La diligencia se realizará los días 21 y 24 de abril y busca que los exguerrilleros reconozcan su participación en delitos cometidos principalmente en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla, especialmente en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.Los convocados son Abelardo Caicedo, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, antes ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, quien fue conocido como ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, antes ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.De los excomandantes, solo Oviedo había sido procesado previamente por la justicia ordinaria por estos hechos.Según la investigación de la JEP, el Bloque Caribe fue una de las estructuras guerrilleras que más secuestros con fines económicos cometió en la región, muchos de ellos mediante retenes ilegales conocidos como “pescas milagrosas”. En estos casos, las víctimas eran retenidas en carreteras y obligadas a pagar dinero para recuperar la libertad.La Sala de Reconocimiento estableció que esta estructura es responsable del 15 % de los secuestros atribuidos a las Farc en todo el país, y que actuó siguiendo las directrices del antiguo Secretariado de esa guerrilla.Los secuestros respondían principalmente a financiar la organización, presionar intercambios por guerrilleros presos y consolidar control social y territorial en la región Caribe.Las investigaciones también documentaron que el sector ganadero fue uno de los más afectados, ya que muchos de sus integrantes fueron señalados por la guerrilla como supuestos aliados del paramilitarismo cuando se negaban a pagar extorsiones.Como resultado, varios fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento.Entre los casos atribuidos a este bloque están el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como “La Cacica”, en 2001, y el secuestro del exministro Fernando Araujo Perdomo, quien permaneció seis años en cautiverio antes de recuperar su libertad.La JEP imputó a los excomandantes crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desaparición forzada y desplazamiento forzado cometidos durante los cautiverios. Por la gravedad de estas conductas, estos delitos no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció presuntas incidencias ilegales en el proceso electoral del departamento, señalando que existirían presiones sobre líderes comunitarios para influir en las votaciones. El mandatario aseguró que la situación ya fue advertida a las autoridades y anunció que presentará las denuncias correspondientes.Según explicó el gobernador en Mañanas Blu, la información que ha recibido apunta a que actores ilegales estarían contactando a dirigentes locales mediante llamadas virtuales. “La información que tengo es que alias ‘La Morocha’ está haciendo videollamadas a presidentes de JAC, incidiendo en votaciones de los mismos”, afirmó Ruiz al referirse a presuntas presiones sobre líderes de Juntas de Acción Comunal.El mandatario departamental indicó que, por ahora, el objetivo específico de esas incidencias aún es materia de investigación. Sin embargo, reiteró que la situación representa una alerta para la transparencia del proceso democrático en zonas rurales del Caquetá. “Voy a hacer las denuncias del caso. Para votar por quién, es materia de investigación”, señaló.Ruiz también cuestionó decisiones tomadas desde instancias externas al territorio que, según él, no atendieron advertencias realizadas por autoridades locales sobre los riesgos electorales. “Yo particularmente hice esa denuncia, pero no entendemos por qué personas que no conocen el territorio y llegan a partir instrucciones, no acatan a locales”, expresó.En ese sentido, el gobernador aseguró que las recomendaciones hechas por las autoridades departamentales buscaban prevenir escenarios de riesgo. A su juicio, algunas decisiones pudieron evitar situaciones de tensión en zonas apartadas del departamento. “Debió haberse hecho el traslado para que esta situación no se presentara, debió acatar las recomendaciones municipales y departamentales”, sostuvo.El mandatario agregó que, ante el incumplimiento de esas recomendaciones, ahora corresponde a la Fuerza Pública reforzar la seguridad en las regiones más alejadas. “No se cumplió, entonces queda al Ejército tratar de cumplir con la seguridad en lugares alejados como estos”, afirmó.Además de las presuntas presiones a líderes comunales, Ruiz denunció posibles irregularidades en el proceso electoral relacionadas con la organización de mesas de votación. Según indicó, en algunos lugares se habrían presentado situaciones que considera anómalas. “Se aperturaron mesas de votación donde, de manera anómala, hubo inscripción de cédulas. Eso es algo que yo denuncié”, manifestó.Finalmente, el gobernador insistió en que la legitimidad de las elecciones no depende únicamente del número de votantes, sino de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin presiones. “La democracia no se mide por número de personas que voten, sino por quienes voten libre y espontáneamente. No solamente con un militar en las mesas”, concluyó.
En la mañana de este jueves se conocieron los primeros detalles y la primera imagen del rodaje de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada con recursos del Estado colombiano por un valor cercano a los 4 millones de dólares, equivalentes a casi 16.000 millones de pesos. La información fue publicada en el SECOP, la plataforma oficial de contratación estatal.El proyecto cinematográfico busca narrar la vida de Padilla, un estratega naval afrodescendiente que lideró la victoria de la Armada de la Gran Colombia en la batalla de Maracaibo en 1823. La propuesta está siendo desarrollada por la productora colombiana Valencia Producciones, con el apoyo de RTVC, que aportó 8.104 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos provendrían del FUTIC, el fondo de fomento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.El rodaje comenzó en febrero y se espera que la película esté editada y lista para mediados de este año. La dirección está a cargo de Axel Mauricio Navas Talero y Andrés Arturo Valencia Acano, mientras que el guion fue escrito por Navas Talero, Henry Pérez Ballén, Luz Adriana Morales Zapata y Conchita Ruiz López de Mesa. Según los documentos del contrato, se subraya la participación de talento colombiano tanto en la escritura como en la dirección, requisito para acceder a los recursos del FUTIC.Esta es la foto del presidente en el rodaje de la películaUno de los detalles que más ha llamado la atención es la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., reconocido por su papel en Jerry Maguire, como protagonista en el papel del almirante Padilla. Dado que Gooding Jr. no habla español, se prevé que la película se grabe principalmente en inglés. El contrato detalla que el actor principal recibirá un presupuesto de 2.239 millones de pesos, mientras que los actores de reparto suman 116 millones y otros roles secundarios alcanzan 2.480 millones de pesos.Entre las imágenes difundidas figura una fotografía en la que aparece el presidente Gustavo Petro, vestido con uniforme militar de época, lo que confirma su participación en la película en un papel que aún no ha sido precisado. Aunque no se ha detallado el alcance de su actuación ni el tiempo que estará en pantalla, la inclusión del mandatario en la producción ha generado atención nacional.La película se centra en homenajear la figura histórica de Padilla, abordando su formación en la Armada española y su liderazgo en la independencia de la Gran Colombia. La producción también contempla la edición final y los efectos visuales como parte de su presupuesto global.
Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se identificaron 35 eventos de conflictos sociales asociados al contexto preelectoral en Bogotá y en municipios de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.De acuerdo con el informe, la mayoría de estos hechos están relacionados con acciones contra la oposición política, tensiones derivadas de la polarización entre sectores con posturas políticas distintas, controversias por la inscripción de candidatos y situaciones que afectan el derecho a elegir y ser elegido.En cuanto a las formas de manifestación, la Defensoría señaló que predominan plantones y concentraciones, aunque también se han registrado daños a vallas electorales, disturbios en protestas, afectaciones a sedes de campaña, marchas y sabotajes en actos políticos.Aunque la mayoría de estas manifestaciones han sido de carácter pacífico, la entidad advirtió que algunos episodios recientes han incluido agresiones, daños materiales y enfrentamientos entre simpatizantes, lo que refleja un escenario de tensión latente que podría escalar en medio de la jornada electoral o durante el proceso de escrutinio.Entre los factores de riesgo identificados están: “pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones, que podrían afectar la movilidad de las y los ciudadanos y de las autoridades electorales o del material electoral que podrían incidir el normal desarrollo de la jornada”.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para adoptar medidas preventivas oportunas que permitan garantizar el ejercicio libre del derecho al voto, la protección de los derechos humanos y el normal desarrollo del proceso electoral.“En este sentido, resulta fundamental promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el fin de tramitar de manera temprana las tensiones que puedan presentarse en los territorios y así evitar escenarios de escalamiento de la conflictividad social”.Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a partidos políticos, candidaturas y a la ciudadanía “para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática”.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Venezuela volvió a mostrar cifras positivas en su economía. El Banco Central de Venezuela informó que el país creció 8,66 % en 2025, un repunte que atribuye principalmente al sector petrolero, incluso en medio de las sanciones de Estados Unidos que el año pasado fueron flexibilizadas tras la caída del mandatario Nicolás Maduro.El dato marca 19 trimestres consecutivos de crecimiento, según el ente emisor, y abre el debate sobre si la economía venezolana realmente está entrando en una etapa de recuperación sostenida o si se trata de un rebote estadístico después de una contracción histórica.Petróleo impulsa la economía tras cambios en el control del crudoEl informe del banco central señala que el impulso clave vino del petróleo. Aunque no se divulgaron los resultados completos del sector en 2025, sí se reportó un aumento de 13,41 % en el cuarto trimestre.El contexto político y económico cambió de forma drástica el 3 de enero, tras la incursión militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro. Posteriormente, Venezuela cedió a Estados Unidos el control de la comercialización de su crudo y reformó su Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación privada.Las ganancias por la venta del petróleo ahora se depositan en un fondo en Catar, disponible para el nuevo gobierno encabezado por la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez.El BCV aseguró en un comunicado que “la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación”. Además, analistas proyectan que en 2026 el crecimiento podría ubicarse entre 10 % y 15 %.Crecimiento económico en Venezuela no borra crisis salarialA pesar del repunte, la realidad diaria sigue siendo compleja para buena parte de la población. El PIB venezolano se redujo cerca de 80 % en una década y apenas comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, cuando se levantaron controles de precios y se permitió una dolarización informal.Hoy el ingreso promedio se ubica entre 100 y 300 dólares, muy por debajo de los 700 dólares que, según estimaciones privadas, se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.Expertos advierten que en una economía que hoy es cinco veces más pequeña que en 2013, pequeñas variaciones pueden inflar los porcentajes de crecimiento.El balance deja dos lecturas claras:Hay expansión económica sostenida según cifras oficiales.El poder adquisitivo de los ciudadanos sigue siendo limitado.La pregunta sobre si Venezuela se está recuperando no tiene una respuesta simple. Las cifras muestran avance, pero la percepción ciudadana aún parece estar lejos de hablar de bonanza.
Una alerta sanitaria de máxima gravedad encendió las alarmas en el sector alimentario luego de que se ordenara el retiro inmediato de más de 25.000 kilos de arándanos congelados por posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede generar infecciones severas e incluso mortales en poblaciones de riesgo.La decisión fue adoptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, entidad que clasificó el caso como un retiro de Clase I, la categoría más alta dentro de su escala de riesgo. Esta clasificación se aplica cuando existe una “probabilidad razonable” de que el consumo del producto afectado cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte.¿Qué empresa está detrás del retiro?La compañía involucrada es Oregon Potato Company, dedicada a la producción y distribución de frutas y verduras congeladas. La empresa inició el retiro de manera voluntaria el pasado 12 de febrero; sin embargo, tras la evaluación técnica del riesgo, la FDA elevó oficialmente la medida esta semana.Hasta ahora, la empresa no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso.¿Dónde fueron distribuidos los arándanos?Según el informe oficial, los arándanos congelados fueron enviados a:MichiganOregonWashingtonWisconsinCanadáLas autoridades aclararon que el producto no fue comercializado directamente en supermercados minoristas. No obstante, no se ha confirmado si pudo haber llegado a consumidores finales a través de otros canales de distribución.Lotes y presentaciones afectadasEl retiro involucra arándanos congelados en presentaciones industriales:Cajas de 30 libras con códigos de lote: 2055 B2, 2065 B1 y 2065 B3.Contenedores de 1.400 libras con códigos: 3305 A1 y 3305 B1.La FDA recomendó a las empresas que hayan recibido estos lotes aislarlos de inmediato y contactar a las autoridades sanitarias correspondientes para evitar cualquier riesgo de exposición.¿Qué riesgos tiene la Listeria?La Listeria monocytogenes es una bacteria particularmente resistente, capaz de sobrevivir a bajas temperaturas, incluso en productos congelados. Además, puede persistir en superficies y equipos industriales si no se aplican protocolos estrictos de limpieza y desinfección, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada.La infección, conocida como listeriosis, puede provocar síntomas como:FiebreNáuseasVómitosDolores muscularesDiarreaEn casos más graves, puede generar complicaciones neurológicas y cuadros potencialmente mortales.Los grupos más vulnerables incluyen mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas con el sistema inmunológico debilitado. En mujeres gestantes, la infección puede derivar en complicaciones severas durante el embarazo.Hasta el momento no se han confirmado contagios asociados con estos lotes específicos. Sin embargo, la autoridad sanitaria mantiene la vigilancia activa y reiteró la importancia de reforzar los estándares de inocuidad en toda la cadena de producción y almacenamiento de alimentos congelados.
Colombia puso en marcha uno de los planes más ambiciosos para modernizar el transporte público individual. El Ministerio de Transporte abrió oficialmente el programa Transporte Sostenible: Taxis Eléctricos, con el que busca acelerar la renovación de vehículos antiguos por unidades 100 % eléctricas.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la iniciativa como “lo más grande que se ha hecho hasta ahora en Colombia en modernización de vehículos de servicio público individual” y aseguró que no se trata de una propuesta futura, sino de un esquema que ya está habilitado para postulaciones.¿Cuánto dinero podrán recibir los taxistas y cuáles son los requisitos?Para 2026, el Ministerio dispone de $12.842 millones destinados a propietarios que tengan entre uno y tres taxis.El incentivo económico se estructura así:Hasta $34 millones para taxis con entre 10 y 20 años de operación.Un adicional de $7,5 millones si el vehículo supera los 20 años.Hasta $10 millones para instalar infraestructura de recarga domiciliaria.En el escenario más alto, el apoyo puede superar los $51,5 millones por beneficiario.La ministra explicó que el componente de recarga es clave para que el modelo sea viable en el día a día. “No queremos que la gente se vare, pues el tema de la recarga le puede hacer poco viable utilizarlo en el día a día. No es un papel, no es una idea, es algo a lo que la gente ya se puede postular”, afirmó.¿Habrá créditos adicionales para completar la compra?Sí. El programa incluye una línea de financiación respaldada por Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías.Los propietarios podrán solicitar hasta $92,4 millones adicionales para adquirir el taxi eléctrico. La línea contempla tres meses de gracia y un plazo de cinco años.Según José Alberto Garzón, presidente de Bancóldex, actualmente hay $14.800 millones disponibles y el monto podría ampliarse. Detalló que el crédito no solo cubre el vehículo, sino también el costo de oportunidad durante la reposición, la matrícula y la infraestructura de carga.¿Qué impacto tendría en el bolsillo de los conductores?Desde el Gobierno sostienen que la transición también tiene un componente económico. Rojas aseguró que los costos mensuales podrían pasar de alrededor de $1,8 millones a aproximadamente $636.000, dependiendo del modelo elegido.“Sobre todo los conductores o propietarios de taxis entienden lo que es bajar la tercera parte de ese costo, hasta 40 % por kilómetro de los costos globales”, señaló la ministra.Aclaró, no obstante, que los valores finales dependerán de la referencia escogida, razón por la cual el Ministerio organizó espacios de exhibición donde las marcas presentan sus propuestas.El objetivo oficial es que para 2036 circulen 54.000 taxis eléctricos bajo este esquema. El plan se enmarca en la estrategia de transición energética del país, en un contexto en el que el transporte representa cerca del 12 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tengo claro que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Son reacciones adaptativas del ser humano. Es necesario que cada uno sepa gestionarla de la mejor manera posible según su propósito de vida. Particularmente una a la que le pongo mucha atención es a la ira. La cual surge cuando sentimos injusticia, frustración o amenaza. Tengo claro que el problema no es sentirla. El problema es cuando dejamos que ella nos gobierne y nos impulse a dañarnos o dañar a otros.Y las cifras en Colombia nos están mostrando que el manejo de la ira es un asunto social. Los datos más recientes en Colombia muestran algo preocupante: la violencia intrafamiliar aumentó cerca de un 47 % entre enero de 2024 y enero de 2025. Y más de 27 mil mujeres sufrieron algún tipo de violencia durante el año pasado. Detrás de cada número hay una historia: una discusión que se salió de control, una rabia que nadie supo manejar.Es importante decir algo con claridad: la ira no es violencia, pero la ira mal gestionada puede convertirse en violencia. Cuando una persona no sabe procesar su frustración, su miedo o su sensación de fracaso, esa energía busca salida. Y muchas veces sale en forma de grito, de humillación o de golpe.La pregunta entonces no es cómo eliminar la ira, porque eso es imposible. La pregunta es cómo educar emocionalmente esa fuerza. La ira puede ser una alarma que nos dice: “algo no está bien”.. Pero si no la escuchamos con conciencia, se convierte en incendio. Por eso el verdadero desafío cultural de nuestro tiempo no es solo la seguridad en las calles; también es la alfabetización emocional en nuestras casas. Aprender a detenernos antes de reaccionar. Aprender a nombrar lo que sentimos. Aprender a decir “estoy frustrado” antes de decir algo que hiera. Porque una sociedad que no aprende a manejar su ira termina viviendo en una tensión permanente.Y hay una verdad profunda: la violencia casi siempre es el fracaso del diálogo interior.Cuando una persona no puede hablar con su propio dolor, termina gritándolo sobre los demás. Tal vez por eso una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo no es solamente educar la inteligencia o el conocimiento, sino educar el corazón.
La circular de la Unidad Nacional de Protección impone restricciones estrictas a los escoltas en época electoral, a propósito de la captura de un funcionario en La Guajira con 145 millones de pesos: queda prohibido participar en política, transportar personas o material no autorizado y usar vehículos del esquema para fines ajenos a la seguridad.La circular está dirigida a los escoltas de planta y a los vinculados mediante operadores en la que les recuerda sus deberes legales y fija las prohibiciones antes, durante y después de las jornadas electorales.La entidad advirtió que los escoltas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades de carácter político.No deben transportar personas, elementos o materiales que no estén autorizados por la UNP y sobre todo cuando sean ajenos al servicio de protección.No utilizar las medidas de protección para favorecer intereses o actividades políticas.No utilizar los vehículos de protección para transportar personal ajeno al esquema de seguridad o para transportar elementos ajenos al propósito que tiene las camionetas de la UNP.Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, advirtió que los esquemas de seguridad no deben operar como ruedas sueltas como pasó con Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien le dio permiso sin informar a la UNP.Claramente la UNP no quiere que se repita lo de La Guajira y por eso recordó que existe un Manual de obligaciones y prohibiciones y sobre todo, un listado de sanciones para quienes se atrevan a incumplir con las normas internas de la entidad.También le puede interesar:
Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.¿Cómo ocurrió el atentado?La candidata Bolívar habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el atentado en su contra y explicó que ocurrió en "cuestión de segundos". "Una motocicleta se acercó, se realizaron los disparos y en el momento obviamente yo Por lo menos me agaché, me caí al piso en un estado de agonía, obviamente resguardándome, porque en ese momento es el reflejo que entiendo que una persona normal pues lo puede hacer", relató.Al respecto sobre los autores del ataque, Bolívar aseguró que, aunque la Policía "ha estado muy pendiente", no le han dado esa información.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En medio del aumento de amenazas al sector productivo por extorsiones, ciberataques y redes criminales que usan el transporte legal para sus fines, la Policía reunió a cientos de empresarios en Bogotá para discutir un desafío que hoy es global: la seguridad en la cadena de suministro.El encuentro, realizado en la Escuela de Cadetes General Santander, congregó a más de 2.700 empresas nacionales e internacionales, 315 de forma presencial y más de 2.400 conectadas virtualmente.El espacio hizo parte del XXI Encuentro Anual del Frente de Seguridad Empresarial (FESEM), un programa que desde hace más de dos décadas busca fortalecer la cooperación entre las autoridades y el sector privado frente a la criminalidad.El tema central de este año, 'Seguridad en la cadena de suministro: un desafío global', puso sobre la mesa los riesgos que enfrentan las compañías ante el robo de carga, el contrabando, la falsificación de productos y la infiltración de economías ilícitas en el comercio formal.Expertos nacionales e internacionales coincidieron en que las mafias ya no operan solo en zonas rurales: ahora se camuflan entre los contenedores, las plataformas digitales y los corredores logísticos del país.Durante la jornada se escucharon intervenciones de especialistas en seguridad, logística y tecnología, entre ellos el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin, quien habló sobre los siete ejes estratégicos para blindar al sector productivo frente a las finanzas criminales y el cibercrimen. También participaron Julia Rosa Romero Benites, de la Universidad de los Andes, y el brigadier general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, quienes compartieron experiencias sobre seguridad en infraestructura crítica y sostenibilidad empresarial.Además del intercambio académico, el evento sirvió para presentar la octava edición del libro 'Herramienta de Seguridad para los Actores de la Cadena de Suministro', una publicación que recopila casos de éxito y buenas prácticas desarrolladas por empresas colombianas en alianza con la Policía.El Frente de Seguridad Empresarial, creado hace 23 años, ha crecido hasta vincular más de 5.000 compañías y hoy impulsa proyectos de prevención, análisis criminal y educación en seguridad corporativa. Solo este año ha realizado casi 2.000 jornadas de sensibilización y más de 3.000 visitas técnicas a empresas de distintos sectores.
Los efectos de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista Clinton van más allá de sanciones económicas, como congelar cuentas o impedir negocios con Estados Unidos. Blu Radio pudo confirmar que durante su viaje a Arabia Saudita, en el marco de una gira internacional que comenzó el mandatario este lunes, hubo problemas con el avión presidencial cuando hizo escala en Madrid y a la hora de tanquear combustible.Esto no fue una sorpresa para los funcionarios de la Casa de Nariño, porque antes del viaje los encargados de la seguridad del presidente tuvieron una reunión en la que discutieron la posibilidad de tener prohibiciones a la hora de suministrar combustible para el avión presidencial, por el temor de las compañías a sanciones de Estados Unidos. Allí, la Cancillería hizo llamadas a varios países para resolver esta duda y definir la ruta que el presidente Petro haría para llegar a su primer destino, que fue Riad.Al aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, al avión presidencial de Colombia (FAC 0001) le negaron la carga de abastecimiento de combustible, tal como se temía. Gracias a gestiones diplomáticas, este inconveniente pudo ser solucionado y, por ello, el presidente, en un trino, escribió dando pistas de lo ocurrido:“Agradezco la ayuda del reino de España para poder llegar a donde soy invitado. Agradezco al reino de Arabia Saudita por su recibimiento”, escribió el mandatario en X.EFE consultó esa versión con la Presidencia y otras autoridades, pero no hubo respuesta.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos. Sin embargo, Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas
El Ministerio del Trabajo adelanta una investigación en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego del accidente laboral ocurrido el 20 de octubre en el que murió Marlon Andrey Cristiano Ortiz, un joven operario de 22 años que trabajaba para la aerolínea Avianca y su operador logístico SAI.El incidente se registró mientras el trabajador atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil, Ecuador. Según los reportes iniciales, Ortiz fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, de aproximadamente seis toneladas, mientras se encontraba en la posición 53 de la plataforma.Tras el hecho, un equipo de inspectores del Ministerio realizó una diligencia de inspección y verificación en la zona para revisar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La evaluación incluye la revisión de los protocolos de seguridad, turnos y horarios laborales, las funciones de los trabajadores implicados, el estado de la maquinaria involucrada y los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año.El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que esta investigación se suma a un seguimiento que la entidad ya venía realizando sobre las condiciones laborales en el sector aéreo.“La seguridad aérea no puede separarse de la seguridad de los trabajadores. Proteger sus derechos también es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos y los viajeros”, señaló el ministro Sanguino.El funcionario informó además que, durante 2025, el ministerio ha iniciado 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, de los cuales 32 están relacionados con incumplimientos de normas laborales y 21 con riesgos laborales. Hasta el momento, se ha impuesto una sanción por 185 millones de pesos, mientras que ocho casos fueron archivados y los demás continúan en trámite.El ministerio también ha realizado 18 visitas de inspección en nueve departamentos para reforzar la vigilancia de las condiciones laborales en aerolíneas, operadores y personal técnico.Según la información recopilada, hacía más de una década no se registraba un accidente mortal en la operación de la aerolínea. Avianca aseguró que sus protocolos priorizan la seguridad de los operarios y que, dentro de la plataforma, los peatones tienen prelación sobre los vehículos.El Ministerio del Trabajo continuará con la indagación para determinar si procede una sanción y qué ajustes deberán realizar Avianca y SAI en sus sistemas de gestión de seguridad laboral. La investigación también contará con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar, que emitirá recomendaciones una vez concluido el análisis preliminar del caso.Por su parte, Avianca emitió un comunicado refiriéndose sobre esta inspección en donde aseguraron haber atendido toda la información requerida para facilitar este proceso. “Avianca suministró toda la información requerida para facilitar el proceso de investigación. Vale la pena aclarar que, desde el primer momento, la aerolínea ha estado en total disposición y colaboración con las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.
El Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sostuvieron una reunión en la que acordaron conformar una mesa interinstitucional de alto nivel para analizar las dificultades presentadas en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).El encuentro, liderado por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y la Secretaría General del Ministerio, permitió conocer directamente las inquietudes del Comité Ejecutivo de Fecode sobre el funcionamiento del sistema operado por Fiduprevisora S. A.Durante la reunión, el Ministerio de Educación se comprometió a coordinar un trabajo conjunto con los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, así como con los representantes de Fecode, para construir una hoja de ruta que permita estabilizar el modelo y mejorar la atención a los maestros y sus familias.Ambas partes resaltaron la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y de avanzar en soluciones concertadas que prioricen la salud y, el bienestar del magisterio.El consejo directivo del Fomag, que cuenta con la participación de dos delegados de Fecode y asesoría del Ministerio de Salud, continuará sesionando de manera regular para hacer seguimiento a la operación del sistema y tomar decisiones orientadas a su fortalecimiento.Pese a los avances en el diálogo, Fecode confirmó que el paro de los docentes se mantiene, mientras se concretan soluciones efectivas que garanticen la atención en salud de los educadores del país.
En un operativo realizado en Isnos, Huila, por unidades de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) adscritas a la Metropolitana de Bogotá y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se logró la captura, por orden judicial, de Pedro Pablo Poveda, alias ‘Pedro Pablo’ o ‘Junior’, presunto integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN.Según la información policial, alias ‘Junior’ estaría vinculado al atentado terrorista en el que perdieron la vida 22 cadetes, en enero de 2019, en la Escuela General Francisco de Paula Santander, en Santander.“En una operación conjunta con la Fiscalia, en Isnos, Huila, fue capturado alias ‘Junior’, integrante del ELN y presunto partícipe del atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en 2019, donde perdieron la vida 22 de nuestros cadetes”, dijo el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía, a través de su cuenta de X.Alias ‘Junior’, presunto integrante de la red sicarial del Comando Urbano del Frente Urbano Compañero Diego GAO del ELN, había sido capturado en 2014 en Saravena (Arauca) por el delito de rebelión y se encontraba huyendo de la justicia, ocultándose en el departamento del Huila.Por último, el director general de la Policía resaltó que este resultado reafirma el compromiso con la justicia y con la memoria de quienes ofrendaron su vida por Colombia.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero interpuso una tutela contra la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral como tercero interesado. En el documento señala que la entidad vulneró sus derechos a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, por negar la inscripción de su comité para recolectar firmas y aspirar a la Presidencia por el movimiento “Reset total contra el narco y los corruptos”.Quintero explicó el contexto de este lío jurídico. En primer lugar, recordó que el Pacto Histórico solicitó al CNE su personería jurídica, reconocida de forma condicionada mediante la Resolución 9673 de 2025. Luego, el Tribunal de Bogotá otorgó una medida provisional que permitió inscribir precandidatos del Pacto Histórico mientras se resolvía de fondo la personería. Daniel Quintero se inscribió en la consulta; sin embargo, posteriormente la tutela fue declarada improcedente y la medida quedó sin efectos, lo que, según él, implicaba el decaimiento jurídico de su inscripción.El exalcalde de Medellín renunció, pero lo hizo fuera de tiempo y sin que ningún partido confirmara esa dimisión. Su nombre apareció en la consulta del 26 de octubre de 2025 junto a Carolina Corcho e Iván Cepeda, y recibió más de 150.000 votos. Por esa razón, la Registraduría considera que sí participó en dicha elección y, en consecuencia, pidió al CNE decidir si podía o no recolectar firmas y participar en la carrera presidencial.El equipo jurídico de Quintero considera esta decisión una maniobra dilatoria sin sustento legal y, por ello, solicita a un juez que declare que la Registraduría vulneró sus derechos fundamentales, que se ordene el registro inmediato del comité promotor y que se habilite el sistema de recolección de apoyos ciudadanos.En el documento se solicita, además, que mientras se resuelve de fondo la tutela, se ordene inscribir provisionalmente su comité promotor para no perder tiempo en la recolección de firmas, dado que restan 50 días para reunir más de 630.000 válidas.