El pie de fuerza del Clan del Golfo tuvo un crecimiento entre 2022 y 2025, consolidándose, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, como el grupo armado criminal más grande del país. Este tuvo un aumento del 140 %, alcanzando aproximadamente 9.840 integrantes, teniendo en cuenta que en 2022 contaba con 4.099 integrantes.El documento señala que este fortalecimiento se refleja tanto en su componente armado como en sus redes de apoyo. Del total estimado, cerca de 3.328 miembros están en armas, mientras que unos 6.512 harían parte de estructuras logísticas, informantes y redes criminales que sostienen el control territorial del grupo. Esta composición le permite ejercer dominio en amplias zonas sin necesidad de una presencia militar constante.La expansión territorial del Clan también ha sido acelerada, teniendo en cuenta que, según el informe, en 2022 la organización criminal tenía influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos. Para 2025, esa cifra se duplicó hasta llegar a 296 municipios en 17 departamentos, lo que representa un crecimiento total del 104 % en su alcance territorial.En algunas regiones, el Clan del Golfo ha consolidado control estable, mientras que en otras mantiene disputas activas con organizaciones rivales. Actualmente participa en varios focos de confrontación armada, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el norte y nordeste de Antioquia y corredores estratégicos del Pacífico como el San Juan chocoano y el Bajo Calima.“En un nivel más localizado, sostiene disputas urbanas y semiurbanas en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos”, destaca el informe.El informe de Ideas para la Paz menciona conflictos locales en zonas como el oriente antioqueño, Barranquilla, Sincelejo y el centro del Magdalena, donde enfrenta a estructuras criminales regionales para consolidar su dominio sobre economías ilegales.El crecimiento del grupo se explica, en parte —destaca el documento—, por su capacidad de reclutamiento. La organización criminal ha incorporado excombatientes de guerrillas, antiguos miembros de la Fuerza Pública y jóvenes captados mediante incentivos económicos. Su modelo combina salarios mensuales para combatientes, apoyos a familias y una estructura jerárquica flexible que facilita la expansión en nuevos territorios.Otro factor clave ha sido su arquitectura organizativa. El Clan funciona con un mando centralizado y estructuras regionales flexibles que operan como bloques y subestructuras. Este esquema le permite tomar decisiones estratégicas desde la cúpula, pero mantener autonomía operativa en el terreno, lo que facilita adaptarse a dinámicas locales y sostener su crecimiento continuo.“El Clan del Golfo se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. El Estado Mayor cumple funciones de dirección estratégica, define lineamientos políticos y militares, y coordina todas las economías ilícitas y la expansión territorial. Los bloques actúan como estructuras intermedias que se encargan de administrar amplias zonas geográficas y de coordinar a los frentes o subestructuras bajo su jurisdicción. Estos, a su vez, asumen el control territorial, la regulación de las economías ilegales y la confrontación con otros actores armados a nivel local”, agrega el informe de la Fundación Ideas para la Paz.El informe advierte que este aumento del pie de fuerza y su expansión territorial consolidan al Clan del Golfo como el actor armado ilegal con mayor capacidad militar y presencia nacional en Colombia. Su crecimiento, incluso en medio de operaciones militares, refleja una combinación de diversificación criminal, control social y expansión estratégica que lo posiciona como uno de los principales retos para la seguridad del país en los próximos años.
Un ciudadano alemán señalado de tener un esquema de estafa internacional fue capturado en Armenia. El hombre, identificado como Jurgen Lubke, alias ‘El Rey’, era buscado para cumplir tres condenas en Europa por fraudes económicos. La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, con cooperación de autoridades internacionales.Según las investigaciones, Lubke era requerido por estafar a ciudadanos en Alemania y España mediante una modalidad basada en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional que nunca se concretaban.El estafador ingresó a Colombia en 2022 y, ya en territorio nacional, montó una fachada empresarial para continuar su actividad ilegal. A comienzos de 2023 registró una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos, así como a servicios de mudanzas internacionales.Desde esa base operativa, según las autoridades, el alemán amplió su red de fraude y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa. El esquema consistía en crear empresas ficticias de transporte y mudanzas, captar clientes a través de internet y recibir pagos anticipados por servicios que no se prestaban. Alias ‘El Rey’ quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites de extradición.
Una operación de interdicción en aguas del Caribe colombiano terminó con la incautación de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de una lancha rápida que, según inteligencia, se dirigía hacia rutas internacionales del narcotráfico. El operativo fue ejecutado por unidades de la Armada con apoyo aéreo militar de la Fuerza Aeroespacial.La operación comenzó con información de inteligencia naval que alertó sobre una embarcación sospechosa que habría zarpado desde La Guajira con destino a Centroamérica. Con ese dato, se activó un dispositivo conjunto que incluyó Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas desplegadas desde Santa Marta, guiadas desde el aire por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.La persecución en mar abierto estuvo marcada por condiciones meteomarinas adversas, que complicaron la maniobra de abordaje. Pese a ello, los equipos lograron cerrar el cerco y detener la lancha, en la que viajaban dos ciudadanos de Venezuela. Por seguridad, tanto los tripulantes como la carga fueron trasladados primero a una unidad naval antes de ser llevados a puerto seguro.Ya en tierra, autoridades judiciales inspeccionaron la embarcación y hallaron 14 sacos que contenían la droga. El alijo, equivalente a más de un millón de dosis, tenía como destino mercados internacionales, según las primeras verificaciones.La interdicción, según cálculos oficiales, evitó que cerca de 19 millones de dólares ingresaran a las finanzas de redes narcotraficantes que operan en el Caribe colombiano.
La ofensiva militar contra las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare continúa. Así lo confirmó el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, quien aseguró en entrevista con Mañanas Blu, dirigida por Néstor Morales, que las tropas mantienen operaciones activas contra la estructura de alias ‘Calarcá’, perteneciente al denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.Los recientes enfrentamientos dejaron un saldo de un soldado muerto y nueve más heridos, en medio de operaciones desarrolladas durante el fin de semana en zona rural del Guaviare. Aunque inicialmente se habló de una emboscada, el oficial aclaró que se trató de un combate directo.“Lo que pasó el fin de semana no es una emboscada, es un combate directo de nuestra gente, de nuestra Fuerza de Despliegue Rápido número 10”, sostuvo el general Roque, al explicar que la operación buscaba fortalecer la presencia institucional y evitar enfrentamientos entre estructuras ilegales que operan en la región.Operaciones militares contra disidencias en GuaviareEl comandante detalló que la operación se desarrolló tras los hechos violentos registrados el pasado 7 de enero en la vereda Kuwait, donde se presentaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Desde entonces, uno de los objetivos estratégicos ha sido proteger a la población civil y evitar nuevas confrontaciones.“Uno de los objetivos principales que tenemos dentro de nuestro plan de campaña es precisamente la protección de la población, disminuir las capacidades de la amenaza y proteger la gobernabilidad”, afirmó el alto oficial.El general confirmó que los soldados heridos fueron trasladados al Hospital Militar y se encuentran fuera de peligro. En un tono emotivo, destacó el compromiso de la tropa: “Es muy reconfortable ver a esos soldados que, heridos, dicen que están próximos a recuperarse y volver al área de operaciones para seguir combatiendo con estos bandidos”.¿Limitaciones frente a ‘Calarcá’ por proceso de paz?Uno de los puntos más sensibles de la entrevista giró en torno a la aparente contradicción entre las operaciones militares contra la estructura de ‘Calarcá’ y su condición de negociador dentro de los acercamientos de paz promovidos por el Gobierno nacional.Al ser interrogado sobre si la captura del cabecilla implicaría su posterior liberación por su estatus jurídico, el general evitó profundizar en el tema político y se limitó a señalar que esas decisiones corresponden a otras instancias.Ante la insistencia sobre si las tropas se sienten limitadas en el terreno ante la eventual presencia de alias ‘Calarcá’ en un campamento, el comandante fue enfático: “En ningún momento nos han amarrado las manos. Estamos con toda la libertad y todo el compromiso de atacar y debilitar la amenaza”.Sus declaraciones se dan en un contexto de debate nacional sobre la política de “paz total” del Gobierno Petro, que ha otorgado estatus de negociación a diferentes estructuras armadas, mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en varias regiones del país.Bombardeos y “carta blanca” en la Cuarta DivisiónOtro punto clave abordado durante la entrevista fue la posibilidad de bombardeos contra la estructura de ‘Calarcá’, como ha ocurrido con otros cabecillas señalados por el presidente Gustavo Petro, entre ellos alias ‘Mordisco’.El general Roque aseguró que, si se cuenta con los paquetes de inteligencia completos y los soportes jurídicos necesarios, la autorización para bombardeos está contemplada.“Si se tienen los paquetes de inteligencia y toda la información, está autorizado”, afirmó, aunque precisó que en el caso específico de la Cuarta División, su llegada reciente al cargo implica la consolidación de información operativa.En medio del cuestionamiento sobre la eventual liberación de capturados con estatus de negociadores, el oficial insistió en que la misión de las tropas es clara: “Seguimos atacando las estructuras que son la base de esa organización. Atacando las estructuras podemos garantizar tranquilidad y devolverle seguridad a las regiones”.Seguridad en Guaviare y protección a la población civilLa presencia de la cúpula militar en San José del Guaviare responde, según explicó Roque, al fortalecimiento de las operaciones y al acompañamiento a las unidades desplegadas en terreno.
Cuatro adolescentes que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc fueron recuperados por tropas del Ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.La operación se desarrolló en el sector de Puente Valencia, en el marco de las acciones sostenidas que adelantan las Fuerzas Militares en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca contra estructuras armadas ilegales.Los menores, con edades entre los 14 y 17 años, hacían parte del frente Jaime Martínez y se acercaron a unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 8 de la Tercera Brigada, donde manifestaron su intención de abandonar la estructura.Según el reporte militar, los jóvenes habrían sido reclutados de manera forzada en zonas urbanas del suroccidente del país y, posteriormente, trasladados al sector del Naya. Allí, indicaron, permanecieron más de un año y medio bajo presiones constantes, amenazas y condiciones precarias, con restricciones en su alimentación y movilidad.Las autoridades señalaron que la estructura Jaime Martínez opera bajo el mando de alias ‘Marlon’, señalado cabecilla del Bloque Jacobo Arenas y uno de los principales responsables del reclutamiento de menores en esta región.Tras la recuperación, el Ejército activó los protocolos de protección establecidos por la ley. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.Durante el procedimiento también fue incautada un arma larga marcada con las iniciales de la estructura, un proveedor y 28 cartuchos de distintos calibres.En los últimos diez días, la Tercera División del Ejército ha reportado la recuperación y sometimiento de once integrantes de las disidencias, así como la incautación de 20 armas largas, 4 armas cortas, 2.000 cartuchos y material explosivo que, según las autoridades, pretendía ser empleado contra la población civil y la Fuerza Pública.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Cuatro personas han muerto en Sumi, en el norte de Ucrania, en un ataque ruso contra una ambulancia, según informaron este domingo las autoridades ucranianas.Los hechos se produjeron el sábado por la noche en la localidad de Znob-Novgorod, cuando dos hermanos, de 17 y 24 años, resultaron heridos en una explosión y solicitaron una ambulancia, según un comunicado de la fiscalía de Sumi.En su camino al hospital, la ambulancia fue alcanzada por un dron, lo que provocó la muerte de los dos heridos y la de dos sanitarios, de 25 y 32 años, mientras que el conductor resultó herido.La fiscalía regional de Sumi ha abierto diligencias ante la sospecha de que el ataque haya constituido un crimen de guerra.En la noche del sábado al domingo, Rusia atacó Ucrania con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados, respectivamente, 33 y 274, según informó la Fuerza Aérea en su parte matinal.Estos ataques dejaron al menos un muerto y seis heridos en la región de Kiev, mientras que en Odesa (sur) se registraron daños en infraestructuras energéticas y ferroviarias. Estas últimas también sufrieron desperfectos en Zaporiyia y Mikoláyiv, también en el sur, y en Donetsk (este).
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud se encuentran estudiando un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años en Bogotá, con antecedentes de viaje internacional. Las autoridades confirmaron que, por ahora, el caso no está confirmado y el paciente permanece estable.El Instituto Nacional de Salud precisó que la confirmación de un caso de sarampión no depende de un único resultado, sino del cumplimiento de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. La entidad explicó, además, que, una vez se detecta el virus, se realiza una caracterización genética para establecer el genotipo y determinar si corresponde a un virus vacunal —que es menos grave y no transmisible— o a un virus salvaje, que sí causa la enfermedad y se transmite por vía respiratoria.El llamado de las entidades a la ciudadanía es completar el esquema de vacunación, pues es la mejor forma de prevenir el virus, y acudir a atención médica si se presenta fiebre y brote en la piel. El Ministerio de Salud insiste en que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, están disponibles en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.Adicionalmente, la vacuna está indicada para niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta personas de 59 años. Las autoridades insisten en intensificar el cuidado en las personas vinculadas al sector turístico, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, hacen un llamado a los viajeros con destino a países con casos confirmados, como México, Canadá y Estados Unidos.Las entidades reiteraron que el país no tiene circulación endémica del virus y mantiene su certificación internacional de eliminación sostenida, aunque advirtieron que existe riesgo de importación de casos debido a la situación epidemiológica en la región y a nivel global.
El grupo armado ilegal ELN anunció este 23 de febrero un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, informó el grupo insurgente.En el pronunciamiento, el ELN reiteró su propuesta de un “acuerdo nacional”, el cual —según indicó— estaría abierto a ser discutido “con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo”. La organización sostuvo que Colombia requiere construir “soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”."Ante el fracaso de la paz total" y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza». Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral"", dice el comunicado.Diálogos con el ELNEl Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela. La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025 tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.
En la noche de este domingo 22 de febrero un hecho de gran magnitud llamó la atención en Girón, pues un incendio afectó el patio de Metrolínea, servicio público que opera en Bucaramanga y su área metropolitana, la cual incluye los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.Frente a esto, la empresa Metrolínea S.A. informó que el incendio ocurrió al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón.De acuerdo con el comunicado emitido, el hecho fue atendido de manera inmediata por los organismos de socorro y no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal.Según los reportes preliminares de las autoridades, el incendio afectó algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.La entidad destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control. La oportuna intervención evitó la propagación de las llamas.De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron daños estructurales en el portal ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades continúan verificando lo ocurrido con el fin de esclarecer las causas del incendio, establecer posibles responsabilidades y cuantificar los daños materiales.Por último la compañía de transporte público expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.Y, finalmente, la entidad hizo un llamado a los municipios que integran el área metropolitana para “fortalecer el trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad y viabilidad del sistema de transporte público, garantizando la seguridad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios”.
Un nuevo frente frío que avanza sobre el mar Caribe podría generar afectaciones en varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en departamentos del Caribe, la región Andina y el Pacífico, informó la UNGRD.De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre el 22 y el 25 de febrero se prevé un aumento significativo de las lluvias en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.“Se prevé un aumento de precipitaciones debido a esta incidencia con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Les estaremos comunicando sobre las actualizaciones que pueda esta incidencia. Esperamos que las precipitaciones no sean tan fuertes”, indicó Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam.Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. ”Desde la UNGRD mantenemos activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país. Llamamos a fortalecer los planes de contingencia y monitoreo permanente y también hacemos un llamado a los sectores del orden nacional y territorial para mantener activos sus planes de preparación”, indicó Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que el frente frío tendrá influencia directa sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos del norte entre el 24 y el 26 de febrero, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 metros, lo que podría afectar actividades marítimas, turísticas y de pesca. También se prevé oleaje entre 2.0 y 3.0 metros en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena.Recomendaciones a la población y autoridadesEn la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se recomienda vigilar las zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana y mantener informados a pescadores y al sector turismo sobre las condiciones del mar. También se aconseja alejarse de la costa durante episodios de mar de leva, asegurar las embarcaciones y revisar las redes eléctricas, acatando siempre las recomendaciones de las autoridades.Asimismo, las autoridades instan a vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes y prepararse para evacuaciones preventivas, reportando cualquier emergencia a la UNGRD. Se pide a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, consumir únicamente agua potable y evacuar oportunamente si las condiciones lo requieren. También se sugieren cierres preventivos, reforzar la vigilancia en salud y mantener informados a los visitantes sobre las medidas de prevención.Para las regiones Pacífica y Andina, se recomienda monitorear laderas y activar los sistemas de alerta temprana, evitar zonas de alto riesgo y reportar grietas o desprendimientos de tierra. Además, se debe vigilar corredores viales y cuencas hidrográficas, evitar el tránsito por vías rurales durante lluvias intensas, preparar un kit de emergencia y trasladar animales a zonas seguras.El Ideam y la Dimar recordaron que la información oficial puede consultarse en sus páginas web y boletines técnicos, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca, Magdalena, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).La entidad advirtió que los hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, donde se ha intensificado la disputa por el control territorial entre estructuras armadas ilegales.De acuerdo con la Defensoría, aunque no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, las comunidades continúan expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, la restricción de movilidad y la zozobra generada por los combates. Estas condiciones han obligado a varias familias a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca y otros municipios cercanos.“Si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas”, indicó la Defensoría.La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia, con el fin de garantizar atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para las víctimas, así como el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los procesos de diálogo y a cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
En medio de la tensión política y a pocas semanas de las jornadas electorales, la seguridad en Colombia se consolida como el principal tema de preocupación nacional. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, abordó los desafíos actuales, el panorama del conflicto y el papel de la fuerza pública en el proceso electoral.Con 42 años de servicio, el oficial aseguró que asume el mando en un momento “especial del país” que exige “mucho juicio, mucha disciplina y mucho trabajo”. Subrayó que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen altos niveles de favorabilidad y reiteró su compromiso institucional: “Las Fuerzas Militares nunca le han quedado mal al país, nunca, y esta vez no va a ser la opción”.Seguridad y elecciones: prioridad nacionalFrente al reto de garantizar la seguridad durante las elecciones, López Barreto fue enfático: “Estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención y es garantizar la seguridad de los colombianos”. Añadió que el objetivo es permitir que “los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas”.El comandante explicó que el conflicto ha cambiado. “La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico (…) a un conflicto económico”, centrado en el control territorial y las rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta transformación, dijo, implica nuevas amenazas y retos operacionales.Detalló que regiones como Cauca, Catatumbo, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño concentran esfuerzos estratégicos. “Hoy estamos fortalecidos en el Cauca (…) 7.800 hombres aproximadamente desplegados”, mientras que en el Catatumbo hay “12.000 hombres (…) dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar”.Fuerzas Militares y debate políticoEn medio de cuestionamientos sobre una eventual desmoralización, el general respondió: “Las Fuerzas Militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados”. Insistió en que la institución debe mantenerse al margen del debate electoral: “No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional”.Según indicó, actualmente registran “aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos” frente a 177 acciones criminales. Estos resultados incluyen capturas, desmovilizaciones y operaciones contra estructuras ilegales.Caso General HuertasSobre el proceso que involucra al general Huertas, López Barreto indicó que está en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. “Estamos a la espera de decisiones. Le corresponde a estos entes (…) tomar las decisiones correspondientes”, puntualizó.Finalmente, el comandante envió un mensaje a la ciudadanía: “Confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados, estamos trabajando por el bien de Colombia”.Escuche la entrevista completa acá:
A pesar de que cerca del 30 % de los 125 municipios de Antioquia presentan niveles extraordinario y relevante de riesgo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no contempla el traslado de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026.La decisión se conoció durante el desarrollo del Comité Departamental de Seguimiento Electoral con la Gobernación de Antioquia, que avanza en diferentes subregiones con el fin de evaluar las condiciones de seguridad, logística y coordinación institucional.Según el índice de riesgo electoral, 11 municipios del departamento están clasificados en nivel extraordinario y otros 25 en nivel relevante, lo que refleja condiciones que requieren especial atención por parte de las autoridades, señaló Laura María Tobón Mejía, directora de Asuntos Institucionales."La Registraduría, la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la Contraloría, la MOE, todos los partidos políticos, nosotros estamos entregando las garantías de participación para que desde allí, desde los territorios, construyamos y entendamos las necesidades para estas elecciones que ya se avecinan el próximo 8 de marzo", declaró.En este contexto, la Gobernación indicó que ha realizado encuentros en municipios como Andes, Yarumal, Puerto Triunfo, Rionegro, Remedios y Caucasia, donde se analizaron las condiciones particulares de cada territorio. El cronograma continuará con sesiones en Cañasgordas, Chigorodó y Medellín antes de la jornada electoral del 8 de marzo.Las autoridades departamentales señalaron que uno de los principales objetivos de estos recorridos es revisar las condiciones de orden público y fortalecer la articulación institucional. En ese sentido, aclararon que coordinan acciones con la Cuarta Brigada y la Séptima Brigada del Ejército Nacional para reforzar los dispositivos de seguridad.
A pocas semanas de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el escenario político en Colombia se mueve en medio de incertidumbre por las reglas que rodean las consultas interpartidistas y la renovación del Congreso. Ese día, además de elegir Senado y Cámara, los ciudadanos podrán participar en tres consultas para definir candidatos únicos a la Presidencia, en un proceso que analistas califican como atípico.En entrevista con Sala de Prensa Blu, la analista política y profesora de la Universidad de los Andes, Paca Zuleta, advirtió que la contienda actual enfrenta un problema de transparencia por cuenta de la Ley 2494 de 2025, que regula la publicación y realización de encuestas electorales en el país.Restricciones a encuestas y debate electoralZuleta cuestionó el impacto de la norma, señalando que ha limitado el acceso a información clave sobre intención de voto y dinámicas regionales. “A mí me llama la atención que nadie ha dicho que esa ley, 2494 del 2025, le quitó transparencia al debate electoral, porque no nos deja ver una cantidad de información que era muy importante para entender qué estaba pasando en las campañas”, afirmó.Según la experta, la restricción ha dejado un vacío que estaría siendo ocupado por fuentes sin respaldo técnico. “Le está abriendo el espacio para que haya una manipulación durante la campaña electoral a través de firmas de apuestas, gente que no cumple con la normativa pero bota ruido”, advirtió, al referirse a la circulación de cifras no verificadas en redes sociales y plataformas digitales.Líderes en sondeos, por fuera de consultasOtro de los puntos que genera debate es que varios nombres que figuran con alta recordación en el escenario nacional no participarán en las consultas del 8 de marzo. Entre ellos están Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes no harán parte de esas coaliciones.“Tenemos esta situación tan particular de que las personas que están punteando, los tres primeros que aparecen en las encuestas que conocemos, no hacen parte de las consultas”, explicó Zuleta. En su concepto, esto convierte la jornada en una especie de “intento de primera vuelta”, pero sin la participación de todas las figuras con mayor visibilidad mediática.Dudas sobre el alcance de Roy BarrerasEn el caso de la consulta liderada por Roy Barreras, el debate gira en torno a la capacidad de movilización electoral. Mientras el exsenador ha proyectado una votación cercana a los tres millones de apoyos, Zuleta se mostró escéptica frente a esa meta.“Yo no creo que esa consulta supere los 500.000 votos”, sostuvo la analista, al recordar el comportamiento histórico del político bajo el sistema de voto preferente. Además, señaló que la decisión del Pacto Histórico de no participar en esa consulta podría afectar de manera directa el caudal electoral que tradicionalmente lo ha acompañado.La “Gran Consulta” y la disciplina partidistaEn la centro-derecha, la denominada “Gran Consulta” reúne a figuras como Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna y Carlos Fernando Galán. Aunque varios de ellos cuentan con reconocimiento nacional, la incógnita es cuántos votos efectivos lograrán movilizar.Para Zuleta, la clave estará en la disciplina interna del Centro Democrático. “El Centro Democrático es un partido político disciplinado, y yo me imagino que el Centro Democrático sí va a votar en la consulta por Paloma Valencia... yo creo que ese es el éxito de esa consulta”, afirmó.De acuerdo con sus cálculos, esa coalición podría acercarse a los dos millones de votos, una cifra similar a la obtenida por el partido en elecciones legislativas anteriores.Escuche la entrevista completa aquí
Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la vía Armenia–Pereira fueron identificadas como William Paipa, de 46 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19. El siniestro se registró en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del departamento del Quindío.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad del sector y la información recopilada por las autoridades, las víctimas trabajaban en la promoción de bebidas alcohólicas y se dirigían a participar en un evento en un establecimiento de entretenimiento nocturno de la zona.Según el reporte preliminar, cuando intentaban cruzar la doble calzada fueron embestidos por una camioneta. El conductor del vehículo habría huido del lugar sin prestar auxilio a los afectados.Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.En el municipio de Circasia, donde residían, familiares y conocidos los recuerdan por su dedicación al trabajo. En el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, allegados destacaron su sueño de convertirse en cantante. La joven participó en 2019 en el programa La Voz Kids del Caracol Televisión, donde fue reconocida por su talento vocal.
El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que el proyecto Escudo Nacional Antidrones avanza sin injerencias externas ni favorecimientos y que, hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en esta iniciativa estratégica, considerada una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para enfrentar la amenaza de ataques con drones en el país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó a través de su cuenta en X que este amplio interés internacional fortalece el estudio de mercado que actualmente se adelanta como parte de la fase precontractual. Según explicó, esta etapa es clave para estructurar los estudios previos y garantizar que el proceso sea sólido, técnico y transparente.De acuerdo con la cartera de Defensa, cerca de 9.000 intentos de ataques con drones fueron detectados en 2025. Aunque aproximadamente el 96 % de estos fueron inhibidos, el 4 % restante dejó como saldo la muerte de varios uniformados y civiles, además de más de un centenar de heridos.Para el Ministerio, esta realidad evidencia la urgencia de poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto valorado en 6,7 billones de pesos. La primera fase, que comenzará a desarrollarse en 2026, tendrá un presupuesto cercano a un billón de pesos.El proyecto fue anunciado oficialmente el 10 de enero de 2026 y responde, según el Gobierno, al uso cada vez más sofisticado de drones por parte de grupos armados ilegales y organizaciones narcoterroristas, que los emplean para ataques con explosivos, espionaje y vigilancia ilegal.La entidad precisó que actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de estudio de mercado, dentro de la fase precontractual. En esta fase participan comités estructuradores de cada Fuerza —Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía—, además de los equipos evaluadores y la Dirección de Contratación del Ministerio.El Ministerio subrayó que ninguna persona ajena a la entidad hace parte del proceso y que este cuenta con el acompañamiento del Grupo de Transparencia de la cartera, así como con interacción permanente con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el marco del principio de colaboración armónica.Uno de los criterios definidos por el Gobierno es que la contratación se realizará de manera directa entre el Estado colombiano y los fabricantes de la tecnología o sus representantes legales, con acompañamiento de las embajadas de los países involucrados. No se aceptarán intermediarios.En diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que acudiría a la figura de urgencia manifiesta para acelerar la compra inicial de sistemas antidrones, tras un ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis militares muertos y al menos 26 heridos.
El dramático testimonio de ‘Renata’, una mujer que quedó con una discapacidad del 61 % tras sobrevivir a una violenta agresión en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la protección a las mujeres en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, relató cómo el simple hecho de rechazar a un hombre desencadenó un ataque que transformó su vida para siempre.La mujer contó que vivía con sus dos hijos cuando un vecino comenzó a insistirle para salir con él. Ella siempre se negó. Nunca imaginó que ese límite la pondría en riesgo. “Vivía con mis dos hijos en un barrio de Bogotá. Un hombre enamorado de mí siempre me invitaba a salir; yo le decía que no. Nunca pensé que decir no fuera un problema como el que ese hombre me ocasionó”, afirmó.Según su relato, aquel día accedió a acompañarlo solo con la condición de que dejara de acosarla. Lo que parecía una salida breve terminó convertido en un acto de violencia. “Me invitó a hacer una vuelta. Le dije que sí si no me volvía a molestar. Como estábamos solos, sacó un arma blanca y me empezó a agredir… Estoy agradecida con Dios que me devolvió la vida”, contó.‘Renata’ perdió el conocimiento durante el ataque. Al despertar, como pudo, buscó ayuda: “Me arrastré hasta una casa que había visto y pedí auxilio. La Policía llegó y me dieron primeros auxilios”, recordó.“Después de que me atendieron en el hospital, estuve entubada cuatro meses y logré despertar. Como al año empecé a caminar otra vez”, relató.Lo que más la indigna, asegura, es la respuesta del sistema judicial frente al agresor. “Lo cogieron, lo llevaron a la cárcel poco tiempo y yo aún convivo con él. Su tiempo en la cárcel fue muy poco. Sentí más protección al agresor que a mí”, denunció.A esto se suma la falta de apoyo institucional tras quedar con una discapacidad permanente: “Me indemnizaron donde trabajaba, pero del Estado no he recibido ninguna ayuda. He necesitado el certificado de discapacidad y nadie me resuelve”, lamentó.
El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti.“Con esta medida contundente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja claro que Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para exportarlo. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó Benedetti.La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, serán sometidas a vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales.Además, los ministros anunciaron que el próximo martes a las 10:00 a.m. será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.“Enviamos un mensaje claro: no vamos a permitir que en Colombia se instalen cocinas de producción de fentanilo ni que se utilice el país como plataforma para el crimen internacional”, señaló Idárraga.Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su compromiso con la seguridad, la salud pública y la protección de la vida, frente a una sustancia que ha causado una grave crisis humanitaria en países como Estados Unidos, Canadá y China.
La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar una decisión trascendental en cuanto al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre estos dos funcionarios y las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Ministerio Público suspendió provisionalmente y de manera indefinida a Huertas y a Mejía entre tanto avanza la investigación por estos hechos.Esa era una decisión que contemplaba la Procuraduría tras la gravedad de los hechos que son materia de investigación, sobre este punto el procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que esta posible suspensión es evaluada “severamente”.Esto en el marco de esas revelaciones sobre unas supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario del DNI.Además, un disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del Ejército para establecer un supuesto "pacto de no agresión”.Según Noticias Caracol, estas menciones incluyen una supuesta colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, de acuerdo con esa información, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto.
En el marco del desarrollo del Congreso Nacional Cafetero, una de las actividades más significativas para las más de 500,000 familias que dependen de este negocio, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha presentado un balance del año cafetero 2024 y ha revelado ambiciosos planes de expansión e innovación.Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, destacó que el año cafetero que acaba de terminar fue "muy bueno", con una producción cercana a los 14.8 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 17.7%. Esta actividad contribuye con 24.2 billones de pesos a la economía nacional, irrigando 611 municipios.Aunque la producción acumulada de los últimos 12 meses mantiene un ritmo de crecimiento del 14%, Bahamón reconoció que el mes de octubre encendió alarmas al registrar una caída cercana al 10%. Esta disminución había sido prevista, ya que el ciclo del café es bienal, lo que implica que tras un pico de cosecha el año siguiente tendrá un declive. Adicionalmente, las lluvias torrenciales inusuales entre enero y marzo de 2025 impactaron la floración, lo que llevó a proyectar un impacto de un millón de sacos en la cosecha del segundo semestre.Café en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)Una de las propuestas que generó particular atención fue la iniciativa del gerente para que el Gobierno nacional incorpore el café dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta propuesta surge tras la declaración de la FDA en Estados Unidos de que el café es una "bebida saludable" o "alimento saludable".El doctor Bahamón aclaró que la propuesta no implica que los niños reciban un termo de tinto en el jardín infantil. Por el contrario, la idea se centra en la inclusión de una bebida a base de leche con café (café con leche), la cual sería muy apropiada para el PAE. La cafeína se considera un estimulante positivo para el sistema nervioso, y estudios de universidades e institutos prestigiosos demuestran los múltiples beneficios del café en la salud, incluyendo el tema del corazón.Bahamón señaló que el objetivo no es solo un deseo comercial, sino una propuesta basada en investigación científica. Mencionó que, hace 22 años, Brasil tomó una decisión similar de incorporar café en su programa de alimentación escolar.El gerente de la FNC espera que esta iniciativa, que implica la posibilidad de un debate con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, permita ampliar la base de consumidores y la sostenibilidad financiera del sector cafetero colombiano.Además de la expansión, se anunciaron lanzamientos en el congreso cafetero, incluyendo una barra energética con cafeína y 13 gramos de proteína. Buen Café también lanzó una edición especial de café soluble liofilizado con sabor a aguardiente amarillo de Manzanares (sin alcohol), buscando satisfacer las tendencias del consumidor y los nuevos momentos de consumo.Escuche aquí la entrevista:
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una queja formal ante la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes, según las revelaciones de Noticias Caracol, estarían involucrados, presuntamente, en casos de filtración de información a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.“Lo que está en juego es la seguridad nacional. No puede haber ambigüedad ni silencio institucional frente a funcionarios que aparecen mencionados en archivos de una estructura terrorista. Colombia merece transparencia y verdad”, dijo la senadora Cabal.La precandidata presidencial solicitó medidas de suspensión provisional contra los dos funcionarios mientras avanza la investigación, además de la recolección de pruebas en el caso.“Colombia no puede permitir que quienes tienen responsabilidades de mando y de protección del Estado queden bajo la sombra de vínculos con estructuras criminales. La Procuraduría debe actuar con celeridad y firmeza”, agregó Cabal.
Un documento oficial del Gobierno de Estados Unidos, revelado por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, confirma que la oferta presentada a Colombia en 2022 para la compra de aviones de combate F-16 incluía aeronaves totalmente nuevas, modelo F-16C y F-16D Block 70, con todo su equipamiento y soporte logístico. El archivo, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, fue emitido con base en una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana el 29 de noviembre de 2022.Según el documento, la propuesta contemplaba la entrega de 16 aeronaves nuevas: 12 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta oferta se extendía hasta el 31 de julio de 2024.El valor total estimado ascendía a 3.137 millones de dólares, equivalentes hoy a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca. De haberse aceptado, los F-16 habrían comenzado a llegar al país a partir de 2027.Una oferta perdida y un antecedente claveEl contexto de esta negociación se remonta al año 2022. Blu Radio conoció que, antes de la propuesta estadounidense de aviones nuevos, Colombia había recibido una oferta considerada “una ganga” por parte del Gobierno de Dinamarca: una flota de aviones F-16 usados, en muy buen estado, con precios entre 2,5 y 6,5 millones de dólares por unidad. Esta operación estaba vinculada a la transición danesa hacia los F-35.Aunque la negociación avanzaba y había un CONPES aprobado durante el gobierno del presidente Iván Duque, la administración del presidente Gustavo Petro no dio vía libre para concretarla. Argentina, en cambio, sí aprovechó la oportunidad y posteriormente adquirió esos mismos aviones F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el gobierno de Javier Milei.Las dos ofertas de Estados Unidos para ColombiaTras descartarse la compra de aviones usados, Estados Unidos presentó dos ofertas formales para aviones nuevos F-16 Block 70:Una por 24 aeronavesOtra por 16 aeronaves, que corresponde a la incluida en el documento revelado.Ambas estaban acompañadas de equipamiento completo y soporte integral. El Gobierno de Estados Unidos aclaró, además, que no entrega su tecnología a fabricantes como Saab, lo que constituía una diferencia frente a la propuesta sueca de los Gripen, que utilizan motores General Electric. Washington también señaló que no firma offsets, un tipo de compensación económica y social que sí formó parte del acuerdo firmado entre Colombia y Saab para los Gripen.Decisión finalLa oferta estadounidense expiró el 31 de julio de 2024. Finalmente, en noviembre de 2025, Colombia optó por adquirir los aviones Gripen, por un valor estimado de 3.652 millones de dólares, equivalentes hoy a 13,9 billones de pesos.