La Armada activó un amplio dispositivo de seguridad en el Caribe colombiano para garantizar el desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales de este domingo 8 de marzo, en el marco del Plan Seguridad y Democracia 2026.A través de la Fuerza Naval del Caribe, la institución desplegó cerca de 4.300 marinos e infantes de marina que estarán encargados de custodiar 238 puestos de votación ubicados en zonas rurales e insulares de los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba y Sucre.El operativo se desarrolla en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de crear un ambiente de confianza, estabilidad y presencia institucional en la región durante la jornada electoral.De acuerdo con la Armada, el despliegue busca garantizar que más de 281.000 ciudadanos habilitados para votar puedan ejercer su derecho de manera libre y segura, bajo la protección de las autoridades y en cumplimiento de la Constitución y la normatividad electoral vigente.Además del acompañamiento directo en los puestos de votación, la Fuerza Naval del Caribe mantiene operaciones de seguridad marítima, terrestre y fluvial en los nueve departamentos bajo su jurisdicción, con unidades navales y tropas de Infantería de Marina desplegadas para prevenir cualquier alteración del orden público.La institución también destacó la articulación interinstitucional entre las entidades del Estado en la región, lo que ha permitido anticipar riesgos, fortalecer los esquemas de protección y garantizar la logística necesaria para el desarrollo de los comicios.La Armada aseguró que mantendrá alistamiento logístico y planeamiento operacional permanente durante toda la jornada electoral, con el propósito de brindar condiciones de seguridad a los habitantes del Caribe colombiano y proteger la legitimidad del proceso democrático.
A pocas horas de que Colombia vaya a las urnas para elegir Senado y Cámara de Representantes, el debate sobre la transparencia del proceso electoral vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) aseguran que el sistema colombiano tiene varios mecanismos que permiten hacer seguimiento a cada voto.En entrevista en el programa El Radar, Alejandra Barrios explicó cómo funciona el proceso desde el momento en que se cierran las urnas hasta la verificación final de los resultados. Según dijo, hay múltiples controles que hacen muy difícil manipular una elección.“Poner de acuerdo a 800.000 personas para hacer fraude es prácticamente imposible”, afirmó al referirse al papel de los jurados de votación, quienes son los encargados de contar los votos en cada mesa del país.Cómo funciona el conteo de votos en ColombiaBarrios explicó que uno de los primeros “candados” del sistema electoral es que el conteo inicial no lo hacen funcionarios del gobierno, sino ciudadanos designados como jurados.Se trata de más de 800.000 personas en todo el país que, al cierre de la jornada, cuentan manualmente los votos y diligencian el formulario conocido como E14. Ese documento se convierte en la base del preconteo que se divulga la misma noche de las elecciones.La directora de la MOE explicó que este formulario tiene varios mecanismos de custodia. “Ese documento se sella, se guarda junto con los votos y es transportado con seguridad hasta las comisiones escrutadoras”, detalló.Posteriormente, esos resultados son verificados por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes revisan que lo consignado en las actas coincida con la información que se ingresa al sistema.Qué pasa después de las 4 de la tarde el día de las eleccionesTras el cierre de las urnas, los jurados destruyen el material sobrante, verifican que el número de votantes coincida con los votos depositados y comienzan el conteo público.“Los votos no se pueden contar debajo de la mesa ni como si estuvieran contando billetes. Tiene que ser voto por voto y de forma pública”, explicó Barrios al describir el procedimiento.Si un testigo electoral considera que hay inconsistencias —por ejemplo, tachones o cifras que no coinciden— puede presentar una reclamación para que se vuelva a contar la mesa.En caso de persistir las dudas, el proceso puede escalar hasta las comisiones escrutadoras y, finalmente, llegar al Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad encargada de declarar oficialmente los resultados.Municipios con riesgo electoral en el paísAunque el sistema tiene controles, la MOE también advirtió sobre riesgos en algunas regiones del país.Según explicó Barrios, el mapa electoral actualizado identifica 187 municipios con algún tipo de riesgo, ya sea por violencia, fraude o posibles irregularidades en la financiación de campañas.La analista señaló que muchos de estos casos están relacionados con compra de votos o participación indebida de funcionarios públicos en política.Además, en algunas zonas persisten riesgos asociados a la presencia de grupos armados ilegales. Por eso, desde la organización hicieron un llamado a que se respete el proceso electoral.“Ojalá permitan que los ciudadanos salgan a votar en paz”, dijo Barrios, al insistir en la importancia de que la jornada transcurra sin presiones para los votantes.
El Departamento de Policía de Cundinamarca dispondrá este domingo con 1.356 uniformados para garantizar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad. El operativo hace parte del Plan Democracia, con el que las autoridades buscarán proteger el proceso electoral y prevenir cualquier irregularidad durante las elecciones al Congreso y a las consultas interpartidistas.Los uniformados estarán dedicados exclusivamente a la seguridad electoral, además de una reserva de 30 policías que podrán ser desplegados en caso de cualquier eventualidad. De estos puntos, 199 están ubicados en zonas urbanas y 208 en áreas rurales, donde también se reforzará la presencia de las autoridades para garantizar el normal desarrollo de la votación.Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia del proceso, la Policía Nacional en conjunto con la Registraduría Nacional implementará un sistema de reconocimiento biométrico facial, que permitirá verificar en tiempo real la identidad de los votantes y cruzar la información con bases de datos de antecedentes judiciales. Con esta herramienta se busca anticipar riesgos, garantizar la autenticidad de los sufragantes y evitar posibles irregularidades durante el certamen electoral.Las autoridades señalaron que los 3.945 uniformados adscritos a esta unidad policial recibieron capacitación previa, para actuar antes, durante y después de la jornada electoral frente a posibles delitos o situaciones de riesgo. Finalmente, realizaron un llamado a los ciudadanos para que salgan a votar con tranquilidad, asegurando que la presencia de la policía estará desplegada en todo el territorio para acompañar el desarrollo de la jornada electoral.
"Producto de ese combate, un muerto en desarrollo de operaciones militares, hubo también siete menores recuperados, de los cuales uno está herido, pero ya está siendo atendido. Por otra parte, algo que nos llamó la atención es que de los siete menores, cinco presuntamente serían venezolanos, también se capturaron seis adultos. "Pero el aspecto más relevante de esta operación es que se capturó alias 'Zeta', el principal cabecilla de esta comisión que venía extorsionando y secuestrando", reveló el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez a Noticias Caracol.En la operación también se incautauron 13 armas largas, material de intendencia y comunicaciones.Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas Farc, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región.El enfrentamiento se produjo en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia para las que el ELN declaró esta semana un cese el fuego unilateral que comenzó este sábado y terminará el 10 de marzo, con el fin de no interferir en el proceso electoral, según dijo esa guerrilla.
Este importante pronunciamiento del alto tribunal se da tras estudiar tres tutelas presentadas por mujeres que denunciaron haber sido despedidas mientras estaban embarazadas o durante la etapa de lactancia. Los casos involucraron a tres reconocidas empresas.La Sala de tutelas integrada por 3 magistrados, concluyó que en los casos analizados las trabajadoras fueron desvinculadas debido a su estado de embarazo o por encontrarse en periodo de lactancia, lo que vulneró sus derechos fundamentales.Pero además, la Corte Constitucional hizo énfasis en que la maternidad y el desarrollo profesional no son esferas excluyentes y que el Estado y los empleadores tienen la obligación de garantizar condiciones que permitan a las mujeres ejercer simultáneamente su vida laboral y familiar.Ademas explicó el alto tribunal que la protección constitucional no solo cubre el embarazo, sino también el periodo de lactancia, etapa en la que las condiciones físicas, emocionales y laborales de la madre inciden directamente en el bienestar del bebé.La Corte Constitucional reiteró que la estabilidad laboral reforzada durante el embarazo y la lactancia es un derecho fundamental, que obliga tanto al Estado como a los empleadores a adoptar medidas para evitar cualquier forma de discriminación contra las mujeres en estas etapas.Por ello la Corte Constitucional dio una serie de órdenes entre ellas reintegran a las mujeres que fueron despedidas de sus trabajos y reconocerle los pagos que dejaron de recibir durante su tiempo de desvinculación.
La industria de las telecomunicaciones vive una etapa de transformación impulsada por la convergencia entre conectividad avanzada e inteligencia artificial. En el marco del Mobile World Congress 2026, uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico mundial celebrado en Barcelona, la compañía Huawei expuso su visión sobre cómo evolucionarán las redes móviles en los próximos años y el papel que tendrá la inteligencia artificial en esa transición.El evento reúne cada año a operadores, fabricantes y empresas tecnológicas para discutir el futuro de la conectividad global. En esta edición, uno de los temas centrales fue la evolución de la tecnología 5G y su siguiente etapa: el llamado 5G-Advanced (5G-A), considerado por la industria como un paso previo al desarrollo de las redes 6G.La tecnología 5G representa la quinta generación de redes móviles y se caracteriza por ofrecer mayor velocidad de transmisión de datos, menor latencia y la posibilidad de conectar simultáneamente millones de dispositivos. Estas capacidades han permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones como vehículos conectados, ciudades inteligentes y servicios digitales de alta demanda. Ahora, con la evolución hacia 5G-Advanced, las redes podrán gestionar recursos de forma más flexible y adaptarse a las necesidades específicas de cada servicio o usuario.“Este año entramos en la era del internet de agentes, donde las redes no solo conectarán a las personas, sino que también vincularán a cientos de miles de millones de agentes inteligentes”, afirmó Li Peng, vicepresidente sénior corporativo y presidente de Ventas y Servicios de TIC de Huawei desde Barcelona.En este escenario, Huawei plantea que la integración entre conectividad avanzada e inteligencia artificial será clave para redefinir el negocio de las telecomunicaciones hacia 2030. Según la compañía, el crecimiento del tráfico móvil podría multiplicarse por cinco en los próximos años, impulsado por la aparición de sistemas de inteligencia artificial capaces de interactuar y tomar decisiones de forma autónoma, conocidos como IA basada en agentes.Este modelo abre la puerta a una nueva forma de interacción entre las personas y las redes móviles. Los agentes de inteligencia artificial podrían actuar como asistentes digitales capaces de gestionar comunicaciones, optimizar servicios o ejecutar tareas en tiempo real, mientras las redes se encargan de garantizar la calidad y estabilidad de esas experiencias.Para Huawei, esta convergencia marcará una nueva etapa en la industria, en la que las redes dejarán de ser únicamente canales para transportar datos y se convertirán en plataformas inteligentes capaces de interpretar información, optimizar recursos y habilitar nuevas experiencias digitales para usuarios y empresas.
En el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona, la compañía china Huawei presentó SuperPoD, una nueva arquitectura de supercomputación orientada al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a gran escala, con la que busca posicionarse como una alternativa en el mercado global de infraestructura dominado por fabricantes como Nvidia.El anuncio llega en un momento en el que la carrera tecnológica global por la inteligencia artificial se está trasladando desde los modelos de software hacia la infraestructura de cómputo capaz de entrenarlos y ejecutarlos. En ese contexto, Huawei presentó su nueva línea de sistemas de alto rendimiento diseñada para centros de datos y cargas de trabajo intensivas en IA.Una capacidad única para entrenar nuevos modelos de lenguajeLa arquitectura SuperPoD está encabezada por el sistema Atlas 950, especializado en procesamiento de inteligencia artificial, y el TaiShan 950, orientado a cargas de propósito general. Según la compañía, el Atlas 950 puede integrar hasta 8.192 chips Ascend 950, una capacidad pensada para entrenar modelos de lenguaje de billones de parámetros.Uno de los elementos centrales de esta infraestructura es UnifiedBus, una tecnología de interconexión diseñada para soportar procesamiento paralelo a gran escala, una condición clave para los sistemas modernos de inteligencia artificial que requieren distribuir tareas entre miles de procesadores.La compañía señaló que este tipo de infraestructura no solo apunta a centros de datos tradicionales, sino también a sectores industriales que demandan procesamiento intensivo en tiempo real, como la conducción autónoma de nivel avanzado o aplicaciones de automatización industrial.Una estrategia enmarcada por altas capacidades de conectividadEl lanzamiento también se enmarca en la estrategia tecnológica de Huawei alrededor de 5G-Advanced (5G-A) y la futura transición hacia 6G, donde la conectividad y el cómputo de alto rendimiento estarán cada vez más integrados.Con este movimiento, Huawei busca reforzar su papel en el mercado de infraestructura para inteligencia artificial, un segmento estratégico donde el acceso a capacidad de cómputo se ha convertido en uno de los principales factores de competencia tecnológica entre empresas y países.
El viaje de una familia en Norte de Santander, terminó en tragedia con la muerte de Yuris Cristel Camila García, una mujer de 28 años oriunda de Tibú, quien perdió la vida tras tirarse de un tobogán en un parque de atracciones en Chinácota.Ante la ola de críticas e inquietudes por este, a través de Instagram, el Parque Entre Flores - lugar donde ocurrieron los hechos- se pronunció sobre lo sucedido y lamentó la muerte de Yuris Cristel en donde "enviaban todo su sentida solidaridad"."Se informa que, desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente", indicaron en el comunicado.Pero no mencionaron las descripciones técnicas ni detalles detrás de la atracción en donde perdió la vida esta mujer de 28 años. Sin embargo, el parque mencionó que no hará ese tipo de declaraciones por "respeto a la víctima" y se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido el pasado 5 de marzo en la atracción, que llevaba pocos días funcionando."Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de quienes nos visitan. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial. Reiteramos nuestro respeto y consideración hacia la familia García Manrique en este momento de profundo pesar", añadieron.El trágico hecho quedó grabado por una amiga o familiar (no se ha confirmado) que estaba presente en el momento que Yuris Cristel Camila García se lanzó de esta atracción, minutos antes de perder la vida en el sitio.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que fue víctima de un incidente externo de ciberseguridad que afectó el sistema de agendamiento de citas para la atención a los ciudadanos. Según la entidad, el ataque involucró un acceso no autorizado a datos personales de algunos usuarios del sistema, desarrollado por el proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería.Tras realizar las verificaciones técnicas y análisis especializado, la DIAN aseguró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada. Además, indicó que las contraseñas y credenciales de acceso de los usuarios continúan siendo protegidas y no fueron objeto de este ataque.La entidad explicó que, una vez fue detectado el incidente, decidieron deshabilitar temporalmente el sistema virtual de agendamiento de citas mientras se realizan los ajustes técnicos necesarios para restablecer el servicio de manera segura. Sin embargo, aclaró que la operación esencial de la Dirección no ha resultado afectada y que los servicios misionales continúan prestándose con total normalidad.Desde la entidad señalaron que los 56 puntos de contacto que tiene en todo el país siguen funcionando de manera presencial para atender a los ciudadanos que requieran realizar trámites o recibir orientación.Asimismo, informó que activó sus protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad esto con el objetivo de contener la situación, salvaguardar la información y evitar nuevos accesos no autorizados.En este sentido, trabaja junto con el proveedor tecnológico para adelantar revisiones técnicas, análisis de registros, pruebas de seguridad y el fortalecimiento de las medidas de protección de los sistemas involucrados.Además de las acciones técnicas, la entidad interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el caso por el presunto delito de extorsión y otras conductas penales asociadas al ciberataque.Finalmente, afirmó que ya se adelantan los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como la autoridad nacional en materia de protección de datos personales.
La Policía Nacional de Colombia reportó la incautación de 3.365 millones de pesos en efectivo en lo corrido de 2026, como resultado de operativos y controles realizados en diferentes regiones del país. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, estos procedimientos se han desarrollado en al menos 16 departamentos y han dejado 27 casos de incautación de dinero.Entre los casos más recientes está el registrado en Valledupar, en el que se logró la captura de un ciudadano y la incautación de $50.000.000 y 2.982 panfletos con propaganda política al interior de un vehículo. Este caso, particularmente, continúa en investigación por presuntos delitos electorales.Por su parte, en la capital, el caso más reciente ocurrió en la localidad de Santa Fe, donde fue capturada una persona a la que se le encontraron $631 millones en efectivo, que no logró justificar su procedencia. También se destaca un operativo en Montería, Córdoba, donde las autoridades incautaron más de $434 millones que eran transportados en un vehículo particular.Otros procedimientos de incautación de altos montos de dinero se han realizado en Sincelejo, Sucre; en Apartadó, Urabá; y en Antioquia, en municipios como Puerto Triunfo y La Pintada. Las sumas incautadas en estas regiones oscilan entre los $150 millones y los $275 millones. El dinero habría sido transportado en carros, motocicletas, lanchas o incluso oculto en prendas de vestir.Según la información entregada por las autoridades, en medio de estos operativos también se han realizado 36 capturas relacionadas con estos hechos. Algunas de estas personas quedaron en libertad mientras avanza su proceso judicial y otras están a la espera de que un juez defina su situación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la Cancillería modificó la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas presidenciales, que se realizan fuera del país desde el pasado 2 de marzo.De acuerdo con la entidad, los cambios se realizaron en 16 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela, donde reside una importante comunidad de colombianos habilitados para votar.El mayor número de modificaciones se registra en Estados Unidos, con 25 puestos, seguido por Brasil, con 8; España, con 5; Alemania, con 4; y Venezuela, con 3. También hubo actualizaciones en China, Ecuador, Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.Según explicó la Registraduría, los puestos de votación en el exterior son definidos por las oficinas consulares, que realizan ajustes logísticos dependiendo de las condiciones de cada país. Por esa razón, las autoridades recomendaron a los ciudadanos consultar permanentemente las páginas web y redes sociales de los consulados para confirmar la dirección exacta de su puesto de votación.La entidad también recordó que los colombianos pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación “aVotar”, disponible de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles, o ingresando a la página web oficial de la Registraduría en la sección de Elecciones 2026.A diferencia de lo que ocurre dentro del país, donde las elecciones se realizan en un solo día, los colombianos en el exterior cuentan con varios días para ejercer su derecho al voto.En ese sentido, la Registraduría invitó a los ciudadanos residentes fuera de Colombia a participar en la jornada electoral y verificar previamente su puesto de votación, con el fin de evitar contratiempos y garantizar su participación en la elección del nuevo Congreso y en las consultas interpartidistas de precandidatos presidenciales.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha dispuesto un amplio despliegue aéreo sobre toda la extensión territorial, la cual abarca la superficie continental, insular y el área marítima, para reforzar la seguridad durante la jornada de votaciones de este fin de semana.Este dispositivo operacional se desarrolla en el marco del Plan Democracia 2026, desde los comandos y grupos aéreos ubicados a lo largo del país, desplegando las capacidades aéreas hacia regiones apartadas, zonas urbanas y activos estratégicos. Para ello se emplearán aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente pilotados.Las aeronaves y sus tripulaciones se encuentran en máximo estado de alistamiento antes, durante y después de los comicios, con el propósito de cumplir misiones permanentes como el transporte de tropas, material y jueces electorales, así como la vigilancia y el monitoreo de vías y puestos de votación en ciudades y zonas rurales.De igual manera, la institución estará presente en los puestos de mando unificado ubicados en los diferentes departamentos, desde los cuales trabajará de manera articulada con la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el Ejército y la Armada Nacional, la Policía y autoridades civiles en todos los niveles, para atender o informar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar.Asimismo, como parte de la responsabilidad territorial, la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía Nacional, efectuará misiones de control sobre las cabeceras municipales de Madrid y Puerto Salgar (Cundinamarca), y La Dorada (Caldas), durante el desarrollo de la jornada electoral.De esta manera, la Fuerza contribuye al cumplimiento de los fines del Estado, preservando la seguridad en las elecciones de este domingo 8 de marzo y fortaleciendo el trabajo interinstitucional, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones libres, seguras y transparentes durante esta jornada democrática.
Las elecciones legislativas que se realizarán este domingo contarán con una cifra histórica de vigilancia electoral. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 1.034.532 ciudadanos fueron registrados como testigos electorales, quienes actuarán como veedores de los partidos y movimientos políticos durante la jornada.De acuerdo con el organismo electoral, este número permitirá que el 98,8 % de las mesas de votación del país tengan al menos un testigo, encargado de observar el desarrollo del proceso antes, durante y después de la votación, con el objetivo de garantizar la transparencia en el conteo de los votos.El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, destacó que esta participación representa una señal de confianza y de compromiso con el sistema democrático. “Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, aseguró.Entre las colectividades y partidos políticos que registraron el mayor número de testigos electorales se encuentran: el Pacto Histórico, con 93.329; Centro Democrático, con 87.645; el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517, y el Frente Amplio Unitario, con 66.110.También destacan el Partido Conservador, el Partido de la U y Alianza por Colombia, entre otros movimientos políticos que tendrán presencia en los puestos de votación en todo el territorio nacional.El aumento no solo se refleja en la cantidad de testigos. También creció la presencia de auditores de sistemas, que pasaron de 186 hace cuatro años a 10.720 en esta ocasión, lo que representa un incremento de más del 5.600 %.El acompañamiento a las elecciones también aumentó por parte de las misiones de observación. Para estos comicios se registraron 482 delegados internacionales, una cifra superior a los 55 observadores que participaron en 2022. A nivel nacional, dicha observación estará a cargo de 8.429 ciudadanos, lo que también representa un incremento frente a las elecciones anteriores.El CNE también destacó que en 2022 se registraron 394.235 testigos electorales, mientras que para las elecciones de 2026 el número supera el millón, lo que representa un incremento del 162 %.Según el organismo, esta amplia participación de testigos y observadores busca reforzar la transparencia, la legitimidad y la confianza en los resultados de la jornada electoral, en la que los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República.
Más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, junto con un número similar de efectivos de la Policía Nacional, fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.Así lo confirmó en Blu Radio el coronel José Luis Bastidas, gerente del llamado Plan Democracia, quien explicó que el dispositivo fue planeado durante un año en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades de control.De acuerdo con el oficial, el objetivo es custodiar 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional y asegurar que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad."Más de 126,000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y otro tanto de la Policía Nacional nos encontramos ya en el despliegue para cubrir los 13,493 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestra nación con todas las capacidades de las fuerzas militares. Estamos listos, preparados, generando todas las condiciones de seguridad para que todos los más de 41,000 millones de colombianos que pueden ejercer el libre al voto el día de mañana lo hagan de de manera libre y segura"Zonas con mayor atenciónLas autoridades identificaron algunas regiones del país como zonas priorizadas de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales.Entre ellas están Cauca, Catatumbo, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Chocó y Guaviare, donde se reforzó la presencia de la Fuerza Pública para prevenir posibles alteraciones del orden público.Cierre de fronteras y controlesEl coronel Bastidas también confirmó que el Gobierno decretó cierre de fronteras, una medida habitual en procesos electorales para evitar irregularidades.Los pasos terrestres con países vecinos estarán vigilados por la Fuerza Pública y Migración Colombia, con el fin de impedir el ingreso o salida de personas durante la jornada electoral.Línea para denunciar delitos electoralesLas autoridades también habilitaron la línea 157, disponible las 24 horas, para que los ciudadanos denuncien posibles delitos electorales como compra de votos, trashumancia o constreñimiento al elector.Según el comandante, las denuncias serán remitidas de inmediato a unidades de la Policía o las Fuerzas Militares para actuar rápidamente.Vigilancia contra ciberataquesEl Plan Democracia también contempla un componente de ciberseguridad, ante el riesgo de ataques informáticos durante la jornada.Las autoridades trabajan con entidades del Estado y con el Comando Conjunto Cibernético para proteger los sistemas de información y evitar afectaciones en el flujo de datos electorales.Puestos de votación trasladadosDe acuerdo con la información oficial, solo dos puestos de votación fueron trasladados en Cartagena del Chairá por motivos de seguridad, mientras que algunos más en Córdoba cambiaron de ubicación debido a inundaciones.El resto de los puestos se mantienen según la planeación realizada por la Registraduría.Finalmente, el coronel Bastidas invitó a los ciudadanos a salir temprano a votar y evitar aglomeraciones, destacando que la Fuerza Pública estará acompañando la jornada en todo el país.“Que todo el mundo esté tranquilo y que podamos sacar eso adelante sin ningún problema”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
En Colombia, llegan a ser comunes las molestias de los residentes de conjuntos residenciales con los administradores. Para muchos, los altos costos, cobros y hasta multas pueden resultar exagerados, lo que genera que las personas sientan la necesidad de quejarse sobre el funcionamiento de la administración; sin embargo, no todos conocen dónde pueden presentar sus quejas.En el país no existe una entidad única, o al menos especializada, a la que se le pueda atribuir de manera general la inspección, vigilancia y control frente a las propiedades horizontales. Por este motivo, el control de la administración suele recaer inicialmente en los órganos internos de la copropiedad.Normalmente, la vigilancia y control de la administración debe ser ejercida por la asamblea de copropietarios, el consejo de administración y, en algunos casos, por la revisoría fiscal, de conformidad con lo establecido por la Ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones de la asamblea.¿Dónde acudir si los administradores incumplen sus funciones?En el caso de que los administradores incumplan sus funciones o se presenten inconformidades con el manejo de la propiedad horizontal, los copropietarios pueden acudir a mecanismos legales de solución de conflictos, entre ellos acciones judiciales ante los jueces civiles. Un ejemplo es el proceso verbal para controversias sobre propiedad horizontal, regulado en el artículo 390 del Código General del Proceso.De hecho, según lo señalado por Esteban García Jimeno, senior counsel del bufete de abogados Holland & Knight, en Colombia no hay una superintendencia o entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las propiedades horizontales o de sus administradores. Por lo tanto, el principal control se ejerce internamente por los órganos de la copropiedad, especialmente por la asamblea de copropietarios y el consejo de administración.Eso sí, existen varias entidades del Estado que pueden ejercer control en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la DIAN en temas fiscales; las entidades municipales y distritales cuando se trate de salubridad, asuntos ambientales, convivencia o incluso infracciones urbanísticas.¿Qué hacer en caso de que se roben el dinero?Este es un caso mucho más delicado y requiere una investigación profunda. Por lo tanto, si existen indicios de que recursos están siendo apropiados indebidamente o utilizados de manera irregular, los residentes de la copropiedad pueden interponer las respectivas denuncias ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones pertinentes.De acuerdo con Esteban García, “dependiendo de las circunstancias del caso, podrían configurarse delitos como hurto, abuso de confianza, administración desleal, falsedad en documento o corrupción privada, entre otros”.¿Qué sanciones pueden enfrentar los administradores?Las sanciones que se le puedan imponer a los administradores dependen de lo que se establezca en el reglamento interno del conjunto y en el contrato mediante el cual fue vinculado. Un ejemplo es que el administrador pueda ser removido de su cargo, quedar sujeto a penalidades contractuales o incluso ser requerido para responder por los daños causados a la copropiedad.Según afirma el experto, las sanciones dependerán de la forma de su vinculación: “si se trata de una empresa administradora o de un administrador contratado mediante prestación de servicios, aplicarán las penalidades, sanciones o cláusulas previstas en el contrato. Si el administrador tiene un contrato laboral, deberán aplicarse además las normas y procedimientos del derecho laboral”, explica Esteban García.Finalmente, si se determina que existió la comisión de un delito, el administrador enfrentaría sanciones penales que pueden resultar en multas y/o penas privativas de la libertad.
Este viernes se instaló el Puesto de Mando Unificado en el Ministerio del Interior para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Desde allí, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que hay 47 municipios del país que requieren una atención especial para la jornada electoral, por temas de orden público, 14 de ellos están en Antioquia.Sin embargo, el ministro también aseguró que se han incautado cerca de 2.000 millones de pesos que estarían relacionados con la presunta compra de votos.Además se refirió al caso de La Guajira, donde a un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, le encontraron 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política de un candidato al Senado del Partido Conservador.El dinero iba en unos sobres que tenían el nombre de siete políticos de la zona. Sin embargo, la versión que entregó el escolta es que supuestamente la Policía fue la que metió la plata en dichos sobres, algo que fue desmentido por el ministro de defensa.Es importante recordar que la versión que ha entregado el escolta del secretario es que el dinero en efectivo era para comprar un carro.
Durante la tarde del viernes, 6 de marzo, la Policía capturó a una persona en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe e incautó una suma de $631.000.000 pesos, de los cuales el procesado no pudo sustentar su providencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.Además, en el departamento de Sucre, las autoridades capturaron a dos personas que transportaban $275 millones en una camioneta particular en el municipio de Sincelejo. Además, señalaron que durante el mismo día, en los departamentos del Meta, Norte de Santander, Casanare y San José del Guaviare incautaron una suma cercana a los $250 millones.A menos de 48 horas de las elecciones de Congreso, la Policía Nacional ha incautado $2.924 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales, según su último reporte de cara a las elecciones de Congreso que se realizarán el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.Los departamentos con mayor dinero incautado son, Montería en donde las autoridades incautaron $434 millones junto a material electoral, Antioquia con $455 millones, la Guajira $145 millones, Santander $109 millones y el departamento del Meta $100 millones.Hasta el momento por estos hechos las autoridades han capturado 28 personas, de las cuales 18 fueron dejadas en libertad, 9 están pendiente de la medida y 1 se encuentra bajo medida intramural.Con el objetivo de que no se registren más irregularidades durante la temporada electoral, relacionados a la compra y venta de votos, la defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que actualmente "hay varios municipios en donde se ha identificado una inscripción irregular de cédulas que superan los promedios poblacionales de los municipios, así como los promedios históricos de cada uno de los municipios. Hemos solicitado al CNE tomar medidas y dijeron que los habían remitido a la Fiscalía (...) Hemos encontrado situaciones de inscripción de cédulas anormales en Tumaco, Catatumbo y otros municipios".Finalmente, con el fin de que se realice una jornada electoral transparente y sin ninguna irregularidad las autoridades, junto a los entes gubernamentales, monitorean cada una de las acciones en sus departamentos para así garantizar unas elecciones confiables y democráticas.
El 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar para elegir la nueva conformación del Congreso de la República y los partidos que estarán presentes durante el próximo Gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios esperan cambiar de puesto y piensan dejar atrás la Cámara de Representante para llegar al Senado.Este ha sido el caso de la representante Katherine Miranda, quien presentó su candidatura para llegar al Senado de la República con el Partido Alianza Verde. Y en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que de ser elegida su propuesta estará enfocada en fortalecer el control político y promover reformas estructurales en temas clave como salud, empleo y política fiscal."Hemos hecho un trabajo juicioso, a conciencia, no nos hemos arrodillado a ningún Gobierno, entendiendo que el Congreso de la República es un órgano independiente que se tiene que mantener así, que los pesos y los contrapesos importan cuando uno quiere resguardar el concepto de la democracia y ese contrato social que a mi juicio es la Constitución Política", aseguró.Las propuestas de Katherine Miranda en el SenadoDe acuerdo con ella, a lo largo de su carrera legislativa ha sacado adelante más de 35 leyes, entre ellas iniciativas relacionadas con divorcio libre, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, regulación del uso de la pólvora e incentivos para el primer empleo juvenil, por ende, "quiere seguir fortaleciendo el país con propuestas reales"."Yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, creo que es absolutamente importante. No la construí sola (la contra propuesta). Fue elaborada con médicos, enfermeras, personal de salud e incluso con EPS. Hay que recoger lo bueno que funciona y mejorarlo de cara a los pacientes", dijo.Por otro lado, rechazó la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y recordó compromisos adquiridos durante la campaña presidencial, en donde él dijo y firmó sobre mármol que no lo haría."A mí me molesta profundamente que ahora se plantee una constituyente (...) Lo que le incomoda al presidente son los contrapesos y la separación de poderes. Una constituyente podría poner en riesgo las libertades y la democracia", señaló.Por otro lado, dijo que el próximo Gobierno inevitablemente deberá impulsar una reforma tributaria, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo diseñarla. La representante criticó lo que considera una fragilidad del empleo formal en Colombia, señalando que parte de la reducción del desempleo responde a actividades informales o de subsistencia.
En el barrio La Pabonesa de Florencia, Caquetá, una vivienda fue consumida por las llamas en medio de un hecho que ha causado asombro entre los habitantes de esa zona del país.Misterioso hallazgo en el lugar del incendioSegún el reporte del Cuerpo de Bomberos de Florencia, en el lugar fueron hallados elementos asociados a presuntos rituales de santería, como veladoras, altares, un ataúd y restos óseos cuya procedencia aún se investiga.El capitán William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Florencia, Caquetá, durante este año se han atendido varios incendios relacionados con este tipo de prácticas.Las autoridades de Florencia trabajan para establecer las causas exactas del fuego y la veracidad de los elementos encontrados.Vea en imágenes el estado en el que quedó la vivienda afectada y los elementos encontrados:
La Alcaldía de Ibagué confirmó el segundo caso de tosferina en lo corrido del 2025. Se trata de un niño de dos meses de edad , residente en la comuna 11, quien no contaba con antecedentes de vacunación ni registro de controles prenatales.El menor presentó síntomas respiratorios graves que obligaron su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica , donde actualmente permanece bajo observación médica y con una evolución clínica estable, según informó la Secretaría de Salud Municipal .“Se confirma el segundo caso de tosferina para el municipio de Ibagué. Se trata de un niño de dos meses de edad sin antecedente vacunal ni registro de controles prenatales. El paciente presentó síntomas respiratorios altos con ingreso a la UCI pediátrica, donde actualmente evoluciona de manera favorable”, señaló la secretaria de Salud, Liliana Ospina.Tras la confirmación del diagnóstico, las autoridades sanitarias activaron el cerco epidemiológico y realizan el seguimiento al núcleo familiar del menor , integrado por su madre de 22 años, su hermana de un año y una prima de 14 años, todas de nacionalidad venezolana, a quienes se les practicaron las respectivas pruebas diagnósticas para descartar nuevos contagios.Le puede interesar: Autoridades en el Valle del Cauca alertan por brote de tosferinaEl equipo de vigilancia en salud pública continúa con la búsqueda activa de posibles casos asociados , especialmente entre personas que hayan tenido contacto estrecho con el bebé, con el fin de recomendar vacunación o tratamiento antibiótico preventivo, según corresponda.El pasado 3 de julio de 2025 se registró el primer caso de tosferina en una niña de tres años residente en el corregimiento 17 de Ibagué, quien logró recuperarse satisfactoriamente.“La tosferina es una enfermedad bacteriana, que afecta las vías respiratorias altas, es denominada también la tos de los 100 días. El síntoma principal está enmarcado en la tos persistente que termina incluso en un silbido que puede desencadenar vómito y coloración azul en la piel”, afirmó Ospina.Desde la Alcaldía, se reiteró el llamado a los padres de familia y mujeres gestantes para cumplir con los esquemas de vacunación, que contemplan dosis contra la tosferina a los 2, 4, 6 y 18 meses , así como a los 5 años de edad .
El registrador nacional, Carlos Hernán Penagos, confirmó que el nombre de Daniel Quintero fue procesado en la consulta interna del Pacto Histórico, pese a renuncias o retiros del candidato. Penagos explicó que la Registraduría actuó de esta manera debido a que nunca recibió un documento formal por parte de los partidos políticos con personería jurídica (como la Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático y Partido Comunista) que convocaron la consulta, solicitando el retiro de Quintero.De acuerdo con el registrador, Quintero obtuvo cerca de 145.000 votos y estos fueron procesados y publicados por la entidad electoral. Penagos enfatizó que, dado que las consultas son convocadas por organizaciones políticas y no por solicitudes individuales, la Registraduría procedió según los lineamientos establecidos previamente con dichas organizaciones.Las consecuencias de participar y el rol del CNE en futuras candidaturasLa participación de Quintero en la consulta trae consigo consecuencias legales, especialmente si planea futuras aspiraciones. La Ley 1475, en sus artículos 6 y 7, establece que quien participa en una consulta se somete a sus normas y debe acoger las decisiones tomadas por los partidos que la componen. Penagos indicó que si Quintero o cualquier otro candidato derrotado busca ahora inscribirse a través de un mecanismo diferente, como la recolección de firmas, esta solicitud deberá ser remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE).El CNE será la entidad competente para evaluar la situación jurídica y determinar si Quintero está en condiciones de recolectar firmas y presentarse nuevamente como candidato. Los partidos tienen hasta el 8 de diciembre para comunicar al CNE su decisión final sobre la participación en las consultas de marzo.Jornada de eleccionesEn medio de las críticas del presidente Petro, quien descalificó el sistema electoral por supuestas fallas administrativas y de software, Penagos defendió la gestión de la Registraduría, asegurando que operó de manera "eficiente". Señaló que la participación de más de 2.700.000 personas en la consulta demuestra que los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades.Respecto a la caída de la página web, el Registrador aclaró que la misma entidad ordena "ralentizar la página para evitar ataques" luego de identificar amenazas y peticiones maliciosas, un protocolo histórico para proteger la infraestructura informática.Finalmente, el Registrador lamentó los incidentes de seguridad que afectaron al personal de la entidad, incluyendo la muerte de Nancy Valencia en Alto Baudó y la amenaza por parte de las Farc contra la registradora de Yopal, quien fue declarada objetivo militar y requiere ser reubicada.Escuche aquí la entrevista:
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera pública tras su inclusión en la Lista Clinton, una medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela activos y bloquea relaciones financieras de las personas designadas por presuntos vínculos con actividades ilícitas o apoyo a individuos sancionados.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Benedetti relató los primeros impactos que ha sentido en su vida cotidiana y política. “Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, aseguró al referirse a las consecuencias inmediatas de las sanciones.Las primeras secuelas financieras para Armando BenedettiEl ministro explicó que fue apenas al conocer la noticia cuando comprendió la magnitud de las implicaciones que tiene estar en la Lista Clinton. “Hasta ayer y antes de ayer es que he venido a entender las implicaciones reales de la Lista Clinton”, expresó, agregando que en cuestión de horas su acceso al sistema bancario fue limitado. Según Benedetti, las entidades financieras actuaron de forma automática al conocerse su designación. “A la hora o dos horas que salió la noticia, me bloquearon la tarjeta. Como eso es MasterCard o Visa, y esas son compañías gringas, me la bloquearon”, explicó.El funcionario advirtió que podría quedar “por fuera del sistema financiero colombiano”, debido a que los bancos nacionales mantienen vínculos con entidades de Estados Unidos. “Lo que me han dicho es que me sacan por la puerta de atrás del sistema financiero, porque no pueden tener a alguien que esté en la Lista Clinton”, señaló.“Esto no es penal, es administrativo”Benedetti insistió en que su inclusión en la Lista Clinton no corresponde a un proceso judicial, sino a una decisión administrativa de carácter político. “Esto es una acción administrativa, no penal ni civil. Aquí no hay incautaciones ni investigaciones judiciales; lo que yo voy a dar es una respuesta administrativa en Estados Unidos”, explicó el ministro, quien ya adelanta contactos con abogados en ese país para emprender su defensa.De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, Benedetti fue incluido en la lista junto al presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro y la primera dama Verónica Alcocer, por supuestamente “haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero o material” al mandatario colombiano. El ministro respondió que la medida “no tiene sustento real” y que “no existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o terrorismo”.“Me castigaron por mis pronunciamientos”El jefe de la cartera política sostuvo que su sanción obedece a sus declaraciones públicas en defensa del presidente Petro frente a críticas provenientes de sectores de derecha, tanto en Colombia como en Estados Unidos.Benedetti aseguró que no ha tenido ni bienes ni cuentas en Estados Unidos, y que el golpe que más siente es de carácter reputacional. “Lo que me afecta es el daño moral, la difamación. Tengo hijos viviendo en el extranjero y no quiero que los señalen como hijos de un narcotraficante”, manifestó con tono dolido.La inclusión del ministro Benedetti en la Lista Clinton se produce en un momento de alta tensión diplomática entre Bogotá y Washington, tras varios pronunciamientos del presidente Gustavo Petro que fueron interpretados como críticos hacia la política exterior estadounidense.Analistas coinciden en que las sanciones de EE. UU. podrían complicar la gestión del Gobierno colombiano en temas de cooperación internacional y comercio. Sin embargo, Benedetti insiste en que se trata de un asunto político. “Todos los analistas han dicho que esto tiene un trasfondo geopolítico. No hay nada judicial ni financiero que lo sustente”, sostuvo.Una defensa desde lo jurídico y lo políticoEl ministro confirmó que está en proceso de elegir representación legal en Estados Unidos para apelar la decisión. “Tengo contacto con dos abogados. Es un tema administrativo y lo voy a encarar desde esa vía”, afirmó, al tiempo que recordó que la Corte Constitucional colombiana, en una sentencia de 1999, reconoce el derecho de los ciudadanos a mantener cuentas bancarias salvo que exista una razón objetiva para cerrarlas.Mientras tanto, Benedetti dice prepararse para afrontar un periodo difícil, marcado por la incertidumbre y la exposición pública. “No tener una cuenta bancaria, manejar todo en efectivo en este país, además de peligroso, es una locura”, comentó.La Lista Clinton, creada en 1995 bajo la administración de Bill Clinton, busca impedir que individuos o empresas vinculados con el narcotráfico o el terrorismo accedan al sistema financiero estadounidense. Aunque su naturaleza es administrativa, la designación suele tener repercusiones graves en la vida personal y profesional de los señalados.En el caso de Benedetti, el proceso abre un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Estados Unidos, al involucrar a figuras del círculo más cercano del presidente Petro. El ministro concluyó la entrevista reafirmando su inocencia y su disposición a defender su nombre.
Información de inteligencia conocida por Blu Radio desmiente la versión entregada por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ sobre la muerte de alias ‘Yeny Lara’, una de las mujeres de mayor confianza del cabecilla. Lejos de haber muerto en un operativo militar, su final habría sido planeado desde las mismas disidencias, a causa de celos, traición y rivalidades por el poder.Alias ‘Yeny Lara’ era reconocida por su cercanía con alias ‘Iván Mordisco’ y por su papel decisivo en el negocio del narcotráfico. La mujer, de acuerdo con inteligencia, había sido delegada para coordinar el tráfico internacional de cocaína hacia Brasil y mantener la movilidad de armas y droga a través de los ríos Apaporis, Caquetá y Cahuinarí. Su influencia, su capacidad para mover combatientes y su rol como enlace estratégico la convirtieron en una figura incómoda para algunos, especialmente para alias ‘Lorena’, compañera sentimental de ‘Mordisco’.Los informes advierten que los celos detonaron la guerra interna. ‘Lorena’ consideraba a ‘Yeny’ una amenaza. Veía con resentimiento los obsequios de alto valor que recibía, como joyas de oro, una camioneta de doble tracción y vivienda para su familia en San Vicente del Caguán, y sospechaba de una relación amorosa con alias ‘Iván Mordisco’. Además, descubrió que ‘Yeny’ había acumulado propiedades, incluidas una finca de 30 hectáreas y varios locales comerciales, bienes que consideraba suyos por derecho del poder que compartía.Con ‘Mordisco’ desplazado hacia el occidente del país, ‘Lorena’ encontró la oportunidad. Le ordenó a ‘Yeny’ que se moviera hacia Tres Islas, bajo el argumento de coordinar operaciones urgentes, y le envió ocho guerrilleros armados como escolta. Era la comitiva que la llevaría a la muerte.Tras tres días de recorrido en lo profundo de la selva, alias ‘Yeny’ instaló su hamaca y se preparó para descansar. Los sicarios informaron a ‘Lorena’ que la víctima había caído dormida y que podían ejecutar la orden. Pero la respuesta fue distinta a la esperada: “No la asesinen dormida”, ya que antes quería escucharla suplicar.La despertaron a la fuerza y uno de los asesinos le pasó un teléfono satelital. Del otro lado estaba ‘Lorena’. La conversación duró dos minutos, el tiempo suficiente para que ‘Yeny’ comprendiera que ya no había margen para la lealtad ni el perdón. Llorando y temblando, rogó por su vida y ofreció dinero, vehículos y propiedades. Nada sirvió. La amarraron y le dispararon dos veces en la cabeza con un fusil automático, por lo que murió de inmediato.Para evitar sospechas, los sicarios le enviaron fotografías del cadáver a ‘Lorena’. De inmediato, los mandos de las disidencias difundieron públicamente la versión falsa de un bombardeo, mientras los restos fueron ocultos para que la narrativa se mantuviera.La víctima llevaba años siendo investigada por las autoridades por reclutamiento de menores indígenas y por coordinar ataques contra la Fuerza Pública mediante la activación de artefactos explosivos y homicidios selectivos en Caquetá, Amazonas y Putumayo. Por su conocimiento de las rutas ilegales y su peso dentro de la estructura, su eliminación constituye un golpe interno que debilita el equilibrio criminal al interior de las disidencias.Lo ocurrido pone en evidencia que, además de la confrontación con el Estado, las disidencias libran una guerra intestina e interna por el control del territorio, los recursos y los privilegios otorgados por el negocio del narcotráfico. En esa lucha, la muerte de ‘Yeny Lara’ no fue un accidente ni un efecto de la ofensiva militar, sino un crimen calculado y silencioso.Vea también:
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que someterá a un “juicio” interno a cuatro miembros de la Fuerza Pública que permanecen secuestrados, en lo que denomina un ejercicio de su propia “juridicidad”. Según el grupo armado, esta decisión obedece al supuesto fracaso de las propuestas de intercambio de prisioneros presentadas al Gobierno Nacional.El comunicado, firmado por el Frente de Guerra Oriental, advierte que los uniformados podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión en poder de la organización, aunque mantendrían contacto con sus familias. “Tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión pública los resultados”, señala el texto.Las víctimas de este nuevo acto de presión son dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y dos policías: el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, adscritos a la DIJIN e INTERPOL en Bogotá.El anuncio se conoce en medio de la crisis que atraviesan los diálogos entre el Gobierno y el ELN, marcada por los reiterados incumplimientos del cese al fuego y las recientes acciones violentas en varios departamentos del país.La decisión del grupo insurgente ha generado rechazo entre sectores políticos y de derechos humanos, que exigen la liberación inmediata de los secuestrados y advierten que someterlos a un supuesto juicio constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.La situación de los cuatro funcionarios vuelve a tensionar la mesa de negociación y plantea un nuevo desafío para los esfuerzos de paz, que buscan retomar confianza entre las partes y avanzar hacia acuerdos humanitarios urgentes.