Las autoridades civiles del oriente del país prendieron las alarmas ante un eventual incremento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, como consecuencia de las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que la Administración Municipal está convocando a una reunión extraordinaria con la Gobernación de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de definir un plan regional de contingencia que permita atender un posible éxodo.Según Sarmiento, aunque no se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos venezolanos ingresando a la ciudad, sí se están adelantando monitoreos permanentes en los principales puntos de acceso. Uno de ellos es el sector del Parque del Agua, por donde tradicionalmente se movilizan caminantes y familias migrantes que llegan desde la frontera.“Éxodo migratorio de población venezolana y de connacionales colombianos que, si se llega a desatar alguna confrontación u operación en Venezuela, puedan llegar a Colombia. De esta manera, la decisión que hemos adoptado con el señor gobernador es solicitar a nuestros homólogos de Norte de Santander y Cúcuta una cumbre del Gran Santander para tomar medidas anticipativas”, afirmó el mandatario local.La Administración Municipal señaló que el objetivo es alistar protocolos de atención humanitaria, transporte, albergue temporal y articulación con Migración Colombia, ante cualquier eventualidad que pueda generar un incremento en el tránsito de personas por esta zona del país.Aunque por ahora la situación es estable, las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de manera permanente. La cumbre regional se realizaría en los próximos días y buscará unificar criterios frente a la capacidad de respuesta del territorio, considerando que el Gran Santander ha sido históricamente la principal puerta de entrada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia.
El Concejo de Bucaramanga le apuesta a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad, una propuesta que busca fortalecer la capacidad institucional de la ciudad frente al aumento de hechos violentos y las deficiencias actuales en materia de control y prevención del delito.El concejal Cristian Reyes, uno de los principales impulsores de la iniciativa, afirmó que la ciudad no puede seguir dependiendo exclusivamente de debates de control político, sino que requiere acciones concretas para garantizar el orden y proteger a los ciudadanos.El avance del proyecto se da en medio de la preocupación por recientes episodios de violencia, incluido, el asesinato de un intendente jefe de la Policía Fredy Leal durante un atraco en una joyería ubicada en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.“Lamentamos mucho la pérdida de la vida de nuestro intendente jefe, nuestro héroe, que puso por delante su vida para salvaguardar la de los demás, la de los visitantes. Escenas casi que de terror estamos viviendo en algunos sectores, como la situación que vimos el fin de semana. En esto, como concejales, hemos hecho varios debates, pero no nos podemos quedar solamente en el control político, sino debemos avanzar en acciones para tener orden y fortalecimiento de la autoridad en la ciudad”, expresó.Reyes señaló que la actual Secretaría del Interior, encargada de múltiples funciones como la gestión del espacio público, no tiene la capacidad operativa para asumir de manera exclusiva la coordinación de políticas de seguridad. Por ello, el nuevo despacho estaría liderado por un experto en seguridad urbana “ojalá un militar retirado” dijo, con la tarea de articular esfuerzos con la Policía, los organismos investigativos y los frentes de seguridad ciudadanos.“En el Concejo de la ciudad estamos abarcando un proyecto para crear la Secretaría de Seguridad, donde buscamos fortalecer esta área con una persona experta en temas de seguridad urbana, con el fin de poder invertir más recursos”, acotó.Paralelo a esta propuesta, el Concejo ya aprobó en primer debate el Fondo de Seguridad, que pretende eliminar trámites y agilizar el manejo de los recursos destinados a tecnología, equipos y operativos de reacción. Entre las prioridades están la modernización del sistema de cámaras de vigilancia, del cual cerca del 30% permanece fuera de servicio, y la dotación de motocicletas, chalecos y herramientas operativas para los grupos de intervención.“Es justo y necesario hablar sobre la tecnología que hay que implementar en las cámaras de seguridad. Es una crítica que siempre hemos hecho: tenemos aproximadamente 600 cámaras, de las cuales siempre un 20 o 30% están fuera de funcionamiento. Es una acción importante, y frente a los hechos de seguridad y violencia recientes, es fundamental mejorar esto”, expresó el concejal.Aunque la iniciativa avanza, los concejales revisan los alcances legales del proceso ante las restricciones de la Ley de Garantías. Sin embargo, la corporación mantiene su disposición a sacar adelante el proyecto y asegurar que, en el presupuesto de 2026, se asignen los recursos necesarios para su implementación.Reyes también criticó la falta de apoyo del Gobierno Nacional para la creación del Centro Estratégico de Gestión en Seguridad (CEGES), un proyecto regional que se estancó pese a que Bucaramanga y otras entidades locales ya habían destinado recursos. “Santander tiene un bloqueo por parte del Gobierno que no entrega los recursos”, afirmó.Con el avance de este nuevo despacho, el Concejo espera que Bucaramanga cuente, por primera vez, con una estructura robusta y especializada para enfrentar la criminalidad y mejorar las condiciones de seguridad en todos los barrios de la ciudad.
Un nuevo hecho de inseguridad estremeció el sector comercial de Barrancabermeja, luego de que se registrara un atraco a mano armada en una sucursal del Banco de Occidente ubicada en la calle 50 con carrera 10. El violento episodio dejó impactados a varios usuarios que se encontraban dentro de la entidad realizando diligencias bancarias.Según versiones preliminares entregadas por testigos y autoridades, dos hombres habrían participado en el hurto. Uno de ellos permaneció afuera del establecimiento a bordo de una motocicleta, en actitud vigilante, mientras su cómplice ingresó al banco portando un arma de fuego.De acuerdo con personas que presenciaron la escena, el hombre armado estuvo varios minutos dentro de la entidad. Aunque no se conocen detalles del intercambio con los funcionarios bancarios, se sabe que salió rápidamente del lugar para huir junto con el conductor de la motocicleta, con rumbo desconocido.En el momento del atraco, usuarios que aguardaban para ser atendidos entraron en estado de nerviosismo y angustia debido a la presencia del delincuente armado. Varios de ellos requirieron atención por parte del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, que llegó al sitio minutos después para brindar asistencia ante posibles episodios de crisis nerviosa.Por ahora, la Policía del Magdalena Medio adelanta la investigación correspondiente. Unidades de Policía Judicial y de vigilancia analizan cuidadosamente las cámaras de seguridad tanto de la entidad bancaria como del sector, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape y así poder identificar plenamente a los presuntos ladrones.Hasta el momento, no se ha establecido con claridad la suma de dinero sustraída durante el robo, pues la entidad bancaria se encuentra realizando las verificaciones internas correspondientes.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita avanzar en la identificación de los autores del hecho y reforzaron la presencia policial en la zona, teniendo en cuenta que este tipo de robos ha generado creciente preocupación entre comerciantes y clientes del sector financiero en el ‘Puerto Petrolero’.
En entrevista con Blu Radio, el ingeniero Carlos Bueno, candidato en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El exdirector de Tránsito destacó que su plan se fundamenta en su experiencia profesional en Latinoamérica y en el conocimiento de la ciudad “recorrida mañana, tarde y noche”.Educación: el eje de su apuesta socialBueno aseguró que su prioridad será el norte de Bucaramanga, donde propone la creación del Campus Nido -Innovación, Desarrollo y Oportunidades-, un proyecto educativo que atendería a más de 1.000 niños cada año.“El campus permitirá que los jóvenes salgan bilingües, expertos en tecnología, programación e inteligencia artificial, con una empleabilidad cercana al 100%. En un año podríamos transformar su futuro y el de sus familias”, explicó el candidato.Movilidad e infraestructura: destrabar obras y modernizar corredoresAl ser consultado sobre qué se puede lograr en solo dos años de administración, Bueno planteó un paquete de proyectos urbanos que incluyen:Formalización masiva de predios: “Queremos que las familias tengan la escritura cero y sientan verdaderamente su casa como propia”.Destrabe de obras críticas: iniciando por la vía La Virgen – La Cemento, puerta de entrada al norte.Adecuación total del Bulevar Bolívar para mejorar la movilidad.Semaforización inteligente en la carrera 27, que permitiría implementar una “ola verde” automatizada. “Ya lo hicimos de forma manual cuando dirigí Tránsito; ahora queremos hacerlo con tecnología”.Intercambiador en la calle 56 con carrera 27 y descongestión del par vial de la 54, con el fin de ofrecer alternativas reales a la saturada calle 56.Relación con el Gobierno Nacional: trabajo conjunto con la GobernaciónFrente a las dificultades para gestionar recursos con un presupuesto 2026 ya comprometido en un 75%, y ante las tensiones entre el Gobierno Nacional y la región, Bueno aseguró que una de sus estrategias será fortalecer la coordinación con la Gobernación de Santander.“Antes de mirar tan lejos, debemos mirar al edificio frente a la Alcaldía. Con la Gobernación podemos sacar adelante la vía La Virgen – La Cemento”, dijo.En materia de transporte masivo, reveló que desde hace cinco meses trabaja con transportadores locales para estructurar un nuevo modelo de buses, con mejores estándares de calidad y participación de la industria regional.Seguridad: presencia en las calles y apoyo de la reserva activaTras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de la ciudad, la seguridad se convirtió en un tema obligado. Bueno afirmó que su estilo de gobierno replicará su paso por Tránsito, con presencia permanente en las calles.“Vamos a combinar tecnología -cámaras, drones, apoyo al Ceges - con una estrategia que enfrenta el principal problema: la falta de policías”, señaló.Para suplir ese déficit, anunció un acuerdo previo con miembros de la reserva activa de la Policía y del Ejército.“Ellos conformarán una unidad de control, prevención e inteligencia. No estarán armados, pero sí cuentan con más de 30 años de conocimiento en seguridad. Trabajarán de la mano con la Policía y el Ejército en parques, zonas de rumba y barrios que necesitan presencia permanente”, explicó.
La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes para que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos al Congreso de la República para el periodo 2026-2030.El proceso de inscripción, que está abierto desde el pasado 8 de noviembre, puede adelantarse tanto de manera virtual como presencial. La entidad recordó que las agrupaciones políticas tienen habilitada la plataforma dispuesta en la página web oficial www.registraduria.gov.co, donde pueden cargar documentos y formalizar postulaciones sin necesidad de desplazamientos. Para quienes opten por el trámite presencial, están disponibles las delegaciones departamentales de la Registraduría, el pabellón 7 de Corferias en Bogotá y, en el caso de la circunscripción internacional, las embajadas y consulados de Colombia.Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir inscripciones al Senado de la República ,en sus circunscripciones nacional e indígena y a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territorial, indígena, afrodescendiente y de paz, prestarán servicio entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el lunes festivo, en horario extendido hasta las 6:00 p.m.En Bogotá, la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca concentrarán la atención del proceso en el Pabellón 7 de Corferias, donde se reciben las inscripciones para la Cámara por Bogotá y para el Senado y Cámara en las distintas circunscripciones mencionadas. Allí también se aplicarán los mismos horarios especiales establecidos.La autoridad electoral reiteró la importancia de evitar congestiones durante la jornada final. Además, insistió en que la inscripción oportuna garantiza una revisión adecuada de documentos y reduce el riesgo de errores que puedan impedir la participación de los candidatos en los comicios legislativos de 2026.
El miedo a que sus cuatro hijos afronten el "trauma" de un arresto en Estados Unidos empujó a la colombiana Yarlidis Goez-Santos a autodeportarse esta semana del país, cansada de vivir bajo el temor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa, no quiero que mis hijos vivan eso", expresó a EFE Goez-Santos horas antes de sumarse a los más de 1,6 millones de migrantes que se han autodeportado este año.Mientras salían los primeros rayos de sol en Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, la familia se preparaba para dejar Estados Unidos, después de meses de incertidumbre y un constante miedo que comenzó en enero pasado, cuando ICE arrestó y deportó al esposo de la migrante mientras iba su trabajo."Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron", recordó.Lo volvería a intentarLa familia llegó a Estados Unidos hace tres años tras escapar de la violencia, cruzar la frontera en El Paso, Texas, y solicitar asilo, pero las autoridades negaron el caso de la pareja, por lo que quedaron sin muchas opciones.El miedo se convirtió en terror cuando, meses atrás, agentes de ICE tocaron la puerta."No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando", dijo.Desde entonces, la madre de 28 años vivió en constante miedo del arresto, dejó de ir a la calle, y solo salía en casos sumamente "necesarios", como llevar a sus hijos al doctor.Aún así, confiesa que, si regresara en el tiempo, volvería a intentar entrar a Estados Unidos, pese a los peligros que vivió la familia, que viajó, junto a la abuela, en el tren de 'La bestia' para cruzar México."Conocí personas muy buenas, que nos brindaron su ayuda, por eso estoy muy agradecida", dijo.El fin del sueñoPara la mujer, 'el sueño americano' ya no existe, especialmente bajo el presidente Donald Trump, cuyo Gobierno reportó a finales de octubre la expulsión de 527.000 migrantes desde el comienzo de la Administración en enero y la autodeportación de 1,6 millones."Realmente sí tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos cómo está la situación allá, no sabemos qué nos espera", añadió la madre mientras abrigaba a sus hijos.La familia utilizó la aplicación 'CBP Home' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para autodeportarse, contactar a ICE y hacer los trámites para entregarse."De Tucson nos dijeron que viajaremos a Luisiana, donde de ahí volaremos a Colombia", explicó.La migrante dijo que el Gobierno estadounidense prometió entregarle 1.000 dólares por salir del país, pero solo a ella.Aún no conoce cómo o cuándo le entregarán el dinero, pero asegura que, si lo recibe, buscará invertirlo en el bienestar de sus hijos, de los que dos son ciudadanos estadounidenses, y el más pequeño tiene ocho meses.La niña mayor, de 9 años, entre lágrimas dijo que ella quiere regresar a Colombia porque tiene mucho miedo de que la separen de su madre.Mientras esperaba para dejar su hogar en Estados Unidos, apretaba una muñeca en sus manos, y de su hombro colgaba una bolsa con sus recuerdos y muñecos de peluche."Tenía mucho miedo, después que deportaron a mi papá, no quería salir, me quiero ir para estar tranquila", dijo la pequeña.ICE les dijo que solo podían llevar una maleta de 40 libras (18 kilos) cada uno."Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños", dijo la madre.En Arizona solo queda la abuela de los niños, Iveth Rubio, quien tiene pendiente su asilo."Todo va a estar bien", le decía Rubio a su nieta mayor mientras la abrazaba.Antes de dejar Estados Unidos, la colombiana envió un mensaje al presidente Trump: "Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los migrantes somos malos".
El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco Lince, confirmó que el pico y placa vigente se mantendrá sin cambios durante diciembre, desmintiendo así la información que circulaba masivamente en redes sociales sobre una posible modificación para la temporada de Feria.De acuerdo con Orozco, las publicaciones que sugerían levantar la medida o alterar la rotación de placas eran falsas y estaban generando confusión entre los ciudadanos.¿Cambia el pico y placa en Cali para diciembre?“Ha estado circulando información falsa sobre supuestos cambios al pico y placa, incluso que se levantaría la rotación. El pico y placa se mantiene como está, en la rotación actual, hasta el 31 de diciembre”, aclaró el funcionario.El secretario también anunció que esta semana se dará a conocer cómo operará el pico y placa en 2026. Explicó que el nuevo esquema será similar al implementado durante 2025 y que las fechas y rotaciones serán publicadas para que los ciudadanos puedan revisarlas antes de su firma.“Estamos próximos a publicar el pico y placa para 2026, básicamente un esquema similar al del 2025. Esa publicación estará disponible esta semana para comentarios de los caleños y posteriormente será firmada”, señaló.La Alcaldía de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique cualquier información en los canales oficiales antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos.
En una ofensiva coordinada que abarcó el Pacífico, el Caribe y el suroccidente del país, las Fuerzas Militares lograron afectar de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, consideradas la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados. Así lo confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FF. MM., al destacar que estos resultados son producto de “la inteligencia estratégica, la acción conjunta y la interoperabilidad que nos permiten debilitar sus capacidades y proteger a los colombianos”.La primera operación se desarrolló en zona rural de Tumaco, Nariño, donde unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí fueron halladas cerca de tres toneladas de droga, además de insumos sólidos y líquidos, maquinaria y elementos empleados para la producción de droga. Según el almirante Cubides, el complejo pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura que viene siendo presionada por las tropas en este corredor estratégico del Pacífico.Al mismo tiempo, en el suroccidente del país, tropas de la Tercera División del Ejército interceptaron en Ginebra, Valle del Cauca, dos vehículos en los que tres sujetos transportaban más de media tonelada de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de las redes de tráfico en la región.Entre tanto, en el Caribe, una operación de interdicción marítima ejecutada por la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de agencias internacionales, permitió detener una lancha rápida que movilizaba más de 2,6 toneladas de cocaína. En la embarcación fueron capturados tres colombianos, dos venezolanos y un ciudadano jamaiquino, quienes pretendían transportar la droga hacia Centroamérica.El almirante Cubides resaltó que estos contundentes golpes se suman al esfuerzo sostenido de soldados, marinos y aviadores que, solo en lo corrido del año, han logrado la incautación de más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína. “Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, señaló el comandante general.Finalmente, Cubides envió un mensaje de reconocimiento a las tropas desplegadas en todo el país: “Todo mi reconocimiento a quienes, con honor, disciplina y carácter, aportan día a día a la lucha contra los delitos transnacionales. Seguimos avanzando, fortaleciendo la acción conjunta y manteniendo la presión permanente sobre las estructuras criminales. Vamos por más”, concluyó.
El barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos, terminó con un nuevo episodio que revive el debate sobre las decisiones judiciales frente a delincuentes reincidentes. Un hombre de 44 años, con 19 anotaciones por delitos graves, entre ellos homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas, fue capturado en flagrancia tras ingresar de manera irregular a una empresa y robar 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.El hecho ocurrió cuando uniformados del CAI Polo Club adelantaban planes de vigilancia y recibieron la alerta de la comunidad, que notó movimientos extraños dentro del establecimiento. La patrulla llegó en pocos minutos y sorprendió al sujeto aún dentro del lugar, con los elementos hurtados y sin posibilidad de justificar su presencia allí. Los policías lograron detenerlo sin que se diera a la fuga y lo trasladaron a la URI correspondiente para su judicialización.Según el reporte oficial, el prontuario del capturado registra casi dos décadas de delitos y un historial de reincidencia que, para las autoridades, hacía indispensable una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, pese a la captura en flagrancia, la gravedad de las conductas previas y el riesgo evidente de reiteración, un juez decidió dejarlo en libertad mientras avanza el proceso.La determinación judicial generó molestia y preocupación entre los comerciantes del sector, quienes aseguran que este tipo de decisiones los deja nuevamente expuestos a los mismos delincuentes que, dicen, conocen bien la zona y vuelven a operar sin mayores consecuencias.Mientras continúa el trámite del caso, en el barrio San Felipe queda la sensación de que, aunque la reacción policial fue rápida y efectiva, el esfuerzo terminó diluido ante una decisión que permite que un delincuente con un historial amplio y violento vuelva a las calles en cuestión de horas.
Un grave accidente se registró en la mañana de este jueves en el sector de Cachama, entre los municipios de Oiba y Socorro, Santander, donde un bus de servicio especial que había salido de Moniquirá, Boyacá, y tenía como destino el Parque Nacional del Chicamocha, chocó contra un barranco, al parecer por una falla mecánica.Según el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo habría perdido el sistema de frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control y se estrellara primero contra el costado izquierdo de la vía y luego contra el derecho. En el lugar murió una joven de 17 años, mientras que 14 pasajeros más resultaron heridos.Ambulancias, bomberos, Policía de Tránsito y organismos de socorro acudieron al sitio para atender a los lesionados y trasladarlos al Hospital Regional Manuela Beltrán de El Socorro, donde permanecen en valoración médica.El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó la información y explicó la hipótesis del siniestro.“Nos encontramos atendiendo esta lamentable noticia. Un bus que cubría la ruta Moniquirá – Parque Chicamocha, al parecer, presenta fallas mecánicas, el conductor pierde el control y colisiona con ambos costados de la vía. En el lugar fallece una menor de 17 años y 14 personas son valoradas en el hospital de Socorro”, indicó el oficial.La vía permanece con cierre total mientras el personal judicial adelanta el levantamiento del cuerpo y se realizan las labores de remoción del vehículo. Las autoridades estiman que al menos un carril podría habilitarse en las próximas horas.
El proceso de inscripción para las elecciones atípicas en Girón cerró este miércoles 3 de diciembre, dejando en firme a seis candidatos que buscarán ocupar la Alcaldía el próximo 18 de enero. El ganador completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. Ramírez vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta. Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.Con el cierre del registro, inicia ahora la etapa de campaña en la que los seis aspirantes deberán presentar sus propuestas a los ciudadanos de Girón antes de la jornada electoral de enero.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento de los cinco capturados por el millonario hurto a una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, la Fiscalía reveló un testimonio clave que apunta a que un policía estaría entregando información a la banda delincuencial.Según expuso el fiscal del caso, dos uniformados que participaron en el operativo para contrarrestar el robo declararon en interrogatorio que el intendente Fredy Leal, fallecido en medio del operativo, les advirtió sobre la presunta participación de un policía de la zona como supuesto cómplice del grupo criminal. El intendente aseguró que esa información provenía de una fuente humana.Los policías relataron que, por esa razón, durante el operativo evitaron usar los radios de comunicación para impedir que dicho uniformado, identificado únicamente por el apellido, alertara a los integrantes de la banda sobre los movimientos de las patrullas. Según el testimonio, este funcionario tendría jurisdicción en las inmediaciones del centro comercial donde ocurrió el hurto.El fiscal también señaló que los policías interrogados también indicaron que “otra persona que habría participado en la coordinación del robo residiría en el barrio Girardot de Bucaramanga y sería el propietario de la camioneta. Con estos datos, los uniformados iniciaron labores de verificación que les permitieron confirmar el hurto en curso dentro del centro comercial y ubicar el vehículo en el barrio mencionado”.Cabe anotar que los cinco capturados por este violento robo enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa. En la audiencia el fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión.
En operaciones simultáneas ejecutadas en Piedecuesta y Bucaramanga, el Gaula Militar Chicamocha, con apoyo del Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN.Los operativos se desarrollaron, según informó el Ejército, como parte del Plan de Operaciones Ayacucho y contra el Frente Héroes y Mártires de Anorí, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, con injerencia en el sur de Bolívar.Los detenidos fueron identificados como alias ‘La Mona’, una mujer de 45 años con más de una década de presunta participación en la estructura armada ilegal, y alias ‘El Primo’, de 31 años.Según la información de inteligencia, ambos cumplirían órdenes directas del cabecilla conocido como alias ‘Omar’, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’, y estarían dedicados a apoyar actividades criminales relacionadas con extorsión, secuestro, tráfico de armamento, comercialización de pasta base de coca y homicidios selectivos.“Los operativos se realizaron tras varios meses de seguimiento, información suministrada por fuentes humanas y un despliegue estratégico que permitió ubicarlos sin afectar la seguridad ciudadana”, informó el coronel Ricardo Calderón, comandante del Gaula Militar Chicamocha.Las autoridades señalaron que los capturados aparentaban llevar una vida cotidiana para evadir la detección: ella se desempeñaba en labores de carpintería y él en oficios varios, lo que les permitía mantener un perfil bajo mientras, presuntamente, cumplían tareas de inteligencia delictiva y organización logística en Girón y Piedecuesta.La investigación indica que su papel dentro del ELN era clave para fortalecer la capacidad criminal y financiera del frente que delinque en el sur de Bolívar, especialmente mediante la búsqueda de armamento y la identificación de objetivos para acciones ilegales.Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso de judicialización por el delito de rebelión.
En el marco de la audiencia de medida de aseguramiento adelantada este miércoles, 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó enviar a prisión a los cinco presuntos involucrados en el fallido atraco armado a la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga.El fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión, equivalentes a 36 años, por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa.El hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento e inició un intercambio de disparos con varios policías que realizaban labores encubierto. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.Durante la diligencia judicial el fiscal fue enfático al señalar que los capturados representan un riesgo evidente para la sociedad, razón por la cual pidió que la medida de aseguramiento sea impuesta con urgencia.“Se hace necesario que se imponga de manera urgente la medida de aseguramiento solicitada, por cuanto se ha vulnerado el más valioso bien jurídico, como es la vida y la integridad personal, pero también otros bienes jurídicos como el patrimonio económico y la seguridad pública”, afirmó el delegado del ente acusador.“Todo indica que han ejecutado su conducta delictiva utilizando no una sino varias armas de fuego, lo cual indica que su libertad pone en riesgo el interés público”, agregó.El juez deberá determinar si los elementos expuestos por la Fiscalía son suficientes para imponer una medida privativa de la libertad en centro carcelario.En la audiencia de imputación realizada el martes 2 de diciembre, que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía presentó videos, testimonios, actas de incautación y otros elementos materiales probatorios que relacionan a los capturados con el intento de hurto.Pese a ello, los cinco procesados rechazaron de manera categórica los cargos formulados.El abogado penalista Mauricio Marín, consultado por Blu Radio para analizar los escenarios jurídicos de este caso, dijo que llamó la atención sobre la ausencia del delito de concierto para delinquir en la imputación inicial. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía aún se encuentra en etapa de indagación y tiene la posibilidad de agregar este delito hasta la audiencia de acusación.Los capturados fueron identificados como:Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, oriundo de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes judiciales.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, nacida en Valledupar, con registro por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de 27 años, herido en el hombro durante el intercambio de disparos.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, lesionado en el antebrazo durante el operativo policial.
La Defensoría del Pueblo acompañó la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La entrega se realizó ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Entre las personas liberadas se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, de las cuales cinco son menores de edad. Durante la entrega participaron sus familias y dirigentes comunales de la zona. Según el reporte de la comisión, todos manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos que presenta dolencias derivadas de una herida.La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados al respeto por la vida, los derechos de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, e insistió en la importancia de mantener abiertos los canales humanitarios para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado.
En un acto con marcado respaldo familiar, el exalcalde Campo Elías Ramírez Padilla formalizó este martes, 3 de diciembre, su inscripción como candidato a la Alcaldía de Girón para las elecciones atípicas que se celebrarán el 18 de enero de 2026. La diligencia quedó registrada ante la Registraduría Municipal, dando inicio al tramo decisivo de una campaña que él define como “la continuidad de un proyecto que ya empezó a transformar a Girón”.Ramírez Padilla llegó al lugar acompañado de su esposa y sus dos hijas. Tras la inscripción, el exmandatario reiteró que su objetivo principal será mantener la ruta trazada en el Plan de Desarrollo 2024–2027, documento que recoge, según dijo, las principales apuestas sociales, económicas y comunitarias del municipio.El ahora candidato insistió en que su proyecto político no parte de cero, sino de “cuatro años de trabajo serio, responsable y cercano a las comunidades”, y aseguró que su aspiración representa estabilidad y continuidad para la administración local.“Nuestro compromiso es cumplirle a la gente. Girón merece continuidad, estabilidad y resultados. Vamos a seguir trabajando por un municipio más ordenado, equitativo y con oportunidades para todos”, afirmó.En declaraciones adicionales entregadas tras su inscripción, Ramírez Padilla enfatizó que su propuesta se soporta en los compromisos adquiridos durante su gestión anterior.Le puede interesar: Consejo de Estado ratifica salida de Campo Elías Ramírez de la Alcaldía de Girón“Oficialmente me he inscrito y quedé inscrito como candidato a las elecciones atípicas este 18 de enero del año 2026. Para continuar con ese compromiso que hice con ustedes, un trabajo y un plan de trabajo para cuatro años. La responsabilidad la tengo clara, mis compromisos barrio a barrio claros en cada reunión”, señaló.Cabe recordar que Campo Elías Ramírez fue apartado del cargo por doble militancia. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024–2027.La decisión quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2025, fecha desde la cual se debía cumplir la orden de nulidad.El proceso fue promovido por Mauricio Gómez Niño y Fabián Díaz Plata, quienes demandaron el acto de elección de Campo Elías Ramírez Padilla por presunta doble militancia política.A pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Santander Ramírez Padilla realizó su inscripción oficial y se convierte en el segundo candidato para el máximo cargo municipal después del proceso realizado por William Mantilla.
El coronel en retiro Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán para el crucial encuentro entre Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II.Tras la sesión del Comité de Fútbol, Reynaldo Rojas detalló las disposiciones destinadas a garantizar una jornada segura y un ingreso ordenado al escenario deportivo.Según explicó el funcionario, se autorizó la apertura de fronteras para permitir que la barra del equipo visitante llegue al estadio. Los seguidores del Tolima deberán ubicarse exclusivamente en la tribuna norte-baja, bajo supervisión y con los elementos previamente autorizados.Respecto al control de acceso, se mantendrán las restricciones para menores de edad. No podrán ingresar a las tribunas sur ni norte; quienes asistan deberán ubicarse en las graderías oriental u occidental y, en el caso de niños menores de cinco años, deberán estar acompañados por un padre o adulto responsable.El comité también aprobó el uso de algunas luces y juegos pirotécnicos controlados. Entre tanto, la Policía Nacional implementará tres anillos de seguridad y requisas estricta para evitar el ingreso de elementos no permitidos y asegurar el orden durante la jornada.Las puertas del escenario abrirán a las 5:30 de la tarde, otorgando un margen de tres horas para el ingreso del público, puesto que el encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche. Rojas hizo un llamado a los aficionados para llegar temprano, con el fin de agilizar las filas generadas por los procedimientos de requisa.Finalizado el partido, estimado alrededor de las 10:30 de la noche, se dispondrá un operativo especial de acompañamiento policial para la salida de los asistentes y su traslado seguro hacia las zonas de transporte público.El secretario del Interior aseguró que todas estas medidas buscan garantizar que la afición disfrute del evento deportivo en condiciones de tranquilidad y convivencia, y reiteró la invitación a apoyar al equipo de la ‘Ciudad Bonita’ con una conducta respetuosa y responsable.
El coronel en retiro Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán para el crucial encuentro entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II.Tras la sesión del Comité de Fútbol, Reynaldo Rojas detalló las disposiciones destinadas a garantizar una jornada segura y un ingreso ordenado al escenario deportivo.Según explicó el funcionario, se autorizó la apertura de fronteras para permitir que la barra del equipo visitante llegue al estadio. Los seguidores del Tolima deberán ubicarse exclusivamente en la tribuna norte baja, bajo supervisión y con los elementos previamente autorizados.Respecto al control de acceso, se mantendrán las restricciones para menores de edad. No podrán ingresar a las tribunas sur ni norte; quienes asistan deberán ubicarse en las graderías oriental u occidental y, en el caso de niños menores de cinco años, deberán estar acompañados por un padre o adulto responsable.El Comité también aprobó el uso de algunas luces y juegos pirotécnicos controlados. Entre tanto, la Policía Nacional implementará tres anillos de seguridad y requisas estrictas para evitar el ingreso de elementos no permitidos y asegurar el orden durante la jornada.Las puertas del escenario abrirán a las 5:30 de la tarde, otorgando un margen de tres horas para el ingreso del público, puesto que el encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche. Rojas hizo un llamado a los aficionados para llegar temprano, con el fin de agilizar las filas generadas por los procedimientos de requisa.Finalizado el partido, estimado alrededor de las 10:30 de la noche, se dispondrá un operativo especial de acompañamiento policial para la salida de los asistentes y su traslado seguro hacia las zonas de transporte público.El secretario del Interior aseguró que todas estas medidas buscan garantizar que la afición disfrute del evento deportivo en condiciones de tranquilidad y convivencia, y reiteró la invitación a apoyar al equipo de la ‘Ciudad Bonita’ con una conducta respetuosa y responsable.
En medio del dolor más profundo, la familia Acero Blanco tomó una decisión que hoy representa esperanza para varios pacientes del país: donar los órganos de su hijo, Nicolás Andrés, un adolescente de 14 años que falleció tras ser diagnosticado con muerte cerebral en el Hospital Internacional de Colombia (HIC).Nicolás, descrito por sus seres queridos como un joven alegre, risueño y apasionado por el fútbol, sufrió un accidente que lo llevó a cuidados intensivos. Durante varios días, los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero finalmente el diagnóstico fue irreversible.“Yo no lo podía creer. Le hablaba y le pedía a Dios que me lo devolviera, hasta que los médicos me explicaron que su cerebro ya no funcionaba”, relató su mamá, Andreina Blanco.La muerte cerebral, explicó la doctora Olga Calderón, coordinadora de Trasplantes del HIC. “Implica el cese total e irreversible de la función del cerebro. Aunque el corazón pueda seguir latiendo con apoyo tecnológico, la persona ha fallecido”.Una vez confirmado el diagnóstico bajo los protocolos clínicos establecidos, el equipo de Donación y Trasplantes del HIC presentó a la familia la opción de convertir su tragedia en un acto de vida.Aunque al inicio hubo dudas, Andreina decidió donar los órganos recordando la esencia solidaria de su hijo. Su madre, Luz Marina Bautista, reforzó ese impulso: “Le dije a mi hija: no dejemos que su partida sea en vano. Démosle la oportunidad a otros de vivir”. Gracias a esa determinación, varios pacientes recibieron los órganos de Nicolás y hoy tienen una nueva oportunidad.Un llamado urgente en medio del déficit de donantesEl caso de Nicolás resalta la importancia de la donación en Colombia, donde la tasa apenas alcanza 7,4 donantes por millón de habitantes, una cifra muy baja frente a las más de 3.900 personas que esperan un trasplante, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Un solo donante puede beneficiar hasta 55 pacientes, lo que convierte este acto en una herramienta vital para salvar vidas.“El caso de Nicolás es profundamente inspirador. En medio del dolor, su familia decidió donar sus órganos y compartir su historia para motivar a otros”, señaló la doctora Calderón.Agregó que tanto el HIC como el Instituto Cardiovascular trabajan permanentemente para garantizar que cada órgano llegue a quien más lo necesita, siguiendo criterios estrictos, éticos y transparentes.Desde 2005 y hasta octubre de este año, esta institución ha realizado más de 850 trasplantes de órganos sólidos, consolidándose como un centro de referencia nacional.¿Quién puede acceder a un trasplante?En Colombia, cualquier persona con enfermedades graves -como insuficiencia renal, cardíaca, hepática o pulmonar- puede ser evaluada por equipos especializados. Si cumple los criterios clínicos, ingresa a la Lista Nacional de Espera administrada por el INS. La asignación de órganos es gratuita y se rige por protocolos basados en compatibilidad, urgencia médica y tiempo de espera, garantizando transparencia y equidad.Hoy, la familia de Nicolás encuentra consuelo en saber que, a través de su decisión, su hijo dejó un legado de vida. Su historia busca inspirar a más colombianos a expresar a sus familias la voluntad de donar y así ofrecer nuevas oportunidades a quienes esperan una segunda oportunidad.
La campaña ambiental que promueve la Gobernación de Santander denominada “Reverdece Santander: Árboles para el Futuro”busca fortalecer la reforestación en el departamento, por lo que están haciendo un llamado a ciudadanos y empresarios a la recuperación de los ecosistemas con la donación de árboles.Según informó la Secretaría Ambiental, la administración departamental está invitando especialmente al sector empresarial a vincularse mediante la donación de especies. La campaña también está abierta para ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas interesadas en aportar a la restauración de áreas degradadas.“Queremos avanzar hacia una gestión ambiental compartida. La invitación es a que se sumen con la donación de árboles para seguir construyendo un Santander más sostenible”, señaló el secretario Ambiental, Miguel Ángel Castañeda Acosta.Quienes deseen participar deben enviar una Carta de Compromiso Ambiental al correo de la Secretaría: secretariadeambiente@santander.gov.co. Las siembras, explicó Castañeda, se realizarán con acompañamiento técnico y logístico para garantizar que los árboles se establezcan adecuadamente.La Gobernación destacó que esta campaña se suma a los esfuerzos que se adelantan desde el inicio del actual Plan de Desarrollo. Entre 2024 y 2027 se han sembrado 150.000 árboles en diferentes jornadas ciudadanas y proyectos institucionales, además de 20.000 adicionales en Cimitarra y La Paz a través de un programa de sistemas silvopastoriles.Con la nueva convocatoria, la administración busca ampliar las áreas restauradas y promover una mayor participación de la comunidad en las acciones de cuidado ambiental del departamento.
La crisis de infraestructura que enfrenta Santander por el deterioro de la Ruta 45A, que va desde Zipaquirá hasta San Alberto y la Transversal del Carare llegó a un punto crítico. Así lo advirtió Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien aseguró que la falta de decisiones del Gobierno Nacional tiene al departamento en un escenario “preocupante y agravado” por la ausencia de estos proyectos en el más reciente documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.Según el directivo, la exclusión de obras clave como la vía Curos–Málaga, la variante de San Gil y la intervención estructural del corredor del Carare, evidencia una desatención histórica hacia la región. “Somos la cuarta economía del país y no se compadece lo que está pasando. Esperábamos un Conpes específico para estas vías, pero no se dio”, señaló.Rincón Liévano fue contundente al referirse al convenio Vías de Los Comuneros, firmado en diciembre de 2024 y del cual no se ha ejecutado una sola acción. “No ha pasado absolutamente nada. Es más: hoy hay un malestar social que se está traduciendo en el no cobro del peaje, y ese es el peor de los escenarios”, afirmó, advirtiendo que la inacción del Gobierno amenaza con paralizar aún más un corredor estratégico para la movilidad entre el centro y el nororiente del país.El dirigente insistió en que la solución depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno Nacional. “El deseo de los santandereanos es claro y el documento también. Ya es voluntad nacional”, dijo.La situación en la Transversal del Carare no es distinta. Aunque el directivo reconoce la intención del Instituto Nacional de Vías, Invías por intervenir el corredor, advierte que las reparaciones actuales son apenas paliativas. “Si vamos a remendar, en tres meses o en un año estaremos repitiendo esta misma entrevista”, señaló, subrayando la necesidad de estudios y diseños que permitan soluciones estructurales y no solo arreglos temporales.Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo que está en juego no es solo la movilidad regional, sino la competitividad nacional. Estas no son vías regionales. Son corredores nacionales que garantizan conectividad con el vecino país y con el Caribe colombiano. Todas nuestras rutas tienen una connotación que va mucho más allá de lo local”, enfatizó.
La firma de un convenio interadministrativo por $7.000 millones para el alumbrado navideño de Bucaramanga desató una polémica que ya es objeto de investigación por parte de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. El organismo de control abrió indagación preliminar para revisar presuntas irregularidades en el proceso contractual que adelantó la Administración Municipal.El convenio fue suscrito el pasado 20 de octubre, bajo el número 225, entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia), con el fin de ejecutar el “diseño, montaje e instalación de la iluminación decorativa para el alumbrado navideño” de la ciudad.Sin embargo, lo que llamó la atención es que la empresa contratada subcontrató a Civacom Ingeniería S.A.S., de Bucaramanga. De los $7.000 millones por la intermediación la entidad antioqueña se quedó con $729 millones. Además de que el proceso de firma del convenio avanzó con rapidez entre el 25 y el 30 de septiembre se definió la necesidad y la idoneidad de la entidad antioqueña.Ante la polémica, la secretaria María del Rosario Torres Vargas afirmó que el proceso contractual “se hizo con toda la normativa” y destacó que la empresa de Sabaneta es una entidad pública auditada por la Contraloría.Según la funcionaria, el alumbrado navideño de este año tendrá un enfoque cultural y artístico.“Volvemos a nuestras raíces y a nuestras costumbres. Serán 12 parques iluminados con temas de las provincias de Santander. No solo habrá figuras en hierro, también esculturas y obras elaboradas por artesanos”, aseguró.Torres indicó que parte de los retrasos se debieron a trámites con la Electrificadora de Santander, pero sostuvo que la instalación ya avanza en puntos como el parque García Rovira.“Vamos a entregarle a Bucaramanga una obra de arte. Es un regalo para la ciudad y muchas de estas figuras podrán conservarse para próximos años”, agregó.La Procuraduría Provincial de Bucaramanga revisará si hubo irregularidades en la planeación, selección del contratista y ejecución del convenio, así como en el uso del esquema interadministrativo para contratar una entidad que posteriormente subcontrató a un tercero.Mientras avanza la indagación preliminar disciplinaria, la instalación del alumbrado continúa con miras a su inauguración el próximo 7 de diciembre, Día de las Velitas.
La temporada de lluvias continúa dejando una estela de afectaciones en Santander. Deslizamientos, vías colapsadas y emergencias por crecientes súbitas llevaron a que 16 municipios mantengan activa la declaratoria de calamidad pública, situación que derivó en que el Departamento oficializara este mismo estatus de manera general tras la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo realizada en días pasados.Los municipios afectados son: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Los Santos, Sabana de Torres, Suratá y Vélez.En este último, las condiciones del corredor vial de la Transversal del Carare se han convertido en símbolo de la crítica situación que enfrentan las vías primarias y secundarias del departamento.Durante el Consejo Departamental, los integrantes votaron de manera unánime la declaratoria de calamidad pública departamental, al confirmarse que la capacidad de respuesta institucional se encuentra sobrepasada a pesar de las inversiones realizadas en mitigación, maquinaria amarilla y entrega de ayudas humanitarias.“Tenemos a hoy 16 municipios con calamidad, esto quiere decir que son 16 municipios que han tenido afectaciones y que han superado su capacidad de emergencia. Por lo tanto, en una decisión por unanimidad por parte de los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se ha decretado calamidad departamental”, explicó Edwar Sánchez Ariza, jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.Sánchez Ariza agregó que el departamento ya agotó su capacidad de respuesta: “Hemos hecho inversiones significativas en asistencias con ayudas humanitarias, en maquinaria amarilla para la recuperación de nuestras vías y en obras de reducción del riesgo. De manera que también ya agotamos esa capacidad de respuesta y se decreta esta calamidad para poder acudir al Gobierno Nacional”.De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, las fuertes lluvias persistirán durante lo que resta de noviembre y comienzos de diciembre, período durante el cual se prevé una intensificación de los eventos asociados al fenómeno de La Niña. Las autoridades recomiendan a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, especialmente en zonas ribereñas y áreas con antecedentes de remoción en masa.Las autoridades insisten en evitar desplazamientos nocturnos bajo lluvia debido al riesgo de caída de árboles, rocas y pérdida de banca en las carreteras. También se solicita a la población mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales emitidas por el Ideam y los comités municipales.El Gobierno Departamental prepara un informe detallado para solicitar apoyo urgente al Gobierno Nacional, con el fin de acelerar la recuperación de las vías y reforzar la atención humanitaria en los territorios más afectados.
En una operación conjunta realizada en límites entre Santander y Antioquia, tropas de la Quinta Brigada del Ejército capturaron a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo, señalados de participar en varios homicidios, extorsiones y recientes hechos violentos ocurridos en Yondó y Barrancabermeja.Los detenidos, identificados con los alias de ‘Chuler’ y ‘Jincho’, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por las autoridades. De acuerdo con el reporte militar, en su poder les fueron hallados un revólver y una libreta que contenía apuntes de presuntas víctimas extorsionadas en la región.El coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, aseguró que los dos hombres serían responsables de varias acciones violentas que han incrementado la zozobra entre los habitantes del Magdalena Medio.“Estos dos integrantes del Clan del Golfo estaban desarrollando inteligencia delictiva para ejecutar homicidios contra personas que, al parecer, serían integrantes del grupo armado ELN. Esto venía generando intranquilidad y temor en los habitantes de ese sector”, señaló el oficial.Según información de las autoridades, alias ‘Chuler’ y ‘Jincho’ harían parte de una estructura criminal encargada de intimidar y extorsionar a comerciantes, transportadores y pobladores de Yondó y Barrancabermeja, con el propósito de mantener el control territorial en zonas estratégicas para el tráfico ilegal.Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, ambos hombres fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de homicidio, fabricación y porte ilegal de armas, y extorsión.