Luego de que la Contraloría General alertara sobre irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un inicio tardío del servicio en varias regiones del país, el director del programa, Sebastián Rivera, en entrevista con Blu Radio aseguró que el Gobierno Nacional comparte la preocupación por el uso eficiente de los recursos y la disminución en la cobertura.Rivera explicó que el informe del ente de control, que revisa vigencias entre 2022 y 2024 y reporta hallazgos fiscales superiores a los 50.000 millones de pesos, se enmarca en los procesos habituales de auditoría. Sin embargo, enfatizó que la principal alerta del Gobierno no solo está en los presuntos sobrecostos y fallas contractuales, sino en la reducción del número de estudiantes atendidos, a pesar del incremento presupuestal.Según detalló, en 2022 el programa contaba con 3,5 billones de pesos y cubría a más de 5,8 millones de niños, lo que representaba una cobertura del 74 %. Para 2025, el presupuesto ascendió a 6,1 billones de pesos, pero la atención bajó a cerca de 5,6 millones de estudiantes, es decir, 237.000 menos que en el año anterior. Rivera advirtió que aún falta por vincular a más de 1,2 millones de niños para alcanzar la universalidad del programa.El director del PAE señaló que esta reducción se evidencia en varias entidades territoriales. Mencionó, entre otros casos, caídas en la cobertura en Atlántico, Valle del Cauca, Cali, Boyacá, Santander y Cesar, así como en Villavicencio. Frente a este panorama, indicó que el Gobierno ha solicitado explicaciones formales a los entes territoriales, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido satisfactorias.Rivera explicó que, en algunos casos, el aumento de recursos se ha destinado a elevar el valor de las raciones y no a ampliar la cobertura, una decisión que, según afirmó, va en contravía de la meta nacional de garantizar el acceso universal al programa. En ese sentido, anunció que, tras recibir nuevas funciones de inspección y vigilancia por parte de la Presidencia, se reforzarán los controles para verificar que los recursos se orienten prioritariamente a atender a más estudiantes.
En una operación conjunta entre la Armada y la Policía, fue capturado alias ‘Ayapel’ o ‘Niño Mercado’, señalado cabecilla de quinto nivel del Clan del Golfo y presunto coordinador logístico de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, que delinque en el departamento de Bolívar.La operación se llevó a cabo en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Policía, lograron materializar una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento combinó capacidades aeronavales y terrestres para ubicar y detener al señalado cabecilla.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Ayapel’ estaría encargado de coordinar las actividades logísticas de esta subestructura, incluyendo el control ilegal de corredores de movilidad utilizados para el transporte de insumos, recursos y armamento, con el fin de sostener las operaciones criminales del grupo armado organizado en la subregión de los Montes de María.La información de inteligencia indica que el capturado presuntamente articulaba el suministro de recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión, además de servir como enlace para el movimiento de hombres armados y material de guerra. Su accionar se concentraba principalmente en las veredas Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raízal, zonas estratégicas para la movilidad ilegal del grupo.Las autoridades señalaron que este rol logístico era clave para mantener la capacidad operativa y la continuidad de las acciones criminales de la subestructura, por lo que su captura representa un golpe a la estructura financiera y operativa del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.Tras el operativo, alias ‘Ayapel’ fue trasladado al casco urbano de El Carmen de Bolívar, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con su proceso de judicialización.
La aerolínea Latam anunció este lunes que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 23 de febrero, con cuatro frecuencias semanales tras haberlos suspendido en noviembre pasado."Latam Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero con cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo", señaló la compañía en un comunicado, en el que añadió que proyecta incrementar la oferta a un vuelo diario desde el 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de ambos países.La directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, aseguró que la empresa tiene un "interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela" y destacó que el país andino cumple un papel clave en la reactivación económica de su vecino."Como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible", afirmó Zarante.Con la reanudación de esta ruta, los viajeros desde y hacia Caracas podrán conectar, vía Bogotá, con 23 destinos nacionales y más de 140 rutas internacionales operadas por el grupo en América, Europa, África y Oceanía, agregó la compañía.Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias compañías, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe como parte de la operación que el pasado 3 de enero capturó en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero, después de una llamada telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto".La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, avanzó el pasado viernes que, entre febrero y mazo, al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos con Caracas: Plus Ultra, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca y GOL.Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y, a partir del 1 de marzo, también retomará la ruta desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Avianca reiniciará el 12 de febrero su operación diaria entre Bogotá y Caracas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios les solicitó a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo activar de forma inmediata los Planes de Emergencia y Contingencia por la crisis climática que hay en el país.Esta medida preventiva, que también solicitó la entidad a prestadores de energía y gas, espera que las más de 2.400 empresas de servicios públicos garanticen estar preparadas y puedan mitigar las posibles afectaciones en la prestación de estos, asegurando la continuidad y calidad para todos los usuarios en medio de esta temporada de lluvias.Entre las acciones claves que la Superservicios le pidió a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo están asegurar el buen estado del mantenimiento y operación de toda la infraestructura, teniendo en cuenta el estado de las bocatomas, canales, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable y residual, así como de la maquinaria y las vías de acceso a los rellenos. En ese sentido, también deben garantizar la correcta gestión de residuos, para evitar taponamientos de canales en zonas urbanas, que son causados por la acumulación de lodo o la inadecuada disposición de los residuos sólidos.Además, les pidió mantener una comunicación permanente con las autoridades territoriales y monitorear las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para así tomar decisiones de manera oportuna.Es importante destacar que esta medida responde al incremento de las precipitaciones durante el inicio del 2026, las cuales son inesperadas y podrían extenderse durante todo el mes de febrero, afectando especialmente las regiones del Caribe, Andina y Orinoquía, según los reportes del Ideam.
Colombia está comprando cada vez más rápido y la logística aérea se está convirtiendo en la gran aliada del comercio electrónico. Una muestra clara de ese cambio es la alianza entre Mercado Libre y LATAM Cargo, que ya superó los 500.000 paquetes transportados por vía aérea en el país, acortando tiempos de entrega y transformando la experiencia de compra para miles de usuarios.Este trabajo conjunto ha permitido que más del 66 % de los pedidos del marketplace se entreguen en menos de 24 horas, incluso en un territorio con una geografía compleja y largas distancias terrestres. La promesa de recibir compras “en un santiamén” empieza a ser una realidad cotidiana para muchos colombianos.Mercado Libre y LATAM Cargo le meten el 'acelerador' a las entregas en ColombiaDesde 2024, ambas compañías consolidaron una operación aérea que hoy conecta productos de más de 73.000 comercios con ciudades clave como Barranquilla, Cartagena, Cali y Santa Marta. Solo en 2025, se movilizaron más de 350.000 paquetes, un crecimiento del 150 % frente al año anterior.Gabriela Mejía Salazar, subgerente de Ventas de LATAM Cargo Colombia, destacó que “el transporte aéreo es clave para el desarrollo del e-commerce en un país como Colombia, donde la geografía plantea retos que requieren soluciones rápidas y confiables”. Según explicó, la experiencia y cobertura de la aerolínea permiten llevar los productos en menos tiempo y con mayor eficiencia.Compras en menos de 24 horas: así funciona la logística aéreaLa operación conjunta ha cambiado la forma en que se distribuyen los envíos, especialmente hacia regiones apartadas. Hoy, cerca del 35 % de los paquetes con destino a la costa Caribe y al suroccidente del país viajan en aeronaves de LATAM Cargo, complementando la red terrestre de Mercado Libre.Entre los principales beneficios del modelo se destacan:Entregas en menos de 24 horas en ciudades estratégicas.Mayor confiabilidad en rutas de larga distancia.Optimización de tiempos en temporadas de alta demanda.Rafael Peretti, gerente de Mercado Envíos para Colombia, Perú y Ecuador, aseguró que esta solución aérea “permite seguir evolucionando los tiempos de entrega y ofrecer lo mejor del marketplace en 24 horas, literalmente volando”.El impacto del e-commerce en ciudades y comercios localesMás allá de la velocidad, la alianza también impulsa a emprendedores y pequeños negocios que ahora pueden competir con tiempos de entrega más cortos. Además, ambas empresas resaltan su compromiso con la sostenibilidad, mediante la optimización de rutas y la reducción de emisiones.Con esta estrategia, Mercado Libre y LATAM Cargo no solo se llevan el mercado en horas, sino que marcan un nuevo estándar para el comercio electrónico en Colombia, donde comprar rápido ya dejó de ser una promesa y se convirtió en costumbre.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó un clamor al Gobierno Nacional y, más puntualmente, al presidente Gustavo Petro para que se presente en este territorio y respalde los esfuerzos que se hacen para superar esta emergencia por fuertes lluvias que tiene sumido al departamento.El mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que muestra las fuertes imágenes que ha dejado el paso del frente frío por el Caribe; asimismo, mencionó a Petro, diciendo que esta también era su tierra, haciendo referencia a que el jefe de Estado es oriundo de Ciénaga de Oro.Para Zuleta Bechara es importante no solo superar estas emergencias, sino avanzar en un gran programa de reactivación económica.Pues dice que hay miles de familias que lo perdieron todo, especialmente campesinos, que hoy requieren apoyo para volver a sembrar, producir y sostener a sus hogares.“Estamos enfocados en atender a los damnificados y proteger la vida. Con la ayuda de todos los organismos de socorro, la CVS, la fuerza pública y los alcaldes municipales, no vamos a bajar la guardia. Seguimos trabajando sin descanso desde el territorio y desde el PMU departamental las 24 horas del día con toda la capacidad institucional”, manifestó el gobernador.El mandatario adelantó en las últimas horas un recorrido por la capital del departamento, donde inspeccionó las obras de contención del río Sinú que se vienen ejecutando como medida de mitigación ante el aumento de los niveles del afluente y el riesgo de desbordamiento que afecta a distintos sectores en la capital, Montería.Otras emergenciasEn estos momentos está cerrado el paso desde Montería hacia Puerto Rey, población ubicada en los límites entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, debido a los daños que causaron las fuertes lluvias en el puente Jalisco, a la altura del municipio de Las Córdobas.La recomendación de las autoridades es evitar transitar por el sector mientras un equipo técnico especializado evalúa las condiciones de la estructura, debido a que este tramo en específico no tiene rutas alternas.Al mismo tiempo, hasta el sitio llegará el gobernador Erasmo Zuleta, teniendo en cuenta que es el segundo puente que colapsó en menos de una semana, estando el otro ubicado en Canalete.“Es importante que, por favor, nos miren como municipio, que acá la gente los está necesitando, que necesitamos soluciones definitivas e inversión, porque la verdad esto es con inversión. Sí, la Alcaldía de Canalete puede hacer lo que está a su alcance, pero esto ha desbordado todas las capacidades que tiene la administración municipal. Realmente son inversiones cuantiosas y necesitamos su ayuda”, declaró Yeis Lenis Simanca, alcaldesa de Canalete, especificando que hay más de 8.000 familias afectadas.Así las cosas, tanto los municipios de Canalete y Las Córdobas, con sus respectivos corregimientos, están incomunicados y bajo riesgo de más emergencias por inundaciones.
Hasta seis meses podría tardar el departamento de Córdoba para volver a su realidad económica luego de superar este frente frío que ha generado emergencias e inundaciones en todo su territorio, desde la semana anterior.Así fue confirmado por el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, quien dice que las autoridades tendrán que sostener económicamente durante ese tiempo a más de 20.000 familias de zonas rurales y urbanas, por lo que es importante la ayuda que pueda entregar el Gobierno Nacional.“Este tipo de eventos catastróficos en una tierra agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía. ¿Eso qué implica? Estamos viviendo una situación atípica por lo que se está presentando y que rebasó todos los límites y la capacidad que tiene el departamento de Córdoba de levantarse rápidamente”, declaró a Blu Radio.Martínez señala que la falta de productos agrícolas se empieza a sentir en los comercios y que este tipo de fenómenos traen primero una crisis en la que se busca preservar la vida y luego viene otra asociada más a lo económico, social y ambiental.“Claro, tenemos problemas: yuca, ñame, plátanos, carne, porque hemos perdido, o más bien tengo conocimiento de que hay más de 2.500 reses desaparecidas. El ganado ha tenido que ser trasladado porque no tiene cómo alimentarse. Seguramente vamos a ver especulación de precios en carnes, será más costoso y no es culpa del productor”, agregó.Del mismo modo, recuerda que Córdoba no solo abastece agrícolamente a su gente, sino a varios municipios de Colombia, por lo que en el ojo del huracán también están algunas empresas que desde inicio de año ya sufrían con el aumento del salario mínimo en el país.Lo que sí se destaca desde Fenalco es que muchos empresarios están ayudando con donaciones, tanto con bienes necesarios como en efectivo.
El Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses confirmó que la Unidad Básica de Ubaté ya recibió los cuerpos de las seis personas fallecidas, en medio de la explosión en la mina Mata Siete ubicada en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, el pasado jueves 5 de febrero, la cual fue ocasionada presuntamente por acumulación de gases.Aseguraron que luego de los análisis técnicos - científicos establecieron que los seis cuerpos corresponden a hombres mayores de edad, quienes ya fueron identificados como Celso Murcia, de 28 años, Manuel Medina, de 44 años, Arnold Arias, de 29 años, Iván Martínez, de 45 años, William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años, que ya fueron entregados a sus familiares.Recordemos que estos rescates se dieron luego de casi 40 horas de labores, por parte de la delegación de Bomberos de Cundinamarca, debido a la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que según expresaron representaba un alto riesgo para los rescatistas.Por el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes, para determinar las responsabilidades legales de quienes permitieron la operación de esta mina, la cual ya contaba con proceso sancionatorios por falta de permisos.¿Cómo fue el proceso de rescate de los mineros?Durante la mañana del sábado 7 de febrero, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó la terminación de las labores de rescate en la mina, tras la ubicación de las últimas dos personas que se encontraban al interior de esta.Según el sexto informe del cuerpo de Bomberos, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano, pues a las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.
Blu 4.0 presenta una edición centrada en tecnología, innovación y transformación digital, con voces expertas que analizan cómo las plataformas, la inteligencia artificial y la educación están redefiniendo la vida cotidiana, la seguridad y los modelos productivos en Colombia y el mundo.José Daniel López, presidente de Alianza IN, defendió el papel de las plataformas digitales de movilidad y planteó la regulación como el camino para garantizar derechos a usuarios y conductores, frente a propuestas de prohibición.Lina María Cáceres, manager de creadores de contenido y productora, explicó cómo se construyen comunidades digitales sólidas y de qué manera la inteligencia artificial potencia la monetización de marcas personales.Alejandro Adamowisk, directivo de GSMA, analizó el fenómeno del SIM swapping y explicó cómo iniciativas como Open Gateway fortalecen la ciberseguridad y previenen fraudes financieros.Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, expuso un modelo educativo con enfoque internacional, apoyado en tecnología y orientado a resolver retos regionales y nacionales.Kenneth Segura, representante de Honor, presentó el Magic 8 Lite, un dispositivo con récord Guinness por su resistencia, destacando su sistema de protección interna tipo airbag.Juan Pablo Cortés, vocero de Xiaomi, mostró cómo la inteligencia artificial en dispositivos móviles mejora la productividad empresarial mediante automatización y optimización de tareas.Andrés Roballo, experto en seguridad estratégica, analizó el uso de inteligencia artificial en conflictos armados, alertando sobre riesgos, sesgos y decisiones automatizadas en escenarios bélicos.Escuche el programa completo aquí:
Desde algunos sectores políticos están pidiendo la renuncia de Ricardo Roa a Ecopetrol, después de que la Fiscalía anunciara que lo imputará por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022, y por presunto tráfico de influencias; este último delito está relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá."Yo espero que termine en la cárcel, porque realmente han violado las normas electorales y, obviamente, con impacto penal a nivel nacional. Si al señor Roa le queda un milímetro de vergüenza, debería renunciar de manera inmediata", dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal.Desde otros sectores se refirieron tanto a esta decisión como a otra que también tomó hoy la Fiscalía: imputar a Juliana Guerrero, quien iba a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos por parte de la Fundación Universitaria San José."Yo me pregunto, ¿dónde quedó esa promesa de que la diferencia entre este gobierno y los anteriores, frente a los escándalos de corrupción, era que el presidente Petro supuestamente iba a apartar de sus cargos a quienes estuvieron denunciados por casos de corrupción? Parece ser que entre más corruptos, más los atornillan en sus puestos", dijo la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.Por su parte, el candidato al Senado de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo que Roa "no puede seguir en cabeza de Ecopetrol. Debe salir ya. Qué vergüenza. Llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacer lo debido".
Ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue presentada una solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal. El argumento es que las congresistas habrían incurrido, presuntamente, en doble militancia.Lo que dicen los solicitantes es que ellas fueron elegidas como representantes a la Cámara, para el periodo 2022-2026, por el partido Colombia Humana y ahora se inscribieron a la lista a la Cámara avaladas por el Pacto Histórico."Ambas ciudadanas ostentan actualmente la calidad de Representantes a la Cámara por Bogotá por el partido Colombia Humana, colectividad política distinta al Pacto Histórico en cuanto a personería jurídica y régimen de afiliación. En tal condición, su inclusión en una lista electoral de otro partido político vulnera de manera directa lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política, el cual establece que los miembros de corporaciones públicas no podrán pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, ni apoyar candidaturas distintas a las del partido por el cual resultaron elegidos, y en caso de hacerlo, debe haberse efectuado la renuncia al cargo que ostentan dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la inscripción", dice el documento presentado al CNE.Es importante recordar que el CNE revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá y se ordenó reordenarla, un proceso que ese movimiento realizó durante este fin de semana.
Tras los recientes bombardeos contra campamentos del ELN en la zona rural de Tibú y El Tarra, las autoridades revelaron que uno de los equipos tecnológicos más avanzados incautados al grupo criminal fue adquirido en Venezuela, según información de inteligencia militar recopilada en los últimos días.Durante la operación ofensiva, que incluyó un bombardeo, fue decomisado un sistema antidrones portátil Skyfend CUAS Spoofer, diseñado para detectar, interferir y desorientar aeronaves no tripuladas, incluso redirigiéndolas para engañar a sus operadores. El hallazgo fue confirmado por el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares.El aparato, de fabricación china, funciona como una plataforma móvil de guerra electrónica capaz de bloquear la vigilancia aérea de la fuerza pública y proteger campamentos y rutas ilegales. Equipado en formato tipo mochila, el dispositivo se convirtió en uno de los principales hallazgos tecnológicos del arsenal incautado al ELN en territorio nortesantandereano.El Skyfend CUAS es parte de los sistemas antidrones diseñados para detectar, interferir y neutralizar drones hostiles en escenarios de seguridad, defensa y protección de infraestructura crítica. Su módulo spoofer, el equipo incautado, permite manipular señales GPS, con efectos que van desde engañar al dron haciéndole creer que está en otra ubicación, hasta forzarlo a regresar al punto de origen o aterrizar de manera programada.El área en la que se adquirió el sistema antidrones es conocida como una extensa red de veredas, trochas y corredores de movilidad ilegal que comprende zonas rurales de San Calixto, Hacarí, El Tarra y Teorama. Esta región, caracterizada por su difícil acceso montañoso y selvático, ha sido usada tradicionalmente por el ELN como retaguardia, zona de repliegue y corredor de paso hacia Venezuela, lo que facilita la movilización de hombres, armas y economías ilícitas.
Un atentado contra la Subestación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander, dejó como saldo la muerte del subintendente Andrés Felipe de la Hoz, quien fue alcanzado por un disparo de francotirador mientras cumplía con sus funciones. La Policía Nacional rechazó de manera contundente este ataque, catalogado como un acto de extrema violencia que vulnera la seguridad de los uniformados en la región.Según información oficial, el subintendente fue atendido de inmediato por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que le aplicó primeros auxilios tras recibir el proyectil en la espalda. A pesar del esfuerzo por salvarle la vida, la gravedad de la herida provocó su fallecimiento, lo que generó conmoción entre sus compañeros y la comunidad local.Hombres armados del ELN atacaron a disparos un helicóptero que intentaba entrar al corregimiento para evacuar al policía herido. La institución aseguró que se activaron todas las capacidades de investigación y despliegue operativo para dar con los responsables del ataque, con el objetivo de llevarlos ante la justicia. Asimismo, se manifestó solidaridad con la familia del uniformado, destacando que su entrega y compromiso con la seguridad ciudadana serán recordados como un ejemplo de valentía y servicio al país."Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en este difícil momento, y honramos la memoria de nuestro héroe que ofrendó su vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la seguridad de los colombianos", indicó la Policía.
De acuerdo con información de inteligencia, los hombres que aparecen en las imágenes del momento exacto del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en zona rural de Fortul, Arauca, pertenecerían al frente Domingo Laín Sáenz del ELN, una estructura que delinque en esta región del país.Según las autoridades, estos criminales, responsables del asesinato de dos de los escoltas del senador, acostumbran combatir vestidos de civil. Esta modalidad, explican los informes, busca que, en caso de ser dados de baja sus integrantes, se les retire el armamento y sean presentados como campesinos ajusticiados, dificultando la atribución directa de responsabilidades al grupo armado.En el video, analizado por investigadores judiciales y de inteligencia, se observa el ataque indiscriminado contra el vehículo blindado en el que se movilizaba el esquema de seguridad del senador. En las imágenes se alcanza a contar al menos cinco hombres armados, quienes disparan de manera directa contra el automotor en plena vía pública.Una de las escenas más relevantes del video permite identificar parcialmente el rostro de uno de los atacantes, quien aparece con un fusil en la mano, sonriendo, vestido con camisa negra y gorra negra, mientras participa del ataque. En otra imagen se observa a otro de los hombres de espaldas, vistiendo camisa naranja y un chaleco verde de uso militar, con munición visible.Los hechos se registraron cuando el vehículo atacado, junto con otro automotor en el que se desplazaban tres asesores del senador Castellanos, se dirigían hacia Yopal, Casanare, con el fin de recoger al congresista, quien se encontraba realizando actividades políticas en la región. Durante el mismo episodio, los tres asesores fueron retenidos por varias horas y posteriormente liberados en la tarde de ese mismo día, sin que se reportaran lesiones.Tras conocerse el hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta de X que el atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
El presidente Gustavo Petro viajará a Montería para encabezar un consejo de ministros en el que se analizará y proyectará un decreto de emergencia económica, social y ambiental, con el fin de atender las afectaciones generadas por el frente frío que ha dejado múltiples emergencias en varias regiones del país. El decreto aún no está listo y por ello será discutido junto a todo su gabinete.El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde además señaló que las juntas directivas de las hidroeléctricas de Urrá e Hidroituango, tanto públicas como privadas, deben responder por no haber acatado, según él, la directriz de aplicar anticipadamente la nueva fórmula tarifaria para la energía. Petro afirmó que dio esa orden hace cuatro meses a las generadoras públicas, pese a que la fórmula será obligatoria a partir de 2027, y exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos y al ministro de Minas, Edwin Palma, explicar por qué no se cumplió.De acuerdo con el presidente, si la nueva fórmula se hubiera aplicado, la hidroeléctrica de Urrá no estaría actualmente llena, las tarifas de energía habrían bajado más y el impacto de la emergencia sería menor. En ese contexto, criticó también a la Alcaldía de Medellín y a la junta directiva de EPM por el manejo de la situación.Frente a las acciones del Gobierno, Petro informó que se atenderá la emergencia con la entrega de ayudas alimentarias, la compra de alimentos en las regiones afectadas y la expedición de decretos en el marco de la emergencia. El consejo de ministros en Montería será clave para definir estas medidas.Finalmente, el mandatario arremetió contra la represa de Urrá, al señalar que habría beneficiado a terratenientes vinculados al despojo y a hechos de violencia contra comunidades indígenas.
El senador Jairo Castellanos manifestó su profundo dolor y desconcierto tras el sepelio de Wilmir y Manrique, los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados la semana pasada en un ataque perpetrado por el ELN en la región de Arauca. En diálogo con Mañanas Blu, el congresista calificó el hecho como un acto de "inhumanidad indescriptible" y una "barbarie", resaltando la crueldad con la que actuaron los atacantes.Una emboscada milimétrica y despiadadaDe acuerdo con el relato del senador, el incidente no fue un retén fortuito, sino una operación coordinada para cerrar el paso a su caravana. Tres camionetas interceptaron los vehículos: una se posicionó adelante, otra en medio y una más atrás, bloqueando cualquier ruta de escape.Mientras que los ocupantes de uno de los vehículos fueron retenidos, los dos escoltas que se encontraban en la camioneta blindada se negaron a bajar, lo que desencadenó una lluvia de fuego. Castellanos describió, basado en videos del ataque, cómo cerca de 20 personas armadas y "desquiciadas" dispararon a quemarropa contra el vehículo con total sevicia, celebrando mientras cometían el crimen contra "gente humilde".Atacantes vestidos de civil y confirmación del ElnUno de los puntos que más ha generado interrogantes es que los perpetradores no portaban uniformes camuflados, sino que estaban vestidos de civil, algo inusual en los patrullajes de la zona según la experiencia del senador. Sin embargo, la autoría del grupo guerrillero fue confirmada por el equipo de campaña que fue secuestrado durante el mismo evento.Los sobrevivientes relataron que, tras ser vendados y trasladados a un paraje desconocido para investigar si pertenecían a la fuerza pública, los captores se identificaron explícitamente como miembros del Eln antes de liberarlos cerca de las 7:30 de la noche.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
En entrevista con Blu Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, respondió a las agremiaciones que han señalado que el incremento del salario mínimo podría profundizar las dificultades financieras del sector salud.El director afirmó que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no estuvo ligado de manera directa al aumento del salario mínimo y defendió la metodología empleada para definir el ajuste.Durante la conversación, León sostuvo que no es correcto equiparar la inflación con el incremento del salario mínimo, ya que la estructura de costos del sistema de salud incluye múltiples variables. “Pero no inflación igual a salario mínimo, es un cuento chino, te voy a explicar por qué, porque hay muchas otras cosas que no crecen a ese término en la canasta”, explicó.El director de la Adres indicó que los aumentos de precios deben analizarse de forma ponderada y no a partir de un solo componente. “Si la carne crece un 20 %, pero la papa crece un 10 %, tienes que sacar un promedio y no es solo la papa, la carne, no es solo el salario mínimo”, señaló. En ese contexto, agregó que la mayoría de los trabajadores del sector salud no devengan el salario mínimo. “La mayoría de los trabajadores no son de salario mínimo, empezando por ahí en el sector salud, de modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 %”, dijo.León reconoció que el salario es un factor relevante dentro de los costos, pero insistió en que no es el único que incide en la inflación del sector. “Sí aporta, sí es un componente importante el salario, pero hay muchos otros que cuentan en la inflación”, afirmó.Asimismo, el funcionario se refirió al comportamiento del dólar y su impacto en los costos de insumos médicos. Indicó que la reducción de la divisa en los últimos años debió reflejarse en menores precios para el sistema de salud. “Resulta que el dólar cayó un 20 %, en el último año un 16 %, y todos los medicamentos vienen en dólares, todos los suministros médicos vienen en dólares, todos los kits de laboratorio vienen en dólares, todos los equipos médicos vienen en dólares”, sostuvo.No obstante, cuestionó que esa disminución no se haya trasladado a los precios finales. “Desafortunadamente, uno ve que el dólar baja, que a las empresas les cuesta menos, pero no trasladan esta baja al Estado o a los ciudadanos; aumentan su margen de ganancia”, señaló. Como ejemplo, comparó esta situación con el comportamiento histórico de los precios de la gasolina frente a las variaciones del petróleo.Con estas declaraciones, el director de la Adres defendió el incremento de la UPC y respondió a las críticas de gremios como la Andi y Afidro, insistiendo en que el ajuste se basa en un análisis amplio de los costos del sistema de salud y no únicamente en el aumento del salario mínimo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.El convenio permitirá que la Unidad de Búsqueda consulte información contenida en el Registro Único de Damnificados, una base de datos que reúne a personas afectadas por desastres y emergencias en todo el país, así como el Registro Unifamiliar de Emergencias.Estos datos serán cruzados con las solicitudes de búsqueda, con el fin de identificar posibles coincidencias que aporten información relevante sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.Según lo establecido, el intercambio de información se hará bajo criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.“Esto es una herramienta que, a través del cruce de nuestros sistemas de información, muy probablemente nos va a permitir darles noticias, bien sea de personas que aparezcan con vida o de personas que, lamentablemente, hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez, destacó que “la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en sus ya casi nueve años de existencia, ha podido encontrar alrededor de 670 personas que ha entregado dignamente a sus familias. Igualmente, ha encontrado con vida cerca de 500 personas”.El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la creación de un equipo técnico que definirá los protocolos de intercambio de información y hará seguimiento a su implementación.
Luego del consejo de seguridad en el que participaron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y las autoridades militares y de Policía, se anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, Renato Solano Osorio, víctimas de un atentado perpetrado por dos hombres motorizados.“Hay que aclarar que tanto el director como el subdirector no tenían esquemas de seguridad, pero luego del consejo de seguridad se tomaron decisiones en las que la Policía les va a brindar un esquema temporal preventivo y la Unidad Nacional de Protección va a tramitar las medidas para que tengan esquemas de seguridad tanto el director Edgar Rodríguez como el subdirector de la cárcel de Rivera”, confirmó el subdirector nacional del Inpec, el coronel Rolando Ramírez.Agregó el subdirector del Inpec que son urgentes las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que durante el año 2025 ocho funcionarios, incluidos dragoneantes del sistema penitenciario, fueron asesinados en el país: “Para nosotros son importantes las garantías de seguridad para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Hemos sido bastante afectados en el país; tenemos antecedentes en el año 2025, cuando ocho funcionarios fueron asesinados y 14 más resultaron heridos en diferentes atentados. En cuanto a lo ocurrido en Neiva, esperamos que las autoridades nos informen quiénes fueron los responsables del atentado”.¿Cómo evoluciona la salud del subdirector Renato Solano?Entre tanto, el subdirector de la cárcel de Rivera, el coronel (r) Renato Solano Osorio, continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado, según el parte médico entregado por el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, Jorge Luis Manchola.“El señor Renato Solano ya completó 24 horas de atención en nuestra institución de salud. Sigue en la unidad de cuidados intensivos (UCI), su pronóstico continúa siendo reservado, permanece con ventilación mecánica y con los medicamentos con los que ha tenido una mínima mejoría, y sigue con todos los cuidados de neurocirugía”, explicó el médico Manchola.Asimismo, se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos que ofrecen la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila para quien brinde información oportuna que permita el esclarecimiento de los hechos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y a la preparación del encuentro con el mandatario estadounidense, previsto para la primera semana de febrero en la Casa Blanca. Según el funcionario, la reunión es el resultado de un proceso diplomático que avanzó de forma inesperada y positiva tras una conversación directa entre ambos presidentes. “Esa conversación fue realmente histórica. Yo creo que ni en la Casa Blanca ni en la Casa de Nariño esperábamos que saliera como salió”.Sánchez explicó que el Gobierno colombiano trabaja para que el encuentro se desarrolle en las mejores condiciones posibles, tanto en lo logístico como en lo político y diplomático, pero evitó anticipar anuncios o acuerdos. “No queremos adelantarnos a lo que puede pasar en esa reunión. Sería una inmensa irresponsabilidad adelantarnos a lo que va a suceder en la primera semana de febrero”, señaló, al reiterar que cualquier decisión o anuncio oficial será comunicado únicamente por el presidente de la República.El ministro destacó que, tras las declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre el encuentro, se activaron canales formales de coordinación entre ambos gobiernos. “El presidente Trump le dio una instrucción al secretario de Estado, Marco Rubio, para que coordinara con nuestro ministerio y con la Cancillería todo lo pertinente”. Según dijo, ya se adelantan conversaciones con el Departamento de Estado en aspectos logísticos y políticos, con el objetivo de garantizar que la visita produzca resultados favorables para los dos países.Finalmente, Sánchez aseguró que la agenda del encuentro aún se encuentra en construcción y que el enfoque del Gobierno colombiano es fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Las instrucciones que ha dado el presidente Trump y las que ha dado el presidente Petro están encaminadas a que esa reunión salga lo mejor posible para los dos países”, concluyó, al subrayar que el Ejecutivo mantiene altas expectativas, pero con prudencia frente a los anuncios que puedan surgir tras la visita a la Casa Blanca.
Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
El presidente Gustavo Petro le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025. Esta decisión se conoce luego de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable. Se esperan nuevos movimientos en el gabinete a siete meses de terminar el Gobierno.En su carta de renuncia, el ahora exdirector aseguró: “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”.Esta decisión se da en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos cuatro años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el Foro Económico, que está programado para el 19 de enero.El exdirector de la DNI podría terminar en otro cargo dentro del Gobierno nacional.