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La representación de víctimas de la familia de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de diez años que desapareció y posteriormente fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, radicó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se avance en la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La petición plantea que los hechos deben ser investigados como homicidio agravado en modalidad de dolo, al considerar que existieron omisiones graves de quienes tenían a la menor bajo su custodia institucional.En el documento presentado, el abogado Julián Quintana sostiene que el 12 de agosto de 2025 Valeria Afanador se encontraba dentro del establecimiento educativo, durante horario ordinario de clases, sin que existiera recreo ni actividad pedagógica externa autorizada. Pese a ello, la menor salió del aula “sin control efectivo”, permaneció fuera del ámbito de protección escolar y quedó expuesta a un riesgo grave que, según la solicitud, terminó materializándose en su muerte. Para la representación de víctimas, este resultado “no fue fortuito ni imprevisible”, pues de las pruebas recaudadas se desprenden omisiones estructurales y reiteradas.La solicitud individualiza responsabilidades. En primer lugar, se señala a Sonia Ochoa, rectora del plantel, en su condición de máxima autoridad institucional. Según el escrito, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas graves en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que, afirma la defensa, eran de su total conocimiento. En segundo término, se cuestiona la conducta de Emely Viviana Fuentes Hernández, docente de la menor, por incumplir sus deberes funcionales de vigilancia y permitir la salida de Valeria del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles.Asimismo, la solicitud involucra al docente Diego Orlando Pinzón. De acuerdo con el abogado Quintana, el profesor advirtió una situación anómala al observar a la menor fuera de su salón en un horario no autorizado. Pese a ostentar una posición de garante y contar con capacidad concreta de intervención, habría optado por la inacción, permitiendo que el riesgo se mantuviera y se proyectara en el tiempo.Un eje central de la petición se refiere a las condiciones de seguridad del colegio. La defensa sostiene que existía una falla previa, conocida y persistente en el cerramiento perimetral, lo que descarta la existencia de una contingencia súbita. Según se expone, una inspección judicial dejó constancia de una “reja o malla rota y con huecos”, cubierta de manera improvisada con polisombra. Para la representación de víctimas, este elemento resulta altamente significativo, pues evidencia que el riesgo era reconocido y que, aun así, se permitió su continuidad en un entorno por el que circulan niños.El escrito también cita entrevistas que, a juicio de la defensa, refuerzan el conocimiento previo del peligro. La madre de Valeria relató que una docente le informó que el día anterior otro estudiante se había escapado por el mismo hueco de la malla. En la misma línea, el padre de la menor habría sido informado de que Valeria “se escapó por una malla que estaba rota” y que en ese punto había polisombra. Estos antecedentes, según el abogado Quintana, configuran un estándar de previsibilidad concreta del riesgo.La representación de víctimas destaca, además, que la carátula del caso y la noticia criminal consignan expresamente que se investiga un homicidio agravado en persona menor de edad, con reconocimiento de la protección constitucional reforzada. A su juicio, ello implica que el caso no puede ser tratado como una ausencia ordinaria, sino como la materialización de un riesgo extremo sobre una menor que se encontraba bajo protección institucional.Finalmente, la solicitud hace referencia al entorno de riesgo que representaba el río Frío. Tras confirmarse la desaparición, la búsqueda se concentró en el perímetro del colegio y en el afluente. Un informe del CTI recoge que, al revisar los videos de seguridad, se evidencia que la menor desaparece cuando se encontraba cerca de la malla perimetral, la cual colinda directamente con el río, reforzando, según la defensa, la relación entre el riesgo estructural identificado y el desenlace fatal.

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