La Administración Distrital de Barrancabermeja advirtió que, pese a múltiples alertas y reportes de avistamientos de hipopótamos en zonas rurales y humedales del municipio, la autoridad ambiental regional no ha activado el protocolo de captura y reubicación de estos animales, considerados una especie invasora y de alto riesgo para la comunidad.El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que la alcaldía ha cumplido con las acciones preventivas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como jornadas de ahuyentamiento, capacitación comunitaria y articulación con la Policía Ambiental.“Hemos hecho lo que nos corresponde acciones de prevención, pedagogía con la comunidad y monitoreo constante, pero no contamos con presupuesto ni logística para capturar un animal de este tamaño. Ese procedimiento le corresponde a la autoridad ambiental”, explicó el funcionario.Granados enfatizó que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África y puede atacar por comportamiento territorial, no por hambre, lo que incrementa el riesgo para habitantes de sectores cercanos a ciénagas y humedales.Según la alcaldía, se han identificado ejemplares en Cuatro Bocas, la ciénaga del Opón, Tierra Adentro y un humedal que conecta con el caño La Cira Infantas. Además, advierten que los animales se desplazan principalmente en horas nocturnas y cerca de escuelas y viviendas rurales.El secretario señaló que ya hay presencia de al menos dos hipopótamos y que estos estarían descendiendo desde zonas como Doradal por el río Magdalena, incluso se reportó otro ejemplar en Yondó, municipio ubicado frente a Barrancabermeja.La administración local también alertó por los daños ecológicos que causa la especie invasora, como la destrucción de humedales, alteración de ecosistemas estratégicos y afectación de fauna nativa, enfatizando que cada animal puede consumir más de 200 kilos de pasto al día y generar alta contaminación en fuentes hídricas.Además, señalaron el riesgo para especies como el manatí antillano en vía de extinción o el jaguar y otras que habitan estos corredores biológicos, ya que los mata por apropiarse de sus territorios.Granados insistió en que se debe aplicar el principio de precaución y no esperar a que ocurra un ataque. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sólo realizaron videos de la situación, pero no han hecho nada más.“No debemos esperar a que un niño o un habitante resulte herido, lo responsable es capturarlos y reubicarlos, por ejemplo, en zoológicos o sitios autorizados como la Hacienda Nápoles”, afirmó.Recordó que la captura de un hipopótamo puede superar los 100 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el municipio.Finalmente, la alcaldía anunció que evalúa acciones jurídicas contra la autoridad ambiental y el Gobierno Nacional por omisión.“Nos vemos en la obligación de tomar acciones legales, no vamos a permitir que nuestra comunidad siga en riesgo por una problemática heredada desde la época del narcotráfico, cuando Pablo Escobar introdujo estas especies al país. Hemos denunciado desde el mes de diciembre y no han hecho nada, hoy estamos viviendo las consecuencias, pero eso no es excusa ante la falta de respuesta institucional”, concluyó el secretario.
Jonathan Gamboa, completa 60 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la correccional de Jackson Parish, en el estado de Luisiana. Desde ese centro de detención, él y un grupo de connacionales están haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que agilicen su regreso a Colombia.El bumangués salió de la capital santandereana el 31 de diciembre de 2022 junto a su esposa e hija en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Según su familia, trabajaba en dos empleos: en una ferretería y realizando entregas de paquetes para Amazon.En un video enviado a sus familiares y medios de comunicación, el joven aseguró que permanece retenido desde hace dos meses, pese a que ya firmó una orden de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración.“Somos un grupo de colombianos detenidos por ICE aquí en la correccional Jackson Parish, en Luisiana. Hoy 18 de febrero de 2026 solicitamos al Gobierno colombiano y a los medios que nos brinden ayuda. Llevamos entre 60 y 90 días esperando ser repatriados. Ya firmamos órdenes de deportación y salida voluntaria. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido”, expresó.De acuerdo con su testimonio, en el centro de reclusión hay 14 celdas con más de 100 personas cada una, de diferentes nacionalidades. Además, denunció presuntas condiciones deficientes de salud, alimentación e higiene, y aseguró que temen represalias por hacer pública su situación.“No estamos pagando condena ni detenidos por delitos. Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por este video”, afirmó.Desde Bucaramanga, su madre, Rosa Milena Torres Traslaviña, también elevó una petición al presidente de la República, a la Cancillería y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen el regreso de los colombianos que permanecen en ese centro.La mujer explicó que su hijo acudió a una cita con ICE el 18 de noviembre de 2025 y que el 11 de diciembre, en audiencia ante un juez de migración, solicitó la salida voluntaria, la cual le fue concedida al no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Colombia.Según relató, Jonathan tenía previsto viajar en vuelos programados para el 8 y el 15 de enero, pero ambos fueron cancelados y desde entonces no aparece en nuevas listas de repatriación.“Le pido al señor presidente y a la Cancillería que nos ayuden a traer a nuestros familiares. Somos un grupo de 30 mamás, esposas y familiares desesperados. Hay casos de personas que llevan meses retenidas. Ellos no son delincuentes, son trabajadores que salieron a buscar un mejor futuro”, manifestó.La madre aseguró que, aunque desconocen las razones de la demora en los vuelos humanitarios, la angustia crece con el paso de los días ante la falta de información clara sobre las fechas de retorno.Otro de los casos es el de Ángel Estiben Restrepo, un cucuteño de 24 años que hace dos años migró a Estados Unidos. El 10 diciembre fue detenido por ICE, hoy su familia denuncia que su estado de salud se está deteriorando.“A la cancillería, a la canciller, al consulado de Colombia en Estados Unidos es que por favor reactive los vuelos humanitarios que no sea uno a la semana, un solo vuelo no es suficiente para la cantidad de detenidos que hay. Yo hoy no hablo solamente como la mamá de Steven, sino como la mamá de otras personas que estamos pasando por eso”, dijo Johanna Milena Cárdenas, madre de joven detenido en Estados Unidos.Los casos de Jonathan y el de Estiben, quienes se fueron en busca un mejor futuro, son algunos de los tantos que muestran el drama familiar de decenas de colombianos detenidos por ICE a la espera de retornar rápidamente al país.
Un grave accidente de un bus afiliado a la empresa Libertadores que cayó a un abismo dejó a dos personas muertas y varias heridas. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de marzo en la vía de la Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola hacia el Alto la Virgen.En el bus que había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, viajaban nueve personas, según el reporte inicial. Dos ambulancias, una del corregimiento de Samoré del municipio de Toledo y otra del hospital de Cubará, Boyacá, llegaron hasta el punto de la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.Las autoridades investigan las causas del accidente, en el sitio realizan el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas fatales que dejó este siniestro vial.En desarrollo...
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
La Policía logró recuperar los vehículos que habían sido hurtados durante un violento hurto a la empresa Concretos El Nogal, ubicada en el kilómetro 5 de la vía San Gil – Charalá, hecho en el que varios trabajadores fueron amordazados por delincuentes que ingresaron de madrugada a las instalaciones.Según el reporte oficial, cerca de diez hombres irrumpieron por la parte posterior del establecimiento, redujeron al vigilante y retuvieron a los empleados mientras se llevaban dos vehículos tipo mezcladora, un camión turbo, una motocicleta, equipos tecnológicos, celulares, el DVR de las cámaras de seguridad y un arma de fuego del servicio de vigilancia.Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado y, con apoyo de la empresa de monitoreo satelital, accedieron a la geolocalización de los automotores, lo que permitió su recuperación en diferentes municipios.Un vehículo fue hallado en Piedecuesta, Santander, donde fue capturado su conductor; otro en Ubaté, Cundinamarca, con un segundo detenido; y un tercero apareció en un parqueadero de Sutatausa.El mayor Alejandro Esteban Cortinez Villa, comandante del Distrito de Policía San Gil, explicó que “gracias al monitoreo satelital se logró la ubicación en tiempo real de los vehículos. Con el plan candado y la articulación con la empresa de monitoreo se pudo frustrar el robo. La investigación continúa para judicializar a los demás responsables”.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras la Policía mantiene operativos para identificar a los demás implicados en este hecho que genera preocupación entre el sector empresarial de la región, quienes exigen más seguridad de las autoridades.
Un niño de apenas 6 años se convirtió en testigo directo del asesinato de su madre y, en medio del desconcierto, fue quien alertó a sus familiares con una frase que reflejaba el horror que acababa de presenciar: “Papi le hizo daño a mami”. Su relato se transformó en una pieza clave dentro de la investigación judicial que intenta esclarecer el crimen.El caso ocurrió en la localidad de El Aibe, en el departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, en Argentina, donde fue asesinada María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer fue atacada dentro de su vivienda, donde también se encontraban los menores.Según confirmaron fuentes del caso, tras el ataque el niño salió en busca de ayuda. Primero se dirigió a una casa cercana, pero no obtuvo respuesta. Poco después, logró encontrar a familiares, a quienes les contó lo ocurrido con palabras que evidenciaban la gravedad del momento. “Mi papá la hincó a mi mami. Está tirada en la cama y no se mueve”, relató el menor, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.El principal sospechoso fue Ramón César Jiménez, expareja de la víctima, quien abandonó el lugar tras el hecho. Esto dio origen a un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales y vecinos de la zona. Horas después, el hombre fue encontrado muerto en un sector rural cercano, lo que llevó a los investigadores a considerar el caso como un feminicidio seguido de suicidio.El fiscal a cargo, Álvaro Yagüe, confirmó que el testimonio del niño será recogido formalmente mediante Cámara Gesell, un procedimiento especializado que permite obtener declaraciones de menores sin exponerlos a un entorno judicial tradicional. Además, el funcionario explicó que los hijos fueron quienes encontraron a su madre tras el ataque, una situación que agrava el impacto emocional del hecho.Las pericias forenses permitieron establecer que la víctima presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluidas algunas compatibles con intentos de defensa. Este elemento refuerza la hipótesis de un ataque violento en un contexto de conflicto previo.Habitantes del sector también señalaron que la relación estaba marcada por discusiones frecuentes y antecedentes de violencia. Incluso, mencionaron que anteriormente se habían registrado denuncias, aunque la pareja había retomado la convivencia tiempo después.Actualmente, la investigación continúa enfocada en la recolección de pruebas y testimonios, mientras entidades estatales brindan acompañamiento psicológico y social a los tres menores, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad tras la pérdida de su madre en circunstancias tan traumáticas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, luego de que, presuntamente, obligaron a una familia a abandonar su finca en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían actuado de forma coordinada para sacar a las víctimas del predio y quedarse con el terreno. Según la Fiscalía, los implicados pretendían convertir la propiedad en un punto de apoyo para la planeación de actividades ilegales en la zona de frontera. Las autoridades también señalaron que la familia salió del lugar tras recibir amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención y traslado hacia territorio venezolano.La fiscal del caso explicó que uno de los señalados, conocido como alias 'Monchi', no solo lideró la acción criminal, sino que también vendría ejecutando conductas de desplazamiento forzado contra población civil, con el objetivo de centralizar los bienes despojados a favor del grupo armado. Además, indicó que esta persona tendría una trayectoria aproximada de seis años dentro de la organización, lo que, según la investigación, evidenciaría su rol activo en este tipo de acciones.La Fiscalía señaló que, mientras uno de los procesados habría dado la orden de desplazar a la familia, los demás se habrían encargado de realizar amenazas directas, vigilar el predio para impedir el regreso de los propietarios y apoyar logísticamente la ocupación ilegal de la finca. Los cuatro hombres no aceptaron los cargos, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Al menos tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación "Furia Épica", lanzada para acabar con el régimen iraní, informó este domingo el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).En un comunicado, el Centcom no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Oriente Medio en represalia por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.Según el Ejército, hasta las 09.30 horas de Washington (14.30 GMT) "tres militares estadounidenses han muerto en acción y cinco han resultado gravemente heridos como parte de la operación 'Furia Épica'"."Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", añadió.El Centcom explicó que, por respeto a las familias, no revelará las identidades de las víctimas hasta que hayan transcurrido 24 horas desde la notificación a sus allegados.Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán.Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.El mandatario estadounidense, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a Estados Unidos alejado de guerras exteriores, reconoció en su anuncio que podría haber bajas de "valientes héroes estadounidenses".La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, órgano que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.
La escalada del conflicto en Oriente Medio tuvo este domingo un impacto directo en el calendario internacional del fútbol. La Federación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de todas las competiciones en su territorio "hasta nuevo aviso", una decisión que deja en el aire la disputa de la Finalissima entre España y Argentina, prevista para el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail.El organismo confirmó que el aplazamiento rige para todos los torneos, partidos y competiciones organizadas en el país a partir de este 1 de marzo, y señaló que las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a través de sus canales oficiales. La medida se adopta como consecuencia de la inestabilidad regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, un escenario que ha elevado las alertas de seguridad en varios países del Golfo.La decisión afecta directamente a la Finalissima, el encuentro que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América. España y Argentina tenían programado medirse en Doha como parte de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol, en un duelo que había generado gran expectativa por tratarse de dos de las selecciones favoritas de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, la incertidumbre sobre la evolución del conflicto pone en duda la viabilidad del evento en territorio catarí.Además de la Finalissima, otros compromisos internacionales también quedaron suspendidos. Partidos correspondientes a competiciones asiáticas y encuentros previstos durante la próxima ventana FIFA en la región deberán ser reprogramados. La reanudación de las actividades deportivas dependerá de las condiciones de seguridad y de las decisiones que adopten las autoridades del país.Por ahora, ni las federaciones involucradas ni los organismos internacionales han confirmado una sede alternativa para el partido entre españoles y argentinos. El aplazamiento no implica una cancelación definitiva, pero sí abre un compás de espera que podría alterar el calendario de selecciones en las semanas previas a la cita mundialista.
El recién inaugurado edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) ha generado una polémica nacional sobre la financiación de la obra. Mientras el ministro de Educación, Daniel Rojas, asegura que el Gobierno Nacional fue el principal aportante, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, sostiene que el departamento, a través de la UIS y recursos propios, aportó cerca del 80% del valor total del proyecto.“Nosotros aportamos 20 mil millones de pesos, ¿quiénes somos nosotros? Los santandereanos y la UIS. Yo soy el presidente del Consejo Superior de la Universidad y allí aprobamos este presupuesto”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu.El edificio, que beneficiará a unos 8.000 estudiantes en programas de inglés, francés, mandarín y alemán, fue presentado como un ejemplo de modernización educativa y como un espacio para consolidar la política de bilingüismo en Santander. La polémica con el Ministerio de EducaciónLa controversia estalló tras varios mensajes del ministro Rojas en la red social X, donde calificó de falso que la Gobernación hubiera sido el mayor aportante de la obra. Según el funcionario, la Nación, a través de diferentes rubros presupuestales, sostiene gran parte de la infraestructura y el funcionamiento de las universidades públicas.El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, señalando que no se trata de competir por los aportes, sino de reconocer que el esfuerzo del Gobierno Nacional no se limita a infraestructura, sino también a gastos permanentes de funcionamiento. “Nuestro aporte no es sólo por infraestructura, sino permanente por funcionamiento… No se trata de competir, sino de comprender el aporte de la Nación”, escribió el jefe de Estado en un trino.Frente a ello, el gobernador Díaz insistió en que su papel como presidente del Consejo Superior de la UIS lo legitima para destacar el esfuerzo financiero del departamento. “No me pueden sacar de la ecuación. La UIS y la Gobernación ponemos el 80%, mientras que el Gobierno Nacional puso el 20%”, recalcó.Un modelo de aprovechamiento para la UISMás allá de la discusión sobre cifras, el gobernador planteó que el edificio debe convertirse en una oportunidad para generar ingresos y posicionar a Santander como destino académico. “He propuesto al Consejo Directivo organizar un curso de español para extranjeros y atraer estudiantes del mundo a aprender en la UIS. Eso sería espectacular para el departamento”, adelantó.El proyecto académico busca replicar experiencias internacionales como las de Lackland, en San Antonio (EE. UU.), fortaleciendo la internacionalización de la universidad y ampliando la oferta educativa.La preocupación por el PAE en SantanderDurante la conversación radial, el gobernador también aprovechó para denunciar el déficit en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. Según cifras oficiales, Santander invierte 192 mil millones de pesos en este programa, de los cuales la Nación sólo aporta 31 mil millones, mientras que el resto proviene de regalías y recursos propios.“Santander gasta 192 mil millones en el PAE; el Gobierno Nacional solo aporta 31 mil. Si no se aumenta la financiación, el próximo año cerca de 60 mil niños podrían quedarse sin este beneficio”, advirtió Díaz.El mandatario explicó que la alimentación escolar garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Sin este apoyo, la deserción escolar sería inevitable. “Muchos niños van al colegio no solo a estudiar, sino también a comer. No podemos permitir que esa realidad se vea afectada”, agregó.El relevo en la Alcaldía de BucaramangaLa entrevista también abordó la situación política de la capital santandereana, ante la inminente salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán por decisión del Consejo de Estado. Al respecto, Díaz señaló que esperará la notificación oficial para designar un reemplazo temporal.“Será una persona con conocimiento de lo público, que conozca los planes de desarrollo de Bucaramanga y el departamento, y que se dedique exclusivamente a gobernar la ciudad”, aseguró el gobernador, quien reiteró que la decisión se tomará en el marco de la legalidad.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lanzó un fuerte reclamo al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por lo que considera una asignación insuficiente de recursos del Gobierno Nacional para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).En entrevista con medios de comunicación, el mandatario señaló que mientras la Nación aporta alrededor de $31.000 millones, la Gobernación destina más de $160.000 millones para garantizar el 100% de cobertura del programa en los municipios no certificados del departamento.“No estamos pidiendo que nos dé más que a otros, solo que nos equiparen en porcentaje con los demás departamentos. Nosotros recibimos el 17,3% del Gobierno Nacional. ¿Será que los niños de Santander no tienen derecho al PAE?”, cuestionó Díaz.El reclamo del gobernador también se extendió a través de su cuenta en X, donde escribió: “(…) lo invito a que apoye el PAE de Santander, cubrimos el 100 % (192.000 millones) con un apoyo del 17.3% del Gobierno Nacional, porcentaje muy por debajo del apoyo a otros departamentos, ya se lo hemos dicho de muchas maneras, con la reducción de las regalías corre riesgo la universalidad del PAE en Santander no vaya a dejar a los niños más pobres sin comida”.La respuesta no tardó en llegar desde el Ministerio de Educación, a través de la cuenta oficial de PAE Colombia. La cartera aseguró que los recursos nacionales para Santander han venido aumentando: en 2022 fueron 25.453 millones, en 2025 alcanzan los 32.469 millones y en 2026 llegarán a 34.087 millones.“El Gobierno Nacional ha cumplido con la Ley 2167 de 2021, que ordena aumentar cada año los recursos del PAE en términos reales. La Gobernación decidió financiar parte importante del programa con regalías, pero ante la disminución de esas fuentes es necesario encontrar alternativas de financiación. Solo con el esfuerzo conjunto de Nación y Departamento ha sido posible mantener la universalidad del PAE en Santander en los últimos cuatro años”, precisó el Ministerio.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, radicó ante el Consejo de Estado una solicitud de recusación contra los magistrados de la Sección Quinta, Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Ómar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, quienes el pasado 21 de agosto anularon su elección por doble militancia política, lo que lo obliga a salir del cargo.El mandatario sostiene que la imparcialidad del proceso quedó comprometida luego de que un medio de comunicación difundiera en primicia, ese mismo día y antes de la notificación oficial, que la decisión sería en su contra.Para Beltrán, la anticipación informativa evidenciaría una filtración irregular de la sentencia, lo que configura la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece la posibilidad de recusación cuando existe manifestación anticipada de una decisión judicial.En su escrito, Beltrán recuerda que ya en diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había declarado nula su elección, decisión que fue ratificada en segunda instancia por la Sección Quinta. No obstante, asegura que los magistrados desconocieron principios esenciales como el de independencia e imparcialidad judicial, así como el de reciprocidad política en coaliciones, pues su candidatura fue respaldada por varios partidos y, según su criterio, los apoyos a candidatos de colectividades coaligadas no deberían considerarse como doble militancia.El alcalde también cuestiona que las pruebas utilizadas en su contra se redujeran a publicaciones en redes sociales, las cuales, afirma, no constituyen propaganda electoral inequívoca según los estándares fijados por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado.A su juicio, la sentencia aplicó de forma extensiva y desproporcionada la causal de nulidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los procesos electorales y la voluntad popular expresada en las urnas.Entre las peticiones formuladas, Beltrán solicita que se declare fundada la recusación y que los magistrados mencionados sean apartados del proceso. Además, pide que se suspenda su participación en los trámites pendientes, como la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, y que se declare la nulidad de lo actuado hasta ahora.Esta es la solicitud de recusación:
Un fuerte cruce de declaraciones protagonizaron el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a raíz de la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).El rifirrafe comenzó cuando el mandatario departamental, en rueda de prensa con periodistas, aseguró que la mayor parte de los recursos para la obra provienen de la UIS y de los aportes que la Gobernación hace cada año a la institución.“De ese Instituto de Lenguas que es espectacular, 20 mil millones de pesos los pone la UIS, que son de los recursos que nosotros giramos. Nosotros hemos girado 135 mil millones de pesos y el gobierno nacional solo pone 5 mil millones”, señaló Díaz.El gobernador aprovechó además para pedir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro sobre otras necesidades del departamento, como la vía de los Comuneros, la vía Yuma, el colegio de Vélez, el acueducto de ese mismo municipio y el anillo vial externo metropolitano.Ante esas afirmaciones, el ministro Rojas reaccionó en su cuenta de X, donde sostuvo que el proyecto contó con aportes de la Nación y recursos propios de la universidad, pero no de la administración departamental.“El nuevo edificio de lenguas de la UIS fue financiado con recursos del Ministerio de Educación y recursos propios de la universidad (…) Recursos propios jamás serán recursos de la gobernación”, enfatizó.La respuesta no se hizo esperar. El gobernador Díaz replicó al ministro recordando que la Gobernación aporta casi 90.000 millones de pesos al año a la UIS.“Claro que somos nosotros los santandereanos los que ayudamos a fondear los recursos propios de la UIS”, escribió, y aprovechó para insistir en el bajo apoyo del Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. “Cubrimos el 100 % con un apoyo del 17,3 % del Gobierno Nacional, porcentaje muy por debajo del apoyo a otros departamentos (…) no vaya a dejar a los niños más pobres sin comida”, advirtió.El cruce de mensajes dejó en evidencia la tensión entre el Gobierno Nacional y la administración departamental sobre la financiación de la educación en Santander, en un contexto en el que la UIS busca consolidar nuevos proyectos académicos e infraestructura para ampliar su cobertura.
El Gaula de Santander adelanta las investigaciones para establecer la identidad de varios hombres armados con fusiles que fueron grabados en video mientras hacían presencia en zona rural del municipio de Lebrija, situación que generó preocupación entre las comunidades y encendió las alertas de las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga.Las imágenes, que comenzaron a circular recientemente por WhatsApp, muestran a los sujetos portando armas largas entre las veredas Uribe Uribe y Guzamán, hecho que llevó a un refuerzo inmediato de la seguridad en la región con presencia de la Policía y el Ejército.El gobernador de Santander, general en retiro Juvenal Díaz, aseguró que no se permitirá que estas acciones pretendan intimidar a la población.“No vamos a permitir que se pretenda intimidar a los santandereanos. Hemos activado todos los mecanismos de reacción y articulación institucional”, indicó el mandatario, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar de manera categórica estos hechos y confiar en la institucionalidad.De acuerdo con las comunidades, también se habrían registrado avistamientos de hombres armados en sectores como Topocoro y la vía que conduce a San Vicente de Chucurí. Las autoridades buscan establecer si se trata de delincuencia común o de estructuras armadas que estarían intentando expandir su presencia hacia el área metropolitana.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reiteró su preocupación frente a este fenómeno y advirtió sobre el riesgo de expansión de grupos ilegales desde el Magdalena Medio y el Catatumbo hacia la capital santandereana.“Hoy hemos hecho un llamado de atención al Gobierno Nacional para que entienda que esa realidad puede estar tocando muy pronto las áreas urbanas. Por eso hemos fortalecido las estrategias tanto en Bucaramanga como en el área metropolitana para contener cualquier acción de estas estructuras delincuenciales”, expresó.El mandatario local señaló que se han creado planes de contingencia en articulación con la Gobernación, el Ejército y la Policía, y que se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Militar y el Gaula para blindar la seguridad en Bucaramanga y los municipios cercanos.Mientras avanzan las indagaciones, la prioridad de las autoridades es preservar la convivencia y la tranquilidad de la ciudadanía.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego, luego de ser atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y vestían ropa similar a la de repartidores de domicilios en Bucaramanga.Estos hombres dispararon en su contra, mientras esperaba un pedido en el sector norte de Bucaramanga, informaron las autoridades.El hecho se presentó alrededor de las 11:10 de la noche del sábado 28 de febrero, en el barrio Campo Madrid, conocido como Las Escaleras, donde la joven se encontraba junto a su hermana cuando fue alcanzada por uno de los disparos.Testigos y familiares señalaron que uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó, impactando a la adolescente en el pecho, tras el ataque, los agresores huyeron hacia un parqueadero cercano, perdiéndose su rastro.La menor fue auxiliada de inmediato por vecinos y trasladada inicialmente a un centro asistencial del norte de la ciudad, pero debido a la gravedad de su lesión fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Le puede interesar: Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramoSegún fuentes médicas, la joven presenta una lesión que está siendo valorada de cerca por el equipo de especialistas, sin embargo, su estado actual no ha sido confirmado oficialmente por la entidad.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que se encuentran recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para dar con los responsables. Aunque no se ha establecido una causa concreta, una de las hipótesis que se analiza es que el ataque podría estar relacionado con intolerancia social, situación que sigue en verificación.Este ataque se suma a otro ocurrido en Bucaramanga contra otra mujer en menos de 24 horas.Este otro hecho ocurrió en el barrio Estoraques, donde una mujer de 50 años fue asesinada por un sicario, y el viernes ya se habría registrado un ataque en iguales circunstancias en un parque que dejó varios heridos, incluida una menor de edad.La Policía mantiene operativos especiales y aún no descartan ajustes de cuentas o feminicidio dado que las victimas son mujeres, hicieron un llamado la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar a identificar y judicializar a los agresores.
Las autoridades de salud reportaron seis casos confirmados de tosferina, tres de ellos en menores de edad, en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, donde desde hace más de un mes se han venido presentando síntomas respiratorios persistentes, principalmente en niños y lactantes.De acuerdo con líderes locales y denunciantes, los contagios han aumentado progresivamente, pero el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido limitado. El alcalde Luis Felipe Rivera explicó que las cifras podrían ser mayores a las oficialmente registradas.“Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”, señaló el mandatario.Además, persisten barreras culturales dentro del territorio que dificultan la aplicación de biológicos.Habitantes del sector han manifestado preocupación por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la escasa información oficial sobre el alcance del brote; además, no existe un cerco epidemiológico efectivo y si podría haber subregistro de pacientes.La tosferina es una infección respiratoria que puede generar complicaciones graves en menores de edad, por lo que las autoridades buscan reforzar la atención médica y establecer acuerdos con la comunidad para prevenir nuevos contagios.Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para acompañar las acciones en territorio y evitar que la situación se agrave.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego tras un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en el barrio Campo Madrid, en Bucaramanga.El hecho ocurrió hacia las 11:10 de la noche del sábado, cuando la menor se encontraba junto a su hermana en el sector conocido como las escaleras, esperando un pedido a domicilio. Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta, con prendas alusivas a entregas de comidas rápidas, descendieron de la motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego y disparó contra la joven.Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un centro asistencial, psteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.La Policía Metropolitana inició operativos de búsqueda y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y esclarecer los móviles del caso, por ahora nose descarta un ajuste de cuentas e intolerancia.Este hecho se suma a otros ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, el primero ocurrió la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del barrio La Ceiba, donde donde hombres en motocicleta llegaron al parque donde se jugaba un partido de voleybol y dispararon contra los presentes.El ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico. Y el tercer hecho una mujer de 50 años, quién fue asesinada en otro sector de la capital santandereana, en el barrio Estoraques. Un sicario llegó hasta el barrio donde vivía Alejandrina Gaona Lizarazo quién era ama de casa y le disparó más de 9 veces, hasta acabar con su vida. Las autoridades investigan estos tres casos pues todos son violencia desmedida contra la mujer y menores de edad en diferentes zonas.
Las autoridades encendieron las alarmas en Santander tras identificar una nueva modalidad de hurto de vehículos pesados que estaría siendo utilizada por bandas organizadas para robar volquetas y mezcladoras de concreto y trasladarlas hacia zonas de frontera.Durante el fin de semana, más de siete hombres armados ingresaron a empresas en San Gil y Barbosa, donde intimidaron y amarraron a vigilantes y trabajadores para cometer el hurto de ocho vehículos, entre volquetas, mezcladoras y un automóvil.El último caso ocurrió en Barbosa, donde los delincuentes ingresaron durante la noche del sábado a la empresa de concreto Concremex y sustrajeron tres volquetas y un carro. El vigilante logró soltarse y alertar a la Policía, lo que permitió activar el “plan candado”.Al notar la presencia de las autoridades, los ladrones abandonaron varios de los vehículos en la vía hacia Vélez. El comandante de la Policía Nacional del departamento, Néstor Arévalo, explicó que se trata de una modalidad previamente estudiada por los delincuentes.“Normalmente hurtan entre las 9 y 11 de la noche para poder avanzar y, muchas veces, llegar a zonas del Catatumbo, Ocaña y la frontera con Venezuela, donde tenemos conocimiento de volquetas que son trasladadas tras ser hurtadas en Santander”, señaló el oficial.Según la investigación, los delincuentes realizan seguimientos previos a las empresas, ingresan en horas nocturnas, inmovilizan al personal y luego huyen por corredores viales que conducen hacia el Catatumbo, donde estos vehículos serían comercializados o utilizados ilegalmente.Gracias al operativo, las tres volquetas fueron ubicadas abandonadas en la vereda Los Guayabos, jurisdicción de Vélez, mientras que el automóvil fue recuperado posteriormente en el barrio Centro de Barbosa.Las autoridades revisan cámaras de seguridad y adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.No se descarta que se trate del mismo grupo delincuencial implicado en el hurto ocurrido la noche anterior en otra empresa de concreto en San Gil, donde también fueron robadas varias volquetas.Empresarios del sector de maquinaria pesada pidieron mayores controles y presencia policial, al advertir que estos hechos afectan la operación de las compañías y generan preocupación por la seguridad en el departamento de Santander.Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas en operativos coordinados y mantienen controles en las principales vías del departamento para evitar que más automotores sean sacados de la región.La Policía anunció que reforzará la vigilancia en zonas industriales y pidió a los empresarios fortalecer medidas de seguridad y sistemas de rastreo satelital para reaccionar con mayor rapidez ante cualquier hurto.
A pocos días de las elecciones del próximo 8 de marzo, las autoridades anunciaron un refuerzo de seguridad y medidas logísticas especiales para garantizar una jornada electoral tranquila en Barrancabermeja.Durante el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, en el que participaron la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Santander, la fuerza pública, la Procuraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se confirmó el aumento del pie de fuerza con 86 uniformados adicionales de la Policía Nacional.El despliegue contempla acompañamiento permanente en los seis corregimientos y presencia reforzada en las siete comunas urbanas, especialmente en sectores de difícil acceso como Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucurí, que anteriormente habían sido catalogados con riesgo electoral.“Para el 8 de marzo vamos a contar con más pie de fuerza de la Policía Nacional, lo cual permitirá acompañar más puestos de votación y garantizar los derechos electorales de los ciudadanos”, aseguró la alcaldesa (e), Laura Cotrina.En materia logística, las autoridades confirmaron el traslado de un puesto de votación del corregimiento El Llanito; la mesa que funcionaba en la sede preescolar de la Institución Educativa San Marcos fue reubicada en el antiguo casino La Troco.Asimismo, se realizó la inspección de los lugares de escrutinio, que este año se concentrarán en la Megaludoteca, y se designaron 15 funcionarios públicos como garantes del proceso. También se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender cualquier eventualidad en tiempo real.Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, indicó que existe articulación total entre las instituciones para asegurar la normalidad de la jornada.Las autoridades reiteraron que, por ahora, no hay alertas que comprometan el desarrollo de las elecciones y que el objetivo es brindar plenas garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad.
Tres soldados del Ejército Nacional permanecen bajo atención especializada en Bucaramanga, luego de resultar heridos en un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que operaban en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.El ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante drones cargados con explosivos que impactaron tanto el helicóptero que se encontraba en operación como la base militar en la Serranía de San Lucas; modalidad, cada vez más frecuente, que genera preocupación por el riesgo que representa para las tropas y la población.Los uniformados ingresaron hacia las 2:00 de la tarde del sábado al Hospital Universitario de Santander, donde recibieron atención especializada por lesiones de consideración, siendo uno de ellos el caso más delicado.En medio de la emergencia, la aeronave logró aterrizar de forma forzosa en el municipio de Santa Rosa del Sur.De manera paralela, en la base militar San Lucas, un suboficial y tres soldados fueron alcanzados por otro artefacto explosivo cuando se disponían a abordar un helicóptero. En total, el balance preliminar habla de al menos 14 militares lesionados, varios de ellos por esquirlas.Tres de los casos de mayor complejidad fueron remitidos a Bucaramanga para manejo especializado y cirugías correspondientes.Según el parte médico, un soldado presenta múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal, comprometiendo parte de sus órganos, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencias y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos; otro tiene lesiones por esquirlas en el abdomen y el tercero sufrió la onda explosiva, cayó al suelo y presenta una lesión en el hombro izquierdo, con fractura de húmero.Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, y varios de ellos fueron remitidos al Hospital Militar en Bucaramanga de la Segunda División, donde se encuentran en recuperación.Por ahora, los soldados permanecen bajo observación médica en la capital santandereana, mientras se espera un nuevo parte oficial sobre su evolución.
En la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un temblor de magnitud considerable que despertó a los habitantes del noreste del país. Según el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:12 de la mañana, con una magnitud de 5.3 en la escala de Richter.Detalles técnicos del eventoEl epicentro se localizó exactamente a 13 kilómetros del municipio de Salazar, en el departamento de Norte de Santander. Los datos técnicos proporcionados por el SGC sitúan las coordenadas del evento en la latitud $7.71$ norte y longitud $-72.91$ oeste. Un factor determinante en la percepción de este sismo fue su profundidad de 179 kilómetros, lo que técnicamente se clasifica como un sismo de profundidad intermedia.Debido a esta profundidad, las ondas sísmicas lograron propagarse a través de la corteza terrestre afectando no solo al municipio del epicentro, sino también a localidades cercanas como:Arboledas: a 14 km del epicentro.Gramalote: a 23 km del epicentro.Cúcuta: capital del departamento, donde se reportó una fuerte percepción.Bucaramanga: en el departamento de Santander, debido a su proximidad geográfica y geológica.Contexto geológico de la regiónLa zona donde se registró el evento es reconocida por su alta actividad sísmica. El departamento de Norte de Santander, y particularmente su cercanía con el Nudo de Santurbán y el departamento de Santander, se encuentra en una región de alta complejidad tectónica. Colombia, al estar situada en el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico", experimenta una interacción constante entre las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe.Es importante destacar que el departamento vecino, Santander, alberga el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los puntos con mayor concentración de sismos de profundidad intermedia en el mundo. El sismo registrado hoy en Salazar comparte características con la actividad típica de esta región, donde la profundidad de los eventos suele amortiguar los daños superficiales directos, aunque permite que el movimiento sea sentido en áreas muy extensas del territorio nacional.
Una nueva controversia rodea al sistema de transporte masivo de Bucaramanga, luego de que circulara en redes sociales un video grabado en una estación de Metrolínea que habría sido utilizada para la producción de contenido para adultos.La situación fue denunciada por el concejal Diego Lozada quién cuestionó la falta de control en la infraestructura fuera de servicio y advirtió que el abandono ha facilitado hechos delictivos “nos preocupa que estas estaciones se estén convirtiendo en escenarios de desidia, primero fueron atracos, luego las viviendas de habitantes de calle y ahora grabaciones de contenido para adultos”, afirmó.En un llamado puntual a las autoridades e incluso al gerente dle sistema el cabildante agregó que se han dedicado al prestamo de buses pero que pasa con la seguridad del sistema y lo que está generando estos entornos de abandono lo que resulta realmente preocupante para la población.Tras la polémica, Metrolínea emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente lo ocurrido y aclaró que los hechos no se registraron en una estación en funcionamiento ni durante la operación del servicio.“La conducta no ocurrió en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo. Se trata de una infraestructura que se encuentra fuera de operación desde hace varios años”, señaló la entidad.Según el ente gestor, estas estaciones cerradas han sido blanco recurrente de ocupaciones indebidas, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos ilegales.Además, advirtió que la falta de vigilancia permanente y de acompañamiento institucional ha facilitado este tipo de situaciones.“Metrolínea, como ente gestor, no cuenta con facultades de policía ni fuerza coercitiva”, explicó la empresa, al tiempo que pidió mayor presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades municipales para proteger el patrimonio público.La entidad solicitó acciones urgentes de control, vigilancia y judicialización frente a quienes utilicen estos espacios para actividades irregulares, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la infraestructura del sistema.El caso reabre el debate sobre la seguridad y el estado de varias estaciones fuera de operación en el área metropolitana, mientras usuarios y autoridades piden soluciones estructurales para evitar nuevos episodios.
Las autoridades de salud encendieron las alertas en Bucaramanga tras confirmarse un caso importado de sarampión en un hombre de 35 años que había viajado recientemente a México, situación que obligó a activar un cerco epidemiológico inmediato en un sector de la ciudad para evitar posibles contagios.El caso hace parte de los tres detectados en el país y fue confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS). Los otros dos contagios se reportaron en Bogotá.Tras el diagnóstico por pruebas serológicas y RT-PCR, equipos médicos iniciaron el rastreo de contactos cercanos, revisión de carnés de vacunación y aplicación del llamado bloqueo vacunal, estrategia que busca inmunizar a familiares, vecinos y personas cercanas al paciente.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada Ascanio, explicó que el paciente permanece estable y aislado en su vivienda.“Con la Secretaría de Salud de Bucaramanga y el Ministerio estamos realizando el cerco epidemiológico en un barrio de la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar la propagación. Se hace seguimiento a la familia y contactos estrechos”, indicó.Las autoridades recordaron que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en comunidades con esquemas incompletos de inmunización.Por eso, hicieron un llamado a padres de familia, niños, jóvenes y adultos para verificar sus vacunas y acudir a los puntos de salud, especialmente quienes no tengan las dos dosis requeridas.Aunque por ahora no se han confirmado más contagios en Santander, la vigilancia epidemiológica continúa activa ante el aumento de casos en países como México y otras zonas de América.
En la planta de Concretos El Nogal, ubicada en la vía San Gil – Charalá (km 5), cerca de 15 hombres armados y encapuchados irrumpieron en las instalaciones, sometieron al vigilante y a varios empleados, hurtaron vehículos y equipos de la empresa.Los delincuentes amordazaron al personal y permanecieron dentro de la planta hasta las 4:00 de la mañana, tiempo durante el cual robaron dos camiones mixer, una turbo con bomba de cemento, una motocicleta, celulares y el DVR de las cámaras de seguridad.A través de un comunicado a la opinión pública, la compañía confirmó el hurto de los vehículos y el equipo y confirmó el estado del personal que sufrió el violento asalto“Gracias a la rápida y efectiva reacción de la Policía Nacional, los vehículos fueron recuperados exitosamente; destacamos y agradecemos la ardua labor de nuestras autoridades; todo nuestro personal se encuentra bien, lo cual es nuestra mayor tranquilidad”, señaló la gerencia.La empresa también hizo un llamado para reforzar la seguridad en el municipio y evitar que este tipo de hechos se repitan.“Es fundamental que se fortalezcan de manera inmediata las estrategias de seguridad, control y prevención del delito. San Gil no puede normalizar estos hechos”, indicó.Además, advirtió que podrían presentarse retrasos en algunos servicios mientras se normalizan las operaciones.Tras la huida de los delincuentes, la rápida reacción de la Policía permitió activar un plan candado nacional, que dejó como resultado dos personas capturadas y la recuperación de los vehículos en jurisdicción de Ubaté y Piedecuesta.La Policía y el CTI continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables del robo, mientras empresarios del sector expresaron preocupación por el aumento de la inseguridad en la región.