Desde este fin de semana, Villavicencio y el departamento del Meta se convierten en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, un evento que reúne los sectores bovino, equino, agroindustrial y turístico, y que proyecta la capacidad productiva de la región a nivel nacional.La feria, que se desarrolla en un escenario de 35 hectáreas con nueve pabellones, espera la llegada de más de 250.000 visitantes, lo que representa una importante dinamización económica para el departamento. De acuerdo con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el impacto económico estimado oscila entre 90.000 y 110.000 millones de pesos, derivados de actividades como la gastronomía, la hotelería, el turismo, la logística, el comercio y los conciertos programados durante los cinco días del evento.“Esta es la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante del país. Aquí le estamos mostrando a Colombia cómo el Meta, como hermano mayor de la Amazonía y la Orinoquía, viene creciendo en productividad y generación de riqueza”, señaló la mandataria, al destacar el tránsito del departamento de una economía basada en los hidrocarburos hacia la agroindustria y la producción de alimentos.Expomalocas también se presenta como una vitrina para el desarrollo sostenible, con espacios académicos, muestras de ganadería sostenible, extensión agropecuaria y políticas departamentales orientadas a una producción amigable con el medio ambiente. A esto se suma una agenda cultural y musical que, según la Gobernación, fortalece el consumo y la actividad turística en la región.En el marco del evento, la gobernadora confirmó, además, la articulación entre 32 regiones del país, destacando la visita del gobernador de Antioquia y la firma de acuerdos de entendimiento en materia de seguridad, infraestructura y fortalecimiento de la fuerza pública. Según Cortés, esta cooperación interregional busca generar condiciones que incentiven la inversión y reduzcan las brechas de desigualdad.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos entre Ecuador y Colombia.La investigación se inició tras detectar el ingreso ilegal de clorato de potasio, un químico de alto riesgo empleado en la elaboración de explosivos, que era transportado desde territorio ecuatoriano hacia diferentes regiones del país. Como resultado de las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación identificó a Sonia Patricia Prado, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak como presuntos responsables de esta actividad ilícita.Según el ente acusador, durante los años 2024 y 2025, Prado y Marcial habrían facilitado el ingreso del clorato de potasio, el cual era camuflado en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas, con el propósito de evadir los controles de las autoridades. En tanto, Usamak Vásquez, quien laboraba en una empresa de envíos y correspondencia, sería el encargado de la logística del transporte, coordinando al menos 20 despachos del material ilegal.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados cargos por fabricación, tráfico y porte de explosivos y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Con estas capturas, ya son 29 los integrantes judicializados de esta red criminal, y las autoridades han logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo, en lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra el tráfico ilegal de insumos para explosivos en la región.
La mayor María Fernanda Martínez Parra se convirtió en la primera militar de arma en liderar el Comando de Operaciones Logísticas N.° 1, una unidad clave para el apoyo a las tropas en todo el país. La oficial cuenta con 17 años de servicio y ha desarrollado su carrera en departamentos como Valle del Cauca, Guaviare, La Guajira y Cundinamarca, donde ha asumido responsabilidades tanto operativas como administrativas.El Comando de Operaciones Logísticas N.° 1 cumple una función estratégica para el Ejército Nacional, al ser la unidad encargada de garantizar el apoyo logístico a las tropas desplegadas en las distintas áreas de operación. Entre sus principales tareas están el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución de insumos, así como otros procesos esenciales para el desarrollo continuo de las operaciones en el territorio nacional.Durante el acto de reconocimiento de mando, la oficial estuvo acompañada por sus familiares y personas cercanas. Desde la institución destacaron que este nombramiento no solo representa un logro en su carrera profesional, sino también un avance en la participación de las mujeres en cargos de liderazgo dentro del Ejército.El Ejército señaló, además, que este tipo de designaciones ratifican que el liderazgo se construye a partir del mérito, la preparación y la excelencia profesional, sin distinción de género, y hacen parte de los esfuerzos por consolidar una institución más inclusiva, moderna y fortalecida.
Desde Washington se ultiman los detalles de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro está programado para este martes 3 de febrero, a las 11:00 a. m., y será el primero entre ambos mandatarios tras meses de tensiones diplomáticas. Según fuentes oficiales, el presidente Petro saldrá de Colombia hoy a las 2:00 de la tarde y se espera que aterrice en una base militar cerca de Washington alrededor de las 8:00 de la noche.La agenda oficial comenzará el lunes, y este viaje incluye conferencias y otras reuniones con organismos multilaterales. Cabe mencionar que Washington está enfrentando un fenómeno climático severo, con temperaturas que rondan los −12 °C, y se espera que se mantengan en ese rango durante los próximos días. Esto ha obligado a reforzar la logística de transporte y los movimientos oficiales durante la visita.Además de Petro, viajan con él miembros de su gabinete; entre ellos, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien recibió, al igual que el mandatario, una visa temporal, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. También se espera la presencia del comisionado de paz y otros altos funcionarios vinculados al eje de cooperación bilateral.Uno de los objetivos principales del viaje es fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos. Otro asunto que se pondrá sobre la mesa es la situación en Venezuela. Al respecto habló el presidente Trump, refiriéndose al futuro de la líder opositora María Corina Machado.“Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, dijo.Luego de su reunión en la Casa Blanca, Petro aprovechará su visita para asistir a compromisos multilaterales. El miércoles 4 de febrero, a las 3:00 p. m., participará en una sesión en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Salón de las Américas, donde está prevista una recepción protocolar en su honor.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Pese a la ofensiva de las autoridades contra el crimen trasnacional, Medellín sigue siendo refugio de algunos de sus protagonistas, por lo que en las últimas horas Interpol, la Policía Nacional y la Fiscalía asestaron un golpe en la capital antioqueña.Se trata de la captura de Roberto Nastasi, ciudadano de nacionalidad italiana en el vecino municipio de Bello, que se suma a la del panameño Jean Carlo Valderrama, alias ‘Balín’, ambos con circular roja de Interpol.Nastasi tenía orden de captura en Italia y pertenecería a una peligrosa estructura de la mafia. Se había escondido en Guayaquil, Ecuador, donde posaba de empresario del sector de vehículos, pero tenía pareja sentimental (y una hija) en Medellín, desde hace 8 años, por lo cual visitaba la ciudad por periodos entre tres y cuatro meses.Tras ubicarlo, las autoridades locales establecieron contacto con las italianas, con el fin de coordinar el operativo que terminó con su captura. Este individuo es señalado como el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia y era requerido por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes."Es integrante de un grupo denominado Rizos, una estructura criminal de la mafia italiana, de las más fuertes para Europa. Esta persona ya había sido capturado y había pagado una condena en el año 2011. Después de allí sale de Italia, comisionado por los capos de esta mafia italiana, para ubicarse como coordinador del envío de tráfico de estupefacientes para Sudamérica hacia Europa", declaró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.Según reveló el alcalde Federico Gutiérrez, en la capital antioqueña el hombre recibía protección de estructuras criminales locales. "Esta persona fue capturada en el área metropolitana, en el municipio de Bello, pero por supuesto él se movía dentro de Medellín. Tenía protección de estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana, que tenía ya orden de captura en Italia desde hace algunos años y pertenecería a una mafia muy peligrosa en Italia", detalló.Con estos dos casos, ya van 52 capos internacionales capturados en los últimos dos años en el Valle de Aburrá.Según destacó la Alcaldía, Medellín dispone de 19 bases de datos internacionales que respaldan labores de investigación, inteligencia y judicialización, lo que ha permitido un crecimiento sostenido en resultados: 3 capturas por notificación roja en 2021, 5 en 2022, 5 en 2023, 11 en 2024, 35 en 2025 y 6 en lo corrido de 2026.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
El talento no siempre se traduce en resultados. En muchos casos, habilidades valiosas pasan desapercibidas o se desperdician por falta de disciplina, constancia o reconocimiento propio, una situación frecuente en contextos donde el incumplimiento termina neutralizando incluso a las personas más capaces.Xavier Pirla, escritor y master trainer en programación neurolingüística, explicó que una de las principales razones es que las habilidades naturales tienden a normalizarse. Aquello que una persona hace con facilidad suele percibirse como común, lo que lleva a restarle valor y a asumir que cualquiera podría hacerlo igual.Esa percepción se refuerza desde la infancia. Cuando el entorno familiar no reconoce una habilidad —o la juzga irrelevante frente a modelos tradicionales de éxito—, muchas personas aprenden a esconder aquello que las diferencia.Con el tiempo, esa desconexión genera rechazo hacia el propio talento y decisiones profesionales que responden más a expectativas externas que a capacidades reales.Reconocer sus propias habilidadesLa dificultad para cobrar por el propio trabajo aparece como una consecuencia directa de ese proceso. Si una habilidad se considera “normal”, asignarle un valor económico resulta incómodo.Para Pirla, el problema no está en el precio sino en no dimensionar el beneficio que esa capacidad genera en otros. El valor no se define por el esfuerzo interno, sino por el impacto externo.La comparación cumple un papel clave en esa comprensión. Contrastar el desempeño propio con el de otras personas que hacen lo mismo permite establecer niveles de dominio y referencia. Sin contraste, el valor se diluye; con contraste, se vuelve evidente.El reconocimiento vs. el síndrome del impostorEl experto señaló que, detrás de la falta de reconocimiento personal, aparece con frecuencia el llamado síndrome del impostor, que altera la forma en que las personas se perciben a sí mismas y, por ende, minimizan sus talentos.El síndrome del impostor aparece cuando una persona minimiza sus capacidades y atribuye sus logros a la suerte o a factores externos. Según explicó Pirla, este fenómeno se refuerza porque las personas tienden a idealizar a los demás y a juzgarse con mayor dureza a sí mismas. Mientras los errores propios se magnifican, las habilidades ajenas se perciben como completas y sin fallas.Esta comparación desequilibrada, explicó, impide reconocer el valor real del propio trabajo. Al no verse con la misma objetividad con la que se evalúa a otros, el talento se percibe como insuficiente, lo que alimenta la inseguridad, frena decisiones profesionales y refuerza la idea de no estar a la altura, incluso cuando existen resultados concretos que demuestran lo contrario.Escuche la entrevista completa aquí:
El encuentro anunciado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega después de un año marcado por choques diplomáticos, señalamientos directos y decisiones que pusieron al límite la relación entre ambos países. Desde comienzos de 2025, los gobiernos han atravesado al menos siete crisis que explican la tensión con la que se espera el cara a cara en la Casa Blanca.La primera estalló en la madrugada de enero de 2025. A las 3:41 a. m., Petro trinó desautorizando la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes deportados. Según explicó después, reaccionó tras ver un video en el que los colombianos aparecían esposados. La respuesta de Trump fue inmediata: desde Truth Social anunció el cierre de la oficina de visas en Colombia, un arancel del 25 % a las exportaciones colombianas, la revocatoria de visas a altos funcionarios y la revisión de ayudas al país.Tras contactos liderados por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, Daniel García Peña y Laura Sarabia, Colombia dio marcha atrás, aceptó recibir a los migrantes y anunció el envío de aeronaves de la Fuerza Aérea para recogerlos.Meses después, en julio de 2025, Petro volvió a sacudir la relación al acusar a funcionarios del Gobierno de EE. UU. de hacer parte de un plan para sacarlo del poder, supuestamente liderado por su excanciller Álvaro Leyva. El señalamiento incluyó reuniones con congresistas republicanos. En respuesta, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia. Días después, ambos gobiernos retiraron a sus funcionarios.La tercera crisis se produjo el 27 de septiembre de 2025, cuando Petro, desde Nueva York y en el marco de su defensa de Gaza, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump. El Departamento de Estado reaccionó con dureza y anunció la revocación de la visa del mandatario colombiano y de varios altos funcionarios de su Gobierno.El choque volvió a escalar el 20 de octubre, cuando Trump aseguró públicamente que Petro era un “líder del narcotráfico” y sugirió cortar pagos y ayudas a Colombia. Petro respondió cuestionando bombardeos de EE. UU. en el Caribe y denunciando violaciones a la soberanía nacional. La Cancillería calificó las declaraciones como ofensivas y el embajador Daniel García Peña fue llamado a consultas.Pocos días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su hijo Nicolás Petro, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista OFAC. El argumento fue el aumento de la producción de cocaína durante su gobierno. Petro rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.La tensión no cedió. En noviembre de 2025 se conoció un fotomontaje tomado en el Despacho Oval que mostraba a Petro y a Nicolás Maduro con overoles naranjas de presos en EE. UU. Colombia presentó una nota de protesta y el presidente calificó el hecho como un irrespeto al país.La crisis más delicada llegó el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Petro reaccionó con trinos, comunicados y la convocatoria de consejos de seguridad; pidió reuniones urgentes de la OEA y la ONU y ordenó medidas preventivas en la frontera. Trump respondió sugiriendo una posible operación en Colombia y volvió a lanzar ataques personales contra el mandatario colombiano.Tras días de tensión, el 7 de enero se concretó una llamada entre Petro y Trump, facilitada por el senador republicano Rand Paul. Después del contacto, el tono del presidente colombiano cambió y Trump extendió una invitación formal a la Casa Blanca. La reunión quedó programada para el 3 de febrero.
El presidente Gustavo Petro ordenó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado narcotraficante y líder de la estructura criminal “La Inmaculada”.Esta orden la dio el mandatario de manera directa al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde justificó la medida por los intentos del criminal de corromper funcionarios públicos con recursos del Estado.“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió Petro.La orden presidencial se produce luego de que el Ministerio de Justicia confirmara esta semana la negativa al recurso de reposición presentado por la defensa de Marín Silva, con el que se buscaba frenar su envío a Estados Unidos. Con esta decisión, queda en firme el proceso de extradición solicitado por una Corte Distrital del estado de Texas.Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína.Los cargos hacen parte de una acusación formal presentada en septiembre de 2024, en la que se señala que “Pipe Tuluá” habría tenido un papel clave en el envío de grandes cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.Aunque el traslado del jefe criminal ya había sido anunciado desde diciembre del año pasado, su defensa interpuso un recurso de reposición argumentando que la decisión carecía de motivación suficiente y que desconocía los procesos penales que Marín Silva enfrenta actualmente en Colombia.Sin embargo, el Ministerio de Justicia concluyó que estos argumentos no eran suficientes para detener la extradición y ratificó la validez del requerimiento internacional.Actualmente, “Pipe Tuluá” cumple una condena de 30 años de prisión en Colombia por su responsabilidad en al menos 46 homicidios. En este momento se encuentra recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, tras haber permanecido un periodo en la cárcel La Picota.
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero Luis Gustavo Moreno, radicó la denuncia ante los entes de control competentes, señalando la importancia de garantizar la transparencia en el ejercicio del poder local y el respeto a las normas sobre participación política de los funcionarios públicos.Como contexto, la misma organización ciudadana ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República contra la alcaldesa de Turbaco (Bolívar), Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL).Según la información conocida públicamente, la mandataria habría enviado un audio a los ediles del municipio en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la veeduría, esta afirmación podría evidenciar una posible desviación de poder y un uso indebido de sus facultades, al dar un carácter de beneficio económico a una decisión administrativa.Estos hechos reafirman la importancia del control ciudadano como herramienta esencial para fortalecer la democracia, promover la rendición de cuentas y evitar que el poder público se utilice con fines personales o políticos.
La tragedia aérea ocurrida en el Catatumbo, tras el accidente de un avión Beechcraft 1900 de la empresa Searca, alquilado a Satena, dejó una profunda huella en el país. La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, se accidentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, causando la muerte de las 15 personas que iban a bordo. No hubo sobrevivientes.Uno de los primeros en llegar al lugar fue Sael Páez, Vocal de la Cruz Roja Colombiana en Ocaña, quien relató en El Radar las complejas condiciones en las que se desarrollaron las labores de búsqueda y rescate. “Estamos consternados con esta triste noticia que enluta al municipio de Ocaña y a toda la región del Catatumbo con este siniestro”, afirmó.Páez explicó que durante varias horas no se conoció con certeza el paradero de la aeronave. “Se hablaba de secuestro, de un posible aterrizaje de emergencia en Ábrego o en zona rural de Acarí, y eso complicó la salida de los grupos de emergencia”, señaló. Solo hacia las 4:00 de la tarde se autorizó el desplazamiento hacia La Playa de Belén, donde finalmente fue hallado el avión.Una zona de difícil accesoEl sitio del accidente se ubicó en la vereda Curasica, en un terreno montañoso y de acceso limitado. “Los vehículos llegan hasta cierto punto y luego tuvimos que caminar cerca de una hora, hora y media para poder llegar”, relató Páez, quien describió el panorama como “bastante desalentador”.Al llegar, los organismos de socorro encontraron la aeronave severamente afectada por el impacto. Páez aseguró que fue necesario organizar el lugar, ya que algunas personas estaban retirando objetos del avión. “Empezamos a buscar cada uno de los cuerpos; en ocasiones nos tocó buscar partes porque algunos se desmembraron por el impacto”, explicó.Cierre de las labores y entrega de las cajas negrasLas labores concluyeron cerca de las 10:00 de la noche, luego de recuperar todos los cuerpos y descender por el terreno, que provocó incluso caídas entre voluntarios. Páez confirmó que las cajas negras fueron rescatadas y entregadas a la Aeronáutica Civil para la investigación. “Esperábamos encontrar personas con vida, pero lamentablemente no fue así”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.
La Procuraduría General de la Nación tiene la lupa encima en una millonaria para este sistema biométrico en la Fiscalía y alertó sobre riesgos que podrían vulnerar principios esenciales de la contratación estatal como la legalidad, transparencia, igualdad, planeación y libre concurrencia.El proceso busca la adquisición, instalación y mantenimiento de una herramienta tecnológica para la verificación de identidad mediante impresiones dactilares, palmares y reconocimiento facial.Sin embargo, la Procuraduría señaló que la Fiscalía habría excedido sus competencias al modificar etapas ya cerradas del proceso. Incluso, en su oficio el Ministerio Público pone a consideración del ente acusador la revocación de dicha licitación.“Teniendo en cuenta las circunstancias advertidas en la presente vigilancia preventiva, esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a analizar en detalle las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado, así como la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura con el fin de efectuar los ajustes a que haya lugar, especialmente considerando que de la información suministrada por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”, se lee en el documento.La Procuraduría también cuestionó la falta de publicidad y soporte técnico en varios puntos del proceso, entre ellos, los indicadores financieros utilizados para evaluar a los oferentes y los requerimientos técnicos del sistema, que, según el análisis, no tendrían justificación suficiente.Incluso, se habla de que el requerimiento de 4,2 millones de conexiones simultáneas en el componente de firewall sería desproporcionado frente a la proyección real de uso, restringiendo potencialmente la participación de oferentes.
El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y, en un trino escrito desde Medio Oriente, aseguró que crecieron un 3 %. El mandatario señaló que estos datos no habían sido revelados aún porque se busca evitar “que se repita el error de 2023”, que, según él, consistió en incluir las respectivas productividades por zonas y no diferenciar entre lo que muestran los mapas: las zonas de enclave de la cocaína y aquellas abandonadas desde hace más de tres años.Este ha sido un argumento reiterativo del mandatario, quien considera que los resultados del informe anterior impulsaron la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. La cifra de 262.000 hectáreas de coca para 2024 se conoce en medio de la crisis diplomática con ese país y la inclusión del jefe de Estado y sus cercanos en la lista Clinton por los pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico.Cabe mencionar que en 2023 hubo una escalada en la producción potencial de cocaína, con un crecimiento anual del 53 %. Con la cifra de 262.000 hectáreas, el presidente Petro reconoció que los cultivos aumentaron frente al último registro (253.000 hectáreas en 2023), aunque a un ritmo menos acelerado que ese año, cuando la variación frente a 2022 fue del 10 %.El mandatario concluyó su mensaje en X diciendo: “El mundo sabrá que, de las 262.000 hectáreas que aparecerán como zonas de cultivo de hoja de coca, 80.000 están abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 están en proceso de transición de cultivos ilícitos a lícitos. Las zonas de enclave se mantienen por el aumento del consumo de cocaína en Europa, las ciudades del Cono Sur y Australia. En cambio, las zonas de la selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína en Estados Unidos alcanzó su máximo y no crecerá más debido al aumento del consumo de fentanilo”.
Todo comenzó con una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).La defensa de Sarabia, encabezada por la abogada Lina Sandoval, anunció una respuesta legal. “Vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente. Quiero contarle que la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior. Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explicó.“No se trata entonces de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó Sandoval.La abogada argumentó además que las reuniones de la junta se realizan de forma virtual, por lo que la embajadora no ha incurrido en ningún gasto para asistir a ellas. Cabe mencionar que la denuncia de Briceño solicita a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.
El reciente pronunciamiento del Consejo de Estado generó una nueva tensión entre el Gobierno y la justicia. La alta corte determinó que el presidente Gustavo Petro hizo un uso inadecuado de las alocuciones presidenciales al convertir estos espacios, destinados a informar sobre asuntos de interés nacional, en escenarios de opinión política. El mandatario respondió calificando la decisión como un acto de censura y una limitación a su libertad de expresión.Ante estas afirmaciones, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, salió al paso de las críticas. En declaraciones a los medios, afirmó que la decisión judicial no tiene un carácter restrictivo ni busca silenciar al jefe de Estado. “Creo que las garantías ciudadanas las tiene el primer mandatario y, por supuesto, todos los ciudadanos”, señaló, enfatizando que el fallo busca equilibrar el acceso a la información y evitar el monopolio del discurso oficial en los medios públicos.El Consejo de Estado recordó que las alocuciones deben tener un carácter excepcional y justificado, dirigidas a comunicar temas de interés nacional y no a promover posturas políticas o confrontaciones con otros poderes. La sentencia también ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establecer reglas claras sobre el uso de estos espacios antes de finalizar el año.Con esta decisión, el alto tribunal marcó un precedente en la regulación del uso de los medios oficiales por parte del Ejecutivo. Aunque el presidente Petro mantiene su desacuerdo y advierte que el fallo afecta su capacidad de comunicarse con la ciudadanía, la Corte insiste en que su objetivo es garantizar un debate público equilibrado y plural, en el que el acceso a la información no dependa de la voz exclusiva del Gobierno. La controversia, sin embargo, deja claro que la tensión entre el poder político y la justicia seguirá siendo un tema central en el escenario colombiano.
Tania Peñaranda, quien se venía desempeñando en el área administrativa de la compañía, fue designada por el Gobierno como agente interventora encargada, después de la renuncia el fin de semana pasado de Nelson Javier Vásquez.Desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó el nombramiento y le deseó suerte a la funcionaria en su gestión.“Le deseamos, obviamente, el mejor éxito en esta labor que es difícil; espero conversar con ella en los próximos días. Nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo caribeño es de seguir prestando el servicio público”, dijo el funcionario, quien minutos antes firmó la resolución que redujo 500 pesos en el costo del galón de gasolina corriente.La elección de Peñaranda coincide con el pedido que desde el sindicato de trabajadores de Air-E intervenida (Sintraelecol) hizo su presidente, Eduardo Remolino, sobre elegir en el cargo de agente interventor a un empleado de la empresa y no a alguien de afuera que desconozca las problemáticas.Junto a Remolino, más de 80 trabajadores realizaron una jornada de protesta en la entrada de las oficinas administrativas de Air-e, ubicadas en el norte de Barranquilla.Hay que recordar que ya han pasado cuatro agentes interventores, incluido el actual ministro de Energía, Edwin Palma, desde que el Gobierno asumió las riendas de la empresa que lleva energía a más de 5 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas anunció que se proporcionarán patios contenedores en el puerto de Buenaventura como medida para mitigar los problemas del sector transportador. La próxima semana la Supertransporte realizará visitas a las navieras para revisar la recolección de contenedores.“Instalamos el PMU y tanto el MinTransporte como la Supertransporte están articulados en Buenaventura. Hoy se avanzó en compromisos de patios de contenedores para el fin de semana pero la próxima semana debemos avanzar en medidas estructurales. También estamos concertando acciones con la Dian y la Dimar”, indicó la jefa de cartera a través de su cuenta de X.Estas medidas se dan en el marco de los problemas que enfrenta la operación logística en el puerto de Buenaventura, pues según advertencias de los gremios del transporte de carga, la devolución de los contenedores fallas en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) y cierres viales simultáneos tienen en jaque la operación del sector de transporte de carga.“Buenaventura se ha convertido en un hub de residuos de contenedores vacíos. Las navieras no los retiran porque los costos de mantenerlos aquí son muy bajos”, aseguró Cuervo.Se espera que en la reunión se tomen más decisiones con el fin de solucionar las problemáticas que enfrenta el gremio transportador en términos de tiempos, seguridad y garantías.
Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.