A las 5:40 de la tarde del pasado miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico.El niño se encontraba jugando fútbol con dos amigos de su edad, cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quién le pidió que lo acompañara a hacer un mandado.En su inocencia, el menor subió al vehículo, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, angustiada, denunció la desaparición ante el Gaula de la Policía, y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca algún detalle de su paradero.Wendy Aguilar, madre del menor, afirma que lo más preocupante es que recientemente la ha estado llamando una persona a pedirle dinero a cambio de liberar a su hijo."A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las Autodefensas, que ellos tenían a mi hijo y que en 20 minutos, si no tenía 1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo, porque ellos no iban a hacer nada con plata, sino con mi hijo", contó la angustiada madre.El pequeño Isaías de Jesús está vestido con una pantaloneta azul y una camiseta azul con vivos rojos en sus hombros.La búsqueda del niño se ha extendido en todos los municipios cercanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Sijin, Gaula, y el ICBF se han sumado al esfuerzo de los familiares de este pequeño.“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427. La Policía Nacional garantiza absoluta reserva y no cesaremos con nuestras capacidades institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar”, indicó la Policía.
Cartagena está a pocos días de decirle adiós a una de las postales más recurrentes en el Centro Histórico: los paseos en coches impulsados por caballos.El alcalde Dumek Turbay anunció que ya están listos y ensamblados en la ciudad, 24 de los 62 coches eléctricos, que reemplazarán definitivamente los coches de tracción animal.Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.“Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”, señaló el alcalde.La presidenta de la Corporación de Turismo, Liliana Rodríguez, explicó a su vez que los coches eléctricos cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte.“Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, describió.Entretanto, en medio de la polémica por la circulación en la ciudad de tres coches turísticos de un privado, el alcalde Turbay emitió un decreto que señala que sólo podrán operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito.“Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos”, indicó la Alcaldía.El decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025 fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, que es la cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, de acuerdo a un estudio técnico sobre la capacidad de carga de este sector.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Hasta Barranquilla arribaron los 20 nuevos articulados de Transmetro que apoyarán el servicio troncal y alimentador de este sistema de transporte masivo en la ciudad, enfrentando así las dificultades de movilidad para los barranquilleros.La gerente de ciudad, Ana María Aljure, habla de un grupo total de 40 buses. Sin embargo, los otros 20 llegarán entre finales del presente mes y enero de 2026.“Contamos con cámaras de reconocimiento facial y de seguridad que tienen la capacidad de detectar cualquier fatiga que pueda tener el conductor. Algo muy importante es que vienen con disponibilidad para internet, lo que permitirá trabajar o ir resolviendo cosas de la casa con el Wi-Fi. Los usuarios podrán conectar todo lo que es cargadores, entre otros”, declaró ante los medios de comunicación.Con esta entrega, Transmetro completa 60 buses nuevos vinculados en 2025, distribuidos entre la operación troncal y alimentadora, “reafirmando el compromiso con una ciudad que apuesta por un transporte más seguro y alineado con el desarrollo urbano que lidera la Alcaldía Distrital de Barranquilla”.Del mismo modo, manifestó Aljure que para la compra de estos articulados se necesitó una inversión de 65 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que son vehículos con capacidad para 160 pasajeros y seis puertas que agilizarán el flujo.Además, con la entrada en operación de estos vehículos, la flota blanca de buses articulados salió definitivamente del servicio troncal, dando paso a una operación 100% renovada, más moderna y equipada con tecnología de última generación.Características de nuevos buses del Transmetro en BarranquillaLos nuevos buses incorporan tecnología de última generación que mejora la seguridad, optimiza la experiencia de viaje y fortalece la operación troncal.Cuentan con seguridad inteligente, cámara frontal con alerta de colisión, cámara orientada al operador, que detecta fatiga o distracción y envía alertas al Centro de Control, cámaras internas y trasera para monitoreo continuo; y sistema de conteo de pasajeros.Al tiempo, tienen botón de pánico que activa alertas inmediatas al Centro de Control, tecnología limpia a gas Euro 6, espacio exclusivo para usuarios con silla de ruedas, con área delimitada y segura, espacio destinado para usuarios con perro guía (lazarillo), garantizando independencia y accesibilidad durante el viaje; e iluminación y señalización renovadas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes para que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos al Congreso de la República para el periodo 2026-2030.El proceso de inscripción, que está abierto desde el pasado 8 de noviembre, puede adelantarse tanto de manera virtual como presencial. La entidad recordó que las agrupaciones políticas tienen habilitada la plataforma dispuesta en la página web oficial www.registraduria.gov.co, donde pueden cargar documentos y formalizar postulaciones sin necesidad de desplazamientos. Para quienes opten por el trámite presencial, están disponibles las delegaciones departamentales de la Registraduría, el pabellón 7 de Corferias en Bogotá y, en el caso de la circunscripción internacional, las embajadas y consulados de Colombia.Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir inscripciones al Senado de la República ,en sus circunscripciones nacional e indígena y a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territorial, indígena, afrodescendiente y de paz, prestarán servicio entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el lunes festivo, en horario extendido hasta las 6:00 p.m.En Bogotá, la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca concentrarán la atención del proceso en el Pabellón 7 de Corferias, donde se reciben las inscripciones para la Cámara por Bogotá y para el Senado y Cámara en las distintas circunscripciones mencionadas. Allí también se aplicarán los mismos horarios especiales establecidos.La autoridad electoral reiteró la importancia de evitar congestiones durante la jornada final. Además, insistió en que la inscripción oportuna garantiza una revisión adecuada de documentos y reduce el riesgo de errores que puedan impedir la participación de los candidatos en los comicios legislativos de 2026.
El miedo a que sus cuatro hijos afronten el "trauma" de un arresto en Estados Unidos empujó a la colombiana Yarlidis Goez-Santos a autodeportarse esta semana del país, cansada de vivir bajo el temor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa, no quiero que mis hijos vivan eso", expresó a EFE Goez-Santos horas antes de sumarse a los más de 1,6 millones de migrantes que se han autodeportado este año.Mientras salían los primeros rayos de sol en Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, la familia se preparaba para dejar Estados Unidos, después de meses de incertidumbre y un constante miedo que comenzó en enero pasado, cuando ICE arrestó y deportó al esposo de la migrante mientras iba su trabajo."Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron", recordó.Lo volvería a intentarLa familia llegó a Estados Unidos hace tres años tras escapar de la violencia, cruzar la frontera en El Paso, Texas, y solicitar asilo, pero las autoridades negaron el caso de la pareja, por lo que quedaron sin muchas opciones.El miedo se convirtió en terror cuando, meses atrás, agentes de ICE tocaron la puerta."No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando", dijo.Desde entonces, la madre de 28 años vivió en constante miedo del arresto, dejó de ir a la calle, y solo salía en casos sumamente "necesarios", como llevar a sus hijos al doctor.Aún así, confiesa que, si regresara en el tiempo, volvería a intentar entrar a Estados Unidos, pese a los peligros que vivió la familia, que viajó, junto a la abuela, en el tren de 'La bestia' para cruzar México."Conocí personas muy buenas, que nos brindaron su ayuda, por eso estoy muy agradecida", dijo.El fin del sueñoPara la mujer, 'el sueño americano' ya no existe, especialmente bajo el presidente Donald Trump, cuyo Gobierno reportó a finales de octubre la expulsión de 527.000 migrantes desde el comienzo de la Administración en enero y la autodeportación de 1,6 millones."Realmente sí tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos cómo está la situación allá, no sabemos qué nos espera", añadió la madre mientras abrigaba a sus hijos.La familia utilizó la aplicación 'CBP Home' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para autodeportarse, contactar a ICE y hacer los trámites para entregarse."De Tucson nos dijeron que viajaremos a Luisiana, donde de ahí volaremos a Colombia", explicó.La migrante dijo que el Gobierno estadounidense prometió entregarle 1.000 dólares por salir del país, pero solo a ella.Aún no conoce cómo o cuándo le entregarán el dinero, pero asegura que, si lo recibe, buscará invertirlo en el bienestar de sus hijos, de los que dos son ciudadanos estadounidenses, y el más pequeño tiene ocho meses.La niña mayor, de 9 años, entre lágrimas dijo que ella quiere regresar a Colombia porque tiene mucho miedo de que la separen de su madre.Mientras esperaba para dejar su hogar en Estados Unidos, apretaba una muñeca en sus manos, y de su hombro colgaba una bolsa con sus recuerdos y muñecos de peluche."Tenía mucho miedo, después que deportaron a mi papá, no quería salir, me quiero ir para estar tranquila", dijo la pequeña.ICE les dijo que solo podían llevar una maleta de 40 libras (18 kilos) cada uno."Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños", dijo la madre.En Arizona solo queda la abuela de los niños, Iveth Rubio, quien tiene pendiente su asilo."Todo va a estar bien", le decía Rubio a su nieta mayor mientras la abrazaba.Antes de dejar Estados Unidos, la colombiana envió un mensaje al presidente Trump: "Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los migrantes somos malos".
No se ha cumplido ni siquiera una semana del comienzo de diciembre y ya se reportó el primer incendio ocasionado por un globo de mecha en el Valle de Aburrá. La situación ocurrió en el barrio Alcalá de Envigado en donde la parte trasera de una vivienda se vio gravemente afectada.Los videos que han circulado en redes sociales dejan ver que el globo cayó en el inmueble que comenzó a arder al ojo de los vecinos que inmediatamente llamaron a las autoridades correspondientes al ver que las fuertes llamas amenazaban con llegar a otras estructuras en el sur del Área Metropolitana.El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, destacó que la rápida reacción de las unidades bomberiles permitió mitigar el riesgo, a la vez que confirmó que la conflagración ocurrió por un globo."Encontramos que la causa de dicho incendio fue la candileja de un globo. Es un llamado que hacemos a toda la comunidad del departamento para evitar que se presenten estos lamentables hechos", detalló Morales.Hay que destacar que las versiones oficiales indican que el globo cayó sobre un techo acrílico, lo que generó el fuego que consumió rápidamente el cuarto útil que era usado para almacenar elementos de navidad, muebles y otros enseres que ayudaron a que las llamas se propagaran de manera ligera en el barrio Alcalá.Finalmente, destacan desde el Valle de Aburrá que la época decembrina es propensa a las emergencias relacionadas con los globos, por lo que le pidieron a la comunidad estar atentas ante la caída de este tipo de elementos que podrían causar de manera rápida incendios forestales o estructurales.
El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco Lince, confirmó que el pico y placa vigente se mantendrá sin cambios durante diciembre, desmintiendo así la información que circulaba masivamente en redes sociales sobre una posible modificación para la temporada de Feria.De acuerdo con Orozco, las publicaciones que sugerían levantar la medida o alterar la rotación de placas eran falsas y estaban generando confusión entre los ciudadanos.¿Cambia el pico y placa en Cali para diciembre?“Ha estado circulando información falsa sobre supuestos cambios al pico y placa, incluso que se levantaría la rotación. El pico y placa se mantiene como está, en la rotación actual, hasta el 31 de diciembre”, aclaró el funcionario.El secretario también anunció que esta semana se dará a conocer cómo operará el pico y placa en 2026. Explicó que el nuevo esquema será similar al implementado durante 2025 y que las fechas y rotaciones serán publicadas para que los ciudadanos puedan revisarlas antes de su firma.“Estamos próximos a publicar el pico y placa para 2026, básicamente un esquema similar al del 2025. Esa publicación estará disponible esta semana para comentarios de los caleños y posteriormente será firmada”, señaló.La Alcaldía de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique cualquier información en los canales oficiales antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos.
Con atención garantizada están los usuarios de la Nueva EPS en La Guajira y Cesar, debido al acuerdo logrado en la reciente mesa de diálogo entre la comunidad, la Gobernación del Cesar y el grupo Clínica Médicos, que aceptó levantar su suspensión de atención médica y ya no trasladar a sus pacientes pese a los millonarios saldos que les adeudan desde la entidad mencionada.Así lo dio a conocer la misma gobernación por sus redes sociales, en las que afirmó que, tras el encuentro, “se logró que Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos” y que los usuarios “seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo”.Allí también especificaron que, semanalmente, “las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud” y que “Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren”.Todo sin olvidar que el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado.La decisión de no suspender la atención se tomó al tiempo con otra conversación entre abogados en Bogotá, donde se intenta llegar a un acuerdo de pago, aunque no se descarta que los pacientes que no estén en Cuidados Intensivos sí sean llevados a centros de mediana complejidad según conoció Blu Radio.Esto no gusta a usuarios como Griselda Barros, familiar de una mujer hoy atendida en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar, quien dice que están dispuestos a seguir protestando a las afueras de las clínicas para evitar las remisiones.Le puede interesar: Madres reclaman a Nueva EPS fallas en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas en Cali“Nosotros los usuarios, los afiliados, no tenemos porqué estar involucrados en los trámites administrativos, tanto de las IPS como de las EPS. Nos deben sacar de ese tema y brindarnos salud con oportunidad, eficiencia y calidad. No estamos mendigando atención, muchas de las personas que están luchando son beneficiarios del régimen contributivo”, dijo a Blu Radio.Para este propósito, Barros menciona que los han llamado usuarios de Cúcuta, Magangué, Barranquilla y Bogotá también con inconformidades en atención y con la firme intención de unirse a los reclamos.Actualmente son 300 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS, 124 de ellos en Cuidados Intensivos, por lo que el no pago de las deudas ocasionará un despido masivo de profesionales en estas clínicas.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
Con un disparo en el brazo izquierdo resultó herido el acordeonero Goyo Gutiérrez, luego de ser atacado por delincuentes que lo abordaron cuando se bajó de su vehículo para llevar a un restaurante a comer en el norte de Barranquilla.Su mánager, Wilmer Rivas, contó que los asaltantes, quienes al parecer, ya venían persiguiendo al artista, inicialmente le pidieron la cadena de oro que llevaba puesta y su teléfono.El acordeonero lanzó su celular y en una reacción desesperada intentó correr para escapar de los delincuentes, pero uno de estos le disparó causándole una herida.“Primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono y en ese momento él iba a correr del susto y el ladrón pensó que se iba a tirar encima y lo que hizo fue de dispararle. Goyo pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. En estos momentos le están haciendo radiografías y curaciones porque sí fue una perforación de una gran magnitud”, informó Rivas. El asalto ocurrió en la calle 70 con la carrera 54. El Rey vallenato aficionado 2025 fue trasladado a la Clínica Reina Catalina. Varias patrullas de la Policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables, sin embargo, los delincuentes lograron huir.
El proceso de nulidad electoral contra la designación del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, avanzó con una decisión clave del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.A través de un auto emitido por el magistrado Óscar Wilches Donado, la corporación judicial concedió un plazo de cinco días para que Barrios presente sus argumentos frente a la solicitud que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de anular su nombramiento.En la demanda en la que el gobernador solicitó la aplicación de una medida cautelar de urgencia para suspenderlo de forma provisional del cargo, se alegan irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para ocupar el puesto de rector, señalando el reciente rechazo de una certificación académica cuya autenticidad fue desvirtuada por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.Ante la solicitud el magistrado Donado decidió priorizar el derecho a la defensa, y por ello, antes de tomar una decisión de fondo, ordenó trasladar la solicitud a la parte demandada para que se pronuncie dentro de los cinco días establecidos.Según el auto, solo una vez concluido este término, el magistrado quedará en posibilidad de decidir si suspende o no de manera provisional la designación de Barrios como rector mientras avanza el proceso de nulidad.Vale recordar que el gobernador Eduardo Verano el pasado primero de diciembre calificó de “insostenible”, el nombramiento de Leyton Barrios en el cargo de rector, esto luego de conocerse el pronunciamiento de la Universidad Empresarial de Salamanca en el que indica que:"Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”.
Las constantes quejas de vecinos sobre el comportamiento hostil y agresivo, e incluso las denuncias por acoso a mujeres, provocaron la expulsión del país de un ciudadano estadounidense que se encontraba en Cartagena.El extranjero, de 44 años, que habría intentado ingresar a la fuerza a un apartamento habitado por mujeres, según detalló la seccional Caribe de Migración Colombia, fue señalado además de perseguir durante varios días, y hacer insinuaciones inapropiadas a las jóvenes que vivían en el mismo condominio donde se hospedaba.Tras la acumulación de denuncias, el hombre fue expulsado del país y también se le prohibió el ingreso a territorio colombiano durante 10 años.“Se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia”, detalló la entidad en un comunicado.Lee puede interesar: Aprueban la extradición de un cura extranjero señalado de agredir a varias menoresAsimismo, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que quienes ingresan al país deben respetar todas las normas y leyes.“En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”, dijo.De acuerdo a Migración Colombia, más de 2.600 extranjeros fueron inadmitidos en todas las terminales del país, incluido el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena.A su vez, cerca de 250 visitantes fueron expulsados, y de estos unos 20 fueron desde la ciudad de Cartagena. Estados Unidos es el cuarto país con más expulsiones desde Colombia en 2025.
La ciudad de Valledupar sigue consternada tras el asesinato de la patrullera Vanessa De León Pertuz, ocurrido la mañana del sábado en el barrio Primero de Mayo. La víctima, en su día de descanso, estaba vinculada a la estación policial de Chimichagua, Cesar.Según las autoridades, el presunto agresor fue identificado como su pareja sentimental, Giovanni Mauricio Durán Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asignado a la cárcel La Tramacúa. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la carrera 22 con calle 24.El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, informó que la hipótesis principal apunta a un episodio pasional. Testigos del sector relataron a Noticias Caracol que la pareja —que, de acuerdo con versiones de vecinos, llevaba una relación estable de aproximadamente ocho años y tenía un hijo de cinco— protagonizó una discusión que escaló violentamente.Vecinos indicaron que la patrullera fue atacada con un arma cortopunzante. El cuerpo fue encontrado en la terraza de la casa con múltiples lesiones en cuello, pecho y extremidades, lesiones que, según las primeras observaciones, indicarían intentos de defensa por parte de la víctima.Tras el ataque, Durán Quintero intentó quitarse la vida saltando desde la terraza, pero fue detenido en el lugar por personal del cuadrante que llegó tras las denuncias de gritos. El presunto responsable fue trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde permanece bajo custodia policial y atención médica.En un video que ha salido a la luz en redes sociales se puede observar al sujeto cuando presuntamente intenta atentar contra su vida. Este es el video.La Policía Metropolitana confirmó la aprehensión por el delito de homicidio; no obstante, la Fiscalía General de la Nación será la encargada de la calificación jurídica definitiva y de investigar si el caso corresponde a un feminicidio, atendiendo las circunstancias agravantes que rodearon los hechos.
Solo tres meses como agente interventor tuvo el doctor Fredys Miguel Socarrás Reales para enfrentar la grave crisis financiera que se vive en la ESE Universitaria del Atlántico, pues su salida del cargo fue confirmada en las últimas horas en un acta de la Superintendencia Nacional de Salud.El superintendente Bernardo Camacho envió, al parecer sin previo aviso, una comisión de delegados hacia el Atlántico para removerlo del puesto y posicionar en su lugar a la doctora Maryury Díaz Cespedes, especialista en gerencia hospitalaria cuyas funciones iniciarán desde esta misma semana.Por redes sociales, Socarrás se mostró algo disgustado por la decisión de la que opinó que el hacerla en un día no laboral y cuando no había directivos de la entidad deja muchas suspicacias.Desde el sindicato de trabajadores para la salud Anthoc también rechazaron los hechos, apuntando que esto genera un impacto negativo en los avances logrados en el poco tiempo de su gestión.En ese orden, la noticia tomó por sorpresa a varios de los trabajadores entre estos al auxiliar de enfermería Wilson Granadillo, con quien ya había compromisos para ponerse al día con los dos meses que le adeudan.“Esto nos cale como un balde de agua fría porque literalmente creo que habían unos compromisos con el señor Fredys, que eran los pagos de lo adeudado ahora en diciembre. Nosotros no esperábamos el cambio en estos momentos, quizás en enero o febrero. Nos deja en blanco y con incertidumbre de qué va a pasar ahora”, dijo inicialmente.Del mismo modo, no tiene críticas hacia el periodo de intervención liderado por Socarrás gracias a su sinceridad a la hora de hacer los diferentes pagos.“Con el señor Fredys no solo eran promesas, sentí que era una persona de palabra. Lo que decía, lo hacía. Me senté con él en ciertas ocasiones, si decía te pago, te pagaba; oye espérame este mes está álgido, el otro mes te pago, te pagaba. Por eso uno lamenta tanto la salida, cumplía con sus palabras”, declaró. Ahora, sostiene que los trabajadores de la red pública hospitalaria del Atlántico tienen la tarea de sentarse nuevamente con la nueva agente y llegar a un acuerdo en sus salarios pendientes.
Desde las 2:30 de la tarde será instalado el Puesto de Mando Unificado que velará por la seguridad en el encuentro entre Junior y Nacional, agendado para este domingo en el estadio Metropolitano, desde las 6:30 de la tarde.“La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Comisión Local de Fútbol, realizó la sesión n.º 37, en la que se definieron los aspectos logísticos y de seguridad para el partido entre Junior y Atlético Nacional, que se llevará a cabo mañana domingo 30 de noviembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez”, se puede leer en un comunicado.“En la reunión participaron autoridades distritales, Policía Metropolitana y Ministerio Público, quienes revisaron las medidas necesarias para que todos los asistentes disfruten del evento en un ambiente seguro, familiar y de respeto”, agrega la misiva.La Alcaldía informó que, tras un análisis conjunto, y al igual que en los dos últimos compromisos del conjunto tiburón jugados en Barranquilla, se decidió restringir el ingreso de la barra visitante como medida preventiva para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad dentro y alrededor del estadio.Del mismo modo, el secretario de Gobierno Distrital, Ángelo Cianci, aclaró que las puertas se abrirán a las 3:00 p. m., dando como recomendación llegar temprano.El escenario contará con 140 cámaras de seguridad; además, el evento estará acompañado por 950 policías que vigilarán dentro y fuera del estadio antes, durante y después del encuentro.Entre las medidas de seguridad están:No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas en envases de vidrio.Está prohibido ingresar con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables.No se permitirá el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.Está prohibido el ingreso con correas con hebillas u objetos que representen riesgo.No se podrá ingresar con alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.Los productos alimenticios y bebidas solo estarán disponibles en los puntos autorizados dentro del estadio.Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener en todo momento una actitud respetuosa dentro y fuera del escenario: a no lanzar objetos, no usar pólvora, no portar estupefacientes, no invadir la cancha, evitar cualquier agresión física o verbal, seguir las indicaciones de la logística y de las autoridades, usar adecuadamente la silletería y mantener libres las salidas de emergencia. Además, recalcan que, al finalizar el evento, es importante salir con calma, porque el buen comportamiento de cada asistente hace la diferencia. Asimismo, se les recomienda a los asistentes llevar ropa cómoda.
Al despacho del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, llegó una carta firmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en la que pide priorizar y acabar con la crisis financiera alrededor de las obras del Canal del Dique, lugar en el que desde hace seis meses no giran pagos hacia el contratista encargado para ese proyecto también llamado “Restauración de los Ecosistemas Degradados”.Verano aclara que se requiere el pago de $492.000 millones para evitar inundaciones y sequías que golpearían al sur de Atlántico, Bolívar y Sucre, y evitar además intereses moratorios que impactarían el patrimonio público."Hoy Sacyr (Ecosistemas del Dique S.A.S. - Sacyr Concesiones) tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo Verano.“La comunidad tiene una expectativa muy grande por terminar las obras y evidentemente podríamos tener afectaciones de inundaciones o de sequías, pero lo más importante es que esta obra tiene un cronograma que debe ser amparado precisamente con sus pagos. Si nosotros no garantizamos eso, evidentemente no vamos a tener la finalización de la construcción en el tiempo requerido. Entonces, Bolívar, Atlántico y Sucre tienen que unirse para sacar adelante este megaproyecto”, agregó.De hecho, para este fin de semana estaba programado un paro fluvial por parte de la comunidad para mostrar su rechazo a los retrasos de estos compromisos, mismo que fue aplazado por tiempo lluvioso. Uriel Ávila, miembro del comité de defensa de Canal del Dique, manifestó que no quieren seguir siendo ignorados por el Gobierno.“Lo vamos a reprogramar, pero haciendo el llamado al Gobierno Nacional a que cumpla los compromisos con el tema de los puntos críticos y que giren los recursos para que se intervengan cuanto antes. Seguimos en defensa del Canal del Dique porque no podemos perder por lo que tanto hemos luchado por la protección de todos estos municipios. No queremos inundarnos, no queremos reubicarnos, aquí nacimos y aquí nos quedamos”, declaró en un comunicado.El gobernador Verano alerta que, de no realizarse los pagos, se dañarán cuerpos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen, trayendo también reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato.El mandatario solicita de manera respetuosa a la ANI que, además de cancelar el monto adeudado, convoque de manera urgente a una mesa de conciliación y acuerdo de pago.Otro de los que habló del tema fue el senador Pedro Hernando Flórez, enviando un mensaje hacia el Ministerio de Transporte, la ANI y la Anla y haciéndoles saber que “estas comunidades necesitan que ustedes les den el alivio para que no siga siendo un riesgo otra inundación de esta magnitud”“A 15 años de la ruptura del Canal del Dique, 1,5 millones de personas siguen expuestas a inundaciones y falta de agua segura. La deuda de $492.381 millones con el contratista y la licencia ambiental pendiente, incluyendo la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para proteger ecosistemas y comunidades ponen en riesgo que las obras comiencen en 2026, cómo proyecta la ANI”, escribió inicialmente. “Coordinen y agilicen la licencia, giren los recursos y den certeza a las comunidades. El Caribe merece hechos, no retrasos”, agregó.
Hasta un centro carcelario será movilizado Omar José Castellar de Oro, hombre judicializado por la Fiscalía, tras su presunta responsabilidad en el asesinato de una bebé de un año y ocho meses de nacida, en hechos ocurridos recientemente en jurisdicción de Plato, en Magdalena.Pese a que esta persona de 48 años se declaró inocente, el ente acusador le imputó ante un juez los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca, consiguiendo en consecuencia la medida de aseguramiento.“El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía.De acuerdo con la investigación de las autoridades, Omar José Castellar ingresó a una vivienda en Plato y atacó con un arma cortopunzante a la bebé, quien estaba en brazos de su madre.Luego intentó darse a la huida, pero fue capturado en flagrancia gracias a la reacción oportuna de la comunidad.La hipótesis que se mencionó, en su tiempo, fue que el procesador estaba molesto con la madre de la menor por no querer tener una relación sentimental con él.En BarranquillaEn la madrugada de este miércoles se confirmó el segundo homicidio registrado en el mes de diciembre en el área metropolitana de Barranquilla, siendo la víctima en esta ocasión un joven de solo 18 años llamado Wilson Javier Jiménez Rojas.Su deceso fue confirmado por médicos en el Nuevo Hospital General de Barranquilla, lugar en el que no pudo reponerse de dos disparos en su cabeza, uno en su abdomen y dos más en diferentes partes del cuerpo.Wilson estaba en un sector llamado La Batea del barrio Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta.Así las cosas, hay que recordar que el primer homicidio registrado en nuestra jurisdicción durante diciembre fue el de John Jader Rangel, alias "Cacha", ultimado en el barrio Villa Belén, de Soledad.Esa víctima tenía cinco anotaciones judiciales y, según sus familiares, había recibido amenazas por altercados con personas del sector.
Sofanor Beltrán Rodríguez es el nombre del dueño de un negocio de lubricantes en el área metropolitana de Barranquilla que ingresó a una sede de Salud Total por problemas de azúcar el pasado 28 de noviembre, pero falleció por un trauma craneoencefálico en la clínica La Misericordia.La razón detrás de estos hechos es que, precisamente, esa ambulancia que realizaba su remisión autorizada terminó chocando violentamente contra un poste, hiriendolo tanto él como a su hijo Gabriel Beltrán Ibarra, de 43 años, persona que lo acompañaba en el recorrido.Dice Gabriel, aún con heridas por el impacto, que no sabe cómo sucedió todo, pues no era una urgencia vital ni se llevaban las sirenas encendidas. Tampoco desde la EPS se han comunicado con ellos para darles claridad de lo que pasó, si hubo una falla mecánica, un microsueño o si el conductor también resultó herido.“Actualmente tengo laceraciones en la cara, en el brazo derecho, en el hombro y en la mano practicamente. Como te digo, nosotros no nos preparamos para el impacto, solamente salimos volando. Mi papá salió de la camilla casi que como una bala, voló”, dijo inicialmente.Del mismo modo, ve con preocupación las fallas en la seguridad dentro de las remisiones, donde declara que no les hablaron nunca de cinturones ni había personal médico a su lado ante posibles complicaciones de salud.“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colocatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, agregó.Finalmente, Gabriel manifiesta que su familia hoy está muy triste por el deceso de su padre, quien para ellos no debió morir de esta manera.“Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, finalizó.Sofanor Beltrán es un empresario de 67 años que tenía 40 años radicado en Barranquilla, tras llegar proveniente de Soplaviento, Bolívar. Le gustaba ayudar a las personas, sobre todo en el barrio Buenos Aires de la capital del Atlántico.
La terminación de varios contratos de largo plazo para el sector gasífero en el país golpea también a la región Caribe con alzas en los precios, especialmente el gas vehicular, lo que podrá presentar variaciones entre 10% y 15%. La situación ya impacta el bolsillo de al menos 5.000 taxistas de Barranquilla que, durante los últimos años, hicieron la conversión de gasolina a gas, para abaratar los gastos en su movilización. Sin embargo, estos advierten que, con esta variación en los precios, se impacta notablemente el monto en sus ingresos. El cálculo es el siguiente: mientras que antes tanqueaban con $25.000, ahora requieren casi de $30.000. Si se suma que son tres tanqueadas en promedio por día para trabajar como servicio tipo taxi, quiere decir, que ahora tendrán que gastar $15.000 más por día. En proyección, por mes, esto puede implicar gastos adicionales hasta por $450.000. "Ahora en diciembre no se sentirá mucho el cambio, pero en enero, cuando baje la demanda, sí, y cómo hace uno para cuadrarse. Es bastante dinero. Yo con eso hago mercado. No me parece justo", indicó un taxista consultado por Blu radio que pidió la reserva de identidad. De acuerdo con Gases del Caribe, hay respaldo en los contratos que tienen con campos menores, por lo que el impacto no será tan alto como en otras zonas del país. Explican que, hasta el momento, la tarifa de gas natural vehicular tuvo un incremento del 11% y que esto, para los transportadores, implica alzas hasta por un 6%.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la que advierte un riesgo alto y urgente para las comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según el Ministerio Público, el escenario está determinado por la escalada de confrontaciones entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, dos estructuras armadas que disputan el control territorial y las rentas criminales en la región.El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explicó la gravedad del documento, que abarca los tres departamentos donde se extiende el macizo montañoso: Magdalena, Cesar y La Guajira. “La Alerta Temprana 020 de 2025 está en un nivel de riesgo alto, lo cual es supremamente delicado. Es una alerta amplia que comprende 23 municipios donde se ha identificado un escenario de violencia que afecta a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y población LGBTIQ+”, señaló.Dimas detalló que la Defensoría reconoce un control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas como Santa Marta, Ciénaga y parte del norte del Magdalena, donde el EGC no tiene injerencia. Sin embargo, también advierte un avance del Ejército Gaitanista hacia otros municipios del Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que configura una disputa abierta y una fragmentación del dominio armado.“La alerta identifica dinámicas como homicidios, reclutamiento forzado, violencia basada en género, amenazas y extorsión. Son 18 recomendaciones urgentes para prevención y protección, cuatro para la justicia y seis para políticas públicas, que deben implementarse sin dilación”, añadió.La Defensoría también señala la incidencia del conflicto en sectores portuarios de Santa Marta y corredores estratégicos usados para expansión territorial y actividades ilícitas.La Alcaldía de Santa Marta pidió esta actualización desde 2024La alta consejera para la Paz del Distrito, Jennifer del Toro, afirmó que esta alerta representa un reconocimiento institucional a las denuncias que se han elevado desde Santa Marta frente a la reconfiguración del conflicto.“La emisión de la alerta temprana significa el reconocimiento de la Defensoría a las denuncias de autoridades locales y organizaciones sociales sobre la escalada de violencia asociada a la disputa entre dos grupos armados que operan en el territorio”, expresó.Del Toro recordó que, desde hace un año, la Alcaldía de Santa Marta —en cabeza del alcalde Carlos Pinedo Cuello— solicitó la actualización de la alerta temprana para que reflejara la nueva dinámica del conflicto y recomendara medidas excepcionales de seguridad.“Pedimos que la alerta diera cuenta de la reconfiguración del conflicto armado y recomendara actuaciones extraordinarias para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades. Hoy celebramos que esas 38 recomendaciones hayan sido emitidas”, aseguró.Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior convocó a una reunión este viernes para revisar el plan de acción que permitirá ejecutar de manera inmediata las medidas sugeridas por la Defensoría. “Para que estas recomendaciones no queden solo en el papel, se necesita una coordinación eficaz entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los 23 municipios incluidos en la alerta. Confiamos en que esta intervención excepcional permita recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad en nuestros territorios”, añadió.Por su parte, organizaciones indígenas, campesinas y ciudadanía en general esperan que, con esta alerta temprana, se activen respuestas reales y efectivas para frenar la violencia que afecta históricamente a la Sierra Nevada de Santa Marta.La Defensoría insistió en que el documento no es un informe más, sino una hoja de ruta para que las autoridades prevengan violaciones a los derechos humanos y actúen antes de que los riesgos se conviertan en hechos irreparables.
Una investigación de la Fiscalía, que buscaba develar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, dejó en evidencia a una red delincuencial que utilizaba una empresa de pinturas para desviar insumos químicos a gran escala, los cuales eran empleados en la producción de clorhidrato de cocaína.A partir de las pruebas recopiladas, la Fiscalía informó que mediante esta compañía legalmente constituida, “la organización presuntamente obtenía diversas cantidades de hexano, acetato de etilo y otros disolventes, que posteriormente trasladaba y almacenaba en una bodega ubicada en Aguachica (Cesar), donde coordinaba su camuflaje y envío en tractocamiones a zonas clandestinas de procesamiento de estupefacientes en Norte de Santander”.Las capturas de tres de los posibles integrantes de esta estructura se produjeron durante diligencias realizadas por la Fiscalía, de manera articulada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Ocaña (Norte de Santander) y Villavicencio (Meta).Entre los capturados figuran Fredy Eduardo Barbosa Salazar y Daniel Celis Sepúlveda, “quienes serían los transportadores de los precursores”; y Uriel Carreño Montejo, “señalado de hacer vigilancias y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el actuar criminal”, informó el ente acusador.Estas personas, tras ser imputadas por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir, fueron enviadas a la cárcel, de manera preventiva mientras se cumple el juicio en su contra.
Acribillada murió este martes la lideresa Darly Lucía Arcia Anaya en el corregimiento El Sitio, zona rural de El Roble, Sucre, donde dos hombres llegaron hasta su vivienda, sacaron un arma y le propinaron siete disparos que la dejaron sin vida en el acto.De manera preliminar se ha podido establecer que los pistoleros, al llegar a la casa, preguntaron por la mujer y apenas ella salió, abrieron fuego en su contra hasta dejarla tendida, y huyeron con rumbo desconocido.La muerte de Darly ha causado rechazo en Sucre, pues a sus 43 años era reconocida por su labor social y apenas tenía unos días de haber llegado a El Roble para liderar una fundación con presencia en este municipio.Juan David Díaz, defensor de derechos humanos y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, mostró su preocupación por este hecho que eleva la cifra de homicidios en El Roble y demuestra la delicada situación de inseguridad en este territorio por cuenta de la presencia de grupos armados."Queremos exigir justicia para que este crimen no quede en la impunidad. La líder Darly venía realizando un trabajo de acompañamiento a la comunidad, a los menos favorecidos, a través de sus fundaciones y de las organizaciones campesinas, así que no merecía este triste final", manifestó Díaz."Por lo tanto, queremos solicitar, como ya lo hemos hecho al señor presidente de la República, que por favor actúe, porque en lo que va ocurrido de este año han asesinado a siete personas en el municipio de El Roble", agregó.Según la Defensoría del Pueblo, más de 140 líderes han sido asesinados este año en Colombia.