Rechazo causó en el centro del Huila el asesinato de Angie Carolina Rivera, una joven de 28 años, quien, de acuerdo con versiones oficiales, habría sido atacada con arma blanca en un sector de la variante sobre la vía que comunica Garzón con el municipio de Gigante.El secretario de Gobierno del municipio de Garzón, Elkin Lloreda, dijo a Blu Radio que, según las evidencias recaudadas por las autoridades, ya tienen pistas del posible responsable del crimen y se espera que sea ubicado y capturado para que responda ante la justicia.“Desde la administración municipal rechazamos y condenamos el asesinato de la señora Angie Carolina Rivera. Según la información que me han suministrado, las autoridades vienen trabajando en la ubicación del agresor, quien al parecer ya se encuentra plenamente identificado. Además, en redes sociales también señalan a un sujeto; sin embargo, es importante esperar los resultados que arroje la Policía de las investigaciones”, expresó Lloreda.Asimismo, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de la Mujer y Asuntos Sociales, Natalia Alejandra Ortiz, lamentó y rechazó el asesinato de la joven madre Angie Carolina, quien deja huérfanos a dos hijos menores de edad.“Desde la Secretaría de la Mujer del Huila expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años, especialmente con sus hijos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento institucional. En este sentido, se activa de manera inmediata el mecanismo articulador interinstitucional, con el fin de hacer seguimiento permanente al caso, garantizar la atención integral a las víctimas indirectas y contribuir a que el proceso avance con enfoque de género y sin impunidad”, indicó Natalia Alejandra Ortiz, jefe de esta dependencia.Cabe recordar que, según datos oficiales, en el año 2025 al menos once mujeres fueron asesinadas en el Huila. Algunos de estos casos han sido esclarecidos por las autoridades, y otros aún se encuentran en proceso de investigación. Neiva registra seis casos; también se presentaron homicidios de mujeres en los municipios de Algeciras, Timaná y Acevedo.
Los ataques con sistemas aéreos no tripulados cargados con explosivos continúan consolidándose como una de las principales amenazas contra la fuerza pública en Colombia. De acuerdo con un balance consolidado de ataques entre 2024 y enero de 2026, el país había registrado 395 ataques con drones, que dejaron 301 afectaciones entre civiles y uniformados. Sin embargo, estas cifras aumentaron tras un nuevo hecho violento ocurrido en el departamento del Chocó, donde un nuevo ataque con drones dejó 10 militares heridos.Con este nuevo episodio, el número total de ataques con drones asciende a 396, mientras que las afectaciones aumentan a 311. Asimismo, la cifra de militares heridos se eleva de 197 a 207, confirmando que el principal blanco de esta modalidad sigue siendo el Ejército Nacional, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales.Un informe conocido por Blu Radio detalla que el primer ataque con drones se registró el 26 de abril de 2024 en el Batallón de Policía Militar Las Vegas, en el municipio de Argelia, Cauca, atribuido al grupo armado organizado residual Carlos Patiño. Desde entonces, la recurrencia de estos hechos ha sido constante, con un promedio de un ataque cada 1 día y 13 horas, y cerca de 1,5 ataques diarios en los periodos de mayor intensidad.Hasta antes del caso de Chocó, el balance daba cuenta de 911 artefactos lanzados mediante drones y una alta concentración de ataques en una Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que acumulan 251 eventos, muy por encima del resto de zonas afectadas. Otras regiones reportan cifras menores, con registros que oscilaban entre uno y 23 ataques, lo que evidencia focos específicos de uso sistemático de esta tecnología con fines ofensivos.En cuanto a las víctimas, el consolidado actualizado deja un civil asesinado y 43 civiles heridos, además de 16 militares asesinados, 207 militares heridos, dos policías asesinados y 41 policías heridos. Estas cifras reflejan un impacto directo sobre la Fuerza Pública, pero también un riesgo permanente para la población civil que habita en áreas donde operan los grupos responsables de estos ataques.El último ataque registrado, el 14 de enero de 2026 en Chocó, confirma que esta modalidad no se limita a una sola región del país y que los actores armados continúan adaptando sus capacidades tecnológicas para golpear a las tropas. Mientras las operaciones militares avanzan en distintas zonas, los datos evidencian que el uso de drones con explosivos se mantiene como una amenaza activa, en expansión y con consecuencias cada vez más graves para la seguridad nacional.
Dos resoluciones firmadas el 31 de diciembre de 2025 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una serie de movimientos en la cúpula operativa de la Policía Nacional. Los actos administrativos, que ordenan el traslado de varios coroneles, implican cambios en direcciones, comandos departamentales y metropolitanos que marcan un reacomodo de mandos con impacto directo en áreas como protección, investigación criminal, servicio de policía y control territorial.Uno de los movimientos más relevantes es el del coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien deja el Departamento de Policía Antioquia para asumir como director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, una dependencia estratégica encargada de la seguridad de personas, instalaciones y eventos de alto riesgo. En contraste, desde esa misma dirección sale el coronel Luis Roberto González Olmos, quien es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), área clave en la lucha contra el crimen organizado y las redes transnacionales.La Dijín, a su vez, registra otro cambio importante: el coronel Juan Carlos Sierra Pineda deja esa dependencia y pasa a comandar la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una de las jurisdicciones más complejas del país por su peso urbano y sus indicadores de criminalidad. En el ámbito metropolitano también se destaca el traslado del coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien sale de trabajar en la Dirección General de la Policía para asumir funciones en la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Antioquia concentra varios de los ajustes. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán es designado comandante de la Policía en el Departamento. A estos movimientos se suma el del coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, quien deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para integrarse al Departamento de Policía Cauca, una región priorizada por los retos de orden público y presencia de grupos armados ilegales.En el plano nacional, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía también cambia de mando con la llegada del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, proveniente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial. Este relevo apunta a fortalecer la articulación del servicio policial en territorio y su coordinación con estándares y experiencias internacionales.Las resoluciones incluyen, además, nuevos nombramientos en direcciones administrativas y comandos regionales. El coronel Luis Carlos Romero Galvis pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, mientras que el coronel John Ánderon Vargas Izao es trasladado desde Protección y Servicios Especiales para asumir como comandante del Departamento de Policía Tolima. Por su parte, el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa queda al frente del Departamento de Policía de la Sabana.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades y violación de los topes de financiación electoral.La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República, con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos y a la igualdad de participación.Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados, no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable.En su decisión, el Tribunal señaló que “aún existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectación a los derechos que se reclaman o, incluso, cuando ejercidos éstos, se encuentra pendiente su resolución, torna el auxilio constitucional en prematuro”.La Sala también fue enfática en que los efectos económicos derivados de las sanciones impuestas por el CNE no justifican, por sí solos, la intervención del juez de tutela. “El presunto perjuicio irremediable que se aduce por los efectos económicos de las multas impuestas a los partidos políticos involucrados debe probarse y sustentarse ante el juez administrativo que conozca de la acción de nulidad del acto controvertido”, precisó el Tribunal.En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
Jhon Alex Castaño, reconocido en el mundo de la música popular como 'El Rey del Chupe', era uno de los amigos más cercanos de Yeison Jiménez, a quien conoció cuando el intérprete de El Aventurero apenas daba sus primeros pasos en la música.Tras enterarse del fallecimiento del cantante, Castaño compartió una publicación en sus redes sociales en la que recordó con nostalgia y cariño el inicio de su amistad. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió el artista, acompañando el mensaje con dos videos que hoy cobran un valor especial para sus seguidores.En el primero de ellos, ambos artistas aparecen compartiendo escenario en uno de sus conciertos, interpretando juntos la canción 'Que Me Traigan Licor'. En el segundo video, de carácter más íntimo y casero, se ve a Castaño con guitarra en mano cantando junto a Jiménez el tema 'Anda Dile', en la sala de una casa, cuando aún no existían grandes tarimas ni multitudes.Una amistad desde "unos tragos"En diálogo con Mañanas Blu, Jhon Alex Castaño reveló que conoció a Yeison Jiménez en medio de una pelea con su entonces novia, hace cerca de 15 años. Según contó, tras quedarse sin transporte, publicó en redes sociales que necesitaba a alguien que lo recogiera para “irse a tomar unos tragos”, a lo que respondió un joven Yeison, quien sin conocerlo personalmente se ofreció a ayudarlo. Esa noche marcó el inicio de una amistad profunda, forjada entre música, tragos y sueños.Ese primer encuentro terminó convirtiéndose en una semana entera de amistad, música y tragos. “Nos quedamos dándole al chupe toda la semana”, recordó Castaño, quien confesó entre risas que gracias a Yeison conoció a fondo el sector de Santa Fe, en el centro de Bogotá, un barrio que describió como “muy acogedor”, en referencia a las noches intensas que compartieron allí, incluso movilizándose en TransMilenio.Yeison Jiménez "vomitaba letras"En medio de esa cercanía nació también la relación musical. Castaño contó que Yeison, que en ese entonces tenía apenas 21 años y aún trabajaba en Corabastos, llegó con un cuaderno lleno de canciones. Sin estudio ni cabina profesional, grabaron juntos en la sala de la casa de Castaño, procurando no despertar a su hija pequeña. Como pago por la grabación, Yeison le entregó una letra que más tarde se convertiría en Amanecí Contento, uno de los mayores éxitos de Jhon Alex.El también cantante de música popular será uno de los artistas que rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará precisamente Amanecí Contento, como un gesto simbólico para despedir a quien no solo fue un colega, sino un amigo al que —como él mismo dice— “vio crecer desde peladito”.El artista destacó, además, la generosidad de Yeison Jiménez con sus composiciones, asegurando que “vomitaba letras” y que muchos cantantes del género lograron grabar canciones escritas por él cuando aún no era una figura consagrada.Jhon Alex Castaño será uno de los artistas que rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará precisamente 'Amanecí Contento', como un tributo cargado de historia y gratitud hacia quien no solo fue un referente de la música popular, sino un amigo al que, como él mismo afirma, conoció “peleando con su novia, tomando trago y soñando con música”.Escuche la entrevista completa aquí:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.
Con el regreso de la nostalgia vestida de amarillo, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lograron lo que durante años pidieron los hinchas, revivir la camiseta de la Selección Colombia del Mundial de Italia 1990, una prenda cargada de historia, simbolismo y emoción colectiva. Sin embargo, el relanzamiento no ha estado exento de polémica, especialmente por la línea femenina del uniforme, que ha generado duras críticas tras su lanzamiento.Un diseño que marcó una épocaLa camiseta original de Italia 90 quedó grabada en la memoria colectiva como emblema de identidad, orgullo y esperanza. En esta reedición, Adidas respetó los elementos que la convirtieron en un ícono: el amarillo vibrante, las franjas tricolores en los hombros, el cuello redondo clásico y el escudo tradicional de la FCF.La versión masculina ha recibido elogios por su fidelidad al diseño original. Incluso, futbolistas como Luis Díaz ya la han lucido públicamente, reforzando el vínculo emocional entre la prenda y uno de los momentos más recordados del fútbol colombiano.¿Cúales son los nuevos diseños femeninos de la camiseta retro?El debate se encendió con la presentación de las prendas dirigidas al público femenino. Aunque se trata de una edición pensada para aficionados, los diseños fueron duramente cuestionados por alejarse del concepto tradicional de camiseta de fútbol.Las versiones incluyen modelos cortos tipo ombliguera, una de manga corta y otra de manga larga, con ajustes ceñidos y detalles que, para muchos críticos, se asemejan más a una blusa o un buzo que a una camiseta deportiva. ¿Cuánto cuesta la camiseta retro femenina de la Selección Colombia?El precio también fue motivo de discusión. Las camisetas de la colección “Colombia Reconstructed Bringback” tienen un valor aproximado de $399.950 en versión femenina.Es importante aclarar que esta camiseta no hará parte del uniforme oficial que usará la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Se trata de una edición conmemorativa, diseñada exclusivamente para los aficionados y coleccionistas.La prenda está disponible para la venta a partir de este 13 de enero de 2026, como un homenaje a una generación que cambió la historia del fútbol colombiano.
Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
La violencia en la región del Catatumbo entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados."Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria", afirmó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.Eso ha provocado que más de la mitad de su población se haya desplazado, por lo que "para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen", expresó Rizzo.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.Hace un año, el 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias de las Farc, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas, lo que sumió a la región en una grave crisis humanitaria.Esta disputa provocó además la muerte de cerca de un centenar de personas el año pasado.En ese sentido, el Consejo Noruego de Refugiados manifestó que 12 meses después de que el conflicto en el Catatumbo se intensificara, la disputa entre los grupos armados no da tregua.Una mujer que tiene cuatro hijos contó al NRC que tuvo que decirle a sus niños "que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban"."No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día", agregó la mujer.Para evitar que esta situación se prolongue, el NRC pidió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario (DIH)."Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos", expresó Rizzo, quien explicó que "lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad".
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El hasta ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó su salida del organismo para asumir en propiedad como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus aclaró que su relevo no responde a una destitución ni a ninguna controversia interna, sino a una decisión del presidente encaminada a fortalecer la lucha contra el delito financiero en el país.“La renuncia se da porque el Presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.De la inteligencia nacional a la financieraEl funcionario, que había asumido la dirección de la DNI en calidad de encargado desde agosto de 2024, señaló que el cambio obedece a una reorganización estratégica del Gobierno Nacional. A su juicio, tanto la DNI como la UIAF son entidades de “máxima relevancia” dentro del aparato estatal por su papel en la seguridad y la transparencia económica del país.“Ambas son muy importantes. La DNI es estratégica, pero la UIAF toca el motor de la violencia y el narcotráfico: la plata”, afirmó. Lemus explicó que sus responsabilidades al frente de los dos organismos coexistían en el marco de la Ley 1621 de 2003, norma que regula la actividad de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo simultáneo en dos frentes de alta exigencia resultaba insostenible. “Estar encargado de dos cargos de esta naturaleza no es viable. Por eso el Presidente me pidió concentrarme en la UIAF”, agregó.Las versiones sobre su salida y el caso BarranquillaDurante la entrevista, Lemus desmintió que su salida de la DNI estuviera relacionada con el reciente traslado de jefes de bandas criminales hacia Barranquilla. El exdirector aseguró que su intervención en este asunto se limitó a frenar un movimiento de internos ordenado por el INPEC, en el marco de acercamientos entre el Estado y grupos delictivos para reducir la violencia urbana.“Nosotros hicimos una conversación de acercamiento con las bandas de los Pepes y los Costeños. Logramos una tregua que bajó los homicidios en un 50% en Barranquilla”, detalló. “Cuando me enteré de los traslados, pedí al Ministro de Justicia y al INPEC que los suspendieran, porque no era el momento adecuado”, sostuvo el exdirector, quien negó que el comandante del proceso de paz tuviera incidencia en el hecho.Lemus confirmó además que esa mediación con las bandas continúa en curso, con una reunión prevista antes del 20 de enero para mantener la tregua pactada: “Se están haciendo las gestiones logísticas para instalar la mesa de diálogo y consolidar el proceso con los grupos armados en el Atlántico”, aseguró.Relevo en la Dirección Nacional de InteligenciaEl funcionario confirmó que René Guarín asumirá desde esta semana la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras él completa el empalme hacia la UIAF. Sobre la continuidad del equipo directivo en la entidad, Lemus explicó que no ha solicitado renuncias, pero anticipó movimientos administrativos habituales en estos procesos.“Hasta ahora nadie se ha ido, pero es normal que muchos presenten su renuncia protocolaria y el nuevo director decida quiénes siguen”, comentó. Consultado por las críticas en torno al subdirector Wilmar Mejía, implicado en un escándalo de presunta infiltración de disidencias en la inteligencia estatal, Lemus aclaró que el funcionario se encuentra suspendido por la Procuraduría. “Su continuidad dependerá del resultado de esa suspensión y de la decisión del Presidente”, puntualizó.El exdirector aclaró, además, que Mejía no fue vinculado por él sino por su antecesor, Carlos Ramón González: “Yo no lo traje a la DNI. Sin embargo, lo propuse al Presidente en su momento porque era un hombre muy bueno en su trabajo, sobresaliente en los cursos de inteligencia”, dijo.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la solicitud del mandatario al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió la carta de renuncia.Florián se sumaría a la renuncia de Angie Rodríguez, quien también dejó su cargo en las últimas horas.La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Por su parte, el presidente Gustavo Petro también le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025.Con la salida de Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.
El consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño fue el escenario para que el Gobierno nacional presentara sus críticas en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a Washington para discutir el tema más álgido con su homólogo Donald Trump: lo que está haciendo el Gobierno para frenar la producción de cocaína.Según el Sistema integrado de monitoreo de antinarcóticos, hay 15.159 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca en Colombia. “En el 2018 los nuevos cultivos estaban en 44399, este año, en la misma época, se han reducido. No están creciendo, más bien hay una disminución del -56.9%”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.Por su parte, el ministro (e) de defensa, Javier Andrés Vaquero, aseguró que se han hecho medio millón de operaciones de todas las fuerzas contra el narcotráfico. “Hemos llegado a 2.8 millones de kilogramos de cocaína incautada, le hemos quitado 91 billones de dólares a esta economía y 47.000 millones de dosis hemos retirado”.Unas cifras que contrastan con los datos presentados el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual, Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Justamente estos datos fueron tenidos en cuenta a la hora de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro.
En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro abordó de nuevo la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada buscando un “gobierno de transición compartido” para convocar a elecciones libres en un ambiente democrático y “sin presiones indebidas”El mandatario colombiano no comparte la idea de “un desmantelamiento violento del estado venezolano” porque, según él, podría incrementar la violencia y fortalecer grupos criminales que hoy sostienen su poder territorial con base en las economías ilícitas.Por eso él defiende una salida negociada buscando que la oposición y el oficialismo puedan alternar en el gobierno hasta que exista un ambiente de confianza que contribuya a la estabilidad política y social de los venezolanos.El mensaje del presidente podría interpretarse como respaldo a su canciller Rosa Villavicencio quien afirmó haber sido malinterpretada cuando aseguró a Bloomberg que Nicolás Maduro estaría considerando una salida negociada del poder a cambio del levantamiento de sanciones en su contra hacia un gobierno de transición.El mensaje de Petro en X también viene cargado con un sentido crítico de los últimos dos años y medio, desde cuando él promovió una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló en Bogotá el 25 de abril de 2023.Para el jefe de Estado, los esfuerzos para encontrar una salida a la encrucijada política de los venezolanos, que desde hace más de 26 años viven bajo el régimen chavista, ha fracasado por razones que él atribuye al “sectarismo reinante y el afán de (Joe) Biden” que, según el, “no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.El 22 de abril de 2023 hubo una reunión entre Gustavo Petro y algunos representantes de la oposición venezolana en Bogotá, con apoyo de Estados Unidos en la agenda de diálogo. En ese encuentro, el presidente colombiano propuso el “desmonte de sanciones a Venezuela y a (Nicolás) Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”A esa reunión que fue antes de la conferencia internacional asistieron, en Hato Grande, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde; junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Quien encabezó la delegación de la Casa Blanca envió a la conferencia fue el entonces asesor del Gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González; quien fue acompañado por el asesor presidencial especial para las Américas Chris Dodd; y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer.
En un operativo desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Nacional fue rescatado sano y salvo el alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se llevó a cabo en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión.Según informó la Policía, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó a un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad.Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde les solicitaba 100 millones de pesos. El requerimiento, sin justificación clara, generó sospechas entre sus allegados, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Tras la denuncia, la institución activó un plan de búsqueda e investigación para establecer el paradero del funcionario.Las labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico permitieron ubicar con precisión el sitio donde se encontraba retenido. Un equipo operativo ingresó al lugar de manera controlada y efectuó el rescate, sin que el alcalde resultara lesionado.En el punto fueron capturados inicialmente dos hombres, encargados de su custodia. Sin embargo, durante el procedimiento, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de otras personas que habían escapado por el techo del establecimiento. Las patrullas desplegaron una búsqueda adicional que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.En el operativo se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía destacó que la coordinación operativa, las labores de inteligencia y la colaboración ciudadana fueron determinantes para la liberación del mandatario local.
El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó ante el nuncio apostólico y más de 30 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia los principales lineamientos y retos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.Durante el encuentro, explicó el funcionamiento del proceso electoral colombiano y las estrategias diseñadas para garantizar la transparencia, como lo es por ejemplo, la publicación de todas las actas E-14, auditorías especializadas, misiones de observación y sistemas de autenticación biométrica facial y dactilar.Para Penagos, este tipo de encuentro es vital para que el proceso electoral se adelante de la mejor manera contando con todas las entidades y organizaciones del país, en especial cuando se siguen enfrentando al impacto negativo de las narrativas desinformativas en redes sociales, que, a su juicio, afectan la percepción sobre las instituciones electorales.“A veces, la opinión pierde de vista que un proceso electoral se tramita bien en la medida en que todas las entidades del Estado participen, incluyendo al gobierno, que es determinante en Colombia. (...) En Colombia constitucionalmente se acepta que algunos ministerios participen para lograr mejor democracia, para gestionar el proceso bien, para lograr, digamos, que transita”, agregó.Penagos destacó que el momento más decisivo del proceso electoral continúa siendo el cierre de urnas a las 4:00 de la tarde, cuando 700.000 jurados de votación realizan el conteo manual de votos y diligencian las actas, una labor que, según dijo, es fundamental para garantizar la confianza en los resultados.Finalmente, el registrador insistió en la necesidad de que todas las entidades del Estado trabajen de forma articulada para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho a votar libremente en todo el territorio nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un evento con trabajadores de su país que la primera exportación de gas hacia Colombia “ya está lista” y que solo faltan “algunos elementos técnicos” para que comiencen los envíos a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte."Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos", dijo el mandatario.Este sería el primer paso de una integración económica más profunda entre ambos países. Maduro aseguró que Venezuela y Colombia deben estar cada vez más unidas en una economía integrada con un comercio e inversiones binacionales crecientes.En septiembre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno trabaja para traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de que finalice el 2025 y restablecer la interconexión eléctrica binacional, buscando la seguridad energética para Colombia y garantizar mejores tarifas para la población.Palma asegura que las empresas privadas no se ponen de acuerdo sobre los proyectos que se necesitan, insiste en traer gas desde Venezuela y reconoce que le preocupan los tiempos de ejecución de los proyectos de importación de Ecopetrol.Maduro también expresó su confianza en que Venezuela logre la meta de producir un millón 200 mil barriles diarios de crudo, que es la meta de su plan económico.
El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.
Mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, y a los integrantes de la Comisión de Administración, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca, advirtió sobre la crítica situación presupuestal que enfrentará la corporación durante la vigencia 2026, tras la asignación de recursos establecida en el Decreto 1477, con el que se adopta el Presupuesto General de la Nación (PGN).Según el documento, el presupuesto aprobado asciende a $486.548 millones, cifra que representa una reducción del 2 % frente al presupuesto final de 2025 y del 35 % frente a lo solicitado en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda.De acuerdo con la comunicación, el Senado había solicitado para 2026 un presupuesto total de $656.321 millones, que incluía recursos para funcionamiento, gastos de personal, inversión y servicio de la deuda. Sin embargo, la asignación final no solo fue inferior a lo requerido, sino que tampoco contempla incrementos frente a la vigencia anterior, pese a que los costos de funcionamiento se incrementarán entre el 5,1 %, correspondiente al IPC de 2025, y hasta el 23 % por el aumento del salario mínimo. Según Salamanca, esta situación impediría cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Senado.El panorama resulta aún más preocupante en materia de inversión, ya que los $60.435 millones asignados fueron destinados en su totalidad a un único proyecto de seguridad y movilidad de servidores públicos, dejando sin financiación iniciativas clave relacionadas con la modernización tecnológica y el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad del Congreso.Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la actualización de los sistemas de información, la modernización del recinto de la plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, la mejora de la infraestructura eléctrica y de iluminación del Edificio Nuevo del Congreso, así como la adquisición y renovación de sistemas de seguridad como rayos X, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones y plataformas de videovigilancia, entre otros.Ante este escenario, la entidad informó que solicitó al Departamento Nacional de Planeación un concepto favorable para realizar un traslado presupuestal mediante decreto que permita garantizar, al menos, servicios esenciales en tecnología y seguridad. No obstante, advirtió que, si este trámite no se aprueba antes del inicio de la ley de garantías electorales, el 31 de enero de 2026, el Senado quedaría sin estos servicios, sin apoyo operativo a la Policía Nacional y sin contrato para cerca de 70 personas que prestan apoyo técnico y de seguridad, muchas de ellas en condición de discapacidad.Finalmente, la Dirección General Administrativa manifestó que, de no resolverse estos problemas presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y del DNP, se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026.
El comienzo de cada año representa para los colombianos, y en general para miles de personas en el mundo, una oportunidad de cambio. Cambiar hábitos, crecer profesionalmente o mejorar la calidad de vida suelen ser objetivos recurrentes al iniciar un nuevo ciclo. Sin embargo, con el paso de las semanas, muchas de esas metas se diluyen entre el día a día, el cansancio, los conflictos e incluso la falta de claridad sobre cómo avanzar cuando el entusiasmo inicial comienza a apagarse.Ahí surge una pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué tantos objetivos se quedan a mitad de camino? Más allá de la motivación, existen factores que influyen directamente en el abandono de las metas y que suelen pasar desapercibidos. Algunas respuestas, de manera curiosa, provienen de la formación militar y hoy son consideradas aplicables a la vida civil.¿Por qué la mayoría abandona sus metas personales?Uno de los errores más frecuentes es confundir deseos con objetivos. En el ámbito militar, cada acción responde a una misión concreta, con responsabilidades definidas y criterios claros de medición. Trasladar ese principio a la vida cotidiana permite entender que una meta sin un propósito específico difícilmente se sostendrá en el tiempo.De acuerdo con la experiencia del suboficial Naval retirado de la Armada de Colombia, Lewis Charris, muchos abandonos ocurren porque no se priorizan los recursos ni se dimensiona el impacto de cada decisión. Sin claridad operativa, cualquier obstáculo termina siendo una excusa suficiente para desistir.Principios militares para cumplir metas a largo plazoDesde su formación, Charris señala que existen aprendizajes clave que pueden marcar la diferencia al momento de cumplir objetivos personales y profesionales:Propósito: trabajar con metas claras, medibles y con un impacto definido.Respeto: entendido como una herramienta operativa que mejora la comunicación y reduce fricciones.Ejecución y ajuste: actuar, evaluar resultados y corregir sin caer en la parálisis por análisis.Liderazgo: asumir responsabilidades y generar confianza desde el comportamiento.Disciplina: organizar el tiempo, cumplir procesos y sostener la constancia.Autoridad: establecer límites y responder por las decisiones tomadas.Estos principios permiten que las metas no dependan únicamente del ánimo del momento, sino de procesos estructurados y sostenibles.Constancia y disciplina, más allá de la motivación inicialLa experiencia militar enseña que avanzar no siempre implica tener certeza absoluta, sino actuar con criterio incluso en escenarios de presión o incertidumbre. “Cuando las personas incorporan principios como disciplina, claridad operativa y responsabilidad, los objetivos dejan de depender del entusiasmo inicial y se convierten en procesos sostenibles”, concluye Charris.
A través de información suministrada por la comunidad, tropas de la Novena Brigada y personal antiexplosivos llegaron hasta una zona boscosa del centro poblado de Itaibe, Cauca, en límites con el Huila, donde hallaron un artefacto tipo cilindro cargado con explosivos de alto poder destructivo.El teniente coronel Cristián Arturo Fajardo, comandante del Batallón de Infantería Cacique Pigoanza, indicó que, cumpliendo con los protocolos de seguridad, el área fue acordonada por los uniformados y posteriormente se destruyó de manera controlada el artefacto explosivo, sin generar daños a la población civil.“La operación contó con el empleo del canino, cuya labor fue fundamental para la detección oportuna del artefacto, permitiendo asegurar el área y prevenir riesgos para las comunidades. Posteriormente, el explosivo fue destruido de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos”, dijo el comandante de la unidad militar.De acuerdo con las autoridades, con la destrucción controlada de este artefacto se logró evitar que la población campesina y la fuerza pública resultaran afectadas por este tipo de elementos bélicos, que además representan una alta amenaza para las comunidades rurales que diariamente transitan por la zona.Cabe mencionar que, en esa misma zona rural de Itaibe, Cauca, limítrofe con el Huila, hace menos de 15 días el Ejército halló otro artefacto tipo cilindro bomba, instalado al parecer por grupos armados ilegales que delinquen en la región. Asimismo, a las afueras del municipio de La Plata, en la vía hacia el Cauca, las autoridades destruyeron otro elemento con explosivos.
En entrevista con Blu Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, respondió a las agremiaciones que han señalado que el incremento del salario mínimo podría profundizar las dificultades financieras del sector salud.El director afirmó que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no estuvo ligado de manera directa al aumento del salario mínimo y defendió la metodología empleada para definir el ajuste.Durante la conversación, León sostuvo que no es correcto equiparar la inflación con el incremento del salario mínimo, ya que la estructura de costos del sistema de salud incluye múltiples variables. “Pero no inflación igual a salario mínimo, es un cuento chino, te voy a explicar por qué, porque hay muchas otras cosas que no crecen a ese término en la canasta”, explicó.El director de la Adres indicó que los aumentos de precios deben analizarse de forma ponderada y no a partir de un solo componente. “Si la carne crece un 20 %, pero la papa crece un 10 %, tienes que sacar un promedio y no es solo la papa, la carne, no es solo el salario mínimo”, señaló. En ese contexto, agregó que la mayoría de los trabajadores del sector salud no devengan el salario mínimo. “La mayoría de los trabajadores no son de salario mínimo, empezando por ahí en el sector salud, de modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 %”, dijo.León reconoció que el salario es un factor relevante dentro de los costos, pero insistió en que no es el único que incide en la inflación del sector. “Sí aporta, sí es un componente importante el salario, pero hay muchos otros que cuentan en la inflación”, afirmó.Asimismo, el funcionario se refirió al comportamiento del dólar y su impacto en los costos de insumos médicos. Indicó que la reducción de la divisa en los últimos años debió reflejarse en menores precios para el sistema de salud. “Resulta que el dólar cayó un 20 %, en el último año un 16 %, y todos los medicamentos vienen en dólares, todos los suministros médicos vienen en dólares, todos los kits de laboratorio vienen en dólares, todos los equipos médicos vienen en dólares”, sostuvo.No obstante, cuestionó que esa disminución no se haya trasladado a los precios finales. “Desafortunadamente, uno ve que el dólar baja, que a las empresas les cuesta menos, pero no trasladan esta baja al Estado o a los ciudadanos; aumentan su margen de ganancia”, señaló. Como ejemplo, comparó esta situación con el comportamiento histórico de los precios de la gasolina frente a las variaciones del petróleo.Con estas declaraciones, el director de la Adres defendió el incremento de la UPC y respondió a las críticas de gremios como la Andi y Afidro, insistiendo en que el ajuste se basa en un análisis amplio de los costos del sistema de salud y no únicamente en el aumento del salario mínimo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.El convenio permitirá que la Unidad de Búsqueda consulte información contenida en el Registro Único de Damnificados, una base de datos que reúne a personas afectadas por desastres y emergencias en todo el país, así como el Registro Unifamiliar de Emergencias.Estos datos serán cruzados con las solicitudes de búsqueda, con el fin de identificar posibles coincidencias que aporten información relevante sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.Según lo establecido, el intercambio de información se hará bajo criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.“Esto es una herramienta que, a través del cruce de nuestros sistemas de información, muy probablemente nos va a permitir darles noticias, bien sea de personas que aparezcan con vida o de personas que, lamentablemente, hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez, destacó que “la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en sus ya casi nueve años de existencia, ha podido encontrar alrededor de 670 personas que ha entregado dignamente a sus familias. Igualmente, ha encontrado con vida cerca de 500 personas”.El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la creación de un equipo técnico que definirá los protocolos de intercambio de información y hará seguimiento a su implementación.