Este miércoles se realizó la subcomisión de Orden Público para las elecciones de marzo, mayo y junio. Al encuentro asistieron los ministros del Interior, Defensa, la cúpula militar y el registrador delegado Jaime Hernando Suárez.El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que 64 candidatos a la presidencia tienen seguridad hoy en día. Agregó que 182 congresistas, 39 de cotrep también están siendo protegidos. “Hemos buscado garantizar la seguridad de los candidatos a presidencia y congreso y se tiene la expectativa que con la emergencia económica se pueda recoger 1 billones de pesos para dar seguridad a los candidatos”, dijo.El ministro de defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció que los 13.494 puestos de votación que tendrán las elecciones este año tienen garantizada la seguridad. “Los puestos de votación se incrementaron en 981 y las mesas en 5.133, ese desafío está totalmente cumplirlo por parte de la fuerza pública”Por su parte, el registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, pidió que la seguridad para el traslado de material antes de las elecciones y después de las votaciones este garantizado. El funcionario señaló que en la reunión el Gobierno aseguró que esto está garantizado.
Desde este fin de semana, el departamento del Meta se convierte en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes del país con la realización de Expomalocas 2026, un evento que proyecta la vocación productiva de la región y que, según se anunció, convocará a más de 250.000 visitantes. Así lo explicó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, en la que resaltó el papel estratégico del departamento en el desarrollo agroindustrial nacional.La mandataria destacó que Expomalocas es “la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante de esta región” y aseguró que hoy puede considerarse “la más importante del país”. De acuerdo con Cortés, durante el fin de semana más de 2.000 animales estarán en exposición, entre ganadería equina y bovina, además de espacios académicos. “Este departamento y esta región es la última frontera agrícola del país”, afirmó, al señalar que se habla de 15,5 millones de hectáreas por desarrollar, de las cuales 4,5 millones están en el Meta.El viraje del Meta hacia la agroindustriaDurante la entrevista, la gobernadora subrayó el cambio en el modelo productivo del departamento. “Aquí lo que hacemos es exponer cómo hemos crecido ese viraje a no ser más el departamento mayor productor de hidrocarburos, sino a la agroindustria; el petróleo de unos años va a ser el alimento”, señaló. En ese sentido, mencionó al Meta como un territorio con potencial para la producción de maíz y soya, y como un departamento que, según dijo, “está jalonando la economía”.Cortés también resaltó la ubicación estratégica de Villavicencio y las condiciones de conectividad y seguridad para atraer visitantes a la feria.Brasil y Antioquia, invitados estratégicosExpomalocas 2026 tiene como invitado internacional a Brasil y como invitado nacional a Antioquia, una decisión que, según la gobernadora, responde a los avances de estos territorios en productividad y tecnología. “Brasil ha avanzado mucho en temas de productividad (…) y Antioquia es el primer hato ganadero del país”, explicó, al indicar que el objetivo es aprender e intercambiar experiencias para mejorar la productividad de los suelos del Meta.La gobernadora hizo énfasis en la ganadería sostenible, recordando que el departamento cuenta con una ordenanza en esta materia. “Aquí tenemos una ordenanza que habla de la ganadería sostenible (…) cuidando nuestros ríos y todo el tema ambiental”, afirmó. También señaló que el campo ha cambiado y hoy incorpora tecnología: “Hoy el campo es diferente, es con tecnología, es con drones”.Finalmente, Cortés extendió la invitación al país a visitar Expomalocas 2026, que además de la agenda agroindustrial incluye conciertos, música llanera, gastronomía y cultura, y reiteró que el Meta espera a los visitantes “con los brazos abiertos”.Escuche la entrevista completa acá:
La tragedia aérea ocurrida en Norte de Santander enluta al país tras confirmarse que no hubo sobrevivientes en el accidente de la avioneta al servicio de Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave siniestrada, un Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, transportaba 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, cuyo fallecimiento fue confirmado este miércoles por las autoridades y la aerolínea.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ratificó que “no hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander”, mientras la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la muerte de todos los ocupantes del vuelo NSE 8849.La funcionaria señaló además que desde el primer momento se activó toda la capacidad del Estado para atender la emergencia y acompañar a las familias. “Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas y seguiremos a su lado en este doloroso proceso”, expresó.Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil informó que ya fueron dispuestos los equipos técnicos de investigación para esclarecer las causas del accidente, bajo los protocolos nacionales e internacionales, con el fin de establecer con rigor y transparencia qué ocurrió con la aeronave.Horas después de la confirmación oficial, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el siniestro a través de su cuenta en X. “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, escribió el mandatario, en un mensaje con el que expresó su respaldo a los allegados de las víctimas y se sumó a las voces oficiales que lamentaron la tragedia.La aeronave había despegado a las 11:42 a. m. y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de este 28 de enero, con aterrizaje estimado hacia las 12:05 p. m.. Tras la confirmación del siniestro, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil indicó que se mantienen las labores técnicas para establecer las causas del accidente.
La Defensoría del Pueblo lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. En un mensaje de condolencias, la entidad destacó la trayectoria de Diógenes Quintero Amaya, representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz quien falleció en el siniestro.“Fue personero municipal de Hacarí, Defensor Regional de Ocaña y un servidor público comprometido con los derechos humanos y la región del Catatumbo, de donde era oriundo”, señaló la Defensoría.El procurador Gregorio Eljach también expresó su profundo pesar por este lamentable suceso.A estas manifestaciones se sumó el Consejo Noruego para Refugiados, que confirmó que una de las personas que viajaba en la aeronave era Maira Alejandra Avendaño, colaboradora de esa organización humanitaria.“Maira fue una colega extremadamente valorada y respetada en nuestra organización y en todo el sector humanitario”, indicaron.La tragedia aérea ocurrida en la región del Catatumbo mantiene en vilo al país. En la tarde de este miércoles, campesinos de la vereda Curasica, en zona rural de Hacarí, Norte de Santander, confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave de Satena que había sido reportada como desaparecida con 15 personas a bordo.Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la aeronave gravemente afectada, rodeada de neblina y en una zona de difícil acceso.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Las autoridades investigan el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga, ocurrido en la noche posterior al partido disputado en el estadio General Santander, en la ciudad de Cúcuta.De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en la diagonal Santander con el canal, en inmediaciones de una estación de gasolina, donde el joven, presuntamente identificado como seguidor del equipo ‘leopardo’, fue atacado por un grupo de hinchas del Cúcuta Deportivo.Según el reporte oficial, la víctima habría sido reconocida por portar una camiseta del Atlético Bucaramanga y por un tatuaje alusivo al equipo. Al notar la presencia de los hinchas rivales, el joven intentó resguardarse en un establecimiento comercial; sin embargo, hasta ese lugar ingresaron los agresores, quienes lo atacaron en repetidas ocasiones con un arma blanca.Aunque varias personas de la comunidad intentaron auxiliarlo, el hincha falleció debido a la gravedad de las heridas.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, calificó como lamentables y preocupantes los hechos registrados en Cúcuta tras el Clásico del Oriente y aseguró que la situación obliga a una profunda reflexión sobre la manera en que se está viviendo el fútbol en el país. El mandatario señaló que lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte, lamentó la pérdida de vidas humanas y expresó sus condolencias a la familia del hincha asesinado.Las autoridades informaron que actualmente se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y del establecimiento comercial para esclarecer cómo se registró el ataque e identificar a todos los responsables.Durante el desarrollo del partido también se presentaron alteraciones del orden público dentro y fuera del estadio General Santander. Hinchas del Cúcuta Deportivo habrían agredido a varios uniformados que intentaban proteger a seguidores del Atlético Bucaramanga ubicados en la tribuna occidental, quienes, al parecer, se encontraban infiltrados.La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que, hasta el momento, dos personas han sido capturadas en relación con los hechos. Además, se reportaron disturbios y enfrentamientos en otros puntos de la ciudad.En total, cinco funcionarios de la Policía resultaron agredidos, entre ellos tres auxiliares de Policía y dos patrulleros, quienes fueron atacados con objetos contundentes.Las autoridades de Cúcuta señalaron que lo ocurrido será puesto en conocimiento de la Dimayor, al tiempo que reiteraron el llamado a la tolerancia y al respeto durante los eventos deportivos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá el miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT).Machado se encuentra en la capital estadounidense desde que el pasado 15 de enero, se reunió con Trump en la Casa Blanca para tratar la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.Trump sostiene que tiene muy buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.Según el republicano, Estados Unidos tutela Venezuela y ha logrado acuerdos petroleros y obtenido la liberación de varios presos políticos.Aunque en un inicio la Casa Blanca dejó a un lado del proceso de transición a Machado, Trump expresó su deseo de "involucrar" también a la opositora en el futuro de Venezuela tras reunirse con ella.Antes de verse con Machado, Marco Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan de la Administración Trump con Venezuela tras la captura de Maduro.En su discurso, que fue publicado este martes, Rubio advertirá que Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.Según Rubio, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la caída del líder chavista, ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos, se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses y a poner fin al envío de crudo para Cuba."Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos", expresará.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que calificó como una grave negligencia frente a las irregularidades detectadas en la Fundación Universitaria San José, institución señalada de presunta compra y venta de títulos profesionales. En entrevista con Recap Blu, la congresista le respondió al presidente Gustavo Petro al afirmar que ella no está persiguiendo a mujeres empobrecidas y trabajadoras, pues ellas no compran títulos universitarios, por el contrario, lo sucedido , según ella, es un irrespeto hacia las trabajadoras y jóvenes de escasos recursos."Las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, empobrecidas están estudiando, presidente, no tienen 9 millones de pesos en el bolsillo para salir a comprar títulos falsos para después ser contratadas en su Gobierno", afirmó la congrista en Blu Radio.Pedraza aseguró que, tras varios meses de investigación, lo más preocupante no es un caso aislado (Juliana Guerrero), sino la inacción institucional. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Educación tenía conocimiento de las anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero aun así se habrían presentado al menos 779 registros irregulares de personas que no aparecen correctamente reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), herramienta clave para verificar la legalidad de los títulos."Eso es una traición muy clara a las personas trabajadoras que honestamente están intentando salir adelante para que el Gobierno después termine contratando en altísimos cargos, porque no olviden que Juliana iba a ser viceministra de Juventudes y a ganar 17 millones de pesos con títulos comprados", añadió.Entre esos hallazgos, la representante destacó que 516 personas habrían sido contratadas en 2025, lo que abre la hipótesis de que funcionarios o contratistas del Estado pudieron obtener títulos “exprés” para cumplir requisitos laborales. Aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades penales, Pedraza señaló que la principal carga recae sobre la institución educativa y sobre el ministerio, al no haber intervenido oportunamente.Otro punto crítico revelado en la investigación es la expedición de títulos sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Pedraza indicó que se identificaron al menos 35 casos con características similares al de Juliana Guerrero, exviceministra designada, quien no habría cursado materias ni presentado exámenes obligatorios antes de recibir su diploma.La congresista también denunció obstrucción a su labor de control político, asegurando que la Fundación Universitaria San José se negó sistemáticamente a responder derechos de petición, obligándola a recurrir a acciones de tutela e incluso a promover un incidente de desacato contra su representante legal. Para Pedraza, esta falta de transparencia refuerza la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Educación.Pedraza concluyó detallando que las sanciones podrían ir desde multas hasta el retiro de los registros calificados o incluso el cierre de la institución.
El presidente Gustavo Petro respondió a la dura intervención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el embajador Michael Waltz cuestionó las políticas de seguridad de su Gobierno y advirtió sobre un eventual retiro del apoyo a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El mandatario aseguró: “Le solicito respetuosamente al Gobierno de los EE. UU. no entrometerse en la política interna de Colombia“, señaló Petro en X.Durante su pronunciamiento, Petro indicó que el Consejo de Seguridad solo acompaña, a solicitud del Estado colombiano, el proceso de paz con las Farc, el cual, dijo, se está cumpliendo.Asimismo, rechazó lo que calificó como una posición equivocada de Estados Unidos frente a temas como el narcotráfico, la trata de personas y ahora el proceso de paz, señalando que el trasfondo de estas críticas es presionar un cambio en la postura de Colombia frente al conflicto en Gaza.“La posición errada de los EE. UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las Farc, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro Gobierno”, señaló Petro en su Cuenta de X.Las declaraciones del presidente se dan después de que Waltz acusara a su Gobierno de tener políticas de seguridad “irresponsables”, sin planificación ni coordinación, lo que según dijo ha aumentado la violencia y la inestabilidad en el país. El embajador también criticó lo que denominó “retórica incendiaria”, al referirse al llamado de Petro en Nueva York para que soldados estadounidenses desobedecieran órdenes relacionadas con la guerra en Gaza.Otro de los puntos planteados por Estados Unidos fue la preocupación por el rumbo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que, según Waltz, ha desviado su mandato de supervisar la desmovilización de las FARC hacia otros temas como justicia transicional y apoyo a minorías. El diplomático advirtió que Washington revisará si la continuidad de dicho mandato sigue siendo efectiva.
Recientemente, el país conoció la primera sentencia de la JEP y fue contra quienes hicieron parte del último secretariado de las Farc. Ellos deberán cumplir unas sanciones restaurativas por ocho años. Estos proyectos buscan reparar a las víctimas y están enfocados en la restauración ecológica, el desminado humanitario la búsqueda de desaparecidos y la memoria de las víctimas de secuestro.Blu Radio conoció el salvamento parcial de voto de la magistrada Zoraida Chalela, quien hace parte de la Sección encargada de imponer la sanción contra los exFarc. Chalela se apartó de algunas de las decisiones que hay en la sentencia e hizo las explicaciones sobre el tema."Previo a adentrarme en la argumentación detallada de mis aclaraciones y de mi disenso parcial, hago explícito mi apoyo a la que es probablemente la decisión central de la Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001-2025 de 16 de septiembre de 2025: reprochar los secuestros, privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes perpetrado por las FARC-EP contra más de 21.000 personas a cambio de beneficios económicos, políticos o militares. En efecto, los integrantes del último Secretariado de esta guerrilla son responsables de este patrón macrocriminal y deben cumplir con la sanción propia que les corresponde en aras de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, en los términos establecidos por la Constitución Política", se lee en el salvamento de voto de la magistrada Chalela.Sin embargo, lo que explica la magistrada, es que, al final de la sentencia, se toman algunas decisiones que no tienen un pleno desarrollo y explicación. En una primera medida, Chalela dice que debió haberse explicado con amplitud las razones por las que la JEP considera que los exjefes de la guerrilla aportaron a la verdad en los casos de secuestro."Aclaro mi voto sobre este aspecto en el sentido de que la sentencia debería demostrar la contribución efectiva a la verdad, mostrando la forma en la que la información aportada por cada compareciente ha esclarecido hechos específicos. En otras palabras, la sentencia debió ejemplificar, con claridad y suficiencia, la manera en la que su compromiso con la verdad efectivamente se materializó y, en consecuencia, permitió tanto el esclarecimiento del patrón bajo análisis, otros hechos del conflicto armado bajo el conocimiento de otras instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A pesar de que las piezas que conforman el expediente, en efecto, demuestran que los comparecientes sí han esclarecido aspectos relevantes del patrón macrocriminal, considero que era pertinente que este análisis hubiera quedado explícito en una decisión de tan alta relevancia en el proceso y en la construcción del relato judicial que lidera la JEP", señaló la magistrada.Sanción a ocho años para los exFarcLa magistrada Chalela también dice que la sentencia no propone interpretaciones completas que permitan determinar que los comparecientes deben cumplir una sanción de ocho años, tal como quedó estipulado."Debo apartarme de esta decisión en el sentido de que una justificación sobre la materialización de estos criterios era necesaria en el cuerpo de la sentencia para efectos de dar suficiente certeza sobre la valoración que condujo a que esta Sección impusiera la sanción de ocho (8) años"; dice Chalela.Sanciones contra los exFarcSobre las sanciones impuestas contra los exintegrantes de las Farc, la magistrada considera que los componentes restaurativos y retributivos no fueron adecuadamente definidos. Además, dice que, aunque la sentencia es por ocho años, no es claro el momento ni las características de las actividades que deberán ser adelantadas por los comparecientes para garantizar el cumplimiento."Esta Magistrada encuentra que existe una alta indeterminación sobre el momento de inicio en la ejecución de las sanciones propias, derivado de la ausencia de claridad frente a: (i) el contenido, alcance y momento de desarrollo de los proyectos restaurativos que harían parte de las sanciones propias y, como de esto, (ii) no se definió de manera clara la correspondiente restricción de derechos y libertades y, así mismo, (iii) el mecanismo de consulta con las víctimas, que fuera anunciado por esta Sección en el auto de correspondencia de este caso", explicó la magistrada.Chalela también dice que reconoce que ha habido dificultades en la articulación con el Gobierno para lograr la materialidad de los proyectos restaurativos, pero cuestiona que en la sentencia no haya proyectos que se puedan realizar de inmediato."No puedo dejar de advertir que en la sentencia no existiera, al menos, un proyecto de sanción propia que fuera efectivamente viable e inmediatamente ejecutable, una vez proferida la decisión, aspecto que, sin duda, riñe con el desarrollo y materialidad de otros aspectos relevantes de la condena como es la definición clara de su componente retributivo – conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 141 de la Ley 1957 de 2019 – o el anunciado mecanismo de consulta", señaló Chalela.La magistrada también se refiere al daño que le causaron los exintegrantes de las Farc a las más de 20.000 víctimas de secuestro y si las sanciones corresponden con las afectaciones sufridas."La problemática que motiva mi salvamento parcial, redunda en que, más allá de un aspecto simbólico y de reconocimiento de lo padecido por las víctimas, esta caracterización de los daños puede no corresponderse con el marco de proyectos restaurativos inicialmente determinados por la SeRVR en la sentencia, lo cual, de un lado, desconoce las competencias propias de la JEP en la materia, y de otro, genera unas expectativas complejas hacia las víctimas frente a lo que puede hacer o no esta Jurisdicción para atender las afectaciones identificadas, bajo el sustento de una aproximación mínima entre el daño o afectaciones identificadas y la acción en concreto. De lo contrario, podría existir una falta de correspondencia entre las afectaciones identificadas y la medida restaurativa propuesta", se lee en el salvamento de voto.La sentencia dice que las víctimas estarán al tanto del desarrollo de las sanciones, sin embargo, la magistrada considera que esto no se podría lograr hasta que haya certeza sobre el lugar y forma de desarrollo de los proyectos.Participación política de los exFarcLa sentencia señala que los derechos políticos de los exFarc no se verán afectados, pero que prima el cumplimiento de las sanciones y las actividades reparadoras. La magistrada también se refirió al tema y señaló que, nuevamente, hay una indeterminación sobre cómo podría haber una tensión entre sanciones y proyectos."En todo caso considero que, al no existir claridad en la sentencia sobre el contenido, alcance y duración de las sanciones propias lo que redunda en la indeterminación frente a cómo se daría la restricción de derechos y libertades de los comparecientes dada la indeterminación de los proyectos; y desconociéndose también las circunstancias de cada caso donde se predique dicha incompatibilidad, considero que esta Sección no podía llegar a una conclusión generalizada que puede resultar contraria al espíritu del proceso transicional, al momento de aplicarse a un contexto o circunstancia específica. Igualmente, estas tensiones no pueden presuponer un marco de prevalencia, como hace la sentencia de primera instancia, más cuando el mandato normativo se centra en la compatibilización de uno y otro escenario, según se desarrolló en este acápite", explicó Chalela.Además, agregó: "Me aparto de la decisión adoptada por la SeRVR, plasmada en el ordinal CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO, que indica una prevalencia del cumplimiento de las sanciones propias en el escenario de tensiones con la participación política de los comparecientes, cuando el marco normativo y jurisprudencial aplicable es claro en establecer un mandato de compatibilidad que debe valorarse caso a caso. Lo anterior, dado que no se cuentan con elementos y claridad frente al contenido de las sanciones propias, aspecto que impediría llegar a una conclusión general y abstracta como la anteriormente enunciada".
Estados Unidos criticó al Gobierno colombiano y a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Durante una intervención en el Consejo de Seguridad, Michael Waltz aseguró que las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro son “irresponsables”, pues carecen de planificación, presupuesto y coordinación, lo que, según dijo, ha contribuido a un aumento de la violencia y la inestabilidad en el país.El diplomático también se refirió a lo ocurrido la semana pasada en las calles de Nueva York, cuando Petro instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con el conflicto en Gaza. Esa declaración la calificó como una “retórica incendiaria que incita a la desobediencia y la violencia en territorio estadounidense”.Otro de los puntos centrales de la intervención fue la Misión de Verificación de la ONU. El embajador criticó lo que llamó la “politización de la paz” y señaló que la misión se ha desviado de su mandato original (verificar la desmovilización de las Farc y sus recientes sanciones por parte de la JEP) para priorizar otros temas como justicia transicional y apoyo a minorías. Según el representante, Estados Unidos revisará si la continuidad de ese mandato sigue contribuyendo de manera efectiva a la paz y la seguridad en Colombia.En cuanto a la política interna, lamentó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y pidió al Gobierno garantizar la protección de líderes sociales y políticos. Asimismo, exigió ampliar esfuerzos contra los grupos armados y narcoterroristas, al asegurar que el proyecto de “paz total” no puede convertirse en una vía hacia la impunidad.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture, alertó que una eventual ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel podría tener repercusiones directas en los vínculos con Estados Unidos.“Le estamos sumando cada vez más temáticas de confrontación que, la mayoría de ellas, no están relacionadas con las necesidades y el bienestar de los colombianos. Es importante hacer un llamado a la responsabilidad y sobreponer el interés nacional frente a las ideologías que se tenga como jefe de Estado”, señaló la dirigente gremial durante su intervención.Lacouture agregó que, pese a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro frente al Gobierno de Donald Trump, Washington ha actuado con pragmatismo. “Han sido direccionadas hacia la intervención del señor presidente Gustavo Petro”, explicó.En cuanto a la relación bilateral, destacó que Colombia ha tenido la oportunidad de participar en la revisión de aranceles y en la negociación de un acuerdo comercial que busca beneficios para ambos países. “Basado en lo que se está haciendo con otros países, uno puede entender hacia dónde se direccionan estas negociaciones”, indicó.La líder empresarial también expresó preocupación por el efecto de las reformas del actual Gobierno en la competitividad nacional.“Colombia en los últimos años no solamente ha tenido una constante acción contra el sector empresarial, sino que también hay reformas que le han quitado competitividad frente a otros países: la reforma laboral, la tributaria y la reforma a la salud que tenemos hoy en día”, advirtió.Finalmente, insistió en que el país debe cuidar sus relaciones internacionales y generar un entorno favorable para atraer inversión extranjera, en lugar de profundizar confrontaciones diplomáticas que no responden a las necesidades de los ciudadanos.
En el marco del Congreso Confecámaras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Tejeiro, condenó los ataques contra los gremios e instituciones y pidió al país un ejercicio de reflexión sobre la necesidad de la pacificación y la convivencia tranquila.“El país tiene que hacer debates integrales, colectivos y generales para recapacitar sobre las expresiones de agresión, violencia y de odio. No puede ser que por cualquier razón se agreda a las instituciones, a las entidades judiciales, a los comerciantes”, expresó el magistrado.Tejeiro también aseguró que la justicia colombiana ofrece respuestas libres de presiones y recordó que los jueces no obedecen a mandatos políticos, sino a la Constitución.Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, invitó a los ciudadanos a confiar en la independencia de los jueces, al señalar que la justicia es un soporte fundamental para la democracia en el país.“Confíen en los jueces. En Colombia. La Constitución consagra principios fundamentales para hacer ver que este país tiene en la justicia sin duda un soporte para la democracia”, indicó.Ambos magistrados coincidieron en su mensaje de tranquilidad no solo para los comerciantes, sino para todos los colombianos al indicar que, las decisiones judiciales se darán en el marco de lo que dicta la ley y para el beneficio de los colombianos.
Según el más reciente balance de Indepaz 'Comunidades en medio de la violencia', en 2025 se registraron 78 masacres que dejaron 256 personas asesinadas, con una fuerte concentración en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, que concentró el mayor número de hechos con 17 masacres y 56 víctimas, seguido de Antioquia, con 12 masacres y 40 personas asesinadas. En Norte de Santander se reportaron 9 masacres con 26 víctimas, mientras que en Cauca se registraron 7 hechos que dejaron 23 personas muertas.Del total de víctimas, 209 eran hombres, 32 mujeres y 15 personas sin identificar.“La reiterada presencia de mujeres, personas no identificadas y al menos 10 menores de edad evidencia que estos ataques se ejecutan en espacios sociales abiertos como barrios, establecimientos o reuniones comunitarias, donde la afectación a terceros no participantes es un resultado previsible y sistemáticamente aceptado por los perpetradores”, asegura el informe de Indepaz.Leonardo González, director de Indepaz, explicó que las masacres continúan siendo una expresión recurrente de la violencia en Colombia. “Lastimosamente en Colombia continúa esta victimización expresada en masacres, donde se asesinan tres o más personas en un mismo tiempo, modo y lugar y en estado de indefensión”, señaló.El director de Indepaz indicó que las masacres se concentran en territorios donde coinciden múltiples grupos armados. “Las masacres se explican por diferentes razones. No es una sola, pero especialmente por la presencia de dos o más grupos armados que están tratando de hacer presencia en un territorio. Entonces hay enfrentamiento entre estos dos grupos”, afirmó.Sobre el caso del Valle del Cauca, González advirtió que “hay presencia de varias bandas especialmente y la llegada de otros grupos armados como el Ejército Gaitanista en el norte del departamento del Valle del Cauca, la presencia en la costa Pacífica o en el mismo Cali, Jamundí, donde es uno de los centros o epicentros de la violencia en el departamento”, explicó.Una situación similar se presenta en Cauca, donde, según Indepaz, “hay presencia del Estado Mayor Central, de la Segunda Marquetalia, del ELN, del Frente 57, todos disputándose un territorio en medio de la población civil”, concluyó.
Después de más de dos décadas al frente del gremio floricultor, Augusto Solano anunció su retiro de la presidencia de Asocolflores, una salida que marca el cierre de la etapa más influyente en la historia de la floricultura colombiana. Su liderazgo coincidió con la consolidación de las flores como uno de los principales productos de exportación del país y con el posicionamiento de Colombia como potencia mundial del sector, con presencia comercial en más de 100 mercados.El anuncio se produce en medio de un amplio reconocimiento internacional a su trayectoria. En los últimos años, Solano ingresó al Salón de la Fama de la Society of American Florists, recibió la Orden Extraordinaria al Mérito Floricultor Edgar Wells y fue distinguido con premios de alto prestigio en Estados Unidos, Europa y Asia, que resaltan su impacto global y su influencia en la industria floral más allá de las fronteras nacionales.Desde que asumió la presidencia de Asocolflores en el año 2000, Solano condujo al sector a través de escenarios complejos, como la revaluación del peso a comienzos de los 2000, la crisis económica derivada de la pandemia y las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Su gestión se caracterizó por el acceso permanente a los más altos niveles de gobierno y por una estrategia en el sector que combinó defensa comercial, diplomacia económica y visión de largo plazo.Uno de los sellos de su administración fue la incorporación temprana de la sostenibilidad como eje estratégico. Bajo su liderazgo, la floricultura colombiana adoptó estándares ambientales y laborales de clase mundial y consolidó la certificación Florverde Sustainable Flowers, hoy reconocida en los principales mercados internacionales. Este enfoque fortaleció el empleo formal en el campo y convirtió al sector en referente de buenas prácticas productivas y sociales.A la par, Solano impulsó la innovación y la investigación científica como pilares de competitividad, promoviendo la creación de Ceniflores y articulando al gremio con universidades y centros técnicos especializados. Este modelo permitió modernizar la producción, mejorar la calidad y sostener el crecimiento del sector en un entorno global cada vez más exigente.
Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionara al presidente Gustavo Petro por pedir que el dictador Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela o en un tribunal de las Américas, el mandatario respondió a través de su cuenta de X y habló de una transición democrática para el vecino país que incluya a todos los sectores.“Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición hacia más democracia y paz, y eso se logra a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales, sin exclusiones. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”, escribió.“Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela nos enseña un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos una justicia multilateral”, agregó el jefe de Estado.Machado, quien se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó a Petro por sus posturas en el foro económico de la CAF, cuando el colombiano afirmó que Maduro no debe ser juzgado en Estados Unidos, sino en Venezuela.“Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como la última jueza que lo hizo”, dijo la opositora.Este será uno de los temas clave en la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump, prevista para el próximo 3 de febrero en Washington.
Tras una inspección bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país. Aunque el proceso y sus documentos están clasificados como información secreta y ultrasecreta, el ente de control tuvo acceso total al expediente y verificó cada una de las etapas de la negociación.De acuerdo con las conclusiones preliminares, la compra se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector Defensa, y estuvo precedida por un análisis de aeronaves ofrecidas por fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las propuestas de Saab y Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En esa evaluación, la oferta sueca resultó la mejor, al ser más económica, con un valor contractual de 3.135 millones de euros, precio fijo y respaldo de vigencias futuras, además de iniciar entregas en un plazo más corto, clave para el reemplazo de los Kfir.La Contraloría también destacó que el contrato incluye la adquisición de 17 aeronaves nuevas, acompañadas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. En la evaluación técnica realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizó nueve variables y 157 subvariables, el Gripen obtuvo el mayor puntaje, especialmente por su menor costo por hora de vuelo, su facilidad para operar en pistas cortas —incluso carreteras— y sus menores costos de sostenimiento al ser una aeronave monomotor.Otro punto clave fue el esquema de compensaciones (offset), que no incrementa el valor del contrato. El 85 % de estos beneficios tendrá un componente social liderado por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15 % estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial. En materia financiera, el acuerdo contempla un anticipo del 40 %, pagadero entre 2026 y 2031, y el restante 60 % contra entrega entre 2028 y 2032, con garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales bajo ley colombiana.Con base en esta revisión, la Contraloría informó que no encontró inconsistencias en la estructuración del contrato ni en el proceso de selección y anunció que, debido a la magnitud económica del negocio, mantendrá un seguimiento permanente a su ejecución durante el primer semestre de 2026.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la aerolínea Satena confirmaron este miércoles el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, tras accidentarse en Norte de Santander. "No hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander", puntualizó la ministra Rojas, al tiempo que la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 13 pasajeros y dos tripulantes que cubrían el vuelo NSE 8849 en la ruta Cúcuta-Ocaña.Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil señaló que se puso disposición "los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”.Así quedó el avión de SatenaCampesinos de la zona fueron los primeros en divisar los restos de la aeronave. Según testimonios y registros desde el lugar, el avión se encuentra en una zona de alta nubosidad, factor que pudo incidir en el siniestro, aunque falta la confirmación. La aeronave, operada por la firma Searca, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y perdió contacto a las 11:54 a. m., agotando formalmente su autonomía de vuelo a las 2:00 p. m.La aerolínea Satena expresó sus condolencias y publicó el listado oficial de las víctimas, entre las que figuran líderes políticos, profesionales y la tripulación al mando:Pasajeros:Diógenes Quintero Amaya (Representante a la Cámara)Carlos Salcedo (Candidato a la Curul de Paz)Juan Pacheco Mejía (Exconcejal de Ocaña)Maira Sánchez CriadoRolando Peñaloza Gualdrón (Médico)Natalia Acosta SalcedoMaría Álvarez BarbosaMaría Díaz RodríguezMaira Avendaño RincónAnayisel QuinteroKaren Parales VeraAnirley Julio OsorioGineth RincónTripulantes:Cap. Miguel Vanegas (Piloto)Cap. José de la Vega (Copiloto)Satena informó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y colaborará activamente con la Aeronáutica Civil para esclarecer las causas de la tragedia. Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina ahora el traslado de los organismos judiciales a la vereda Curasica para realizar las labores de levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
En una operación conjunta desarrollada en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. En el mismo operativo murieron cuatro hombres que integraban su esquema de seguridad y fueron capturados otros dos miembros de la organización.Durante la acción de la Policía y la Fuerza Aeroespacial, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición, además de equipos de comunicación como celulares, radios, memorias USB y una grabadora, así como material de intendencia utilizado por el grupo armado. El golpe se dio en una zona estratégica para la movilidad y el control territorial de esta estructura criminal en el centro del departamento.Alias “07” tenía una trayectoria criminal cercana a los 20 años, tras haberse desmovilizado de las antiguas AUC y reincidir en actividades ilegales. Dentro del Clan del Golfo había ocupado cargos de alto nivel, entre ellos segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, posteriormente, jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, consolidándose como uno de los hombres de confianza del mando regional.Su prontuario lo vinculaba con homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados con otras organizaciones criminales por el control de corredores de narcotráfico. Con su caída, las autoridades consideran que se debilita de manera significativa el accionar de esta estructura en el Magdalena y se impacta su capacidad de expansión hacia zonas del departamento del Cesar, reduciendo la presión criminal sobre comunidades rurales y urbanas de la región.
La incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la identidad de las 15 personas que viajaban a bordo del avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, al servicio de Satena, desaparecido desde el mediodía de este miércoles. Entre los ocupantes del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se encuentran destacados líderes políticos de la región.Tripulación y PasajerosEl reporte oficial consolida los siguientes nombres de los 13 pasajeros y 2 tripulantes:Diógenes Quintero: representante a la CámaraCarlos Salcedo: candidato a la Curul de Paz.Juan David Pacheco: exconcejal del municipio de Ocaña.María Sánchez: esposa del exconcejal Juan David Pacheco.Rolando PeñalozaNatalia Cristina Acosta SalcedoTorcoroma ÁlvarezMaira AvendañoMaría Del Carmen DíazAnirley JulioKaren ParalesAnayisel QuinteroGineth RincónMiguel Vanegas: piloto.Jorge Trujillo: copiloto.Último contacto y operativo de rescateLa aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y registró su último contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del inicio del vuelo. El radar ubicó el avión por última vez en una zona montañosa de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC).
Momentos de tensión se viven en Norte de Santander luego de que se confirmara la desaparición de un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y que perdió todo contacto con los radares cuando se aproximaba a su destino.La aeronave, que prestaba servicios a la aerolínea estatal Satena, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana de este miércoles y tenía previsto aterrizar minutos después en el aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña. Sin embargo, a las 11:54 a. m., los sistemas de control aéreo reportaron la pérdida total de comunicación.A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a las curules de paz Carlos Salcedo, y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.Tras cerca de tres horas de la desaparición, el equipo del representante se pronunció informando que "seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente de agenda, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".Agregaron que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue". El equipo finalizó pidiendo oración por los tripulantes.Las labores de búsqueda y rescate se concentran en una zona montañosa y de compleja geografía del Catatumbo, entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, punto donde se habría registrado el último rastro del avión.La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde la base aérea de Palanquero, con el objetivo de realizar sobrevuelos de reconocimiento, mientras que equipos en tierra intentan establecer posibles puntos de impacto.Por su parte, Satena informó en un comunicado oficial que: "La aerolínea de los colombianos informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero".
Una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 y operada por la firma Searca al servicio de Satena, desapareció este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 de la mañana, minutos antes de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Aguas Claras. A bordo viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.Entre los ocupantes se confirmó la presencia del representante a la Cámara Diógenes Quintero, reconocido líder del Catatumbo. Junto al legislador viajaban Carlos Salcedo, también candidato a la Curul de Paz, y un exconcejal del municipio de Ocaña en compañía de su esposa.La búsqueda se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, donde se registró la última señal del radar. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplazó un helicóptero desde la base de Palanquero para realizar un barrido visual en este sector crítico de la geografía nortesantandereana.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya recopila datos técnicos sobre la pérdida de comunicación. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones", declaró la funcionaria.Detalles técnicos de la aeronaveEl Beechcraft 1900 involucrado es un avión turbohélice con cabina presurizada, ideal para las condiciones topográficas de la región. Aunque Satena adelanta un proceso de modernización de su flota propia (compuesta por modelos ATR y Embraer), la estatal utiliza el esquema de alquiler de equipos de alto rendimiento de Searca para cubrir trayectos específicos como el de Cúcuta-Ocaña.El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) continúa trabajando en la verificación de coordenadas exactas para localizar el aparato y sus ocupantes.