fuente permite la ejecución de lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados a través de “iteraciones” o la creación de “mesas fantasmas”, tal como dice que ocurrió en las elecciones de 2022. Para evitar generar suspicacias, pide que se entregue el código fuente completo a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una auditoría profunda.En respuesta a las afirmaciones del oficialismo, la Registraduría informó que los sistemas de información y software utilizados en las elecciones de 2026 están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo internacional con trayectoria en procesos electorales de América Latina. La verificación incluye los software de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados, en el marco de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y eventual segunda vuelta (21 de junio).“En relación con los sistemas de información y de lo cual pueden dar fe los órganos de control, desde inicio de año venimos llevando a cabo procesos de auditoría al software de preconteo, de escrutinio en sus niveles auxiliar municipal y distrital y del software de consolidación y divulgación nacional. El Centro de Altos Estudios de Promoción Electoral, un organismo con más de 40 años de experiencia y que hace la Secretaría de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, está llevando a cabo esta tarea que ha realizado en diferentes naciones. Este proceso garantiza la integridad de todos los sistemas de información que está utilizando la Registraduría Nacional”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.Adicionalmente, el órgano electoral anunció que a partir del próximo miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.“Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de este código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante tres días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar”, agregó Penagos.El jefe de la organización electoral señaló que la participación de CAPEL pretende elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales y que los informes técnicos serán puestos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.
El pulso entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Roy Barreras (La Fuerza), por la convocatoria de las bases de izquierda y centroizquierda a participar o no en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida del próximo 8 de marzo, ha llevado a una división al interior de las centrales obreras y principales sindicatos del país, una de las fuerzas electorales más importantes para este sector del espectro político.Y es que, a pesar de que desde el Pacto Histórico están buscando incansablemente que los simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstengan de votar en la consulta interpartidista y respalden directamente a Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, Roy ha logrado importantes adhesiones en la última semana. Uno de ellos es el de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, quienes consideraron respaldar al exembajador en Londres y expresidente del Congreso por su posición de avanzar en la transición energética sin abandonar la producción de hidrocarburos e incluso avanzar con el fracking.A Barreras también se le sumaron diversos sectores de las tres principales centrales obreras (CUT, CTC y CGT), encabezados por el expresidente de la CUT, Francisco Maltés; así como dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros, lo que prendió las alertas al interior del Pacto Histórico.La respuesta por parte de Cepeda fue intentar mostrar que los respaldos a Barreras no son absolutos y que no representan a las mayorías de los trabajadores colombianos. Para ello, en la mañana de este lunes, Cepeda publicó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales con presencia en 30 departamentos del país.El documento señala que el apoyo se fundamenta en la confianza en un programa de gobierno que garantice la “continuidad y profundización” de los avances logrados en favor de los trabajadores colombianos, y anuncia la creación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas para coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico.En la declaración, los firmantes afirman compartir con Cepeda su crítica al neoliberalismo y respaldan la necesidad de un “segundo gobierno del cambio” encabezado por él, destacando el compromiso del presidente Gustavo Petro con las reformas sociales y laborales que, según el texto, permitieron recuperar y ampliar derechos laborales y salariales. Asimismo, plantean propuestas orientadas a fortalecer las libertades sindicales, la negociación colectiva, la protección social para trabajadores informales y la reparación colectiva del sindicalismo.
La reflexión dominical transmitida por Blu Radio, estuvo a cargo del pastor Andrés Corzo, quien centró su mensaje en la historia bíblica de la mujer samaritana, narrada en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Bajo el título “la mujer de todos y de nadie”, el líder religioso abordó temas como la sanidad interior, la integridad moral, el divorcio y el papel de la mujer en la iglesia.Durante su intervención, Corzo recordó el encuentro entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob y planteó cuestionamientos sobre la integridad y las apariencias. “Es bueno tener normas y límites para protegernos… pero de nada sirven todas esas normas si no hemos sido sanados sexualmente”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el problema no es “mantener atada la bestia”, sino “echarla fuera”, al insistir en la necesidad de procesos de sanidad y restauración dentro del liderazgo cristiano.El pastor también citó las palabras atribuidas a Jesús en el pasaje bíblico: “Cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed… pero todos los que beban el agua que yo doy no tendrán sed jamás”, explicando que solo Cristo puede llenar los vacíos emocionales. Además, defendió una postura de gracia frente a personas divorciadas, aunque reiteró su posición doctrinal en contra del divorcio: “Por un lado justicia, pero por otro lado gracia”, expresó.Finalmente, Corzo destacó el rol de la mujer en el Nuevo Testamento y aseguró que la samaritana se convirtió en la primera predicadora tras anunciar al pueblo: “Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?”. El pastor concluyó que, a la luz del mensaje cristiano, “ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”, subrayando que la cruz rompió barreras culturales y espirituales.Escuche la reflexión completa aquí
Autoridades en Antioquia lograron frustrar y esclarecer un caso de hurto del que iba a ser víctima un policía adscrito a la Metropolitana del Valle de Aburrá en un restaurante del municipio de Guarne.Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un establecimiento en inmediaciones de la plaza de mercado de esta localidad del Oriente antioqueño, donde se encontraba el subintendente William Alexander Betancur Vásquez departiendo con su esposa y el propietario del lugar.Hasta allí llegó un hombre con un arma de fuego para cometer un hurto y, en medio de la reacción del propietario del restaurante, se produjo un intercambio de disparos que dejó herido al uniformado, que estaba en descanso, con impactos de bala en el abdomen y las piernas.El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, reportó que Betancur, con 18 años y 7 meses de servicio en la institución, fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro para recibir atención médica."Gracias a la rápida reacción de unidades de la Sijin, el presunto agresor fue capturado y se incautó el arma de fuego utilizada para este fin. La Policía Nacional adelanta las investigaciones", dijo.Al tiempo que avanza el proceso de recuperación del subintendente, se espera que un juez de control de garantías defina la situación judicial del hombre, quien podría afrontar cargos por violencia contra servidor público y tentativa de hurto.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
La AmCham Colombia señaló que esta herramienta le permitiría al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles temporales de hasta el 15 %, según lo anunció el presidente Donald Trump, durante un periodo inicial de 150 días, bajo el argumento de corregir desequilibrios en la balanza de pagos.Aunque se trata de una medida transitoria, el gremio advirtió que su eventual aplicación podría generar impactos relevantes en el comercio bilateral. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y destino clave para exportaciones no minero-energéticas, por lo que cualquier incremento arancelario podría traducirse en mayores costos de ingreso, pérdida de competitividad y ajustes en contratos comerciales.Sectores como el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y algunos bienes industriales serían especialmente sensibles a este tipo de decisiones, ya que compiten en precio dentro del mercado estadounidense.AmCham explicó que, más allá del porcentaje del arancel, el principal efecto inmediato sería la incertidumbre. Las empresas podrían aplazar inversiones, renegociar acuerdos o replantear proyecciones de exportación ante un entorno menos predecible.El gremio también subrayó que, en este contexto, cobra mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, así como la necesidad de fortalecer la diplomacia comercial y avanzar en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino.
Este hurto se registró en el sector de Pescador, una zona de la vía Panamericana donde constantemente las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' instalan retenes ilegales. Tres hombres y dos mujeres, integrantes del frente 'Jaime Martínez', interceptaron este camión que transportaba bebidas.Una vez se conoció la situación, la guardia indígena que se encontraba en la zona reaccionó enfrentándose con estos sujetos, quienes les dispararon con fusiles y pistolas, logrando la recuperación del vehículo y la liberación del conductor. En medio de esta confrontación, dos integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca resultaron heridos."La guardia indígena actuó de manera inmediata, saliendo del sector de Pescador hacia la vereda Caimitos y otros alrededores. Interceptamos el camión de gaseosas y estos hombres, al verse acorralados por la guardia, usan las armas contra la guardia. Los armados huyen del lugar", narró un miembro del CRIC.Las comunidades indígenas y, en general, todos los habitantes del departamento del Cauca reiteran el llamado a las autoridades a desplegar más fuerza pública en la vía Panamericana, teniendo en cuenta que es el principal corredor del suroccidente del país.
El pie de fuerza del Clan del Golfo tuvo un crecimiento entre 2022 y 2025, consolidándose, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, como el grupo armado criminal más grande del país. Este tuvo un aumento del 140 %, alcanzando aproximadamente 9.840 integrantes, teniendo en cuenta que en 2022 contaba con 4.099 integrantes.El documento señala que este fortalecimiento se refleja tanto en su componente armado como en sus redes de apoyo. Del total estimado, cerca de 3.328 miembros están en armas, mientras que unos 6.512 harían parte de estructuras logísticas, informantes y redes criminales que sostienen el control territorial del grupo. Esta composición le permite ejercer dominio en amplias zonas sin necesidad de una presencia militar constante.La expansión territorial del Clan también ha sido acelerada, teniendo en cuenta que, según el informe, en 2022 la organización criminal tenía influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos. Para 2025, esa cifra se duplicó hasta llegar a 296 municipios en 17 departamentos, lo que representa un crecimiento total del 104 % en su alcance territorial.En algunas regiones, el Clan del Golfo ha consolidado control estable, mientras que en otras mantiene disputas activas con organizaciones rivales. Actualmente participa en varios focos de confrontación armada, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el norte y nordeste de Antioquia y corredores estratégicos del Pacífico como el San Juan chocoano y el Bajo Calima.“En un nivel más localizado, sostiene disputas urbanas y semiurbanas en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos”, destaca el informe.El informe de Ideas para la Paz menciona conflictos locales en zonas como el oriente antioqueño, Barranquilla, Sincelejo y el centro del Magdalena, donde enfrenta a estructuras criminales regionales para consolidar su dominio sobre economías ilegales.El crecimiento del grupo se explica, en parte —destaca el documento—, por su capacidad de reclutamiento. La organización criminal ha incorporado excombatientes de guerrillas, antiguos miembros de la Fuerza Pública y jóvenes captados mediante incentivos económicos. Su modelo combina salarios mensuales para combatientes, apoyos a familias y una estructura jerárquica flexible que facilita la expansión en nuevos territorios.Otro factor clave ha sido su arquitectura organizativa. El Clan funciona con un mando centralizado y estructuras regionales flexibles que operan como bloques y subestructuras. Este esquema le permite tomar decisiones estratégicas desde la cúpula, pero mantener autonomía operativa en el terreno, lo que facilita adaptarse a dinámicas locales y sostener su crecimiento continuo.“El Clan del Golfo se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. El Estado Mayor cumple funciones de dirección estratégica, define lineamientos políticos y militares, y coordina todas las economías ilícitas y la expansión territorial. Los bloques actúan como estructuras intermedias que se encargan de administrar amplias zonas geográficas y de coordinar a los frentes o subestructuras bajo su jurisdicción. Estos, a su vez, asumen el control territorial, la regulación de las economías ilegales y la confrontación con otros actores armados a nivel local”, agrega el informe de la Fundación Ideas para la Paz.El informe advierte que este aumento del pie de fuerza y su expansión territorial consolidan al Clan del Golfo como el actor armado ilegal con mayor capacidad militar y presencia nacional en Colombia. Su crecimiento, incluso en medio de operaciones militares, refleja una combinación de diversificación criminal, control social y expansión estratégica que lo posiciona como uno de los principales retos para la seguridad del país en los próximos años.
Un ciudadano alemán señalado de tener un esquema de estafa internacional fue capturado en Armenia. El hombre, identificado como Jurgen Lubke, alias ‘El Rey’, era buscado para cumplir tres condenas en Europa por fraudes económicos. La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, con cooperación de autoridades internacionales.Según las investigaciones, Lubke era requerido por estafar a ciudadanos en Alemania y España mediante una modalidad basada en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional que nunca se concretaban.El estafador ingresó a Colombia en 2022 y, ya en territorio nacional, montó una fachada empresarial para continuar su actividad ilegal. A comienzos de 2023 registró una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos, así como a servicios de mudanzas internacionales.Desde esa base operativa, según las autoridades, el alemán amplió su red de fraude y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa. El esquema consistía en crear empresas ficticias de transporte y mudanzas, captar clientes a través de internet y recibir pagos anticipados por servicios que no se prestaban. Alias ‘El Rey’ quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites de extradición.
Una operación de interdicción en aguas del Caribe colombiano terminó con la incautación de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de una lancha rápida que, según inteligencia, se dirigía hacia rutas internacionales del narcotráfico. El operativo fue ejecutado por unidades de la Armada con apoyo aéreo militar de la Fuerza Aeroespacial.La operación comenzó con información de inteligencia naval que alertó sobre una embarcación sospechosa que habría zarpado desde La Guajira con destino a Centroamérica. Con ese dato, se activó un dispositivo conjunto que incluyó Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas desplegadas desde Santa Marta, guiadas desde el aire por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.La persecución en mar abierto estuvo marcada por condiciones meteomarinas adversas, que complicaron la maniobra de abordaje. Pese a ello, los equipos lograron cerrar el cerco y detener la lancha, en la que viajaban dos ciudadanos de Venezuela. Por seguridad, tanto los tripulantes como la carga fueron trasladados primero a una unidad naval antes de ser llevados a puerto seguro.Ya en tierra, autoridades judiciales inspeccionaron la embarcación y hallaron 14 sacos que contenían la droga. El alijo, equivalente a más de un millón de dosis, tenía como destino mercados internacionales, según las primeras verificaciones.La interdicción, según cálculos oficiales, evitó que cerca de 19 millones de dólares ingresaran a las finanzas de redes narcotraficantes que operan en el Caribe colombiano.
La ofensiva militar contra las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare continúa. Así lo confirmó el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, quien aseguró en entrevista con Mañanas Blu, dirigida por Néstor Morales, que las tropas mantienen operaciones activas contra la estructura de alias ‘Calarcá’, perteneciente al denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.Los recientes enfrentamientos dejaron un saldo de un soldado muerto y nueve más heridos, en medio de operaciones desarrolladas durante el fin de semana en zona rural del Guaviare. Aunque inicialmente se habló de una emboscada, el oficial aclaró que se trató de un combate directo.“Lo que pasó el fin de semana no es una emboscada, es un combate directo de nuestra gente, de nuestra Fuerza de Despliegue Rápido número 10”, sostuvo el general Roque, al explicar que la operación buscaba fortalecer la presencia institucional y evitar enfrentamientos entre estructuras ilegales que operan en la región.Operaciones militares contra disidencias en GuaviareEl comandante detalló que la operación se desarrolló tras los hechos violentos registrados el pasado 7 de enero en la vereda Kuwait, donde se presentaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Desde entonces, uno de los objetivos estratégicos ha sido proteger a la población civil y evitar nuevas confrontaciones.“Uno de los objetivos principales que tenemos dentro de nuestro plan de campaña es precisamente la protección de la población, disminuir las capacidades de la amenaza y proteger la gobernabilidad”, afirmó el alto oficial.El general confirmó que los soldados heridos fueron trasladados al Hospital Militar y se encuentran fuera de peligro. En un tono emotivo, destacó el compromiso de la tropa: “Es muy reconfortable ver a esos soldados que, heridos, dicen que están próximos a recuperarse y volver al área de operaciones para seguir combatiendo con estos bandidos”.¿Limitaciones frente a ‘Calarcá’ por proceso de paz?Uno de los puntos más sensibles de la entrevista giró en torno a la aparente contradicción entre las operaciones militares contra la estructura de ‘Calarcá’ y su condición de negociador dentro de los acercamientos de paz promovidos por el Gobierno nacional.Al ser interrogado sobre si la captura del cabecilla implicaría su posterior liberación por su estatus jurídico, el general evitó profundizar en el tema político y se limitó a señalar que esas decisiones corresponden a otras instancias.Ante la insistencia sobre si las tropas se sienten limitadas en el terreno ante la eventual presencia de alias ‘Calarcá’ en un campamento, el comandante fue enfático: “En ningún momento nos han amarrado las manos. Estamos con toda la libertad y todo el compromiso de atacar y debilitar la amenaza”.Sus declaraciones se dan en un contexto de debate nacional sobre la política de “paz total” del Gobierno Petro, que ha otorgado estatus de negociación a diferentes estructuras armadas, mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en varias regiones del país.Bombardeos y “carta blanca” en la Cuarta DivisiónOtro punto clave abordado durante la entrevista fue la posibilidad de bombardeos contra la estructura de ‘Calarcá’, como ha ocurrido con otros cabecillas señalados por el presidente Gustavo Petro, entre ellos alias ‘Mordisco’.El general Roque aseguró que, si se cuenta con los paquetes de inteligencia completos y los soportes jurídicos necesarios, la autorización para bombardeos está contemplada.“Si se tienen los paquetes de inteligencia y toda la información, está autorizado”, afirmó, aunque precisó que en el caso específico de la Cuarta División, su llegada reciente al cargo implica la consolidación de información operativa.En medio del cuestionamiento sobre la eventual liberación de capturados con estatus de negociadores, el oficial insistió en que la misión de las tropas es clara: “Seguimos atacando las estructuras que son la base de esa organización. Atacando las estructuras podemos garantizar tranquilidad y devolverle seguridad a las regiones”.Seguridad en Guaviare y protección a la población civilLa presencia de la cúpula militar en San José del Guaviare responde, según explicó Roque, al fortalecimiento de las operaciones y al acompañamiento a las unidades desplegadas en terreno.
El grupo armado ilegal ELN anunció este 23 de febrero un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, informó el grupo insurgente.En el pronunciamiento, el ELN reiteró su propuesta de un “acuerdo nacional”, el cual —según indicó— estaría abierto a ser discutido “con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo”. La organización sostuvo que Colombia requiere construir “soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”."Ante el fracaso de la paz total" y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza». Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral"", dice el comunicado.Diálogos con el ELNEl Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela. La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025 tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.
En la noche de este domingo 22 de febrero un hecho de gran magnitud llamó la atención en Girón, pues un incendio afectó el patio de Metrolínea, servicio público que opera en Bucaramanga y su área metropolitana, la cual incluye los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.Frente a esto, la empresa Metrolínea S.A. informó que el incendio ocurrió al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón.De acuerdo con el comunicado emitido, el hecho fue atendido de manera inmediata por los organismos de socorro y no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal.Según los reportes preliminares de las autoridades, el incendio afectó algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.La entidad destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control. La oportuna intervención evitó la propagación de las llamas.De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron daños estructurales en el portal ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades continúan verificando lo ocurrido con el fin de esclarecer las causas del incendio, establecer posibles responsabilidades y cuantificar los daños materiales.Por último la compañía de transporte público expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.Y, finalmente, la entidad hizo un llamado a los municipios que integran el área metropolitana para “fortalecer el trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad y viabilidad del sistema de transporte público, garantizando la seguridad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios”.
Un nuevo frente frío que avanza sobre el mar Caribe podría generar afectaciones en varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en departamentos del Caribe, la región Andina y el Pacífico, informó la UNGRD.De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre el 22 y el 25 de febrero se prevé un aumento significativo de las lluvias en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.“Se prevé un aumento de precipitaciones debido a esta incidencia con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Les estaremos comunicando sobre las actualizaciones que pueda esta incidencia. Esperamos que las precipitaciones no sean tan fuertes”, indicó Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam.Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. ”Desde la UNGRD mantenemos activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país. Llamamos a fortalecer los planes de contingencia y monitoreo permanente y también hacemos un llamado a los sectores del orden nacional y territorial para mantener activos sus planes de preparación”, indicó Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que el frente frío tendrá influencia directa sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos del norte entre el 24 y el 26 de febrero, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 metros, lo que podría afectar actividades marítimas, turísticas y de pesca. También se prevé oleaje entre 2.0 y 3.0 metros en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena.Recomendaciones a la población y autoridadesEn la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se recomienda vigilar las zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana y mantener informados a pescadores y al sector turismo sobre las condiciones del mar. También se aconseja alejarse de la costa durante episodios de mar de leva, asegurar las embarcaciones y revisar las redes eléctricas, acatando siempre las recomendaciones de las autoridades.Asimismo, las autoridades instan a vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes y prepararse para evacuaciones preventivas, reportando cualquier emergencia a la UNGRD. Se pide a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, consumir únicamente agua potable y evacuar oportunamente si las condiciones lo requieren. También se sugieren cierres preventivos, reforzar la vigilancia en salud y mantener informados a los visitantes sobre las medidas de prevención.Para las regiones Pacífica y Andina, se recomienda monitorear laderas y activar los sistemas de alerta temprana, evitar zonas de alto riesgo y reportar grietas o desprendimientos de tierra. Además, se debe vigilar corredores viales y cuencas hidrográficas, evitar el tránsito por vías rurales durante lluvias intensas, preparar un kit de emergencia y trasladar animales a zonas seguras.El Ideam y la Dimar recordaron que la información oficial puede consultarse en sus páginas web y boletines técnicos, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca, Magdalena, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).La entidad advirtió que los hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, donde se ha intensificado la disputa por el control territorial entre estructuras armadas ilegales.De acuerdo con la Defensoría, aunque no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, las comunidades continúan expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, la restricción de movilidad y la zozobra generada por los combates. Estas condiciones han obligado a varias familias a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca y otros municipios cercanos.“Si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas”, indicó la Defensoría.La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia, con el fin de garantizar atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para las víctimas, así como el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los procesos de diálogo y a cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
En medio de la tensión política y a pocas semanas de las jornadas electorales, la seguridad en Colombia se consolida como el principal tema de preocupación nacional. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, abordó los desafíos actuales, el panorama del conflicto y el papel de la fuerza pública en el proceso electoral.Con 42 años de servicio, el oficial aseguró que asume el mando en un momento “especial del país” que exige “mucho juicio, mucha disciplina y mucho trabajo”. Subrayó que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen altos niveles de favorabilidad y reiteró su compromiso institucional: “Las Fuerzas Militares nunca le han quedado mal al país, nunca, y esta vez no va a ser la opción”.Seguridad y elecciones: prioridad nacionalFrente al reto de garantizar la seguridad durante las elecciones, López Barreto fue enfático: “Estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención y es garantizar la seguridad de los colombianos”. Añadió que el objetivo es permitir que “los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas”.El comandante explicó que el conflicto ha cambiado. “La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico (…) a un conflicto económico”, centrado en el control territorial y las rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta transformación, dijo, implica nuevas amenazas y retos operacionales.Detalló que regiones como Cauca, Catatumbo, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño concentran esfuerzos estratégicos. “Hoy estamos fortalecidos en el Cauca (…) 7.800 hombres aproximadamente desplegados”, mientras que en el Catatumbo hay “12.000 hombres (…) dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar”.Fuerzas Militares y debate políticoEn medio de cuestionamientos sobre una eventual desmoralización, el general respondió: “Las Fuerzas Militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados”. Insistió en que la institución debe mantenerse al margen del debate electoral: “No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional”.Según indicó, actualmente registran “aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos” frente a 177 acciones criminales. Estos resultados incluyen capturas, desmovilizaciones y operaciones contra estructuras ilegales.Caso General HuertasSobre el proceso que involucra al general Huertas, López Barreto indicó que está en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. “Estamos a la espera de decisiones. Le corresponde a estos entes (…) tomar las decisiones correspondientes”, puntualizó.Finalmente, el comandante envió un mensaje a la ciudadanía: “Confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados, estamos trabajando por el bien de Colombia”.Escuche la entrevista completa acá:
En el marco del desarrollo del Congreso Nacional Cafetero, una de las actividades más significativas para las más de 500,000 familias que dependen de este negocio, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha presentado un balance del año cafetero 2024 y ha revelado ambiciosos planes de expansión e innovación.Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, destacó que el año cafetero que acaba de terminar fue "muy bueno", con una producción cercana a los 14.8 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 17.7%. Esta actividad contribuye con 24.2 billones de pesos a la economía nacional, irrigando 611 municipios.Aunque la producción acumulada de los últimos 12 meses mantiene un ritmo de crecimiento del 14%, Bahamón reconoció que el mes de octubre encendió alarmas al registrar una caída cercana al 10%. Esta disminución había sido prevista, ya que el ciclo del café es bienal, lo que implica que tras un pico de cosecha el año siguiente tendrá un declive. Adicionalmente, las lluvias torrenciales inusuales entre enero y marzo de 2025 impactaron la floración, lo que llevó a proyectar un impacto de un millón de sacos en la cosecha del segundo semestre.Café en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)Una de las propuestas que generó particular atención fue la iniciativa del gerente para que el Gobierno nacional incorpore el café dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta propuesta surge tras la declaración de la FDA en Estados Unidos de que el café es una "bebida saludable" o "alimento saludable".El doctor Bahamón aclaró que la propuesta no implica que los niños reciban un termo de tinto en el jardín infantil. Por el contrario, la idea se centra en la inclusión de una bebida a base de leche con café (café con leche), la cual sería muy apropiada para el PAE. La cafeína se considera un estimulante positivo para el sistema nervioso, y estudios de universidades e institutos prestigiosos demuestran los múltiples beneficios del café en la salud, incluyendo el tema del corazón.Bahamón señaló que el objetivo no es solo un deseo comercial, sino una propuesta basada en investigación científica. Mencionó que, hace 22 años, Brasil tomó una decisión similar de incorporar café en su programa de alimentación escolar.El gerente de la FNC espera que esta iniciativa, que implica la posibilidad de un debate con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, permita ampliar la base de consumidores y la sostenibilidad financiera del sector cafetero colombiano.Además de la expansión, se anunciaron lanzamientos en el congreso cafetero, incluyendo una barra energética con cafeína y 13 gramos de proteína. Buen Café también lanzó una edición especial de café soluble liofilizado con sabor a aguardiente amarillo de Manzanares (sin alcohol), buscando satisfacer las tendencias del consumidor y los nuevos momentos de consumo.Escuche aquí la entrevista:
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una queja formal ante la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes, según las revelaciones de Noticias Caracol, estarían involucrados, presuntamente, en casos de filtración de información a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.“Lo que está en juego es la seguridad nacional. No puede haber ambigüedad ni silencio institucional frente a funcionarios que aparecen mencionados en archivos de una estructura terrorista. Colombia merece transparencia y verdad”, dijo la senadora Cabal.La precandidata presidencial solicitó medidas de suspensión provisional contra los dos funcionarios mientras avanza la investigación, además de la recolección de pruebas en el caso.“Colombia no puede permitir que quienes tienen responsabilidades de mando y de protección del Estado queden bajo la sombra de vínculos con estructuras criminales. La Procuraduría debe actuar con celeridad y firmeza”, agregó Cabal.
Un documento oficial del Gobierno de Estados Unidos, revelado por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, confirma que la oferta presentada a Colombia en 2022 para la compra de aviones de combate F-16 incluía aeronaves totalmente nuevas, modelo F-16C y F-16D Block 70, con todo su equipamiento y soporte logístico. El archivo, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, fue emitido con base en una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana el 29 de noviembre de 2022.Según el documento, la propuesta contemplaba la entrega de 16 aeronaves nuevas: 12 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta oferta se extendía hasta el 31 de julio de 2024.El valor total estimado ascendía a 3.137 millones de dólares, equivalentes hoy a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca. De haberse aceptado, los F-16 habrían comenzado a llegar al país a partir de 2027.Una oferta perdida y un antecedente claveEl contexto de esta negociación se remonta al año 2022. Blu Radio conoció que, antes de la propuesta estadounidense de aviones nuevos, Colombia había recibido una oferta considerada “una ganga” por parte del Gobierno de Dinamarca: una flota de aviones F-16 usados, en muy buen estado, con precios entre 2,5 y 6,5 millones de dólares por unidad. Esta operación estaba vinculada a la transición danesa hacia los F-35.Aunque la negociación avanzaba y había un CONPES aprobado durante el gobierno del presidente Iván Duque, la administración del presidente Gustavo Petro no dio vía libre para concretarla. Argentina, en cambio, sí aprovechó la oportunidad y posteriormente adquirió esos mismos aviones F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el gobierno de Javier Milei.Las dos ofertas de Estados Unidos para ColombiaTras descartarse la compra de aviones usados, Estados Unidos presentó dos ofertas formales para aviones nuevos F-16 Block 70:Una por 24 aeronavesOtra por 16 aeronaves, que corresponde a la incluida en el documento revelado.Ambas estaban acompañadas de equipamiento completo y soporte integral. El Gobierno de Estados Unidos aclaró, además, que no entrega su tecnología a fabricantes como Saab, lo que constituía una diferencia frente a la propuesta sueca de los Gripen, que utilizan motores General Electric. Washington también señaló que no firma offsets, un tipo de compensación económica y social que sí formó parte del acuerdo firmado entre Colombia y Saab para los Gripen.Decisión finalLa oferta estadounidense expiró el 31 de julio de 2024. Finalmente, en noviembre de 2025, Colombia optó por adquirir los aviones Gripen, por un valor estimado de 3.652 millones de dólares, equivalentes hoy a 13,9 billones de pesos.
Un violento ataque sicarial sacudió este miércoles a la ciudad de Ibagué, luego de que hombres armados en motocicleta abrieran fuego contra un bus que hacía parte de un cortejo fúnebre que avanzaba por la calle 37, a pocos metros de la avenida del Ferrocarril. El ataque desató el caos en una de las zonas más transitadas de la capital tolimense.El atentado dejó, en principio, siete personas heridas, todas trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Sin embargo, una de ellas, identificada como Jeison Sánchez, de 26 años, murió en la sala de reanimación del Hospital Federico Lleras Acosta por la gravedad de las lesiones. Otras dos víctimas permanecen en estado crítico.El primer parte médico lo entregó a Blu Radio el gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta, Diego Fernando Padilla: “Se presentó el ingreso de siete pacientes por heridas con arma de fuego. De estos pacientes, tres son mujeres, cuatro son hombres. De las tres mujeres, una paciente en condición crítica, actualmente en procedimiento quirúrgico, una paciente con pronóstico reservado, bajo manejo especializado y un paciente que permanece aún en observación. De los hombres, un paciente, pese a los esfuerzos médicos en la sala de reanimación, falleció. En la actualidad, un paciente en estado crítico con requerimiento quirúrgico y dos pacientes que permanecen en observación”.¿Qué pasó con el cortejo fúnebre?La caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander. Avellaneda, al igual que su expareja Claudia Ramos, quien fue ultimada a tiros en septiembre en el barrio Nueva Castilla, registraba antecedentes por concierto para delinquir y microtráfico.El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora, confirmó que el ataque fue directo contra el vehículo que hacía parte del cortejo.“Una motocicleta intercepta un automóvil que se desplazaba en una caravana fúnebre y dispara en varias ocasiones, dejando personas lesionadas y una fallecida”, señaló el coronel.Las autoridades revelaron que la víctima mortal, Jeison Sánchez, tenía 10 anotaciones judiciales, entre ellas homicidio, porte ilegal de armas y lesiones personales. Su última captura se había registrado el 13 de junio de 2024, por homicidio ocurrido dos días antes; sin embargo, recuperó la libertad por vencimiento de términos.Tras el ataque, unidades policiales iniciaron una persecución que se extendió hasta el sector del barrio El Bosque, donde se cree que huyeron los responsables. Continúan los operativos para localizarlos, mientras se espera un pronunciamiento oficial con avances de la investigación.Este nuevo hecho de sangre genera preocupación en la ciudad, al evidenciar una escalada de retaliaciones criminales que ya deja múltiples víctimas en la capital del Tolima.
Por medio de un trino en su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que sostuvo una conversación con el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la que reiteró su disposición para participar en la mesa de trabajo propuesta por el ente de control. El encuentro estará destinado a entregar información detallada sobre la firma del contrato con la empresa sueca SAAB, que contempla la adquisición de 17 aeronaves de superioridad aérea Gripen E y F.Esto ocurre luego de que la Contraloría iniciara un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de las aeronaves, señalando que el Ministerio de Defensa no había entregado la información completa del contrato con SAAB. La cartera argumentó que parte de la documentación tiene carácter reservado por razones de seguridad nacional, motivo por el cual el ente de control propuso la mesa de trabajo.El ministro Pedro Sánchez señaló que pondrá a disposición toda la documentación técnica del proceso, desarrollada conforme a los protocolos establecidos. Este paquete informativo abarcará aspectos clave del proyecto, como los programas de entrenamiento, los equipos asociados, el soporte logístico, el armamento y los insumos necesarios para garantizar la operación integral del sistema aéreo Gripen.“La transparencia es un pilar fundamental para proteger la soberanía y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Los colombianos pueden tener la absoluta tranquilidad de que este proceso se desarrolló con responsabilidad, rigor técnico y pensando en los intereses estratégicos de la nación”, mencionó.El funcionario recordó que el pasado 18 de noviembre el ministerio ya había solicitado a los organismos de control revisar el contrato suscrito el 14 de noviembre de 2025. Dichas comunicaciones fueron enviadas tanto a la Contraloría General de la República, dirigida a la contralora delegada para el Sector Defensa y Seguridad, Doris Noemí Pizarro Melgarejo, como a la Procuraduría General de la Nación, dirigida al procurador general, Gregorio Eljach.En esas solicitudes, el ministerio pidió que se adelantaran auditorías sobre el contrato para verificar su legalidad, transparencia y correcta ejecución dentro de las competencias de cada organismo.Finalmente, el ministro Sánchez anunció que el Gobierno presentará en diciembre, ante las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara, la capacidad operativa contratada para garantizar el cumplimiento de la misión constitucional, reafirmando que el proceso avanza con plena transparencia y coordinación institucional.
En las noches de cualquier ciudad del país la escena se repite: alguien pide un viaje por la aplicación, mira la pantalla, espera… y de repente el conductor cancela. O peor, ni siquiera acepta. El pasajero, resignado, vuelve a intentarlo, mientras piensa si el destino fue el problema o si simplemente tuvo mala suerte. Esa incertidumbre, que se ha vuelto parte del ritual de moverse por plataformas, dice más de lo que parece.Desde que surgieron las aplicaciones de transporte , usuarios y conductores adoptaron pequeños gestos: compartir la ubicación, avisar la placa, monitorear el trayecto en tiempo real, entre otros. La seguridad pasó de ser un asunto individual y empezó a construirse con tecnología, intuición y costumbres que cada persona fue conociendo para reducir riesgos.En ese contexto, un estudio reveló por qué los conductores limitan sus viajes en apps. inDrive encuestó a más de 1.500 personas en cinco ciudades de Colombia para entender cómo se sienten hoy quienes usan y quienes prestan servicios de movilidad en plataformas digitales. El resultado revela que la confianza sigue creciendo, pero también persisten brechas que no se pueden resolver solo con herramientas de la aplicación.¿Por qué los conductores limitan sus viajes? Estudio por fin lo aclaraAunque las herramientas tecnológicas reciben una valoración muy positiva, el 55% de los usuarios las califica como “muy buenas”, pero esto no es suficiente para borrar la sensación de vulnerabilidad que acompaña ciertos trayectos.De acuerdo con la investigación, tanto pasajeros como conductores coinciden en que la geolocalización en tiempo real es la función que más protección ofrece, así lo indicaron el 35% de los usuarios y el 41% de los conductores. Además, el 53% de los pasajeros dice sentirse más tranquilo cuando comparte su recorrido.Sin embargo, detrás de la manera en que se mueven los conductores hay una razón de mayor peso. El estudio confirma que el 74% limita sus rutas debido a la inseguridad, mientras el 29% de los pasajeros también evita zonas u horarios que consideran riesgosos, entre ellos están:Las madrugadas.Los sectores identificados como peligrosos.Las rutas con antecedentes de incidentes se han convertido en fronteras invisibles.Robos, tensiones y desconfianza también influyenEl hurto es la preocupación más frecuente. El 26% de los usuarios lo ve como su principal temor, y entre los conductores que han vivido incidentes, es también la situación más común. Incluso quienes nunca han sido víctimas sienten el riesgo, un indicio de que la percepción supera a la experiencia.A esto se suman tensiones dentro del servicio:Conductores reportan agresiones verbales y pasajeros bajo efectos del alcohol.Usuarios mencionan conducción peligrosa (15%) y placas inconsistentes (14%) con la app.Frente a esto, la investigación menciona que “ninguno de estos problemas se resuelve solo con botones de emergencia; requieren control, formación y reglas que se cumplan de manera estricta”.Otras de las cifras, revelan que ambas partes, piden controles más fuertes: 38% de los pasajeros quiere verificaciones más estrictas de antecedentes para los conductores y el 25% de los conductores exige filtros rigurosos para los usuarios.Asimismo, alrededor del 30% de los encuestados cree que una mayor presencia de la Policía Nacional mejoraría notablemente la seguridad del sistema. “Las plataformas, aunque ofrecen monitoreo y trazabilidad, necesitan del respaldo institucional para cerrar brechas que siguen abiertas”.El estudio concluye que el monitoreo en tiempo real ha ayudado a dar confianza a quienes usan las aplicaciones de transporte, pero también confirma que la seguridad en la movilidad es una tarea compartida entre aplicaciones, autoridades y ciudadanos.