El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en el departamento de Santander, bajo la modalidad de pico y cédula. Los pagos comenzarán el 2 de marzo, según confirmó la entidad.Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y SuperGIROS, con cubrimiento en todo el territorio nacional. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.Por eso en los diferentes puntos de pago en Bucaramanga se observaron largas filas de adultos mayores a la espera de recibir el bono económico. Prosperidad Social recordó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, e invitó a los beneficiarios a utilizar únicamente los canales oficiales de atención para evitar fraudes o desinformación.La gerente regional de Prosperidad Social en Santander, Luz Elena Torres Molina, señaló que “es importante que antes de dirigirse a los puntos de pago, los adultos mayores consulten en la página oficial de Prosperidad Social o en las alcaldías municipales el monto de la transferencia y el punto para cobro asignado”.Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa y alcanzar 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país.A nivel nacional, en estos dos ciclos se destaca el aumento de la población indígena beneficiaria, que pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un incremento del 114 %, ampliando así la cobertura en comunidades históricamente vulnerables.Prosperidad Social señaló que continuará fortaleciendo los programas de transferencias monetarias como herramienta para la protección económica de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.
La Secretaría de Salud de Bucaramanga anunció el inicio de una jornada de vacunación gratuita en la comuna 12, sector donde reside el hombre diagnosticado con sarampión tras llegar procedente de México.La medida preventiva fue confirmada por la secretaria de Salud, Gloria Orduz, quien explicó que el paciente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.“La persona en este momento se encuentra aislada por parte de la Secretaría de Salud. Se le han realizado los seguimientos, se tienen sus datos y se le han dado las indicaciones de aislamiento y de cuidados que debe tener con las demás personas con las que convive y en su trabajo. En este momento está aislado”, señaló la funcionaria.Según la Secretaría, hasta ahora no se han reportado nuevos casos asociados. Orduz aseguró que el paciente no ha tenido contacto reciente con otras personas y que, en caso de haberlo tenido antes del diagnóstico, adoptó medidas de prevención como el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento, teniendo en cuenta que el contagio del sarampión se produce por vía aérea, a través de gotículas.“Hasta el momento no hemos tenido personas que hayan asistido a clínicas o centros de salud con síntomas relacionados, ni reportes de otros posibles contagios”, agregó.Como parte de la estrategia de contención, la Secretaría de Salud desplegará brigadas de vacunación en la comuna 12, con el fin de verificar esquemas incompletos y aplicar gratuitamente la vacuna triple viral, principal herramienta para prevenir el sarampión.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a revisar su carné de vacunación, acudir a los puntos habilitados y consultar de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal o enrojecimiento de los ojos.
Dos emergencias por incendio se registraron este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga y generaron preocupación entre la comunidad.El primer caso ocurrió hacia las 12:45 del mediodía en la calle 30, entre carreras 5 y 6 del barrio Girardot, en la capital santandereana. De acuerdo con testigos, una densa humareda comenzó a salir desde el interior de una vivienda, lo que llevó a vecinos a alertar de inmediato al Cuerpo de Bomberos.Las unidades de emergencia llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras casas del sector. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los daños materiales ni las posibles causas que originaron el incendio.Horas más tarde, otro incendio fue reportado en el municipio de Floridablanca, esta vez en el interior de las obras abandonadas de la estación Papi Quiero Piña del sistema Metrolínea.Una densa columna de humo fue visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma entre conductores y residentes del sector. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.Las autoridades avanzan en la verificación de las causas de ambos hechos.
La Policía Nacional confirmó la captura de tres hombres señalados de participar en el asesinato de la líder social Nancy Valderrama Pinzón y su hijo, en hechos que conmocionaron a Barrancabermeja el pasado 5 de febrero de 2026.De acuerdo con las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de “Porrón”, de 19 años; “Pirú”, de 22; y “Mocho”, de 24 años, serían los presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en la comuna 7 del puerto petrolero, bajo la modalidad de sicariato.La víctima, Nancy Valderrama Pinzón, de 57 años, era presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Centenario. En el mismo ataque fue asesinado su hijo, Kevin Andrés Strauss Valderrama, de 29 años.Según la investigación adelantada por unidades de inteligencia e investigación criminal, alias “Porrón” fue ubicado y capturado en Cúcuta, Norte de Santander, mientras que alias “Pirú” y “Mocho” fueron detenidos en Barrancabermeja.Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.Además, las autoridades señalaron que alias “Mocho” registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tres anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones personales.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
No pasaron ni 48 horas desde que el estadounidense Michael Jamie Inofuentes fue condenado a 18 años años de cárcel por delitos sexuales en contra de menores de edad en Medellín, cuando se reportó una nueva captura por este tipo de conductas esta vez de un ciudadano israelí.La información que se ha conocido hasta el momento es que, desde el barrio La Visitación, llegó una alerta de posible explotación sexual de menores de edad, esto luego de que el administrador de una vivienda de renta corta informara a la autoridades del ingreso, al parecer, de dos adolescentes con un hombre.Tras el llamado al 123, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó hasta este exclusivo sector de la capital de Antioquia y halló al extranjero en compañía de una de las adolescentes como aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa."Se logró la captura de un ciudadano israelí que había contactado a dos menores de edad a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales. Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad", señaló el funcionario.Por ahora, se ha determinado que el hombre de nacionalidad israelí habría contactado a las menores de edad a través de redes sociales con el propósito de pagar por tener relaciones sexuales, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles de la segunda joven involucrada en esta situación.Hay que mencionar que el extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y se espera que la investigación avance de manera rápida y este hombre se convierta en el sexto extranjero en ser condenado por abusar de menores de edad en Medellín.Los casos anteriores son los de Michael Inofuentes, condenado a 18 años de prisión; Mohamed Anashwed, enviado a 21 años de cárcel; Manuel Poceiro y Stefan Correa, condenados a cadena perpetua; y se espera que se defina en los próximos días el futuro de Ramón Arellano.
La reforma del programa de asilo del Reino Unido entró en vigor el lunes, anunció el Ministerio del Interior, con nuevas normas que reducen drásticamente las protecciones para los refugiados y sus hijos.En virtud de las reformas, la condición de refugiado pasará a ser temporal y estará sujeta a revisión cada 30 meses. Quienes procedan de países de origen considerados seguros se verán obligados a regresar.También tendrán que esperar 20 años, en lugar de los cinco actuales, antes de poder solicitar la residencia permanente.La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumentó que el sistema anterior era demasiado generoso en comparación con otros países europeos y que había actuado como un "factor de atracción" que incentivaba las solicitudes de asilo."Debemos garantizar que nuestro sistema de asilo no esté creando factores de atracción que lleven a las personas a emprender peligrosos viajes a través del mundo, alimentando y financiando a los traficantes de personas".Las nuevas directrices entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.La protección podrá renovarse para los refugiados que sigan considerándose en situación de riesgo en su país de origen, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.Con el sistema actual, en el que a los refugiados se les concede protección durante cinco años, las personas tienen derecho a traer a su familia y luego pueden solicitar un permiso de residencia permanente "prácticamente automático", mientras reciben apoyo, subrayó el gobierno, algo que calificó como "una de las ofertas más generosas a los refugiados de cualquier país de Europa occidental".Los menores no acompañados seguirán pudiendo recibir el estatuto de refugiado por un periodo de cinco años.Un total de 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en el año que terminó en septiembre de 2025, un 13 % más que el año anterior y un 7 % más que el máximo anterior de 103.081 en 2002, según un informe del Ministerio del Interior publicado en noviembre.De esa cifra, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes de asilo son Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.En conjunto, esos países representan casi dos de cada cinco solicitantes, es decir, el 39 %, en el año que terminó en septiembre de 2025.
Un grave accidente de un bus afiliado a la empresa Libertadores que cayó a un abismo dejó a dos personas muertas y varias heridas. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de marzo en la vía de la Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola hacia el Alto la Virgen.En el bus que había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, viajaban nueve personas, según el reporte inicial. Dos ambulancias, una del corregimiento de Samoré del municipio de Toledo y otra del hospital de Cubará, Boyacá, llegaron hasta el punto de la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.Las autoridades investigan las causas del accidente, en el sitio realizan el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas fatales que dejó este siniestro vial.En desarrollo...
Las intensas lluvias de las últimas semanas en Santander han provocado graves afectaciones en vías terciarias y secundarias, dejando incomunicadas a varias comunidades que hoy dependen de la instalación de puentes militares para restablecer su movilidad. Según la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, se requieren al menos ocho estructuras modulares en puntos críticos para garantizar la comunicación en zonas rurales.Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que actualmente 32 municipios del departamento se encuentran en calamidad pública, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.“¿Qué implica tener una calamidad pública? Implica que el municipio ha tenido una serie de eventos que son recurrentes y que ya no tiene las capacidades ni financieras ni administrativas para atender estas emergencias. Entonces decretan su calamidad con el fin de que el departamento entre a darles una mano”, explicó Sánchez.El funcionario recordó que, desde la Gobernación de Santander, se han hecho inversiones en maquinaria, ayudas humanitarias y acciones de respuesta frente a eventos anteriores, como el envío de carrotanques durante las sequías. Sin embargo, reconoció que los recursos departamentales se encuentran agotados.“Hoy ya los recursos son pocos los que tiene la gobernación para esta línea de gestión del riesgo. Por eso el gobernador hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla el anuncio de disponer recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Necesitamos que volteen a ver a Santander y nos ayuden con tantos escenarios de riesgo”, enfatizó Sánchez.De acuerdo con la entidad, la ubicación geográfica del departamento lo hace altamente vulnerable a inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales y pérdida de calzadas, fenómenos que hoy mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La solución más urgente, añadió el director de Gestión del Riesgo, es la asignación de puentes militares o modulares, que permitirían en un plazo de mes y medio restablecer la conectividad en las zonas afectadas.“Tenemos una serie de solicitudes de puentes, que es lo que más en este momento se necesita, y estamos haciendo ese llamado para que se nos asignen algunos puentes modulares o militares, porque es una solución pronta que permite resolver la dificultad en semanas”, concluyó Sánchez.
Barrancabermeja se prepara para una nueva movilización ciudadana en rechazo a la violencia que en los últimos días ha golpeado al municipio. Este viernes, comunidades, organizaciones sociales, representantes de la iglesia y la Alcaldía distrital encabezarán una marcha por la paz, luego de que, en las últimas 12 horas, se registraran dos ataques sicariales en la comuna 7, en los que un menor de 16 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas.Los recientes hechos encendieron las alarmas de las autoridades locales, que convocaron de manera urgente a una reunión de seguridad en la que participaron la Policía, el Ejército, la Armada y la Unidad Nacional de Protección. Según informó la Alcaldía, durante el encuentro se establecieron compromisos para reforzar el control en todas las comunas del Distrito y avanzar en las investigaciones.Entre las medidas adoptadas, se encuentra la articulación de acciones inmediatas de seguridad, labores de vecindario y la revisión de cámaras de vigilancia, con el fin de dar con los responsables de los ataques. Las autoridades señalaron que las líneas de investigación se concentran en establecer los móviles detrás de los recientes homicidios y atentados sicariales.La marcha por la paz busca enviar un mensaje de unidad y rechazo a la violencia que atraviesa Barrancabermeja. “La ciudadanía se une para demostrar que la vida y la convivencia deben prevalecer frente a los actos criminales”, expresó la administración distrital.El recorrido se llevará a cabo en el centro del municipio, donde se espera la participación de cientos de personas, en un clamor colectivo por la seguridad y la tranquilidad en el puerto petrolero.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció un dispositivo especial de movilidad, con apoyo de la Policía, para los cierres viales que regirán entre el 11 y el 15 de septiembre con motivo de los principales eventos de la Feria Bonita 2025.El director de la DTB, Jhair Manrique, informó que el primer cierre se dio en la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 10 y se extenderá hasta la madrugada del lunes 15 de septiembre.Durante el fin de semana, la carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20 estará cerrada totalmente por el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos, y motos de alto cilindraje, entre las 8:00 de la noche del viernes 12 y la medianoche del domingo 14.Adicionalmente, el concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini implicará cierres en la calle 14 entre carreras 29 y 32B, la carrera 30 entre calles 10 y 14 y la avenida Eduardo Santos con carrera 28, desde el viernes 12 a las 8:00 de la noche hasta el domingo 14 a las 4:00 de la madrugada.La Dirección de Tránsito habilitó vías alternas en sectores cercanos y recomendó a los ciudadanos evitar, en lo posible, el uso de vehículo particular para asistir a las actividades de la feria.
Un grupo de diputados, concejales, ediles, dirigentes y militantes del Partido Liberal en Santander le solicitarán formalmente al expresidente César Gaviria Trujillo, jefe de la colectividad, que no se otorgue el aval liberal para el Senado al exgobernador Richard Aguilar Villa. Blu Radio conoció una carta que será enviada a la Dirección Nacional Liberal donde varios dirigentes del partido en Santander expresan su inconformismo por la posible llegada de Aguilar Villa a las toldas rojas. En la misiva se asegura que el exgobernador de Santander y exsenador, ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción relacionados con contrataciones irregulares, obras inconclusas, sobrecostos y presuntas redes clientelistas.Entre los proyectos cuestionados mencionan el Corredor Agroforestal, las remodelaciones del Estadio Alfonso López y los contratos de acueductos municipales que, según los denunciantes, han dejado pérdidas millonarias y afectan a varias provincias del departamento.Los militantes liberales señalaron que respaldar a Aguilar sería una incoherencia política y ética para el liberalismo santandereano.“Otorgar un aval a quien ha combatido nuestras ideas, representa estructuras cuestionadas y ha sido símbolo del clientelismo que combatimos, sería un profundo error histórico y una herida a la militancia”, se lee en la carta.El diputado liberal por Santander, Francisco González, cuestionó la posible llegada de Richard Aguilar al partido. "La mayoría del liberalismo santandereano. Esperamos que no se le de el aval a Richard Aguilar. No ha hecho liberalismo en el departamento. No nos parece ni coherente ni junto que se le permita su llegada. El no ha hecho ni construido ningún merito", aseveró."Las bases liberales en su gran mayoría lo que siente es que está llegando una persona que no tiene ningún merito y si nos genera un desgaste. No entendemos cual puede ser la sumatoria que le va hacer Ricard Aguilar al liberalismo santandereano", afirmó en Blu Radio el diputado González. La carta de los liberales de Santander resalta la autoridad moral del expresidente César Gaviria y lo insta a preservar la esencia del liberalismo.“Otorgar un aval a quien ha sido antagonista del liberalismo santandereano traicionaría nuestra identidad histórica. Esta decisión no solo protegerá la integridad del partido: enviará un mensaje claro de que el liberalismo no está dispuesto a sacrificar su esencia a cambio de votos”, concluyen la misiva. Actualmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, sigue siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos durante su administración La colectividad roja en Santander espera que la dirección nacional tome una decisión que, según expresaron, será clave para mantener la coherencia, la transparencia y la credibilidad del Partido Liberal en la región.
En lo corrido de 2025, en Santander se han registrado 353 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 151 corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. Un reciente convenio entre el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca prevenir y atender la desnutrición en el departamento.El programa, denominado Servicio integral para la atención y prevención de la desnutrición en Santander, beneficiará a 1.200 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso o sobrepeso en 27 municipios.La estrategia incluye valoración nutricional, acompañamiento psicosocial, controles de salud, vacunación y la entrega mensual de mercados y bienestarina a las familias.“En cada municipio tendremos un gestor comunitario que contactará a los beneficiarios, verificará que no hagan parte de otros programas del ICBF y los remitirá para la respectiva valoración”, explicó José Mauricio Cáceres Arismendi, apoyo de supervisión del convenio.Los municipios priorizados incluyen Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, El Playón, Lebrija, Barbosa, Vélez, Landázuri, La Paz, Bolívar, El Peñón, La Belleza, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Santa Helena del Opón, entre otros.El convenio comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre con el propósito de llegar a las familias más vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.
Las fuertes lluvias continúan generando emergencias en el municipio de Vélez, Santander, donde al menos nueve veredas permanecen incomunicadas por deslizamientos de tierra y daños en las vías terciarias y secundarias, afectando a cerca de 200 familias campesinas.El alcalde Orlando Ariza advirtió que la capacidad de respuesta del municipio es limitada debido a la escasa maquinaria disponible para atender múltiples puntos críticos al mismo tiempo.“Las lluvias han incrementado las afectaciones en vías, muchas veredas están incomunicadas y estamos trabajando con la poca maquinaria del municipio, sobre todo en zonas donde se registran deslizamientos que dejan aislados a los campesinos, estamos atendiendo hasta donde es posible, pero hay situaciones que se nos salen de las manos”, explicó el mandatario.Entre los puntos más críticos se encuentran El Gualio, que conecta con otros municipios, así como las veredas Egidos, San Vicente, San Pablo, Peña de San Vicente, Curutaco, Japón, Guayabal, Peña Tambor y El Amarillo, donde se reportan cierres parciales y totales en al menos tres tramos.Las comunidades denuncian que la emergencia está dificultando la salida de productos agrícolas y el abastecimiento básico, además de complicar el traslado de personas enfermas o con citas médicas.“Hay muchas personas que no pueden movilizarse para controles médicos o urgencias. También se está perdiendo la producción del campo porque no hay cómo sacarla”, agregó el alcalde.Ante la magnitud de los daños, la administración municipal solicitó acompañamiento a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las autoridades departamentales para el envío de maquinaria amarilla y recursos que permitan habilitar las vías en el menor tiempo posible.Mientras avanzan las labores, las autoridades recomiendan a la comunidad evitar transitar por zonas inestables y reportar cualquier deslizamiento o emergencia.
En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía reportó la captura de al menos 10 personas y la incautación de más de 1.800 dosis de droga listas para su comercialización en diferentes municipios de Santander y el Magdalena Medio.Los operativos, adelantados por grupos especiales, patrullas de vigilancia y unidades de tránsito, permitieron afectar puntos de expendio y rutas de transporte de sustancias ilícitas, impactando directamente las finanzas de las redes de microtráfico.En Sabana de Torres, dos hombres fueron capturados cuando intentaban huir de la Policía. En un bolso abandonado hallaron 283 dosis de base de coca, 15 de clorhidrato de cocaína y 7 de marihuana, para un total de 305 dosis.En Barbosa, otros dos ciudadanos fueron sorprendidos con 40 papeletas de base de coca y seis bolsas de marihuana, sustancias que, según las autoridades, estaban listas para la venta.En Vélez, gracias a información de la comunidad, fue capturado un hombre con 35 envolturas de bazuco en inmediaciones de la plaza de ferias.Uno de los golpes más significativos se dio en la vía nacional, a la altura de Aratoca, donde uniformados de tránsito capturaron a un joven que transportaba 490 dosis de marihuana dentro de su equipaje.En San Vicente de Chucurí, otro hombre fue detenido con más de 100 dosis de marihuana durante controles en zona céntrica.En Barrancabermeja, las autoridades adelantaron dos operativos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de la M”. En el primero fue capturada alias “Diana”, con 593 dosis de cocaína y 47 cigarrillos de marihuana. En una segunda acción fueron detenidos dos hombres más con 146 dosis entre marihuana y base de coca.Sumando todos los procedimientos, las autoridades incautaron alrededor de 1.860 dosis de estupefacientes y lograron 10 capturas en flagrancia, afectando puntos de distribución en barrios, zonas rurales y corredores viales del departamento.El comandante policial de Santander, Nestor Atévalo, aseguró que "estos resultados buscan reducir la oferta de drogas en entornos escolares y cerca a barrios, donde los niños son inducidos por estas bandas delincuenciales al consumo", además, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123.
La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que activó medidas operativas y legales para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los 102 municipios donde opera, en medio del cese de actividades de la organización sindical Sintraelecol.A través de un comunicado, la empresa señaló que prioriza la operación en infraestructura crítica y mantiene habilitados sus canales oficiales de atención, aunque con restricciones en la modalidad presencial, con el fin de mitigar impactos en clientes y usuarios.La ESSA precisó que el pasado 20 de febrero el Ministerio del Trabajo inició una diligencia administrativa para determinar las actividades esenciales y el personal mínimo requerido para asegurar la prestación del servicio durante la huelga.En ese contexto, la empresa expuso ante la autoridad la necesidad de contar con la totalidad de su planta de personal para garantizar la operación integral. Sin embargo, recordó que es el Ministerio el que define las condiciones bajo las cuales deben mantenerse los procesos esenciales y el número de trabajadores requeridos.José Gregorio Ramírez, subgerente de Mantenimiento de ESSA, afirmó que la compañía continúa enfocada en asegurar la prestación del servicio. “Desde la Electrificadora de Santander queremos informar a la ciudadanía que continuamos con nuestro compromiso de prestar un servicio público esencial a todos los usuarios de manera continua, legal, confiable y segura. Mantenemos nuestros canales de atención con algunas restricciones en la parte presencial por las disposiciones del Ministerio del Trabajo con ocasión del cese de actividades”, explicó.El directivo agregó que la empresa manifestó tanto al Ministerio como al sindicato la necesidad de contar con la integralidad de los trabajadores para garantizar el servicio, aunque reiteró que la decisión final corresponde a la autoridad laboral.La compañía invitó a los usuarios a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y recordó que no se requieren intermediarios para gestionar solicitudes.Los canales disponibles son: emergencias, riesgos eléctricos o afectaciones del servicio: línea 115, línea gratuita de atención al cliente: 01 8000 97 19 03, asistente virtual Luisa (WhatsApp): 318 833 91 21 y portal web www.essa.com.co
Con miedo, los dueños de mascotas evitan sacar a pasear a sus animales por las calles del barrio Los Andes, en Floridablanca, luego de que en los últimos meses más de 30 perros y gatos murieran por un presunto envenenamiento. Según la comunidad, el químico estaría siendo esparcido en zonas verdes y arbustos, donde los animales suelen olfatear o hacer sus necesidades, lo que habría provocado las intoxicaciones.Perros y gatos presentan los mismos síntomas antes de fallecer, como vómito, sangrado y un rápido deterioro físico. Lo más preocupante, dicen los vecinos, es que no se trataría de alimento contaminado, sino de una sustancia tóxica aplicada en arbustos y zonas verdes, que afectaría a los animales con solo rozarlos u olfatearlos.Victoria Correa relató que el caso de su mascota fue fulminante y en menos de 5 horas falleció."Sacamos al perrito hacia las 11:00 de la noche, incluso llevábamos un rociador para limpiar cuando orinaba, pero sobre las 3:20 de la mañana tuvimos que salir de urgencia a la veterinaria, el perro estaba convulsionando y tuvo paro cardiaco, le hicieron pruebas de moquillo y otros exámenes, y el parte médico fue claro, murió por envenenamiento. El químico que están usando es tan fuerte que lo destruyó completamente por dentro”, afirmó.Le puede interesar: Investigan posible envenenamiento a habitantes de calle en VillavicencioLa residente expresó, además, su preocupación por el riesgo para la comunidad. “Por aquí transitan niños, adultos mayores y muchas personas tocan las plantas o se llevan las manos a la boca, cualquier cosa puede pasar”, advirtió.Autoridades de Alcaldía de Floridablanca investigan el presunto envenenamiento de mascotas y piden a la comunidad reforzar el cuidado de perros y gatos, confirmó Aura Carolina Parra directora de Seguridad y Sana Convivencia.Otros vecinos aseguran que la cifra de casos sigue aumentando.“Se han presentado casos en varias cuadras del barrio y en sectores aledaños, pero en nuestra calle van como 30, presentan alteración en la visión y el parte clínico de las veterinaria nos dicen que es enveneamiento y esto es preocupante porque salen niños, con pelotas, carritos y demás juguetes. Particularmente yo puse el denunció ante la Fiscalía General de la Nación, pero no nos han respondido”, afirmó Víctor Albarracín.La situación ha generado tal nivel de angustia que algunas familias han optado por no sacar a sus animales o, incluso, mudarse del sector.“Caminar por el barrio es como una ruleta rusa. Uno no sabe si su mascota va a regresar viva”, comentó otro residente.Los habitantes advierten que el problema no es nuevo, pero en la última semana se habrían registrado al menos tres muertes más, lo que incrementó la alarma comunitaria.“Quien es capaz de hacerle esto a un animal puede hacerlo con una persona. Necesitamos que investiguen y encuentren a los responsables”, agregó Correa.Los cuidadores y defensores de animales piden presencia de las autoridades, análisis toxicológicos en las zonas verdes y vigilancia para evitar que continúe lo que califican como un envenenamiento masivo y sistemático.
La Administración Distrital de Barrancabermeja advirtió que, pese a múltiples alertas y reportes de avistamientos de hipopótamos en zonas rurales y humedales del municipio, la autoridad ambiental regional no ha activado el protocolo de captura y reubicación de estos animales, considerados una especie invasora y de alto riesgo para la comunidad.El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que la alcaldía ha cumplido con las acciones preventivas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como jornadas de ahuyentamiento, capacitación comunitaria y articulación con la Policía Ambiental.“Hemos hecho lo que nos corresponde acciones de prevención, pedagogía con la comunidad y monitoreo constante, pero no contamos con presupuesto ni logística para capturar un animal de este tamaño. Ese procedimiento le corresponde a la autoridad ambiental”, explicó el funcionario.Granados enfatizó que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África y puede atacar por comportamiento territorial, no por hambre, lo que incrementa el riesgo para habitantes de sectores cercanos a ciénagas y humedales.Según la alcaldía, se han identificado ejemplares en Cuatro Bocas, la ciénaga del Opón, Tierra Adentro y un humedal que conecta con el caño La Cira Infantas. Además, advierten que los animales se desplazan principalmente en horas nocturnas y cerca de escuelas y viviendas rurales.El secretario señaló que ya hay presencia de al menos dos hipopótamos y que estos estarían descendiendo desde zonas como Doradal por el río Magdalena. Incluso, se reportó otro ejemplar en Yondó, municipio ubicado frente a Barrancabermeja.La administración local también alertó por los daños ecológicos que causa la especie invasora, como la destrucción de humedales, alteración de ecosistemas estratégicos y afectación de fauna nativa, enfatizando que cada animal puede consumir más de 200 kilos de pasto al día y generar alta contaminación en fuentes hídricas.Además, señalaron el riesgo para especies como el manatí antillano en vía de extinción o el jaguar y otras que habitan estos corredores biológicos, ya que los mata por apropiarse de sus territorios.Granados insistió en que se debe aplicar el principio de precaución y no esperar a que ocurra un ataque. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sólo realizaron videos de la situación, pero no han hecho nada más.“No debemos esperar a que un niño o un habitante resulte herido, lo responsable es capturarlos y reubicarlos, por ejemplo, en zoológicos o sitios autorizados como la Hacienda Nápoles”, afirmó.Recordó que la captura de un hipopótamo puede superar los 100 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el municipio.Finalmente, la alcaldía anunció que evalúa acciones jurídicas contra la autoridad ambiental y el Gobierno Nacional por omisión.“Nos vemos en la obligación de tomar acciones legales, no vamos a permitir que nuestra comunidad siga en riesgo por una problemática heredada desde la época del narcotráfico, cuando Pablo Escobar introdujo estas especies al país. Hemos denunciado desde el mes de diciembre y no han hecho nada, hoy estamos viviendo las consecuencias, pero eso no es excusa ante la falta de respuesta institucional”, concluyó el secretario.
Jonathan Gamboa, completa 60 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la correccional de Jackson Parish, en el estado de Luisiana. Desde ese centro de detención, él y un grupo de connacionales están haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que agilicen su regreso a Colombia.El bumangués salió de la capital santandereana el 31 de diciembre de 2022 junto a su esposa e hija en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Según su familia, trabajaba en dos empleos: en una ferretería y realizando entregas de paquetes para Amazon.En un video enviado a sus familiares y medios de comunicación, el joven aseguró que permanece retenido desde hace dos meses, pese a que ya firmó una orden de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración.“Somos un grupo de colombianos detenidos por ICE aquí en la correccional Jackson Parish, en Luisiana. Hoy 18 de febrero de 2026 solicitamos al Gobierno colombiano y a los medios que nos brinden ayuda. Llevamos entre 60 y 90 días esperando ser repatriados. Ya firmamos órdenes de deportación y salida voluntaria. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido”, expresó.De acuerdo con su testimonio, en el centro de reclusión hay 14 celdas con más de 100 personas cada una, de diferentes nacionalidades. Además, denunció presuntas condiciones deficientes de salud, alimentación e higiene, y aseguró que temen represalias por hacer pública su situación.“No estamos pagando condena ni detenidos por delitos. Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por este video”, afirmó.Desde Bucaramanga, su madre, Rosa Milena Torres Traslaviña, también elevó una petición al presidente de la República, a la Cancillería y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen el regreso de los colombianos que permanecen en ese centro.La mujer explicó que su hijo acudió a una cita con ICE el 18 de noviembre de 2025 y que el 11 de diciembre, en audiencia ante un juez de migración, solicitó la salida voluntaria, la cual le fue concedida al no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Colombia.Según relató, Jonathan tenía previsto viajar en vuelos programados para el 8 y el 15 de enero, pero ambos fueron cancelados y desde entonces no aparece en nuevas listas de repatriación.“Le pido al señor presidente y a la Cancillería que nos ayuden a traer a nuestros familiares. Somos un grupo de 30 mamás, esposas y familiares desesperados. Hay casos de personas que llevan meses retenidas. Ellos no son delincuentes, son trabajadores que salieron a buscar un mejor futuro”, manifestó.La madre aseguró que, aunque desconocen las razones de la demora en los vuelos humanitarios, la angustia crece con el paso de los días ante la falta de información clara sobre las fechas de retorno.Otro de los casos es el de Ángel Estiben Restrepo, un cucuteño de 24 años que hace dos años migró a Estados Unidos. El 10 diciembre fue detenido por ICE, hoy su familia denuncia que su estado de salud se está deteriorando.“A la cancillería, a la canciller, al consulado de Colombia en Estados Unidos es que por favor reactive los vuelos humanitarios que no sea uno a la semana, un solo vuelo no es suficiente para la cantidad de detenidos que hay. Yo hoy no hablo solamente como la mamá de Steven, sino como la mamá de otras personas que estamos pasando por eso”, dijo Johanna Milena Cárdenas, madre de joven detenido en Estados Unidos.Los casos de Jonathan y el de Estiben, quienes se fueron en busca un mejor futuro, son algunos de los tantos que muestran el drama familiar de decenas de colombianos detenidos por ICE a la espera de retornar rápidamente al país.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego, luego de ser atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y vestían ropa similar a la de repartidores de domicilios en Bucaramanga.Estos hombres dispararon en su contra, mientras esperaba un pedido en el sector norte de Bucaramanga, informaron las autoridades.El hecho se presentó alrededor de las 11:10 de la noche del sábado 28 de febrero, en el barrio Campo Madrid, conocido como Las Escaleras, donde la joven se encontraba junto a su hermana cuando fue alcanzada por uno de los disparos.Testigos y familiares señalaron que uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó, impactando a la adolescente en el pecho, tras el ataque, los agresores huyeron hacia un parqueadero cercano, perdiéndose su rastro.La menor fue auxiliada de inmediato por vecinos y trasladada inicialmente a un centro asistencial del norte de la ciudad, pero debido a la gravedad de su lesión fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Le puede interesar: Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramoSegún fuentes médicas, la joven presenta una lesión que está siendo valorada de cerca por el equipo de especialistas, sin embargo, su estado actual no ha sido confirmado oficialmente por la entidad.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que se encuentran recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para dar con los responsables. Aunque no se ha establecido una causa concreta, una de las hipótesis que se analiza es que el ataque podría estar relacionado con intolerancia social, situación que sigue en verificación.Este ataque se suma a otro ocurrido en Bucaramanga contra otra mujer en menos de 24 horas.Este otro hecho ocurrió en el barrio Estoraques, donde una mujer de 50 años fue asesinada por un sicario, y el viernes ya se habría registrado un ataque en iguales circunstancias en un parque que dejó varios heridos, incluida una menor de edad.La Policía mantiene operativos especiales y aún no descartan ajustes de cuentas o feminicidio dado que las victimas son mujeres, hicieron un llamado la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar a identificar y judicializar a los agresores.
Las autoridades de salud reportaron seis casos confirmados de tosferina, tres de ellos en menores de edad, en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, donde desde hace más de un mes se han venido presentando síntomas respiratorios persistentes, principalmente en niños y lactantes.De acuerdo con líderes locales y denunciantes, los contagios han aumentado progresivamente, pero el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido limitado. El alcalde Luis Felipe Rivera explicó que las cifras podrían ser mayores a las oficialmente registradas.“Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”, señaló el mandatario.Además, persisten barreras culturales dentro del territorio que dificultan la aplicación de biológicos.Habitantes del sector han manifestado preocupación por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la escasa información oficial sobre el alcance del brote; además, no existe un cerco epidemiológico efectivo y si podría haber subregistro de pacientes.La tosferina es una infección respiratoria que puede generar complicaciones graves en menores de edad, por lo que las autoridades buscan reforzar la atención médica y establecer acuerdos con la comunidad para prevenir nuevos contagios.Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para acompañar las acciones en territorio y evitar que la situación se agrave.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego tras un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en el barrio Campo Madrid, en Bucaramanga.El hecho ocurrió hacia las 11:10 de la noche del sábado, cuando la menor se encontraba junto a su hermana en el sector conocido como las escaleras, esperando un pedido a domicilio. Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta, con prendas alusivas a entregas de comidas rápidas, descendieron de la motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego y disparó contra la joven.Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un centro asistencial, psteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.La Policía Metropolitana inició operativos de búsqueda y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y esclarecer los móviles del caso, por ahora nose descarta un ajuste de cuentas e intolerancia.Este hecho se suma a otros ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, el primero ocurrió la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del barrio La Ceiba, donde donde hombres en motocicleta llegaron al parque donde se jugaba un partido de voleybol y dispararon contra los presentes.El ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico. Y el tercer hecho una mujer de 50 años, quién fue asesinada en otro sector de la capital santandereana, en el barrio Estoraques. Un sicario llegó hasta el barrio donde vivía Alejandrina Gaona Lizarazo quién era ama de casa y le disparó más de 9 veces, hasta acabar con su vida. Las autoridades investigan estos tres casos pues todos son violencia desmedida contra la mujer y menores de edad en diferentes zonas.
Las autoridades encendieron las alarmas en Santander tras identificar una nueva modalidad de hurto de vehículos pesados que estaría siendo utilizada por bandas organizadas para robar volquetas y mezcladoras de concreto y trasladarlas hacia zonas de frontera.Durante el fin de semana, más de siete hombres armados ingresaron a empresas en San Gil y Barbosa, donde intimidaron y amarraron a vigilantes y trabajadores para cometer el hurto de ocho vehículos, entre volquetas, mezcladoras y un automóvil.El último caso ocurrió en Barbosa, donde los delincuentes ingresaron durante la noche del sábado a la empresa de concreto Concremex y sustrajeron tres volquetas y un carro. El vigilante logró soltarse y alertar a la Policía, lo que permitió activar el “plan candado”.Al notar la presencia de las autoridades, los ladrones abandonaron varios de los vehículos en la vía hacia Vélez. El comandante de la Policía Nacional del departamento, Néstor Arévalo, explicó que se trata de una modalidad previamente estudiada por los delincuentes.“Normalmente hurtan entre las 9 y 11 de la noche para poder avanzar y, muchas veces, llegar a zonas del Catatumbo, Ocaña y la frontera con Venezuela, donde tenemos conocimiento de volquetas que son trasladadas tras ser hurtadas en Santander”, señaló el oficial.Según la investigación, los delincuentes realizan seguimientos previos a las empresas, ingresan en horas nocturnas, inmovilizan al personal y luego huyen por corredores viales que conducen hacia el Catatumbo, donde estos vehículos serían comercializados o utilizados ilegalmente.Gracias al operativo, las tres volquetas fueron ubicadas abandonadas en la vereda Los Guayabos, jurisdicción de Vélez, mientras que el automóvil fue recuperado posteriormente en el barrio Centro de Barbosa.Las autoridades revisan cámaras de seguridad y adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.No se descarta que se trate del mismo grupo delincuencial implicado en el hurto ocurrido la noche anterior en otra empresa de concreto en San Gil, donde también fueron robadas varias volquetas.Empresarios del sector de maquinaria pesada pidieron mayores controles y presencia policial, al advertir que estos hechos afectan la operación de las compañías y generan preocupación por la seguridad en el departamento de Santander.Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas en operativos coordinados y mantienen controles en las principales vías del departamento para evitar que más automotores sean sacados de la región.La Policía anunció que reforzará la vigilancia en zonas industriales y pidió a los empresarios fortalecer medidas de seguridad y sistemas de rastreo satelital para reaccionar con mayor rapidez ante cualquier hurto.