A seis años y cuatro meses de prisión fue condenada la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de San Vicente de Chucurí, Lary Yajaira Mendoza Acevedo, tras ser hallada responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que evidenciaron irregularidades en la celebración de contratos durante su gestión.De acuerdo con el ente acusador, “el 5 de marzo de 2008 la entonces funcionaria suscribió dos contratos mediante contratación directa. El primero, por más de $73 millones, tenía como objeto la recolección y traslado de residuos en el casco urbano del municipio. El segundo, por un valor superior a $161 millones, estaba destinado a la recolección de reciclaje y el barrido de calles en la misma localidad”.La Fiscalía demostró que estos contratos se celebraron sin cumplir los requisitos esenciales exigidos por la ley. Además, el contratista no contaba con la idoneidad ni con la autorización requerida para ejecutar las actividades contratadas, y tampoco estaba autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para prestar ese tipo de servicios.Además de la pena privativa de la libertad, Mendoza Acevedo deberá pagar una multa equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 90 meses.
Lo que comenzó como una celebración familiar por el grado universitario de una joven como médica veterinaria terminó en tragedia. La madrugada del lunes 2 de marzo, un bus afiliado a la empresa Libertadores cayó a un abismo en la vía de La Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola, hacia el Alto de la Virgen, dejando como saldo la muerte de dos mujeres.Las autoridades identificaron a las víctimas como Ana Lucía Delgado y su hija Haddy Trujillo, reconocida empresaria del municipio de Saravena. Madre e hija regresaban a casa luego de asistir a la ceremonia de grado de la otra hija y hermana de Haddy, quien recibió su título profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia.La Alcaldía de Saravena lamentó públicamente el fallecimiento de las dos mujeres. “Lamentamos profundamente la partida de Haddy Trujillo, joven empresaria que creyó en el desarrollo de nuestro municipio y de su madre, Ana Lucila Delgado. Su huella permanecerá en nuestra comunidad. A su familia y seres queridos, nuestro abrazo solidario. Que el amor que sembraron sea hoy su consuelo”, publicó la administración municipal en su cuenta oficial de Facebook.En el siniestro también resultaron heridas otras siete personas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales en los municipios de Toledo, Norte de Santander, y Cubará, Boyacá.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó que el Ministerio del Interior aceptó su solicitud de impedimento para ejercer funciones en la Mesa de Garantías Electorales Departamental, en el marco de las elecciones previstas para el 8 de marzo de 2026.La solicitud fue radicada el pasado 19 de enero ante la Presidencia de la República, debido al parentesco en segundo grado de consanguinidad con su hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, quien es candidato al Senado de la República.El mandatario explicó que tomó la decisión con el fin de "preservar la objetividad, imparcialidad y transparencia en el proceso electoral". Por ello, solicitó la designación de un gobernador ad hoc que asumiera exclusivamente la presidencia de la instancia encargada de la coordinación y seguimiento del proceso electoral en el departamento.Mediante la Resolución No. 0330 del 2 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior designó a Jaime Alonso García Navarro, actual jefe de la Oficina Disciplinaria Interna de esa cartera, para presidir la “Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Santander y demás escenarios concernientes al proceso eleccionario del próximo 8 de marzo de 2026”.La decisión se adoptó en cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de 2005 y demás disposiciones complementarias.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en el departamento de Santander, bajo la modalidad de pico y cédula. Los pagos comenzarán el 2 de marzo, según confirmó la entidad.Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y SuperGIROS, con cubrimiento en todo el territorio nacional. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.Por eso en los diferentes puntos de pago en Bucaramanga se observaron largas filas de adultos mayores a la espera de recibir el bono económico. Prosperidad Social recordó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, e invitó a los beneficiarios a utilizar únicamente los canales oficiales de atención para evitar fraudes o desinformación.La gerente regional de Prosperidad Social en Santander, Luz Elena Torres Molina, señaló que “es importante que antes de dirigirse a los puntos de pago, los adultos mayores consulten en la página oficial de Prosperidad Social o en las alcaldías municipales el monto de la transferencia y el punto para cobro asignado”.Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa y alcanzar 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país.A nivel nacional, en estos dos ciclos se destaca el aumento de la población indígena beneficiaria, que pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un incremento del 114 %, ampliando así la cobertura en comunidades históricamente vulnerables.Prosperidad Social señaló que continuará fortaleciendo los programas de transferencias monetarias como herramienta para la protección económica de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.
En la administración de Carlos Fernando Galán, las autoridades no han dudado en sancionar las malas prácticas ciudadanas, imponiendo multas y comparendos para frenar conductas que afectan la tranquilidad y el bienestar colectivo.Acciones como colarse en TransMilenio, arrojar basura en el espacio público o no recoger los excrementos de las mascotas, entre otras, son castigadas y dan lugar a comparendos. Sin embargo, uno de los problemas que más incomoda a la ciudadanía son las largas filas y trámites para pagarlos, aunque ahora es posible saldarlos en minutos y sin salir de casa.Así puede pagar comparendos con LICODesde el Distrito, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se implementó la plataforma LICO de Liquidación y Cobro, una herramienta que permite a la ciudadanía realizar los pagos en línea, convirtiendo el trámite en un proceso ágil, sencillo y seguro.De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos pagos se pueden efectuar siguiendo los siguientes pasos:Ingresar a: lico.scj.gov.coDigitar el número de documento y actualizar los datos.Seleccionar la opción PAGO GOU – PSE.Realizar el pago y recibir el comprobante en el correo electrónico.Según datos de la actual administración, en 2025 el 49,4 % de los pagos de comparendos de convivencia se realizaron por PSE, lo que evidencia confianza ciudadana en la herramienta digital.Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, señaló: “Hoy los ciudadanos pueden cumplir con sus obligaciones de manera fácil, segura y transparente, sin intermediarios ni filas. Ponerse al día no solo evita sanciones adicionales, también es un compromiso con la convivencia y la seguridad en Bogotá”.¿Qué pasa si no paga los comparendos en Bogotá?De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, si no se pagan las multas en un plazo máximo de seis meses desde su imposición, con los respectivos intereses, el infractor enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día.Entre las principales limitaciones están:No podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público.No podrá ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública.No podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado.No podrá obtener o renovar el registro mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) u otras cámaras de comercio.No podrá obtener o renovar permisos de tenencia o porte de armas.No podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes.No podrá realizar trámites en oficinas de tránsito y transporte.No podrá acceder a mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno nacional.No podrá conmutar multas tipo 1 y 2 mediante programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.Así mismo, la Alcaldía de Bogotá hace un llamado a cumplir la normativa de convivencia y utilizar los canales oficiales para realizar los pagos correspondientes a las infracciones cometidas antes de enfrentar consecuencias legales más profundas.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La guerra en Irán ha entrado en una fase crítica tras una ofensiva que ha ampliado el conflicto a por lo menos diez países de Medio Oriente. Mientras el gobierno iraní intenta recomponer su gabinete tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, el profesor Javier Gil, investigador y autor del libro La sombra del ayatolá, advirtió que la República Islámica enfrenta “una amenaza existencial” y que su prioridad es la supervivencia del régimen.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el experto señaló que la actual escalada responde a una estrategia calculada de Teherán frente a lo que considera un intento de cambio de régimen promovido por Estados Unidos e Israel.Irán y la amenaza existencial: la clave del conflicto“Irán se enfrenta a una amenaza existencial. Parece que tanto Israel como Estados Unidos están trabajando para posibilitar un cambio de régimen en el país”, afirmó Gil. Según el analista, la respuesta iraní no es improvisada, sino coherente con la percepción de peligro que tienen las autoridades.En las últimas horas, los bombardeos han impactado a Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países mantenían relaciones diplomáticas estables con Irán, aunque alojan bases militares estadounidenses.De acuerdo con Gil, la decisión de atacar a monarquías árabes del Golfo Pérsico responde a una lógica estratégica: “Quieren desatar el pánico en la región, en los mercados internacionales, y que esto obligue a Washington a poner fin a la ofensiva militar”. Añadió que, en lugar de concentrarse exclusivamente en Israel, “la mayoría de los misiles y drones iraníes van dirigidos contra países que eran neutrales”.Impacto energético y tensión en el GolfoLa paralización de infraestructuras clave ha incrementado la tensión global. La planta de refinación de Ras Tanura, en Arabia Saudita, fue afectada, mientras que en Qatar dos instalaciones de gas natural licuado resultaron atacadas con drones, suspendiendo temporalmente su producción.El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha obligado a Arabia Saudita a considerar exportaciones alternativas a través del Mar Rojo. Este escenario ha encendido las alarmas en los mercados energéticos internacionales, dado que la región concentra un porcentaje significativo del suministro mundial de petróleo y gas.El origen de la República Islámica y su transformaciónPara comprender la actual guerra en Irán, el profesor Gil contextualizó el origen del régimen. La República Islámica se instauró en 1979, tras la caída del Shah Mohammad Reza Pahlaví.Khomeini, líder de la revolución, prometió que “el islam es la solución” a los problemas del país. Sin embargo, según Gil, el resultado fue un sistema más represivo que la monarquía anterior. “Irán es el segundo país del mundo con mayor número de ejecuciones al año después de China”, señaló, enfatizando que la represión política ha sido una constante.El analista también destacó que, aunque bajo el Shah existían corrupción y violaciones a los derechos humanos, “palidecen en comparación con lo que vino después con la República Islámica”.¿Existe una oposición capaz de reemplazar al régimen?Uno de los interrogantes centrales ante la actual crisis es si existe una alternativa política viable en caso de un colapso del régimen. “No hay una oposición organizada dentro de Irán”, sostuvo Gil. “Si en algo han sido eficientes las autoridades es en asegurarse de que la oposición esté en el exilio o en los cementerios”.Si bien existe un amplio descontento social, las protestas han sido reprimidas sistemáticamente. Las elecciones, explicó, están controladas por el propio sistema: “La trampa es que el régimen elige quiénes se pueden presentar”.El experto aseguró que “hay una mayoría social que rechaza la República Islámica”, pero esa inconformidad no se traduce en una estructura política capaz de asumir el poder.Irán, América Latina y la geopolítica del aislamientoEn cuanto a los vínculos con América Latina, particularmente con Venezuela, Nicaragua y Cuba, Gil afirmó que la relación responde al pragmatismo político.“No les une una agenda común, les une un enemigo común: Estados Unidos”, indicó. Irán, aislado por sanciones internacionales, busca aliados que le permitan sortear restricciones económicas y ampliar su influencia geopolítica.La estrategia, según el académico, ha sido consistente desde los años ochenta: tejer alianzas con actores estatales y no estatales donde existan oportunidades.Un conflicto que redefine el equilibrio regionalLa guerra en Medio Oriente atraviesa un momento decisivo. Israel ha debilitado a aliados clave de Irán como Hezbollah y las milicias en Siria e Irak, lo que deja a Teherán más expuesto que en años anteriores.El desenlace dependerá de múltiples factores: la presión internacional, el comportamiento de los mercados energéticos, la capacidad de resistencia interna del régimen y la reacción de Washington. Por ahora, el mensaje desde Teherán es claro: el gobierno sigue en pie y está dispuesto a escalar el conflicto para garantizar su permanencia.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo independiente del gobierno que tiene la función legal de revisar el cumplimiento de las metas de déficit, advirtió que el faltante de recursos para cumplir con las metas de 2026 puede llegar a ser de por lo menos 31.1 billones de pesos.Aunque el gobierno dijo en enero que podríamos cerrar el año con un déficit estructural positivo, los análisis del comité apuntan en una dirección diferente. Para el Carf, los gastos de la nación podrían ser iguales o superiores a los del año pasado."En ausencia de medidas con efectos permanentes para aumentar ingresos o reducir gastos, la posición fiscal estructural del país seguiría deteriorándose y la deuda retomaría una senda alcista, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno al cumplimiento de la Regla Fiscal, y menoscabando la estabilidad macroeconómica como un todo. Es urgente que el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil en general acuerden medidas estructurales para revertir la crítica situación fiscal", señaló el Carf.El comité calcula que, como mínimo, se requiere un recorte al presupuesto de 16.8 billones de pesos y advierte que controlar la caja o simplemente congelar partidas es insuficiente. El congelamiento y el control de la caja han sido dos de las estrategias utilizadas por el gobierno desde 2024 para tratar de mantener el equilibrio de las cuentas.El deterioro de las cuentas fiscales ya llevó a que el país perdiera un grado adicional en sus calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings a BB, lo que aleja aún más al país del grado de inversión.A mediano plazo, el reto es todavía mayor; a medida que nos alejamos de la 'senda' marcada por la ley, es más difícil volver a ella. El Comité sugiere que se requiere un paquete de medidas especiales para dar confianza a los mercados, entre ellas reformas al gasto público o el uso del 'aval fiscal' para atender la presión que crea la aprobación de nuevas leyes en el Congreso.Por ejemplo, en los próximos años las finanzas del gobierno se verán presionadas por el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma pensional e incluso la reforma a las transferencias para las regiones (Sistema General de Participaciones).
El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea."Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr "una mejor coordinación entre los dos países" durante esta crisis.La pasada noche un dron Shahed de fabricación iraní impactó en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea, causando daños materiales menores, informó este lunes Jristodoulides en un mensaje de vídeo.Este lunes fueron neutralizados dos dones de origen desconocido que se dirigían hacia esta base británica, anunció en la red social X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.
Las intensas lluvias de las últimas semanas en Santander han provocado graves afectaciones en vías terciarias y secundarias, dejando incomunicadas a varias comunidades que hoy dependen de la instalación de puentes militares para restablecer su movilidad. Según la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, se requieren al menos ocho estructuras modulares en puntos críticos para garantizar la comunicación en zonas rurales.Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que actualmente 32 municipios del departamento se encuentran en calamidad pública, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.“¿Qué implica tener una calamidad pública? Implica que el municipio ha tenido una serie de eventos que son recurrentes y que ya no tiene las capacidades ni financieras ni administrativas para atender estas emergencias. Entonces decretan su calamidad con el fin de que el departamento entre a darles una mano”, explicó Sánchez.El funcionario recordó que, desde la Gobernación de Santander, se han hecho inversiones en maquinaria, ayudas humanitarias y acciones de respuesta frente a eventos anteriores, como el envío de carrotanques durante las sequías. Sin embargo, reconoció que los recursos departamentales se encuentran agotados.“Hoy ya los recursos son pocos los que tiene la gobernación para esta línea de gestión del riesgo. Por eso el gobernador hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla el anuncio de disponer recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Necesitamos que volteen a ver a Santander y nos ayuden con tantos escenarios de riesgo”, enfatizó Sánchez.De acuerdo con la entidad, la ubicación geográfica del departamento lo hace altamente vulnerable a inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales y pérdida de calzadas, fenómenos que hoy mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La solución más urgente, añadió el director de Gestión del Riesgo, es la asignación de puentes militares o modulares, que permitirían en un plazo de mes y medio restablecer la conectividad en las zonas afectadas.“Tenemos una serie de solicitudes de puentes, que es lo que más en este momento se necesita, y estamos haciendo ese llamado para que se nos asignen algunos puentes modulares o militares, porque es una solución pronta que permite resolver la dificultad en semanas”, concluyó Sánchez.
Barrancabermeja se prepara para una nueva movilización ciudadana en rechazo a la violencia que en los últimos días ha golpeado al municipio. Este viernes, comunidades, organizaciones sociales, representantes de la iglesia y la Alcaldía distrital encabezarán una marcha por la paz, luego de que, en las últimas 12 horas, se registraran dos ataques sicariales en la comuna 7, en los que un menor de 16 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas.Los recientes hechos encendieron las alarmas de las autoridades locales, que convocaron de manera urgente a una reunión de seguridad en la que participaron la Policía, el Ejército, la Armada y la Unidad Nacional de Protección. Según informó la Alcaldía, durante el encuentro se establecieron compromisos para reforzar el control en todas las comunas del Distrito y avanzar en las investigaciones.Entre las medidas adoptadas, se encuentra la articulación de acciones inmediatas de seguridad, labores de vecindario y la revisión de cámaras de vigilancia, con el fin de dar con los responsables de los ataques. Las autoridades señalaron que las líneas de investigación se concentran en establecer los móviles detrás de los recientes homicidios y atentados sicariales.La marcha por la paz busca enviar un mensaje de unidad y rechazo a la violencia que atraviesa Barrancabermeja. “La ciudadanía se une para demostrar que la vida y la convivencia deben prevalecer frente a los actos criminales”, expresó la administración distrital.El recorrido se llevará a cabo en el centro del municipio, donde se espera la participación de cientos de personas, en un clamor colectivo por la seguridad y la tranquilidad en el puerto petrolero.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció un dispositivo especial de movilidad, con apoyo de la Policía, para los cierres viales que regirán entre el 11 y el 15 de septiembre con motivo de los principales eventos de la Feria Bonita 2025.El director de la DTB, Jhair Manrique, informó que el primer cierre se dio en la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 10 y se extenderá hasta la madrugada del lunes 15 de septiembre.Durante el fin de semana, la carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20 estará cerrada totalmente por el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos, y motos de alto cilindraje, entre las 8:00 de la noche del viernes 12 y la medianoche del domingo 14.Adicionalmente, el concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini implicará cierres en la calle 14 entre carreras 29 y 32B, la carrera 30 entre calles 10 y 14 y la avenida Eduardo Santos con carrera 28, desde el viernes 12 a las 8:00 de la noche hasta el domingo 14 a las 4:00 de la madrugada.La Dirección de Tránsito habilitó vías alternas en sectores cercanos y recomendó a los ciudadanos evitar, en lo posible, el uso de vehículo particular para asistir a las actividades de la feria.
Un grupo de diputados, concejales, ediles, dirigentes y militantes del Partido Liberal en Santander le solicitarán formalmente al expresidente César Gaviria Trujillo, jefe de la colectividad, que no se otorgue el aval liberal para el Senado al exgobernador Richard Aguilar Villa. Blu Radio conoció una carta que será enviada a la Dirección Nacional Liberal donde varios dirigentes del partido en Santander expresan su inconformismo por la posible llegada de Aguilar Villa a las toldas rojas. En la misiva se asegura que el exgobernador de Santander y exsenador, ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción relacionados con contrataciones irregulares, obras inconclusas, sobrecostos y presuntas redes clientelistas.Entre los proyectos cuestionados mencionan el Corredor Agroforestal, las remodelaciones del Estadio Alfonso López y los contratos de acueductos municipales que, según los denunciantes, han dejado pérdidas millonarias y afectan a varias provincias del departamento.Los militantes liberales señalaron que respaldar a Aguilar sería una incoherencia política y ética para el liberalismo santandereano.“Otorgar un aval a quien ha combatido nuestras ideas, representa estructuras cuestionadas y ha sido símbolo del clientelismo que combatimos, sería un profundo error histórico y una herida a la militancia”, se lee en la carta.El diputado liberal por Santander, Francisco González, cuestionó la posible llegada de Richard Aguilar al partido. "La mayoría del liberalismo santandereano. Esperamos que no se le de el aval a Richard Aguilar. No ha hecho liberalismo en el departamento. No nos parece ni coherente ni junto que se le permita su llegada. El no ha hecho ni construido ningún merito", aseveró."Las bases liberales en su gran mayoría lo que siente es que está llegando una persona que no tiene ningún merito y si nos genera un desgaste. No entendemos cual puede ser la sumatoria que le va hacer Ricard Aguilar al liberalismo santandereano", afirmó en Blu Radio el diputado González. La carta de los liberales de Santander resalta la autoridad moral del expresidente César Gaviria y lo insta a preservar la esencia del liberalismo.“Otorgar un aval a quien ha sido antagonista del liberalismo santandereano traicionaría nuestra identidad histórica. Esta decisión no solo protegerá la integridad del partido: enviará un mensaje claro de que el liberalismo no está dispuesto a sacrificar su esencia a cambio de votos”, concluyen la misiva. Actualmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, sigue siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos durante su administración La colectividad roja en Santander espera que la dirección nacional tome una decisión que, según expresaron, será clave para mantener la coherencia, la transparencia y la credibilidad del Partido Liberal en la región.
En lo corrido de 2025, en Santander se han registrado 353 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 151 corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. Un reciente convenio entre el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca prevenir y atender la desnutrición en el departamento.El programa, denominado Servicio integral para la atención y prevención de la desnutrición en Santander, beneficiará a 1.200 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso o sobrepeso en 27 municipios.La estrategia incluye valoración nutricional, acompañamiento psicosocial, controles de salud, vacunación y la entrega mensual de mercados y bienestarina a las familias.“En cada municipio tendremos un gestor comunitario que contactará a los beneficiarios, verificará que no hagan parte de otros programas del ICBF y los remitirá para la respectiva valoración”, explicó José Mauricio Cáceres Arismendi, apoyo de supervisión del convenio.Los municipios priorizados incluyen Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, El Playón, Lebrija, Barbosa, Vélez, Landázuri, La Paz, Bolívar, El Peñón, La Belleza, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Santa Helena del Opón, entre otros.El convenio comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre con el propósito de llegar a las familias más vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.
La Secretaría de Salud de Bucaramanga anunció el inicio de una jornada de vacunación gratuita en la comuna 12, sector donde reside el hombre diagnosticado con sarampión tras llegar procedente de México.La medida preventiva fue confirmada por la secretaria de Salud, Gloria Orduz, quien explicó que el paciente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.“La persona en este momento se encuentra aislada por parte de la Secretaría de Salud. Se le han realizado los seguimientos, se tienen sus datos y se le han dado las indicaciones de aislamiento y de cuidados que debe tener con las demás personas con las que convive y en su trabajo. En este momento está aislado”, señaló la funcionaria.Según la Secretaría, hasta ahora no se han reportado nuevos casos asociados. Orduz aseguró que el paciente no ha tenido contacto reciente con otras personas y que, en caso de haberlo tenido antes del diagnóstico, adoptó medidas de prevención como el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento, teniendo en cuenta que el contagio del sarampión se produce por vía aérea, a través de gotículas.“Hasta el momento no hemos tenido personas que hayan asistido a clínicas o centros de salud con síntomas relacionados, ni reportes de otros posibles contagios”, agregó.Como parte de la estrategia de contención, la Secretaría de Salud desplegará brigadas de vacunación en la comuna 12, con el fin de verificar esquemas incompletos y aplicar gratuitamente la vacuna triple viral, principal herramienta para prevenir el sarampión.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a revisar su carné de vacunación, acudir a los puntos habilitados y consultar de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal o enrojecimiento de los ojos.
Dos emergencias por incendio se registraron este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga y generaron preocupación entre la comunidad.El primer caso ocurrió hacia las 12:45 del mediodía en la calle 30, entre carreras 5 y 6 del barrio Girardot, en la capital santandereana. De acuerdo con testigos, una densa humareda comenzó a salir desde el interior de una vivienda, lo que llevó a vecinos a alertar de inmediato al Cuerpo de Bomberos.Las unidades de emergencia llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras casas del sector. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los daños materiales ni las posibles causas que originaron el incendio.Horas más tarde, otro incendio fue reportado en el municipio de Floridablanca, esta vez en el interior de las obras abandonadas de la estación Papi Quiero Piña del sistema Metrolínea.Una densa columna de humo fue visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma entre conductores y residentes del sector. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.Las autoridades avanzan en la verificación de las causas de ambos hechos.
La Policía Nacional confirmó la captura de tres hombres señalados de participar en el asesinato de la líder social Nancy Valderrama Pinzón y su hijo, en hechos que conmocionaron a Barrancabermeja el pasado 5 de febrero de 2026.De acuerdo con las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de “Porrón”, de 19 años; “Pirú”, de 22; y “Mocho”, de 24 años, serían los presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en la comuna 7 del puerto petrolero, bajo la modalidad de sicariato.La víctima, Nancy Valderrama Pinzón, de 57 años, era presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Centenario. En el mismo ataque fue asesinado su hijo, Kevin Andrés Strauss Valderrama, de 29 años.Según la investigación adelantada por unidades de inteligencia e investigación criminal, alias “Porrón” fue ubicado y capturado en Cúcuta, Norte de Santander, mientras que alias “Pirú” y “Mocho” fueron detenidos en Barrancabermeja.Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.Además, las autoridades señalaron que alias “Mocho” registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tres anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones personales.
Las fuertes lluvias continúan generando emergencias en el municipio de Vélez, Santander, donde al menos nueve veredas permanecen incomunicadas por deslizamientos de tierra y daños en las vías terciarias y secundarias, afectando a cerca de 200 familias campesinas.El alcalde Orlando Ariza advirtió que la capacidad de respuesta del municipio es limitada debido a la escasa maquinaria disponible para atender múltiples puntos críticos al mismo tiempo.“Las lluvias han incrementado las afectaciones en vías, muchas veredas están incomunicadas y estamos trabajando con la poca maquinaria del municipio, sobre todo en zonas donde se registran deslizamientos que dejan aislados a los campesinos, estamos atendiendo hasta donde es posible, pero hay situaciones que se nos salen de las manos”, explicó el mandatario.Entre los puntos más críticos se encuentran El Gualio, que conecta con otros municipios, así como las veredas Egidos, San Vicente, San Pablo, Peña de San Vicente, Curutaco, Japón, Guayabal, Peña Tambor y El Amarillo, donde se reportan cierres parciales y totales en al menos tres tramos.Las comunidades denuncian que la emergencia está dificultando la salida de productos agrícolas y el abastecimiento básico, además de complicar el traslado de personas enfermas o con citas médicas.“Hay muchas personas que no pueden movilizarse para controles médicos o urgencias. También se está perdiendo la producción del campo porque no hay cómo sacarla”, agregó el alcalde.Ante la magnitud de los daños, la administración municipal solicitó acompañamiento a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las autoridades departamentales para el envío de maquinaria amarilla y recursos que permitan habilitar las vías en el menor tiempo posible.Mientras avanzan las labores, las autoridades recomiendan a la comunidad evitar transitar por zonas inestables y reportar cualquier deslizamiento o emergencia.
En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía reportó la captura de al menos 10 personas y la incautación de más de 1.800 dosis de droga listas para su comercialización en diferentes municipios de Santander y el Magdalena Medio.Los operativos, adelantados por grupos especiales, patrullas de vigilancia y unidades de tránsito, permitieron afectar puntos de expendio y rutas de transporte de sustancias ilícitas, impactando directamente las finanzas de las redes de microtráfico.En Sabana de Torres, dos hombres fueron capturados cuando intentaban huir de la Policía. En un bolso abandonado hallaron 283 dosis de base de coca, 15 de clorhidrato de cocaína y 7 de marihuana, para un total de 305 dosis.En Barbosa, otros dos ciudadanos fueron sorprendidos con 40 papeletas de base de coca y seis bolsas de marihuana, sustancias que, según las autoridades, estaban listas para la venta.En Vélez, gracias a información de la comunidad, fue capturado un hombre con 35 envolturas de bazuco en inmediaciones de la plaza de ferias.Uno de los golpes más significativos se dio en la vía nacional, a la altura de Aratoca, donde uniformados de tránsito capturaron a un joven que transportaba 490 dosis de marihuana dentro de su equipaje.En San Vicente de Chucurí, otro hombre fue detenido con más de 100 dosis de marihuana durante controles en zona céntrica.En Barrancabermeja, las autoridades adelantaron dos operativos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de la M”. En el primero fue capturada alias “Diana”, con 593 dosis de cocaína y 47 cigarrillos de marihuana. En una segunda acción fueron detenidos dos hombres más con 146 dosis entre marihuana y base de coca.Sumando todos los procedimientos, las autoridades incautaron alrededor de 1.860 dosis de estupefacientes y lograron 10 capturas en flagrancia, afectando puntos de distribución en barrios, zonas rurales y corredores viales del departamento.El comandante policial de Santander, Nestor Atévalo, aseguró que "estos resultados buscan reducir la oferta de drogas en entornos escolares y cerca a barrios, donde los niños son inducidos por estas bandas delincuenciales al consumo", además, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123.
La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que activó medidas operativas y legales para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los 102 municipios donde opera, en medio del cese de actividades de la organización sindical Sintraelecol.A través de un comunicado, la empresa señaló que prioriza la operación en infraestructura crítica y mantiene habilitados sus canales oficiales de atención, aunque con restricciones en la modalidad presencial, con el fin de mitigar impactos en clientes y usuarios.La ESSA precisó que el pasado 20 de febrero el Ministerio del Trabajo inició una diligencia administrativa para determinar las actividades esenciales y el personal mínimo requerido para asegurar la prestación del servicio durante la huelga.En ese contexto, la empresa expuso ante la autoridad la necesidad de contar con la totalidad de su planta de personal para garantizar la operación integral. Sin embargo, recordó que es el Ministerio el que define las condiciones bajo las cuales deben mantenerse los procesos esenciales y el número de trabajadores requeridos.José Gregorio Ramírez, subgerente de Mantenimiento de ESSA, afirmó que la compañía continúa enfocada en asegurar la prestación del servicio. “Desde la Electrificadora de Santander queremos informar a la ciudadanía que continuamos con nuestro compromiso de prestar un servicio público esencial a todos los usuarios de manera continua, legal, confiable y segura. Mantenemos nuestros canales de atención con algunas restricciones en la parte presencial por las disposiciones del Ministerio del Trabajo con ocasión del cese de actividades”, explicó.El directivo agregó que la empresa manifestó tanto al Ministerio como al sindicato la necesidad de contar con la integralidad de los trabajadores para garantizar el servicio, aunque reiteró que la decisión final corresponde a la autoridad laboral.La compañía invitó a los usuarios a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y recordó que no se requieren intermediarios para gestionar solicitudes.Los canales disponibles son: emergencias, riesgos eléctricos o afectaciones del servicio: línea 115, línea gratuita de atención al cliente: 01 8000 97 19 03, asistente virtual Luisa (WhatsApp): 318 833 91 21 y portal web www.essa.com.co
Con miedo, los dueños de mascotas evitan sacar a pasear a sus animales por las calles del barrio Los Andes, en Floridablanca, luego de que en los últimos meses más de 30 perros y gatos murieran por un presunto envenenamiento. Según la comunidad, el químico estaría siendo esparcido en zonas verdes y arbustos, donde los animales suelen olfatear o hacer sus necesidades, lo que habría provocado las intoxicaciones.Perros y gatos presentan los mismos síntomas antes de fallecer, como vómito, sangrado y un rápido deterioro físico. Lo más preocupante, dicen los vecinos, es que no se trataría de alimento contaminado, sino de una sustancia tóxica aplicada en arbustos y zonas verdes, que afectaría a los animales con solo rozarlos u olfatearlos.Victoria Correa relató que el caso de su mascota fue fulminante y en menos de 5 horas falleció."Sacamos al perrito hacia las 11:00 de la noche, incluso llevábamos un rociador para limpiar cuando orinaba, pero sobre las 3:20 de la mañana tuvimos que salir de urgencia a la veterinaria, el perro estaba convulsionando y tuvo paro cardiaco, le hicieron pruebas de moquillo y otros exámenes, y el parte médico fue claro, murió por envenenamiento. El químico que están usando es tan fuerte que lo destruyó completamente por dentro”, afirmó.Le puede interesar: Investigan posible envenenamiento a habitantes de calle en VillavicencioLa residente expresó, además, su preocupación por el riesgo para la comunidad. “Por aquí transitan niños, adultos mayores y muchas personas tocan las plantas o se llevan las manos a la boca, cualquier cosa puede pasar”, advirtió.Autoridades de Alcaldía de Floridablanca investigan el presunto envenenamiento de mascotas y piden a la comunidad reforzar el cuidado de perros y gatos, confirmó Aura Carolina Parra directora de Seguridad y Sana Convivencia.Otros vecinos aseguran que la cifra de casos sigue aumentando.“Se han presentado casos en varias cuadras del barrio y en sectores aledaños, pero en nuestra calle van como 30, presentan alteración en la visión y el parte clínico de las veterinaria nos dicen que es enveneamiento y esto es preocupante porque salen niños, con pelotas, carritos y demás juguetes. Particularmente yo puse el denunció ante la Fiscalía General de la Nación, pero no nos han respondido”, afirmó Víctor Albarracín.La situación ha generado tal nivel de angustia que algunas familias han optado por no sacar a sus animales o, incluso, mudarse del sector.“Caminar por el barrio es como una ruleta rusa. Uno no sabe si su mascota va a regresar viva”, comentó otro residente.Los habitantes advierten que el problema no es nuevo, pero en la última semana se habrían registrado al menos tres muertes más, lo que incrementó la alarma comunitaria.“Quien es capaz de hacerle esto a un animal puede hacerlo con una persona. Necesitamos que investiguen y encuentren a los responsables”, agregó Correa.Los cuidadores y defensores de animales piden presencia de las autoridades, análisis toxicológicos en las zonas verdes y vigilancia para evitar que continúe lo que califican como un envenenamiento masivo y sistemático.
La Administración Distrital de Barrancabermeja advirtió que, pese a múltiples alertas y reportes de avistamientos de hipopótamos en zonas rurales y humedales del municipio, la autoridad ambiental regional no ha activado el protocolo de captura y reubicación de estos animales, considerados una especie invasora y de alto riesgo para la comunidad.El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que la alcaldía ha cumplido con las acciones preventivas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como jornadas de ahuyentamiento, capacitación comunitaria y articulación con la Policía Ambiental.“Hemos hecho lo que nos corresponde acciones de prevención, pedagogía con la comunidad y monitoreo constante, pero no contamos con presupuesto ni logística para capturar un animal de este tamaño. Ese procedimiento le corresponde a la autoridad ambiental”, explicó el funcionario.Granados enfatizó que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África y puede atacar por comportamiento territorial, no por hambre, lo que incrementa el riesgo para habitantes de sectores cercanos a ciénagas y humedales.Según la alcaldía, se han identificado ejemplares en Cuatro Bocas, la ciénaga del Opón, Tierra Adentro y un humedal que conecta con el caño La Cira Infantas. Además, advierten que los animales se desplazan principalmente en horas nocturnas y cerca de escuelas y viviendas rurales.El secretario señaló que ya hay presencia de al menos dos hipopótamos y que estos estarían descendiendo desde zonas como Doradal por el río Magdalena. Incluso, se reportó otro ejemplar en Yondó, municipio ubicado frente a Barrancabermeja.La administración local también alertó por los daños ecológicos que causa la especie invasora, como la destrucción de humedales, alteración de ecosistemas estratégicos y afectación de fauna nativa, enfatizando que cada animal puede consumir más de 200 kilos de pasto al día y generar alta contaminación en fuentes hídricas.Además, señalaron el riesgo para especies como el manatí antillano en vía de extinción o el jaguar y otras que habitan estos corredores biológicos, ya que los mata por apropiarse de sus territorios.Granados insistió en que se debe aplicar el principio de precaución y no esperar a que ocurra un ataque. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sólo realizaron videos de la situación, pero no han hecho nada más.“No debemos esperar a que un niño o un habitante resulte herido, lo responsable es capturarlos y reubicarlos, por ejemplo, en zoológicos o sitios autorizados como la Hacienda Nápoles”, afirmó.Recordó que la captura de un hipopótamo puede superar los 100 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el municipio.Finalmente, la alcaldía anunció que evalúa acciones jurídicas contra la autoridad ambiental y el Gobierno Nacional por omisión.“Nos vemos en la obligación de tomar acciones legales, no vamos a permitir que nuestra comunidad siga en riesgo por una problemática heredada desde la época del narcotráfico, cuando Pablo Escobar introdujo estas especies al país. Hemos denunciado desde el mes de diciembre y no han hecho nada, hoy estamos viviendo las consecuencias, pero eso no es excusa ante la falta de respuesta institucional”, concluyó el secretario.
Jonathan Gamboa, completa 60 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la correccional de Jackson Parish, en el estado de Luisiana. Desde ese centro de detención, él y un grupo de connacionales están haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que agilicen su regreso a Colombia.El bumangués salió de la capital santandereana el 31 de diciembre de 2022 junto a su esposa e hija en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Según su familia, trabajaba en dos empleos: en una ferretería y realizando entregas de paquetes para Amazon.En un video enviado a sus familiares y medios de comunicación, el joven aseguró que permanece retenido desde hace dos meses, pese a que ya firmó una orden de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración.“Somos un grupo de colombianos detenidos por ICE aquí en la correccional Jackson Parish, en Luisiana. Hoy 18 de febrero de 2026 solicitamos al Gobierno colombiano y a los medios que nos brinden ayuda. Llevamos entre 60 y 90 días esperando ser repatriados. Ya firmamos órdenes de deportación y salida voluntaria. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido”, expresó.De acuerdo con su testimonio, en el centro de reclusión hay 14 celdas con más de 100 personas cada una, de diferentes nacionalidades. Además, denunció presuntas condiciones deficientes de salud, alimentación e higiene, y aseguró que temen represalias por hacer pública su situación.“No estamos pagando condena ni detenidos por delitos. Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por este video”, afirmó.Desde Bucaramanga, su madre, Rosa Milena Torres Traslaviña, también elevó una petición al presidente de la República, a la Cancillería y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen el regreso de los colombianos que permanecen en ese centro.La mujer explicó que su hijo acudió a una cita con ICE el 18 de noviembre de 2025 y que el 11 de diciembre, en audiencia ante un juez de migración, solicitó la salida voluntaria, la cual le fue concedida al no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Colombia.Según relató, Jonathan tenía previsto viajar en vuelos programados para el 8 y el 15 de enero, pero ambos fueron cancelados y desde entonces no aparece en nuevas listas de repatriación.“Le pido al señor presidente y a la Cancillería que nos ayuden a traer a nuestros familiares. Somos un grupo de 30 mamás, esposas y familiares desesperados. Hay casos de personas que llevan meses retenidas. Ellos no son delincuentes, son trabajadores que salieron a buscar un mejor futuro”, manifestó.La madre aseguró que, aunque desconocen las razones de la demora en los vuelos humanitarios, la angustia crece con el paso de los días ante la falta de información clara sobre las fechas de retorno.Otro de los casos es el de Ángel Estiben Restrepo, un cucuteño de 24 años que hace dos años migró a Estados Unidos. El 10 diciembre fue detenido por ICE, hoy su familia denuncia que su estado de salud se está deteriorando.“A la cancillería, a la canciller, al consulado de Colombia en Estados Unidos es que por favor reactive los vuelos humanitarios que no sea uno a la semana, un solo vuelo no es suficiente para la cantidad de detenidos que hay. Yo hoy no hablo solamente como la mamá de Steven, sino como la mamá de otras personas que estamos pasando por eso”, dijo Johanna Milena Cárdenas, madre de joven detenido en Estados Unidos.Los casos de Jonathan y el de Estiben, quienes se fueron en busca un mejor futuro, son algunos de los tantos que muestran el drama familiar de decenas de colombianos detenidos por ICE a la espera de retornar rápidamente al país.
Un grave accidente de un bus afiliado a la empresa Libertadores que cayó a un abismo dejó a dos personas muertas y varias heridas. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de marzo en la vía de la Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola hacia el Alto la Virgen.En el bus que había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, viajaban nueve personas, según el reporte inicial. Dos ambulancias, una del corregimiento de Samoré del municipio de Toledo y otra del hospital de Cubará, Boyacá, llegaron hasta el punto de la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.Las autoridades investigan las causas del accidente, en el sitio realizan el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas fatales que dejó este siniestro vial.En desarrollo...