En Colombia, crece la preocupación por los retrasos y obstáculos que enfrentan niños diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) para acceder a alimentos con propósitos médicos especiales (APME), indispensables para su supervivencia y desarrollo. Especialistas y familias denuncian que la demora en la entrega de estas fórmulas es un riesgo vital que expone a los menores a desnutrición, complicaciones graves e incluso a desenlaces fatales.El Dr. Juan Pablo Riveros, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP), alerta que cada semana reciben reportes de bebés que llevan entre 20 y 30 días sin recibir su nutrición especializada. “Cuando los niños con APLV no tienen acceso oportuno al tratamiento, presentan alto riesgo de retrasos en el crecimiento, bajo peso, alteraciones en el desarrollo cognitivo y episodios de anafilaxia potencialmente mortales”, explica el especialista.La APLV es la alergia alimentaria más común en la primera infancia y se trata de una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia. Su manejo requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, el uso de fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos libres. “Los APME no son opcionales ni reemplazables por fórmulas convencionales. Negar o retrasar su entrega es exponer a los niños a complicaciones graves que pueden prevenirse”, enfatiza la Dra. Ailim Carías, presidenta de COLGAHNP.Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró al menos 1.120 quejas relacionadas con barreras de acceso al tratamiento nutricional para pacientes con APLV, principalmente por demoras o negaciones en la autorización y entrega. Las familias y especialistas esperan que esta situación cambie pronto para no poner en riesgo la vida de los menores en el país.
Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Dormir no solo es importante por la noche, incluso una siesta corta puede ser clave para que el cerebro se recupere y esté listo para aprender de nuevo. De hecho, un gran porcentaje de las personas suele tomar una siesta en horas de la tarde, esto ocurre principalmente por un descenso fisiológico natural en el estado de alerta del del reloj biológico, el cual ocurre despues del almuerzo.Según un estudio publicado en la revista NeuroImage por científicos de Suiza y Alemania, dormir en horas de la tarde es considerado un sueño reparador para el cuerpo humano.La investigación analizó a 20 adultos jóvenes que pasaron por dos tardes diferentes, en una durmieron una siesta de aproximadamente 45 minutos y en la otra permanecieron despiertos.Después de cada periodo, los investigadores midieron cambios en la actividad cerebral usando “electroencefalogramas y estimulación magnética transcraneal, métodos no invasivos que permiten inferir la fortaleza y flexibilidad de las conexiones neuronales”.¿Qué pasa en el cerebro durante una siesta?De acuerdo al estudio, durante el día la mente humana está constantemente reorganizando conexiones entre neuronas, a medida que se adquiere nuevas experiencias e información.Esta acción fortalece esas conexiones, pero también puede saturarlas, limitando la capacidad para seguir aprendiendo. “El sueño, incluso un descanso breve, parece actuar como un “reinicio” sináptico: reduce el exceso de conexiones y libera espacio para almacenar nueva información”.Lo anterior quiere decir que, tras la siesta “el cerebro no solo está menos cargado, sino que su capacidad para formar nuevas conexiones mejora, facilitando el aprendizaje y la codificación de información fresca”.Los resultados del estudio dejaron ver una explicación biológica a la sensación común de que después de dormir una siesta la mente está más clara y la atención más aguda. Esto puede ser particularmente útil en actividades que demandan alto rendimiento mental o físico donde mantener la concentración es clave:Estudiar.Tocar un instrumento.Practicar un deporte.Desempeñarse en profesiones exigentes.Además, otras investigaciones en neurociencia indican que un descanso breve durante el día mejora los procesos cognitivos, pues facilita la consolidación de la memoria y la capacidad para enfrentar nuevas tareas con mayor eficacia.¿Por qué es tan eficiente la siesta?La idea central detrás de estos beneficios es la hipótesis de homeostasis sináptica, que propone que durante el sueño el cerebro “rebaja” el exceso de conexiones creado mientras estamos despiertos, restaurando así su habilidad para aprender y adaptarse sin saturarse. Este proceso ocurre tanto en grandes periodos de sueño como en siestas más cortas, aunque con distintos grados de profundidad. En resumen, lo que concluye el estudio es que, una breve siesta no solo relaja, sino que reorganiza el cerebro para que pueda pensar y aprender mejor.
En un mundo donde la mayoría de los alimentos tienen fecha de caducidad y requieren cuidados especiales para conservarse, existe uno que rompe todas las reglas. No importa si pasan años, décadas o incluso siglos: este producto natural sigue siendo apto para el consumo humano sin perder su sabor, aroma ni propiedades nutricionales. No se descompone, no desarrolla bacterias peligrosas y resiste condiciones ambientales que dañarían cualquier otro alimento.¿Cuál es el alimento que nunca se vence?Se trata de la miel, un producto elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores, que ha sido consumido por la humanidad desde la antigüedad. Registros históricos muestran que civilizaciones como la egipcia ya la utilizaban tanto como alimento como en rituales medicinales y funerarios, precisamente por su extraordinaria capacidad de conservación.¿Por qué nunca se daña la miel?El secreto detrás de la durabilidad de la miel está en su composición química y en el proceso natural de producción. Durante su elaboración, las abejas reducen al máximo el contenido de agua y enriquecen el néctar con enzimas, creando una sustancia espesa y estable.Entre los factores que explican su resistencia se encuentran:Alta concentración de azúcares, que actúan como conservantes naturales.Propiedades higroscópicas, que absorben la humedad e impiden el crecimiento de bacterias.pH ácido, que genera un entorno hostil para microorganismos.Por esta razón, aunque la miel pueda oscurecerse o cristalizarse con el tiempo, estos cambios no significan que esté dañada ni que haya perdido su valor nutricional.Cómo conservarla correctamenteAunque no se vence, almacenar correctamente la miel ayuda a mantener su sabor, textura y calidad. Los expertos recomiendan:Guardarla en recipientes herméticos, preferiblemente de vidrio.Mantenerla en un lugar fresco y seco.Evitar la exposición directa al sol y a la humedad.De esta manera, puede conservarse durante décadas sin necesidad de refrigeración ni conservantes artificiales.Beneficios de la mielAdemás de ser un alimento prácticamente eterno, la miel ofrece múltiples beneficios para el organismo. Es una fuente natural de energía, aporta vitaminas y minerales, y es conocida por sus propiedades calmantes para la garganta, la tos y la congestión. También se utiliza ampliamente en la cocina como endulzante natural en bebidas, postres y recetas saladas.
El personero del municipio de Íquira, Huila, Jarvi Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blu Radio, advirtió que desde que inició el año 2026 la Nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ESE María Auxiliadora de esa localidad.Señaló el representante del ministerio público, que la cartera morosa de la Nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios básicos de salud como laboratorio clínico y entrega de medicamentos.“En nuestro municipio se está presentando un grave problema porque la Nueva EPS no ha suscrito el contrato de convenio con la ESE Local María Auxiliadora y este problema ha ocasionado que más de 5.000 afiliados de esta EPS no estén recibiendo los servicios de salud. Como personería tuvimos una reunión reciente y la ESE María Auxiliadora nos informa que la deuda que tiene la Nueva EPS es de más de 700 millones de pesos, pero a la fecha no se ha fijado para el pago de esa deuda” mencionó el personero municipal.Para el personero Jarvi Sanchez, esta situación es muy compleja y grave, que a la fecha se les esté vulnerando los derechos de salud a la población en general de ese municipio, al indicar que en Íquira solo existe un hospital para garantizarles los servicios básicos a miles de usuarios.“Por ejemplo los más de cinco afiliados de la Nueva EPS no están recibiendo los servicios ambulatorios, no están recibiendo los servicios de laboratorios, de medicamentos esenciales, solo están atendiendo servicios de urgencias, cuando llegan pacientes muy delicados y por lo general los remiten a Neiva” sostuvo Sánchez Calderón.Teniendo en cuenta la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en el Huila, el personero municipal les hizo un llamado urgente a las entidades territoriales, a las EPS, a la Supersalud y al mismo ministerio de la Salud, reaccionar ante esta situación que hoy tiene en jaque a miles de usuarios y pacientes del departamento.
La cantidad de colombianos que viajaron al exterior en 2025 subió 4.3 % y alcanzó los 5.8 millones, según cifras de Anato, que confirmó también que el principal destino al que vuelan los connacionales es Estados Unidos, con alrededor de 1.7 millones de viajeros lo que representó casi el 30 % del total.Ahora, los pasajeros que viajen al exterior con Avianca encontrarán un cambio relevante en la tarifa más económica de la aerolínea. La compañía ajustó su estructura tarifaria para vuelos internacionales en las Américas, incorporando un beneficio que hasta ahora no estaba incluido en ese tipo de tiquetes.Qué cambia para quienes compren tiquetes internacionalesDesde los tiquetes comprados a partir del 27 de enero de 2026, los viajeros que vuelen bajo la tarifa Light podrán llevar un artículo personal y un equipaje de mano tipo carry-on de hasta 10 kilogramos, sin pagar un valor adicional por este concepto.La modificación aplica exclusivamente para rutas internacionales dentro del continente americano y depende de la fecha de compra del pasaje, no de la fecha del viaje.La aerolínea aclaró que las nuevas condiciones no alteran los beneficios asociados a otras tarifas de su portafolio.“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje”, señaló Otto Gergye, director comercial de Avianca.Qué ocurre con los vuelos nacionales en ColombiaEn el mercado doméstico, Avianca no realizará modificaciones. La tarifa Basic seguirá incluyendo únicamente un artículo personal, manteniendo así una oferta diferenciada entre vuelos nacionales e internacionales, en línea con los patrones de viaje identificados por la compañía en cada segmento.La inclusión del equipaje de mano en la tarifa Light se suma a otros ajustes que la aerolínea viene implementando durante 2026 para fortalecer su propuesta de valor. Entre estos se encuentra la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluidos vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.Adicionalmente, Avianca avanza en la modernización de la experiencia en tierra, con mejoras en servicios como el check-in Insignia, la renovación de salas VIP y la implementación progresiva de conectividad Wi-Fi a bordo.
Un grave siniestro vial ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2025, en la localidad de San Cristóbal, dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años y varios heridos, luego de que un taxista en estado de embriaguez grado tres arrollara a un grupo de personas que se encontraba frente a una barbería en el barrio Santa Rita.De acuerdo con el informe de las autoridades, José Eduardo Chalá Franco, un conductor de taxi de 56 años, perdió el control del vehículo mientras se movilizaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. El automóvil embistió a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, y terminó incrustado contra la fachada de una vivienda, generando escenas de pánico entre los residentes del sector.Como consecuencia del impacto, Carol Estefanía, una adolescente de 15 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo que la mantuvo varios días con muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció días después en un centro asistencial. Su hermano menor, Juan Martín, de siete años, también resultó gravemente herido y permaneció en coma durante varias semanas, pero logró despertar a mediados de diciembre. Actualmente enfrenta un proceso de recuperación complejo con cirugías reconstructivas, una prótesis frontal y terapias intensivas para recuperar la movilidad.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que Chalá Franco tomó una decisión consciente al conducir en alto grado de embriaguez, calificando su comportamiento como “absurdo” y altamente peligroso. El conductor, que inicialmente afirmó haber ingerido solo cuatro cervezas, fue desmentido por los exámenes toxicológicos, que confirmaron el nivel más alto de alcohol permitido por la ley.Por estos hechos, el taxista fue llamado a juicio por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, cargos que decidió aceptar. Actualmente permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, Claudia Cubillos, madre de Gustavo Andrés Torres, uno de los adultos heridos en el siniestro, dijo que el conductor era conocido en el barrio por manejar bajo los efectos del alcohol: "Decía que manejaba mejor borracho que en sano juicio". La mujer también señaló que ya existían antecedentes grabados en redes sociales meses antes de la tragedia, donde se denunciaba a Chalá por transitar en contravía y en aparente estado de embriaguez.Entre tanto, las familias afectadas continúan afrontando las consecuencias físicas, emocionales y económicas de este hecho, mientras esperan que la justicia imponga una condena acorde con la magnitud del daño causado.
Una emergencia registrada en Brasil dejó como saldo la muerte de un adolescente de 13 años tras un ataque de tiburón ocurrido en la playa Del Chifre, en el municipio de Olinda, departamento de Pernambuco. La víctima fue identificada por las autoridades como Deivson Rocha Dantas.Según información preliminar entregada por organismos de socorro a medios locales, el menor se encontraba nadando en el mar junto a otros adolescentes cuando fue sorprendido por el animal. Tras el ataque, sus acompañantes lograron sacarlo del agua y llevarlo hasta la orilla, donde intentaron auxiliarlo mientras se solicitaba atención médica de emergencia.Ante la falta de una ambulancia en el lugar, un habitante del sector trasladó al menor en un vehículo particular hasta el Hospital del Tricentenario, donde ingresó sin signos vitales debido a una grave hemorragia. Así lo confirmó el médico Levy Dalton, quien señaló que, pese a los esfuerzos del personal de salud, no fue posible reanimarlo.Familiares del adolescente indicaron que el menor había acudido a la playa sin autorización de su madre. Testigos del hecho aseguraron que el ataque ocurrió de manera repentina y denunciaron la ausencia inmediata de guardavidas en el sector al momento de la emergencia.“Devoró casi toda su pierna. Llamamos a la ambulancia, pero no llegó a tiempo”, dijo entre lágrimas en entrevista con TV Globo Lídia Emanuelle, tía de Deivson.De acuerdo con cifras oficiales, en la zona se han registrado 82 ataques de tiburón y 27 muertes desde 1992. Aunque la playa Del Chifre cuenta con señalización de advertencia y es monitoreada por el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (CEMIT), las autoridades reiteraron el llamado a respetar las restricciones y evitar el ingreso al mar en zonas consideradas de alto riesgo.
El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, afirma la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país."Nosotros discrepamos de esa afirmación porque si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia", manifestó Miranda en una entrevista telefónica con la agencia EFE antes de viajar a Washington, donde el martes acompañará al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.Los aranceles de Ecuador, a los que Colombia respondió invocando el principio de reciprocidad, entraron en vigencia este domingo 1 de febrero, luego de que los dos Gobiernos no se pusieran de acuerdo para evitar la guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicaría el arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, versión que contesta el Gobierno de Petro.En ese sentido, Miranda subrayó que para este año el Gobierno tiene como meta la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, la mitad de ellas en el departamento de Nariño, que junto con el de Putumayo es limítrofe con Ecuador, ambos con grandes extensiones de siembras de coca.A eso se suma el decomiso de 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro que comenzó el 7 de agosto de 2022 y que, según el mandatario, puede subir a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, en agosto próximo."Tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas y nuestros esfuerzos en sustitución se enfocan sobre todo en Putumayo y Nariño, que son la frontera con Ecuador", añadió Miranda.El pasado 23 de enero, Petro y Miranda encabezaron en el caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), un acto en el que campesinos y comunidades indígenas erradicaron de forma colectiva cultivos ilícitos para dar paso a economías legales y sostenibles.Miranda reconoció que en todos los procesos de sustitución de cultivos ilícitos hay quienes vuelven a sembrar coca, pero calculó que ese porcentaje "tiene que ser menos del 5 %"."Siempre hay esos casos en todas las políticas del gobierno, siempre hay gente que no está dispuesta a cumplir, pero ese porcentaje es muy bajo cuando es sustitución porque de por sí la gente es la que pide entrar al programa, entonces son muy pocos los casos en los que la gente entra e incumple", concluyó.
Durante el embarazo es muy normal que a las madres les digan una frase que, en muchos casos, genera temor: “el bebé le quita el calcio a la mamá”. Estas palabras suelen venir acompañadas de miedos relacionados con dientes frágiles o huesos debilitados. Sin embargo, la ciencia ha revelado que el panorama es más complejo de lo que parece, aunque es prevenible con una buena alimentación.El cuerpo materno se adapta para cubrir las necesidades del bebé, pero esa adaptación funciona de manera adecuada solo si existe un aporte suficiente de nutrientes.¿El bebé realmente consume el calcio de los huesos de la mamá?Según revela CELAN (Centro Latinoamericano de Nutrición), la realidad es que durante la gestación, especialmente en el último trimestre, suele presentarse una mayor demanda de calcio, debido a que el feto lo requiere para formar su estructura ósea. Ante esto, el organismo de la madre responde absorbiendo más calcio de los alimentos. Sin embargo, cuando la ingesta es insuficiente, es posible que la movilización de este mineral provenga de los huesos maternos.Eso sí, este proceso no es automático ni inevitable, pero sí requiere una atención especial, particularmente en adolescentes, cuyo esqueleto aún se encuentra en proceso de consolidación.No es comer por dos, es nutrirse mucho mejorMás que aumentar calorías sin control, el embarazo exige cubrir nutrientes específicos. Entre los más importantes están la proteína y el calcio, fundamentales para el crecimiento fetal y para los cambios que experimenta el cuerpo materno. El peso al nacer, por ejemplo, es un indicador que refleja cómo fue el ambiente intrauterino. Un bajo peso no es una condena, pero sí una señal de que la nutrición durante el embarazo importa y puede tener efectos a largo plazo.Lácteos: así puede evitar problemas de calcioLa leche, el yogur y el queso suelen destacarse por combinar proteína con calcio de alta biodisponibilidad. Estudios científicos han evidenciado que un mayor consumo de lácteos se asocia con un mejor peso y longitud al nacer, además de un menor riesgo de bajo peso. Para incorporarlos de forma práctica y segura, se recomienda:Consumir entre 2 y 3 porciones al día, según tolerancia.Elegir productos pasteurizados y de buena calidad.Optar por versiones naturales o con bajo contenido de azúcares.Usar alternativas deslactosadas en caso de intolerancia.
El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en la red social X que los lineamientos que prepara el Ministerio de Salud desde mediados de enero sobre los bancos de leche humana no deben generar exclusiones ni poner en riesgo la lactancia materna. Bermont también recalcó que la donación de leche es un asunto de salud pública que debe abordarse con base en la evidencia, el respeto por la autonomía de las mujeres y sus derechos.En su mensaje, Bermont sostuvo que las decisiones alrededor de la donación de leche no pueden traducirse en restricciones automáticas para las madres y señaló que el objetivo central debe ser proteger la vida de los recién nacidos, bajo un enfoque humano y no discriminatorio. Además, resaltó que desde el sector salud de Bogotá se insiste en que los lineamientos nacionales deben evitar criterios que excluyan a posibles donantes sin una justificación técnica clara.El pronunciamiento del secretario se da luego de una publicación de El Espectador, en la que se advierte que el proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea excluir de la donación de leche a mujeres que hayan perdido a su bebé, entre otros requisitos, como que la mujer lactante cuente con el apoyo de su pareja o de un grupo familiar. Es decir, una madre que esté atravesando un duelo gestacional o perinatal, o que se encuentre sola, no podría donar leche, aun cuando se encuentre en óptimas condiciones para hacerlo.De acuerdo con las fuentes entrevistadas por el medio de comunicación, estos lineamientos han generado preocupación porque, según advierten, se desconoce la contribución de estas mujeres a la alimentación segura de bebés que, por patologías propias o de su madre, no podrían ser lactados directamente. A esta inquietud se suma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alertó que la propuesta podría ir en contravía de evidencia científica reciente que respalda los efectos favorables de la donación de leche en madres que han atravesado una pérdida reciente.En un comunicado, la asociación señaló que el duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no anula la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la lactancia ni para ser donantes de leche. Además, advirtió que los nuevos lineamientos podrían contradecir la Ley 2310 de 2023, conocida como la 'Ley Brazos Vacíos'. La norma establece que el sistema de salud debe respetar la voluntad de la mujer frente a la atención del duelo perinatal en todas sus etapas, así como garantizar el acceso a apoyo idóneo durante el proceso de lactancia en el duelo y el derecho de las familias que han sufrido una pérdida gestacional o perinatal a recibir atención psicosocial.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, ofrecido en el mercado como tratamiento contra la alopecia, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en Colombia.Según la entidad, el producto es promocionado como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta como un estimulante del crecimiento de nuevos folículos capilares. Sin embargo, el Invima señaló que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, explicó que el consumo de medicamentos sin registro sanitario implica riesgos para la salud, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En estos casos, indicó, no hay certeza sobre los efectos que puedan generar en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.Riesgos en la salud por consumir estas cápsulasLa entidad advirtió que el uso de este tipo de productos puede generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones en el sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. Estos riesgos aumentan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe control sanitario.El Invima reiteró que ningún medicamento puede ser comercializado legalmente en el país sin contar previamente con un registro sanitario vigente, el cual certifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normatividad.Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto señalado, así como a verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, mediante los canales oficiales de consulta del Invima.Finalmente, el Instituto solicitó a las autoridades de salud territoriales, establecimientos farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, además de difundir esta alerta entre los diferentes actores del sector, con el fin de prevenir riesgos en la población.
La crisis por la entrega oportuna de medicamentos en Colombia se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente la vida y la salud de miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas.Durante más de medio año, usuarios del sistema han denunciado retrasos, entregas incompletas y la suspensión total de tratamientos esenciales, una situación que ha llevado al agravamiento de patologías que requieren manejo continuo y especializado.Pacientes y familiares advierten que la falta de medicamentos no solo ha generado retrocesos en los tratamientos, sino que ha derivado en hospitalizaciones prolongadas y, en los casos más graves, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Personas con diagnósticos oncológicos, enfermedades autoinmunes, raras y crónicas han visto interrumpidos esquemas médicos fundamentales, aumentando el riesgo de complicaciones severas y reduciendo su calidad de vida.Ante este panorama, los afectados han recurrido a múltiples mecanismos para exigir respuestas. Plantones frente a EPS, gestores farmacéuticos, así como la radicación de derechos de petición y cartas formales, han sido constantes en distintas regiones del país. Sin embargo, los pacientes aseguran que durante meses no recibieron soluciones efectivas, mientras la crisis se profundizaba.Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que para 2026 implementará una hoja de ruta que incluye un plan de choque para mejorar la entrega de medicamentos, con el objetivo de que las fórmulas se suministren de manera completa, el aumento de auditorías y visitas a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos, la revisión del total de los reclamos en salud abiertos o vencidos y el fortalecimiento de la presencia territorial. No obstante, los pacientes advierten que estas medidas llegan después de meses de afectaciones graves a su salud y exigen soluciones inmediatas que eviten que más personas continúen deteriorándose o lleguen a hospitalización por la falta de tratamientos.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda cierres fronterizos ni restricciones a los viajes en relación con los dos casos de virus Nipah -un patógeno de alta letalidad para el que no hay tratamiento específico- registrados en la India, señaló este viernes una responsable de la agencia."La forma más eficaz de contener el virus cuando hay un brote es en el lugar de contagio, a través de una respuesta local que incluya el cuidado de los afectados, un seguimiento de cerca a los contactos, e información a la opinión pública sobre cómo evitar las infecciones", señaló en rueda de prensa Anais Legand, del departamento de Patógenos de Alto Riesgo de la OMS.La experta subrayó que la medición de temperaturas a viajeros procedentes de la zona afectada, algo que han puesto en marcha algunos países próximos a la India desde la declaración de los casos, es "una elección que los países pueden llevar a cabo", aunque no lo consideró una restricción de los viajes per se.Legand recordó que la OMS fue notificada el 26 de enero de los dos casos, uno de ellos aún en estado grave, sin que por ahora se hayan detectado nuevos contagios, aunque unos 190 contactos están bajo seguimiento.¿Qué es y cómo se transmite el virus Nipah?El virus Nipah, con una letalidad de entre el 40 % y el 75 % y del que tampoco hay vacuna, se reportó por primera vez en 1998 y desde entonces se han dado brotes en Bangladés, India, Malasia, Filipinas y Singapir, recordó la responsable de la OMS.Normalmente se transmite desde animales como murciélagos frugívoros, o por el consumo de alimentos contaminados por éstos, aunque se han dado algunos contagios de humano a humano, subrayó en rueda de prensa."Esto ha ocurrido de forma limitada, en condiciones de contacto prolongado con un paciente enfermo sin llevar la protección adecuada" (trajes de protección PPE), especificó.Legand señaló que la OMS recomienda a las personas en zonas afectadas que muestren síntomas acudir a un médico lo antes posible, aunque reconoció que al principio de la enfermedad las señales pueden no ser muy claras.¿Cuál es el primer síntoma del virus Nipah?"El primer síntoma en la mayoría de los pacientes es fiebre, y en algunos casos dolores de cabeza y confusión", explicó, señalando que otros posibles indicios podrían ser problemas respiratorios, tos, mareos, fatiga o vómitos.El martes la OMS valoró como "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, señalando que la India tenía experiencia en la contención de brotes anteriores.
El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, expone limitaciones estructurales del sistema de salud colombiano relacionadas con la disponibilidad de talento humano y la capacidad instalada para la atención de la población.De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el último lugar del grupo de países analizados y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Este indicador refleja una brecha persistente en la disponibilidad de personal sanitario frente a las necesidades del sistema.El documento también señala restricciones en la infraestructura hospitalaria. Colombia es el tercer país con menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con un promedio de 1,7 camas. En contraste, los países que encabezan este indicador superan las 12 camas por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia diferencias significativas en capacidad de atención.Según el Índice, estas condiciones inciden en el desempeño del sistema de salud y se relacionan con brechas territoriales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de servicios y recursos es más limitada. El análisis indica que las condiciones iniciales del territorio y la capacidad efectiva del sistema influyen de manera directa en los resultados en salud.El informe plantea que, más allá de cambios normativos, la disponibilidad de talento humano y la infraestructura existente son factores determinantes para mejorar la atención y los resultados sanitarios. En ese sentido, el Índice Nacional de Salud 2025 se presenta como una herramienta de análisis para la toma de decisiones basadas en datos, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema de salud en el país.
Blu Radio conoció la historia de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con síndrome de Ehlers-Danlos, inmunodeficiencia primaria variable común y fibrosis quística, que se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de tres meses sin recibir la inmunoglobulina subcutánea, medicamento esencial para controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición.Así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo.Según relató, desde septiembre de 2025 comenzaron las demoras en la entrega de medicamentos. Aunque en octubre se entregaron algunos fármacos de manera parcial, desde noviembre la situación se agravó. En diciembre, afirma, no se entregó ningún medicamento, ni siquiera los de uso básico como acetaminofén.La situación más crítica, explica, fue la suspensión total de la inmunoglobulina, un tratamiento que Juan Sebastián debe recibir semanalmente y que no tiene reemplazo terapéutico. “Sin inmunoglobulina, él se infecta, convulsiona y se deteriora rápidamente”, señaló.La falta de este medicamento derivó en infecciones recurrentes, convulsiones, dolor constante y una pérdida significativa de movilidad. De acuerdo con su madre, el joven pasó de caminar y salir de su casa a no poder levantarse de la cama, presentar fatiga extrema y requerir atención hospitalaria urgente.A esto se suman las dificultades para acceder a anticonvulsivantes, analgésicos y antibióticos. En varios casos, Doris Sánchez tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, asumiendo gastos que superan los 3,5 millones de pesos. Algunos tratamientos, explicó, tienen costos elevados: anticonvulsivantes cercanos al millón de pesos por caja, antibióticos de hasta 200.000 pesos por ampolla y morfina que puede costar más de 180.000 pesos por frasco.Actualmente, Juan Sebastián se encuentra hospitalizado, donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación, y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, su madre insiste en que toda la crisis de salud es consecuencia directa de no haber recibido la inmunoglobulina. Incluso, uno de los gérmenes detectados sería de origen hospitalario, lo que aumenta los riesgos debido a su sistema inmunológico comprometido.Doris Sánchez también denunció falta de respuestas por parte de la EPS, los gestores farmacéuticos y las autoridades de control. Asegura que ha presentado múltiples solicitudes, derechos de petición, tutelas y al menos cuatro radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener soluciones concretas. “Solo llegan respuestas automáticas y nadie asume el caso”, afirmó.Frente a la situación, este medio buscó a Nueva EPS, desde donde indicaron que van a revisar el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta de fondo ni se ha confirmado la entrega de los medicamentos pendientes.Mientras tanto, la familia teme que el estado de salud del joven continúe deteriorándose. “No es justo que mi hijo esté en una cama, con dolor e infecciones, por negligencia. Estamos pagando un servicio de salud para sobrevivir, no para morir”, concluyó su madre.
La recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios entró en una nueva fase que va mucho más allá de levantar muros o restaurar estructuras históricas. Así lo explicó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, al detallar el alcance del convenio firmado entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.Según la ministra, el anuncio realizado recientemente en el San Juan de Dios, y que quedó opacado por la controversia alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre tras años de bloqueos institucionales. El corazón del proyecto será el plan médico-arquitectónico, una hoja de ruta que definirá qué servicios se prestarán y cómo se usarán los distintos pabellones del hospital. Estas decisiones no quedarán al vaivén de los cambios políticos, sino que se adoptarán en comités operativos integrados por la Nación y el Distrito, con base en estudios y diseños técnicos."Por supuesto se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace tres años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad”, recalcó la ministra, quien subrayó que este modelo rompe con visiones anteriores que contemplaban esquemas de concesión o participación privada en la operación del hospital.Avances concretos y obras en marchaAunque durante años el San Juan de Dios fue símbolo de abandono, Kadamani aseguró que hoy los avances son tangibles. En los últimos dos años se han estructurado y adjudicado 13 licitaciones, todas con recursos garantizados, y actualmente 13 pabellones están en obra.De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es mostrar avances de manera constante hasta completar la recuperación del complejo. El pabellón de mantenimiento ya fue entregado y el que presenta mayor progreso es el Materno Infantil.En materia de recursos, la ministra detalló que hasta ahora el Gobierno, en cofinanciación con los ministerios de Salud y Educación, ha invertido 338.000 millones de pesos en la recuperación de los pabellones. A esto se suma un respaldo clave: vigencias futuras por 1,6 billones de pesos, destinadas principalmente a la restauración de la torre central y el ala de urgencias, bienes de interés cultural de la Nación.Además, el modelo de operación contempla la participación de universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino también la Universidad Distrital y otros programas académicos que podrían sumarse al funcionamiento del hospital.Pese a las históricas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá sobre el futuro del San Juan de Dios, la ministra destacó que hoy existe una coincidencia clara entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. "Nosotros, por el momento, estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo (...) Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público", conluyó.
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en el país llegó a 1.028 casos a 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 7 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 961 personas quemadas. El incremento se presentó en las últimas horas, en especial en los casos que involucran a menores de edad.Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los menores quemados pasaron de 315 a 324. De estos casos, 33 ocurrieron mientras los niños y adolescentes se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que las autoridades siguen señalando como uno de los principales factores de riesgo.En el caso de los adultos, el balance indica 704 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 300 se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente. Estas cifras confirman la relación directa entre el consumo de licor y la manipulación peligrosa de artefactos pirotécnicos.¿Dónde hay más quemados?A continuación la lista de los departamentos con mayor número de casos reportados con quemados por pólvora:Antioquia: 149 Bogotá: 94Norte de Santander: 66Cauca: 56Cundinamarca: 53Atlántico: 50En cuanto a las lesiones, las quemaduras siguen siendo las más frecuentes y están presentes en el 89 % de los casos. También se registran laceraciones en el 57 % y contusiones en el 20 %. Aunque las cifras de amputaciones y fracturas no han aumentado, las autoridades insisten en mantener la alerta por la gravedad de este tipo de lesiones.Los artefactos que más han provocado accidentes son los totes, voladores y cohetes. Las lesiones no solo afectan a quienes manipulan la pólvora, sino también a personas que observan estas prácticas, siendo comunes las quemaduras de segundo grado.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de pólvora bajo ningún motivo, especialmente en presencia de menores de edad o de personas en estado de embriaguez, recordando que estos accidentes son prevenibles y pueden tener consecuencias permanentes.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país. Según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud, entre ellos EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, deben garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad.Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, con el fin de dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad.La alerta se produce luego de que hospitales como el Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso informaran la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con esos comunicados, la decisión estaría asociada a causas administrativas y financieras, entre ellas la mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.A lo anterior se suman comunicaciones dirigidas a afiliados de la Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios desde la misma fecha.En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 y que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, sin detallar rutas de transición ni puntos alternos de dispensación.Frente a este panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades informar las rutas oficiales de contacto por territorio, los mecanismos de articulación con la entidad y las acciones adoptadas para garantizar el acceso continuo a medicamentos y servicios.También pidió reportes detallados sobre pagos de reembolsos por gastos de bolsillo y la implementación de planes de contingencia por parte de EPS intervenidas y gestores farmacéuticos, con el fin de evitar interrupciones abruptas en la atención de los usuarios.
Los pacientes del país recibieron con profunda preocupación el aumento diferencial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definido por el Gobierno para 2026. Aunque el reajuste fue mayor para el régimen subsidiado que para el contributivo, las organizaciones advierten que la decisión no soluciona la crisis estructural del sistema y, por el contrario, puede profundizarla.Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia —organización que agrupa a más de 200 asociaciones—, en entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre. Desde su experiencia diaria con usuarios del sistema, el dirigente aseguró que el próximo año será aún más crítico para quienes dependen de tratamientos, medicamentos y atención oportuna.Aumento de la UPC no es suficiente para todo el sistema de saludSilva fue enfático al señalar que el Gobierno mantiene una línea que, según él, pone en riesgo la vida de los colombianos. “El gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos”, afirmó, al referirse al ajuste de la UPC y a la situación actual del sistema.De acuerdo con el vocero, el 2025 ya fue “un año desastroso para los pacientes” por la falta de medicamentos, la ausencia de citas médicas y el cierre de servicios. En ese contexto, advirtió que el 2026 “será muchísimo peor”, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo o catastróficas. Gasto de bolsillo y empobrecimiento de los pacientesUno de los puntos más sensibles es el aumento del gasto de bolsillo. Silva explicó que hoy los hogares destinan entre el 17 % y el 23 % de sus ingresos a salud, pero con un sistema desfinanciado esa cifra podría aumentar hasta un 33 %. “Eso es catastrófico”, señaló.El dirigente puso como ejemplo a los trabajadores independientes, quienes deben asumir de su propio bolsillo aportes, copagos, cuotas moderadoras y medicamentos que no reciben oportunamente. “Al año, algunos pacientes pagan un salario mínimo y otros más de dos salarios mínimos solo para poder atender su salud”, dijo.El Gobierno conduce la "carrera de las muertes"La frase más dura de la entrevista llegó al abordar las consecuencias humanas de la crisis. Silva aseguró que el Gobierno “está conduciendo la carrera de las muertes evitables”, al no garantizar el derecho fundamental a la salud. Recordó que solo entre enero y septiembre de 2025 murieron más de 2.000 pacientes, algunos por fallas directas del sistema.También cuestionó la gestión de las EPS intervenidas, que hoy concentran el 51 % de los afiliados. Según afirmó, “las EPS intervenidas no están atendiendo a la población” y el Gobierno, pese a tener la responsabilidad directa, “es indolente frente al drama humanitario”.Para Pacientes Colombia, el mensaje de quienes viven la crisis es claro: la confianza en el Gobierno se erosiona mientras la salud se deteriora y los pacientes sienten que, literalmente, están quedando fuera de la carrera por la vida.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista: