Este 7 de febrero Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias ‘Ñoño’, señalado como uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Buenaventura, llegó a Colombia extraditado desde Chile. El hombre fue recibido por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y entregado a las autoridades judiciales para que responda por múltiples delitos.Alias ‘Ñoño’ era requerido por la justicia colombiana, entre otros cargos, por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de apenas cuatro años de edad, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los casos más graves registrados en el puerto sobre el Pacífico.Además, Flórez Moreno enfrenta procesos pendientes por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.De acuerdo con las investigaciones, Flórez Moreno fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, una de las organizaciones ilegales con mayor influencia en Buenaventura.Su rol dentro de esta banda lo llevó a integrar el cartel de los más buscados en esa ciudad, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera su captura.Tras huir del país, las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron por más de un año. En ese periodo, las autoridades lograron establecer que alias ‘Ñoño’ se encontraba residiendo en el sur del continente, lo que derivó en la emisión de una circular roja de Interpol. Debido a su peligrosidad y al prontuario criminal que registraba en Colombia, también era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina.La captura y posterior extradición fueron posibles gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, un trabajo articulado que permitió ubicarlo, detenerlo y concretar su entrega a Colombia.Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en los procesos penales que tiene en su contra y responder por los crímenes que se le imputan.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que este caso “hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, y subrayó que fue posible gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas.
Para muchas parejas, comprar vivienda estando casado suele generar más dudas que certezas, especialmente cuando los ahorros provienen del esfuerzo individual de cada uno. Sin embargo, en Colombia, una práctica que durante años se consideró inofensiva puede terminar costando muy caro.Resulta que ocultar el estado civil al momento de adquirir un inmueble puede dejar a una persona literalmente en la calle. La ley es clara y las consecuencias pueden ser más drásticas de lo que muchos imaginan, al punto de dejar a algunos sin un solo peso.Ocultar el matrimonio lo dejaría en la calleAl firmar una escritura pública de compraventa, el comprador está obligado a declarar su estado civil real. Decir que es soltero cuando existe un matrimonio vigente no es un simple error: es una irregularidad que afecta directamente a la sociedad conyugal. Esta sociedad nace de manera automática con el matrimonio y agrupa todos los bienes adquiridos de forma onerosa durante la unión, sin importar quién haya aportado el dinero.Desde el punto de vista notarial y jurídico, registrar una propiedad ocultando al cónyuge constituye un ocultamiento de bienes. Esta situación suele salir a la luz en momentos críticos, como un divorcio o una separación definitiva, cuando se revisa con lupa el patrimonio que la pareja construyó a lo largo de los años.Qué pasaría si se demuestra ocultamiento de bienesLas consecuencias pueden ser bastante graves. Si el cónyuge afectado demuestra ante un juez que existió un ocultamiento deliberado, la sanción puede ser severa al momento de liquidar la sociedad conyugal. La ley contempla castigos que buscan desestimular este tipo de maniobras.Entre las posibles sanciones están:La pérdida de la cuota que le correspondería al infractor sobre ese bien.La obligación de restituir el doble del valor del inmueble, en casos donde se pruebe el dolo.Procesos adicionales por falsedad en documento público.En términos prácticos, quien intentó quedarse con el 100 % de la propiedad podría terminar sin derecho alguno sobre ella.Cómo proteger el patrimonio personalPor fortuna, el ordenamiento colombiano ofrece mecanismos legales para proteger los ahorros sin tener que mentir ni exponerse a sanciones.Las principales opciones son:Capitulaciones matrimoniales: permiten definir, antes del matrimonio, qué bienes no harán parte de la sociedad conyugal.Subrogación real: si la vivienda se compra con recursos provenientes de un bien adquirido antes de casarse, esto debe quedar expresamente consignado en la escritura.Asesoría legal previa: consultar antes de comprar evita errores costosos.Mentir en una escritura pública no solo pone en riesgo la vivienda, sino todo el patrimonio construido.
La promesa de hacer los trámites del Estado desde el celular vuelve a estar en el centro de la mesa y ha generado un debate sobre la posibilidad de lograrlo. Ante eso, el candidato al Senado por la Alianza Verde, Augusto Moreno, plantea una reforma profunda para que el Estado colombiano pueda operar con un sistema moderno y no como un enredo burocrático.Su propuesta parte de una idea que conecta con millones de ciudadanos: el problema no es la falta de talento, sino un modelo que no se adapta a la realidad digital del país. Desde allí, Moreno busca representar a emprendedores, freelancers, trabajadores digitales y jóvenes profesionales que hoy viven de internet, pero que día a día chocan con trámites lentos que parecen no terminar.Un Estado para la gente: así funcionaría la propuestaEl eje más llamativo de la propuesta es la digitalización total de los trámites públicos. Ante eso, Moreno propone que cualquier gestión con el Estado pueda hacerse una sola vez y desde el celular, sin filas ni formularios eternos.Entre los puntos clave de esta idea están:Trámites de una sola vez, sin repetir información.El Estado no vuelve a pedir datos que ya tiene.Acceso digital simple, pensado para el ciudadano.Transparencia total sobre el uso de los recursos públicos.La intención es que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta cotidiana para resolver necesidades básicas.Educación útil para los colombianosLa propuesta del candidato al Senado no se queda solo en el ámbito digital. Moreno también propone actualizar las reglas económicas para que reflejen cómo se trabaja hoy. El enfoque está en la economía digital, el trabajo remoto y los nuevos modelos de negocio:Reglas claras para emprendimiento e inversión.Libertad para plataformas digitales y trabajo remoto.Marco regulatorio moderno para cripto y nuevas tecnologías.En educación, el énfasis es validar las competencias más allá de los títulos, reconocer la formación en línea y apoyar a jóvenes, programadores, gamers y creadores de contenido.Campaña de código abierto y perfil del candidatoLa campaña de Moreno opera bajo un modelo de “código abierto”. Desde su plataforma web, cualquier ciudadano puede conocer las propuestas, hacer aportes y seguir el proceso político. El candidato, ingeniero industrial con formación internacional y experiencia en proyectos tecnológicos y sociales, insiste en que la política debe construirse con datos, evidencia y participación real.“No soy político. Soy ingeniero y emprendedor. Vengo a arreglar una máquina que claramente no está funcionando”, resume Moreno, quien busca llevar al Congreso una visión técnica, independiente y centrada en el ciudadano.
En la madrugada de este sábado fueron recuperados otros dos cuerpos de los seis mineros fallecidos en la explosión en la mina Mata Siete, ubicada en Guachetá, Cundinamarca. Las autoridades confirmaron la identidad de Arnold Arias, un hombre de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años. Con este nuevo reporte, ya son cuatro los cuerpos encontrados en la mina.De acuerdo con la información entregada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, durante la noche y la madrugada ingresaron varias cuadrillas de socorristas a la mina. A las 11:10 de la noche entró el primer equipo de rescate; hacia las 2:10 de la mañana se logró recuperar el cuerpo sin vida del tercer minero y, posteriormente, a las 4:20 de la mañana, ingresó una segunda cuadrilla para continuar con las labores. Más tarde, a las 7:00 de la mañana, una tercera cuadrilla entró a apoyar la operación y, a las 7:22, se confirmó la recuperación de otro de los cuerpos.Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó a través de su cuenta en X que los dos mineros que aún faltan por recuperar de la mina fueron ubicados visualmente en su interior por los equipos de socorro. Se estima que los cuerpos de los trabajadores, que se encontraban en turno al momento de la explosión, estaban a más de 170 m bajo tierra.El alcalde de Guachetá, Pablo Caquizán, confirmó en entrevista con Blu Radio que el operativo ha sido especialmente complejo por la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que representa un alto riesgo para los rescatistas. Por esta razón, el ingreso se ha tenido que hacer de manera progresiva y controlada, avanzando en tramos de aproximadamente 15 metros.Según indicó el alcalde, junto con técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han instalado ductos de ventilación para extraer los gases acumulados y permitir que los equipos puedan seguir avanzando de forma segura dentro de la mina, puesto que la explosión fue provocada por la acumulación de gas metano en el interior del socavón.Además, este punto ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, ya que la mina tenía procesos sancionatorios abiertos por falta de permisos.
Con el pasar de los días se agrava la emergencia por las fuertes lluvias en los municipios de Urabá afectados desde hace una semana por complejos fenómenos climáticos que han arrasado viviendas, puentes, vías y cultivos.En la zona permanecen diferentes dependencias de la administración departamental, encabezadas por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien indicó que en los registros han aumentado el número de familias damnificadas a quienes buscan atender vía terrestre, fluvial y aérea con elementos de primera necesidad."El lunes hacíamos un balance de más de 7.000 familias afectadas, hoy ya estamos superando las 9.000. Hemos tenido ayudas que ya están en terreno aquí en la zona de Urabá para más de 5.000 de ellas y se están repartiendo vía terrestre donde se puede", comentó Rendón.El mandatario también destacó que expertos militares analizan las mejores opciones para garantizar la movilidad en los dos puentes que resultaron afectados por crecientes de ríos: el que comunica a San Juan de Urabá y el que está entre los municipios de Necoclí y Arboletes."Están mirando si es posible hacer un terraplén de más o menos que podría ser una solución más rápida que la ubicación misma del puente militar y esas dos alternativas también las están valorando para el puente que comunica a Necoclí con esta localidad sobre el río Mulatos", explicó.En la zona sigue la entrega de más de mil kits de ayuda de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que fueron trasladadas desde Medellín en tres aeronaves tipo UH-60 de la Fuerza Aérea y que representan un total de 12 toneladas en víveres y alimentos.En la subregión permanecen en alerta máxima todos los organismos de gestión del riesgo ante la continuidad de las lluvias por un nuevo frente frío que pronostica el Ideam en el Caribe colombiano.
Un fuerte aguacero de más de doce horas, y el desbordamiento de tres quebradas, tienen en alerta máxima al municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, en donde más del 90% de la cabecera municipal está literalmente en medio del agua. Además, se reportan inundaciones en ocho corregimientos y por lo menos 25 veredas.En videos, que fueron difundidos por la comunidad y las mismas autoridades locales, se ve la magnitud de esta emergencia. Las inundaciones causaron daños en viviendas, cultivos, vías, colegios y hasta en la sede de la Ese Hospital Local del municipio, en donde solo pudieron resguardar algunos equipos médicos y enseres.El alcalde de Montecristo, Luis Carlos Baldovino, indicó que se inició la gestión para la entrega de las primeras ayudas a las familias afectadas, al tiempo que se hace seguimiento a la emergencia considerada de una de las más fuertes de los años en este municipio.“Hemos gestionada unas ayudas inmediatas para entrar a las comunidades, y abastecerlas y llevarles algo de auxilio, porque sé que nos encontramos en una situación bastante preocupante, porque sigue la aumentando el nivel de agua de nuestras quebradas”, indicó el mandatario.La directora de Gestión del Riesgo Municipal, Liceth Hoyos, señaló que se estiman más de mil familias afectadas, aunque el ceso de damnificados apenas empieza.“En lo transcurrido de la última semana se han presentado dos eventos, el primer evento se presentó en el corregimiento de Regencia que dejó más de 500 familias afectadas, y con gran preocupación nos encontramos hoy recibiendo este día con un evento nunca antes visto, que ha afectada a más de mil familias”.Y mientras intentan proteger lo que no fue arrasado por el agua, la comunidad clama por ayudas.“Nosotros lo montecristianos siempre sufrimos con estos casos de las olas invernales, y el gobierno nunca nos retribuye nada de las pérdidas; pónganse la mano en el corazón, todas las pérdidas que tenemos con nuestros cultivos, nuestros animales y nuestros enseres”, aseguró Juan Palomino, un campesino de la zona.Gobernación de Bolívar instala PMUA través de su cuenta de X, el gobernador Yamil Arana, anunció que se instaló un Puesto de Mando Unificado para atender emergencia por inundaciones en Montecristo, que se agudizó en las últimas horas con nuevas lluvias.“La lluvia de la noche de este jueves en Montecristo no ha parado, así que desde ya comenzamos a actuar. En este PMU estamos todos los que podemos tomar decisiones rápidas y efectivas. Montecristo no está solo”, señaló el gobernador.En este PMU, que participan organismos de socorro y Fuerza Pública, señala la Gobernación de Bolívar, se adelanta el monitoreo permanente de las lluvias, los niveles del río, la caracterización de las familias damnificadas y la articulación de ayudas humanitarias y acciones de respuesta inmediata.
La suspensión temporal del decreto 044 por parte de la Corte Constitucional fue recibida con alivio por el gremio de las empresas generadoras de energía. Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el fallo confirma que las soluciones a la crisis del sector eléctrico deben venir de decisiones estructurales y no de nuevas cargas a las compañías.En entrevista con Blu Radio, Castañeda señaló que la decisión de la Corte fue coherente. Según el dirigente gremial, la norma pretendía imponer contribuciones adicionales a las empresas generadoras, que debían ser liquidadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, pero advirtió que esa medida no resolvía el problema de fondo.“La suspensión del decreto 044 hace sentido frente a la decisión que la Corte había tomado días antes de suspender los efectos del decreto que declaró la emergencia económica”, dijo.El presidente de Andeg insistió en que la situación crítica de la empresa Air-e sigue sin resolverse. Recordó que la compañía, intervenida por el Gobierno, mantiene deudas cercanas a los 1,7 billones de pesos con el sector eléctrico, de los cuales más de 1,2 billones corresponden a las plantas térmicas.“Es importante que el Gobierno tome medidas, consiga los recursos dentro del presupuesto general de la nación o en las medidas alternativas que ha venido trabajando el ministerio de minas para poder nutrir Air-e de recursos y que nos lleve a buen término”, indicó.Para Castañeda, el camino no es exigir aportes a las mismas empresas a las que se les debe dinero, sino que el Gobierno tome medidas estructurales y haga estrategias a largo plazo para evitar una crisis en la región Caribe y, posiblemente, en todo el país.“Como nosotros lo dijimos desde que salió el decreto, esto era básicamente un tema expropiatorio y un autopago, es decir, estaban diciendo ‘pague menos impuestos para que le pueda pagar una deuda’, lo cual, pues, no es el deber ser”, criticó.Finalmente, el presidente de Andeg aseguró que la decisión de la Corte envía una señal positiva a los inversionistas nacionales e internacionales, al frenar la creación de contribuciones por decreto. No obstante, advirtió que el desafío ahora es que el Gobierno actúe con rapidez y adopte medidas estructurales que eviten que la crisis del Caribe termine afectando el suministro de energía en todo el país.
El Carnaval de Barranquilla volverá a llenar los aeropuertos del país. Según proyecciones de la Aeronáutica Civil, más de 107.600 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde la capital del Atlántico durante las festividades, lo que confirma el impacto del evento en el turismo y la conectividad aérea nacional e internacional.El mayor movimiento de viajeros se concentrará entre el viernes 6 y el miércoles 18 de febrero, fechas que coinciden con los actos más representativos del Carnaval, desde la tradicional Guacherna hasta el Entierro de Joselito. Las cifras reflejan que muchos asistentes llegarán con anticipación y regresarán de manera gradual una vez finalicen las celebraciones.El día con mayor tráfico aéreo será el viernes 13 de febrero, cuando se realice la Coronación de los Reyes del Carnaval, con más de 12.000 pasajeros proyectados. Le sigue el viernes 6 de febrero, jornada de la Guacherna, en el que se registró un flujo superior a los 11.700 viajeros.Durante eventos como la Batalla de Flores y las Grandes Paradas, la movilización aérea se mantendrá alta y constante, lo que evidencia una demanda sostenida durante varios días. Para la Aeronáutica Civil, estas cifras ratifican la importancia del Carnaval de Barranquilla no solo como expresión cultural, sino también como motor clave del turismo y la economía del país.La entidad aseguró que mantendrá un seguimiento permanente de la operación aérea y la coordinación con aerolíneas, aeropuertos y autoridades locales para garantizar viajes seguros, eficientes y ordenados durante una de las celebraciones más importantes de Colombia.
En un operativo en el barrio Antioquia de Medellín fueron incautados cerca de siete kilos de marihuana. Las autoridades lograron la captura de un hombre en flagranciaLa Policía Metropolitana de Valle de Aburrá realizó un importante operativo en uno de los barrios donde más se evidencia la comercialización ilegal de sustancias psicoactivas. Las autoridades dieron un contundente golpe a esta actividad ilegal que vulnera la tranquilidad de sus habitantes.Los hechos ocurrieron exactamente en el barrio Antioquia, muy cerca del aeropuerto Olaya Herrera, y hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo este procedimiento que dejó como resultado cuantiosas incautaciones y hasta un capturado.En medio del allanamiento que los uniformados realizaron a uno de los inmuebles de la zona, lograron hacer efectivo el decomiso de varios kilos de marihuana, un teléfono celular que pasará por un proceso exhaustivo de información y una considerable suma de dinero en efectivo.“Se realizó una diligencia de registro y allanamiento que permitió la captura en flagrancia de un integrante de esta estructura, así como la incautación de marihuana, elementos para dosificación, un teléfono celular, aproximadamente 35 millones de pesos en efectivo”, así lo detalló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.Además, el reporte entregado por las autoridades reveló que la vivienda en la que se realizó el allanamiento, presuntamente, estaría siendo utilizado como centro de acopio, desde donde se almacenaban y distribuían cantidades importantes de estupefacientes.El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, quedando a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.
El Gobierno evalúa declarar una nueva emergencia económica, social y ambiental para atender las graves afectaciones que deja el frente frío que impacta a Colombia desde el pasado 31 de enero. La recomendación de adoptar esta medida fue hecha por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tras analizar el alcance de las lluvias intensas y persistentes que han generado más de cien emergencias en varias regiones del país.La decisión se estudió durante una extensa sesión liderada por el presidente Gustavo Petro en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que el Gobierno en pleno evaluó el impacto de la temporada de lluvias, las acciones de respuesta y las necesidades de recuperación posdesastre.De acuerdo con el balance oficial, el país registra 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con más de 43.900 familias afectadas. Los territorios más golpeados son Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, siendo Córdoba el departamento con mayor impacto, al concentrar más de 33.000 familias damnificadas.Según explicó la UNGRD, el frente frío ha provocado un comportamiento climático fuera de lo habitual, con lluvias intensas incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña. Esta situación ha derivado en inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos que han afectado infraestructura crítica, servicios esenciales y amplias zonas productivas del país.El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que se trata de un evento sin precedentes y difícil de prever, que ha generado afectaciones en cientos de miles de hectáreas, especialmente en la región Caribe.Carrillo advirtió que, tras la fase de respuesta inmediata, vendrá un proceso de recuperación que podría costarle al país billones de pesos. “En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental”, dijo.El director de la UNGRD también confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 personas fallecidas, dos desaparecidas y una creciente mancha de inundación que solo en Córdoba podría alcanzar las 35.000 hectáreas. Según señaló, las cifras continúan en consolidación y las afectaciones podrían aumentar con el paso de los días.Mientras se define la declaratoria, la UNGRD ha activado una respuesta nacional con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. En total, se han realizado 21 operaciones de asistencia humanitaria, se han movilizado 30 toneladas de ayuda en 20 vuelos y se ha atendido a más de 27.000 familias damnificadas.Este sábado, 7 de febrero, se realizará un Consejo Ampliado de Manejo, Reducción y Conocimiento del Riesgo, con el fin de entregar los insumos técnicos necesarios para que el Consejo de Ministros discuta el próximo lunes la posible declaratoria de emergencia.
Con medidas de seguridad y la opción de contar con Estados Unidos, Colombia sigue en el plan para mejorar la relación con Ecuador luego de la fallida reunión entre las cancilleres de ambos países pues no fue aceptada la propuesta de suspender los aranceles impuestos desde el pasado 1 de febrero pasado.Dicha reunión se adelantó este viernes en Quito, a donde viajaron los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio y de Defensa, Pedro Sánchez. Y aunque hablaron de seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio, no se lograron acuerdos adicionales al de mantener el diálogo.Ante esto, el ministro Sánchez, mencionó una serie de estrategias para mejorar el control de la frontera, pues fue la razón base para que el presidente Daniel Noboa aplicara la sanción económica.“En términos de seguridad y defensa, puedo decir que la reunión fue supremamente franca. También permitió analizar conjuntamente las acciones para neutralizar una amenaza compleja pero también común, que es el narcotráfico”, aseguró Sánchez.Mantener una posición propositiva y de cooperación con Ecuador para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, priorizar Nariño y Putumayo como zonas clave para la erradicación y reducción de cultivos ilícitos y golpear las rutas del tráfico, así como intensificar las operaciones contra los cárteles del narcotráfico hacen parte de esas estrategias.Todo esto, explicó Sánchez, de daría con el apoyo de Estados Unidos que ha sido cercado al gobierno de Noboa y ahora que se solucionaron las tensiones con el presidente Gustavo Petro.“También cómo podemos articular la información por parte de Colombia con Ecuador para ir detrás de los capos que recurren al lavado de activos. También declarar como objetivos militares de alto valor estratégico de manera conjunta entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos de los delincuentes que afectan esta zona fronteriza”, detalló Sánchez.Un plan similar al compromiso adquirido por Petro tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.Colombia también se comprometió a avanzar en la extradición de cabecillas capturados, como alias Pitufo, reforzar la seguridad fronteriza, mediante el despliegue de 11.000 miembros de la Policía y el Ejército, y capacitar a las fuerzas del país vecino.El ministro Sánchez también reportó un incremento del 47 % en incautaciones en 2025, golpes importantes a carteles del narcotráfico y operaciones clave como la denominada “Cordillera” en Nariño.“También de la mano de Estados Unidos y con Ecuador adelantamos una prueba piloto para un centro de función de inteligencia que permita conocer la amenaza independientemente de en qué lugar se encuentre para atacar con total contundencia”, amplió el ministro Sánchez.
En medio de la creciente tensión dentro del progresismo, Roy Barreras respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida. El precandidato presidencial no solo rechazó los señalamientos, sino que reveló un episodio privado que, según él, explica el trasfondo de la ruptura.Según el exsenador, Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, colectividad que lidera. "Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.Aunque evitó responder con insultos directos, dejó claro que considera que las críticas de Romero obedecen a esa negativa."Probablemente quedó un poco lastimado porque no pude ofrecerle ser la cabeza de lista de mi partido, pero tiene derecho a buscar otro espacio", agregó Roy.El choque se da en un contexto de fragmentación en la centroizquierda, tras la decisión de varios sectores de no participar en la consulta del 8 de marzo y optar por llegar directamente a la primera vuelta presidencial, como Juan Fernando Cristo. Para Barreras, esa postura sí debilita al progresismo. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. El 9 de marzo, a las 7:00 de la mañana, estaremos reunidos para garantizar llegar unidos a la primera vuelta”, aseguró.Sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de no votar en la consulta, Barreras negó que eso signifique un retiro de respaldo. “Yo no fui a visitarlo para que votara por mí. Él ha dicho que deja que los ciudadanos decidan”, afirmó, insistiendo en que el liderazgo del progresismo debe definirse en las urnas y no en acuerdos cerrados entre dirigentes.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Ese viernes el presidente Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la grave crisis generada por las lluvias. El mandatario no descartó extenderla a todo el país y pide a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica.El jefe de Estado confirmó que las emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas y 35.000 hectáreas inundadas en todo el país, siendo la región Caribe la más afectada.El anuncio se produjo tras más de tres horas de Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se evaluó el impacto de las precipitaciones en distintas regiones. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que en este caso sí existe un “hecho sobreviniente”, en referencia a la discusión jurídica que rodeó el anterior decreto de emergencia económica, suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional mientras se estudia de fondo.La diferencia, según explicó el propio presidente, radica en que esta nueva declaratoria responde a una situación climática imprevisible y de gran magnitud. El Ideam advirtió además que este fin de semana llegará un segundo frente frío al norte del país, con menor intensidad, pero que incrementará las lluvias en zonas del litoral de Córdoba y Sucre, así como en Magdalena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. También se mantienen alertas por oleaje.En Córdoba y Sucre crece la preocupación por el riesgo de desabastecimiento de alimentos, debido a las miles de hectáreas inundadas y las vías afectadas. Gobernadores y alcaldes han insistido en la urgencia de acelerar la llegada de ayudas, en medio de cuestionamientos por la capacidad operativa de la UNGRD, entidad golpeada recientemente por escándalos de corrupción.
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.El sorteo dejó en firme la ubicación oficial de cada bloque en el documento que recibirán los ciudadanos en sus mesas de votación. Según explicó la Registraduría, las tres consultas aparecerán claramente diferenciadas en un mismo tarjetón, el cual deberá ser solicitado expresamente por el elector si desea participar en alguno de estos procesos interpartidistas.En la parte superior del tarjetón estará la consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, que contará con dos candidatos ubicados en ese primer bloque. Más abajo figurará la Gran Consulta por Colombia, que incluye nueve aspirantes organizados en el orden definido por el sorteo. Finalmente, en la parte inferior aparecerá la consulta del Frente por la Vida, con cinco candidatos habilitados.En el caso del Frente por la Vida, el tarjetón sufrió cambios tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Así, las cinco caras que quedarán impresas son las de Héctor Elías Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Estos nombres ocuparán el último segmento del documento.El proceso también ha estado marcado por movimientos políticos recientes. El retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo generó un fuerte pronunciamiento de Roy Barreras, quien afirmó que estas decisiones fragmentan el progresismo. Posteriormente, el candidato confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro y anunció que hará un pronunciamiento al país en las próximas horas. A esto se sumó la renuncia de Camilo Romero a la consulta.La Registraduría recordó que cada ciudadano recibirá tres tarjetas el día de la votación: una para la consulta interpartidista —si la solicita—, otra para el Senado y una más para la Cámara de Representantes. Es clave marcar únicamente una opción en la consulta escogida para evitar que el voto sea anulado. Con el sorteo ya realizado, el camino queda despejado para la jornada electoral del 8 de marzo.
Este viernes Camilo Romero se bajó de la consulta del Frente por la Vida y se unió a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.El exgobernador de Nariño tomó la decisión minutos antes de que se cerrara oficialmente el plazo para modificaciones en las consultas interpartidistas. Mientras en la Registraduría se realizaba el sorteo de ubicación de los candidatos en el tarjetón, Romero confirmó públicamente que se bajaba de la contienda y, acto seguido, apareció en tarima junto a Iván Cepeda en un evento político en la capital del Magdalena.“Acabo de radicar esta carta que es mi renuncia a la consulta del Frente por la Vida. Es la consecuencia del mensaje que he traído al país: más coherencia, menos codicia (...) La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó.Su decisión se da en medio de una fractura dentro de los sectores alternativos. En el Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Daniel Quintero, Marta Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. La consulta ya había sufrido otros remezones, como la salida del exministro Juan Fernando Cristo, quien cuestionó la falta de unidad y aseguró que la ausencia de ciertos liderazgos debilitaba la opción de construir un bloque progresista sólido.En contraste, Daniel Quintero defendió su permanencia en la consulta y aseguró que, más allá de las diferencias actuales, después del 9 de marzo deberán buscarse mecanismos de unión. La jornada estuvo marcada además por el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó que no votará en la consulta del 8 de marzo y que solo participará en la elección al Congreso.“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.