En Colombia, crece la preocupación por los retrasos y obstáculos que enfrentan niños diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) para acceder a alimentos con propósitos médicos especiales (APME), indispensables para su supervivencia y desarrollo. Especialistas y familias denuncian que la demora en la entrega de estas fórmulas es un riesgo vital que expone a los menores a desnutrición, complicaciones graves e incluso a desenlaces fatales.El Dr. Juan Pablo Riveros, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP), alerta que cada semana reciben reportes de bebés que llevan entre 20 y 30 días sin recibir su nutrición especializada. “Cuando los niños con APLV no tienen acceso oportuno al tratamiento, presentan alto riesgo de retrasos en el crecimiento, bajo peso, alteraciones en el desarrollo cognitivo y episodios de anafilaxia potencialmente mortales”, explica el especialista.La APLV es la alergia alimentaria más común en la primera infancia y se trata de una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia. Su manejo requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, el uso de fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos libres. “Los APME no son opcionales ni reemplazables por fórmulas convencionales. Negar o retrasar su entrega es exponer a los niños a complicaciones graves que pueden prevenirse”, enfatiza la Dra. Ailim Carías, presidenta de COLGAHNP.Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró al menos 1.120 quejas relacionadas con barreras de acceso al tratamiento nutricional para pacientes con APLV, principalmente por demoras o negaciones en la autorización y entrega. Las familias y especialistas esperan que esta situación cambie pronto para no poner en riesgo la vida de los menores en el país.
Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Dormir no solo es importante por la noche, incluso una siesta corta puede ser clave para que el cerebro se recupere y esté listo para aprender de nuevo. De hecho, un gran porcentaje de las personas suele tomar una siesta en horas de la tarde, esto ocurre principalmente por un descenso fisiológico natural en el estado de alerta del del reloj biológico, el cual ocurre despues del almuerzo.Según un estudio publicado en la revista NeuroImage por científicos de Suiza y Alemania, dormir en horas de la tarde es considerado un sueño reparador para el cuerpo humano.La investigación analizó a 20 adultos jóvenes que pasaron por dos tardes diferentes, en una durmieron una siesta de aproximadamente 45 minutos y en la otra permanecieron despiertos.Después de cada periodo, los investigadores midieron cambios en la actividad cerebral usando “electroencefalogramas y estimulación magnética transcraneal, métodos no invasivos que permiten inferir la fortaleza y flexibilidad de las conexiones neuronales”.¿Qué pasa en el cerebro durante una siesta?De acuerdo al estudio, durante el día la mente humana está constantemente reorganizando conexiones entre neuronas, a medida que se adquiere nuevas experiencias e información.Esta acción fortalece esas conexiones, pero también puede saturarlas, limitando la capacidad para seguir aprendiendo. “El sueño, incluso un descanso breve, parece actuar como un “reinicio” sináptico: reduce el exceso de conexiones y libera espacio para almacenar nueva información”.Lo anterior quiere decir que, tras la siesta “el cerebro no solo está menos cargado, sino que su capacidad para formar nuevas conexiones mejora, facilitando el aprendizaje y la codificación de información fresca”.Los resultados del estudio dejaron ver una explicación biológica a la sensación común de que después de dormir una siesta la mente está más clara y la atención más aguda. Esto puede ser particularmente útil en actividades que demandan alto rendimiento mental o físico donde mantener la concentración es clave:Estudiar.Tocar un instrumento.Practicar un deporte.Desempeñarse en profesiones exigentes.Además, otras investigaciones en neurociencia indican que un descanso breve durante el día mejora los procesos cognitivos, pues facilita la consolidación de la memoria y la capacidad para enfrentar nuevas tareas con mayor eficacia.¿Por qué es tan eficiente la siesta?La idea central detrás de estos beneficios es la hipótesis de homeostasis sináptica, que propone que durante el sueño el cerebro “rebaja” el exceso de conexiones creado mientras estamos despiertos, restaurando así su habilidad para aprender y adaptarse sin saturarse. Este proceso ocurre tanto en grandes periodos de sueño como en siestas más cortas, aunque con distintos grados de profundidad. En resumen, lo que concluye el estudio es que, una breve siesta no solo relaja, sino que reorganiza el cerebro para que pueda pensar y aprender mejor.
En un mundo donde la mayoría de los alimentos tienen fecha de caducidad y requieren cuidados especiales para conservarse, existe uno que rompe todas las reglas. No importa si pasan años, décadas o incluso siglos: este producto natural sigue siendo apto para el consumo humano sin perder su sabor, aroma ni propiedades nutricionales. No se descompone, no desarrolla bacterias peligrosas y resiste condiciones ambientales que dañarían cualquier otro alimento.¿Cuál es el alimento que nunca se vence?Se trata de la miel, un producto elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores, que ha sido consumido por la humanidad desde la antigüedad. Registros históricos muestran que civilizaciones como la egipcia ya la utilizaban tanto como alimento como en rituales medicinales y funerarios, precisamente por su extraordinaria capacidad de conservación.¿Por qué nunca se daña la miel?El secreto detrás de la durabilidad de la miel está en su composición química y en el proceso natural de producción. Durante su elaboración, las abejas reducen al máximo el contenido de agua y enriquecen el néctar con enzimas, creando una sustancia espesa y estable.Entre los factores que explican su resistencia se encuentran:Alta concentración de azúcares, que actúan como conservantes naturales.Propiedades higroscópicas, que absorben la humedad e impiden el crecimiento de bacterias.pH ácido, que genera un entorno hostil para microorganismos.Por esta razón, aunque la miel pueda oscurecerse o cristalizarse con el tiempo, estos cambios no significan que esté dañada ni que haya perdido su valor nutricional.Cómo conservarla correctamenteAunque no se vence, almacenar correctamente la miel ayuda a mantener su sabor, textura y calidad. Los expertos recomiendan:Guardarla en recipientes herméticos, preferiblemente de vidrio.Mantenerla en un lugar fresco y seco.Evitar la exposición directa al sol y a la humedad.De esta manera, puede conservarse durante décadas sin necesidad de refrigeración ni conservantes artificiales.Beneficios de la mielAdemás de ser un alimento prácticamente eterno, la miel ofrece múltiples beneficios para el organismo. Es una fuente natural de energía, aporta vitaminas y minerales, y es conocida por sus propiedades calmantes para la garganta, la tos y la congestión. También se utiliza ampliamente en la cocina como endulzante natural en bebidas, postres y recetas saladas.
En el municipio de San Rafael se sigue clamando por el regreso de Kendall Arbeláez, la niña de 10 años que lleva más de 560 días desaparecida. Su familia reiteró que no hay respuesta de las autoridades en cuanto a los avances de la investigación.Exigen respuestas La comunidad del municipio de San Rafael, Antioquia, y en especial la familia, continúa exigiendo respuestas y avances concretos en la investigación por la desaparición de Kendall Stephanie Arbeláez.La niña, con tan solo 10 años, fue secuestrada en zona rural del municipio y cuyo paradero sigue siendo desconocido tras más de 560 días.El caso, que marcó profundamente a la población, ocurrió en una finca del municipio, lugar que hoy simboliza el dolor de una familia que perdió a uno de sus pilares y sigue esperando noticias de la menor. El 11 de julio de 2024, en ese mismo predio, fue asesinado Conrado de Jesús Castillón Morales, abuelo de Kendall, hecho que agravó aún más la tragedia familiar.Conrado Alberto Castillón Ríos, familiar cercano y habitante de esa localidad del Oriente antioqueño, relató que en ese lugar creció junto a su padre, compartiendo momentos que hoy contrasta con la ausencia y el silencio. “Me toca ver la silla vacía, en la misma finca donde hubo tanta alegría. A mi papá lo asesinaron cobardemente y mi sobrina sigue desaparecida”, expresó.Según el testimonio, la familia ha solicitado en repetidas ocasiones información sobre el avance de las investigaciones, pero asegura que no ha recibido respuestas claras ni resultados visibles.“Y hasta el sol de hoy han pasado 566 días y no hemos recibido respuestas de ningún lado. Preguntamos que cómo van los casos y las respuestas que siempre nos tienen es que tienen avances y que han investigado, pero yo no los veo. La familia no ve ningún tipo de avance. Ha pasado más de año y medio y no nos han dado ninguna respuesta, ninguna base, ninguna pista”, relató.Pese al paso del tiempo, los familiares insisten en que mantienen la esperanza de encontrar a Kendall con vida.“Desde el año que pasó todo ese tiempo que ha pasado, ya uno cómo se siente por lo que uno ha pasado hasta hoy. Asimilar la muerte de un de mi padre que fue mi fundamento toda la vida. Ver que mi sobrina sigue secuestrada porque ella está viva. Y obviamente hasta el último día vamos a tener la esperanza de que ella está viva”, agregó.Finalmente, pidieron a las autoridades departamentales y nacionales que no se olvide el caso, recordando que se trata de una niña. “Pedimos más eficacia, más investigación y que no se olviden de mi papá ni de Kendall. Es muy triste que después de tanto tiempo ella siga desaparecida”, concluyó.
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026, pretende declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify.La propuesta va más allá de la discusión tradicional sobre la regulación del transporte por aplicación: contempla multas para conductores, usuarios, plataformas e incluso conjuntos residenciales o empresas que permitan la operación o estacionamiento de vehículos vinculados a estos servicios.De acuerdo con el texto radicado, los administradores de propiedad horizontal que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos.“Estamos retrocediendo con un intento de prohibición”En entrevista con Mañanas Blu, José Daniel López, presidente de la asociación de aplicaciones Alianza In, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. López advirtió que el Gobierno no está avanzando hacia una regulación moderna, sino que está "retrocediendo con un intento de prohibición que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y limita las libertades de los ciudadanos”.El representante gremial señaló que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha regulado de manera efectiva estas plataformas, junto con Surinam, Venezuela y Nicaragua. “No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos —manifestó— sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”.Multas para todos: conductores, usuarios y plataformasEntre las sanciones contempladas en el proyecto se incluyen multas de hasta 47 millones de pesos por viaje para usuarios y plataformas, e inmovilización de los vehículos particulares durante 60, 90 y hasta 120 días en caso de reincidencia.López explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.El dirigente alertó también sobre el impacto en la generación de ingresos: “Podrían perder su sustento más de 300.000 personas que hoy dependen directamente del transporte mediante plataformas”, advirtió.Cifras de un fenómeno masivoSegún datos de Alianza In, en 2025 se registraron más de 12 millones de cuentas de conductores en diferentes aplicaciones de movilidad y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios. Esto significa que “entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan activamente estas plataformas como parte de su cotidianidad”, explicó López.Estas cifras, que reflejan una amplia adopción de los servicios digitales de transporte, contrastan con la dureza de la propuesta gubernamental que, de aprobarse, dejaría sin alternativa a un amplio segmento de la población urbana.El alcance del control y una “ley mordaza”El proyecto no solo define como ilegal la prestación del servicio, sino que también faculta al Gobierno y a las autoridades locales a investigar y sancionar actividades relacionadas con el transporte a través de plataformas.“El proyecto vuelve vigilables a todos los ciudadanos, tanto a usuarios como conductores, bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte”, señaló el dirigente gremial. Además, se ordena a los alcaldes tomar medidas restrictivas en zonas de alta demanda como aeropuertos, terminales y centros comerciales, lo que López considera “una asfixia operativa que haría imposible la prestación del servicio”.Otro punto polémico, destacó, es el artículo que “prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos expresar opiniones que promuevan o legitimen estas plataformas”, lo que calificó como “una ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión”.El debate llega al Congreso en un momento de creciente dependencia de la movilidad digital. Las aplicaciones se han integrado a la economía urbana, no solo como alternativa de transporte, sino como fuente de ingresos para familias afectadas por el desempleo.Expertos advierten que la aprobación del proyecto podría tener un fuerte impacto sobre la informalidad y los ingresos de la clase media. “Este no es un asunto de ricos o pobres —argumentó López—, es un ataque al derecho de trabajar y de elegir cómo moverse en el país”.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y anunció el llamado a juicio contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.De acuerdo con la investigación, Garcés Carabalí habría ejercido un ciclo sostenido de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre los años 2011 y 2021. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas agresiones fueron reiteradas y persistentes, al punto de que la mujer decidió separarse. Sin embargo, la ruptura no habría significado el fin de los ataques, pues, conforme al expediente, las intimidaciones y presiones habrían continuado incluso después de terminada la relación.Uno de los ejes centrales del caso está relacionado con las actuaciones que el exdiplomático habría desplegado tras conocer que la mujer inició una nueva relación sentimental. Según la Fiscalía, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y a pruebas de dudosa procedencia para instaurar acciones legales ante una comisaría de familia y un juzgado de familia en Bogotá. El objetivo de estas actuaciones habría sido obtener la custodia de los hijos menores, bajo el argumento de que eran víctimas de maltrato por parte de su madre.Estas decisiones judiciales, basadas en los elementos presentados por el entonces embajador, derivaron en que la mujer no pudiera ver ni compartir con sus hijos durante un periodo prolongado, afectando de manera directa el ejercicio de sus derechos como madre. La Fiscalía sostiene que esta situación fue aprovechada por Garcés Carabalí, quien trasladó a los menores de edad a Ghana, donde se desempeñaba como embajador, y los mantuvo alejados de su madre.El proceso penal contra el exembajador no es el único frente abierto. Según la representación de las víctimas, a cargo del abogado Felipe Alzate, actualmente existen varias líneas de investigación en curso. Una de ellas se enfoca en la actuación de dos testigos que inicialmente declararon en el proceso y que posteriormente habrían cambiado su versión de los hechos. Este aspecto es objeto de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ante la posible comisión del delito de falso testimonio.De manera paralela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta actuaciones relacionadas con el rol del abogado Miguel Ángel del Río, quien ejerce la defensa de Garcés Carabalí. Estas actuaciones buscan establecer si, en el marco del proceso, se incurrió en faltas disciplinarias vinculadas al ejercicio profesional.
Una iniciativa legislativa radicada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte en el Congreso ya genera preocupación entre conductores, plataformas digitales y usuarios de apps de transporte como Uber, DiDi e InDrive. El proyecto plantea un endurecimiento sin precedentes contra lo que denomina “servicio ilegal de transporte”, lo que en la práctica podría traducirse en una prohibición total del funcionamiento de estas apps en Colombia.¿De qué se trata el proyecto que busca prohibir apps de transporte?La propuesta fue radicada el 20 de enero en la Secretaría del Senado y consta de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. Aunque el texto aborda distintos aspectos del sector transporte, una parte significativa del articulado se concentra en reforzar sanciones contra servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.En el apartado de definiciones, el proyecto establece que el “servicio ilegal de transporte” es aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente.¿Qué multas impondrían a conductores de Uber, DiDi y más?Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la ampliación del alcance de las sanciones. El artículo 8 plantea castigos no solo para quienes presten el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que faciliten o permitan el incumplimiento de las normas, lo que podría incluir a usuarios, plataformas y terceros.De acuerdo con el artículo 31, se propone una multa de 390 UVB, equivalente a cerca de 4,7 millones de pesos, por cada evento en el que se facilite un servicio que incumpla las normas de tránsito y transporte. Cada solicitud realizada por un usuario sería considerada un evento independiente.El proyecto también introduce multas considerablemente más altas. El artículo 29 establece sanciones que van desde 30 hasta 180.000 UVB, lo que equivale a más de 2.100 millones de pesos, para conductas que incumplan la normativa del sector transporte y no tengan sanción específica.En paralelo, se propone un aumento drástico en los tiempos de inmovilización de los vehículos que presten servicios considerados informales o ilegales. Mientras hoy la primera infracción implica cinco días de inmovilización, el proyecto plantea:60 días en la primera infracción90 días en la segunda90 días en la terceraMultas a edificios, conjuntos, parqueaderos y másUno de los artículos que más controversia ha generado es el 88, que contempla sanciones para propietarios y propiedades horizontales, como edificios residenciales, conjuntos y centros comerciales.El texto permitiría imponer multas de hasta 726 millones de pesos a quienes permitan, promuevan o consientan, de forma directa o indirecta, el estacionamiento u operación de vehículos asociados a servicios de transporte informales o ilegales.El proyecto también otorga mayores atribuciones a las autoridades locales. Un parágrafo ordena a alcaldes y a la Superintendencia de Transporte priorizar la prevención, investigación y sanción de este tipo de servicios, con controles reforzados en aeropuertos, terminales, hoteles, centros comerciales y zonas administrativas.Además, se les daría la potestad de suspender servicios de plataformas digitales sin orden judicial previa, una medida que ha sido interpretada como un cambio sustancial en el equilibrio regulatorio del sector.Otro punto cuestionado es el artículo 69, que obliga a funcionarios y contratistas del Estado vinculados al sector transporte a abstenerse de realizar manifestaciones públicas que promuevan o incentiven servicios considerados informales o ilegales.¿Qué opinan las plataformas y gremios de apps de transporte?José Daniel López, presidente de Alianza In, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, rechazó categóricamente el proyecto y lo calificó de autoritario y regresivo."Acá el problema es que no estamos avanzando en una mala regulación, sino que estamos retrocediendo con un intento de prohibición, con un proyecto de ley autoritario, regresivo, que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada, que se mete con las libertades de la gente y que llega a extremos", puntualizó López.El presidente del gremio explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.
El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington. Su avión aterrizó a la medianoche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, acompañado de una amplia comitiva integrada por su hija Andrea Petro; el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda Espitia; la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar; el coordinador de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, y la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán.Como invitado especial viajó también Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de 10.000 millones de pesos por la defensa jurídica internacional del mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.Antes de abordar el avión, el presidente se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump y llamó a la movilización ciudadana. “Pienso que hay que llenarnos de optimismo, los espero el martes cuando esté reunido con Trump a hacer la cadena de los afectos. Finalmente nos protege el amor y las energías inteligentes que representan la luz”, dijo.La convocatoria a las calles estuvo acompañada de un trino en el que el mandatario reveló que sostuvo una conversación con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Aunque el viaje tendrá una duración de cuatro días, Petro también contó que se despidió de su madre antes de abandonar el país.La agenda del presidente en Washington comenzará este lunes con una reunión preparatoria del encuentro bilateral que se realizará el martes hacia las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca. Además, su visita tendrá un componente académico, con una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático en el continente.Petro también sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas estadounidenses tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. A esto se suma un encuentro con la diáspora colombiana, programado en la Biblioteca Martin Luther King.La visita ha generado gran expectativa y el presidente llegó a la capital estadounidense con regalos. Uno de ellos será para la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump: un poncho elaborado a mano por comunidades de Nariño. Sobre el obsequio destinado al presidente Donald Trump, por ahora no se conocen detalles.El último componente de la visita será de carácter comercial. El jefe de Estado se reunirá con agremiaciones norteamericanas del sector cacaotero para explorar alternativas que permitan potenciar y comercializar este producto, como parte de la estrategia de sustitución de cultivos que el Gobierno busca mostrar ante Estados Unidos como resultado de su política de lucha contra las drogas.
La Gerencia Nacional de Tesorería de Nueva EPS informó que la entidad postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) más de $1,5 billones, destinados al pago de más de 2.000 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el país durante el mes de enero.Según explicó la EPS, esta gestión hace parte de los compromisos adquiridos con los entes territoriales y los prestadores públicos y privados. Los recursos ya fueron reportados a la Adres para que los giros se realicen conforme al cronograma definido para enero de 2026.Desde la llegada del agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, Nueva EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones, en el marco de las acciones orientadas a mejorar el flujo de recursos dentro del sistema de salud.Como parte de su estrategia de saneamiento financiero, la entidad ha fortalecido los procesos de conciliación de cartera con prestadores de distintas regiones del país.Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se llevaron a cabo mesas de conciliación con prestadores regionales y nacionales, en las que se avanzó en acuerdos para el giro de recursos y el cumplimiento de obligaciones pendientes, reflejados en la postulación presentada ante la Adres.No obstante, Nueva EPS advirtió que una parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, lo que ha generado afectaciones temporales en la ejecución de algunos pagos acordados durante el mes de diciembre, impactando tanto a prestadores públicos como privados.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) dispuso la prórroga de la medida cautelar aplicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación de los servicios de salud dirigidos a las maestras, maestros y sus beneficiarios.La medida, inicialmente impartida en septiembre de 2025, fue extendida tras una solicitud presentada por la nueva administración del fondo y luego de un proceso de seguimiento conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se da en el contexto de la reestructuración y actualización del plan de trabajo del Fomag.De acuerdo con la información oficial, el plan actualizado contempla acciones específicas para el fortalecimiento de la entrega de medicamentos, la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como la mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de la información entregada a los usuarios.También incluye medidas orientadas a asegurar la correcta administración y el flujo de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.El proceso se desarrolla con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, como parte de un trabajo articulado entre las entidades involucradas en el sistema de salud del magisterio.Según indicó el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, la entidad se acogió a las medidas de seguimiento definidas por la superintendencia con el propósito de atender las dificultades identificadas y avanzar en la implementación de soluciones dentro del marco del plan de trabajo.La prórroga de la medida cautelar y los ajustes al plan fueron socializados en una reunión realizada este 16 de enero, en la que participaron el superintendente nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, el Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode.
En un fallo de 89 páginas, el Consejo de Estado aclaró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sí pueden utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación para pagar deudas o pasivos correspondientes a vigencias fiscales anteriores, siempre que dichas obligaciones no estén prescritas y que el uso de los recursos no afecte la prestación del servicio de salud a los afiliados.Así lo estableció el alto tribunal al resolver una consulta formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que buscaba determinar si a los recursos de la UPC les es aplicable el principio de anualidad presupuestal. Este principio limita el uso de los recursos públicos al periodo fiscal en el que son recibidos, lo que había generado dudas sobre la posibilidad de cubrir obligaciones de años anteriores.En su concepto, la Sala fue clara en señalar que el principio de anualidad no aplica a los recursos provenientes de la UPC, debido a que estos dineros no han sido concebidos por el legislador como parte del Presupuesto General de la Nación.El Consejo de Estado precisó que las facturas por servicios de salud no necesariamente deben ser radicadas dentro de la misma vigencia fiscal a la que corresponde la UPC.No obstante, el alto tribunal reconoció la existencia de un vacío jurídico en relación con el uso de los recursos de la UPC para vigencias fiscales anteriores y frente a las reservas técnicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Es claro el alto tribunal en señalar que, esto no debe bajo ninguna circunstancia afectar la atención de los pacientes.
La crisis de la salud en Colombia sigue bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, tras un nuevo llamado a la Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención oportuna a sus afiliados en todo el país.Y es que según cifras del ente de control, solo en 2025 se radicaron 131.000 tutelas en contra de la Nueva EPS.Este nuevo requerimiento de la Procuraduría se centra en la implementación efectiva del plan denominado “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, diseñado por la EPS para enfrentar las dificultades en la entrega de medicamentos. Tras una revisión exhaustiva de esta estrategia, el Ministerio advirtió la necesidad de realizar ajustes urgentes y estructurales.Las falencias que logró identificar la Procuraduría se centran en la falta de claridad en los objetivos del plan, la ausencia de un detalle preciso de las acciones a ejecutar en cada departamento, la identificación de la población afectada, la definición del modelo de atención y la construcción de una matriz de riesgos que permita anticipar y mitigar nuevas fallas en el servicio.En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió formalmente a los funcionarios de la Nueva EPS para que informen los avances concretos y aporten los soportes de las acciones que se están llevando a cabo, con el propósito de evitar que se repitan episodios de intermitencia o interrupción en la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.
La reciente actualización de la pirámide nutricional en Estados Unidos ha despertado un intenso debate entre expertos en salud y nutrición. Para entender mejor sus implicaciones, el endocrinólogo y nutricionista Antelm Pujol, con formación de posgrado en endocrinología clínica en Harvard, explicó en entrevista en Mañanas Blub 10:30 los aspectos positivos y las inconsistencias del nuevo modelo alimentario, que busca orientar los hábitos de millones de ciudadanos.Según Pujol, el cambio no es menor. “El cambio implica cambiar los hábitos de la población, porque al final si nosotros tenemos un modelo a seguir, la gente va a seguir esas recomendaciones que da el Gobierno y las instituciones oficiales”, afirmó, subrayando la responsabilidad que tienen estas guías en la salud pública. Por eso, insistió en que deben estar alineadas con la evidencia científica.Uno de los puntos que el especialista destacó como más relevantes es el énfasis en consumir “comida real”. Por primera vez, las guías oficiales desaconsejan de forma explícita los ultraprocesados. “Son las primeras guías de la historia que desaconsejan el consumo de estos alimentos, que sabemos están vinculados a riesgo cardiovascular, cáncer y obesidad”, señaló Pujol, quien considera este avance como un paso fundamental para combatir enfermedades crónicas.Sin embargo, el médico también advirtió inconsistencias entre la imagen de la pirámide y el contenido de las recomendaciones escritas. Mientras el gráfico ubica carnes rojas, huevos y productos altos en grasa en lugares destacados, el texto sugiere limitar la grasa saturada a menos del 10 % de la ingesta diaria. “Lo que dice dentro del texto no se corresponde con la imagen de la pirámide, y eso genera confusión”, explicó.Sobre las grasas, Pujol fue claro: no todas son iguales. “La evidencia científica dice que las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate o el pescado, tienen efectos protectores a nivel cardiovascular”, indicó, diferenciándolas de las grasas saturadas provenientes de carnes procesadas.En cuanto a los lácteos, un tema históricamente polémico, el endocrinólogo aseguró que la evidencia actual respalda su consumo. “Los lácteos sí tienen un efecto beneficioso para la salud y pueden reducir el riesgo cardiovascular, siempre que sean de calidad”, puntualizó, resaltando que no todos los productos lácteos ofrecen los mismos beneficios.Respecto a los carbohidratos, Pujol explicó que la recomendación es priorizar los de buena calidad, provenientes de frutas, verduras y granos enteros. “Estos alimentos tienen un beneficio cardiovascular muy importante”, dijo, especialmente en contextos como el latinoamericano, donde el consumo de arroz, plátano y otros carbohidratos refinados es elevado.Finalmente, el especialista defendió el consumo de frutas, incluso aquellas con mayor contenido de azúcar natural. “No es lo mismo la fructosa que viene en una fruta que la que se encuentra en un ultraprocesado, porque la fruta aporta una matriz nutricional que mejora su efecto en el organismo”, concluyó.El mensaje central, coincidieron entrevistadores y experto, es claro: priorizar alimentos reales, frescos y mínimamente procesados, más allá de gráficos o modas dietéticas. La nueva pirámide, aunque perfectible, abre una conversación necesaria sobre cómo comer mejor para vivir más y mejor.
Durante el embarazo es muy normal que a las madres les digan una frase que, en muchos casos, genera temor: “el bebé le quita el calcio a la mamá”. Estas palabras suelen venir acompañadas de miedos relacionados con dientes frágiles o huesos debilitados. Sin embargo, la ciencia ha revelado que el panorama es más complejo de lo que parece, aunque es prevenible con una buena alimentación.El cuerpo materno se adapta para cubrir las necesidades del bebé, pero esa adaptación funciona de manera adecuada solo si existe un aporte suficiente de nutrientes.¿El bebé realmente consume el calcio de los huesos de la mamá?Según revela CELAN (Centro Latinoamericano de Nutrición), la realidad es que durante la gestación, especialmente en el último trimestre, suele presentarse una mayor demanda de calcio, debido a que el feto lo requiere para formar su estructura ósea. Ante esto, el organismo de la madre responde absorbiendo más calcio de los alimentos. Sin embargo, cuando la ingesta es insuficiente, es posible que la movilización de este mineral provenga de los huesos maternos.Eso sí, este proceso no es automático ni inevitable, pero sí requiere una atención especial, particularmente en adolescentes, cuyo esqueleto aún se encuentra en proceso de consolidación.No es comer por dos, es nutrirse mucho mejorMás que aumentar calorías sin control, el embarazo exige cubrir nutrientes específicos. Entre los más importantes están la proteína y el calcio, fundamentales para el crecimiento fetal y para los cambios que experimenta el cuerpo materno. El peso al nacer, por ejemplo, es un indicador que refleja cómo fue el ambiente intrauterino. Un bajo peso no es una condena, pero sí una señal de que la nutrición durante el embarazo importa y puede tener efectos a largo plazo.Lácteos: así puede evitar problemas de calcioLa leche, el yogur y el queso suelen destacarse por combinar proteína con calcio de alta biodisponibilidad. Estudios científicos han evidenciado que un mayor consumo de lácteos se asocia con un mejor peso y longitud al nacer, además de un menor riesgo de bajo peso. Para incorporarlos de forma práctica y segura, se recomienda:Consumir entre 2 y 3 porciones al día, según tolerancia.Elegir productos pasteurizados y de buena calidad.Optar por versiones naturales o con bajo contenido de azúcares.Usar alternativas deslactosadas en caso de intolerancia.
El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en la red social X que los lineamientos que prepara el Ministerio de Salud desde mediados de enero sobre los bancos de leche humana no deben generar exclusiones ni poner en riesgo la lactancia materna. Bermont también recalcó que la donación de leche es un asunto de salud pública que debe abordarse con base en la evidencia, el respeto por la autonomía de las mujeres y sus derechos.En su mensaje, Bermont sostuvo que las decisiones alrededor de la donación de leche no pueden traducirse en restricciones automáticas para las madres y señaló que el objetivo central debe ser proteger la vida de los recién nacidos, bajo un enfoque humano y no discriminatorio. Además, resaltó que desde el sector salud de Bogotá se insiste en que los lineamientos nacionales deben evitar criterios que excluyan a posibles donantes sin una justificación técnica clara.El pronunciamiento del secretario se da luego de una publicación de El Espectador, en la que se advierte que el proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea excluir de la donación de leche a mujeres que hayan perdido a su bebé, entre otros requisitos, como que la mujer lactante cuente con el apoyo de su pareja o de un grupo familiar. Es decir, una madre que esté atravesando un duelo gestacional o perinatal, o que se encuentre sola, no podría donar leche, aun cuando se encuentre en óptimas condiciones para hacerlo.De acuerdo con las fuentes entrevistadas por el medio de comunicación, estos lineamientos han generado preocupación porque, según advierten, se desconoce la contribución de estas mujeres a la alimentación segura de bebés que, por patologías propias o de su madre, no podrían ser lactados directamente. A esta inquietud se suma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alertó que la propuesta podría ir en contravía de evidencia científica reciente que respalda los efectos favorables de la donación de leche en madres que han atravesado una pérdida reciente.En un comunicado, la asociación señaló que el duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no anula la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la lactancia ni para ser donantes de leche. Además, advirtió que los nuevos lineamientos podrían contradecir la Ley 2310 de 2023, conocida como la 'Ley Brazos Vacíos'. La norma establece que el sistema de salud debe respetar la voluntad de la mujer frente a la atención del duelo perinatal en todas sus etapas, así como garantizar el acceso a apoyo idóneo durante el proceso de lactancia en el duelo y el derecho de las familias que han sufrido una pérdida gestacional o perinatal a recibir atención psicosocial.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, ofrecido en el mercado como tratamiento contra la alopecia, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en Colombia.Según la entidad, el producto es promocionado como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta como un estimulante del crecimiento de nuevos folículos capilares. Sin embargo, el Invima señaló que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, explicó que el consumo de medicamentos sin registro sanitario implica riesgos para la salud, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En estos casos, indicó, no hay certeza sobre los efectos que puedan generar en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.Riesgos en la salud por consumir estas cápsulasLa entidad advirtió que el uso de este tipo de productos puede generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones en el sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. Estos riesgos aumentan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe control sanitario.El Invima reiteró que ningún medicamento puede ser comercializado legalmente en el país sin contar previamente con un registro sanitario vigente, el cual certifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normatividad.Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto señalado, así como a verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, mediante los canales oficiales de consulta del Invima.Finalmente, el Instituto solicitó a las autoridades de salud territoriales, establecimientos farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, además de difundir esta alerta entre los diferentes actores del sector, con el fin de prevenir riesgos en la población.
La crisis por la entrega oportuna de medicamentos en Colombia se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente la vida y la salud de miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas.Durante más de medio año, usuarios del sistema han denunciado retrasos, entregas incompletas y la suspensión total de tratamientos esenciales, una situación que ha llevado al agravamiento de patologías que requieren manejo continuo y especializado.Pacientes y familiares advierten que la falta de medicamentos no solo ha generado retrocesos en los tratamientos, sino que ha derivado en hospitalizaciones prolongadas y, en los casos más graves, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Personas con diagnósticos oncológicos, enfermedades autoinmunes, raras y crónicas han visto interrumpidos esquemas médicos fundamentales, aumentando el riesgo de complicaciones severas y reduciendo su calidad de vida.Ante este panorama, los afectados han recurrido a múltiples mecanismos para exigir respuestas. Plantones frente a EPS, gestores farmacéuticos, así como la radicación de derechos de petición y cartas formales, han sido constantes en distintas regiones del país. Sin embargo, los pacientes aseguran que durante meses no recibieron soluciones efectivas, mientras la crisis se profundizaba.Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que para 2026 implementará una hoja de ruta que incluye un plan de choque para mejorar la entrega de medicamentos, con el objetivo de que las fórmulas se suministren de manera completa, el aumento de auditorías y visitas a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos, la revisión del total de los reclamos en salud abiertos o vencidos y el fortalecimiento de la presencia territorial. No obstante, los pacientes advierten que estas medidas llegan después de meses de afectaciones graves a su salud y exigen soluciones inmediatas que eviten que más personas continúen deteriorándose o lleguen a hospitalización por la falta de tratamientos.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda cierres fronterizos ni restricciones a los viajes en relación con los dos casos de virus Nipah -un patógeno de alta letalidad para el que no hay tratamiento específico- registrados en la India, señaló este viernes una responsable de la agencia."La forma más eficaz de contener el virus cuando hay un brote es en el lugar de contagio, a través de una respuesta local que incluya el cuidado de los afectados, un seguimiento de cerca a los contactos, e información a la opinión pública sobre cómo evitar las infecciones", señaló en rueda de prensa Anais Legand, del departamento de Patógenos de Alto Riesgo de la OMS.La experta subrayó que la medición de temperaturas a viajeros procedentes de la zona afectada, algo que han puesto en marcha algunos países próximos a la India desde la declaración de los casos, es "una elección que los países pueden llevar a cabo", aunque no lo consideró una restricción de los viajes per se.Legand recordó que la OMS fue notificada el 26 de enero de los dos casos, uno de ellos aún en estado grave, sin que por ahora se hayan detectado nuevos contagios, aunque unos 190 contactos están bajo seguimiento.¿Qué es y cómo se transmite el virus Nipah?El virus Nipah, con una letalidad de entre el 40 % y el 75 % y del que tampoco hay vacuna, se reportó por primera vez en 1998 y desde entonces se han dado brotes en Bangladés, India, Malasia, Filipinas y Singapir, recordó la responsable de la OMS.Normalmente se transmite desde animales como murciélagos frugívoros, o por el consumo de alimentos contaminados por éstos, aunque se han dado algunos contagios de humano a humano, subrayó en rueda de prensa."Esto ha ocurrido de forma limitada, en condiciones de contacto prolongado con un paciente enfermo sin llevar la protección adecuada" (trajes de protección PPE), especificó.Legand señaló que la OMS recomienda a las personas en zonas afectadas que muestren síntomas acudir a un médico lo antes posible, aunque reconoció que al principio de la enfermedad las señales pueden no ser muy claras.¿Cuál es el primer síntoma del virus Nipah?"El primer síntoma en la mayoría de los pacientes es fiebre, y en algunos casos dolores de cabeza y confusión", explicó, señalando que otros posibles indicios podrían ser problemas respiratorios, tos, mareos, fatiga o vómitos.El martes la OMS valoró como "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, señalando que la India tenía experiencia en la contención de brotes anteriores.
El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, expone limitaciones estructurales del sistema de salud colombiano relacionadas con la disponibilidad de talento humano y la capacidad instalada para la atención de la población.De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el último lugar del grupo de países analizados y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Este indicador refleja una brecha persistente en la disponibilidad de personal sanitario frente a las necesidades del sistema.El documento también señala restricciones en la infraestructura hospitalaria. Colombia es el tercer país con menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con un promedio de 1,7 camas. En contraste, los países que encabezan este indicador superan las 12 camas por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia diferencias significativas en capacidad de atención.Según el Índice, estas condiciones inciden en el desempeño del sistema de salud y se relacionan con brechas territoriales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de servicios y recursos es más limitada. El análisis indica que las condiciones iniciales del territorio y la capacidad efectiva del sistema influyen de manera directa en los resultados en salud.El informe plantea que, más allá de cambios normativos, la disponibilidad de talento humano y la infraestructura existente son factores determinantes para mejorar la atención y los resultados sanitarios. En ese sentido, el Índice Nacional de Salud 2025 se presenta como una herramienta de análisis para la toma de decisiones basadas en datos, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema de salud en el país.
Blu Radio conoció la historia de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con síndrome de Ehlers-Danlos, inmunodeficiencia primaria variable común y fibrosis quística, que se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de tres meses sin recibir la inmunoglobulina subcutánea, medicamento esencial para controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición.Así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo.Según relató, desde septiembre de 2025 comenzaron las demoras en la entrega de medicamentos. Aunque en octubre se entregaron algunos fármacos de manera parcial, desde noviembre la situación se agravó. En diciembre, afirma, no se entregó ningún medicamento, ni siquiera los de uso básico como acetaminofén.La situación más crítica, explica, fue la suspensión total de la inmunoglobulina, un tratamiento que Juan Sebastián debe recibir semanalmente y que no tiene reemplazo terapéutico. “Sin inmunoglobulina, él se infecta, convulsiona y se deteriora rápidamente”, señaló.La falta de este medicamento derivó en infecciones recurrentes, convulsiones, dolor constante y una pérdida significativa de movilidad. De acuerdo con su madre, el joven pasó de caminar y salir de su casa a no poder levantarse de la cama, presentar fatiga extrema y requerir atención hospitalaria urgente.A esto se suman las dificultades para acceder a anticonvulsivantes, analgésicos y antibióticos. En varios casos, Doris Sánchez tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, asumiendo gastos que superan los 3,5 millones de pesos. Algunos tratamientos, explicó, tienen costos elevados: anticonvulsivantes cercanos al millón de pesos por caja, antibióticos de hasta 200.000 pesos por ampolla y morfina que puede costar más de 180.000 pesos por frasco.Actualmente, Juan Sebastián se encuentra hospitalizado, donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación, y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, su madre insiste en que toda la crisis de salud es consecuencia directa de no haber recibido la inmunoglobulina. Incluso, uno de los gérmenes detectados sería de origen hospitalario, lo que aumenta los riesgos debido a su sistema inmunológico comprometido.Doris Sánchez también denunció falta de respuestas por parte de la EPS, los gestores farmacéuticos y las autoridades de control. Asegura que ha presentado múltiples solicitudes, derechos de petición, tutelas y al menos cuatro radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener soluciones concretas. “Solo llegan respuestas automáticas y nadie asume el caso”, afirmó.Frente a la situación, este medio buscó a Nueva EPS, desde donde indicaron que van a revisar el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta de fondo ni se ha confirmado la entrega de los medicamentos pendientes.Mientras tanto, la familia teme que el estado de salud del joven continúe deteriorándose. “No es justo que mi hijo esté en una cama, con dolor e infecciones, por negligencia. Estamos pagando un servicio de salud para sobrevivir, no para morir”, concluyó su madre.
La recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios entró en una nueva fase que va mucho más allá de levantar muros o restaurar estructuras históricas. Así lo explicó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, al detallar el alcance del convenio firmado entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.Según la ministra, el anuncio realizado recientemente en el San Juan de Dios, y que quedó opacado por la controversia alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre tras años de bloqueos institucionales. El corazón del proyecto será el plan médico-arquitectónico, una hoja de ruta que definirá qué servicios se prestarán y cómo se usarán los distintos pabellones del hospital. Estas decisiones no quedarán al vaivén de los cambios políticos, sino que se adoptarán en comités operativos integrados por la Nación y el Distrito, con base en estudios y diseños técnicos."Por supuesto se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace tres años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad”, recalcó la ministra, quien subrayó que este modelo rompe con visiones anteriores que contemplaban esquemas de concesión o participación privada en la operación del hospital.Avances concretos y obras en marchaAunque durante años el San Juan de Dios fue símbolo de abandono, Kadamani aseguró que hoy los avances son tangibles. En los últimos dos años se han estructurado y adjudicado 13 licitaciones, todas con recursos garantizados, y actualmente 13 pabellones están en obra.De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es mostrar avances de manera constante hasta completar la recuperación del complejo. El pabellón de mantenimiento ya fue entregado y el que presenta mayor progreso es el Materno Infantil.En materia de recursos, la ministra detalló que hasta ahora el Gobierno, en cofinanciación con los ministerios de Salud y Educación, ha invertido 338.000 millones de pesos en la recuperación de los pabellones. A esto se suma un respaldo clave: vigencias futuras por 1,6 billones de pesos, destinadas principalmente a la restauración de la torre central y el ala de urgencias, bienes de interés cultural de la Nación.Además, el modelo de operación contempla la participación de universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino también la Universidad Distrital y otros programas académicos que podrían sumarse al funcionamiento del hospital.Pese a las históricas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá sobre el futuro del San Juan de Dios, la ministra destacó que hoy existe una coincidencia clara entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. "Nosotros, por el momento, estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo (...) Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público", conluyó.
El Ministerio de Salud rechazó y cuestionó el reportaje publicado por The British Medical Journal, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, al considerar que presenta una visión “parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico” sobre la actualidad del sistema de salud colombiano.Según el ministerio, aunque el texto se publique en una revista científica de alto reconocimiento, no se puede considerar como un artículo académico, sino un reportaje periodístico que no cuenta con una metodología verificable ni el contraste adecuado de fuentes.“El reportaje induce al lector a creer que los problemas del sistema de salud —retrasos en la entrega de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, salas de maternidad y unidades neonatales— son consecuencia exclusiva del actual Gobierno. Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993”, argumenta el ministerio.Dicho artículo, titulado 'How politics destroyed Colombia’s model healthcare system' y redactado por el periodista freelance Luke Taylor, sostiene que las decisiones políticas recientes habrían deteriorado un sistema de salud que durante años fue presentado como modelo en América Latina.Pero, para el ministerio es un análisis reduccionista, ya que omite variables clave como el acceso efectivo, la calidad de la atención, la equidad territorial y la experiencia real de los usuarios y cuestiona la defensa implícita de conglomerados privados del sector de la salud.“El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales”, señala el ministerio.Otra de las molestias del ministerio tiene que ver con las afirmaciones de que el Gobierno busca eliminar la empresa privada o provocar una crisis financiera para imponer cambios al sistema.“Los proyectos de reforma garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos”, aseveró el ministerio agregando que las intervenciones a EPS se han realizado con base el respaldo legal para proteger la atención de los usuarios.La cartera cerró el pronunciamiento defendiendo su gestión, con cifras como que entre 2022 y 2026 la inversión pública en salud aumentó en términos reales más del 50 %, con recursos destinados a fortalecer la UPC, la infraestructura hospitalaria y la atención primaria.