La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
Una tragedia se presentó en las vías del departamento del Atlántico en medio de unos piques ilegales que se estaban desarrollando a las afueras de Barranquilla, lo que estaba siendo liderado por motorizados que, al parecer, no tenían luminarias encendidas. Esto dejó un muerto y cuatro personas heridas. En el accidente murió Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, quien estaba conduciendo una motocicleta, pese a no tener licencia de conducción.A su vez, cuatro personas más resultados heridas. Entre estas se encuentra Yesid Pérez, de 20 años, quien está hospitalizado por los golpes que sufrió. A su vez, una joven de 23 años, identificada como Scarlet Judith Torres, presenta posible fractura de columna, quienes iban en un vehículo particular en la vía que conecta desde el corregimiento La Playa hasta Galapa.En la misma situación se encontraban Sheril Tatiana Mandón de 21 años y Jesús Daniel Viera de 26 años, ambos heridos y hospitalizados por politraumatismos. Estos también iban en un vehículo particular.Según la reconstrucción de los hechos realizada por el personal de tránsito de la Policía del Atlántico, el carro en el que iban Sheril y Jesús terminaron chocando de frente con una caravana de motos que venían a alta velocidad y sin luminarias encendidas, lo que lleva al conductor a perder el control y arrollar una motocicleta y el vehículo en el que se encontraban Scarlett y Yesid.Como consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta murió y su moto se incineró. Algo similar sucedió con el carro en el que iban Sheril y Daniel, siendo que estos lograron salir a tiempo del automotor, evitando lesiones en la piel.
Consternación y múltiples interrogantes dejó la muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida en la tarde de este miércoles al interior de su vivienda en Cúcuta, Norte de Santander. La funcionaria judicial, conocida tanto por su rol como jueza penal de control de garantías como por su alta exposición en redes sociales y polémicas públicas, fue encontrada en su habitación, muy cerca de su hija de apenas dos meses de nacida.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cuerpo de Polanía no presentaba signos visibles de violencia, un detalle que, lejos de cerrar el caso, ha generado más dudas alrededor de las circunstancias de su fallecimiento. La menor, que permanecía junto a su madre al momento del hallazgo, fue encontrada con vida y llorando, lo que permitió que fuera auxiliada de inmediato.El coronel Fabio Ojeda, comandante operativo de la Policía en la región, explicó que el aviso a las autoridades se produjo luego de varias horas sin lograr contacto con la jueza. Según relató, uno de los integrantes de su esquema de protección había hablado con ella hacia las 8:00 de la noche del día anterior. Sin embargo, durante toda la jornada siguiente los intentos por comunicarse fueron infructuosos, situación que llevó a alertar a la madre de Polanía y posteriormente a la Policía.Fue así como, sobre las 5:30 de la tarde, se activaron los protocolos de emergencia. Un equipo de criminalística, acompañado por funcionarios de la Fiscalía, ingresó a la vivienda para realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio. “Preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo”, indicó el coronel Ojeda.La bebé fue trasladada a un centro asistencial de Cúcuta, donde los médicos confirmaron que se encuentra en condiciones estables. Posteriormente, quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.Por ahora, las autoridades no manejan hipótesis concluyentes y será Medicina Legal la entidad encargada de determinar la causa exacta de la muerte de la jueza. ¿Quién era la jueza Vivan Polanía?En los últimos años, la jueza estuvo en el centro de varias controversias disciplinarias, entre ellas su aparición en una audiencia virtual fumando y en una posición que fue duramente criticada, así como su presencia en eventos sociales dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pese a las sanciones y cuestionamientos, Polanía defendió en distintos escenarios su derecho a la autonomía personal y a un estilo de vida libre de prejuicios.
El Gobierno de Estados Unidos modificará los controles migratorios que se aplican a los extranjeros que entren o salgan del país. El cambio fue establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y hace parte del fortalecimiento del sistema de verificación de identidad en fronteras.La medida fue oficializada mediante la publicación de la regla final titulada “Collection of Biometric Data from Aliens Upon Entry to and Departure from the United States”, para ampliar el uso obligatorio de datos biométricos para viajeros no ciudadanos.El DHS confirmó que la nueva disposición entrará en vigor el 26 de diciembre, momento desde el cual comenzará a aplicarse en todos los puntos autorizados de ingreso y salida del país.Qué cambiará desde el 26 de diciembre para quienes no son ciudadanos estadounidensesA partir de esa fecha, los extranjeros deberán permitir la recolección de datos biométricos, incluyendo fotografías faciales y huellas dactilares, tanto al ingresar como al salir de Estados Unidos.La norma autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad adscrita al DHS, a realizar este procedimiento en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, puertos marítimos y otros puntos de salida habilitados.El nuevo reglamento elimina excepciones que existían en esquemas anteriores. Entre los cambios está la inclusión de diplomáticos y la mayoría de visitantes canadienses, quienes antes no estaban obligados a participar en estos controles.¿Dónde tomarán datos biométricos?El DHS explicó que la regla final también amplía el alcance del sistema biométrico a nuevas modalidades de viaje, lo que incluye salidas por vía marítima, aeronaves privadas, ingresos y salidas en vehículos y cruces peatonales, que no estaban cubiertos de forma permanente.Además, la norma elimina las restricciones que limitaban estos controles a programas piloto, lo que permite su aplicación continua y a gran escala.¿Por qué recolectarán datos biométricos?La implementación de este sistema tiene antecedentes en una orden ejecutiva emitida en 2017 por el entonces presidente Donald Trump, que ordenó acelerar la adopción de controles biométricos en fronteras. En 2020, el DHS propuso formalmente hacer permanentes estos mecanismos y ampliar su cobertura.Con la publicación de la regla final, CBP queda autorizada para avanzar de manera definitiva en el programa biométrico de entrada y salida, el cual también ha sido respaldado por recomendaciones de la Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas del 11 de septiembre.Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva asistente interina de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP, señaló que esta norma “marca un hito importante” para fortalecer la seguridad del país y modernizar los procesos de control migratorio.El DHS aclaró que la norma no obliga a los ciudadanos estadounidenses a participar en el sistema biométrico. Sin embargo, quienes lo deseen podrán hacerlo de manera voluntaria. Los ciudadanos que prefieran no participar podrán solicitar una verificación manual de su pasaporte.En cuanto al manejo de la información, CBP indicó que ha realizado múltiples evaluaciones de impacto sobre privacidad. Según la entidad, las fotografías de ciudadanos estadounidenses se eliminan en un plazo máximo de 12 horas, mientras que los datos biométricos de extranjeros pueden conservarse hasta por 75 años dentro del sistema del DHS, conforme a la legislación vigente.
Durante seis horas 74 barrios y conjuntos residenciales, estarán sin servicio de agua. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que este jueves 18 de diciembre, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en el sector sur-oriental del municipio de Floridablanca, debido a labores de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento.Los sectores que estarán sin el servicio durante la jornada de la mañana y el mediodía son los siguientes:En el Distrito Florida, la suspensión afectará a Floridablanca casco antiguo, Primavera, Lagos 2, Limoncitos, Altamira, Los Andes, Los Pirineos, Bosques de la Florida, Villa Jardín, Faviuis, Piedra del Sol, Altos de Aranjuez, Portal Siglo XXI, todos los conjuntos de Versalles, La Paz, sector de la Calle 200, Páragüitas, Urbanización Cracovia, Colegio La Quinta del Puente, Villas de San Diego, Monte Blanco y Villas de San Francisco.Para el Distrito Zapamanga, los sectores impactados serán Santa Ana, Altos de Villabel, Las Villas, Zapamanga, Escoflor, La Castellana, Nuevo Villabel, Villa Luz, Villa Helena, Villarreal Sur, Los Alpes, Villabel y Santa Helena.En el Distrito Bellavista, la medida cobijará la Urbanización Bellavista en sus sectores A, B, C y D, además de los Apartamentos Panorama y Escoflor.En el Distrito Villabel Alto, no habrá servicio en Lagos I, Lagos III, Lagos IV, Lagos V, Cañaveral Panamericano, Asovilago, el Centro Comercial Caracolí y Altos de Villabel.Por su parte, en el Distrito La Cumbre, la suspensión se aplicará en Carlos Pizarro, Prados del Sur, La Cumbre, Florida Campestre, Asdesur, Villa Alcázar, Asovisur, Villa de La Cumbre, Altos de La Cumbre, Portal de Santana, Villa Real del Sur y las pilas públicas del sector.Finalmente, en el Distrito El Carmen, estarán sin agua los sectores Recodo de la Florida, El Carmen, Portal de Israel, Ciudad Jardín, Villa Luz, José A. Morales, Las Palmeras, La Esmeralda, Laureles Alto, Urbanización Rosales, Aguas Claras y las pilas públicas del sector.El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga aseguró que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez concluyan las labores de mantenimiento.
Colombia se rajó en la lucha contra el soborno trasnacional, según un informe de la Ocde sobre el desempeño del país en esta área.La lucha contra el cohecho internacional implica que cada país debe vigilar que sus empresas no estén ofreciendo dádivas a funcionarios públicos extranjeros a cambio de beneficios y es una de las herramientas que se impulsan en el escenario internacional para combatir la corrupción."Aunque Colombia ha impuesto su segunda sanción administrativa por cohecho internacional a una persona jurídica, no ha llegado a perseguir jurídicamente a ninguna persona natural y sus niveles de detección son bajos. Los mecanismos de asistencia jurídica mutua no están coordinados y están infrautilizados, y los riesgos asociados a la independencia de las investigaciones y los procedimientos judiciales siguen sin abordarse debidamente. El Grupo de Trabajo también está seriamente preocupado por la persistente falta de protección para los denunciantes, así como por el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento del cohecho internacional", indica el informe.Los dos casos en los que hay sanciones por soborno trasnacional son el de JTL y el de Inassa. En primer lugar, Inassa fue sancionada con una multa de más de 5.000 millones de pesos por el escándalo del Canal de Isabel II y el ofrecimiento de sobornos en España para la entrega de contratos públicos en varios países de América Latina. Mientras tanto la firma se seguros JTL fue sancionado por sobornar con viajes y cenas a ejecutivos de la aseguradora estatal ecuatoriana Seguros Sucre para mantener la relación comercial y el contrato de reaseguro.Las recomendaciones de la Ocde al país incluyen coordinar el trabajo entre la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades e implementar con carácter urgente un marco integral de protección de los denunciantes.
Luego de que la jueza Vivian Polanía fuera encontrada muerta en la noche de este miércoles en su apartamento en Cúcuta, se han ido conociendo diversos detalles alrededor del mencionado caso, a la par que avanzan las investigaciones de las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió con la vida de la mujer.En medio de esas investigaciones, se ha conocido que, además de que el cuerpo de su hija fue hallado cerca de ella, en el apartamento habían 26 papeletas de cocaína, al parecer, pertenecientes a Polania. Además, según contó Néstor Morales en Mañanas Blu, desde la Fiscalía indicaron que hay denuncias de la propia Vivian Polanía -cuyo cadáver fue encontrado sin signos de violencia- por mlatrato intrafamiliar contra el padre de su hijo, con quien entonces, al parecer, mantenía una mala relación.Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad, como relató el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en Mañanas Blu: ""Antenoche a las 8 de la noche se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.", señaló el oficial. El coronel Ojeda también resaltó que, mientras continúa avanzando la investigación por la muerte de la juez, desde la Policía se realizó el restablecimiento de derechos de la menor: "Ayer salvaguardamos la vida de la menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable", informó, agregando que "será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda", pues "esos son los protocolos".
En el despacho del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla ya está una tutela que fue radicada por la defensa de Leyton Barrios, con la que busca frenar la suspensión que fue ordenada en su contra por el Ministerio de Educación por presuntos incumplimientos en el manejo de la crisis académica de esta institución.Sobre este acto ya hay una primera respuesta del Juzgado, en la que se especifica que no habrá una resolución en firme hasta el próximo 21 de enero de 2026, dado a que los tiempos de su trámite se cruzan con la suspensión de actividades de los despachos judiciales.“Con fundamento en lo anterior, se deja constancia de que, aunque la presentación de tutela debe tramitarse y decidirse en el término de diez (10) días hábiles, dicho término se suspenderá durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2026. Los términos se reanudarán el 13 de enero de 2026, fecha en la cual se abrirán los despachos judiciales, por lo que la decisión de fondo se adoptará el día 21 de enero de 2026”, se puede leer.Así las cosas, quedarían en limbo los cerca de 1.200 estudiantes que se preparan para su grado profesional este viernes, teniendo en cuenta la inhabilitación temporal del Gobierno a su actual rector y las demoras por nombrar una nueva persona a cargo, derivadas de que no ha sido posible notificar personalmente al mismo Leyton.Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, insiste en que la resolución violó la autonomía universitaria en una elección adelantada, según él, legítimamente y que dicha resolución solo puede tomar vigencia con una notificación personal hacia su defendido.“Esa resolución ni siquiera está firme o aplicable, lo que quiere decir que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico, obviamente porque se violaron todos los derechos a la autonomía universitaria y una cantidad de garantías al debido proceso o el derecho a la defensa. Esperamos que con la acción de tutela se haga justicia y que el doctor Leyton pueda seguir ejerciendo la rectoría de manera tranquila y legal, como fue obtenida con todos los requisitos”, dijo a Blu Radio.De hecho este lunes hubo un Consejo Superior Universitario en el que tampoco se dio la presencia del delegado del ministerio, Juan Carlos Bolívar.Por otro lado, la puja por ser el designado del Gobierno parece estar entre Jorge Senior y Rafael Castillo, este último ya con experiencia como rector de la Uniatlántico. Además, hay otros nombres como Eduardo Bermúdez, actual miembro del Consejo Directivo; Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, entre otros.Finalmente, y para no aplazar los grados de estos más de 1.000 estudiantes, la posibilidad que es analizada hasta el momento por los directivos es que sus diplomas vayan firmados por la secretaria del Consejo Superior, Josefa Cassiani. No obstante, hay que esperar para verificar si esa opción logra concretarse.
En proceso de identificación y estabilización médica se encuentran tres costarricenses, dos adultos y un menor de edad, que llegaron deshidratados en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre hasta las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de naufragar por más de cinco días en el mar Caribe.Blu Radio conoció que estos estaban a bordo de una embarcación con más de 12 tanques llenos de gasolina en su interior, de los cuales aún no se sabe hacia qué rumbo se dirigían.El personero municipal, John Jairo Rodríguez, declaró que estas personas fueron encontradas puntualmente en un sector llamado Playa Escondida y que, como ya mencionamos, los reportes iniciales apuntaron a una fuerte deshidratación.“Fue un sector conocido como Playa Escondida. Unidades del cuadrante cuando iban por la vía se percataron de estos tres personajes, que les hicieron señas de auxilio y pues reaccionaron. Ellos manifestaron lo que ya conocemos, que habían naufragado y que por las fuertes brisas fueron arrastrados hasta terminar en el sector de Puerto Colombia, corregimiento de Salgar”, dijo inicialmente.“Se puso en conocimiento del alcalde Plinio Cedeño y, a través de la secretaría de salud, con la gerencia de la ESE y la personería han brindado la respectiva ayuda con la estabilización de estas personas. De igual manera, Migración está realizando la plena identificación de ellos”, agregó.A su vez, Rodríguez dice que el caso está siendo acompañado por Migración Colombia para tramitar todo lo relacionado con su regreso a Costa Rica.“Aquí lo primordial en estos momentos es estabilizar su salud. No están muy afectados, pero hay que tener en cuenta el tema que duraron entre cinco a siete días a la deriva. Hay que atenderlos hasta que su estado de salud sea el idóneo para realizar el respectivo regreso. No sabemos cuánto tardará el proceso, decir una fecha sería impreciso, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró.La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad, mientras que la Alcaldía de Puerto Colombia reportó que este es el primer caso similar que se registra en el año. Para ello, activaron la ruta correspondiente.
Barranquilla y el departamento del Atlántico se sumergieron en un carnaval anticipado tras la undécima estrella obtenida por el Junior, un título que, según sus hinchas, se logró "sin tener que vivir un partido de infarto", ya que el cuadro barranquillero mantuvo una amplia ventaja.La celebración, que comenzó inmediatamente después del triunfo, se extendió en caravanas no solo en Barranquilla sino en las calles y hasta carreteras del Atlántico. Los aficionados corearon que "a Junior se respeta".El recibimientoEl fervor de la hinchada del Junior se mantuvo hasta la madrugada para recibir a sus campeones. El equipo partió desde el aeropuerto de Ibagué y llegó al Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fueron recibidos inicialmente por el carro de bomberos.Posteriormente, a las 2:00 de la mañana, el equipo arribó al hotel Dann Carlton, donde miles de personas se congregaron a las afueras para esperar y celebrar con el equipo. La magnitud de la fiesta fue tal que miles de hinchas esperan que el alcalde de Barranquilla declare día cívico para que la celebración pueda continuar en la "Arenosa".Vea en video imágenes de la celebración:
El triunfo de la onceava estrella del Junior desató una celebración masiva en Barranquilla y los municipios del Atlántico.El cielo se iluminó con juegos pirotécnicos y las calles se convirtieron en ríos de personas, mientras otros salieron en caravanas de motocicletas para festejar el anhelado triunfo del equipo ‘tiburón’."Un partido sufrido. Ahora vamos por la copa libertadores, expresaron varios de los hinchas", indicó uno de los seguidores del rojiblanco.Los seguidores del Junior que no pudieron viajar a Ibagué, al duelo ante el Tolima, estallaron en felicidad a la distancia y no dejaron de dar gracias por este triunfo que ya lo sienten como un regalo de Navidad anticipado."En 33 años de vida que tengo, primera vez que ganamos una estrella así de bien. Gracias tiburón" expresó otro hincha.En Barranquilla, la Policía Metropolitana dispuso un dispositivo especial de seguridad con 1.300 uniformados para acompañar las celebraciones.La vigilancia también se dio por aire con la ayuda de Inés y del helicóptero Alcón.Se espera que Junior salga de Ibagué rumbo a Barranquilla hacia la media noche de este martes para festejar durante todo el miércoles junto a su afición.
¡Carnaval de campeones!. La ciudad de Barranquilla y los municipios del Atlántico han sido testigos de una verdadera explosión de júbilo y alegria, con el cielo iluminado de rojo por la celebración de la hinchada del Junior.La razón es la obtención de una nueva estrella para el equipo, tras llevarse el título de campeón del fútbol colombiano este martes.El ambiente festivo se hizo palpable, incluso, minutos antes de que culminara el decisivo partido Junior-Tolima, generando gran expectativa en las inmediaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla. Minutos después del triunfo, salieron caravanas de motocicletas en medio de la celebración por el triunfo del Junior. Por ello, se conoció que las autoridades organizaron todo un dispositivo para garantizar la seguridad en toda la ciudad y municipios del departamento.Solo en Barranquilla hubo más de 1.300 policías desplegados por toda la ciudad.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.
Un fuerte llamado de atención a la defensa de Nicolás Petro lanzó el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, luego de que el abogado suplente que reemplazó a Alejandro Carranza en la diligencia de este martes no llegara preparado para sustentar su apelación en la audiencia preparatoria al juicio que se le adelanta al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.“Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, enfatizó el juez Carbonó.Asimismo, indicó que “la defensa no insertó excusa alguna” para que el abogado titular de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no acudiera a la diligencia que se programó con muchos días de anticipación, pese a que hoy, a través de su suplente, informó que se encontraba fuera del país cumpliendo una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”, subrayó el juez.La fiscal Lucy Laborde manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia y pidió al juez que compulsara copias, tanto al abogado suplente como a Alejandro Carranza, por no iniciar con su intervención.“Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero. Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”, sustentó la fiscal.Finalmente, el juez Carbonó decidió no compulsar copias ni a Alejandro Carranza ni a su abogado suplente, pero enfatizó que no permitirá que este episodio se repita, pues, en ese caso, sí ordenará una investigación por entorpecer el proceso.Así las cosas, la continuación de las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se retomará los días 23, 24 y 26 de febrero, comenzando con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos sobre las pruebas y testigos que el juez admitió y los que no se llevarán al juicio oral.
El Junior ganó este martes su undécimo título de la liga colombiana al vencer por 0-1 como visitante al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización, para culminar la serie con un 0-4 en el global.El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la victoria con un gol del extremo José Enamorado, que ya había anotado dos tantos en el juego de ida, y celebró en el estadio Manuel Murillo Toro un nuevo título de liga, que le otorga además un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.El entrenador Arias, por su parte, logró su primer título en Colombia tras haber sido subcampeón en 2023 con el Deportivo Independiente Medellín y tener pasos recordados en Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.Con tres goles por remontar, el Tolima salió a buscar el primer gol muy rápido y tuvo dos oportunidades en los primeros minutos, la primera con un tiro de esquina lanzado por el centrocampista Brayan Rovira, que exigió al portero uruguayo Mauro Silveira, y un remate en el área del extremo Jersson González, que fue despejado por el centrocampista Didier Moreno.Sin embargo, en su afán por atacar los anfitriones dejaron muchos espacios para el contragolpe que el Junior empezó a aprovechar.La primera oportunidad clara de los visitantes llegó al minuto ocho cuando el extremo Bryan Castrillón quedó mano a mano con el guardameta uruguay Cristopher Fiermarín, que se impuso y evitó la celebración del atacante.El único gol del partido llegó al minuto 15 en otro contragolpe letal en el que el volante Yimmi Chará filtró un pase para Enamorado, que fue más rápido que los centrales locales y picó el balón para vencer la resistencia de Fiermarín.Los dirigidos por Arias administraron el balón y con ello la diferencia ante un rival que quedó petrificado con el tanto de Enamorado.No obstante, los anfitriones tomaron aire al minuto 41 cuando el atacante paraguayo Guillermo Paiva agredió al central tolimense Marlon Torres y el árbitro Andrés Rojas lo expulsó.El Tolima volvió a atacar y estuvo a punto de anotar al 41 con un remate del volante Kevin Pérez, que atajó Silveira, y otro del lateral Samuel Velásquez, que salió desviado.Para el segundo tiempo, el partido mantuvo la tónica y el Tolima tuvo su oportunidad más clara al 61 cuando Velásquez, que hoy fue un atacante más, sacó un fortísimo remate que se estrelló en el palo.Con el paso de los minutos, los locales perdieron impulso, los visitantes administraron, bajo el liderazgo del veterano Teófilo Gutiérrez que ingresó al minuto 64, y el Junior de Barranquilla celebró un nuevo título de liga, ganado con mucha autoridad tras dominar los dos partidos de la serie.
La violencia desatada por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional sigue golpeando al departamento del Cesar, donde un adolescente de 13 años resultó herido tras la detonación de una granada de fragmentación en el municipio de Chiriguaná. Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes 15 de diciembre, en el puesto de Policía del municipio, donde hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la estación, causando daños materiales por las esquirlas que dejó en los alrededores la onda del impacto. De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el menor resultó con afectaciones especialmente en sus piernas, lo que lo tiene hospitalizado en el centro de salud municipal. Si bien se confirmó que está fuera de peligro, no deja de ser preocupante las secuelas que esto le pueda generar. Le puede interesar: Tres muertos y varios heridos deja paro armado del ELN: van mas de 80 acciones terroristas"Es una familia que esta muy preocupada. El niño está siendo atendido. Nosotros rechazamos como gobierno departamental estos actos que atentan contra los niños. Son actos inhumanos. Estamos evaluando poder establecer una recompensa adicional para poder dar con la captura de estas personas", indicó.Es de recordar que, al respecto, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa hasta por $200 millones para dar con los responsables de estos atentados. De acuerdo con la Policía del Cesar, no solo en la noche del miércoles se presentó este ataque, sino también en Pelaya, donde fueron lanzados, hacia las 9:30 de la noche, tres artefactos explosivos.
Este martes se reanudó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos con la intervención de la Fiscalía, que está presentando su apelación a la decisión del juez frente a las pruebas rechazadas para el juicio.La fiscal empezó pidiéndole al juez que revoque su decisión de no admitir el interrogatorio rendido por Petro Burgos tras ser capturado en 2023, asegurando que este testimonio sí es legal y que, contrario a lo que expuso la defensa y admitió el Despacho, el procesado no declaró como parte de un principio de oportunidad, sino dentro de las audiencias concentradas que se llevaron a cabo tras su detención.La Fiscalía aseguró que "nunca existió un proceso o propuesta de principio de oportunidad para Nicolás Petro”. Insistió en que en ese momento, cuando Nicolás incluso admitió su responsabilidad en los hechos, él solo declaró para evitar ser enviado a la cárcel, mas no porque existiese “una negociación sobre la aplicación de preacuerdos"."El interrogatorio y la información que allí se entregó no obedecía a una propuesta ni a una negociación de un principio de oportunidad o un preacuerdo. Ella obedeció exclusivamente al deseo del procesado de evitar una medida de aseguramiento en su contra", dijo la fiscal."De modo tal que, una vez la judicatura decidió no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, el señor Nicolás libremente desistió de seguir colaborando con el esclarecimiento de los hechos, sin que la Fiscalía General de la Nación pudiese obligarlo de ningún modo, pues no existía ni principio de oportunidad ni un preacuerdo en curso", agregó.Apelación de testigosLa Fiscalía, en su intervención de este martes, también apeló la extensa lista de testigos admitidos para el juicio contra Nicolás Petro y pidió que algunos sean excluidos o, por lo menos, que sus interrogatorios tengan un límite establecido.Por ejemplo, aseguró que los testimonios del empresario Cristian Daes y del dirigente político Máximo Noriega en el juicio de Nicolás Petro "son pertinentes" para abordar la posible entrega de dineros, pero pide que ellos solo sean interrogados sobre estos supuestos aportes económicos y no para hablar de política, porque eso sería desviar el juicio y convertirlo "en un mitin político".La fiscal Laborde también consideró "innecesario" el testimonio de Laura Ojeda, actual pareja del procesado, y pidió que se revoque o, por lo menos, también se limite los interrogatorios en el juicio a los testigos Gladys Vásquez, César Vásquez y Liseth Castro.Compulsa de copias "apresurada"La fiscal también rechazó la compulsa de copias que realizó en su contra el juez del caso, Hugo Carbonó, por presunta vulneración de derechos a Nicolás Petro y a su pareja durante la captura del procesado en 2023, así como presuntas irregularidades en la entrega de un vehículo Mercedes Benz por parte de Day Vásquez.Al respecto, la fiscal Laborde aseguró que el juez "no ha tenido la posibilidad de conocer la prueba documental ni testimonial relacionada con la captura de Nicolás Petro ni con los asuntos relacionados con un vehículo Mercedes Benz y un apartamento". Insiste en que, por ahora, el juez "solo ha contado con un relato no probado", como lo es lo dicho por el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro.Le puede interesar: Fiscalía insiste en enviar a prisión a Nicolás Petro por riesgo de obstrucción a la justicia"Su señoría solo cuenta con un relato dado por el defensor, lo que no constituye en modo alguno un medio de conocimiento para tomar una decisión judicial. De aquí que la decisión de compulsión de copias no cuenta con una base probatoria que la respalde y, en consecuencia, respetuosamente se advierte que es apresurada, pues será el juicio el escenario para determinar lo que realmente ocurrió y tomar las compulsas respectivas", dijo.
La empresa Positive Energy entregó una beca a un joven de escasos recursos para que estudiara Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Norte, quien obtuvo un alto puntaje en sus pruebas de Saber. El beneficiario es Juan Pablo Higuera, quien es egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino. Él participó junto a seis personas más en este proceso del que resultó beneficiado. "El nuevo bachiller, egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, representa el talento del Caribe colombiano, hoy ve sus sueños hacerse realidad con una beca que cubre la totalidad de sus estudios en Ingeniería Eléctrica, así como su formación en uno de los idiomas que ofrece la Universidad: inglés, alemán, francés, italiano o portugués. Este respaldo integral le permitirá no solo formarse como ingeniero electricista, sino también adquirir una sólida preparación en lenguas extranjeras", indicó la Universidad del Norte en un comunicado de prensa. La entrega de la beca fue realizada el pasado jueves en Barranquilla con los socios fundadores y directivos de la compañía Positive Energy, William Tadeo Amín Burgos, Hernán Esteban Marchena Pizarro y Cristian Alfonso Morales Álvarez, todos egresados de la Universidad del Norte.“Mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria para aportar al progreso del país y apoyar a mis padres. Me he esforzado por ser un buen estudiante y sé que seguiré haciéndolo en la universidad, porque la perseverancia, la disciplina y las ganas de salir adelante han marcado mi camino”, señaló el ganador.Finalmente, el gerente general de Positive Energy resaltó que el apoyo al beneficiario va más allá del otorgamiento de la beca, pues también contará con acompañamiento durante su etapa de prácticas y con la posibilidad de vincularse a proyectos reales del sector energético.
Si en manos de la Procuraduría estuviera definir si Nicolás Petro Burgos debe ser enviado o no a la cárcel, su decisión sería mantenerlo en libertad y así lo dejó ver el procurador delegado para este caso, Henry Bustos, durante su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento que continuó este lunes en contra del hijo mayor del presidente.La Fiscalía ha solicitado al juez que envíe a prisión a Petro Burgos, al considerar que el imputado representa un peligro para la sociedad, podría obstruir a la justicia o, en su defecto, podría evadir este nuevo proceso que se le sigue por su presunta participación en el desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través del supuesto manejo irregular de contratos firmados en 2021.Sin embargo, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para demostrar que Nicolás Petro representa un peligro, de hecho, destacó que no hay indicios de que él haya delinquido en los más de dos años que ha venido siendo procesado en libertad y que tampoco ha dejado de comparecer ante la justicia, lo cual demuestra "el acatamiento de las normas" por parte del ex diputado."Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto, la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado", manifestó el representante de la Procuraduría.El procurador también cuestiona la tesis de la Fiscalía sobre la posibilidad de que Nicolás Petro pueda reincidir en la presunta comisión de los delitos que hoy le imputan, siendo que las condiciones y el estatus que él tenía en 2021, cuando se habrían dado los hechos investigados, no son los mismos en este 2025.Contrario también a lo expuesto por la Fiscalía, el procurador Bustos consideró que "es muy poco probable" que Nicolás Petro pueda abandonar el país para fugarse, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el procesado, derivadas de su inclusión en la lista Clinton.
Luego de 14 horas de afectación en el paso vehicular entre los municipios de Aguachica y Pailitas, en la Ruta del Sol, finalmente fue restablecido el paso a partir de la intervención realizada por la Policía y el Ejército para retirar una tractomula que fue puesta en la tarde del domingo a la altura de Pelaya. Para esto se requirió una intervención del equipo de antiexplosivos, pues en el vehículo fueron ubicadas granadas y otros artefactos que podían ser detonados en cualquier momento. Por ello durante la noche y la madrugada estuvo un equipo trabajando en el retiro de los mismos, para posteriormente retomar el control de la vía y rehabilitar el paso de los carros. En la zona, según cálculos de la Policía de Tránsito, se alcanzó a concentrar un trancón hasta por dos kilómetros entre buses interdepartamentales y vehículos de carga, siendo este un importante corredor entre la costa Caribe y la región de los Santanderes.No obstante, no con eso frena la alerta para este departamento, siendo que en la vía La Palmita y La Jagua fue reportada la ubicación de una bandera del ELN y, en la vía que va de Palmitas a Arenas Blancas, en jurisdicción de Chiriguaná, fue alertado el avistamiento de un cilindro bomba. Estos hechos están bajo verificación de las autoridades que despliegan sus equipos para revisar la situación.
En estos momentos se encuentra bloqueada la vía que del municipio de Pelaya, Cesar, conduce tanto al interior del país como a la costa atlántica debido a la presencia de un tractocamión en el que al parecer fueron abandonados cilindros explosivos, en el marco del paro armado anunciado por el ELN en el país.La situación está en manos del Ejército Nacional y la Policía de esta jurisdicción, los cuales según el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, ya desplegaron sus unidades especializadas de prevención, para que una vez sea retirado el automotor se pueda restablecer la movilidad en dicha zona.“Rechazamos estos actos que se han presentado en el departamento del Cesar por el supuesto paro armado anunciado por el ELN. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses”, dijo en medio de un comunicado con presencia de todas las autoridades.Al tiempo de esta emergencia, también fue reportado un intercambio de disparos entre soldados de la décima brigada del Ejército y hombres armados en un sector conocido como La Floresta, también en jurisdicción de Pelaya.Allí un disparo llegó hasta un camión que se movilizaba por el sitio, aunque el mismo afortunadamente no impactó a su conductor. El hecho se hizo rápidamente viral por las redes sociales.Debido a estos reportes de violencia, la Gobernación del Cesar activó un plan de choque para enfrentar y mitigar los ataques terroristas tanto contra la población civil como a la Fuerza Pública.Para ello, anunció brigadier general, Jorge Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada, que se fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia, así como los patrullajes por tierra y aire, protegiendo los corredores de movilidad, nuestras estaciones de Policía, bases militares y a la población civil.El grupo ilegal ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país, desde la 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
Desesperados están los padres de Danna Sofía Acosta Rodríguez, la joven de 19 años a la que se le perdió el rastro desde el pasado jueves 11 de diciembre cuando salió de su residencia en el barrio Ciudad Mallorquín, norte de Barranquilla, hacia la Universidad del Norte para presentar un parcial de cuarto semestre de medicina.Lo último que se supo de ella, según el relato de su padre Eduar Acosta, es que tomó un taxi por una plataforma virtual que frenó su marcha en una estación de servicio, en la que al parecer se bajó a comprar en un negocio.“Solamente le pedimos a Dios que nos la cuide, que nos las traiga con vida o que esté bien. Ojalá que todo lo que estamos pasando sea un mal momento o simplemente una pesadilla, algo que no debió pasar. No me quiero imaginar cómo debe estar o la angustia que tendrá, la preocupación”, dijo inicialmente.“Agradecemos todas las oraciones y no dejen de interceder por ella, que nos mantengan con fuerza para poder soportar esto, porque es un desespero muy grande realmente”, agregó.Ahora mismo las autoridades averiguan con ayuda de Migración Colombia y la Interpol si Danna fue sacada del país, para así descartar que no haya sido víctima de una trata de blancas. No obstante, una corta y confusa comunicación hoy aviva la esperanza de hallarla con vida.Justamente sus padres pensaban viajar al día siguiente hacia el Atlántico para recogerla y llevarla hacia su natal municipio de Plato, Magdalena, dada la terminación de su semestre universitario. Aseguró su papá que su miedo es que lo llamen anunciando una tragedia.“Danna es un ser muy noble. Le gusta mucho el tema de las manualidades, hacer caricaturas y es una estudiosa impresionante. Muy responsable y con buenas notas o rendimiento académico. Es algo que nos ha consternado realmente a todos. Ella es una una joven cariñosa al 100%”, contó a Blu Radio.Por su parte, Ruth Pareja, líder de la red de mujeres por el Atlántico, hizo un llamado para que las autoridades enciendan todas las alertas hasta encontrar con vida a la joven, agregando que es necesario que Barranquilla mejore la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.“Barranquilla no puede seguir avanzando en tantos temas y que todavía estemos padeciendo por cámaras en nuestra ciudad. Creo que una cámara puede salvar vidas o no dejar en la impunidad algún caso. Le pedimos a las autoridades que se muevan con esta desaparición, que den respuesta por el paradero de Danna Acosta para que vuelva al hogar y a su familia”, intervino.Danna Sofía Acosta residía con una mujer que estaba pendiente de ella y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de color beige, blusa de color fucsia, zapatos negros tenis y un maletín rosado claro.La Fiscalía informó que la joven mide 1,64 centímetros de estatura aproximadamente, tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello de color negro, largo y crespo; ojos grandes de color miel, nariz recta, boca mediana, labios delgados.