La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.El balance anual muestra una reducción significativa frente a 2024, cuando se habían erradicado 9.403 hectáreas. La caída fue de 1.352 hectáreas menos, es decir, un descenso del 14 % en solo un año. En términos prácticos, significa que durante 2025 se arrancaron, en promedio, casi cuatro hectáreas menos por día que el año anterior.La comparación histórica evidencia un desplome mucho más amplio. En 2020, Colombia alcanzó el pico más alto de erradicación manual, con más de 130.000 hectáreas eliminadas. Desde entonces, la cifra ha caído de forma acelerada: en 2022 bajó a cerca de 68.900 hectáreas, en 2023 se redujo drásticamente a poco más de 20.000 y en 2024 descendió aún más, hasta llegar al mínimo registrado en 2025.El comportamiento mensual del año pasado muestra que la erradicación fue irregular y concentrada en momentos puntuales, principalmente en el segundo semestre. Aunque hubo meses con repuntes temporales, estos no lograron compensar los bajos niveles registrados durante gran parte del año, lo que explica el reducido acumulado final.Traducidas al día a día, las cifras reflejan un escenario preocupante, teniendo en cuenta que cada jornada se erradicó menos de una hectárea por hora en todo el país. El dato pone en evidencia la pérdida de intensidad de una de las principales herramientas históricas contra los cultivos de coca, teniendo en cuenta que este informe tiene en cuenta el método de control de cultivos ilícitos en el que se arranca de raíz cada una de las plantas que conforman el cultivo, incluyendo la erradicación realizada en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato.
Con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército, la Policía, la Gobernación del Huila y la Defensoría del Pueblo, se adelantó el comité denominado ‘Plan Democracia’, en el que se analizaron temas de seguridad y prevención de delitos electorales para los comicios de Congreso y las elecciones presidenciales de 2026.Asimismo, las autoridades analizaron los temas de orden público que han afectado al departamento y señalaron que las zonas más complejas estarán blindadas por la fuerza pública para que la población civil pueda acudir libremente a participar en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.“En la reunión se abordaron temas estratégicos relacionados con la planeación, coordinación y prevención, orientados a garantizar la seguridad, la transparencia y la libre participación ciudadana en las elecciones del Congreso de la República y la Presidencia de 2026, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera conjunta por unas elecciones seguras, confiables y en completa normalidad”, dijo el teniente coronel Cárdenas Peña.La Policía también hizo un llamado a los ciudadanos para que, en caso de conocer cualquier actividad o situación ilícita o sospechosa en el marco del plan electoral, la pongan de inmediato en conocimiento de las autoridades correspondientes.Es importante anotar que municipios como La Argentina, La Plata, Nátaga, Baraya y Tello, que han tenido problemas de orden público por la presencia de grupos armados ilegales, tendrán una atención especial por parte de las autoridades para evitar cualquier situación que altere la tranquilidad durante el desarrollo de las elecciones.
Colombia avanza en su estrategia de posicionamiento internacional en materia de defensa con su participación en la Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX 2026), una de las ferias más relevantes del sector a nivel mundial. La presencia del país hace parte de la agenda internacional del Gobierno orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con aliados estratégicos.Durante el evento, la delegación colombiana ha centrado su atención en el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como en la cocreación y fortalecimiento de la industria de defensa. Entre los ejes prioritarios también figuran el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, ciberseguridad y el fortalecimiento de capacidades en vehículos blindados, áreas consideradas clave frente a los retos actuales y futuros de la seguridad.En el marco de la feria, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha participado en exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa. Además, ha tomado parte en conferencias y paneles estratégicos junto a altos oficiales y expertos internacionales, donde se analizan los desafíos de la seguridad global y las nuevas amenazas transnacionales.Estos espacios han permitido abrir canales de cooperación técnica y militar, explorar alianzas estratégicas con la industria internacional y avanzar en posibles acuerdos que contribuyan al desarrollo tecnológico y operativo de la Fuerza Pública. La participación colombiana busca, además, diversificar socios y fortalecer su presencia en escenarios multilaterales de defensa.Como parte de la agenda en Qatar, el ministro Sánchez Suárez tiene previstos encuentros con los ministros del Interior y de Defensa del país anfitrión, así como visitas a puertos marítimos estratégicos, con el fin de conocer de primera mano las capacidades tecnológicas y operativas desarrolladas en esa nación.Uno de los hitos de la participación colombiana fue el encuentro con el secretario de la Industria Militar de Turquía, Haluk Görgün, en el que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento orientado a incrementar la autonomía y diversificar las capacidades de la industria de defensa colombiana, fortaleciendo la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.La DIMDEX 2026 reúne en Doha a líderes militares, tomadores de decisiones, gobiernos y empresas del sector, y se consolida como una plataforma clave para la exhibición de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras en los ámbitos naval y marítimo. En este escenario, Colombia busca traducir el diálogo y los contactos estratégicos en acuerdos concretos que fortalezcan sus capacidades frente al crimen transnacional y los desafíos de la seguridad regional y global.La feria es organizada por las Fuerzas Armadas de Qatar y cuenta con el patrocinio del Emir del Estado de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, consolidándose como uno de los encuentros más influyentes del sector defensa en el mundo.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, durante todo 2025 se registraron 477 casos de secuestro extorsivo en Colombia, lo que equivale a un promedio de 1,3 personas secuestradas cada día en el país. En la práctica, esto significa que casi todos los días una familia enfrenta la desaparición forzada de un ser querido para exigir dinero o beneficios a cambio de su libertad.El aumento frente a 2024 es contundente. En ese año se habían contabilizado 209 casos, mientras que en 2025 la cifra creció en 268 secuestros más, lo que representa un incremento del 128 %. Es el salto más abrupto que muestran las estadísticas recientes y marca un quiebre frente a la tendencia de relativa estabilidad que se observó entre 2015 y 2019, cuando los casos anuales se mantenían alrededor de los 100.La evolución histórica evidencia cómo este delito, que había tocado su punto más bajo en 2020 con cerca de 80 secuestros extorsivos (por pandemia), empezó a repuntar de manera sostenida desde 2021. En 2022 los casos subieron a 141, en 2023 llegaron a 221 y, aunque en 2024 hubo una leve reducción, el 2025 cerró con un salto sin precedentes, más del doble del año anterior.El comportamiento mensual muestra que el secuestro extorsivo no fue uniforme a lo largo del año. Algunos meses concentraron picos especialmente altos, con registros que superaron varias decenas de casos, lo que elevó el promedio diario y reflejó momentos de mayor presión criminal. Estos repuntes mensuales explican cómo, hacia el cierre del año, la cifra acumulada terminó disparándose.Traducido al día a día, el balance deja una realidad preocupante: cada 24 horas, en promedio, al menos una persona es privada de la libertad con fines extorsivos en Colombia. Aunque el número absoluto es muy inferior al de otros delitos de alto impacto, su crecimiento acelerado en 2025 convierte al secuestro extorsivo en uno de los fenómenos de seguridad más alarmantes del país, por el profundo daño que causa a las víctimas y a sus familias.
La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos. El artista falleció el pasado 10 de enero en un siniestro aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo.Según confirmó Medicina Legal, las personas que murieron junto al cantante fueron identificadas como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.Aunque en redes sociales comenzó a circular información sobre la supuesta última fotografía y el último lugar donde estuvo el artista antes del accidente, el programa La Red, de Caracol Televisión, reconstruyó las últimas horas de vida de Jiménez y encontró nuevos detalles.El cantante había partido desde Málaga rumbo a Paipa, donde abordaría la aeronave. Sin embargo, a las 2:18 de la tarde, él y su equipo realizaron varias paradas en el municipio de Belén, Boyacá, donde compraron algunos productos típicos de la región.“Compró un queso campesino, queso con bocadillo y un bloque de queso doble crema. Dijo que tenía afán, nos regaló la foto y se fue”, relataron las dos mujeres que atendieron al artista, quienes inicialmente fueron señaladas como las personas que habrían captado la última imagen con el cantante.No obstante, se conoció que la verdadera última fotografía no fue tomada en la tienda, sino en un restaurante, donde Yeison Jiménez y su equipo consumieron su último almuerzo, alrededor de las 2:56 de la tarde.Edgar Araque, trabajador del establecimiento, relató que el artista “entró y primeramente pidió seis aguas de panela; después pidió que le dieran seis truchas para él y los acompañantes que iban con él, y dijo que las quería bien asaditas, que no importaba si se demoraban”.Araque agregó que, mientras esperaban el almuerzo, Jiménez cantaba una canción relacionada con la muerte. “La canción decía: ‘cuando yo me muera, no quiero que lloren’. Se tocaba la cabeza y se golpeaba en el momento”, recordó sobre los últimos minutos del cantante y su equipo.Estas son las fotosTras conocerse la noticia de la muerte de Jiménez, se han realizado diversos actos de homenaje en memoria del artista. Uno de los más representativos tuvo lugar el 14 de enero en el Movistar Arena, donde cantantes como Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara interpretaron algunas de sus canciones ante miles de asistentes.Además, los organizadores confirmaron que el concierto previsto para marzo en El Campín fue reprogramado para el 31 de enero, fecha en la que se llevará a cabo un tributo oficial para honrar su legado musical. Durante las exequias, familiares del cantante, entre ellos su madre Luz Mery Galeano y su hija mayor Taliana, agradecieron las múltiples muestras de apoyo recibidas por parte del público.
En el mercado automotor de lujo en China un sedán eléctrico desarrollado por Huawei en alianza con JAC acaba de dar un golpe sobre la mesa tras superar en ventas a referentes históricos como BMW, Porsche y Maybach, todos combinados, dentro de uno de los segmentos más exclusivos del país asiático.Se trata del Maextro S800, un modelo que compite en el rango de precios más alto del mercado y que, pese a ello, se convirtió en el vehículo más vendido entre los sedanes con valores superiores a los 700.000 yuanes, equivalentes a más de 100.000 dólares.¿Cuántos carros se vendieron en diciembre del Maextro S800?De acuerdo con datos de la consultora china Haidaxing ECC, durante diciembre de 2025 el Maextro S800 alcanzó 4.376 unidades matriculadas, lo que representó un crecimiento mensual del 104 %, con lo que no solo lo posicionó como líder del segmento, sino que dejó atrás a marcas tradicionales de lujo europeo.Para ponerlo en contexto, el Porsche Panamera, que ocupó el segundo lugar, registró 1.593 unidades. Detrás quedaron el BMW Serie 7 con 1.429 ventas y el Maybach Clase S con 1.118. En conjunto, estos tres modelos sumaron 4.140 unidades, una cifra inferior a la alcanzada por el sedán de Huawei y JAC de forma individual.El desempeño del Maextro S800 también contrastó con otros fabricantes chinos que buscan posicionarse en el segmento premium. Modelos como el Yangwang U7, de BYD, alcanzaron 333 unidades en el mismo mes, mientras que Nio entregó 185 unidades de su sedán insignia ET9.Analistas del sector atribuyen este dominio a varios factores, entre ellos la red de ventas HIMA, impulsada por Huawei, que ha permitido una mayor exposición del modelo y una estrategia comercial más agresiva dentro del mercado chino de alta gama.Un modelo que ya supera las 11.000 entregasEl crecimiento del Maextro S800 no se limita a un solo mes. El 16 de diciembre se entregó la unidad número 10.000, y los registros más recientes indican que el total de entregas acumuladas ya supera las 11.400 unidades, un hito poco común para un sedán eléctrico de lujo en su primer periodo comercial.El modelo inició entregas en agosto de 2025, con un precio base de 100.000 dólares, mientras que la versión más equipada alcanza los 150.000 dólares, ubicándose en el mismo rango que los sedanes de representación de marcas alemanas.Diseño, tecnología y versiones del Maextro S800El Maextro S800 es un sedán de gran tamaño, con casi 5,5 metros de longitud y una distancia entre ejes de más de 3,3 metros, lo que se traduce en un amplio espacio interior. En el habitáculo, el enfoque está claramente puesto en la tecnología, con una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra de 16 pulgadas dedicada al copiloto.En cuanto a la mecánica del carro, se ofrece en versiones 100 % eléctricas y eléctricas de autonomía extendida. La variante eléctrica cuenta con doble motor y una potencia superior a los 520 caballos, mientras que las opciones EREV pueden alcanzar hasta 852 caballos, combinando motores eléctricos con un generador a combustión.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Un total de 20 congresistas fueron citados a declaración de versión libre en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana. Jairo Corzo, quien es el secretario de la Comisión de Acusaciones, fue citado para el próximo viernes 23 de enero y con él empieza entonces el desfile de declaraciones libres allí en la Corte Suprema.Esto tiene que ver con que en noviembre del año pasado la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se abstuvo de continuar la investigación contra el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, tras la denuncia en su contra por presuntamente haberle filtrado información a Cielo Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en medio de un proceso judicial. La Comisión concluyó que Farfán no tenía relación o amistad con la familia Gnecco y que no tenía interés en favorecerla, porque fue él quien ordenó la interceptación.Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la magistrada Lombana también ordenó, a través de policía judicial, obtener la documentación que allegó el magistrado Farfán a la Corte Suprema sobre el auto inhibitorio a su favor, esto con el fin de anexar los documentos a la investigación que adelanta su despacho por unas supuestas demoras de la Comisión en la investigación del caso Farfán.Para el lunes 26 de enero fueron convocados, entre otros, Willian Aljure, Alirio Uribe, María Eugenia Lopera, Carlos Alberto Cuenca y Gloria Arizabaleta. Fue en 2023 cuando un revelador informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol dio cuenta sobre una presunta advertencia por cuenta del magistrado Farfán al poderoso Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en el marco del proceso.La controversia llegó a tal punto que el magistrado Francisco Farfán solicitó una licencia no remunerada por 3 meses para defenderse de las acusaciones en su contra. Finalmente, el año pasado la Comisión determinó que el togado no tenía interés alguno en filtrarle información a Cielo Gnecco."El magistrado Francisco Farfán no tenía interés alguno en informar a los miembros de la familia Gnecco sobre las interceptaciones que se estaban llevando a cabo en su contra”, señaló la decisión de la Comisión.Las agitadas relaciones entre los magistrados de la Sala de InstrucciónEs un secreto a voces que hay enormes diferencias entre los 6 magistrados de la Sala que se encarga de investigar a los aforados por la presunta comisión de delitos. Cristina Lombana y Francisco Farfán no han estado exentos de la polémica por las solicitudes que han salido del despacho de Lombana en distintos procesos.
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de niños y niñas de la población vulnerable de Bucaramanga, Casa Búho reabre sus puertas para atender a menores desde los siete meses hasta los 6 años de edad. Esta guardería gratuita, ubicada en la carrera 27#33-20, cuenta con profesionales idóneos para atender de manera integral a los más pequeños.La Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer su compromiso con los derechos de la población infantil.Le puede interesar: Galán asegura que atienden a la primera infancia pese a recorte del 50 % del ICBF en Bogotá"La administración sigue garantizando los derechos de los pequeños y de los grandes haciendo una apuesta para que Bucaramanga avance y avance segura”, afirmó Iván Darío Torres Alfonso, secretario de Desarrollo Social.Las personas interesadas en acceder a un cupo deben acercarse a las instalaciones de Casa Búho o a la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en la segunda fase de la Alcaldía de Bucaramanga, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del medio día o de 2:00 a 5:00 de la tarde.REQUISITOS PARA APLICAR A ESTE BENEFICIO● Cédula de ciudadanía del padre, madre o representante legal del niño o niña.● Copia de documento de identidad de cada niño o niña. (Registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad). Cuando se trate de niños, niñas extranjeras que residan de forma temporal o permanente en el país presentarán documento de identificación válido en su país de origen o pasaporte en caso de que cuenten con ello.● Copia de documento de afiliación o vinculación del niño o niña al sistema general de seguridad social en salud.● Documento impreso donde se evidencia rango de niveles del Sisbén IV.● Copia del reporte actualizado del esquema de vacunación completo para la edad según la normatividad vigente.● Certificado del estado de salud física y oral de los niños y niñas:- Certificado médico o historia médica.-Certificado de tamizaje auditivo.-Carta dental actualizada.● Certificado de examen de agudeza visual (para los niños, niñas a partir de los 3 años).● Copia de asistencia al programa de crecimiento y desarrollo en la frecuencia establecida en la normatividad vigente.● Recibo de servicio público, del lugar de residencia del niño o niña.Este espacio brinda atención en la nutrición, orientación psicosocial y educativa de los menores; además de material pedagógico, estimulación temprana y desarrollo motor fundamental para los primeros años de los niños y niñas de Bucaramanga.
La falta de consenso entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional ha escalado tras la reciente reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación al concluir que no se lograron acuerdos significativos respecto a la gestión de las rentas cedidas por el consumo de licores y tabaco. Según la mandataria, el Gobierno central pretende retener recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones para financiar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte.Amenaza a los derechos fundamentales y la saludLa gobernadora fue enfática al señalar que la disputa no es una simple pelea política, sino una defensa de los servicios básicos para la población más vulnerable. El núcleo del problema radica en el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Toro explicó que, en el Valle del Cauca, el 49% de las rentas de la licorera y la totalidad de los impuestos al cigarrillo se destinan a este fin. "Si no pagamos el régimen subsidiado al ADRES, la gente se queda sin salud", advirtió, subrayando que las personas de escasos recursos serían las más perjudicadas ante la falta de pago a las EPS por parte del Estado.Impacto económico y el fantasma del contrabandoLas cifras presentadas por la administración departamental son alarmantes. Solo en el Valle del Cauca, la afectación por el impuesto al cigarrillo alcanzaría los 120.000 millones de pesos. Además, la gobernadora denunció que el 40% del mercado de cigarrillos en su departamento ya está en manos de bandas criminales dedicadas al contrabando, una situación que se agravaría con los nuevos gravámenes. Según Toro, el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales, incentivando el comercio ilícito y perjudicando gravemente a la industria de licores regional.De la "rebelión" a la vía jurídicaAunque inicialmente se habló de una posible "rebelión" por parte de los gobernadores al negarse a aplicar el decreto, Toro aclaró que se están agotando las instancias legales. La Federación Nacional de Departamentos presentará un recurso ante la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo referente a licores y cigarrillos.Escuche aquí la entrevista:
En Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares del registro de homicidio intencional del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2025, fueron asesinadas 13.726 personas, lo que equivale a un promedio de 37,6 homicidios diarios; es decir, cerca de 38 muertes violentas cada día en el país.El dato representa un incremento frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 homicidios. La diferencia es de 229 casos más, lo que implica un aumento del 2 % en el acumulado anual. Traducido a la vida cotidiana, significa que cada 24 horas casi cuatro decenas de familias pierden a un ser querido por causa de la violencia, una cifra que se mantiene alta a lo largo del año.El comportamiento mensual muestra que la violencia letal no tiene una temporada claramente definida. Durante 2025, los registros oscilaron entre poco más de 1.000 y cerca de 1.200 homicidios por mes. Diciembre cerró como uno de los meses más críticos, con alrededor de 1.210 asesinatos, lo que representa un promedio cercano a 39 homicidios diarios solo en ese mes. Agosto y mayo también se ubicaron entre los periodos más violentos del año.Si se observa la evolución histórica, el país no ha logrado romper la barrera de los más de 12.000 homicidios anuales desde mediados de la última década. Tras una caída significativa en 2020 (por pandemia), cuando se registraron poco más de 12.000 asesinatos, las cifras repuntaron con fuerza a partir de 2021 y se han mantenido por encima de los 13.500 casos anuales en los últimos cinco años. Esto confirma que el promedio diario de homicidios en Colombia ronda desde hace tiempo entre 35 y 38 personas asesinadas.Más allá de los porcentajes, el dato diario dimensiona el impacto real de estas cifras: cada hora, en promedio, una persona es asesinada en Colombia. La estadística refleja una violencia persistente que atraviesa regiones, contextos urbanos y rurales, y que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y convivencia en el país, mientras miles de muertes se acumulan año tras año en el registro oficial.
El caso del asesinato de dos niñas con frambuesas cubiertas de talio en el norte de Bogotá sigue sumando nuevos capítulos que han llevado la investigación a un nivel inesperado. Recientemente, un nuevo nombre aparece en el expediente y despierta cuestionamientos sobre cómo se movió el domicilio que ocasionó el fatal desenlace.Un testimonio reciente del domiciliario que entregó las frambuesas llevó a las autoridades a investigar de cerca a Zenaida Vargas Pava, una mujer adulta que, según el relato, habría sido la persona que le entregó la bolsa sellada con frambuesas al hombre para que realizara la entrega.¿Quién es Zenaida Vargas y por qué se relaciona con la investigación?Resulta que Zenaida Vargas aparece en el proceso luego de la declaración del repartidor, de acuerdo con Noticias Caracol. Según el testimonio, ella fue contactada por un hombre identificado como Jeisson Rojas y, posteriormente, le entregó el paquete que debía ser llevado hasta una residencia al norte de la capital.El domiciliario indicó que Vargas pagó el servicio en efectivo, le entregó 10.000 pesos y fue insistente en que la entrega debía completarse. Incluso, tras concretarse el envío, le escribió para confirmar que el domicilio fue completado, información que sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía.El domiciliario comentó que inicialmente recogió el paquete en un edificio del norte de Bogotá. Al llegar al sitio, una adolescente le abrió la puerta, pero negó que alguien hubiera pedido algo, lo que en su momento generó confusión.Minutos más tarde, recibió llamadas insistentes para que regresara y dejara el encargo, lo que finalmente hizo. Ese cruce de llamadas y mensajes, junto con los pagos realizados, son pruebas valiosas para identificar a los otros responsables del asesinato de las dos menores.Como avanza el proceso penalDe momento, la Fiscalía ha sido clara en señalar que Zenaida Vargas no tiene una vinculación directa en el proceso penal. Las indagaciones tienen el objetivo de determinar su participación circunstancial o si tuvo un rol más activo en la entrega del producto contaminado.La investigación, que arrancó en 2025, se originó cuando las frambuesas con talio llegaron a la vivienda y provocaron la intoxicación y muerte de dos niñas. Por su parte, la principal señalada, Zulma Guzmán, se encuentra detenida en el Reino Unido y enfrenta un proceso de extradición.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
Hay movimientos en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, será el próximo ministro de Justicia tras la salida intempestiva de Eduardo Montealegre.Valencia Copete estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2002, y fue presidente de esa corporación entre los años 2007-2008. Fue elegido también presidente de la Sala Civil el 20 de enero de 2010.Han sido tres las personas que han ostentado el cargo como ministro de Justicia durante el Gobierno Petro, Néstor Osuna quien ahora está en la Procuraduría, la abogada Ángela María Buitrago y el exfiscal Eduardo Montealegre.Este último, salió repentinamente del ministerio de Justicia tras una agitada pelea no solo con el Ministro del Interior Armando Benedetti, sino también, con el Procurador General Gregorio Eljach. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia será el cuarto ministro de Justicia del Gobierno, tras la renuncia de su antecesor en el pasado mes de octubre.Trayectoria y perfil del nuevo ministroCésar Julio Valencia Copete cuenta con una extensa y destacada carrera en el ámbito judicial y académico.Formación Académica:Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, ubicada en Bogotá.Posee una especialización en derecho comercial, cursada en la misma Universidad Externado de Colombia.Carrera en la Corte SupremaFue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002.Se desempeñó como presidente de esa misma corporación (la Corte Suprema de Justicia) durante los años 2007 y 2008.Además, fue elegido presidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en enero del año 2010.Escuche aquí el informe:
En el silencio metálico de las cubiertas del buque escuela ARC Gloria, basta el sonido de una alarma para que la rutina se transforme en reacción. No hay espacio para el pánico, ni margen para la duda. Cada tripulante sabe dónde ir, qué cerrar y cómo responder. Es el resultado de un entrenamiento constante que prepara a la tripulación para los dos enemigos más temidos en el mar: el incendio y la inundación.“Lo principal, explica el teniente de navío, Óscar Franco ingeniero jefe del Gloria, es entender el concepto del control de averías, una doctrina que rige en todas las unidades de la Armada Nacional. A partir de ahí formamos a los cadetes para que sepan actuar ante cualquier emergencia real”, aseguró.Franco detalla que el proceso tiene dos etapas: una fase teórica, donde los jóvenes aprenden los sistemas de achique y los equipos de combate de incendios a bordo; y una fase práctica, en la que deben poner a prueba lo aprendido. “Ayer, cuenta, tuvimos una de esas jornadas: los cadetes manipularon el equipamiento real y aprendieron a reaccionar como lo harían en una situación de verdad”, dijo.Cuando se reporta un incendio a bordo, la prioridad es detectar el foco, confinarlo y evitar su propagación. La primera línea de respuesta es el grupo de reparaciones, un equipo entrenado especialmente para atender emergencias. “Nuestros hombres identifican el origen del fuego, aíslan el compartimento y emplean los sistemas fijos y portátiles de extinción. La idea es que el fuego no avance y que podamos mantener el control total del buque”, aseguró.La reacción ante una inundación exige el mismo rigor, pero una estrategia distinta. En ese caso, lo primero es aislar el compartimento afectado y activar los sistemas de achique para desalojar el agua. “Puede ser una fisura en el casco o una ruptura en una tubería. Lo esencial es detener el ingreso de agua y bombearla fuera del buque antes de que comprometa la estabilidad”.Cada movimiento tiene una razón técnica, y cada segundo cuenta. Por eso los cadetes entrenan una y otra vez en escenarios simulados, con alarmas, humo artificial y compuertas cerrándose. Aprenden a actuar sin pensar, a responder con precisión y a mantener la calma incluso cuando todo parece temblar.“Es un entrenamiento que combina disciplina, técnica y reflejos. Lo que buscamos es que los futuros oficiales de la Armada reaccionen con seguridad, sin perder el control, porque en una emergencia real no hay tiempo para dudar”, agregó el teniente.Así, mientras el Gloria sigue su ruta por los mares del mundo, su tripulación no solo representa a Colombia: aprende a dominar los riesgos del océano con conocimiento, temple y trabajo en equipo. En cada maniobra, en cada simulacro, los cadetes se preparan para el día en que el fuego o el agua pongan a prueba su vocación. Porque en el mar, cuando la emergencia golpea, solo la preparación convierte el peligro en supervivencia.
El martes, el presidente Petro a través de un trino ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, asegurando que la medida se mantendría mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.Sin embargo esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a una mala interpretación de funcionarios del gobierno y de algunos medios de comunicación el anuncio del presidente Gustavo Petro, pues, según él, “nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia” y “seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.En diálogo con Mañanas Blu, Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia, habló sobre cuáles serían los panoramas hipotéticos en caso que Colombia se negara a esta colaboración con inteligencia de Estados Unidos. Dependencia mutua y riesgo recíprocoExiste la tendencia a pensar que cualquier debilitamiento en la colaboración de inteligencia perjudicaría mucho más a Colombia, dado que Estados Unidos es visto como el "monstruo grande" de la geopolítica internacional. Sin embargo, Dickinson enfatiza que la relación es recíproca y que Estados Unidos depende muchísimo de la inteligencia colombiana.Un posible corte en la colaboración sería un acto recíproco. Esto se debe a que Estados Unidos actualmente no está compartiendo inteligencia sobre sus operaciones en el Caribe, ni con Colombia, ni con la mayoría de los países europeos.Al restringir la colaboración, Colombia pondría un "precio en la relación". Para contestar directamente a la pregunta sobre el impacto, si Colombia dejara de colaborar, los Estados Unidos se estarían "pegando un tiro en el pie".Inteligencia colombianaLa contribución de Colombia a la seguridad estadounidense es cuantificable y significativa. De hecho, una cifra proveniente del Senado de EEUU indica que el 85% de las incautaciones que realiza Estados Unidos en el mar Caribe provienen de inteligencia de Colombia. Esto subraya que el intercambio es fluido y sirve a los intereses de ambos países.La riqueza de la inteligencia colombiana radica principalmente en sus fuentes humanas, dada su capacidad para estar en distintos lugares del conflicto interno y en las fronteras. Además de la inteligencia humana y digital, en el espectro naval es crucial la información que Colombia comparte con sus colegas estadounidenses sobre barcos o contenedores contaminados que pasan por la jurisdicción de Estados Unidos.Escuche aquí la entrevista:
El Consejo de Estado seguirá estudiando una demanda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay contra el Ministerio de Hacienda por la famosa reforma tributaria por decreto que aumentó las retenciones en la fuente a las empresas.Una de las peleas del senador Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida, era la pelea contra el Gobierno nacional por tratar en recaudar vía decreto los impuestos que no pudo conseguir a través de la reforma tributaria que se le cayó en el Congreso el año pasado.Concretamente, estamos hablando de su demanda contra el decreto 572 que le permitió al Gobierno subir las retenciones en la fuente para la mayoría de las empresas, atrapando caja del sector privado y trasladándola al gobierno nacional.El Consejo de Estado determinó que esa demanda no va a ser acumulada con ninguna otra de las que existen en contra del mismo decreto.¿Quiénes han demandado este decreto hasta el momento? El Consejo Gremial Nacional, Fedetranscarga, la Fundación para el Estado de Derecho, la Andi entre otros.Ese decreto representa un recaudo este año de 6 billones de pesos, que se suma al recaudo de 2.8 billones de pesos al que aspira el gobierno por los decretos que expidió al amparo de la crisis de orden público en el Catatumbo.
En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.