A las 5:40 de la tarde del pasado miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico.El niño se encontraba jugando fútbol con dos amigos de su edad, cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quién le pidió que lo acompañara a hacer un mandado.En su inocencia, el menor subió al vehículo, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, angustiada, denunció la desaparición ante el Gaula de la Policía, y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca algún detalle de su paradero.Wendy Aguilar, madre del menor, afirma que lo más preocupante es que recientemente la ha estado llamando una persona a pedirle dinero a cambio de liberar a su hijo."A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las Autodefensas, que ellos tenían a mi hijo y que en 20 minutos, si no tenía 1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo, porque ellos no iban a hacer nada con plata, sino con mi hijo", contó la angustiada madre.El pequeño Isaías de Jesús está vestido con una pantaloneta azul y una camiseta azul con vivos rojos en sus hombros.La búsqueda del niño se ha extendido en todos los municipios cercanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Sijin, Gaula, y el ICBF se han sumado al esfuerzo de los familiares de este pequeño.“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427. La Policía Nacional garantiza absoluta reserva y no cesaremos con nuestras capacidades institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar”, indicó la Policía.
Cartagena está a pocos días de decirle adiós a una de las postales más recurrentes en el Centro Histórico: los paseos en coches impulsados por caballos.El alcalde Dumek Turbay anunció que ya están listos y ensamblados en la ciudad, 24 de los 62 coches eléctricos, que reemplazarán definitivamente los coches de tracción animal.Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.“Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”, señaló el alcalde.La presidenta de la Corporación de Turismo, Liliana Rodríguez, explicó a su vez que los coches eléctricos cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte.“Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, describió.Entretanto, en medio de la polémica por la circulación en la ciudad de tres coches turísticos de un privado, el alcalde Turbay emitió un decreto que señala que sólo podrán operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito.“Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos”, indicó la Alcaldía.El decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025 fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, que es la cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, de acuerdo a un estudio técnico sobre la capacidad de carga de este sector.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Hasta Barranquilla arribaron los 20 nuevos articulados de Transmetro que apoyarán el servicio troncal y alimentador de este sistema de transporte masivo en la ciudad, enfrentando así las dificultades de movilidad para los barranquilleros.La gerente de ciudad, Ana María Aljure, habla de un grupo total de 40 buses. Sin embargo, los otros 20 llegarán entre finales del presente mes y enero de 2026.“Contamos con cámaras de reconocimiento facial y de seguridad que tienen la capacidad de detectar cualquier fatiga que pueda tener el conductor. Algo muy importante es que vienen con disponibilidad para internet, lo que permitirá trabajar o ir resolviendo cosas de la casa con el Wi-Fi. Los usuarios podrán conectar todo lo que es cargadores, entre otros”, declaró ante los medios de comunicación.Con esta entrega, Transmetro completa 60 buses nuevos vinculados en 2025, distribuidos entre la operación troncal y alimentadora, “reafirmando el compromiso con una ciudad que apuesta por un transporte más seguro y alineado con el desarrollo urbano que lidera la Alcaldía Distrital de Barranquilla”.Del mismo modo, manifestó Aljure que para la compra de estos articulados se necesitó una inversión de 65 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que son vehículos con capacidad para 160 pasajeros y seis puertas que agilizarán el flujo.Además, con la entrada en operación de estos vehículos, la flota blanca de buses articulados salió definitivamente del servicio troncal, dando paso a una operación 100% renovada, más moderna y equipada con tecnología de última generación.Características de nuevos buses del Transmetro en BarranquillaLos nuevos buses incorporan tecnología de última generación que mejora la seguridad, optimiza la experiencia de viaje y fortalece la operación troncal.Cuentan con seguridad inteligente, cámara frontal con alerta de colisión, cámara orientada al operador, que detecta fatiga o distracción y envía alertas al Centro de Control, cámaras internas y trasera para monitoreo continuo; y sistema de conteo de pasajeros.Al tiempo, tienen botón de pánico que activa alertas inmediatas al Centro de Control, tecnología limpia a gas Euro 6, espacio exclusivo para usuarios con silla de ruedas, con área delimitada y segura, espacio destinado para usuarios con perro guía (lazarillo), garantizando independencia y accesibilidad durante el viaje; e iluminación y señalización renovadas.
Este logro no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que evidencia la transformación institucional alcanzada a través de procesos estructurados, medibles y orientados a resultados tangibles.La ceremonia de entrega, realizada en la Sede S de la Universidad, reunió al Rector Fernando Arturo Soler, directivos, representantes del SGC, colaboradores y miembros de la comunidad académica, quienes celebraron este hito como un avance estratégico para el fortalecimiento institucional.Un reconocimiento sustentado en acciones concretasPara una institución de educación superior, obtener la certificación ICONTEC ISO 9001 implica demostrar que su operación académica, administrativa y de servicios funciona bajo criterios rigurosos de eficiencia, trazabilidad y mejora continua. En el caso de la Universidad ECCI, el proceso incluyó avances tangibles como:● Organización, estandarización y digitalización de documentos críticos, garantizando seguridad, accesibilidad y trazabilidad.● Realización de auditorías internas que permitieron identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo.● Incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo en procesos académicos y administrativos.● Fortalecimiento de rutas de atención para mejorar la experiencia estudiantil.Durante el acto de entrega, el Rector Fernando Arturo Soler señaló que este reconocimiento “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, enfatizando que la certificación no representa un punto de llegada, sino un motor para seguir avanzando hacia una universidad innovadora y centrada en las necesidades del país.Para la Universidad ECCI, este logro implica una nueva responsabilidad: sostener y mejorar continuamente cada proceso institucional. El alcance de la certificación exige mantener un monitoreo permanente, promover la estandarización, asegurar la trazabilidad y fortalecer una cultura de autoevaluación y mejora continua.En palabras del equipo de Calidad, “este logro evidencia un trabajo colectivo, pero sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, especialmente en un contexto donde la universidad continúa ampliando su oferta académica, fortaleciendo su presencia nacional y proyectándose como un actor estratégico en la transformación científica, tecnológica y social del país.Un logro construido en comunidadLa Universidad ECCI agradeció a sus colaboradores, docentes, estudiantes y aliados estratégicos, quienes hicieron posible este proceso. Más que una certificación, este hito representa la consolidación de más de 45 años de trabajo orientado a la excelencia, la innovación y la responsabilidad institucional.
En entrevista con Blu Radio, el ingeniero Carlos Bueno, candidato en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El exdirector de Tránsito destacó que su plan se fundamenta en su experiencia profesional en Latinoamérica y en el conocimiento de la ciudad “recorrida mañana, tarde y noche”.Educación: el eje de su apuesta socialBueno aseguró que su prioridad será el norte de Bucaramanga, donde propone la creación del Campus Nido -Innovación, Desarrollo y Oportunidades-, un proyecto educativo que atendería a más de 1.000 niños cada año.“El campus permitirá que los jóvenes salgan bilingües, expertos en tecnología, programación e inteligencia artificial, con una empleabilidad cercana al 100%. En un año podríamos transformar su futuro y el de sus familias”, explicó el candidato.Movilidad e infraestructura: destrabar obras y modernizar corredoresAl ser consultado sobre qué se puede lograr en solo dos años de administración, Bueno planteó un paquete de proyectos urbanos que incluyen:Formalización masiva de predios: “Queremos que las familias tengan la escritura cero y sientan verdaderamente su casa como propia”.Destrabe de obras críticas: iniciando por la vía La Virgen – La Cemento, puerta de entrada al norte.Adecuación total del Bulevar Bolívar para mejorar la movilidad.Semaforización inteligente en la carrera 27, que permitiría implementar una “ola verde” automatizada. “Ya lo hicimos de forma manual cuando dirigí Tránsito; ahora queremos hacerlo con tecnología”.Intercambiador en la calle 56 con carrera 27 y descongestión del par vial de la 54, con el fin de ofrecer alternativas reales a la saturada calle 56.Relación con el Gobierno Nacional: trabajo conjunto con la GobernaciónFrente a las dificultades para gestionar recursos con un presupuesto 2026 ya comprometido en un 75%, y ante las tensiones entre el Gobierno Nacional y la región, Bueno aseguró que una de sus estrategias será fortalecer la coordinación con la Gobernación de Santander.“Antes de mirar tan lejos, debemos mirar al edificio frente a la Alcaldía. Con la Gobernación podemos sacar adelante la vía La Virgen – La Cemento”, dijo.En materia de transporte masivo, reveló que desde hace cinco meses trabaja con transportadores locales para estructurar un nuevo modelo de buses, con mejores estándares de calidad y participación de la industria regional.Seguridad: presencia en las calles y apoyo de la reserva activaTras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de la ciudad, la seguridad se convirtió en un tema obligado. Bueno afirmó que su estilo de gobierno replicará su paso por Tránsito, con presencia permanente en las calles.“Vamos a combinar tecnología -cámaras, drones, apoyo al Ceges - con una estrategia que enfrenta el principal problema: la falta de policías”, señaló.Para suplir ese déficit, anunció un acuerdo previo con miembros de la reserva activa de la Policía y del Ejército.“Ellos conformarán una unidad de control, prevención e inteligencia. No estarán armados, pero sí cuentan con más de 30 años de conocimiento en seguridad. Trabajarán de la mano con la Policía y el Ejército en parques, zonas de rumba y barrios que necesitan presencia permanente”, explicó.
En una iglesia de Itagüí, Antioquia, un hombre entró y se robó la organeta del templo. Esta persona que intentó vender el instrumento fue capturada cuando quiso esconderse en un inquilinato de Medellín.En un hecho que ha generado indignación en el Valle de Aburrá, un hombre entró hasta la iglesia del parque principal del municipio de Itagüí, se robó la organeta y salió ante la mirada atónita de la comunidad que inmediatamente informó a las autoridades de la extraña situación que fue vigilada de cerca por cámaras de seguridad.La información que entregaron las autoridades deja en evidencia que el ladrón tomó un taxi y se dirigió a Medellín en donde fue seguido por las cámaras de seguridad que vieron cómo el hombre ingresó hasta un centro comercial en donde habría intentado vender el instrumento sin éxito alguno.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que luego de salir del establecimiento se dirigió a un inquilinato donde pretendía esconderse y en donde fue abordado por las autoridades.“Cada uno de esos movimientos quedó registrado y permitió orientar a las patrullas con absoluta precisión gracias a la coordinación permanente entre el sistema de cámaras del 1 2 3 y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”, afirmó el secretario Villa.Según destacaron desde la capital de Antioquia, el instrumento musical fue recuperado y entregado de manera inmediata al padre en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itagüí, mientras que el hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.Por último, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín destacó que ya son más de 1.100 personas capturadas por hurto en el 2025 y, además, le recomendaron a la ciudadanía denunciar situaciones sospechosas como la de la iglesia en Itagüí que afortunadamente tendrá el acompañamiento de la organeta durante todas las misas en la época decembrina.Así siguieron a hombre que robó organeta en Itagüí:
La reciente tendencia en redes sociales conocida como la “lista de infieles” ha desatado una fuerte polémica en Colombia, luego de que cientos de usuarios comenzaran a compartir formularios y hojas de cálculo en los que se exponen datos personales de supuestos hombres infieles. Lo que inició como una dinámica viral que surgió en Perú rápidamente se replicó en el país, generando preocupación entre expertos en derecho por sus posibles implicaciones legales.El pasado 2 de diciembre empezó a circular un enlace que permitía a cualquier persona diligenciar un formulario con información de un presunto “infiel”. Entre los datos solicitados se incluían nombre completo, redes sociales, ocupación, edad, lugar de residencia, motivo de la ruptura, orientación sexual, descripción física e incluso recomendaciones para su próxima pareja. En algunos casos, los formatos permitían adjuntar fotografías.Aunque el archivo original alojado en Colombia fue eliminado poco después de volverse viral, la tendencia ya había tomado fuerza. Usuarios en plataformas como TikTok y X comenzaron a crear y difundir nuevos documentos donde se reúnen cientos de nombres e incluso relatos personales. Ante esta situación, la abogada Laura Mateur utilizó su cuenta de TikTok para advertir sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar quienes llenan o comparten este tipo de formularios.“Un consejo jurídico para todas las que están llenando el Registro Nacional de Infieles o RNI: no lo hagas”, afirmó de forma contundente. Según explicó, este tipo de listas constituyen una tabla pública que contiene información personal y, en algunos casos, datos sensibles, lo que representa una violación a la normativa colombiana de protección de datos.La experta advirtió que publicar orientación sexual, fotografías o detalles íntimos sin autorización puede derivar en investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de velar por el manejo adecuado de datos personales.A esto se suma el riesgo de enfrentar procesos penales por afectar la honra o el buen nombre de otra persona. “Empieza como chistoso y después se vuelve complicado”, señaló la abogada, quien insistió en que tanto quienes administran estas bases de datos como quienes las llenan o difunden podrían resultar involucrados en problemas legales de gran magnitud.La profesional concluyó invitando a quienes han creado o gestionado estos listados a buscar asesoría jurídica cuanto antes, debido a las posibles sanciones y consecuencias derivadas de esta tendencia viral.
Persisten los bloqueos en la vía Córdoba - Arboletes y por ello desde Empresas Públicas de Medellín emitieron una alerta por posible desabastecimiento. Aunque el paso fue habilitado y la situación fue controlada, el riesgo podría en la subregión antioqueñaHan pasado más de dos semanas desde que los habitantes del municipio de Los Córdobas decidieron realizar una manifestación en la vía Montería - Arboletes por algunas exigencias que le hacen a la ANI para encontrar soluciones a la erosión costera que hay en la zona, no obstante, las respuestas no han llegado y los bloqueos que hacen la carretera comienzan a generar alertas en el Urabá antioqueño.Hay que recordar que ya Empresas Públicas de Medellín había lanzado una advertencia sobre el posible desabastecimiento de gas en la subregión antioqueña, debido a la imposibilidad de transitar por la zona, pero ahora luego de algunos días de normalidad el riesgo volvió a ser latente para por lo menos 3.000 usuarios.Recientemente, EPM indicó que debido a la manifestación ciudadana no habían podido realizar el suministro del gas y por ello era inminente el desabastecimiento en municipios como Carepa o Chigorodó, en donde habría más familias afectadas, según reconocieron los expertos.Ante la preocupante alerta emitida por EPM, comenzaron los diálogos con los manifestantes ubicados en el departamento de Córdoba que tras entender la situación decidieron habilitar el paso para los vehículos que transportan gas, normalizando así el suministro en el Urabá antioqueño.Sin embargo, el miedo de la comunidad en el departamento de Antioquia es que los bloqueos perduren y en una próxima ocasión sí haya desabastecimiento, miedo que crece sabiendo que en la época decembrina es donde, por ejemplo, los negocios más venden y sin gas quedarían gravemente perjudicados.Mientras avanzan las gestiones por parte del Gobierno nacional para acabar con la manifestación, EPM realizó un llamado a la cama y le pidió a la población perjudicada que en caso de ser necesario tome medidas como cerrar las perillas de los gasodomésticos o cerrar las válvulas de los hogares.
Con atención garantizada están los usuarios de la Nueva EPS en La Guajira y Cesar, debido al acuerdo logrado en la reciente mesa de diálogo entre la comunidad, la Gobernación del Cesar y el grupo Clínica Médicos, que aceptó levantar su suspensión de atención médica y ya no trasladar a sus pacientes pese a los millonarios saldos que les adeudan desde la entidad mencionada.Así lo dio a conocer la misma gobernación por sus redes sociales, en las que afirmó que, tras el encuentro, “se logró que Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos” y que los usuarios “seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo”.Allí también especificaron que, semanalmente, “las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud” y que “Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren”.Todo sin olvidar que el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado.La decisión de no suspender la atención se tomó al tiempo con otra conversación entre abogados en Bogotá, donde se intenta llegar a un acuerdo de pago, aunque no se descarta que los pacientes que no estén en Cuidados Intensivos sí sean llevados a centros de mediana complejidad según conoció Blu Radio.Esto no gusta a usuarios como Griselda Barros, familiar de una mujer hoy atendida en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar, quien dice que están dispuestos a seguir protestando a las afueras de las clínicas para evitar las remisiones.Le puede interesar: Madres reclaman a Nueva EPS fallas en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas en Cali“Nosotros los usuarios, los afiliados, no tenemos porqué estar involucrados en los trámites administrativos, tanto de las IPS como de las EPS. Nos deben sacar de ese tema y brindarnos salud con oportunidad, eficiencia y calidad. No estamos mendigando atención, muchas de las personas que están luchando son beneficiarios del régimen contributivo”, dijo a Blu Radio.Para este propósito, Barros menciona que los han llamado usuarios de Cúcuta, Magangué, Barranquilla y Bogotá también con inconformidades en atención y con la firme intención de unirse a los reclamos.Actualmente son 300 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS, 124 de ellos en Cuidados Intensivos, por lo que el no pago de las deudas ocasionará un despido masivo de profesionales en estas clínicas.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
Con un disparo en el brazo izquierdo resultó herido el acordeonero Goyo Gutiérrez, luego de ser atacado por delincuentes que lo abordaron cuando se bajó de su vehículo para llevar a un restaurante a comer en el norte de Barranquilla.Su mánager, Wilmer Rivas, contó que los asaltantes, quienes al parecer, ya venían persiguiendo al artista, inicialmente le pidieron la cadena de oro que llevaba puesta y su teléfono.El acordeonero lanzó su celular y en una reacción desesperada intentó correr para escapar de los delincuentes, pero uno de estos le disparó causándole una herida.“Primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono y en ese momento él iba a correr del susto y el ladrón pensó que se iba a tirar encima y lo que hizo fue de dispararle. Goyo pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. En estos momentos le están haciendo radiografías y curaciones porque sí fue una perforación de una gran magnitud”, informó Rivas. El asalto ocurrió en la calle 70 con la carrera 54. El Rey vallenato aficionado 2025 fue trasladado a la Clínica Reina Catalina. Varias patrullas de la Policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables, sin embargo, los delincuentes lograron huir.
El proceso de nulidad electoral contra la designación del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, avanzó con una decisión clave del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.A través de un auto emitido por el magistrado Óscar Wilches Donado, la corporación judicial concedió un plazo de cinco días para que Barrios presente sus argumentos frente a la solicitud que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de anular su nombramiento.En la demanda en la que el gobernador solicitó la aplicación de una medida cautelar de urgencia para suspenderlo de forma provisional del cargo, se alegan irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para ocupar el puesto de rector, señalando el reciente rechazo de una certificación académica cuya autenticidad fue desvirtuada por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.Ante la solicitud el magistrado Donado decidió priorizar el derecho a la defensa, y por ello, antes de tomar una decisión de fondo, ordenó trasladar la solicitud a la parte demandada para que se pronuncie dentro de los cinco días establecidos.Según el auto, solo una vez concluido este término, el magistrado quedará en posibilidad de decidir si suspende o no de manera provisional la designación de Barrios como rector mientras avanza el proceso de nulidad.Vale recordar que el gobernador Eduardo Verano el pasado primero de diciembre calificó de “insostenible”, el nombramiento de Leyton Barrios en el cargo de rector, esto luego de conocerse el pronunciamiento de la Universidad Empresarial de Salamanca en el que indica que:"Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”.
Las constantes quejas de vecinos sobre el comportamiento hostil y agresivo, e incluso las denuncias por acoso a mujeres, provocaron la expulsión del país de un ciudadano estadounidense que se encontraba en Cartagena.El extranjero, de 44 años, que habría intentado ingresar a la fuerza a un apartamento habitado por mujeres, según detalló la seccional Caribe de Migración Colombia, fue señalado además de perseguir durante varios días, y hacer insinuaciones inapropiadas a las jóvenes que vivían en el mismo condominio donde se hospedaba.Tras la acumulación de denuncias, el hombre fue expulsado del país y también se le prohibió el ingreso a territorio colombiano durante 10 años.“Se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia”, detalló la entidad en un comunicado.Lee puede interesar: Aprueban la extradición de un cura extranjero señalado de agredir a varias menoresAsimismo, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que quienes ingresan al país deben respetar todas las normas y leyes.“En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”, dijo.De acuerdo a Migración Colombia, más de 2.600 extranjeros fueron inadmitidos en todas las terminales del país, incluido el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena.A su vez, cerca de 250 visitantes fueron expulsados, y de estos unos 20 fueron desde la ciudad de Cartagena. Estados Unidos es el cuarto país con más expulsiones desde Colombia en 2025.
En medio del encuentro de las Altas Cortes que se realiza en Barranquilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que el poder judicial realmente carece de autonomía, por lo menos, para manejar sus recursos y hasta para crear un cargo en esta Rama.Afirmó que tal es la dependencia que tiene la Rama Judicial hacia el Ejecutivo, que se ven obligados a mendigar recursos para poder realizar la labor que les corresponde."Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Y no tenemos autonomía porque, si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público", dijo."Y si la Rama Ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca, como ahora que de 16 billones de pesos, nos recortó casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial", añadió, haciendo referencia al recorte presupuestal que tendrá la Rama Judicial en 2026.En ese sentido, el magistrado Ibáñez insistió en que "la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel", y que por esta razón se tiene que "trabajar para algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la rama judicial".
Un fuerte llamado a respetar la Constitución fue el que lanzó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, a todas las autoridades del país, incluyendo el presidente de la República, Gustavo Petro.El magistrado, en medio del encuentro que realizan las altas cortes y la jurisdicción disciplinaria que se realiza en Barranquilla, afirmó tajantemente que "nadie puede creerse dueño del Estado"."Nadie puede decir el Estado soy yo. Nadie puede decir que el Estado es patrimonio particular. No, Estado somos todos y todos estamos sujetos al imperio de la Constitución", sentenció.El presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez Parra, también tomó la palabra este jueves en Barranquilla y aseguró que la justicia en Colombia requiere, además de prudencia y equilibrio, desarrollarse sin interferencias ni presiones de ningún poder público.En este sentido, indicó que la labor que vienen ejerciendo en materia de justicia ha sido, en mucho de los momentos, motivo de “incomodidades” para el Gobierno nacional.“La justicia colombiana ha venido desarrollando una función de cara a los ciudadanos con un gran compromiso de país y es velar que los libertades, que la separación de poderes como premisa fundamental del diseño republicano también se mantenga y que impere la vigencia de la Constitución y la ley, pero eso ha sido una labor que en muchos momentos han incomodado en este Gobierno, porque han tenido que señalar derroteros que no siempre coinciden con la agenda pública o con una visión de país”, dijo.“En esa medida, el Consejo de Estado, por ejemplo, tuvo que suspender el decreto que convocó a una consulta popular y tuvo que limitar el ejercicio presidencial, cuando las alocuciones presidenciales o los consejos de ministros obviamente atentaban contra la pluralidad informativa”, señaló.
La fiscal General Luz Adriana Camargo dio a conocer desde Barranquilla que este jueves la institución radicó el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quién es investigado por hechos de corrupción cometidos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Dijo Camargo que, independientemente de si se le hace efectiva la circular roja que pesa en contra él pesa, o se presenta ante las autoridades, la Fiscalía sigue con la judicialización como corresponde."En el día de ayer se presentó la solicitud para audiencia de imputación contra los ministros Bonilla y Velasco y en el día de hoy se radicó el escrito de acusación contra el exministro Carlos Ramón González. Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio contra Carlos Ramón, no obstante, a que él no se haya presentado o que esté huyendo", enfatizó la fiscal general.Vale recordar que autoridades emitieron hace cuatro meses una orden de captura y circular roja contra el exministro.La fiscal general también indicó que el miércoles fue presentada la solicitud para realizar la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD.
En fracaso quedó un nuevo intento por alejar a Leyton Barrios de su cargo como rector de la Universidad del Atlántico, debido a una orden del Tribunal Administrativo del departamento que niega una medida provisional de suspensión que querían efectuar en su contra por medio de una demanda presentada por Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.Aunque la demanda fue admitida inicialmente, no se accedió ante la medida cautelar propuesta en la misma, la cual se intentaba basar en que la lista de elegibles para el cargo no incluía mujeres y que esto violaba la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) y el principio constitucional de participación femenina en cargos decisorios.Concluyó la Sala que dicha ley no aplica estrictamente a procesos electorales autónomos de universidades públicas, donde la lista de elegibles surge del voto ponderado de la comunidad académica y no de una autoridad.Le puede interesar: MinEducación impone vigilancia especial a Uniatlántico por irregularidades en elección del rector“Negar la solicitud de medida provisional de suspensión de los efectos del acto de elección del Acuerdo No. 000032 de octubre 27 de 2025 que designó como Rector de la Universidad del Atlántico al señor Leyton Daniel Barrios Torres por el periodo 2025 – 2029 de conformidad con la parte motiva de la presente demanda”, se puede leer en el resuelve del acta.Al tiempo, el Consejo Superior de la Uniatlántico también defendió su posición alegando que sí hubo participación de mujeres en las postulaciones, solo que la lista final de cinco candidatos reflejó los resultados de la consulta interna con docentes y estudiantes.Luego de conocerse esta decisión, un grupo de estudiantes decidió movilizarse hacia la sede de Bellas Artes a exigir el cese del paro, luego de que en las últimas horas un primer grupo se hubiese tomado la sede, bloqueando el acceso con sillas.La situación resultó en una confrontación que hasta requirió intervención de la Policía para separar a los jóvenes estudiantes. De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, hay un escalamiento del conflicto.“Están escalando el conflicto para tratar de presionar para que en el próximo consejo superior se tomen decisiones con respecto a la presencia de Leyton Barrios como rector”, declaró desde el encuentro de las altas cortes en Barranquilla.Por lo pronto, la sede continúa cerrada, siendo que los tomistas decidieron quedarse en el sitio como extensión del paro.
Hasta un centro carcelario será movilizado Omar José Castellar de Oro, hombre judicializado por la Fiscalía, tras su presunta responsabilidad en el asesinato de una bebé de un año y ocho meses de nacida, en hechos ocurridos recientemente en jurisdicción de Plato, en Magdalena.Pese a que esta persona de 48 años se declaró inocente, el ente acusador le imputó ante un juez los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca, consiguiendo en consecuencia la medida de aseguramiento.“El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía.De acuerdo con la investigación de las autoridades, Omar José Castellar ingresó a una vivienda en Plato y atacó con un arma cortopunzante a la bebé, quien estaba en brazos de su madre.Luego intentó darse a la huida, pero fue capturado en flagrancia gracias a la reacción oportuna de la comunidad.La hipótesis que se mencionó, en su tiempo, fue que el procesador estaba molesto con la madre de la menor por no querer tener una relación sentimental con él.En BarranquillaEn la madrugada de este miércoles se confirmó el segundo homicidio registrado en el mes de diciembre en el área metropolitana de Barranquilla, siendo la víctima en esta ocasión un joven de solo 18 años llamado Wilson Javier Jiménez Rojas.Su deceso fue confirmado por médicos en el Nuevo Hospital General de Barranquilla, lugar en el que no pudo reponerse de dos disparos en su cabeza, uno en su abdomen y dos más en diferentes partes del cuerpo.Wilson estaba en un sector llamado La Batea del barrio Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta.Así las cosas, hay que recordar que el primer homicidio registrado en nuestra jurisdicción durante diciembre fue el de John Jader Rangel, alias "Cacha", ultimado en el barrio Villa Belén, de Soledad.Esa víctima tenía cinco anotaciones judiciales y, según sus familiares, había recibido amenazas por altercados con personas del sector.
Sofanor Beltrán Rodríguez es el nombre del dueño de un negocio de lubricantes en el área metropolitana de Barranquilla que ingresó a una sede de Salud Total por problemas de azúcar el pasado 28 de noviembre, pero falleció por un trauma craneoencefálico en la clínica La Misericordia.La razón detrás de estos hechos es que, precisamente, esa ambulancia que realizaba su remisión autorizada terminó chocando violentamente contra un poste, hiriendolo tanto él como a su hijo Gabriel Beltrán Ibarra, de 43 años, persona que lo acompañaba en el recorrido.Dice Gabriel, aún con heridas por el impacto, que no sabe cómo sucedió todo, pues no era una urgencia vital ni se llevaban las sirenas encendidas. Tampoco desde la EPS se han comunicado con ellos para darles claridad de lo que pasó, si hubo una falla mecánica, un microsueño o si el conductor también resultó herido.“Actualmente tengo laceraciones en la cara, en el brazo derecho, en el hombro y en la mano practicamente. Como te digo, nosotros no nos preparamos para el impacto, solamente salimos volando. Mi papá salió de la camilla casi que como una bala, voló”, dijo inicialmente.Del mismo modo, ve con preocupación las fallas en la seguridad dentro de las remisiones, donde declara que no les hablaron nunca de cinturones ni había personal médico a su lado ante posibles complicaciones de salud.“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colocatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, agregó.Finalmente, Gabriel manifiesta que su familia hoy está muy triste por el deceso de su padre, quien para ellos no debió morir de esta manera.“Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, finalizó.Sofanor Beltrán es un empresario de 67 años que tenía 40 años radicado en Barranquilla, tras llegar proveniente de Soplaviento, Bolívar. Le gustaba ayudar a las personas, sobre todo en el barrio Buenos Aires de la capital del Atlántico.
La terminación de varios contratos de largo plazo para el sector gasífero en el país golpea también a la región Caribe con alzas en los precios, especialmente el gas vehicular, lo que podrá presentar variaciones entre 10% y 15%. La situación ya impacta el bolsillo de al menos 5.000 taxistas de Barranquilla que, durante los últimos años, hicieron la conversión de gasolina a gas, para abaratar los gastos en su movilización. Sin embargo, estos advierten que, con esta variación en los precios, se impacta notablemente el monto en sus ingresos. El cálculo es el siguiente: mientras que antes tanqueaban con $25.000, ahora requieren casi de $30.000. Si se suma que son tres tanqueadas en promedio por día para trabajar como servicio tipo taxi, quiere decir, que ahora tendrán que gastar $15.000 más por día. En proyección, por mes, esto puede implicar gastos adicionales hasta por $450.000. "Ahora en diciembre no se sentirá mucho el cambio, pero en enero, cuando baje la demanda, sí, y cómo hace uno para cuadrarse. Es bastante dinero. Yo con eso hago mercado. No me parece justo", indicó un taxista consultado por Blu radio que pidió la reserva de identidad. De acuerdo con Gases del Caribe, hay respaldo en los contratos que tienen con campos menores, por lo que el impacto no será tan alto como en otras zonas del país. Explican que, hasta el momento, la tarifa de gas natural vehicular tuvo un incremento del 11% y que esto, para los transportadores, implica alzas hasta por un 6%.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la que advierte un riesgo alto y urgente para las comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según el Ministerio Público, el escenario está determinado por la escalada de confrontaciones entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, dos estructuras armadas que disputan el control territorial y las rentas criminales en la región.El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explicó la gravedad del documento, que abarca los tres departamentos donde se extiende el macizo montañoso: Magdalena, Cesar y La Guajira. “La Alerta Temprana 020 de 2025 está en un nivel de riesgo alto, lo cual es supremamente delicado. Es una alerta amplia que comprende 23 municipios donde se ha identificado un escenario de violencia que afecta a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y población LGBTIQ+”, señaló.Dimas detalló que la Defensoría reconoce un control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas como Santa Marta, Ciénaga y parte del norte del Magdalena, donde el EGC no tiene injerencia. Sin embargo, también advierte un avance del Ejército Gaitanista hacia otros municipios del Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que configura una disputa abierta y una fragmentación del dominio armado.“La alerta identifica dinámicas como homicidios, reclutamiento forzado, violencia basada en género, amenazas y extorsión. Son 18 recomendaciones urgentes para prevención y protección, cuatro para la justicia y seis para políticas públicas, que deben implementarse sin dilación”, añadió.La Defensoría también señala la incidencia del conflicto en sectores portuarios de Santa Marta y corredores estratégicos usados para expansión territorial y actividades ilícitas.La Alcaldía de Santa Marta pidió esta actualización desde 2024La alta consejera para la Paz del Distrito, Jennifer del Toro, afirmó que esta alerta representa un reconocimiento institucional a las denuncias que se han elevado desde Santa Marta frente a la reconfiguración del conflicto.“La emisión de la alerta temprana significa el reconocimiento de la Defensoría a las denuncias de autoridades locales y organizaciones sociales sobre la escalada de violencia asociada a la disputa entre dos grupos armados que operan en el territorio”, expresó.Del Toro recordó que, desde hace un año, la Alcaldía de Santa Marta —en cabeza del alcalde Carlos Pinedo Cuello— solicitó la actualización de la alerta temprana para que reflejara la nueva dinámica del conflicto y recomendara medidas excepcionales de seguridad.“Pedimos que la alerta diera cuenta de la reconfiguración del conflicto armado y recomendara actuaciones extraordinarias para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades. Hoy celebramos que esas 38 recomendaciones hayan sido emitidas”, aseguró.Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior convocó a una reunión este viernes para revisar el plan de acción que permitirá ejecutar de manera inmediata las medidas sugeridas por la Defensoría. “Para que estas recomendaciones no queden solo en el papel, se necesita una coordinación eficaz entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los 23 municipios incluidos en la alerta. Confiamos en que esta intervención excepcional permita recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad en nuestros territorios”, añadió.Por su parte, organizaciones indígenas, campesinas y ciudadanía en general esperan que, con esta alerta temprana, se activen respuestas reales y efectivas para frenar la violencia que afecta históricamente a la Sierra Nevada de Santa Marta.La Defensoría insistió en que el documento no es un informe más, sino una hoja de ruta para que las autoridades prevengan violaciones a los derechos humanos y actúen antes de que los riesgos se conviertan en hechos irreparables.
Una investigación de la Fiscalía, que buscaba develar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, dejó en evidencia a una red delincuencial que utilizaba una empresa de pinturas para desviar insumos químicos a gran escala, los cuales eran empleados en la producción de clorhidrato de cocaína.A partir de las pruebas recopiladas, la Fiscalía informó que mediante esta compañía legalmente constituida, “la organización presuntamente obtenía diversas cantidades de hexano, acetato de etilo y otros disolventes, que posteriormente trasladaba y almacenaba en una bodega ubicada en Aguachica (Cesar), donde coordinaba su camuflaje y envío en tractocamiones a zonas clandestinas de procesamiento de estupefacientes en Norte de Santander”.Las capturas de tres de los posibles integrantes de esta estructura se produjeron durante diligencias realizadas por la Fiscalía, de manera articulada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Ocaña (Norte de Santander) y Villavicencio (Meta).Entre los capturados figuran Fredy Eduardo Barbosa Salazar y Daniel Celis Sepúlveda, “quienes serían los transportadores de los precursores”; y Uriel Carreño Montejo, “señalado de hacer vigilancias y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el actuar criminal”, informó el ente acusador.Estas personas, tras ser imputadas por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir, fueron enviadas a la cárcel, de manera preventiva mientras se cumple el juicio en su contra.
Acribillada murió este martes la lideresa Darly Lucía Arcia Anaya en el corregimiento El Sitio, zona rural de El Roble, Sucre, donde dos hombres llegaron hasta su vivienda, sacaron un arma y le propinaron siete disparos que la dejaron sin vida en el acto.De manera preliminar se ha podido establecer que los pistoleros, al llegar a la casa, preguntaron por la mujer y apenas ella salió, abrieron fuego en su contra hasta dejarla tendida, y huyeron con rumbo desconocido.La muerte de Darly ha causado rechazo en Sucre, pues a sus 43 años era reconocida por su labor social y apenas tenía unos días de haber llegado a El Roble para liderar una fundación con presencia en este municipio.Juan David Díaz, defensor de derechos humanos y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, mostró su preocupación por este hecho que eleva la cifra de homicidios en El Roble y demuestra la delicada situación de inseguridad en este territorio por cuenta de la presencia de grupos armados."Queremos exigir justicia para que este crimen no quede en la impunidad. La líder Darly venía realizando un trabajo de acompañamiento a la comunidad, a los menos favorecidos, a través de sus fundaciones y de las organizaciones campesinas, así que no merecía este triste final", manifestó Díaz."Por lo tanto, queremos solicitar, como ya lo hemos hecho al señor presidente de la República, que por favor actúe, porque en lo que va ocurrido de este año han asesinado a siete personas en el municipio de El Roble", agregó.Según la Defensoría del Pueblo, más de 140 líderes han sido asesinados este año en Colombia.