Este domingo, 22 de febrero, usuarios de Bancolombia reportaron que no pueden hacer transferencias desde la aplicación a otras entidades, demoras para recibir dinero desde otras cuentas y que no es posible usar la clave dinámica.Estos reportes llegan luego de que desde este sábado 21 de febrero a las 10:30 de la noche hasta el domingo 22 de febrero a las 3:30 de la mañana la aplicación estuviera en mantenimiento. Sin embargo, usuarios señalan errores en horas de la tarde de este domingo.De acuerdo con datos del portal de monitoreo de servicios online, los reportes empezaron a incrementarse con fuerza alrededor de las 9:00 a.m. Las ciudades con más quejas incluyen Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.¿Qué respondió Bancolombia ante la caída de este domingo 22 de febrero?A través de su cuenta de X, Bancolombia señaló en respuesta a diferentes usuarios que reportaron errores en diferentes servicios de la aplicación: "Puedes usar la app para revisar tus cuentas, saldos y movimientos y transferir a cuentas Bancolombia. Adicional, puedes pagar en comercios con tus tarjetas, sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales".Estos son los servicios sin fallasPor otro lado, la entidad reveló cuáles son los servicios en específico que no presentan fallas:En la aplicación de Bancolombia:Transferencias a cuentas Bancolombia inscritas o no inscritas.Consulta de cuenta, saldo y moivimientos. Verá su saldo total, incluido lo que tiene en bolsillos.Pagar en comercios con tarjeta débito y crédito.Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.
Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, la manera en que los ciudadanos manejan su dinero ha dado un giro importante; por ello, una caída o suspensión del servicio golpea con fuerza.De hecho, Nequi, que tiene servicios independientes, trabaja de la mano con Bancolombia, por lo que existe una relación sólida y un trabajo conjunto; por lo tanto, una afectación en el servicio tiene alto impacto en el bolsillo de los colombianos.Vale recordar que en julio de 2025 Bancolombia cerró su plataforma de "Ahorro a la Mano", lo que llevó a que todos sus usuarios fueran trasladados a Nequi, afianzando la relación entre ambas entidades.Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechasRecientemente, los usuarios de Nequi han recibido una advertencia sobre la suspensión de algunos de sus servicios. En la plataforma se notificó que entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará mantenimientos, por lo que las transferencias entre cuentas de ambas entidades no podrán realizarse durante esa jornada.De hecho, tampoco se podrá pagar por medio de QR entre cuentas de Bancolombia ni recibir remesas. Sin embargo, pese a las molestias entre las dos entidades, Nequi señala que el resto de servicios funcionará con normalidad.Por su parte, Bancolombia reveló que en la Sucursal Virtual Personas se realizarán mantenimientos de rutina; PSE y Botón Bancolombia no funcionarán el martes 17 de febrero desde las 11:59 de la noche hasta el miércoles 18 de febrero a las 02:00 de la mañana, por lo que se recomienda hacer pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, o retirar dinero directamente de cajeros; si debe realizar pagos por PSE y Botón Bancolombia, lo mejor es hacerlo antes o después de dicho horario.Bancolombia aclara qué pasará el sábado 21 de febreroTras la notificación de Nequi, Bancolombia también informó a sus usuarios por medio de sus plataformas digitales y señaló que tanto en la App Mi Bancolombia como en la Sucursal Virtual Personas se realizarán trabajos de mantenimiento entre el sábado 21 de febrero a las 10:30 p.m. y el domingo 22 de febrero a las 03:30 a.m.En esas cinco horas se podrán enviar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones y a cuentas no inscritas hasta por $3 millones; asimismo, podrá pagar con tarjetas físicas o retirar dinero en cajeros.
La transición hacia energías limpias ya empieza a sentirse en el bolsillo de usuarios del Caribe colombiano. Air-e Intervenida aseguró que los proyectos de autogeneración distribuida que impulsa en la región permiten reducciones de hasta un 60 % en las facturas de energía eléctrica, especialmente en zonas vulnerables donde el costo del servicio representa una carga significativa para los hogares.La compañía sostiene que el futuro energético del Caribe pasa por iniciativas basadas en fuentes limpias, principalmente la energía solar, como herramientas de transformación social y equidad. Estos proyectos no solo buscan sustituir gradualmente las fuentes tradicionales, sino también modernizar la matriz eléctrica, reducir emisiones contaminantes y garantizar beneficios ambientales y económicos sostenibles.Actualmente, los proyectos en operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira suman 1,2 megavatios (MW) de potencia instalada con tecnología solar fotovoltaica. Según Air-e Intervenida, estas iniciativas permiten una reducción de hasta 12 toneladas de CO₂ frente a modelos convencionales de generación, aportando tanto al ahorro económico como al cuidado del medioambiente.A esto se suman 10,8 MW adicionales que se encuentran en etapa de implementación, correspondientes a granjas solares distribuidas en Atlántico (9 MW), Magdalena (1 MW) y La Guajira (0,8 MW). Con estas inversiones, la empresa busca fortalecer la capacidad del sistema eléctrico regional y responder al crecimiento de la demanda con un servicio más confiable para hogares, empresas e industrias.En el marco del Día Internacional de las Energías Limpias, Air-e Intervenida reiteró que la democratización energética apunta a un modelo participativo y accesible, donde ciudadanos y comunidades puedan gestionar su propia energía.
El panorama de los servicios públicos en Colombia para 2026 no parece alentador. Las tarifas de energía seguirán presionadas por el cobro de saldos acumulados derivados de la Opción Tarifaria —conocida como deuda de Aire— y por el incremento en los costos de comercialización, asociado al ajuste del salario mínimo. Este escenario se traduce en alzas que podrían oscilar entre el 1 % y el 2 % en el valor del kilovatio hora, afectando tanto a las familias como a las empresas.Ante esta realidad, una iniciativa privada busca ofrecer un alivio al bolsillo de los hogares y una mayor eficiencia en la gestión financiera corporativa. Se trata de un nuevo esquema desarrollado por Vértebra Soluciones, en alianza con uno de los principales bancos del país, que apuesta por la automatización de pagos y el acompañamiento técnico para reducir el consumo energético.De acuerdo con Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la compañía, el modelo ya se encuentra en operación en más de 40 empresas de distintos sectores, entre ellas Primax, Studio F, Davivienda y BBVA. Según explicó, estas organizaciones han logrado mitigar el impacto de las alzas tarifarias gracias a dos frentes principales: la centralización de pagos corporativos y un programa de bienestar dirigido a sus colaboradores.“La gestión centralizada permite consolidar el pago de los servicios públicos de múltiples sedes en un solo sistema, con mayor control, puntualidad y menos errores en facturación. Eso se traduce en ahorros operativos directos y en una administración más eficiente”, señaló Rojas.Pero el mayor impacto se estaría viendo en los hogares de los trabajadores. A través del programa Veci, la compañía gestiona el pago de los servicios públicos de los colaboradores, descontándolos directamente por nómina, sin generar costos adicionales para ellos. Este esquema, acompañado de asesoría técnica y análisis de consumo, ha permitido obtener reducciones de hasta el 25 % en las facturas mensuales.“El modelo no funciona con subsidios, sino con educación y seguimiento. Analizamos los hábitos de consumo y capacitamos a las personas para que usen mejor la energía, lo que se traduce en ahorros reales”, agregó el directivo.Además del beneficio económico, la estrategia apunta a promover una cultura de sostenibilidad que se inicia en las empresas y se extiende a los hogares. En un contexto de tarifas al alza, iniciativas como esta se perfilan como alternativas para aliviar la carga financiera de miles de familias y fortalecer la eficiencia operativa del sector empresarial en Colombia.
Estados Unidos está aprovechando los masivos ataques que realiza desde el sábado contra Irán para dar el bautismo de fuego a LUCAS, un dron kamikaze que el Ejército estadounidense reconoce que está inspirado en el temido Shahed-136 iraní, que Rusia utiliza en grandes cantidades contra Ucrania.El Pentágono confirmó que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero.El mismo día que EE. UU., junto con Israel, lanzó sus primeros misiles y drones contra objetivos iraníes, el Comando Central (Centcom) estadounidense anunció que estaba utilizando por primera vez en la historia los LUCAS kamikaze."Estos drones de bajo costo, modelados a partir de los drones Shahed de Irán, están ahora infligiendo represalias fabricadas en Estados Unidos", señaló Centcom en sus redes sociales.Según las autoridades militares estadounidenses, el sistema forma parte de una nueva estrategia basada en drones baratos y desechables que pueden desplegarse rápidamente y en grandes cantidades, una táctica inspirada en las lecciones de la guerra en Ucrania, donde miles de drones económicos están siendo utilizados por ambos bandos.En sus operaciones en Ucrania, Rusia ha convertido al Shahed-136 en su dron de ataque preferido hasta el punto de que, mientras que inicialmente importó la aeronave de Irán, ahora el Ejército ruso está produciendo su propia versión, denominada Geran-2 con transferencia de diseño y apoyo iraní.Las características del Shahed-136 son las que han hecho que tanto Rusia como Estados Unidos hayan decidido copiar su diseño.Los drones Shahed-136 son municiones merodeadoras o drones kamikaze diseñados para volar hacia un objetivo programado y detonar su carga explosiva. El aparato mide alrededor de 3,5 metros de largo y 2,5 metros de envergadura, pesa unos 200 kilos y puede transportar una cabeza explosiva de entre 40 y 60 kilos.Con un diseño de ala delta, está propulsado por un motor de pistón colocado en la parte trasera y cuenta con una antena para el sistema global de navegación por satélite, ya sea el GPS estadounidense, el ruso Glonass o el chino BeiDou. Algunos expertos consideran que la aeronave tiene una autonomía de hasta 2.000 kilómetros.Lo que realmente ha convertido el Shahed-136 en un éxito es su bajo costo y facilidad de producción en masa. Los analistas consideran que cada unidad le cuesta a Irán unos 20.000 dólares, muy inferior a la de sistemas no tripulados más avanzados como el MQ-9 Reaper estadounidense, cuyo precio puede superar los 20 millones de dólares.Esta diferencia permite lanzar grandes cantidades de drones para saturar defensas aéreas enemigas o atacar objetivos de forma simultánea, una estrategia conocida como "masa asequible" que cada vez gana más peso en la doctrina militar moderna.Estados Unidos adaptó ese concepto para crear el LUCAS, aunque con algunas modificaciones. El modelo estadounidense ha sido desarrollado por la empresa estadounidense SpektreWorks utilizando ejemplares del Shahed.El LUCAS es algo más pequeño, unos tres metros de largo y 2,4 metros de envergadura. Visualmente es muy similar al Shahed-136. Su alcance y carga útil no han sido revelados por las autoridades militares estadounidenses que si han cifrado en unos 35.000 dólares su coste unitario.Pero lo que parece claro, es que EE.UU. ha multiplicado las capacidades del LUCAS con respecto al Shahed-136 o al Geran-2.El analista militar canadiense Shahryar Pasandideh ha destacado que el diseño de los LUCAS es "más modular" que su contraparte iraní, lo que le permitiría integrar diferentes cargas útiles o sistemas de comunicaciones y control.Y, sobre todo, los LUCAS estadounidenses están equipados con antenas Starlink que les permiten contar con comunicación por satélite durante su operación y controlar múltiples drones simultáneamente, algo que ampliaría sus capacidades operativas frente a los modelos más básicos.
En el marco del aniversario del sistema TransMilenio, la firma Scania conmemoró su trayectoria en la capital colombiana. Desde la llegada de los primeros 196 vehículos Euro II en 2004, la marca ha evolucionado hasta la incorporación del primer bus eléctrico K230 BEV en 2025. Este avance ha permitido una reducción de hasta el 95% en la emisión de material particulado, mejorando la calidad del aire y la eficiencia operativa en la ciudad.Operar a 2.600 metros sobre el nivel del mar exige especificaciones técnicas rigurosas. Carlos Franky, jefe de Preventas de Scania Colombia, explicó que los buses cuentan con "calibraciones electrónicas específicas para compensar la menor densidad de oxígeno" y sistemas de refrigeración adaptados a la exigente topografía local.El ciclo de puesta en marcha, que incluye la fabricación del chasis en Brasil y el ensamble final en Colombia, garantiza que cada unidad soporte recorridos de hasta 120.000 kilómetros anuales. Además, el uso de telemetría a través del sistema "My Scania" permite monitorear 45 variables operativas para optimizar el consumo de combustible y fortalecer los hábitos de conducción.Transición hacia una movilidad eléctrica y sostenibleLa apuesta por la descarbonización es el eje central de la flota actual. La transición desde motores de combustión interna hacia soluciones de gas natural y electricidad ha transformado el ecosistema urbano. Según Franky, la compañía busca ser un aliado estratégico que combine potencia con sostenibilidad, manteniendo la rentabilidad del cliente y el cuidado del planeta en el centro de la operación.Con la integración de sistemas avanzados de seguridad como el frenado electrónico (EBS) y asistencias ADAS, el sistema no solo apunta a la reducción de CO2 y ruido, sino también a elevar los estándares de protección para los millones de pasajeros que se movilizan diariamente en la capital.
Hace años en Bogotá se popularizaron los eventos gastronómicos en donde, incluso, las personas hacen extensas filas para probar productos exclusivos. Uno de los casos más famosos ha sido el de Burguer Master, de Tulio Recomienda, en donde las hamburguesas se roban el protagonismo entre los comensales.No obstante, este no ha sido el único, sino que también apareció el Burgerville y que, este 2026, tendrá una nueva edición en La Hacienda San Rafael, que a diferencia del Burguer Master, todos los restaurantes se encuentran en el mismo sitio.Esta edición se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo. El evento celebra su quinta edición en una nueva sede, La Hacienda San Rafael, un espacio bastante amplio. Es importante recordar que el Burguer Master llegará en el mes de mayo aún si fechas confirmadas.Lista de restaurante del BurgervilleRestaurantes participantesGodo Facts FoodKo Asian KitchenCotiza LonganizaAliendo de DragónHome BurgersThe Red TurtleOvejoBíconoBubu BurgerCabrera Resto BarReburgerAgadonLongosGanzōLos Tacos NorteñosIdealGauchosLos ValientesRenne Peruvian BistroSir FrankAndres Carne De ResUniversalBirrería MachaEl LibanésFrencheese BurgerSantiago Smashed BurgerBensaSalvajeOssolimaRestaurantes invitados desde MedellínAndes Smash Burger (Medellín)Bramante (Medellín)Restaurante invitado desde PerúBig Boy by Godo (Perú)Burgerville nació en Bogotá y con el paso de los años se ha integrado al calendario gastronómico de la ciudad. En su edición 2025, el evento registró 31.221 asistentes, con 129.432 platos vendidos y la generación de 1.983 empleos relacionados con su operación.Las entradas para Burgerville 2026 están disponibles a través de la plataforma TuBoleta. El valor de la boletería por día es de $24.000 pesos, más $3.000 de servicio. También se ofrece el paquete “Comiéndose el Mundo”, que incluye acceso a los tres días del evento por $65.000 pesos, más $6.500 de servicio.
Ecopetrol salió al paso a las investigaciones y posibles sanciones anunciadas por el Ministerio de Minas ante el incumplimiento en el envío de diésel (ACPM) a Nariño a través de la vía marítima y desde Reficar.Desde la mañana de este martes, 3 de marzo, el ministerio liderado por Edwin Palma alertó que la compañía no había entregado el volumen requerido para el departamento poniendo en riesgo de desabastecimiento y “ que podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”.Ante esto, la compañía petrolera desmintió a la cartera y aseguró que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional y al suroccidente del país se está realizando con total normalidad y cumpliendo la regulación.“Conforme al volumen solicitado a Ecopetrol por los diferentes agentes para cada producto, actualmente la empresa cuenta con los inventarios para atender la demanda de diésel (10 días de inventario), gasolina motor regular (6 días de inventario) y gasolina extra (6 días de inventario)”, detalló la compañía, agregando que están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional.Ecopetrol le recordó al ministerio que las autorizaciones de producto importado a los distribuidores mayoristas se hacen justamente bajo lineamientos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía.Cabe recordar que, ante esta situación, el Ministerio de Minas autorizó el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.“En caso de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda con gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, Ecopetrol explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”, puntualizó Ecopetrol.Finalmente, y ante las investigaciones anunciadas, la compañía señaló que una vez sea notificada ejercerá las acciones de defensa, conforme al régimen legal y regulatorio.
La Aeronáutica Civil aseguró que, por ahora, no habrá modificación en la reglamentación que rige los slots, que son las franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado. Esta posición difiere de la emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hace solo 24 horas.Tras una visita de delegados de la Procuraduría a la sede de la entidad y en una reunión donde también estuvo presente Paula Bernal, gerente general en Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Aerocivil aclaró que se aumentará el monitoreo de estas frecuencias pues continuarán alineados con los estándares internacionales en materia de slots.“En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”, detalló la entidad.Además, dice la Aerocivil, contarán con el acompañamiento y capacitación de la IATA, la misma que respaldó la decisión de mantener la normativa actual.“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, indicó en un comunicado la asociación internacional.Según el director general Luis Alfonso Martínez, el objetivo de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots.Hoy esto está determinado a través del RAC3 (Reglamento Aeronáutico de Colombia) que dice, entre otras, cómo asignar las franjas o turnos específicos para aterrizaje y despegue, organizados cada 6 meses, considerando la capacidad técnica del aeropuerto y mantiene unos derechos Históricos para ciertas aerolíneas que tienen prioridad sobre los slots utilizados en temporadas anteriores y establece que los slots no utilizados deben ser redistribuidos; estos dos puntos han sido plan de críticas.Justamente, el pasado lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, detalló la ministra.
El precio del huevo en Colombia registra una disminución que ya se empieza a sentir en los bolsillos de los consumidores. Así lo confirmó Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, donde explicó que la caída obedece principalmente a un aumento histórico en la producción y a dinámicas propias del mercado.Según Moreno, actualmente el precio del huevo está alrededor de 100 pesos por debajo de lo que se registraba a mediados del año pasado. La principal causa es que en 2025 el país alcanzó una producción récord de más de 19.400 millones de huevos, lo que representa un crecimiento del 7,7 % frente a 2024 y un aumento del 38 % en comparación con 2021.Este incremento no es casual. De acuerdo con el presidente de Fenavi, desde la salida de la pandemia del COVID-19 los precios del huevo comenzaron a subir, lo que incentivó la entrada de nuevos productores. “El ciclo de producción del huevo se demora cerca de dos años. Muchos de los avicultores que hoy están produciendo tomaron la decisión hace año y medio, cuando los precios eran altos”, explicó.Más productores y sobreoferta regionalMoreno también se refirió a los casos recientes en los que pequeños productores han regalado huevos en regiones como Santander. Indicó que se trató de una actividad puntual en Villanueva y que responde a una mayor concentración de producción en zonas como Santander y Cundinamarca, donde en los últimos dos años han ingresado más de 800 nuevos productores.Este fenómeno ha generado una sobreoferta en algunas regiones, lo que presiona los precios a la baja. Sin embargo, Fenavi descarta cualquier tipo de intervención estatal o regulación de precios. Menor consumo en vacaciones y costos de insumosA la mayor producción se sumó un factor estacional: el menor consumo durante las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, aunque aclaró que en los últimos días el precio ya ha empezado a mostrar señales de estabilización. “Son semanas en las que los hogares están de vacaciones, los niños no están en el colegio y el consumo baja”, señaló el dirigente gremial.Sobre el impacto del dólar y de los insumos importados, como el maíz y la soya, Moreno explicó que aunque estos productos registraron caídas de precio cercanas al 9 % y 10 %, respectivamente, su efecto no es inmediato.¿Por qué hay huevos blancos y cafés?Durante la entrevista, el presidente de Fenavi también desmontó algunas creencias comunes. Aseguró que no existe diferencia nutricional entre el llamado huevo campesino y el industrial, y que en Colombia no hay una regulación que permita hablar de huevo orgánico, debido a que todo el maíz que se consume en el país es genéticamente modificado.Por otro lado, explicó que la diferencia entre huevo blanco y huevo café depende únicamente de la raza de la gallina, y no de su calidad. Aunque en Colombia predomina el consumo de huevo café por razones culturales, el huevo blanco sigue existiendo y es el más consumido en países como Estados Unidos.
Desde este mes empieza a regir el aumento automático de las pensiones para los pensionados de Colpensiones.Más del 60 % de los pensionados se ganan la pensión mínima y tendrán un incremento del 23 %, en línea con el aumento del salario mínimo. Es decir, ningún pensionado recibirá menos de 1.750.905.¿Qué pasa con quienes tienen mesadas superiores al salario mínimo? Si un pensionado ganaba más de un salario mínimo el año pasado y sigue ganando más de 1.750.000 este año, su aumento será solamente el de la inflación, es decir, un 5,1 %.El incremento de las mesadas es automático, se refleja desde el pago de la mesada de enero de 2026 y no tiene que hacer ningún trámite para recibirlo.Vale recordar que los aportes a salud y pensión dependen del valor de la mesada.Los pensionados que ganan 1.750.905 deben aportar un 4 %; quienes tienen una mesada de entre 1.750.906 y 5.252.715 pagarán un 10 %, y quienes tengan mesadas superiores a ese valor aportarán un 12 %.
El puente de Reyes de este año, que normalmente se celebra el 6 de enero, fue corrido para el siguiente festivo, el 12 de enero. Luego de esta fecha las personas se preparan para retomar sus actividades, los adultos vuelven a sus trabajos y los niños y jóvenes a colegios y universidades.Frente a esto, el calendario escolar para 2026 ya fue anunciado por el Ministerio de Educación y para las instituciones oficiales las clases iniciarán el próximo 26 de enero y se extenderán hasta el 29 de noviembre.Como consecuencia, padres de familia tendrán que alistar el bolsillo para comprar los útiles escolares de este año, pero la buena noticia es que las cajas de compensación cuentan con un subsidio que ofrece una ayuda monetaria a quienes tienen hijos.¿Quiénes pueden acceder al subsidio escolar 2026?Los subsidios escolares de las cajas de compensación, como Compensar, Cafam o Colsubsidio, están dirigidos a los trabajadores afiliados y pueden ser físicos o bonos económicos para comprar útiles o uniformes.Cada caja cuenta con sus especificaciones y decide qué entregará a los padres de familia y sus hijos.Cafam: el combo Escolar Cafam 2026 es para niños y niñas que tengan entre 6 y 12 años de edad, por quienes Cafam pagó cuota monetaria en noviembre 2025, hijos de trabajadores que estén registrados como afiliados al treinta 30 de noviembre del 2025 en la categoría A o B, e hijos de trabajadores cuya empresa afiliada esté vigente y a paz y salvo en el pago de los aportes hasta el período de noviembre de 2025.Compensar: esta caja cuenta con un subsidio educativo de $105.000 por cada hijo que tenga el beneficiario y puede usarse en ferias escolares de Compensar, almacenes aliados, para útiles, uniformes y tecnología. Su vigencia es de un año.Colsubsidio: aplica para trabajadores afiliados con personas a cargo entre 5 y 12 años de edad que hayan sido beneficiarios del subsidio familiar en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.Las compras deben ser realizadas por el afiliado titular, en las categorías A o B. No se requiere documentación, pues son los mismos que se presentaron al solicitar la cuota monetaria.¿Cómo solicitar el subsidio escolar 2026?El paso a paso que deben seguir los padres de familia en las cajas de compensación es el siguiente:Verificar la afiliación: asegurarse de estar afiliado y al día en la caja de compensación en las categorías A o B.Revisar los requisitos: confirmar la edad de hijos y si el titular cumple con los ingresos y fechas requeridas por la caja.Consultar a la caja: visitar la página web de la caja de compensación Compensar o comunicarse a servicio al cliente para conocer las fechas exactas de entrega y qué lugares están habilitados para redimir o reclamar el subsidio.
El 2026 arranca con cambios drásticos para la movilidad en Bogotá, impulsados, entre otros factores, por el alza del 23,7 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, lo que impacta directamente en costos de operación y en las finanzas de miles de conductores y negocios relacionados con transporte.Ante este panorama económico y de movilidad, la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha presentado ajustes a las reglas de circulación, buscando equilibrar la congestión en las vías y también aumentar el recaudo local a partir de nuevas obligaciones para ciertos vehículos.En particular, la ciudad ha redefinido la forma en que vehículos no matriculados en Bogotá deben cumplir con las normas de restricción vehicular. Además de ajustes en el Pico y Placa Solidario, que impactan directamente el bolsillo de estos propietarios, se introducen modificaciones en la aplicación del pico y placa durante los fines de semana, una medida que ha generado un intenso debate con autoridades de Cundinamarca y municipios vecinos.Pico y placa los sábados: cambios a partir de 2026La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y con anuncios hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán, había definido que a partir del primer semestre de 2026 los vehículos que circulen por Bogotá y no estén matriculados en la ciudad tendrían restricción de pico y placa también los días sábados, en un esquema de dos sábados al mes, según lo anunciado por Galán el pasado mes de noviembre de 2025.Aunque en principio la medida estaba diseñada para empezar a funcionar en enero de 2026, tras el debate a nivel departamental sobre las consecuencias de esta restricción, Galán decidió aplazar su implementación mientras se adelantan los diálogos con la Gobernación de Cundinamarca y municipios de la Sabana.La medida fue diseñada para aplicarse en horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados, con el objetivo de promover que los conductores matriculen sus carros en Bogotá y, al mismo tiempo, reducir la congestión y ampliar la corresponsabilidad fiscal de quienes utilizan las vías capitalinas sin estar "contribuyendo en los impuestos locales".Aumentos del Pico y Placa Solidario para estos vehículos en 2026Otra de las medidas que anunció la Alcaldía Mayor para los vehículos no matriculados en Bogotá, fue la implementación de un ajuste tarifario en el Pico y Placa Solidario, creado para que los vehículos puedan transitar libremente por la ciudad a cambio de un pago voluntario.El alcalde anunció un incremento del 50 % en el costo adicional del permiso, aumentando un 30 % con respecto al valor que se pagaba el pasado 2025, que era del 20 %, y que entrará en vigencia en el primer trimestre de este año.Pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha establecido los valores oficiales del incremento de las tarifas del Pico y Placa Solidario para 2026, con el aumento del 50 % para los vehículos no matriculados en la ciudad, se estima —con base en el ajuste del IPC de 2025— que los conductores deberán pagar más de $100.000 pesos por una tarifa diaria de esta medida.En el caso de quienes necesiten aplicar este beneficio de manera permanente, el costo podría ascender hasta cerca de $4 millones de pesos cada seis meses, no obstante, las cifras definitivas solo se conocerán una vez la Secretaría Distrital de Movilidad expida la resolución oficial con las tarifas vigentes para 2026.
El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los nuevos impuestos que entrarán en vigencia bajo la declaratoria de emergencia económica dejó claro un punto clave para los consumidores: habrá un aumento en el porcentaje a los licores, pero uno se salvará.Mientras la mayoría de bebidas alcohólicas pasarán de pagar un IVA del 5 % al 19 %, el Gobierno decidió excluir a este producto argumentando su alto consumo social en el país, una decisión que marca una diferencia importante frente a otros licores nacionales e importados.¿Cuál es el licor exento de aumento de impuesto?Se trata de la cerveza, que no incrementará su precio desde el 1 de enero del 2026, como sí sucederá con los demás licores que se comercializan en el país.Vale recordar que la emergencia económica busca recaudar cerca de 11 billones de pesos adicionales para cubrir el faltante del Presupuesto General de 2026, que quedó desfinanciado tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. En ese paquete se incluyen aumentos al impuesto al patrimonio, nuevas sobretasas para el sector financiero, mayores cargas para bienes de lujo y cambios en el IVA para compras por internet, además del incremento tributario a los licores, con excepción de la cerveza.Preocupación por impuesto en licoresEn entrevista con Recap Blu, Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas a las Bebidas Alcohólicas (CABA), expresó su preocupación por el impacto que tendrá el alza del IVA en vinos, aguardientes y otros licores nacionales. Según explicó, el aumento no solo golpeará a las empresas, sino también al consumidor final, que verá reflejado el impuesto en los precios de productos tradicionales de celebraciones y festividades.Jaramillo advirtió que la medida pone en riesgo a productores locales que han venido haciendo esfuerzos por formalizar y fortalecer la industria. Señaló que sectores como el de los vinos nacionales y los licores artesanales podrían quedar en una situación crítica, especialmente aquellos vinculados a economías rurales. En ese contexto, recordó iniciativas como la ley de incentivos paneleros de 2019 y la ley del biche, creadas para diversificar ingresos de comunidades campesinas y afrocolombianas, que ahora enfrentarían un panorama mucho más complejo.A esta carga tributaria se suma, según la dirigente gremial, el reciente aumento del salario mínimo en un 23 %, lo que incrementa los costos laborales y parafiscales del sector. De acuerdo con sus cálculos, en industrias como la de vinos y licores, las cargas prestacionales pueden superar el 70 %, haciendo inviable la sostenibilidad de muchos negocios, especialmente los pequeños y medianos productores.El impacto no sería menor en términos de empleo. CABA estima que la cadena de las bebidas alcohólicas genera alrededor de 200.000 empleos directos y formales, además de miles de puestos indirectos en proveedores, bares, restaurantes y comercializadores. Aunque la cerveza quedó por fuera del aumento del IVA, el gremio insiste en que el resto de la industria enfrenta un escenario de alta presión fiscal que podría traducirse en pérdida de competitividad, cierre de empresas y afectaciones al empleo formal en Colombia.
Con el anuncio por parte del presidente de Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en 23 %, también los colombianos empiezan a realizar cuentas sobre cuáles nuevos productos podrían adquirir con 1.750.905 pesos mensuales, incluyendo el último iPhone 17 Pro Max.En la página oficial de Apple en Colombia se puede ver el precio base de los diferentes celulares de la última gama y, así las cosas, realizar las cuentas en la calculadora de cuántos salarios necesita para adquirir el iPhone Pro Max.¿Cuánto cuesta el iPhone Pro Max?En el iShop se registra este celular en $6.999.000 y, si usted lo quiere adquirir de contado, necesitaría 3,9 salarios mínimos en total, es decir, sin gastarse un peso de más para poder comprar el iPhone Pro Max. Sin embargo, se debe tener en cuenta los descuentos por salud y pensión (4 % cada uno), por lo que se podría demorar en comprar su nuevo celular en, aproximadamente, un poco más de cuatro meses.Ahora bien, es importante que tenga en cuenta que este precio puede variar en los próximos días por las modificaciones que se puedan presentar en la UVB (Unidad de Valor Básico), que se usa para impuestos y trámites.Asimismo, vale resaltar que el precio del celular puede ser diferente en otros comercios donde también se vendan estos dispositivos y las promociones que puedan aplicar estos comercios con esta gama de celulares.Nuevo salario mínimo y auxilio de transporteEl Gobierno anunció un aumento histórico del 23 % del salario mínimo vital para 2026. El presidente Gustavo Petro explicó que el salario base será de 1.750.905 de pesos, al que se suma un auxilio de transporte de 249.095 pesos, alcanzando así la cifra total.Petro señaló que el incremento, equivalente a un crecimiento cercano al 22,7 % frente al año anterior, no se calculó únicamente con base en inflación y productividad, sino también en otros indicadores orientados a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Según el mandatario, la medida busca avanzar en la reducción de la desigualdad en el país.No obstante, el presidente reconoció que el aumento podría generar presiones inflacionarias, aunque defendió la decisión al señalar que la inflación también refleja disputas por una mejor distribución de la riqueza. El alza fue definida de manera unilateral por el Gobierno, luego de que no prosperaran las negociaciones entre empresarios, sindicatos y el Estado.
Con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro este lunes, 29 de diciembre, muchos trabajadores se preguntan cómo cambiará su ingreso real mes a mes.Más allá del valor que se verá reflejado en el contrato o la nómina, el ajuste también impacta directamente los descuentos obligatorios por salud y pensión, rubros que suben de forma proporcional. Por eso, entender cuánto le descontarán exactamente y cómo se distribuyen esos aportes es clave para saber si el incremento del mínimo realmente se sentirá en el bolsillo.Para 2026, con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) que decretó el Gobierno, las deducciones para corresponder a los aportes en salud y pensión incrementarán significativamente.¿Cuánto descuentan de salud para 2026?El porcentaje de los aportes obligatorios a salud y pensión de los trabajadores en Colombia está definido por la Ley 100 de 1993 y no cambia año a año; lo que sí varía es el monto en pesos, ya que se calcula sobre el salario mínimo, que se ajusta anualmente.En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, valor que se descuenta directamente de su nómina.Así, para 2026, si el salario mínimo quedó fijado en 1.750.905 pesos, al empleado que devenga un SMMLV se le deducirá cada mes el equivalente al 4 % de ese monto por concepto de salud, que son 70.036,2 pesos.¿Cuánto descuentan de pensión para 2026?En el caso de las pensiones, el porcentaje total que se paga mes a mes equivale al 16 % del salario, de los cuales el empleador asume el 12 % y el trabajador el 4 %, el mismo porcentaje que se descuenta para salud.Esto significa que, con el aumento del salario mínimo para 2026, ambos aportes subirán en términos de dinero, aunque no en porcentaje. Así, el empleador deberá cubrir la suma de 358.935 pesos por cada trabajador, mientras que el empleado verá un descuento más alto en su nómina mensual, teniendo una deducción de 140.072 pesos.Ese 4 % correspondiente a pensión —al igual que el de salud— se descuenta directamente del salario que recibe cada mes, por lo que el incremento del mínimo también impacta el ingreso neto que finalmente llega al bolsillo.Esta es la cifra exacta que le van a descontar de pensión y salud para 2026En ese escenario, los valores correspondientes al 4 % de salud y al 4 % de pensión representan para el trabajador una deducción mensual total de 140.072 pesos, siempre y cuando devengue un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).Estos descuentos se aplican de manera automática sobre el salario base y reducen el ingreso neto que finalmente recibe el empleado cada mes. Así, aunque el aumento del salario mínimo eleva el valor del sueldo nominal, también incrementa en la misma proporción los aportes obligatorios a la seguridad social, un efecto que muchos trabajadores solo perciben cuando revisan su desprendible de pago.¿Cómo calcular el descuento de salud y pensión si se gana más del mínimo?De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el Código Sustantivo del Trabajo, cuando un trabajador devenga un salario superior al mínimo, los descuentos por salud y pensión se calculan sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), que corresponde al salario y a los pagos que tienen naturaleza salarial. Sin embargo, el porcentaje sigue siendo el mismo, es decir, 4 % para salud y 4 % para pensión.En ese caso, el empleado debe asumir el 8 % del total —4 % para salud y 4 % para pensión—, porcentaje que se aplica sobre ese ingreso base y no sobre el salario mínimo. Los pagos expresamente pactados como no salariales, como algunas bonificaciones o auxilios extralegales, no hacen parte de la base para estos aportes.Entonces, en el caso de los trabajadores que perciban un salario base superior al mínimo, deberán hacer el cálculo sobre ese valor, multiplicándolo por el porcentaje correspondiente a los descuentos de salud y pensión (8 % en total):En el caso de la salud, se aplica el 4 %, lo que equivale a un descuento mensual de $80.000 ($2.000.000 x 0,04).Para pensión, el cálculo es el mismo: el 4 % del salario, es decir, otros $80.000.De esta manera, un trabajador con un salario base de $2.000.000 tendrá una deducción total de $160.000 mensuales por concepto de salud y pensión en 2026, siempre que ese ingreso corresponda al ingreso base de cotización.
Uno de los almuerzos colombianos más tradicionales y típicos a lo largo del país es el pollo asado, ya sea cocinado con carbón o en hornos de gas. Ahora, con el aumento del salario mínimo del Gobierno de Gustavo Petro por decreto, se empiezan a realizar cálculos sobre el precio que tendrá este alimento que acompaña las tardes y noches de los ciudadanos.Vale recordar que el aumento del salario mínimo para el próximo año fue del 23 %, lo que corresponde a 1.750.905, pues la base para el 2025 fue de 1.423.500.Cuánto costaría el pollo asado en ColombiaCon el decreto firmado por el presidente Petro, ya se puede establecer en cuánto subiría este alimento. Ahora bien, vale enfatizar que esto puede variar según la cadena del restaurante, barrio y ciudad en el que se comercializa esta comida. Asimismo, si usted suele comprar el pollo solo o en combo (papa, arepa, plátano, gaseosa), pues los actuales precios oscilan entre los 20.900 hasta los 52.900, aproximadamente.Con este panorama y el aumento del 23 % para el 2026, se puede calcular que el precio del pollo asado en Colombia estaría entre los $25.707 y los 65.067 pesos, aproximadamente.Nota: estas tarifas están basadas en lo que dicen las aplicaciones de comida sobre negocios de barrios en diferentes ciudades y no en cadenas, que podrían ser un poco más elevadas.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X y antes de conocerse el porcentaje del aumento del salario mínimo, afirmó que el Gobierno vigilará los precios de la canasta familiar para que no se vean afectados los consumidores."El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad", escribió el jefe de Estado.Detalles del salario mínimo para el 2026:
El salario mínimo en Colombia ha experimentado incrementos sostenidos durante la última década, aunque con comportamientos distintos según el contexto económico y el Gobierno de turno. Entre 2015 y 2025, el ingreso básico pasó de $644.350 a $1.423.500, un aumento que refleja no solo decisiones políticas, sino también la presión de la inflación y la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.Durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos (2014-2018), los aumentos del salario mínimo fueron moderados y oscilaron entre el 4,5 % y el 7 %. En esos años, el crecimiento real fue positivo pero limitado, ya que la inflación se mantuvo relativamente controlada. Para 2018, el salario mínimo llegó a $781.242, con un incremento del 5,9 %, en un contexto de desaceleración económica y ajustes fiscales.Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia (2018-2022), los incrementos se movieron entre el 6 % y el 10,07 %. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por el impacto de la pandemia de COVID-19, especialmente en 2020 y 2021, cuando la inflación cayó a niveles bajos y el crecimiento real del salario fue reducido. En 2021, por ejemplo, el aumento fue de apenas 3,5 %, uno de los más bajos de la década, y el salario mínimo se fijó en $908.526.Aumento del salario con PetroEl panorama cambió de forma significativa con el inicio del Gobierno de Gustavo Petro en 2022. Ese año se decretó un incremento del 10,07 %, llevando el salario mínimo a $1.000.000, en medio de un fuerte repunte inflacionario. En 2023, el aumento fue del 16 %, el más alto de los últimos diez años, con un crecimiento real del 3 %, pese a una inflación elevada del 13,1 %. Para 2024, el ajuste fue del 12 %, y el salario mínimo alcanzó los $1.300.000.Luego, para el 2025 el aumento fue de 9,54%, lo que significó que quedara en 1.423.500 pesos y en el 2026 el incremento fue del 23 %, lo que se traduce en 1.750.905.Salario mínimo del 2015 al 2025:2015: $644.3502016: $689.4552017: $737.7172018: $781.2422019: $828.1162020: $877.8032021: $908.5262022: $1.000.0002023: $1.160.0002024: $1.300.0002025: $1.423.500El comportamiento del salario mínimo en la última década evidencia cómo las decisiones presidenciales, junto con factores económicos externos, han determinado su evolución. Mientras los gobiernos de Santos y Duque mantuvieron aumentos más graduales, la administración de Petro apostó por alzas históricas, marcando un punto de inflexión en la política salarial del país.
El mercado inmobiliario en Colombia atraviesa un momento particular. Mientras la vivienda nueva busca recuperarse tras la desaceleración de los últimos años, la vivienda usada se mantiene como la opción más atractiva y segura para quienes desean comprar casa.De acuerdo con Fincaraiz.com.co, Bogotá, Medellín y Cali ocupan los primeros lugares en la lista de ciudades con mayor oferta de inmuebles usados en el país.Según las cifras, Bogotá concentra el 25,5% de las publicaciones disponibles, lo que representa 37.680 propiedades. Medellín, por su parte, cuenta con 16.271 inmuebles (11%), y Cali con 11.406 (7,7%). Estos datos reflejan la magnitud de la demanda y evidencian la diversidad de precios en las principales capitales.Bogotá, la ciudad con mejor oferta inmobiliariaEl caso de Bogotá resulta llamativo, pues no solo lidera el listado de propiedades usadas, sino que además concentra la franja de precios más alta del país. En promedio, los apartamentos de dos y tres habitaciones se encuentran entre 280 y 550 millones de pesos, siendo los más apetecidos por familias jóvenes y profesionales que prefieren esta alternativa antes que lanzarse a proyectos nuevos.Los apartaestudios también tienen gran rotación en zonas universitarias o céntricas, con valores que oscilan entre 120 y 220 millones de pesos. La rapidez en su venta es evidente, ya que la demanda proviene tanto de estudiantes como de inversionistas interesados en rentar estos espacios.Claves para vender vivienda usada rápidamenteEl éxito en la venta de un inmueble usado no depende únicamente del precio. Según Baltasar Urrestarazu, gerente regional de Fincaraiz.com.co, aspectos como la documentación al día, la ausencia de embargos o hipotecas y la entrega de paz y salvos tributarios son determinantes para concretar una transacción de manera ágil.El directivo resalta que la presentación del inmueble es fundamental. Fotografías claras, descripciones completas y reparaciones básicas transmiten confianza y pueden acelerar el cierre de la venta en un mercado donde el promedio de negociación se sitúa entre cuatro y siete meses. En contraste, publicaciones con imágenes poco nítidas o evidencias de daños suelen ser descartadas rápidamente, incluso si el precio resulta atractivo.El panorama nacional confirma que la franja de los 200 a 400 millones de pesos concentra la mayor actividad en el mercado, convirtiéndose en el verdadero motor inmobiliario del país. Aunque los inmuebles de mayor valor requieren más tiempo para concretar una venta, la vivienda usada continúa siendo una inversión sólida y dinámica que sostiene el movimiento del sector en Colombia.
Aparentemente, cumplir con la edad de retiro y las semanas de cotización no es suficiente para garantizar que la pensión llegue en la fecha establecida. En Colombia, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, el reconocimiento y el pago de la primera mesada requiere de un proceso administrativo complejo, con múltiples validaciones y cálculos que pueden alargar la espera.La norma indica que el primer desembolso debe realizarse en un máximo de cuatro meses. Sin embargo, en la práctica, hay situaciones que hacen que el proceso se retrase y los pensionados se queden sin recibir a tiempo su pago.Razones por las que se demora el pago de la pensiónUna de las causas más frecuentes son las inconsistencias en el historial de cotizaciones. Esto ocurre cuando no aparecen todas las semanas registradas, existen errores en los aportes o no se han unificado las cuentas en casos donde la persona cotizó en diferentes fondos. Resolver estos vacíos requiere trámites adicionales e, incluso, demandas para que se reconozcan los tiempos faltantes.El alto volumen de solicitudes también es un factor que retrasa los desembolsos. Cuando se acumulan procesos, las entidades no logran responder en los plazos fijados. A esto se suma la falta de documentos completos: si el solicitante no entrega desde el inicio todo lo exigido, el trámite queda suspendido hasta que la información esté en regla.El cálculo de la pensión puede ser otra dificultad. Si el trabajador tuvo una vida laboral con varios empleadores, diferentes tipos de contrato o aportes irregulares, la liquidación se vuelve más extensa y requiere verificaciones adicionales.Finalmente, los litigios prolongan de manera considerable la espera. Es común que los pensionados deban aguardar mientras la justicia define si una empresa realizó o no los pagos correspondientes a la seguridad social.Recomendaciones para pensionados en ColombiaPara evitar contratiempos, los expertos aconsejan revisar el historial laboral con anticipación y asegurarse de que estén registradas todas las semanas cotizadas. También es fundamental tener lista toda la documentación exigida por el fondo y entregarla completa desde el inicio del trámite.Aunque la ley establece plazos máximos, la experiencia de muchos pensionados muestra que la paciencia termina siendo un requisito adicional. Con miles de solicitudes en curso y casos complejos que exigen revisiones minuciosas, los retrasos siguen siendo un obstáculo para quienes esperan con urgencia ese primer pago.
En Colombia, arrendar una casa o apartamento puede parecer sencillo. Sin embargo, la ley establece reglas que no todos conocen, pero que, si se incumplen, pueden dejar a más de uno al borde de la quiebra. Resulta que la Ley 820 del año 2003 señala un trámite obligatorio para varios arrendadores: la matrícula de arrendadores, un registro que todos deben tener y que, de no hacerlo, puede generar sanciones millonarias.Según datos revelados por el DANE, el 40% de las familias en el país viven en arriendo, frente al 35% de hogares con vivienda propia. Con este panorama, la figura del arrendador está bien regulada. Por eso, es crucial conocer en qué casos se debe cumplir la norma.Ley de arrendamiento define cuándo hacer el trámiteLa matrícula de arrendadores aplica solo en situaciones específicas. La norma explica que deben registrarse quienes:Arrienden viviendas urbanas propias o de terceros.Realicen labores de intermediación entre arrendadores y arrendatarios.Celebren más de cinco contratos de arrendamiento, ya sea de forma individual, compartida o en pensión.Lo hagan en municipios con más de 15.000 habitantes.En ese sentido, quienes cumplan con estas condiciones no pueden evadir el trámite. Estar matriculado implica someterse a inspección y control por parte de la autoridad competente, pero también brinda respaldo legal para el desarrollo de estas actividades.El proceso exige presentar el registro mercantil o la certificación de representación legal, en el caso de personas jurídicas. Además, deben adjuntarse los modelos de contrato que se usarán en la actividad y, en varios municipios, se solicita documentación adicional para completar el procedimiento.Multas millonarias por no cumplir con la matrículaEl registro debe realizarse directamente en la alcaldía de cada ciudad o municipio. En Bogotá, por ejemplo, el trámite se inicia a través de la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat y se formaliza en la sede ubicada en la carrera 13 con calle 52.El problema surge cuando, pese a los requisitos, el arrendador no se inscribe. En ese caso, la sanción puede ser abrumadora, ya que alcanza hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Para 2025, esa suma equivale a más de $140 millones de pesos.En un país donde gran parte de la población depende del arriendo como fuente de ingresos, ignorar esta obligación puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Por ello, los expertos recomiendan informarse, verificar si se está obligado a cumplir con la matrícula y, de ser así, realizar el trámite de manera oportuna.
Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, muchas personas prefieren usar tarjetas o transferencias antes que dinero en efectivo. Para pequeños comerciantes, vendedores informales o emprendedores, esta tendencia se convierte en un reto difícil de afrontar.Muchos no tienen acceso a un datáfono debido a los altos costos que implica su adquisición y mantenimiento. Por esta razón, pierden ventas de clientes que ya no cargan billetes en sus bolsillos. Pensando en esta necesidad, Nequi lanzó la solución perfecta con Nequi Negocios, una herramienta digital que convierte el celular en un datáfono y que está disponible para aceptar diferentes métodos de pago.Gracias a la alianza de la plataforma con Wompi, la pasarela de pagos del Grupo Bancolombia, se abre una oportunidad de inclusión financiera para quienes viven de su trabajo diario y necesitan más alternativas para recibir dinero. ¿Cómo funciona Nequi Negocios?Con esta aplicación, los emprendedores pueden recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde su celular, siempre que el dispositivo tenga tecnología NFC. Además, la herramienta permite generar códigos QR y enlaces de pago, ideales para quienes venden a través de redes sociales o de manera informal.Los pagos que se hacen por QR se reflejan de inmediato en la cuenta, mientras que los realizados con otros métodos aparecerán al día siguiente. Un punto clave es que Nequi asumirá las tarifas de transacción durante los primeros tres meses, lo que permite a los negocios empezar a vender sin preocuparse por costos adicionales.“En Nequi creemos en el poder de la economía que pasa en las calles y en el empuje de los emprendedores. Cada venta, por pequeña que sea, mueve al país”, aseguró María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la plataforma.Nequi Negocios: más que un datáfono digitalNequi Negocios no es solo una herramienta para recibir plata. También ofrece Crédito Negocios, una opción para solicitar préstamos de hasta $10 millones, con plazos de pago de hasta 36 meses y la posibilidad de tener varios créditos activos. Una alternativa pensada para quienes necesitan capital de trabajo y cubrir gastos sin trámites engorrosos.En cuanto a seguridad, la aplicación resalta que nunca pedirá claves ni códigos por teléfono o redes sociales. El registro es gratuito y puede hacerse desde la app de Nequi Personas, en el ícono “Nequi Negocios”, para luego descargar la aplicación exclusiva con la que se manejarán las ventas.Con más de 3,8 millones de personas que ya usan Nequi para mover su dinero, esta herramienta representa un paso firme hacia la inclusión financiera. Ahora, cualquier celular puede convertirse en un datáfono, lo que abre la posibilidad de que más negocios vendan, crezcan y se mantengan competitivos.
Comprar un producto y luego darse cuenta de que no era lo que se esperaba o que en realidad no se necesitaba es más común de lo que parece. Ante estas situaciones, la legislación colombiana protege al consumidor con una figura denominada derecho de retracto.Este derecho permite devolver el producto y recibir el dinero de regreso, aunque no es indefinido. Para ejercerlo, se deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la ley.Derecho de retracto en Colombia: lo que debe saberEl Estatuto del Consumidor, en su artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, establece que cualquier persona cuenta con un plazo máximo de cinco días hábiles para arrepentirse de una compra. Este tiempo comienza a contarse desde el momento de la entrega del producto o, en el caso de los servicios, desde la firma del contrato.El procedimiento es sencillo. Basta con notificar al proveedor la intención de devolver el artículo; no es obligatorio justificar la decisión ni presentar la factura, aunque sí se debe regresar el producto en las mismas condiciones en que fue recibido.En cuanto al reembolso, la ley señala que el dinero debe ser devuelto en un plazo máximo de 30 días calendario. El monto no puede estar sujeto a descuentos ni retenciones, es decir, la devolución debe realizarse de manera completa. No obstante, el consumidor deberá asumir los gastos de transporte o envío del producto de regreso.Cuándo aplica y cuándo no aplica el retractoEste derecho fue diseñado principalmente para las compras a distancia o realizadas por medios no tradicionales: internet, teléfono, catálogos o televisión. También se aplica en operaciones con financiación directa, cuando el proveedor ofrece crédito, y en contratos relacionados con tiempos compartidos.Sin embargo, no todas las compras cuentan con esta protección. El retracto no aplica en los siguientes casos:Servicios que ya comenzaron a prestarse con autorización del cliente.Productos elaborados bajo especificaciones personalizadas.Bienes de uso personal, como ropa interior o artículos de higiene.En otras palabras, aunque la norma busca proteger al consumidor, reconoce excepciones en las que no resulta viable devolver lo adquirido.En la práctica, esta figura es muy útil para quienes compran en línea y descubren que el producto no cumple con sus expectativas, o para quienes se dejan llevar por promociones y luego se arrepienten.Aun así, lo más recomendable es revisar con cuidado las condiciones del proveedor antes de comprar. Y, en caso de arrepentirse, actuar rápidamente: el plazo es de solo cinco días hábiles para acogerse al derecho de retracto.
El Congreso de la República dio luz verde a la llamada Ley Sarita, una iniciativa que promete transformar la manera en que se manejan las cuotas alimentarias en Colombia. El objetivo central es garantizar que los recursos destinados al bienestar de los menores lleguen de forma oportuna, sin las trabas judiciales que durante años han afectado a miles de familias.Con esta norma se busca que los dineros se entreguen a tiempo y sin convertirse en una carga para los hogares, que con frecuencia enfrentan procesos largos y desgastantes. Para muchas familias, los trámites se han convertido en una piedra en el zapato que retrasa la llegada de recursos esenciales para la alimentación, la educación y la salud de los niños.La propuesta fue impulsada por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, quien decidió llevar al Congreso una realidad que se repite a diario en los juzgados: procesos interminables, embargos que se dilatan durante años y menores que esperan por un dinero vital para su desarrollo.Cambios que traerá la Ley Sarita en las cuotas alimentariasHasta hoy, la legislación colombiana permitía embargar hasta el 50 % del salario o pensión de quienes incumplen con las cuotas alimentarias. Sin embargo, esos recursos quedaban retenidos en el Banco Agrario hasta que un juez dictara una decisión final, trámite que podía tardar varios años. Durante ese tiempo, los menores seguían sin recibir un solo peso del fondo.La Ley Sarita busca cambiar ese panorama al facultar a los jueces de familia para entregar de manera anticipada esos recursos, sin necesidad de trámites adicionales y con total destinación al beneficio del menor. En otras palabras, el dinero ya no se quedará guardado en una cuenta bancaria, sino que podrá utilizarse de inmediato para cubrir necesidades urgentes de los niños y niñas.Este ajuste quedó consagrado en el artículo 397A y en la modificación del artículo 447 del Código General del Proceso, creando un procedimiento especial para los litigios relacionados con alimentos.¿Por qué se llama Ley Sarita?El nombre de la ley tiene un trasfondo humano. La iniciativa nació a raíz del caso de Sara Guiselle, una niña de siete años con múltiples discapacidades, cuya cuota alimentaria estuvo retenida por más de un año y medio debido a la demora en el proceso contra su padre. La historia, conocida en un consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, llegó a oídos de la senadora Bitar, quien la convirtió en una bandera para visibilizar el drama de miles de familias.De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay más de 55.000 procesos activos relacionados con cuotas alimentarias. En todos ellos, los menores son quienes más sufren la lentitud de la justicia. Con esta ley, se busca romper ese círculo vicioso y asegurar que los recursos embargados cumplan su verdadero propósito: garantizar una vida digna a niños y niñas del país.