La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha dispuesto un amplio despliegue aéreo sobre toda la extensión territorial, la cual abarca la superficie continental, insular y el área marítima, para reforzar la seguridad durante la jornada de votaciones de este fin de semana.Este dispositivo operacional se desarrolla en el marco del Plan Democracia 2026, desde los comandos y grupos aéreos ubicados a lo largo del país, desplegando las capacidades aéreas hacia regiones apartadas, zonas urbanas y activos estratégicos. Para ello se emplearán aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente pilotados.Las aeronaves y sus tripulaciones se encuentran en máximo estado de alistamiento antes, durante y después de los comicios, con el propósito de cumplir misiones permanentes como el transporte de tropas, material y jueces electorales, así como la vigilancia y el monitoreo de vías y puestos de votación en ciudades y zonas rurales.De igual manera, la institución estará presente en los puestos de mando unificado ubicados en los diferentes departamentos, desde los cuales trabajará de manera articulada con la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el Ejército y la Armada Nacional, la Policía y autoridades civiles en todos los niveles, para atender o informar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar.Asimismo, como parte de la responsabilidad territorial, la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía Nacional, efectuará misiones de control sobre las cabeceras municipales de Madrid y Puerto Salgar (Cundinamarca), y La Dorada (Caldas), durante el desarrollo de la jornada electoral.De esta manera, la Fuerza contribuye al cumplimiento de los fines del Estado, preservando la seguridad en las elecciones de este domingo 8 de marzo y fortaleciendo el trabajo interinstitucional, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones libres, seguras y transparentes durante esta jornada democrática.
Las elecciones legislativas que se realizarán este domingo contarán con una cifra histórica de vigilancia electoral. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 1.034.532 ciudadanos fueron registrados como testigos electorales, quienes actuarán como veedores de los partidos y movimientos políticos durante la jornada.De acuerdo con el organismo electoral, este número permitirá que el 98,8 % de las mesas de votación del país tengan al menos un testigo, encargado de observar el desarrollo del proceso antes, durante y después de la votación, con el objetivo de garantizar la transparencia en el conteo de los votos.El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, destacó que esta participación representa una señal de confianza y de compromiso con el sistema democrático. “Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, aseguró.Entre las colectividades y partidos políticos que registraron el mayor número de testigos electorales se encuentran: el Pacto Histórico, con 93.329; Centro Democrático, con 87.645; el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517, y el Frente Amplio Unitario, con 66.110.También destacan el Partido Conservador, el Partido de la U y Alianza por Colombia, entre otros movimientos políticos que tendrán presencia en los puestos de votación en todo el territorio nacional.El aumento no solo se refleja en la cantidad de testigos. También creció la presencia de auditores de sistemas, que pasaron de 186 hace cuatro años a 10.720 en esta ocasión, lo que representa un incremento de más del 5.600 %.El acompañamiento a las elecciones también aumentó por parte de las misiones de observación. Para estos comicios se registraron 482 delegados internacionales, una cifra superior a los 55 observadores que participaron en 2022. A nivel nacional, dicha observación estará a cargo de 8.429 ciudadanos, lo que también representa un incremento frente a las elecciones anteriores.El CNE también destacó que en 2022 se registraron 394.235 testigos electorales, mientras que para las elecciones de 2026 el número supera el millón, lo que representa un incremento del 162 %.Según el organismo, esta amplia participación de testigos y observadores busca reforzar la transparencia, la legitimidad y la confianza en los resultados de la jornada electoral, en la que los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República.
Más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, junto con un número similar de efectivos de la Policía Nacional, fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.Así lo confirmó en Blu Radio el coronel José Luis Bastidas, gerente del llamado Plan Democracia, quien explicó que el dispositivo fue planeado durante un año en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades de control.De acuerdo con el oficial, el objetivo es custodiar 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional y asegurar que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad."Más de 126,000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y otro tanto de la Policía Nacional nos encontramos ya en el despliegue para cubrir los 13,493 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestra nación con todas las capacidades de las fuerzas militares. Estamos listos, preparados, generando todas las condiciones de seguridad para que todos los más de 41,000 millones de colombianos que pueden ejercer el libre al voto el día de mañana lo hagan de de manera libre y segura"Zonas con mayor atenciónLas autoridades identificaron algunas regiones del país como zonas priorizadas de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales.Entre ellas están Cauca, Catatumbo, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Chocó y Guaviare, donde se reforzó la presencia de la Fuerza Pública para prevenir posibles alteraciones del orden público.Cierre de fronteras y controlesEl coronel Bastidas también confirmó que el Gobierno decretó cierre de fronteras, una medida habitual en procesos electorales para evitar irregularidades.Los pasos terrestres con países vecinos estarán vigilados por la Fuerza Pública y Migración Colombia, con el fin de impedir el ingreso o salida de personas durante la jornada electoral.Línea para denunciar delitos electoralesLas autoridades también habilitaron la línea 157, disponible las 24 horas, para que los ciudadanos denuncien posibles delitos electorales como compra de votos, trashumancia o constreñimiento al elector.Según el comandante, las denuncias serán remitidas de inmediato a unidades de la Policía o las Fuerzas Militares para actuar rápidamente.Vigilancia contra ciberataquesEl Plan Democracia también contempla un componente de ciberseguridad, ante el riesgo de ataques informáticos durante la jornada.Las autoridades trabajan con entidades del Estado y con el Comando Conjunto Cibernético para proteger los sistemas de información y evitar afectaciones en el flujo de datos electorales.Puestos de votación trasladadosDe acuerdo con la información oficial, solo dos puestos de votación fueron trasladados en Cartagena del Chairá por motivos de seguridad, mientras que algunos más en Córdoba cambiaron de ubicación debido a inundaciones.El resto de los puestos se mantienen según la planeación realizada por la Registraduría.Finalmente, el coronel Bastidas invitó a los ciudadanos a salir temprano a votar y evitar aglomeraciones, destacando que la Fuerza Pública estará acompañando la jornada en todo el país.“Que todo el mundo esté tranquilo y que podamos sacar eso adelante sin ningún problema”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
En Colombia, llegan a ser comunes las molestias de los residentes de conjuntos residenciales con los administradores. Para muchos, los altos costos, cobros y hasta multas pueden resultar exagerados, lo que genera que las personas sientan la necesidad de quejarse sobre el funcionamiento de la administración; sin embargo, no todos conocen dónde pueden presentar sus quejas.En el país no existe una entidad única, o al menos especializada, a la que se le pueda atribuir de manera general la inspección, vigilancia y control frente a las propiedades horizontales. Por este motivo, el control de la administración suele recaer inicialmente en los órganos internos de la copropiedad.Normalmente, la vigilancia y control de la administración debe ser ejercida por la asamblea de copropietarios, el consejo de administración y, en algunos casos, por la revisoría fiscal, de conformidad con lo establecido por la Ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones de la asamblea.¿Dónde acudir si los administradores incumplen sus funciones?En el caso de que los administradores incumplan sus funciones o se presenten inconformidades con el manejo de la propiedad horizontal, los copropietarios pueden acudir a mecanismos legales de solución de conflictos, entre ellos acciones judiciales ante los jueces civiles. Un ejemplo es el proceso verbal para controversias sobre propiedad horizontal, regulado en el artículo 390 del Código General del Proceso.De hecho, según lo señalado por Esteban García Jimeno, senior counsel del bufete de abogados Holland & Knight, en Colombia no hay una superintendencia o entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las propiedades horizontales o de sus administradores. Por lo tanto, el principal control se ejerce internamente por los órganos de la copropiedad, especialmente por la asamblea de copropietarios y el consejo de administración.Eso sí, existen varias entidades del Estado que pueden ejercer control en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la DIAN en temas fiscales; las entidades municipales y distritales cuando se trate de salubridad, asuntos ambientales, convivencia o incluso infracciones urbanísticas.¿Qué hacer en caso de que se roben el dinero?Este es un caso mucho más delicado y requiere una investigación profunda. Por lo tanto, si existen indicios de que recursos están siendo apropiados indebidamente o utilizados de manera irregular, los residentes de la copropiedad pueden interponer las respectivas denuncias ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones pertinentes.De acuerdo con Esteban García, “dependiendo de las circunstancias del caso, podrían configurarse delitos como hurto, abuso de confianza, administración desleal, falsedad en documento o corrupción privada, entre otros”.¿Qué sanciones pueden enfrentar los administradores?Las sanciones que se le puedan imponer a los administradores dependen de lo que se establezca en el reglamento interno del conjunto y en el contrato mediante el cual fue vinculado. Un ejemplo es que el administrador pueda ser removido de su cargo, quedar sujeto a penalidades contractuales o incluso ser requerido para responder por los daños causados a la copropiedad.Según afirma el experto, las sanciones dependerán de la forma de su vinculación: “si se trata de una empresa administradora o de un administrador contratado mediante prestación de servicios, aplicarán las penalidades, sanciones o cláusulas previstas en el contrato. Si el administrador tiene un contrato laboral, deberán aplicarse además las normas y procedimientos del derecho laboral”, explica Esteban García.Finalmente, si se determina que existió la comisión de un delito, el administrador enfrentaría sanciones penales que pueden resultar en multas y/o penas privativas de la libertad.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la adopción de una medida cautelar de urgencia para que el presidente Gustavo Petro sustente con pruebas los señalamientos que ha realizado contra la Organización Electoral, especialmente aquellos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso electoral que se aproxima.La procuraduría pidió al tribunal que ordene al mandatario abstenerse de difundir afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales si estas no cuentan con soporte probatorio verificable.En el documento, el agente del Ministerio Público solicitó que se ordene “al señor Presidente de la República que en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima”, en especial aquellas relacionadas con “presuntos fraudes electorales, manipulación de los software que se utilizan en el proceso electoral, posible alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios y/o tarjetones”.También se planteó que, en caso de contar con información que respalde esas afirmaciones, el jefe de Estado debe ponerla a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía. En ese sentido, el documento señala que dichas manifestaciones no deberían realizarse “sin que se tenga una información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, caso en el cual debería ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten sus afirmaciones”.El documento también justificó la solicitud de urgencia en la cercanía del calendario electoral. Según el escrito, “el carácter urgente con el que se plantea se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para las elecciones de candidatos a Corporaciones Públicas, Consultas y Presidencia de la República, que en pocos días se desarrollarán (la primera de ellas el próximo 8 de marzo de 2026)”.Frente a esta petición, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió examinar y darle trámite a la solicitud. En la providencia se determinó “IMPARTIR el trámite de medida cautelar ordinaria a la solicitud del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho”.Además, el tribunal ordenó correr traslado de la solicitud a las partes involucradas para que se pronuncien. En la decisión se establece “Se corre traslado a las partes: actor popular, señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y señor Presidente de la República por el término de cinco (5) días” para que respondan frente a la petición presentada por la Procuraduría.Igualmente, el despacho dispuso que se notifique a las autoridades electorales, por su papel en la protección del derecho colectivo relacionado con la transparencia del proceso democrático. En ese sentido, también se dará traslado de la solicitud al Registrador Nacional del Estado Civil y al presidente del Consejo Nacional Electoral, quienes tendrán el mismo plazo de cinco días para pronunciarse.Con este trámite, el tribunal deberá evaluar si procede o no la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral y por las tensiones generadas en torno a la confianza en el sistema electoral del país.
Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. La sentencia fue emitida por el Juzgado 5 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó haber participado en la planeación y ejecución del crimen.Con la aprobación del preacuerdo por parte del despacho judicial, Mora González fue declarado responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas en calidad agravada. La decisión judicial se sustenta en los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía durante la investigación sobre el atentado que terminó con la vida del dirigente político.De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el ente acusador, Mora González habría desempeñado un rol clave en la organización logística del ataque, particularmente en la identificación del lugar donde se perpetró el homicidio y en el apoyo para el traslado de los involucrados en el plan criminal. Además, según lo establecido en el proceso, puso a disposición un vehículo que fue utilizado para entregar el arma de fuego al adolescente de 15 años que finalmente disparó contra la víctima.Tras el ataque, el hoy condenado huyó del lugar de los hechos, sin embargo, posteriormente fue identificado gracias a registros de cámaras de seguridad y a un comparendo de tránsito, lo que permitió avanzar en su ubicación y vinculación al proceso penal.El hombre, conocido con el alias de ‘El Veneco’, ya había tenido antecedentes judiciales. De hecho, había sido condenado previamente en otro proceso y fue capturado en febrero de 2024 en Florencia, Caquetá, cuando se encontraba en posesión de 11 cartuchos de fusil calibre 5,56, un hallazgo que también quedó consignado dentro de los antecedentes del procesado.
En el marco de las elecciones legislativas, los beneficiarios del programa Colombia Mayor no podrán reclamar este fin de semana su subsidio de 230.000 pesos en ninguno de los puntos habilitados para estos pagos.La entidad Prosperidad Social informó, por medio de un comunicado oficial, que esta decisión hace parte de las medidas de protección electoral relacionadas con los procesos operativos de entrega de transferencias monetarias.Estas acciones buscan garantizar transparencia, proteger a los beneficiarios y evitar cualquier tipo de interferencia con la jornada electoral. Por esta razón, los puntos autorizados en todo el país volverán a habilitarse el lunes 9 de marzo, cuando se retomará el pago del subsidio.Prosperidad Social también recordó a los beneficiarios que ninguna persona puede condicionar la entrega del subsidio al apoyo a un candidato o partido político.Si al momento de reclamar la transferencia alguien le sugiere o le exige apoyar a determinado candidato para poder recibir el subsidio, debe saber que esto es falso. Los recursos del programa son transferidos directamente por Prosperidad Social a los operadores y puntos de pago encargados de la entrega y ningún candidato o actor político participa en este proceso.En el siguiente enlace podrá consultar su departamento y municipio para encontrar el punto de pago más cercano: https://dpsco.sharepoint.com/:x:/s/CentroDocumentacionPSF/EZVoIyGt4QhKuhPuEic8OkUBwpURVtLU9i2b7HJNy4EOuA
Durante la instalación de la Misión de Observación Electoral, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el plazo para la inscripción de testigos cerró a la medianoche del día anterior con más de un millón de ciudadanos registrados para hacer seguimiento al proceso en los puestos de votación.“Quiero contarles que anoche, a las 12 de la noche, teníamos más de un millón de testigos electorales acreditados de todas las agrupaciones políticas, en las más de 123.000 mesas en todo el país”.A esto se suman 8.444 observadores nacionales y más de 400 observadores internacionales, con presencia en los 32 departamentos y en los 1.104 municipios del país.“Vamos a tener presencia en todos los 32 departamentos, en los 1.104 municipios. Nuestros tribunales de garantías están abiertos para esta gran misión de observación”, señaló Quiroz.Frente a esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, donde afirmó que la inscripción de más de un millón de testigos representa “un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto”.Ademas, reiteró que estos deberán comparar los formularios E-14 publicados por la Registraduría con los resultados observados en cada mesa y solicitar la impugnación en caso de detectar irregularidades.“Si hay diferencia, de inmediato impugnar la mesa ante los jurados y pasar reporte a los centros ciudadanos y partidistas de recolección de datos. Dejar impugnadas la mesa es obligatorio para el jurado así sea un solo testigo el que lo pida”, subrayó el presidente.Finalmente, el presidente del CNE reiteró que el proceso del próximo domingo contará con mecanismos de observación, control y verificación para garantizar la transparencia y legitimidad de la jornada electoral para todos los partidos, candidatos y agrupaciones políticas.
Las Fuerzas Militares activaron el dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional para acompañar el desarrollo del proceso electoral de 2026, en el marco del denominado Plan Democracia. Serán 126.000 hombres y mujeres fueron desplegados en diferentes regiones del país, organizados en 4.200 pelotones, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las jornadas electorales.El operativo contempla la protección de 5.744 puestos de votación, donde se mantendrán operaciones permanentes de control y estabilización para prevenir alteraciones del orden público y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin riesgos.El despliegue se realiza de manera coordinada con la Policía, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, departamental y municipal, en un esfuerzo interinstitucional para preservar la seguridad durante los comicios.Este dispositivo cubrirá la primera etapa del calendario electoral de 2026, que incluye las jornadas previstas para el 8 de marzo, el 31 de mayo y el 21 de junio, en caso de que se requiera una segunda vuelta presidencial.Para el cumplimiento de esto, las Fuerzas Militares dispusieron diferentes capacidades operacionales, entre ellas medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales, además de vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (drones), embarcaciones fluviales y navales, junto con un robusto componente de inteligencia que permitirá anticipar riesgos y neutralizar posibles amenazas.Como parte del fortalecimiento del dispositivo, el Gobierno también autorizó la prolongación del servicio militar de 22.075 uniformados, entre ellos 21.000 soldados del Ejército Nacional y 1.075 infantes de marina de la Armada Nacional, con el fin de reforzar la cobertura y el alistamiento operacional durante las elecciones.Las autoridades militares señalaron que, paralelamente al Plan Democracia, las unidades que no estén comprometidas directamente en la seguridad electoral continuarán desarrollando operaciones ofensivas contra grupos armados organizados que afectan la seguridad en distintas regiones del país.Asimismo, las Fuerzas Militares participarán en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, donde se monitoreará la situación en tiempo real para tomar decisiones rápidas frente a cualquier eventualidad.
Este viernes se instaló el Puesto de Mando Unificado en el Ministerio del Interior para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Desde allí, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que hay 47 municipios del país que requieren una atención especial para la jornada electoral, por temas de orden público, 14 de ellos están en Antioquia.Sin embargo, el ministro también aseguró que se han incautado cerca de 2.000 millones de pesos que estarían relacionados con la presunta compra de votos.Además se refirió al caso de La Guajira, donde a un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, le encontraron 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política de un candidato al Senado del Partido Conservador.El dinero iba en unos sobres que tenían el nombre de siete políticos de la zona. Sin embargo, la versión que entregó el escolta es que supuestamente la Policía fue la que metió la plata en dichos sobres, algo que fue desmentido por el ministro de defensa.Es importante recordar que la versión que ha entregado el escolta del secretario es que el dinero en efectivo era para comprar un carro.
Durante la tarde del viernes, 6 de marzo, la Policía capturó a una persona en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe e incautó una suma de $631.000.000 pesos, de los cuales el procesado no pudo sustentar su providencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.Además, en el departamento de Sucre, las autoridades capturaron a dos personas que transportaban $275 millones en una camioneta particular en el municipio de Sincelejo. Además, señalaron que durante el mismo día, en los departamentos del Meta, Norte de Santander, Casanare y San José del Guaviare incautaron una suma cercana a los $250 millones.A menos de 48 horas de las elecciones de Congreso, la Policía Nacional ha incautado $2.924 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales, según su último reporte de cara a las elecciones de Congreso que se realizarán el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.Los departamentos con mayor dinero incautado son, Montería en donde las autoridades incautaron $434 millones junto a material electoral, Antioquia con $455 millones, la Guajira $145 millones, Santander $109 millones y el departamento del Meta $100 millones.Hasta el momento por estos hechos las autoridades han capturado 28 personas, de las cuales 18 fueron dejadas en libertad, 9 están pendiente de la medida y 1 se encuentra bajo medida intramural.Con el objetivo de que no se registren más irregularidades durante la temporada electoral, relacionados a la compra y venta de votos, la defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que actualmente "hay varios municipios en donde se ha identificado una inscripción irregular de cédulas que superan los promedios poblacionales de los municipios, así como los promedios históricos de cada uno de los municipios. Hemos solicitado al CNE tomar medidas y dijeron que los habían remitido a la Fiscalía (...) Hemos encontrado situaciones de inscripción de cédulas anormales en Tumaco, Catatumbo y otros municipios".Finalmente, con el fin de que se realice una jornada electoral transparente y sin ninguna irregularidad las autoridades, junto a los entes gubernamentales, monitorean cada una de las acciones en sus departamentos para así garantizar unas elecciones confiables y democráticas.
El 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar para elegir la nueva conformación del Congreso de la República y los partidos que estarán presentes durante el próximo Gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios esperan cambiar de puesto y piensan dejar atrás la Cámara de Representante para llegar al Senado.Este ha sido el caso de la representante Katherine Miranda, quien presentó su candidatura para llegar al Senado de la República con el Partido Alianza Verde. Y en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que de ser elegida su propuesta estará enfocada en fortalecer el control político y promover reformas estructurales en temas clave como salud, empleo y política fiscal."Hemos hecho un trabajo juicioso, a conciencia, no nos hemos arrodillado a ningún Gobierno, entendiendo que el Congreso de la República es un órgano independiente que se tiene que mantener así, que los pesos y los contrapesos importan cuando uno quiere resguardar el concepto de la democracia y ese contrato social que a mi juicio es la Constitución Política", aseguró.Las propuestas de Katherine Miranda en el SenadoDe acuerdo con ella, a lo largo de su carrera legislativa ha sacado adelante más de 35 leyes, entre ellas iniciativas relacionadas con divorcio libre, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, regulación del uso de la pólvora e incentivos para el primer empleo juvenil, por ende, "quiere seguir fortaleciendo el país con propuestas reales"."Yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, creo que es absolutamente importante. No la construí sola (la contra propuesta). Fue elaborada con médicos, enfermeras, personal de salud e incluso con EPS. Hay que recoger lo bueno que funciona y mejorarlo de cara a los pacientes", dijo.Por otro lado, rechazó la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y recordó compromisos adquiridos durante la campaña presidencial, en donde él dijo y firmó sobre mármol que no lo haría."A mí me molesta profundamente que ahora se plantee una constituyente (...) Lo que le incomoda al presidente son los contrapesos y la separación de poderes. Una constituyente podría poner en riesgo las libertades y la democracia", señaló.Por otro lado, dijo que el próximo Gobierno inevitablemente deberá impulsar una reforma tributaria, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo diseñarla. La representante criticó lo que considera una fragilidad del empleo formal en Colombia, señalando que parte de la reducción del desempleo responde a actividades informales o de subsistencia.
La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas por reportes de presunta presión laboral a votantes en algunas zonas del país durante el actual proceso electoral. La directora de la organización, Alejandra Barrios, aseguró que estos casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, la directora de la MOE explicó que este tipo de denuncias corresponden a uno de los delitos electorales que más preocupa a las organizaciones de vigilancia electoral.“Otro delito tiene que ver con la coacción laboral. Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios.La experta explicó que la información recopilada por la MOE sobre estos posibles hechos ya fue trasladada a las autoridades competentes para su verificación. “Toda esta información ha sido entregada a las autoridades”, agregó la directora de la organización.Barrios señaló que, además de las denuncias por presión laboral, el proceso electoral enfrenta otros retos logísticos que podrían influir en el desarrollo del escrutinio. Uno de ellos es el aumento considerable en el número de testigos electorales acreditados por campañas y partidos.Según explicó, en comparación con elecciones anteriores el número de testigos creció de manera significativa. Hace cuatro años había cerca de 200.000, mientras que en esta ocasión la cifra supera el millón solo para las elecciones al Congreso.Este incremento, indicó Barrios, podría impactar la duración del proceso de conteo de votos, ya que muchos de estos testigos han recibido instrucciones de revisar detalladamente el escrutinio y solicitar verificaciones cuando detecten inconsistencias.“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, señaló la directora de la MOE, quien advirtió que las solicitudes de reconteo podrían prolongar la revisión de los resultados.La funcionaria también explicó que los testigos electorales tienen la posibilidad de presentar reclamaciones durante el conteo, pero estas deben estar debidamente justificadas. Entre los motivos válidos están diferencias entre el número de votantes y el total de sufragios, errores en el registro del formulario E-14 o irregularidades en la exhibición de los votos.Finalmente, Barrios mencionó que las condiciones climáticas también han generado ajustes en algunos puestos de votación. Según informó, hasta mitad de semana se habían trasladado 19 mesas en el departamento de Córdoba debido a las lluvias, aunque la MOE espera que la cifra no supere los 25 cambios en total.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que el proceso de escrutinio en las elecciones podría tomar más tiempo de lo habitual debido al aumento significativo de testigos electorales en todo el país. Según explicó, el número de observadores designados por campañas y partidos es muy superior al registrado en procesos anteriores.Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, Barrios explicó que la duración del conteo dependerá en gran parte de las solicitudes que realicen los testigos durante la revisión de los votos. Este factor, dijo, podría ralentizar el proceso en algunos puestos de votación.“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, afirmó Barrios. La directora de la MOE recordó que en las elecciones de hace cuatro años había cerca de 200.000 testigos, mientras que en el actual proceso la cifra supera el millón solo para el Congreso.Según la experta en temas electorales, muchos de estos testigos han recibido la instrucción de estar atentos al conteo para pedir reconteos cuando consideren que hay inconsistencias. “Por eso podría tomar más tiempo del necesario el proceso”, señaló Barrios al referirse al impacto que esto podría tener en la velocidad del escrutinio.La directora de la MOE también explicó en qué casos un testigo electoral puede presentar una reclamación durante el conteo de votos. Estas solicitudes deben estar sustentadas y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.“Normalmente se activa cuando no coincida número de personas con número de votos, cuando el jurado no muestra cada uno de los votos de manera adecuada y cuando no coincide o se tiene dudas al número que se escribe en el formulario E-14”, detalló Barrios.Asimismo, subrayó que las reclamaciones deben presentarse mediante un formato específico y con razones claras. “Uno no puede hacer reclamaciones porque sí, siempre tiene que haber una razón”, explicó la directora de la MOE.Barrios agregó que el reconteo de votos no puede realizarse de forma repetitiva sin justificación, ya que se trata de un procedimiento público y formal. Según indicó, cada solicitud queda registrada en actas junto con la reclamación del respectivo testigo electoral.En la entrevista también alertó sobre posibles irregularidades relacionadas con presión laboral a votantes. Este tipo de situaciones, explicó, ya ha sido reportado por la MOE a las autoridades competentes.“Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios, quien añadió que estos hechos hacen parte de los reportes de delitos electorales.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a cambios en algunos puestos de votación debido a las condiciones climáticas. Según indicó, hasta mitad de semana se habían registrado varios traslados en el departamento de Córdoba.“Hasta el miércoles llevábamos 19 puestos que se han movido en Córdoba, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación que tengan que moverse por lluvias”, concluyó Barrios al referirse al impacto del invierno en la logística electoral.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) convocó para el próximo 13 de marzo a las 8:30 de la mañana una audiencia pública para analizar la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral de 2026.La petición del Ministerio Público busca que, mientras se resuelve de fondo una acción popular, presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, se adopte una medida preventiva para proteger el derecho colectivo al adecuado funcionamiento del servicio electoral.En concreto, la Procuraduría pidió que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer afirmaciones en discursos, intervenciones públicas o redes sociales que puedan generar dudas sobre la transparencia del proceso electoral si no están respaldadas por pruebas verificadas.Es importante destacar que, en una providencia del 5 de marzo, el tribunal decidió no tramitar la solicitud como una medida cautelar de urgencia, sino darle el procedimiento ordinario, al considerar que la relevancia del tema requiere escuchar a las partes y analizar con mayor profundidad cada uno de los argumentos y las pruebas presentadas.Por esa razón, el Tribunal ordenó notificar a las partes del proceso, entre ellas la Presidencia de la República, para que se pronuncien en un plazo de cinco días.Además, el TAC citó a una audiencia pública virtual en la que participarán autoridades electorales, organismos de control y expertos, entre ellos a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios; a Miroslav Jenca, director de la MOE de la Unión Europea, y a Leonel Fernández, director de la MOE de la Organización de Estados Americanos, con el fin de analizar las garantías del sistema electoral y la solicitud de medida cautelar.La decisión se da en medio de la polémica por las declaraciones del presidente Petro, quien ha expresado en varias ocasiones dudas sobre el software electoral, los kits de votación y posibles irregularidades en el proceso electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.
Las Fuerzas Militares y la Gobernación del Caquetá tomaron la decisión de trasladar dos puestos de votación en Cartagena del Chairá, con el fin de garantizar el derecho a voto de los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto este domingo en esas mesas.“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que la Gobernación del Caquetá, a través de su secretaria de Gobierno, Leidy Johana García, y las Fuerzas Militares, mediante el comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes y el subcomandante del Departamento de Policía del Caquetá, teniente coronel Deiver Andrés Pinzón, tomaron la decisión de aprobar el traslado de los puestos de votación Doce de Octubre y Santo Domingo en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá”, explicó la Registraduría.Es importante recordar que en esa zona del país se dio recientemente una emboscada de las disidencias de las Farc contra el Ejército dejando un saldo de tres soldados asesinados, quienes acompañaban la instalación de puestos de votación.“La decisión de trasladar estos puestos de votación fue adoptada por parte de la Gobernación del Caquetá y la fuerza pública durante la sesión extraordinaria de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada para hoy por la Gobernación del Caquetá, a través de la Secretaría de Gobierno Departamental”, agregó la Registraduría.
El Inpec anunció la activación de un dispositivo institucional para garantizar el desarrollo ordenado, transparente y seguro de la jornada electoral del próximo 8 de marzo al interior de los centros de reclusión del paísDe acuerdo con la institución, para estos comicios se habilitarán 121 puestos de votación en 117 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), donde se instalarán 130 mesas de votación con el acompañamiento de 742 jurados electorales.Según el consolidado institucional, 10.639 personas están inscritas para ejercer su derecho al voto dentro del sistema penitenciario. De esos, 3.316 corresponden a personas privadas de la libertad, 3.903 a funcionarios del Inpec y 3.420 a ciudadanos del personal civil que participarán en la jornada.Para reforzar la seguridad durante el proceso electoral, el Inpec va a emitir orden de alistamiento de segundo grado a nivel nacional, medida que permitirá fortalecer los controles y dispositivos de vigilancia en los establecimientos carcelarios.La jornada también será supervisada por los directores de cada centro penitenciario, quienes coordinarán el desarrollo de las votaciones con las autoridades electorales y las entidades competentes.Además, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el cual se hará seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en las cárceles del país. El Grupo Estratégico de Información Penitenciaria será el encargado de recopilar y analizar la información en tiempo real para emitir reportes al PMU.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que fue víctima de un incidente externo de ciberseguridad que afectó el sistema de agendamiento de citas para la atención a los ciudadanos. Según la entidad, el ataque involucró un acceso no autorizado a datos personales de algunos usuarios del sistema, desarrollado por el proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería.Tras realizar las verificaciones técnicas y análisis especializado, la DIAN aseguró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada. Además, indicó que las contraseñas y credenciales de acceso de los usuarios continúan siendo protegidas y no fueron objeto de este ataque.La entidad explicó que, una vez fue detectado el incidente, decidieron deshabilitar temporalmente el sistema virtual de agendamiento de citas mientras se realizan los ajustes técnicos necesarios para restablecer el servicio de manera segura. Sin embargo, aclaró que la operación esencial de la Dirección no ha resultado afectada y que los servicios misionales continúan prestándose con total normalidad.Desde la entidad señalaron que los 56 puntos de contacto que tiene en todo el país siguen funcionando de manera presencial para atender a los ciudadanos que requieran realizar trámites o recibir orientación.Asimismo, informó que activó sus protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad esto con el objetivo de contener la situación, salvaguardar la información y evitar nuevos accesos no autorizados.En este sentido, trabaja junto con el proveedor tecnológico para adelantar revisiones técnicas, análisis de registros, pruebas de seguridad y el fortalecimiento de las medidas de protección de los sistemas involucrados.Además de las acciones técnicas, la entidad interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el caso por el presunto delito de extorsión y otras conductas penales asociadas al ciberataque.Finalmente, afirmó que ya se adelantan los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como la autoridad nacional en materia de protección de datos personales.
El Ministerio del Trabajo ha puesto en marcha una iniciativa para trabajar conjuntamente con el Club Social El Nogal y abordar los problemas laborales detectados en una reciente inspección realizada el pasado 20 de octubre. La labor de la Dirección Territorial de Bogotá reveló la existencia de 76 acuerdos de terminación de contrato laboral, lo que ha generado preocupación y pone en evidencia posibles incumplimientos de la normativa laboral.La decisión de iniciar la mesa de trabajo se tomó después de recibir denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de trabajadores en el Club El Nogal. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había anunciado previamente la realización de una inspección para investigar los hechos denunciados y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.“La Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.El director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez, señaló que se han identificado algunas irregularidades que serán abordadas en la mesa de trabajo.“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, mencionó Gómez tras los hallazgos detectados.La cartera de trabajo está investigando si los 76 trabajadores que firmaron acuerdos de terminación de contrato laboral cuentan con algún tipo de protección especial, como fuero de salud. Por el momento, en la mesa de trabajo se busca establecer acuerdos y garantizar el cumplimiento de las normas laborales.Frente a los hechos, el Club El Nogal se pronunció asegurando que respeta y acata las decisiones y recomendaciones impartidas por el Ministerio de Trabajo y reitera su disposición para trabajar con la entidad y atender cualquier requerimiento y observación que se realice.“El plan de retiro voluntario no solo incluyó el pago de todas las obligaciones legales, sino también un bono a cada colaborador, como muestra de gratitud por su dedicación y servicio”, anunció el Club El Nogal por medio de un comunicado y asegurando que también se activó un programa de recolocación laboral con el respaldo de alianzas estratégicas para brindar acceso a nuevas oportunidades.
Nicolás Farfán, ex registrador delegado en lo electoral, ha calificado la extensión del horario de votación de la reciente consulta popular, más allá de las 4:00 de la tarde, como un "incumplimiento grave”. "Hay un incumplimiento grave de las disposiciones legales que regulan la materia", dijo. Esta dura declaración se da en el contexto de las explicaciones ofrecidas por el actual registrador, Penagos, quien ha justificado la decisión alegando que se trataba únicamente de una consulta partidista.Según Farfán, la conducta de la organización electoral contravino el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, que establece que, para las consultas, se deben aplicar las normas electorales ordinarias. Dichas normas, contenidas en el Código Electoral, especialmente en el artículo 111, fijan claramente la jornada de votación. El exregistrador enfatizó que la norma es tan ineludible que, incluso, las cartillas de capacitación distribuidas por la misma Registraduría para los jurados y delegados instruyen solicitar la colaboración de la fuerza pública para que retire a los electores de los puestos de votación a partir de las 4:00 de la tarde."Es evidente que si hay una norma que establece cuál es la jornada de votación, no puede el registrador a último minuto cambiarla y ampliarla", dijo.Asimismo, Farfán desmontó la lógica del registrador Penagos, quien sugiere que el proceso de consulta otorga un grado de discrecionalidad. Farfán señaló que, al contrario, la ley no permite tal discrecionalidad y recordó que estas consultas son un "mecanismo mismo de participación partidista arreglado en la ley"."Yo sí haría un llamado muy respetuoso a los órganos de control de que examinen la conducta del señor registrador porque esta es la antesala de lo que va a ocurrir en las elecciones del 2026.Escuche la entrevista aquí:
El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este lunes de "criminal y arbitrario" el intento del opositor venezolano Leopoldo López de vincularlo con la "estructura criminal" de la que supuestamente hace parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro."El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario", expresó Petro en la red social X.El opositor venezolano acusó hoy a Petro de convertirse "en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro" y sugirió que eso pueda darse porque pertenezca "a la misma estructura criminal"."Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando", dijo López en una rueda de prensa en Madrid, donde está exiliado desde 2020.En ese sentido, el presidente colombiano le respondió que solo vive de su sueldo y que sus "movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos"."Ni un peso más. No tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde; de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero (bobo)", expresó Petro a López.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presuntos vínculos con el narcotráfico.Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.
El presidente Gustavo Petro aceptó el pasado viernes la renuncia de Luis Eduardo Llinás Chica como director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, responsable de la inteligencia financiera y de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La UIAF también coordina la cooperación internacional en estos temas e interactúa directamente con agencias y sistemas internacionales como la OFAC.La decisión coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, en la lista OFAC, conocida coloquialmente como Lista Clinton.En el memorando compartido por la Administración estadounidense, que notifica el ingreso del presidente Petro a la lista OFAC, se recuerda un episodio ocurrido en septiembre de 2024: la suspensión de la UIAF de Colombia del Grupo Egmont tras una alocución en la que el mandatario leyó una carta calificada como confidencial, relacionada con la compra del software Pegasus en 2021.El Grupo Egmont es una organización internacional que reúne a más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo, clave para el intercambio de información en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.“El comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y provocando la suspensión de la Unidad de Información Financiera de Colombia del Grupo Egmont”, señala el memorando divulgado por el Departamento del Tesoro.La UIAF reaccionó oficialmente al anuncio de Estados Unidos mediante un comunicado en el que rechazó la decisión, calificándola como “violatoria del debido proceso” y afirmando que desconoce la trayectoria del presidente Petro como servidor público y los resultados de su administración en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.La entidad aseguró que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia ni de autoridades extranjeras solicitando informes de inteligencia financiera o intercambio de información sobre el presidente, la primera dama o Nicolás Petro Burgos por presuntos vínculos con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Además, precisó que tampoco existen reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero que los involucren en actividades relacionadas con esos delitos.Director del DNI queda como encargadoLuis Eduardo Llinás también salió hace pocos días de la dirección de la Dian, cargo que ocupó en encargo y en simultáneo con sus tareas en la UIAF durante cerca de nueve meses, tras la salida de Jairo Villabona. Su permanencia simultánea en la UIAF y la Dian generó cuestionamientos por posibles conflictos entre las funciones de ambas entidades.En ese sentido, resulta polémico que en el mismo decreto en el que acepta la renuncia de Llinás, el presidente Gustavo Petro haya designado como encargado de la UIAF a Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y viejo conocido del mandatario durante su época en el M-19.
Tropas del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército, decomisaron más de 1.000 millones de pesos que, según las primeras investigaciones, pertenecerían a los Comandos de Frontera.El operativo se adelantó en la vereda El Cedro, en el municipio de Pitalito, Huila, donde un puesto de control detuvo un automóvil que se movilizaba en la zona. Tras una inspección, los soldados hallaron una caleta con 35 paquetes envueltos en papel vinipel, dentro de los cuales se encontraba la millonaria suma de dinero, transportada de manera oculta.En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres y una mujer. Durante la requisa, uno de los detenidos intentó sobornar a los soldados, ofreciéndoles el 10 % del dinero para evadir el control militar. El ofrecimiento fue rechazado de inmediato, dando paso a la judicialización de los tres ocupantes por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, quedando a disposición del CTI.Los capturados no pudieron justificar la procedencia del dinero, lo que refuerza la hipótesis de una operación destinada a fortalecer las finanzas criminales de los Comandos de Frontera en la región.
La disputa por el origen de la arepa entre Colombia y Venezuela sigue generando conversación. Aunque ambos países comparten raíces históricas y el maíz es un alimento esencial en la región, el debate sobre su procedencia continúa siendo motivo de orgullo y rivalidad. Sin embargo, más allá de las diferencias, la arepa representa un símbolo que remite a la antigua Gran Colombia y que une a las dos naciones de una manera especial.En ese contexto, el proyecto de ley 412 de 2025, presentado por la representante a la Cámara Ingrid Marlen Sogamoso, busca declarar la arepa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La iniciativa pretende, además, establecer el Día Nacional de la Arepa y reconocer al municipio de Ramiriquí, en Boyacá, como la Capital Nacional de la Arepa Campesina de Maíz, Cuajada y Mantequilla de Vaca.El propósito central es reconocer a la arepa como un alimento ancestral, símbolo de identidad y práctica cultural transmitida de generación en generación. En especial, la versión boyacense representa un legado histórico, social y económico que refleja la conexión con las tradiciones campesinas.Además, el proyecto propone fortalecer la economía popular, el turismo cultural y la gastronomía nacional mediante un plan que salvaguarde las técnicas, saberes y oficios asociados a la elaboración tradicional de este alimento.Normativa que beneficiará a los productores campesinosLa estrategia no busca únicamente declarar a la arepa como Patrimonio Cultural, sino también proteger el futuro de quienes la producen. Para ello, la propuesta contempla beneficios en distintos niveles:Personas y comunidades: los productores artesanales y familias campesinas que elaboran arepas recibirán apoyo técnico y financiero del Estado para fortalecer sus conocimientos, mejorar la comercialización y preservar la tradición.Entidades públicas: el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes coordinará la promoción y protección del patrimonio; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incluirá la arepa en la oferta turística del país; y la Cancillería la promoverá en el exterior como símbolo de la gastronomía colombiana.Entidades locales: la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Ramiriquí organizarán actividades culturales, académicas y gastronómicas que fortalezcan esta tradición.Con ello, las familias campesinas y los productores tradicionales recibirán respaldo institucional, al tiempo que las regiones productoras ganarán visibilidad cultural y turística. La medida también busca que las productoras industriales respeten las prácticas artesanales, garantizando la autenticidad del producto.¿Cuándo se celebrará el Día Nacional de la Arepa?El proyecto establece en su artículo 2° que el Día Nacional de la Arepa se celebrará el domingo previo al feriado de San Pedro de cada año, coincidiendo con el Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, en el municipio de Ramiriquí.Con esta iniciativa, se pretende reivindicar la arepa como emblema de la identidad colombiana, garantizar su preservación cultural y promover el turismo gastronómico, reconociendo a Ramiriquí como el corazón de esta tradición ancestral.