Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron capturadas en pleno centro de Bucaramanga cuando, según la Policía Metropolitana, que se dedicaban a cometer hurtos y estafas bajo las modalidades de cosquilleo y paquete chileno. El operativo fue realizado por el Gaula durante acciones de control en esta zona comercial, que por estos días registra una alta afluencia de compradores por la temporada navideña.De acuerdo con las autoridades, los señalados, conocidos como alias “Largo”, “Churca” y “Azul”, aprovechaban la aglomeración en bancos y locales comerciales para distraer a sus víctimas, muchas de ellas adultos mayores o ciudadanos que acababan de retirar dinero. Con maniobras de engaño lograban apoderarse de efectivo y pertenencias.La intervención policial permitió detenerlos en flagrancia y recuperar un millón de pesos que había sido hurtado minutos antes. También les fueron incautados teléfonos celulares y billetes extranjeros que usaban para simular altas sumas durante las estafas.“Se capturan tres sujetos, dos mujeres y un hombre, que se encargaban de hacer el famoso cosquilleo aquí en el centro y el paquete chileno. Hay dos personas denunciantes y se recuperó un millón de pesos que previamente le habían quitado a unos ciudadanos aprovechando la aglomeración por Navidad”, explicó el coronel Diego López, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar portar grandes sumas de dinero, estar atentos a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o al Gaula 165.
Después de varios años marcados por irregularidades, sobrecostos, suspensiones y retrasos, el proyecto del Hospital Regional de San Gil podría al fin terminarse. La Gobernación de Santander anunció que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó la financiación para su fase final por $50.191 millones, recursos que serán aportados por el Ministerio de Salud en las vigencias de 2026 y 2027.La aprobación llega tras una compleja trayectoria que inició con la promesa de modernizar la infraestructura sanitaria de la provincia Guanentá, pero que derivó en uno de los proyectos más demorados y controversiales del departamento.Desde sus primeras etapas, el hospital estuvo rodeado de inconsistencias. En mayo de 2020, la Contraloría General de Santander identificó hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por más de $120 millones en el contrato de consultoría para los estudios y diseños. Los errores en los estudios de suelo y en los diseños estructurales dispararon el presupuesto inicial: pasó de $23.000 millones a $48.000 millones, un incremento superior al 100 %.A estas irregularidades se sumó la suspensión total de la obra en noviembre de 2019, debido a problemas en el terreno que comprometían su viabilidad. Durante 2020, el proyecto permaneció paralizado mientras se realizaban nuevos estudios, profundizando la incertidumbre en las comunidades de San Gil y municipios vecinos.El estancamiento prolongado llevó a que en julio de 2021 la Procuraduría General de la Nación interviniera, impulsada por las quejas ciudadanas ante la falta de avances. La entidad verificó atrasos significativos relacionados con fallas en la cimentación y con pagos pendientes a los contratistas.Aunque las obras se reanudaron en diciembre de 2020, el progreso siguió siendo lento. Solo hasta el 13 de agosto de 2023 se entregó la primera fase, consistente en la estructura en obra gris: dos pisos, cuatro bloques, cubiertas, muros, tanque de agua y conexión al alcantarillado municipal.Los problemas financieros también marcaron el camino. La segunda fase del proyecto, correspondiente a acabados y obras exteriores, pasó de un estimado inicial de $25.000 millones a $36.000 millones, impulsado por el aumento del costo de los materiales. En febrero de 2024, el Ministerio de Salud aseguró $45.000 millones, lo que dio un respiro, pero aún no garantizaba la culminación total.Mientras tanto, la comunidad seguía esperando un hospital que promete servicios esenciales como consulta externa, urgencias, cirugía, laboratorio, sala de partos y hospitalización, y que beneficiará directamente a más de 46.000 habitantes y, de forma ampliada, a más de 168.000 personas de la provincia Guanentá.La reciente aprobación del Conpes representa, según las autoridades, el paso definitivo para cerrar un capítulo lleno de tropiezos. El proyecto fue viabilizado y priorizado por el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, y hace parte de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, celebró la noticia en su cuenta de X: “Conpes aprueba la terminación del Hospital Regional de San Gil. La culminación de la infraestructura quedó respaldada tras la gestión técnica realizada por la Gobernación y el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud. Esta decisión garantiza mejores servicios especializados para más de 168.000 habitantes de la provincia Guanentá y asegura recursos para finalizar la obra entre 2026 y 2027. Gestión que fortalece la salud y la calidad de vida de nuestra gente.”Se espera que las obras en el Hospital Regional de San Gil por fin finalicen y que pueda ponerse en funcionamiento en el menor tiempo posible.
La ciénaga El Llanito, uno de los humedales más importantes de Barrancabermeja, volvió a encender las alarmas ambientales tras el hallazgo de un manatí antillano recién nacido sin vida. Con este caso, ya son 14 los ejemplares muertos en los últimos cinco años, una cifra que preocupa profundamente a autoridades, pescadores y organizaciones ambientales por tratarse de una especie en vía de extinción.El hallazgo se produjo en un sector que la comunidad había señalado como crítico por la degradación del agua. Minutos después, funcionarios de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) llegaron al punto para iniciar la atención de la emergencia y recopilar las primeras muestras ambientales.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que los riesgos que rodean a la ciénaga son múltiples y están ampliamente documentados.“Lamentablemente tenemos que decirlo: es la víctima número 14. Hemos identificado riesgos de contaminación por hidrocarburos, aguas residuales, desecación y sedimentación de humedales. Esto es una alarma muy grave porque se trata de una especie en vía de extinción”, explicó.Granados señaló que, según análisis recientes, la ciénaga ha perdido 300 de sus 1.375 hectáreas, una reducción que evidencia un avanzado proceso de sedimentación y la transformación acelerada del ecosistema. “Esto demuestra el deterioro del cuerpo hídrico y por eso estamos impulsando un acuerdo empresarial para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad”, añadió.La Alcaldía anunció que se realizarán estudios de calidad del agua, sedimentos y macrófitas en varios puntos del humedal, priorizando las zonas donde los pescadores han reportado mayor mortandad.Estos análisis buscan establecer si existen contaminantes o alteraciones que estén impactando la supervivencia de los manatíes, particularmente de las crías, que son más sensibles a cambios bruscos en el entorno.Para las comunidades locales, sin embargo, los anuncios deben venir acompañados de acciones de fondo. Líderes pescadores han insistido en la necesidad de recuperar el flujo natural del agua y tomar decisiones sobre el denominado “dique de verano”, una estructura cuya incidencia en la dinámica hídrica aún debe ser evaluada.Granados confirmó que se está planteando un estudio hidrobiológico e hidráulico para determinar el comportamiento del sistema hídrico de la ciénaga y establecer un corredor biológico que permita proteger a las especies nativas. “No hemos sido indiferentes. Estamos trabajando articuladamente con la Red de Varamientos y con los pescadores para mitigar el impacto”, afirmó.El municipio reiteró la invitación a las compañías que operan en la zona a sumarse a un acuerdo ambiental para reducir los impactos derivados de sus procesos productivos.“Las empresas que de alguna u otra forma han generado impacto ambiental deben unirse para resolver el problema de manera definitiva”, sostuvo el secretario.
Bucaramanga está lista para las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, 14 de diciembre, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde este viernes la Registraduría Nacional comenzó la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.¿Quiénes son los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga?Durante mes y medio, ocho ciudadanos estuvieron corriendo por ganarse la confianza y los votos de los bumangueses. Estos son los candidatos:Carlos Fernando Pérez: candidato avalado por el partido ADA. Fue contralor de Santander y señaló que busca continuar con el plan de gobierno aprobado por el Concejo para la vigencia actual.Juan Manuel González: candidato del partido Demócrata, es reconocido por ser periodista deportivo y exsenador. Él se identifica como candidato transparente e independiente.Cristian Portilla: tiene aval del Partido de la U y coaval Centro Democrático y Cambio Radical. Es abogado y exsecretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Su enfoque está centrado en la seguridad y continuidad del proyecto de la administración anterior.Jhan Carlos Alvernia: exconcejal, tiene el aval del Partido Liberal, sus propuestas están enfocadas en la seguridad y movilidad. Es empresario santandereano.Carlos Bueno Cadena: exdirector de Tránsito. Tiene el aval del partido Colombia Justa y Libres y coaval del partido Mira y Conservador.Rubén Morales Rey: tiene el aval del partido Unitarios, se desempeñó como juez laboral y tuvo relevancia en una denuncia que trabajó contra Rodolfo Hernández.Humberto Salazar García: es dirigente del Pacto Histórico, reconocido en la academia y el sector empresarial.Fabián Oviedo Pinzón: tiene el aval del Nuevo Liberalismo. Ha sido candidato por segunda vez y fue concejal de Bucaramanga.
La presión militar y diplomática ejercida por Estados Unidos sobre el régimen venezolano apunta a forzar la salida de Nicolás Maduro, quien perdió las elecciones del año pasado. Sin embargo, el verdadero desafío para el futuro de Venezuela no es la expulsión del líder, sino cómo manejar y desmantelar la estructura de poder construida durante décadas.Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y exdirector ejecutivo del departamento de asesoría jurídica del Ejército, señaló en una reciente entrevista que la situación en Venezuela es "extremadamente difícil para el pueblo" y que la campaña de presión de Estados Unidos busca "limpiar todo eso" para que el gobierno legítimamente elegido pueda establecerse.Superville calificó la salida de Maduro, ya sea voluntaria o por la fuerza, como "la parte más fácil". De hecho, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, preferiría que Maduro se dirija a Rusia (o Bielorrusia o Turquía) para evitar un conflicto armado directo, especialmente considerando la supuesta conversación entre Maduro y Vladimir Putin sobre un posible asilo en el Kremlin. Esta preferencia se alinea con la renovada Doctrina Monroe, que busca afirmar a Estados Unidos como la autoridad regional, mientras que Rusia y China se mantengan fuera.El coronel enfatizó que, a pesar de las declaraciones de apoyo, Rusia y China, a quienes el régimen de Maduro les debe grandes sumas de dinero, no tienen intención de involucrarse sustancialmente en los problemas de este hemisferio, especialmente por parte de un régimen que es "ilegítimo" a nivel mundial.Riesgo del vacío de poderEl experto sugiere que el nuevo gobierno deberá establecerse con apoyo internacional de vecinos como Colombia, Brasil y México, así como de las Naciones Unidas y Europa. Además, el nuevo gobierno debe negociar el uso de los recursos naturales, como el petróleo, de manera transparente, asegurando que el "beneficio principal quede con el pueblo venezolano".En el ámbito militar, Superville detalló que Estados Unidos no enviará infantería ni Marines. Para asegurar una transición ordenada y evitar el caos de Irak, se necesita el apoyo de ciertas unidades militares venezolanas, incluyendo personal de alto rango, que no hayan cometido violaciones de derechos humanos ni se hayan convertido en "chavistas en el sentido político". Estos militares deben estar listos para apoyar al gobierno legítimamente elegido y tomar el control físico del territorio.Escuche aquí la entrevista:
Organizaciones sociales denuncian que grupos armados están impidiendo la reparación de una red eléctrica que tiene sin luz a unos 15 mil habitantes del corregimiento en zona rural de El Bagre hace tres días. Exigieron un corredor humanitario para el ingreso de personal técnico de EPMConfrontaciones entre grupos armados y amenazas a la población civil no son los únicos dramas que en los últimos días han afectado a comunidades en zona rural del municipio de El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia. Ahora grupos ilegales estarían impidiendo el acceso al servicio de electricidad. Así lo denunció en las últimas horas la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, quien manifestó que una de estas estructuras ha impedido el acceso a personal técnico de EPM para reparar un daño en el sistema eléctrico en el corregimiento de Puerto López.La novedad se registra desde hace tres días y según la organización social afecta a unos 15 mil habitantes de 12 veredas: Las Negritas, Arenas Blancas, El Socorro, Villa, Monte Adentro, Bocas de Chicamoque, Cañaveral Chicamoque, El Valparaíso, Mina Nueva, Panamá 9, El Nueve y La Cristalina.Desde Cahucopana aseguraron que esta situación constituye una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulnera de manera grave la dignidad de la población civil por lo que exigieron a la Gobernación de Antioquia gestionar un corredor humanitario para facilitar el ingreso a la zona de los funcionarios de la empresa de servicios públicos.De igual manera, solicitaron a la Defensoría del Pueblo presencia en la zona y la activación de rutas de atención para la población afectada que también estaría siendo víctima de confinamiento.Según cifras de diferentes entidades sociales y humanitarias en el departamento, en lo corrido de 2025 se han registrado al menos nuevo eventos de confinamiento, concentrados principalmente en el Norte y Bajo Cauca del departamento.
La directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre los retrasos, irregularidades y presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal del Fondo, especialmente en los recursos destinados a la recuperación de La Mojana. La funcionaria calificó como “una vergüenza” la gestión realizada durante la administración encabezada por Carlos Carrillo, al señalar que, hay varios contratos con 0% de ejecución en recursos compretidos para la Mojana.Pese a contar con una asignación de 1,1 billones de pesos para la intervención integral en la Mojana, la ejecución apenas alcanza el 3%.Según Rodríguez, de los recursos asignados, se han comprometido 170.000 millones de pesos, se han pagado 30.000 millones y permanecen disponibles 930.000 millones. Sin embargo, al menos tres proyectos ,la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica, presentan 0% de ejecución. La funcionaria advirtió riesgos de colapso financiero, incumplimientos contractuales y posibles fallas de transparencia.Agregó que los contratos sin avance no han producido insumos relevantes para los diseños técnicos que permitirían avanzar en la solución definitiva.Otro punto crítico identificado por la gerente (e) fue el cambio de sede del Fondo Adaptación, ejecutado bajo la dirección de Carrillo, que incrementó en 195% los costos asociados. La oficina trasladada quedó ubicada cerca de las instalaciones de la UNGRD “Hay algo importante y es que no hay una justificación real para ese movimiento en términos técnicos ni presupuestales. ¿Y por qué? Porque encontré que el cambio de sede generó en la entidad un incremento del 195% del valor que estábamos pagando. Entonces pasó de 95 millones de pesos mensuales, a pagar 214 millones de pesos mensuales”.Las alertas también se extendieron a proyectos relacionados con las obras del Fenómeno de La Niña 2010-2011. Rodríguez informó que existen 181 procesos judiciales en curso, y que 21 intervenciones hacen parte del listado de obras inconclusas monitoreadas por la Contraloría General, mientras que otras 40 están en proceso de ingreso al inventario de pendientes.Entre las irregularidades recurrentes señaladas se identificó inversiones priorizadas en obras que resultaron no funcionales o inconclusas, como el centro de salud de La Tola, Nariño, y las urbanizaciones Brisas del Pacífico Guapi, Cauca, y La Morenita Toledo, Norte de Santander, varias de ellas sin condiciones mínimas de habitabilidad, incluyendo ausencia de servicios públicos y acabados.De cara al año 2025, la ejecución del Fondo Adaptación solo alcanza el 47% de las metas programadas. Esta baja ejecución expone al Fondo al riesgo de tener que reintegrar 378.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda como sanción por falta de gestión.
En Colombia, el arriendo se ha convertido en uno de los gastos más determinantes para el presupuesto familiar. Con más del 40% de los hogares viviendo en alquiler, según cifras del sector, cualquier variación en el canon impacta de inmediato la economía doméstica. Esa es la razón por la que cada cierre de año aumenta la expectativa por conocer el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que define legalmente cuánto podrán subir los arriendos en el país.De cara al 2026, los pronósticos ya comienzan a perfilar el panorama y anticipan un nuevo ajuste que, si bien no sería drástico, sí obligará a los inquilinos a preparar su bolsillo.Proyecciones de inflación: ¿qué dicen los expertos?El Banco de la República estima que la inflación de 2025 podría cerrar alrededor del 5,1%, mientras que analistas privados elevan esa proyección hasta 5,5%. Ambas cifras mantienen una tendencia relativamente estable frente al 5,2% registrado al cierre de 2024.Este comportamiento es clave porque, según la Ley 820 de 2003, el canon de arriendo de vivienda urbana solo puede incrementarse una vez al año y hasta el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.¿Cuánto subirían los arriendos en 2026?Si las proyecciones se cumplen, los incrementos serían los siguientes:Si el IPC cierra en 5,1%: un arriendo de $1.500.000 aumentaría $76.500, quedando en $1.576.500.Si el IPC llega a 5,5%: el mismo canon subiría $82.000, alcanzando $1.582.000.Aunque la diferencia parece leve, para millones de hogares este ajuste representa un gasto adicional significativo en medio de un mercado donde el arriendo suele ser el rubro más alto del presupuesto mensual.Para Karina Tatiana Reyes, expresidenta de la Junta de Fedelonjas y gerente de Inmobiliaria Esteban Ríos, gran parte de los problemas entre propietarios e inquilinos se deben al desconocimiento de las normas que rigen los contratos.Entre los puntos clave que recuerda la experta están:El incremento no puede superar el IPC del año anterior.El canon no puede exceder el 1% del avalúo comercial del inmueble (solo para contratos firmados desde 2003).Los depósitos como garantía están prohibidos.Las obligaciones adicionales —como administración o servicios públicos— también pueden generar causales de terminación si hay incumplimiento.Los contratos verbales son válidos, pero difíciles de demostrar en un proceso legal.Según Reyes, el 70% de los conflictos surge de contratos mal elaborados o acuerdos verbales, lo que demuestra la importancia de revisar detalladamente cada cláusula antes de firmar.¿Y qué pasa con los locales, oficinas y consultorios?El panorama es distinto cuando se trata de inmuebles comerciales. En este caso, el Código de Comercio permite que las partes definan libremente:El valor del canonLa fórmula de actualizaciónLa duración del contratoSin embargo, quienes ocupan un local por más de dos años podrían obtener el derecho a renovación automática, salvo excepciones justificadas por el propietario, como incumplimientos o necesidades propias del inmueble.
El sector turístico podría entrar en una nueva etapa tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modifica las obligaciones para quienes ofrecen y comercializan alojamientos temporales a través de plataformas digitales. Gremios tecnológicos y operadores del sector, tras conocerse la noticia, advierten impactos para miles de propietarios y emprendedores que dependen de estos servicios.Las nuevas disposiciones no solo se aplican a alojadores, sino también a las plataformas que permiten la reserva, el pago y la difusión de servicios turísticos. Según el documento en discusión, todas las aplicaciones y páginas dedicadas a este tipo de oferta deberán cumplir con una serie de requisitos adicionales para poder operar en el país desde el próximo 18 de diciembre.¿Cuáles serían los nuevos requisitos que tendría que cumplir arrendadores en Airbnb?De acuerdo con el texto preliminar, las plataformas deberán retirar publicaciones cuando el anfitrión o empresa no cuente con Registro Nacional de Turismo (RNT), interconectarse con los sistemas del Ministerio de Comercio y realizar revisiones semestrales del estado de cada registro. Además, se les exige garantizar que los inmuebles cumplan condiciones como el uso del suelo permitido para alojamiento temporal y requisitos incluidos en los reglamentos de propiedad horizontal.Estos elementos implican cambios en el funcionamiento del RNT. La Cámara Colombiana de Informática y Comunicaciones (CCIT) explica que el modelo, que hasta ahora operaba bajo un sistema declarativo, pasaría a un esquema de “preverificación” administrativa. Para el gremio, esto equivaldría a la creación de una “licencia de facto” para poder prestar servicios turísticos.¿Cuál es el riesgo de imponer nuevos requisitos?La CCIT advirtió que la propuesta impone condiciones que no están contempladas en la Ley 2068 de 2020 y que trasladan a las empresas tecnológicas obligaciones que corresponden al Estado. Según el gremio, las plataformas tendrían que revisar periódicamente la validez del RNT, evitar duplicidad de anuncios y operar con sistemas gubernamentales que aún no existen.En su análisis, la entidad señaló que la carga documental y técnica sería de “imposible cumplimiento”, lo que afectaría a propietarios de viviendas turísticas no hoteleras y a emprendedores que dependen del alquiler temporal para generar ingresos.En otras palabras, esto podría entorpecer la operación de plataformas como Airbnb en Colombia, debido a la imposibilidad de cumplir con las nuevas exigencias en tan corto tiempo.El presidente de la CCIT, Alberto Samuel Yohai, afirmó que las plataformas de alojamiento temporal tienen un rol determinante en el turismo nacional:“Las plataformas de turismo generan más de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país”, indicó.Yohai también resaltó que este modelo dinamiza economías locales, impulsa actividades como el ecoturismo y el agroturismo y beneficia directamente a las comunidades que reciben viajeros. Según cifras presentadas por la CCIT, por cada 10 dólares invertidos en hospedajes gestionados por aplicaciones, el turista termina generando 48 dólares adicionales en sectores como gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento.
Bucaramanga vivirá este fin de semana un ambiente electoral inusual. Con motivo de las elecciones atípicas para elegir alcalde este domingo 14 de diciembre, la Alcaldía decretó Ley Seca y una batería de medidas de seguridad que regirán desde las 6:00 p.m. del sábado 13 hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.El Decreto 0872 del 11 de diciembre de 2025, firmado por el alcalde designado Javier Augusto Sarmiento Olarte, establece la prohibición total de venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares privados que trasciendan a lo público. La medida busca, según explicó el mandatario, “garantizar una jornada tranquila, ordenada y libre de alteraciones al orden público”.Además de la Ley Seca, la administración municipal dispuso otras limitaciones orientadas a prevenir incidentes:Prohibido el transporte y disposición de escombros en vías públicas y predios privados.Restringida la circulación de vehículos que transporten mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas.Suspensión del porte de armas, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Nacional 1556 de 2024.La Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y demás autoridades municipales serán las responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas y aplicar los correctivos necesarios.Durante el comité de seguimiento electoral realizado esta semana, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se han detectado amenazas que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios. Sin embargo, confirmó que habrá vigilancia constante por parte de la Policía y las Fuerzas Militares en todos los puntos de votación.Asimismo, este viernes 12 de diciembre se instalará la octava mesa de seguimiento electoral, con la participación del Ministerio del Interior y los organismos de control. Paralelamente, funcionarán el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y el departamental, desde donde se hará monitoreo permanente a la jornada.Cabe recordar que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde tempranas horas de la mañana, de este sábado 13 de diciembre, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:“Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará por primera vez en Bucaramanga un piloto de autenticación biométrica con reconocimiento facial en cinco puestos de votación durante las elecciones atípicas. Así lo confirmó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, quien destacó que esta prueba busca fortalecer la seguridad del proceso democrático en una de las ciudades con mayor censo electoral del país.“Es un piloto importantísimo que el señor registrador nacional, Hernán Penagos, ha decidido hacer en Bucaramanga. Ustedes van a ver la biometría no dactilar, sino facial, que corresponde a la autenticación. No se toma una nueva fotografía; las fotos ya las tiene la Registraduría. El sistema identifica puntos característicos del rostro y los compara con la imagen registrada previamente”, explicó Suárez.El funcionario señaló que este mecanismo permitirá verificar la identidad de los votantes de manera más ágil y confiable. “Tenemos una innovación para las elecciones atípicas en la ciudad y es la autenticación biométrica en cinco puestos de votación”, agregó.Los puntos habilitados para el piloto de reconocimiento facial son:Institución Educativa José Celestino Mutis: 39 mesas – censo electoral de 15.299 votantesColegio Adventista Libertad: 35 mesas – 13.670 votantesFranciscano del Virrey Solís: 35 mesas – 13.499 votantesUniversidad Cooperativa de Colombia: 34 mesas – 13.218 votantesColegio La Presentación: 16 mesas – 5.936 votantesLa Registraduría reiteró que la implementación de esta tecnología no implica toma de nuevas fotografías, sino el uso de la base de datos ya existente para garantizar la autenticación de los ciudadanos.En Bucaramanga hay 531.239 ciudadanos habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.
Bucaramanga avanza a toda marcha en la organización de las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde tempranas horas de la mañana, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:“Para estas elecciones tenemos un censo electoral de 531.239 ciudadanos habilitados para votar. Tenemos 10.070 jurados de votación, en los 88 puestos de votación vamos a tener 1.391 mesas. Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.Paralelo a la logística electoral, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la disponibilidad de 4.000 uniformados para garantizar la seguridad en los puestos de votación y en los diferentes corredores de la ciudad durante la jornada, que se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Un video que circula en Barrancabermeja encendió las alertas entre los organismos de seguridad y de derechos humanos. En las imágenes aparecen varios hombres armados que, identificándose como presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lanzan amenazas directas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias de la ciudad.El grupo se presenta como parte del “Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia” y, leyendo un comunicado, declara como “objetivo militar” a un listado de personas y asociaciones.En el video, el supuesto vocero del grupo afirma que las amenazas obedecen a “irregularidades que vienen presentando algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, una justificación que de inmediato generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos, así como en la administración del ‘Puerto Petrolero’.Ante la circulación del material, Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, confirmó que ya tiene conocimiento del video y que activó los protocolos de verificación junto con las autoridades policiales. “Se solicitó a la Policía adelantar las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y origen”, indicó Ramírez.Las autoridades señalaron que se está realizando un análisis detallado del contenido, la puesta en escena y la posible ubicación donde habría sido grabado, con el objetivo de determinar si corresponde a un grupo real con presencia en la región o si se trata de un montaje con fines intimidatorios.Mientras tanto, los líderes sociales han pedido garantías de seguridad y acompañamiento institucional, pues aseguran que este tipo de amenazas generan un ambiente de zozobra que afecta directamente su labor comunitaria.Como respuesta, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja expresó: “Inmediatamente hemos hecho el acompañamiento a cada una de estas organizaciones y ciudadanos nombrados allí", indicó. Además, se ha dispuesto de un espacio, una reunión interinstitucional con cada uno de los involucrados, y en conjunto con nuestra Policía Nacional, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital estaremos trabajando de la mano, para que todas las personas que tengan algún tipo de riesgo puedan realmente tener la confianza en que las autoridades van a actuar para acompañarlos”.
La Corte Constitucional lanzó un severo llamado de atención y ordenó la adopción de medidas sanitarias inmediatas en los centros carcelarios y de detención transitoria de Santander y Antioquia, luego de confirmar brotes de tuberculosis que, según el alto tribunal, representan un riesgo inminente para la salud pública y una vulneración grave de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.En un comunicado, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario calificó como “inadmisible” que las autoridades continúen realizando traslados entre establecimientos sin verificar condiciones mínimas de salubridad ni realizar tamizajes clínicos previos.“Resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, las autoridades continúen trasladando personas sin garantizar las medidas sanitarias mínimas que cualquier ser humano merece”, advirtió la Corte.Por esta razón, las alcaldías de Medellín y Bucaramanga deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un paquete de acciones urgentes para “proteger la vida y la salud” de quienes permanecen en Centros de Detención Transitoria. Las medidas deben regirse por los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis e incluir:Implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho.Establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas.Asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado.Practicar pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, garantizando su atención y, de ser necesario, reubicación temporal.Abstenerse de efectuar traslados inter-establecimientos sin tamizaje previo, certificación de no contagiosidad o, en su defecto, traslado sanitario con las medidas de aislamiento respiratorio pertinentes.Garantizar las remisiones hospitalarias urgentes, cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.Adicionalmente, el Inpec y la Uspec deberán ejecutar un plan sanitario integral para contener, diagnosticar y tratar el brote de tuberculosis en los establecimientos nacionales ubicados en Antioquia y Santander, especialmente entre internos que han sido trasladados recientemente desde estaciones de Policía y URI.El alto tribunal también encomendó al Ministerio de Salud prestar asistencia técnica urgente a las entidades territoriales e, incluso, emitir nuevos lineamientos epidemiológicos si la situación lo requiere. Además, deberá consolidar la información nacional sobre casos confirmados y entregar un informe formal sobre las acciones adelantadas.
En una operación conjunta entre la Policía del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Ibagué, Tolima, a alias “Enfermera” o “Sofía”, presunta cabecilla de zona del Clan del Golfo en el municipio de San Pablo, Bolívar.La mujer, con una trayectoria de al menos dos años dentro de la estructura criminal, era buscada por el delito de concierto para delinquir agravado. Su captura se materializó mediante orden judicial en un operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional.Según la investigación, alias “Enfermera” tenía un rol clave dentro del andamiaje financiero y logístico del Clan del Golfo en esa región. Era la encargada del pago de la nómina a los integrantes del grupo armado con presencia en San Pablo y recibía reportes sobre las actividades criminales que iban a ejecutarse.Además, coordinaba la atención médica para los miembros heridos en confrontaciones con otros grupos armados, incluido el suministro de medicamentos.La capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.
Durante su visita a Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, confirmó una inversión de $66.780 millones para el Hospital Universitario de Santander (HUS), destinados a modernizar equipos, mejorar áreas críticas y avanzar en la formalización laboral. Además, anunció que el Gobierno Nacional entregará otros $30.000 millones al centro asistencial por la atención prestada a población migrante, siempre que la Gobernación de Santander audite estos servicios antes del 15 de diciembre.El ministro detalló que $21.000 millones serán para la adquisición de un nuevo acelerador lineal, un equipo indispensable para el tratamiento de pacientes oncológicos. Otros $12.000 millones se destinarán a la recuperación total de los servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, áreas que, según Jaramillo, han sido cerradas por clínicas privadas al no resultar “rentables”, pero que el hospital público debe garantizar.Los $33.780 millones restantes permitirán avanzar en la formalización del personal de salud. “Dicen que no hay plata para formalizar a los trabajadores, pues vamos a entregar estos recursos para que se haga”, afirmó el jefe de la cartera de Salud.Por su parte, el gerente del HUS, Ricardo Hoyos, agradeció los recursos y explicó que estas inversiones permitirán fortalecer la atención en tres frentes fundamentales. Señaló que la adquisición del acelerador lineal renovará un equipo que tiene 25 años en funcionamiento, pese a ser considerado una fortaleza del hospital durante la reciente visita de Icontec para la revalidación de la acreditación.Sobre la inversión en ginecobstetricia y pediatría, Hoyos destacó que el HUS pasó de atender en promedio 30 partos mensuales a 250, debido al cierre de servicios privados en el departamento. “Mientras los privados cierran, nosotros estamos ampliando y abriendo servicios para garantizar la atención”, sostuvo.Finalmente, el gerente recordó que el HUS ha atendido población migrante desde 2015, acumulando una deuda cercana a $105.000 millones reconocida por el Ministerio de Salud. Los $30.000 millones adicionales anunciados por Jaramillo contribuirán a aliviar esa carga financiera, siempre que la Gobernación valide los servicios prestados en los próximos días.
Ya se cumplen tres semanas desde el colapso de la Transversal del Carare por una falla geológica en el municipio de Vélez, Santander, que dejó la carretera totalmente intransitable. El panorama es crítico: el corredor, que comunica a Barbosa con el Magdalena Medio, presenta grietas de hasta 15 metros de profundidad.Ante la emergencia y la ausencia de una solución inmediata, campesinos de Vélez y municipios vecinos iniciaron por su cuenta trabajos para habilitar una vía provisional en este importante corredor vial del sur de Santander.“Los dueños de algunos predios han estado dispuestos a colaborar para que la máquina cruce y se pueda habilitar una vía provisional, mientras el Estado y las autoridades competentes llegan a ponerle mano y organizar la vía nueva”, explicó Feliciano Mendoza, uno de los habitantes que participa en las labores.La crisis también ha golpeado la economía rural. Los productores denuncian millonarias pérdidas por la imposibilidad de transportar sus cosechas. “A mí se me perdieron 500 libras de mora que no se pudieron comercializar; esto se recoge dos veces a la semana”, contó Miguel Antonio Pinzón, uno de los campesinos afectados.La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director encargado del Invías, Jhon Jairo González, adoptar medidas urgentes para atender la grave crisis de movilidad que enfrenta Santander debido al deterioro de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.En una carta enviada a los funcionarios, la SSI advierte que la falta de capacidad de la vía nacional entre Bucaramanga y el centro del país, sumada a recientes movimientos de coluviones en sectores como La Charca (Oiba) y entre La Hélida y Bajo Jordán, mantiene a Santander “desconectado del resto del país”, con afectaciones a la seguridad vial, el abastecimiento y la dinámica económica del sur del departamento.
Entró en funcionamiento un nuevo parque solar ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, desarrollado con participación de Erco Energía, Andina Solar y Climate Fund Managers (CFM). Se trata del primer proyecto de este fondo en operación comercial en América Latina.El sistema cuenta con una capacidad instalada de 19,9 MW y produce más de 43 GWh anuales, energía equivalente al consumo de más de 32.000 personas. Su operación permite una reducción aproximada de 13.000 toneladas de CO₂ por año y contribuye a diversificar una matriz energética nacional históricamente dependiente de fuentes hídricas.El proyecto se estructuró bajo un modelo de financiación combinada, en el que se integran recursos públicos internacionales —incluidos fondos europeos— y capital privado para promover inversiones en energías renovables. En este esquema participan CFM como inversionista, Erco Energía como desarrollador local y la Unión Europea como cofinanciadora.Durante su construcción se generaron 270 empleos directos, con una participación del 64 % de mano de obra local y un 30 % de mujeres. Además, se adelanta un Programa de Desarrollo Comunitario por USD 125.000 que beneficia a habitantes de varias veredas de La Esperanza mediante iniciativas en infraestructura, liderazgo, equidad de género, deporte y emprendimiento rural.Con su entrada en operación, el proyecto aumenta la capacidad de generación solar instalada en el país y se suma a los desarrollos que buscan ampliar la presencia de fuentes no convencionales dentro del sistema energético colombiano.
En la vereda La Vega, sector norte de Bucaramanga, la Policía capturó a Josmar Andrés García, alias ‘Arenitas’ o ‘Andrés Búcaros’, quien tenía orden vigente por homicidio y concierto para delinquir, además de una circular azul de Interpol. García es señalado de pertenecer a la banda ‘Los Bucaros’.Durante el procedimiento también fue capturado Luis Felipe Carreño, también según las autoridades integrante de ‘Los Bucaros’. A los dos hombres les incautaron una pistola, siete cartuchos calibre 9 mm, dos celulares, una motocicleta y 4.107 gramos de marihuana, que estarían destinados al expendio en la zona. La motocicleta habría sido empleada para facilitar actividades delictivas.De acuerdo con el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana, “alias ‘Arenitas’ sería el cabecilla principal de ‘Los Búcaros’ y se ocultaba en Bucaramanga mientras huía de las autoridades por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Barrancabermeja. Las investigaciones señalan que el capturado tendría además vínculos con los grupos criminales Los del Sur y el Tren de Aragua, articulando acciones relacionadas con asesinatos y control de expendios de estupefacientes en la capital santandereana”, explicó el oficial.Los dos detenidos, junto con el arma, la droga y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.
La Electrificadora de Santander (ESSA) lanzó una advertencia urgente a las autoridades y a la comunidad por la construcción de vías alternas, que según la empresa, no están autorizadas en la vereda Zarandas, en Vélez, donde se encuentra la variante provisional de la línea de transmisión Barbosa–Cimitarra de 115.000 voltios.Según la entidad, estas intervenciones ponen en riesgo la integridad de las estructuras de emergencia que fueron instaladas tras la contingencia ocurrida el 30 de octubre de 2025, cuando un movimiento en masa en la vía Vélez–Landázuri afectó la línea de alta tensión y dejó sin servicio de energía a miles de usuarios de la región.“Para garantizar la continuidad del suministro, ESSA construyó una ruta provisional de dos kilómetros, puesta en operación el 8 de noviembre, que hoy abastece de energía a cerca de 30.000 clientes en Cimitarra, Landázuri, Puerto Araujo y Puerto Parra”, explicó la ESSA en un comunicado.Sin embargo, destaca que “en las últimas semanas se han detectado intervenciones no técnicas realizadas por algunos habitantes, como remoción de tierra, modificación de taludes, apertura de pasos vehiculares y alteración de drenajes en zonas cercanas a templetes y anclajes que sostienen las estructuras eléctricas”.ESSA señala que estas acciones podrían generar graves consecuencias en la vida de quienes realizan los trabajos, afectación del servicio y dificultades en caso de nuevas emergencias.Ante esta situación, la empresa solicitó el apoyo de las alcaldías, la Gobernación de Santander, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD para implementar acciones conjuntas de control, ordenamiento del uso del suelo, acompañamiento técnico y socialización con las comunidades.ESSA hizo un llamado urgente a los habitantes para abstenerse de realizar obras o excavaciones en zonas de servidumbre eléctrica y acatar las recomendaciones de seguridad, con el fin de proteger tanto la infraestructura como la continuidad del servicio.
La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó la reapertura y continuidad de los servicios de la Unidad Clínica La Magdalena para los usuarios afiliados a la Nueva EPS, así como la atención para pacientes de Salud Total y Sanitas. La decisión representa un alivio para miles de familias del Magdalena Medio que, durante las últimas semanas, habían manifestado preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en el país.Según informó Alcaldía, el restablecimiento de los servicios constituye un avance significativo para más de 124.000 afiliados de Nueva EPS en Barrancabermeja, entre ellos 62.345 del régimen subsidiado y la misma cifra del régimen contributivo, quienes dependen de la atención que ofrece este centro asistencial.“La Unidad Clínica La Magdalena ha anunciado la reapertura y continuidad de sus servicios (…) Esto constituye un avance significativo para las familias barranqueñas”, señaló la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado, en el que además destacó el esfuerzo de la institución, su talento humano y el respaldo del Holding Empresarial Cayena Azul.El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, celebró el acuerdo logrado entre la Nueva EPS y la IPS.“Nos encontramos complacidos con el acuerdo (…) La Clínica La Magdalena es importante para nosotros por la integralidad de sus servicios, a donde pueden acceder todos los usuarios que pertenecen a diversas EPS, en este caso la Nueva EPS”, afirmó.El funcionario reiteró que en el municipio hay 62.345 usuarios de Nueva EPS en el régimen subsidiado y 62.345 en el contributivo, quienes se verán beneficiados con esta decisión.La Alcaldía aseguró que continuará acompañando a las instituciones públicas y privadas del sector salud mediante mesas técnicas, espacios de articulación y comités de seguimiento para garantizar la calidad y continuidad en la atención.
Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, dejó a varias personas heridas en la carrera 27 con avenida González Valencia, en Bucaramanga. Las autoridades investigan si el conductor de una camioneta involucrada en los hechos manejaba en estado de embriaguez.Según testigos, el incidente comenzó a la altura de la calle 48, donde el conductor arrolló inicialmente a dos motociclistas. En medio del caos, otro motociclista inició la persecución del vehículo para intentar detenerlo. Sin embargo, durante su huida, el conductor embistió nuevamente a una vendedora ambulante en la intersección de la carrera 27 con calle 48, quien permanece en delicado estado de salud.Testigos aseguraron que dentro del vehículo fueron encontradas varias botellas de licor, lo que reforzaría la hipótesis de que el responsable conducía bajo los efectos del alcohol.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la verificación del estado de embriaguez del conductor.
La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora durante esta temporada aumentó a 18. Del total de casos, siete corresponden a menores de edad y once a adultos.El secretario de Salud departamental, Edwin Prada Ramírez, informó que los eventos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.Las autoridades manifestaron especial preocupación por el estado de salud de los siete menores lesionados. Además de las quemaduras, han presentado amputaciones de dedos y daños oculares, lo que evidencia la gravedad de los accidentes registrados en los primeros días de la temporada decembrina.La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores y a toda la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y buscar alternativas seguras de celebración. Asimismo, las autoridades anunciaron que reforzarán las acciones de prevención en los municipios con mayor incidencia para evitar que esta cifra continúe en aumento.
La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso de pólvora en el departamento aumentó a 12 casos, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad y ocho a adultos.De acuerdo con el balance entregado por el secretario de Salud, Edwin Prada Ramírez, los casos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia y prevención.“En el periodo de intensificación por las festividades de fin de año ya se han reportado doce casos de personas lesionadas con pólvora, y lo más preocupante es que cuatro de ellos son niños”, advirtió el funcionario, al señalar que varios de los afectados han sufrido lesiones de consideración.Entre los lesionados se registran casos de amputación de dedos de la mano, quemaduras de primer y segundo grado y una laceración en la córnea, lo que ha requerido atención médica especializada. Según la Secretaría de Salud, algunos pacientes han necesitado manejo hospitalario debido a la gravedad de las heridas.Uno de los casos más sonados ocurrió en Piedecuesta, donde un niño de 13 años sufrió una delicada lesión ocular mientras manipulaba pólvora tipo mini volador. El estallido le causó una exposición directa en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio.Prada Ramírez reiteró el llamado a la comunidad para evitar el uso de pólvora durante las celebraciones de Navidad, fin de año y el Puente de Reyes. “Estas lesiones no solo afectan a quien manipula la pólvora, también pueden causar daños a terceros y dejar secuelas de por vida”, afirmó.Las autoridades de salud insistieron especialmente en la corresponsabilidad de los padres de familia y recordaron que la manipulación de pólvora por parte de menores está prohibida. El objetivo, señalaron, es evitar que la cifra de quemados siga en aumento durante la temporada decembrina.