Gobernador Eduardo Verano asegura que cárceles de Barranquilla no están preparadas para recibir a cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños.Advierte que, de darse un eventual traslado, colapsaría el sistema carcelario por enfrentamientos entre miembros de estas estructuras. Actualmente, de acuerdo con datos del Inpec, la Penitenciaría El Bosque, uno de los centros de reclusión a los que serían llevados cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños, si se retoman las intenciones del Gobierno de trasladarlos junto a 40 miembros de sus estructuras, alberga 1.800 privados de la libertad, muy a pesar de que su capacidad, es de 1.200 cupos incluyendo los nuevos pabellones.El hacinamiento en este centro penitenciario es del 50%, sin contar que no tiene las características de una cárcel de máxima seguridad como la de cómbita y la Picota, donde Digno Palomino, alias 'Castor' y el ‘Negro Ober’, hoy están detenidos.Aunque por el momento se frenó el traslado de estos peligrosos delincuentes a Barranquilla por orden del ministro de Justicia Andrés Idárraga, el gobernador Eduardo Verano insistió en que un traslado sin planeación podría generar confrontaciones entre los miembros de estas estructuras en cárceles de la ciudad.En este sentido, recalcó que hace falta un diálogo previo para entender cuál es la propuesta que le va a hacer el Gobierno a estas organizaciones para que dejen de delinquir.
Con capuchas, tapabocas y pistolas en mano están llegando hasta los comercios de la isla de San Andrés un grupo de individuos a los que se les señala de disparar los índices de robos en el archipiélago e incluso de cometerlos también en jurisdicción de Providencia, donde aprovechan la poca presencia de la Policía.Según los reportes, son más de seis los hurtos cometidos en menos de un mes, registrándose el último de ellos este fin de semana en un pequeño supermercado. Como lo describe la comunidad, la situación les resulta atemorizante, pues no están acostumbrados a estos actos delincuenciales.Un comerciante, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, señaló que la ocurrencia de estos hechos refleja la “vulnerabilidad” que sienten ante la situación.“Sentimos que no contamos con una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, que no solicitan un mayor refuerzo al Gobierno nacional, ya que la situación se ha salido un poco de las manos y es muy preocupante. En esta isla no se veía esto hace al menos 10 o 12 años, o incluso mucho antes”, afirmó el ciudadano.Desde Providencia también se reporta un incremento en los robos a comercios, pues los afectados alegan que estos mismos sujetos, hoy buscados por las autoridades, suelen trasladarse hacia esa zona cuando hay menos unidades policiales.En ese sentido, las autoridades confirmaron una ofensiva contra estas bandas y, en menos de dos días, tres personas han sido capturadas: dos por el delito de hurto y una por porte ilegal de armas de fuego.Asimismo, el Gobierno local anunció recientemente el aumento del pie de fuerza para las islas, tras el arribo de una veintena de hombres y mujeres para aumentar la capacidad de respuesta.
Aunque las pistolas de hidrogel se convirtieron en uno de los juguetes más populares durante la temporada de Navidad en las calles de Cartagena, el uso de estos artefactos en menores de edad ha encendido las alertas de los profesionales de la salud por el aumento de accidentes asociados a estos elementos.La clínica Casa del Niño de Cartagena alertó que en las últimas semanas se han registrado cinco casos de menores de edad lesionados con pistolas de hidrogel. Tres de los niños resultaron con traumas en los ojos y dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en los oídos tras ser impactados con los balines de estas pistolas.El director científico de la Casa del Niño, Hernando Pinzón, advirtió que los daños producidos por estos artefactos pueden ser severos.“Hemos tenido casos ya no solo de traumas en los ojos, sino también en los oídos de niños que llegan afectados por las armas de hidrogel. Es preocupante porque ya hay reportes en otras ciudades donde se presentan traumas más severos en los ojos. Afortunadamente, los casos que hemos atendido no tienen esa característica de daño ocular, porque puede haber desprendimiento de retina, sangrado intraocular e incluso pérdida de la visión”, detalló el médico.Asimismo, el profesional de la salud hizo un llamado urgente a los padres de familia y cuidadores.“Nuestro llamado es a los padres y a los jóvenes a que eviten jugar con este tipo de cosas, porque esto no es un juego: es una amenaza para la salud de los niños y la salud en general”.La Casa del Niño también advirtió que la manipulación inadecuada de los balines de hidrogel puede causar lesiones en el oído o la nariz, además de riesgos como asfixia u obstrucción intestinal por ingestión accidental, especialmente en niños pequeños.
La champeta en Cartagena y en San Basilio de Palenque está de luto. La violencia volvió a golpear la escena musical colombiana tras confirmarse el asesinato de un reconocido DJ, cuyo nombre era habitual en los picós y celebraciones del Caribe. El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores del artista.El crimen no solo apagó la vida de un joven que buscaba llevar el arte picotero por el Caribe colombiano, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de armas en el país, incluso aquellas catalogadas como de letalidad reducida, que siguen cobrando vidas en las calles de la ciudad.Atraco en Cartagena terminó con la vida de un DJ de champetaLa víctima fue identificada como Yorlis Yoriel Miranda Valdés, de 32 años, reconocido DJ de champeta y miembro del equipo del picó Vacile de Palenque. El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre, hacia las 7:30 de la noche, cuando se encontraba en una tienda del barrio El Nazareno, en Cartagena.De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos hombres llegaron a pie al lugar y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias. Aunque Yorlis entregó lo que le pidieron, uno de los sujetos le disparó directamente al rostro y, cuando ya estaba en el suelo, volvió a accionar el arma.Cámaras de seguridad registraron el violento ataqueLas grabaciones muestran con claridad el momento del atraco y el rostro de los presuntos agresores. Tras el disparo, el atacante continuó amenazando a las personas que estaban alrededor, mientras la víctima quedaba gravemente herida.La Policía Metropolitana señaló que el arma utilizada era de letalidad reducida; sin embargo, las heridas se complicaron con el paso de los días. Yorlis permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante casi dos semanas, hasta que falleció recientemente en un centro asistencial de la ciudad.Así despidieron a Yorlis Miranda tras el violento atracoLa noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Familiares y amigos expresaron su dolor tras la muerte del DJ palenquero. “Primo hermano, te arrebataron la vida de la peor manera. Ojalá supieras la falta que nos vas a hacer. Que Dios te tenga en su santo reino”, escribió un familiar.Desde el entorno cultural de Palenque también hubo pronunciamientos por el atroz desenlace: “La familia Rey de Palenque lamenta profundamente el fallecimiento de un familiar y colega en el arte picotero. Su sueño de ser un gran DJ nunca se apagará y permanecerá en nuestra memoria. Vuela alto, Yorlis”.Las autoridades confían en que los videos de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, la champeta despide a uno de sus exponentes más queridos.
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
En diálogo con Mañanas Blu, Lester Toledo, abogado y estratega político vinculado a la causa de María Corina Machado, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de Venezuela tras los eventos del 3 de enero.Toledo afirmó con contundencia que "Nicolás Maduro es el pasado" y que el país atraviesa actualmente una fase de transición hacia un futuro democrático.El control factual de Estados Unidos y la "transición" de Delcy RodríguezToledo explicó que, en la práctica, es el gobierno de los Estados Unidos quien hoy ejerce el mando sobre los pilares fundamentales de Venezuela, incluyendo el petróleo, las finanzas y el control de entradas y salidas del país. Según el estratega, esta situación es necesaria para la estabilización y recuperación del país, bajo un plan que incluye el retorno de exiles y la liberación de presos políticos.En este contexto, calificó a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, a quien denominó "Delcy la breve", señalando que su posición es insostenible debido a que carece de respaldo popular y está sancionada por Washington.La legitimidad de María Corina MachadoRespecto a las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de respaldo de Machado para gobernar, Toledo aclaró que se trató de un comentario pragmático referido exclusivamente a la fuerza militar y el control de las armas, y no a su apoyo popular. Destacó que Machado cuenta con más del 80% de respaldo ciudadano y obtuvo el 91% de los votos en las primarias.Asimismo, defendió el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", el cual contempla la apertura del mercado y acciones concretas para la industria petrolera. Toledo confirmó que este plan es conocido y ha sido elogiado por autoridades estadounidenses, subrayando que Machado será recibida próximamente en la Casa Blanca por el presidente Trump.Escuche aquí la entrevista:
El expresidente estadounidenese Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo cual se expone a cargos de desacato.El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes."No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", agregó.Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.¿Bill Clinton enfrentará cargos tras no ir al Congreso?En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno Trump a publicar los archivos de Epstein, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso."Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003", afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.La comisión votará las semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes.Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.Las últimas revelaciones en diciembre contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió con firmeza los diálogos de paz que el Gobierno nacional adelanta con bandas criminales Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, enviando un mensaje directo al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano. Según el alto funcionario, las autoridades locales no pueden descalificar la efectividad de estas negociaciones, ya que los resultados en materia de seguridad, aunque cuestionados recientemente, han sido producto de estos acercamientos."No pueden decir que negociación no ha sido efectiva. Ha sido efectiva gracias al Gobierno", afirmó el ministro, señalando que los mandatarios locales aprovecharon la baja en las cifras para sacar pecho en su momento, pero omitieron mencionar que esto se debía a la tregua entre las bandas.El choque por la efectividad de la treguaLa controversia escaló tras la suspensión del traslado de cabecillas de alta peligrosidad, como alias ‘Castor’, Digno Palomino y el ‘Negro Ober’, a cárceles en Barranquilla. Ante las críticas de Char y Verano, quienes calificaron la intención de traslado como una amenaza a la seguridad regional, Idárraga sostuvo que la reducción de homicidios y extorsiones reportada meses atrás fue mérito de la negociación impulsada por el Gobierno.¿Por qué se suspendió el traslado?Contrario a lo que se pensaba, la suspensión del traslado a las cárceles Modelo y El Bosque no se debió únicamente a la presión política local. El ministro reveló que la orden vino del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, tras un desacuerdo en la mesa de diálogo."Hubo un desacuerdo, porque las personas que se van a trasladar tendrían que trasladarse con fines concretos de paz, no simplemente llevándose pues a los amigos", indicó el ministro de Justicia. Se conoció que el propio Digno Palomino habría manifestado desacuerdo con las condiciones del traslado, lo que llevó a frenar la decisión por ahora."Esa coordinación del traslado, operativamente hablando, no requiere, digamos, de las autoridades locales, pero sí es necesario e importante siempre que las autoridades locales sepan. El traslado se va a surtir, siempre y cuando, así lo autorice el señor Otty Patiño, el director de la oficina del comisionado de paz", aseveró. Escuche la entrevista:
El mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, respaldó el llamado que más temprano hizo el alcalde Alejandro Char de pedir garantías y un plan riguroso que asegure que, traer a cárceles de Barranquilla a los cabecillas de las estructuras criminales de los Costeños y los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Cástor, Digno Palomino y alias el Negro Ober, no genere impactos negativos en la seguridad ciudadana, ya que, hasta el momento, el Gobierno no los han tenido en cuenta ni les han comunicado tales traslados.“Para esta decisión no hemos sido consultados y obviamente creo que antes debería haber la plena garantía de que se contará con una respuesta institucional, para que todas estas conversaciones se den con orden y garantías de que van a llegar a unas etapas superiores de tranquilidad y seguridad, y, sobre todo, de cumplimiento por lo que se pacta”.Enfatizó Verano en la preocupación existente en Barranquilla y el Atlántico, ya que en los últimos 15 días se han dado 26 homicidios, lo que indica que en el territorio se atraviesa por un momento dramático en materia de seguridad y tranquilidad.El gobernador Verano de la Rosa subrayó la necesidad urgente de una intervención que cuente con la presencia activa en este proceso de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo.Destacó el mandatario que la presencia de estas autoridades garantiza que estas decisiones no generen un rebrote de violencia o un deterioro del orden público en el departamento.“Solicitamos información completa y verificable sobre los criterios de este traslado. Una decisión de esta magnitud debe ir acompañada de garantías sólidas. La articulación con los entes de control nacional es indispensable para asegurar un seguimiento riguroso que proteja la convivencia en el departamento”, enfatizó el mandatario.Por último, Verano de la Rosa enfatizó en que cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la Fuerza Pública, protocolos estrictos de control y un plan específico para impedir que estructuras residuales sigan delinquiendo mientras se realizan los diálogos.
El ministro Pedro Sánchez sostuvo que la decisión de ofrecer la recompensa por 100 millones de pesos para dar con los autores de esta masacre en la que murieron acribillados cinco personas en el barrio Altos de Parrantial, fue tomada después de una reunión extraordinaria de Seguridad con la cúpula militar y policial, autoridades regionales y locales en Maicao.Añadió el ministro de Defensa que están realizando las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables.Destacan las autoridades que hay serios indicios de que Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, jefe de sicarios del grupo criminal de Los Pachenca, conocido también como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, es el responsable, aunque en un video difundido en redes sociales negó su participación.“Estamos investigando para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables. Aunque Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, ha negado participación, existen indicios de injerencia criminal en la zona y una orden de captura vigente”, escribió el ministro en la red social X.El titular en la cartera de Defensa también ordenó el refuerzo inmediato en la ciudad fronteriza de Maicao con investigadores especializados de la DIJIN, mayor despliegue del Ejército en las vías y bloqueo de trochas criminales en La Guajira, además de la recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la identificación y la captura de los de los autores de la masacre.El pasado viernes 9 de enero, a eso de las 10: de la noche, cinco hombres fueron asesinados en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao, por hombres que les dispararon indiscriminadamente desde una camioneta.Por el hecho, la Defensoría del Pueblo señaló como responsables a las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al tiempo que le solicitó a las autoridades mayor eficacia en la captura de los responsables y más protección a la población civil en una zona que sufre la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y los Pachenca.En lo que respecta al Instituto de Medicina Legal, la entidad informó que logró la identificación plena de las víctimas, que fueron entregadas a sus familiares para sus exequias.Precisamente, los hombres asesinados fueron identificados por las autoridades como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza.
El alcalde Alejandro Char hizo fuertes críticas a la decisión del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de darle el visto bueno al traslado de los cabecillas de las estructuras criminales de Los Costeños y Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, además de alias ‘El Negro Ober’, a centros penales de la ciudad, al parecer, antes del 20 de enero, día en el que finaliza la tregua firmada por ambos grupos criminales.El mandatario hizo un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta de X:“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno Palomino, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.Agregó que, desde el Gobierno, no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. Tampoco se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios.“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, se preguntó Char.El alcalde también advirtió que Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, por lo que hace una advertencia al Gobierno sobre la seguridad en la ciudad.“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada "paz urbana" que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.Por último, Alejandro Char exigió decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocó a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente.
No es común hablar de milagros, especialmente cuando estos se relacionan con accidentes de tránsito, donde la vida y la muerte penden de un hilo. Sin embargo, un caso ha conmocionado a la ciencia y a la lógica médica durante más de tres años.Un siniestro pudo costarle la vida a Naker Alexander, un joven que vive en Barranquilla, a quien los médicos le aseguraron que no podría sobrevivir luego de que una mula le aplastara medio cuerpo. Aun así, logró salir con vida de aquel espeluznante accidente.Naker Alexander cuenta su historia: un auténtico milagroLa historia de Naker sigue causando asombro en Barranquilla y en el país, incluso tres años después del accidente que estuvo a punto de quitarle la vida. En 2023, el joven fue protagonista de un hecho que desbordó la lógica médica: una volqueta de concreto lo arrolló y le aplastó gran parte del cuerpo, dejándolo con heridas que los especialistas calificaron como irreversibles. Contra todo pronóstico, sobrevivió.Hoy, en 2026, su testimonio sigue vigente como un relato de resistencia, fe y una recuperación que aún no termina, marcada por decenas de cirugías y largos meses de hospitalización.El siniestro ocurrió cuando Naker se movilizaba en motocicleta por una vía que estaba siendo reparada. De acuerdo con su relato, el conductor de la volqueta lo golpeó por detrás y lo arrastró varios metros. “Cuando yo quedo entre las dos llantas, ella no sigue rodando, sino que desliza, eso fue lo que me rompió todo el abdomen, me abrió todo”, contó el joven.La fuerza del vehículo pesado provocó la apertura total de su abdomen y, por consiguiente, la exposición de sus órganos. “No se siente dolor, no se siente nada; yo me sentía era agitado porque tenía todo el peso de la mula encima de mí”, recordó.Sobrevivió de manera milagrosa contra todo pronósticoAl llegar a la clínica, el panorama era completamente devastador. “Un doctor le dijo a mi mamá que me iban a desconectar porque ya no tenía remedio”, relató Naker. Pese a ello, duró 19 días en coma y fue sometido a múltiples intervenciones para evitar infecciones.Con alrededor de 35 cirugías abdominales, Naker fue testigo de lo que describe como un milagro. “Cada cinco días me abrían el abdomen para lavarme todo por dentro y volver a cerrarme”, explicó. A pesar de los diagnósticos negativos, el joven despertó y comenzó a alimentarse de manera progresiva, algo que sorprendió incluso a los médicos, quienes no le daban más de un mes de vida.La familia y la fe le salvaron la vidaDurante su tiempo en coma, Naker afirmó que solo escuchaba la voz de su madre, quien le insistía en que despertara. “Yo lo único que escuchaba era a mi mamá diciéndome: ‘hijo, Dios te bendiga’”, aseguró. Esa presencia fue clave para mantenerse con vida.Hoy, aunque enfrenta secuelas físicas y una rehabilitación prolongada, su mensaje es claro:Valorar la vida y la familia.Conducir con mayor precaución.Usar siempre casco y elementos de protección.No confiarse en la vía, incluso en recorridos cortos.“Para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible”, dijo Naker. Su historia, ocurrida en 2023 y contada desde el presente de 2026, sigue siendo un llamado a la prudencia y a no dar la vida por sentada.
En un comunicado la administración distrital, que lidera el alcalde Alejandro Char, se mostró sorprendida por la decisión del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de querer firmar el traslado a la ciudad de los cabecillas de las estructuras criminales de los Costeños y los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Cástor', y 'Digno Palomino', en coherencia con la política de paz urbana del Gobierno nacional y con los objetivos de proteger a la ciudadanía y evitar que se rompa la tregua entre ambos bandos, que se vence este 20 de enero.Afirma la Alcaldía que siempre ha apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de 'Digno Palomino' y alias 'Cástor', hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad.Frente a esta reacción el politólogo y analista Luis Trejos precisó que una de las falencias de este proceso de pre-diálogo entre 'Pepes' y 'Costeños', además de una futura negociación, es la no inclusión de las autoridades de Barranquilla y el Atlántico en esa mesa.“Tanto de la fase de prediálogo como del eventual diálogo que posiblemente se iniciaría después del 20 de enero, día en el que termina la tregua, de ese escenario han sido marginadas las autoridades distritales, y son precisamente esas autoridades las que han venido librando la lucha contra 'Pepes' y 'Costeños' en los últimos años”, argumentó el profesor Trejos.Mientras los traslados a la cárcel del Bosque de los cabecillas de las bandas criminales 'Pepes' y 'Costeños' se materializan, desde el Distrito hicieron un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales con el fin de anticipar o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes en el territorio y de las elecciones de Congreso y Presidencia que se avecinan.
Varias detonaciones de arma de fuego se confundieron entre el sonido de la música que en ese momento sonaba en la calle 74 con carrera 45, en el norte de Barranquilla. Hasta ese lugar, según narraron testigos en redes sociales, llegó este sábado en la tarde un sujeto a pie que disparó en repetidas oportunidades contra dos hombres, acabando con la vida de uno y dejando gravemente herido al otro.La víctima mortal de este hecho fue identificada por las autoridades como Emmanuel Gómez Carrillo, de 37 años, quien se dedicaba a la actividad de cobradiario. Informa la Policía que este había recibido amenazas recientemente, al parecer, relacionadas con su actividad laboral.En el mismo caso Jhonatan Bustos Jiménez resultó herido con un impacto de bala en la cabeza que lo mantiene bajo pronóstico reservado en una clínica de la ciudad.Según la Policía, el sicario se dio a la huida en un vehículo que lo esperaba a pocos metros de donde perpetró el crimen.Este caso de sicariato ocurrió hacia las 5:30 de la tarde en un sector que es muy transitado en la capital del Atlántico, a espaldas de una estación de Transmetro y del estadio Romelio Martínez.
En el marco del Plan Operacional Ayacucho Plus, el Ejército Nacional capturó a uno de los presuntos responsables del ataque terrorista ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2025 en el municipio de Aguachica, Cesar.Se trata de alias Ismael, quien fue detenido en flagrancia tras un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional. De acuerdo con información de inteligencia, el capturado habría participado en el atentado perpetrado contra el Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicado en zona rural de Aguachica.El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos improvisados y dejó un saldo de siete soldados fallecidos y 31 más heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más graves registrados recientemente contra la Fuerza Pública en esta región del país.Según las autoridades, alias 'Ismael' haría parte de una red de apoyo del ELN que opera en esta zona del Cesar. Durante el allanamiento que permitió su captura, las autoridades incautaron varios elementos que harían alusión a este grupo armado ilegal.El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, informó que entre el material hallado se encontraron pancartas, 85 cartuchos calibre 5.56 mm, una granada, entre otros elementos, los cuales serán clave e importantes para esclarecer las acciones de esta red de apoyo y su posible participación en actos terroristas.Por el momento, el capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Tanto el detenido como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
Momentos de horror se vivieron en la noche de este viernes 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, en la ciudad fronteriza de Maicao, departamento de La Guajira.Según testigos, aproximadamente a las 10 de la noche un grupo de jóvenes que se encontraba en una esquina del sector fueron sorprendidos por sujetos que se movilizaban en una camioneta de color gris, al parecer con placas venezolanas, que segundos antes de abrir fuego contra ellos, tuvieron un breve cruce de palabras.Después de escuchar varias ráfagas de disparos, los cuerpos de las cinco víctimas quedaron regados en plena vía pública, ante el pánico de varios residentes de Altos de Parrantial que no entendían qué había pasado.Según las autoridades, las víctimas responden a los nombres de Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, quien alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, donde finalmente murió por las múltiples heridas. Todas las víctimas de esta masacre vivían en el mencionado barrio. De acuerdo con versiones de la comunidad, los atacantes habrían realizado el ataque con armas de largo alcance.Blu Radio consultó a fuentes de la Policía quienes confirmaron esta nueva masacre. De igual manera, aseguraron que ya tienen investigadores al frente del caso para dar rápidamente con los autores del hecho que este fin de semana enluta a los guajiros.Según las autoridades, en esta parte del norte de Colombia tienen influencia grupos al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y delincuencia común, entre otros.Hay que recordar que el domingo 31 de agosto de 2025 se presentó otra masacre en el departamento que dejó cuatro personas muertas y tres heridas. Esta vez el hecho se presentó en el corregimiento de La Punta de los Remedios, área rural del municipio de Dibulla.
Una escena de profundo dolor y desasosiego generó indignación en el sur del Cesar y el Magdalena. Una mujer se vio obligada a enfrentar, quizá, el momento más desgarrador de su vida: realizar el levantamiento del cuerpo de su propia hija, quien habría sido asesinada de manera violenta en una zona rural que conecta a Curumaní con Pelaya, ante la falta de una respuesta oportuna de las autoridades.El caso ha causado conmoción no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el difícil momento que atravesó la madre de la víctima, quien tuvo que recorrer varios kilómetros en motocicleta para trasladar el cuerpo de su hija hasta Medicina Legal y poder darle el último adiós.Mujer levantó el cuerpo de su hija asesinada en zona rural del CesarLos hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de enero de 2026, cuando Roxana Álvarez Rojano, de 26 años, se encontraba trabajando en una finca del corregimiento de Las Vegas, en Curumaní, en compañía de José Trinidad Sánchez. Ambas personas habían llegado desde El Banco, Magdalena, con la intención de conseguir empleo.De acuerdo con versiones preliminares, en la noche del 7 de enero fueron sacados del lugar por hombres desconocidos que, presuntamente, se identificaron como miembros de la Policía. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados sin vida en una zona rural de Pelaya, con impactos de bala y signos de extrema violencia.Madre de la víctima da doloroso testimonioTras conocerse la noticia, Yaneth Rojano, madre de Roxana, tuvo que enfrentar un escenario de desamparo. Según relató, no recibió apoyo de la Policía para el levantamiento del cuerpo de su hija, por lo que se vio obligada a alquilar una motocicleta y trasladar ella misma el cadáver hasta Medicina Legal.El recorrido fue de aproximadamente 70 kilómetros, atravesando corregimientos y municipios, una escena que generó indignación tanto en la comunidad como en redes sociales. “Tengo la prueba de que yo misma recogí a mi hija y la llevé en una moto”, expresó la mujer entre lágrimas.Investigación en curso y versiones encontradasLa Policía Nacional informó que el doble homicidio continúa en investigación y que se analizan varias hipótesis, entre ellas una posible confrontación entre grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.Por su parte, el teniente coronel Antonio Londoño, comandante operativo de la Policía del Cesar, aseguró que el levantamiento de los cuerpos correspondía al inspector de Policía y que se activaron las capacidades institucionales. Esta versión contrasta con lo denunciado por la familia de Roxana, que señala una presunta negativa de las autoridades.Mientras avanzan las indagaciones por parte de la Fiscalía, el caso sigue generando un profundo dolor en la comunidad, marcado por la violenta pérdida de una joven que buscaba trabajo y por el sufrimiento de una madre que asumió una responsabilidad que nunca debió recaer sobre ella.
Cerca de 85 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Atlántico están desplegados desde este viernes en las entradas y salidas del departamento para velar por la seguridad de los viajeros en este puente festivo, uno de los que más moviliza personas en el Caribe colombiano.Manifestó el capitán Julián Andrés Morales Sierra, jefe encargado de esta dependencia, que las estimaciones de la institución indican que por lo menos 48.000 vehículos saldrán de la capital del Atlántico y su área metropolitana, mientras que más de 56.000 ingresarán a ella este fin de semana.El oficial sostuvo que desde la institución tienen contemplado que unos 105.105 vehículos entren y salgan de Barranquilla y su área metropolitana.“Nosotros tenemos una proyección de que van a salir alrededor de 48.136 vehículos e ingresarán 56.969”, contabilizó el capitán Morales.Asimismo, el jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte recalcó que se están desplegando planes, “no solo de realización de pruebas de alcoholemia o monitoreo de radares de velocidad”, sino que también tienen en marcha una campaña de prevención para sensibilizar a la gente denominada “La vida no perdona errores, pero sí reconoce decisiones responsables”.Esta campaña incluye pedirles a las personas “que revisen su carro con anterioridad, porten su documentación al día, hagan pausas activas” en los trayectos, para que lleguen sanos y salvos a donde van a vacacionar o a sus lugares de origen, agregó el oficial.El capitán Julián Andrés Morales Sierra también enfatizó que el licor y la conducción no pueden ir de la mano, por lo que entre las recomendaciones está abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, revisar aspectos básicos de los vehículos, como la presión en los neumáticos, antes de iniciar los trayectos, usar el cinturón de seguridad y, sobre todo, no tener afanes en el final de esta temporada de descanso.
A las 3:00 de la tarde del próximo jueves 15 de enero se sabrá si será enviado a la cárcel Álvaro Felipe Rivera Ramírez, hombre que es considerado como el presunto autor del delito de feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, una instructora de yoga de 22 años a la que encontraron en abril de 2024 en un aparente acto de suicidio, aunque reportes de Medicina Legal abren la posibilidad a un posible estrangulamiento.Así las cosas, Carlos Perilla, abogado del procesado, solicitó este viernes que su protegido no sea enviado a prisión mientras avanza la judicialización del caso, debido a que no representa un peligro de fuga, ni tampoco una amenaza para la sociedad.“Quisiera que se me diga como una persona que está involucrada en un delito de homicidio va a quedarse en el país o a dos horas de la ciudad donde se encuentran los familiares. Se va a quedar dos años esperando a que efectivamente se aclare la situación”, dijo inicialmente en la audiencia.“Una persona que tenga la maldad o la pericia para huir de la justicia, hace rato se hubiera ido. No obstante, Felipe se quedó en la ciudad de Barranquilla, duró bastantes meses y de eso doy fe. En infinidad de oportunidades su señoría, con los investigadores en la URI en Barranquilla estuvieron pendiente para que fuera llamado, siempre dijeron que le avisaban, o que estaban adelantando la investigación”, añadió Perilla.Sumó la defensa que no se está hablando de un hombre con antecedentes o un historial delictivo. En otras palabras, señaló que no hay necesidad de enviar a prisión a una persona que no tiene tendencias hacia el delito.“No existe historial delictivo; se encuentra laborando, pues no es un delito subsistir ni mantenerse; no estaba solicitado por la justicia, ni directamente implicado, o llamado, ¿qué puede hacer?, ¿cómo se alimentaba?, ¿Cómo pagaba esa casa?”, acotó.Finalmente, Perilla se basó en las pruebas de entrevistas y documentos entregados por la Fiscalía en la que, según él, se evidencian episodios depresivos y bipolares.Asimismo, sobre los hematomas en las manos y piernas que fueron reportados en el cuerpo de Valentina, intentó explicar que se derivaron de las formas para sacar su cuerpo inerte del cuarto, pues se propiciaron de acuerdo a su testimonio al no tener su sangre fluyendo.
Solo cifras positivas presenta San Andrés en lo que a turismo se refiere. Desde la Gobernación del Archipiélago el secretario de turismo Ricardo Camacho resaltó que, en el 2025, más de un millón de viajeros desembarcaron en la isla para disfrutar del mar de los siete colores y todas las maravillas de ese territorio insular de Colombia.Destacó el funcionario que solo en el mes de diciembre llegaron 115.886 viajeros, un 18,1% más comparado con el 2024. Así mismo, durante todo el año 274.229 turistas extranjeros arribaron a la isla, y en total fueron 1.127.806 las personas que disfrutaron de todas las maravillas naturales que ofrece el Archipiélago de San Andrés y Providencia.Pero siguiendo esa línea de crecimiento en visitas, el 2026 arrancó con la llegada este jueves del crucero 'Explora II' proveniente de la ciudad de Miami con personas de diferentes partes del mundo.Andrés Meza, gerente comercial y operador de cruceros de Colombia 57, destacó la articulación de diferentes actores de la economía de la isla para recibir a los viajeros como artesanos, matronas, taxistas y restaurantes. Asimismo, resaltó que es la primera vez que una línea de lujo como ‘Explora II’ llega a San Andrés, abriendo así un nuevo abanico de oportunidades.Como lo confirmaron las autoridades, este sábado esperan la llegada de un segundo crucero con más turistas.
La directora ejecutiva de Acopi en el Atlántico sostuvo que, en sus estimaciones el 2026, tendrá resultados muy distintos a los del 2025, en lo que a inflación se refiere, que según el Dane fue de 5,1% en el cierre del año.Una varita mágica para hacer sus proyecciones de crecimiento y sostener los empleos que generan, es lo que están necesitando muchos empresarios en el departamento para contrarrestar la incertidumbre económica con la que empiezan en este 2026, después de algunos anuncios del Gobierno como el alza de un 23% del salario mínimo. Así lo manifestó Rosmery Quintero, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en el Atlántico.“Hay una cantidad de cosas indexadas al número de salarios mínimos. En ese orden de ideas, no vemos desde el gremio un panorama tan sencillo para el cierre de la inflación este año, es decir, que cuando nosotros leemos o escuchamos a los empresarios ellos están haciendo proyecciones en las que prácticamente necesitan de una varita mágica. Ahora, lo que más piden es que ojalá este año se pueda vender mucho más que el año pasado, para tener mayor posibilidad de sostener los empleos y sus indicativos financieros en positivo”.Recalca Quintero que las proyecciones que, incluso, hace el Banco de la República, revelan que el cierre de este año tendrá resultados totalmente distintos, es decir, más altos en lo que a la inflación se refiere, que en el 2025 contrarrestó un poco el flujo del dinero en efectivo por el manejo que le dio a la tasa de interés.Diferentes entidades financieras en el país como Davivienda, Bancolombia y Corficolombiana promedian un crecimiento aproximado de la inflación de un 6,15%.En lo que respecta a productos de la canasta familiar, desde la Gran Central de Abastos de Barranquilla, conocida como Granabastos, su gerente Fabiola Elías, señala que, por el momento, el comportamiento del precio de los alimentos no se ha visto afectado y es prematuro decir si el bolsillo de los clientes se verá afectado por las recientes noticias de inflación o el alza del salario mínimo. Por el contrario, destaca que, por el momento, muchos precios han bajado.Por citar un ejemplo, la gerente informó que este viernes ingresaron 906 toneladas de alimentos a Granabastos y, por ahora, la tendencia en los precios de muchos de estos alimentos es a la baja, sobre todo por razones climáticas en esta temporada del nuevo año.