La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Confundidos se encuentran algunos habitantes de Cali al evidenciar que empresas de aseo desconocidas han comenzado a realizar recorridos de recolección de basura en días y horarios no habituales.El más reciente caso se conoció en el barrio La Rivera, en el norte de la ciudad, donde al parecer una empresa de aseo de Yumbo es la que está recogiendo los residuos; misma situación se está viviendo en los barrios Ciudad 2000, El Caney y República de Israel.La mayoría de las denuncias se han dado a conocer a través de las redes sociales, donde la comunidad evidencia a un vehículo recolector de basura amarillo y a sus operadores vestidos con un uniforme del mismo color. Este estaría haciendo recorridos únicamente en horarios de la mañana.Esta situación ocurre una semana después de la finalización de contratos entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los cuatro operadores que tradicionalmente trabajaban en Cali. Por ello, Blu Radio se comunicó con Nicolás Suárez, director encargado de la Unidad Especial de Servicios Públicos (UAESP). En el diálogo, Suárez confirmó que, en los últimos tres días, se han recibido más de 20 quejas informando esta irregularidad."En la Comuna 16, en la Comuna 4, en la Comuna 5, en la Comuna 10 y en el barrio Cristóbal Colón, los ciudadanos manifiestan que en la mañana está pasando un nuevo operador y en la noche sigue pasando el operador que venía regularmente. Aquí el mensaje para los ciudadanos es: que nos ayuden a denunciar cuando pase un operador fuera de horarios, fuera de ruta o fuera de día, para que nosotros podamos recopilar un informe y una denuncia para hacerle saber a la Superintendencia de Servicios Públicos", indicó el director (e).El director de la UAESP reiteró que los cuatro operadores de aseo en Cali siguen manteniendo sus rutas y horarios habituales. Ciudad Limpia, Veolia, Promo Cali y Promo Valle son los únicos operadores que cuentan con la autorización para realizar el servicio de recolección de basuras y limpieza en la ciudad. Esta situación está siendo recopilada en un informe que será entregado al Gobierno Nacional para que se apliquen las respectivas sanciones. El llamado a la ciudadanía es a seguir denunciando si operadores desconocidos están ingresando a la ciudad."Debe seguir siendo el mismo operador que le venía prestando el servicio; lo puede identificar en la factura de servicios públicos. Desde la unidad estamos haciendo sensibilización y trabajo en territorio para brindarle esta información de una forma más amplia a todos los ciudadanos. Y si en algún momento por su casa llega a pasar un operador que no es el que usted reconoce, háganoslo saber inmediatamente a la Alcaldía para nosotros realizar las respectivas denuncias", finalizó el funcionario.
En medio de un 2026 clave para la economía colombiana, la relación entre Colombia y Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central, especialmente tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Para AmCham Colombia, este encuentro puede marcar un antes y un después en la agenda bilateral.En entrevista con Blu Radio, la Cámara de Comercio Colombo Americana fue clara al señalar que este acercamiento debe convertirse en “un punto de partida para una agenda de resultados en beneficio de ambos países”, donde la prioridad sea “mantener la diplomacia con disciplina, canales abiertos, mensajes alineados y cero improvisación”.Aunque el tema comercial no fue protagonista en el encuentro, para AmCham no puede quedarse por fuera de las prioridades de la agenda. Actualmente, cerca del 28 % de la canasta exportadora colombiana enfrenta un arancel del 10 %, mientras países como Guatemala y El Salvador ya cerraron negociaciones y Ecuador avanza en el mismo camino. Y es que el comercio sigue siendo el verdadero pilar de la relación bilateral. Actualmente, más de 5 millones de empleos en Colombia dependen de esta dinámica y, al cierre de 2025, los productos no minero-energéticos crecieron un 15 %. El 60 % de las exportaciones colombianas ya pertenece a este sector, con un protagonismo cada vez mayor del sector agro. En cifras claras: uno de cada cuatro dólares del comercio colombiano depende de Estados Unidos.En el plano económico, AmCham advierte que también hay una oportunidad estratégica en la reconstrucción económica de Venezuela, donde Colombia podría jugar un papel clave no solo en el sector minero-energético, sino también en infraestructura, logística y servicios.Uno de los ejes centrales será la seguridad. La agenda, según AmCham, estará enfocada en “la lucha contra las drogas, las bandas criminales y el narcotráfico”, con acciones concretas como la erradicación, los golpes a las redes ilegales y la cooperación para acelerar alternativas productivas para los campesinos. A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el cierre de corredores ilegales y el uso de inteligencia, interdicción y control territorial, además de aprovechar el respaldo de Estados Unidos para coordinar esfuerzos conjuntos con Venezuela en la frontera.De cara a 2026, el mensaje es directo: “Más gestión y menos crisis”. Mantener el diálogo diplomático, avanzar en acuerdos, obtener resultados reales en seguridad y abrir oportunidades en comercio e inversión serán claves para reducir aranceles, atraer capital extranjero y traducir la relación binacional en crecimiento económico y bienestar para los colombianos.
Con ayuda de las cámaras de la ciudad, un hombre fue capturado minutos después de robar cadenas de oro en el barrio Belén de Medellín. El sujeto fue sorprendido en un establecimiento comercial y las pertenencias fueron devueltas a las víctimas.Videos del sistema de videovigilancia de Medellín captaron el momento en el que el hombre huía en una motocicleta luego de cometer el hurto al suroccidente de la ciudad. Según la información conocida, el presunto responsable intimidó con un arma de fuego a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, a quienes les robó dos cadenas de oro antes de escapar.Tras el reporte del hecho, se activó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad que permitió reconstruir su recorrido. El rastreo llevó a las patrullas hasta el nororiente de Medellín, donde el sospechoso intentó pasar desapercibido ingresando a un establecimiento de comercio, al parecer una cafetería. Allí fue interceptado por los uniformados, quienes procedieron a su captura."Gracias al seguimiento detallado a través de las cámaras LPR y de videovigilancia, fue posible realizar el trazado del recorrido de los presuntos delincuentes, lo que permitió orientar de manera oportuna a las patrullas de vigilancia. Como resultado de esta articulación tecnológica y operativa, uniformados adscritos a la Estación de Policía Aranjuez lograron ubicar y capturar al presunto responsable de este delito", manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron las dos cadenas de oro hurtadas e incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el robo. Los elementos fueron devueltos a sus dueños. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la ciudad.Ante este caso, la Secretaría de Seguridad de la ciudad reiteró que el monitoreo técnico fue determinante para cerrarles el paso a los delincuentes y recordó que denunciar de manera inmediata permite una reacción más rápida y efectiva en las calles de la capital antioqueña.
El exalcalde de Cali y reconocido empresario de la industria siderúrgica de la región, Maurice Armitage, confirmó en la tarde de este miércoles su participación como candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año.El anuncio lo hizo el mismo Armitage a través de su cuenta de X, donde indicó que no se llegó a un acuerdo con Claudia López y Sergio Fajardo para que los tres participaran en la consulta de centro."He decidido hacerles caso a todas las personas que en los últimos días me sugirieron continuar mi candidatura con los colombianos. Por esa razón, confirmo que participaré en la primera vuelta presidencial con el aval de mis amigos del Partido Ecologista Colombiano", aseguró el exalcalde de Cali en su texto.Es así como la consulta interpartidista de las 'Soluciones, Salud, Seguridad y Educación', programada para ir a las urnas el próximo 8 de marzo, no contará con la participación del empresario vallecaucano ni con la de Sergio Fajardo. Sin embargo, los precandidatos activos de la consulta aseguran que la invitación se mantiene abierta hasta el viernes, fecha límite para inscribir la candidatura a dicha consulta."Me siento muy orgulloso de que me hayan acogido, pues mi historia personal está estrechamente ligada con los afrocolombianos y compartimos la misma causa: reivindicar y dignificar a los seres humanos marginados para que sean bien valorados, se desarrollen y progresen en un entorno sano", indicó Armitage.
Fredrik Fodstad es uno de los representantes colombianos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El Comité Olímpico Colombiano (COC) eligió al colombo-noruego para representar al país en la disciplina de esquí cross-country. Fodstad, de 25 años, nació en Bogotá y a muy temprana edad emigró a Noruega, luego de ser adoptado por una pareja de ciudadanos noruegos.En la disciplina de skeleton portará el uniforme colombiano Laura Vargas, también de 25 años. La deportista vive en Canadá, pero sus raíces colombianas permitieron que el Comité Olímpico Colombiano la respaldara. Es la primera colombiana en representar al país en esta disciplina, que consiste en que los atletas se lancen de cabeza por una pista de hielo, piloteando un trineo que puede alcanzar hasta los 140 kilómetros por hora.Colombia ha tenido participación continua en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 2010. En el ámbito latinoamericano también habrá otros exponentes, como el mexicano Donovan Carrillo, quien competirá en patinaje artístico, y Tiziano Gravier, que representará a Argentina en esquí alpino.Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron este 4 de febrero a las 7:05 de la noche, hora local. Las justas se abrieron con el torneo mixto de curling en Cortina d’Ampezzo. Los encuentros entre Suecia y Corea del Sur, Gran Bretaña y Noruega, Canadá y República Checa, y Estonia frente a Suiza fueron los encargados de inaugurar la competencia.Aunque las pruebas ya están en marcha, la ceremonia de apertura, que por primera vez en la historia se realizará en varias sedes, se llevará a cabo el viernes. Este acto dará inicio oficial a 19 días de competencia.Las justas contarán con ocho deportes y 16 disciplinas. El esquí de montaña será la novedad en esta edición, junto a competencias tradicionales como salto de esquí, snowboard, hockey sobre hielo, esquí acrobático y esquí alpino. En total habrá 116 competencias y se estima que se entregarán 735 medallas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.Por su parte Sofia Gaviria Correa, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, aseguró que esta apelación era un “descaro”, de los comparecientes.“Las víctimas no podemos quedarnos calladas. Yo invito a los colombianos a que rechacemos esta indignación. El Pacto de La Habana es generoso para los victimarios y ha negado a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las formas de lucha las están utilizando las Farc en este momento y esta es una prueba de que efectivamente pretenden negar la atrocidad que cometieron”, dijo Gaviria.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.