El corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira), está conmocionado por el asesinato de la pequeña Shelsy Navarro, de tan solo 3 años. Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, rompió el silencio y relató, entre lágrimas, los momentos en los que su hija desapareció y el dolor que hoy enfrenta.Ojeda contó que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras compartían en casa. “Estábamos jugando y, de repente, ella salió mientras el papá y yo estábamos allí. Nosotros la hacíamos con el papá. Cuando pregunté por la niña, ya no estaba. Comenzamos a buscarla junto con el papá, pero no aparecía, ahí comenzó todo”, dijo.Según la familia, un vecino se dio cuenta de la emergencia y revisaron una vivienda cercana, perteneciente a familiares, donde encontraron elementos que —según la madre— podrían estar relacionados con la persona presuntamente involucrada en el hecho. El señalado huyó y aún no ha sido ubicado.La madre hizo un llamado urgente a las autoridades para capturar al responsable. “Pedimos que, por favor, nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Es una niña de tan solo 3 años”, expresó con voz quebrada.En medio del dolor, Ojeda recordó que su hija estaba a punto de vivir un momento especial: “Mañana se me graduaba de preescolar; estaba en la guardería”, dijo, subrayando la inocencia y los sueños que quedaron truncados.
Prevaricato por acción y peculado por apropiación son los cargos por los que deberán responder los magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, así como el ex procurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez, a partir de la reciente imputación que hizo la Fiscalía en contra de ellos.La investigación surge, según la Fiscalía, “por presuntas actuaciones irregulares” que habrían cometido los funcionarios y las cuales “permitieron la venta de dos predios, conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia”.“Las evidencias recopiladas indican que, entre 2009 y 2010, los funcionarios avalaron un acuerdo que dio vía libre a la comercialización directa de los terrenos, desconociendo que ambos estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio”, indicó el ente acusador, añadiendo que “la transacción en su momento ascendió aproximadamente a 3.500 millones de pesos, una cifra muy por debajo del valor real, que superaba los 36.000 millones”.Así, la Fiscalía sostiene que la aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones en el caso de Casablanca. “En cuanto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, al no consumarse plenamente el daño”, aclara.Los elementos materiales probatorios, además, dan cuenta de que el entonces procurador y los dos magistrados “tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta”.
En aguas del mar Caribe fue interceptada una lancha rápida que transportaba 510 paquetes de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 21 pacas camufladas dentro de la embarcación.La interceptación se dio luego de que equipos de vigilancia de la Armada de Colombia detectaron el zarpe de una lancha sospechosa que, al parecer, tenía como destino un país de Centroamérica.Ante la sospecha, miembros de la Armada, con apoyo de un aeronave de patrullaje, iniciaron la persecución y, a 140 millas náuticas de Riohacha, en La Guajira, interceptaron la lancha y la inspeccionaron hasta encontrar el estupefaciente, cuyo peso alcanza los 507 kilogramos.Con esta mercancía, los narcotraficantes esperaban distribuir 1.2 millones de dosis a nivel mundial y obtener rentas criminales por 24 millones de dólares.Por los hechos, dos hombres de nacionalidad dominicana fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades colombianas.Vale mencionar que, mientras era remolcada, la embarcación presentó una filtración y terminó hundida debido a las condiciones adversas del mar. No obstante, el personal deGuardacostas aseguró a los capturados y recuperó la totalidad del material incautado, el cual fue entregado posteriormente a la autoridad competente.
Un ataque sicarial registrado en la noche de este domingo dejó dos hombres muertos y uno más gravemente herido en el barrio Zarabanda de Soledad. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la noche dentro de un casino conocido como La Bendición.El atentado fue perpetrado por dos delincuentes que llegaron en dos motos y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban jugando en una de las máquinas. En el sitio murieron Arcadio Manuel Acosta Gutiérrez, de 36 años, y Wisman Rafael Mejía Vargas, de 38. En el mismo ataque resultó herido Jesús Alberto Montenegro Charys, de 28 años.Si bien las dos víctimas mortales de acuerdo con el reporte de la Policía tienen anotaciones judiciales por el delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, la Policía no descarta como posible móvil una retaliación por el cobro de extorsiones dado que horas antes de que los hombres armados ingresaran al negocio disparando, el administrador del casino había entregado 50 mil pesos a una mujer que llegó a realizar el cobro de las llamadas ‘vacunas’.Este hecho se presentó en un sector identificado como área de influencia del Grupo Delincuencial Organizado “Los Costeños”, cuyo mando sería ejercido por alias 'Alexis el 10'.
El organismo de control advirtió que Emcali no cumplió los requisitos técnicos ni legales para avanzar con el proceso de modernización del sistema de alumbrado público, una iniciativa valorada en cientos de miles de millones de pesos que busca cambiar las luminarias de la ciudad y garantizar su mantenimiento durante las próximas décadas.Según la Procuraduría, el proyecto carece de soportes técnicos válidos, pues el estudio base —el llamado Plan Maestro de Alumbrado Público— no fue entregado ni recibido a satisfacción al momento de reactivar el proceso. Además, no se habían cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia, ya que el trámite no fue publicado en la plataforma oficial de contratación (SECOP II) ni contaba con un cronograma definido o criterios claros de evaluación.La decisión se produjo luego de que la gerencia de Emcali intentara avanzar con la convocatoria pese a múltiples advertencias internas y observaciones de los órganos de control. En su informe, la Procuraduría señaló que la empresa debe reanudar el proceso solo cuando garantice la transparencia, la competencia entre oferentes y la protección del patrimonio públicoEl pronunciamiento se suma a las alertas previas de veedurías ciudadanas y sectores políticos que han cuestionado la manera en que Emcali ha manejado varios contratos estratégicos. La entidad respondió que acatará las recomendaciones del Ministerio Público y que suspenderá temporalmente la contratación hasta subsanar las fallas señaladas.El contrato de alumbrado público es considerado un proyecto clave para la modernización urbana de Cali, pues contempla la sustitución de miles de luminarias, la ampliación del servicio y la implementación de sistemas inteligentes de iluminación. Sin embargo, la suspensión podría retrasar los planes de mejora mientras se garantiza que la licitación se realice bajo estándares de legalidad y transparencia.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
Dos audios revelados por inteligencia militar confirman que las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ estarían obligando a campesinos e indígenas Nukak a participar en el bloqueo del puente Nowen, la vía que desde hace más de una semana mantiene incomunicado al departamento del Guaviare con el Meta.En las grabaciones, cuyos emisores transmiten órdenes bajo amenaza, se evidencia cómo las comunidades son presionadas para aumentar su presencia en el punto de bloqueo, incluso ante un eventual choque directo con la Fuerza Pública. Los audios circularon entre veredas rurales, reforzando el ambiente de miedo que ya había sido documentado por inteligencia: visitas nocturnas de hombres armados, listas por finca y advertencias de represalias para quienes no se unan a la protesta.En el primer audio, una voz masculina informa que la situación “se ha puesto más pesada” y que ya no basta con la asistencia inicial, por lo que la instrucción es clara. “Se necesita que salga más gente. Yo no me voy a poner a estar nombrando que venga usted, que venga el otro, porque ya la situación se salió de las manos. Entonces, el que no venga, uno por finca, por casa, que atengan a sus consecuencias".La amenaza directa coincide con lo que la Fuerza Pública ha venido documentando: hombres en motocicleta, armados con pistolas, recorriendo fincas y asentamientos Nukak para exigir presencia obligatoria en el bloqueo. Las fuentes oficiales aseguran que quienes no han querido asistir han recibido disparos cerca de sus viviendas o panfletos intimidatorios.El segundo audio alerta sobre un posible choque con el Ejército. El mensaje asegura que ya no habrá paso vehicular cada dos o tres horas, como inicialmente se estaba permitiendo, porque llegó una nueva orden: cerrar completamente la vía.La voz del hombre que transmite la instrucción es explícita: “La orden es que sí o sí toca cerrar la vía… mañana vamos a entrar en confrontamiento con ellos, porque van a querer abrir la vía para dejar paso, y, pues, la orden es que no nos podemos dejar sacar”.Más adelante, insiste en que la orden proviene de actores armados ilegales: “No es mentira… es una orden que viene directa de, pues, de ya sabemos quiénes. Los que no quieran meterse en problemas más adelante… puede que tomen represalias contra las personas que no vengan. Ya queda en la conciencia de cada quien”, agrega.De acuerdo con inteligencia militar, la presión de estos grupos no busca reivindicaciones sociales, sino expulsar la base militar ubicada en el Cerro Macusito, instalada desde 2007 y considerada clave para cortar rutas utilizadas por las disidencias para el narcotráfico, tráfico de armas y extorsión.Un reporte de inteligencia advierte que se han podido establecer situaciones muy delicadas respecto a las verdaderas razones ocultas alrededor de la protesta. La narrativa pública que intenta justificar el retiro de la base, según la cual afecta la espiritualidad de los Nukak, no tiene sustento. “Esa dificultad nunca ha existido. La base está fuera de las zonas habitadas por los Nukak”, explicaron fuentes oficiales.
La movilidad en Bogotá volvió a verse afectada tras un siniestro que generó una fuerte congestión en el sur de la ciudad, específicamente en el sector conocido como la Y de Yomasa, en la localidad de Usme.Según las autoridades, las molestias en la zona comenzaron luego de que un camión que se desplazaba por la avenida Boyacá habría quedado sin frenos y terminó llevándose por delante a un vehículo particular. El Chevrolet Spark gris quedó totalmente destruido en su parte delantera tras el impacto.Pese al choque inicial, el camión continuó su recorrido y también alcanzó a una motocicleta, cuyo conductor sobrevivió de manera milagrosa. En uno de los videos que circula en redes, se observa al motociclista intentando gatear tras el fuerte golpe. Lamentablemente, un peatón que transitaba por la zona fue arrollado y perdió la vida de manera inmediata en el lugar.En este momento, autoridades de tránsito y equipos de emergencia permanecen en el punto. Tanto el conductor del carro particular como el motociclista resultaron heridos y están siendo atendidos. Además, unidades de criminalística adelantan el levantamiento del cuerpo del peatón y recopilan información para esclarecer lo ocurrido este miércoles 10 de diciembre de 2025.En cuanto al servicio de alimentadores del Portal Usme, este se encuentra suspendido. La situación ha generado un fuerte trancón que afecta la avenida Caracas y la avenida Boyacá en ambos sentidos, complicando aún más la movilidad para cientos de conductores.Movilidad Bogotá Yomasa: recomendaciones para los usuariosDesde la cuenta oficial de Movilidad Bogotá en X, se informó que el Grupo Guía, los Agentes Civiles y los equipos de emergencia ya atienden la situación en la Y de Yomasa. La entidad recomendó a los conductores y peatones transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en la vía y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras avanzan las labores de atención del siniestro.Accidente en Yomasa Bogotá: congestión y afectaciones vialesLa suspensión temporal del servicio de alimentadores y la presencia de autoridades en la zona han generado un considerable represamiento de vehículos. Por ahora, se espera que la movilidad mejore una vez finalicen los procedimientos de criminalística y se retire el camión involucrado en el siniestro.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, habría salido de Venezuela en una operación de alto secreto, viajando en una embarcación o bote con destino a Curazao, según reportes recientes del diario Wall Street Journal. Este desplazamiento, que ocurrió presuntamente el martes pasado, se presume como un escape del país para poder llegar a Noruega, posiblemente Oslo, en un contexto relacionado con el premio Nobel de la Paz.El Wall Street Journal basa esta información en una fuente directa: un funcionario de la administración de los Estados Unidos. De confirmarse, esta salida desmentiría las sugerencias del régimen de Nicolás Maduro de que Machado ya no se encontraba en territorio venezolano.Operativo secreto con presunto respaldo de EEUUEl viaje de Machado fue catalogado como "secreto", manteniéndose así para evitar torpedear el desplazamiento de la líder opositora. Aunque los detalles de la operación no han sido compartidos, el hecho de que la información provenga de una fuente gubernamental de los Estados Unidos sugiere que la administración estaba enterada y que pudo haber existido algún tipo de asistencia o seguimiento.La experiencia de Estados Unidos asistiendo la salida de figuras de la oposición venezolana ya tiene precedentes, como fue el caso del conocido grupo de las guacamayas, cuya partida fue descrita en su momento como una "operación precisa". Además, el mar Caribe está fuertemente vigilado por Estados Unidos, lo que hace suponer que cualquier movimiento de una lancha es conocido. Esta suposición se refuerza dado que la fuente que confirma la información es del gobierno estadounidense.De Caracas al CaribeLa salida de Machado confirma que estaba en Venezuela, posiblemente en la clandestinidad, y que su movimiento hasta la costa requirió una compleja logística. El operativo, calificado como de "película," implicó moverse por tierra desde Caracas hasta una zona costera para abordar la embarcación.Si Machado se encontraba en Caracas, la ruta más corta por tierra era hacia la costa del estado La Guaira, a unos 30 minutos de la capital, aunque la distancia marítima desde allí hasta Curazao es mayor, estimándose en unas 50 millas náuticas. Otra opción era el estado Falcón, el punto más cercano a Curazao (unas 30 millas náuticas), pero que implica un recorrido terrestre mucho más largo, de unas 4 o 5 horas por carretera desde Caracas.Escuche aquí la entrevista:
En el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla, una familia clama la intervención urgente de las autoridades, pues desconocen el paradero dos mujeres y la hija de 13 meses de una de estas, quienes salieron con la ilusión de trabajar en un restaurante, pero que, al parecer, fueron engañadas y no se descarta que estén en manos de una red de trata de personas y que se las habrían llevado hacia Perú.Se trata de Nicole Jiménez de la Rosa, de 25 años, y Yelitza Polo de la Rosa, de 26, quienes ,según un reporte conocido por Blu Radio, el 22 de noviembre fueron reportadas como víctimas de desaparición forzada ante la Fiscalía en Barranquilla.Le puede interesar: Bogotá refuerza su lucha contra la trata de personas con orientación y apoyo a víctimasFamiliares de las mujeres no quisieron ser grabadas por seguridad, sin embargo, este medio conoció que las jóvenes, quienes son primas, fueron convencidas por una supuesta amiga con la que se hablaban por una red social.La mujer les habría prometido trabajar como meseras en un restaurante en Perú y, para ello, debían viajar a Cali, donde saldrían por tierra hacia el vecino país. Aquí empezó el drama, pues dos hombres las contactaron y les indicaron que no iban como meseras, sino a prostituirse.Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero y el de la bebé, lo que tiene a sus familiares reclamando la intervención de las autoridades migratorias para que verifiquen si estas mujeres han logrado salir del país.
Después de casi 10 horas de debate, en el que se analizaron polémicos documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional sobre la elección del rector Leyton Barrios, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico decidió abrir una actuación administrativa para dar claridad a este proceso de designación.Dicha actuación fue aprobada por cinco consejeros: Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Melissa Obregón, delegada del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores, y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.La decisión busca despejar dudas y resolver los cuestionamientos planteados por el MEN sobre la experiencia laboral que acreditó Barrios para el cargo, garantizando al exsecretario de Educación su derecho a la defensa y contradicción.Y es que la polémica ahora gira en torno a la nueva información suministrada por la Corporación Universitaria Salamanca de Barranquilla sobre los antecedentes laborales del rector Leyton Barrios, luego de que el Ministerio de Educación le pidió verificar si era cierto que este había ejercido como docente en dicha institución entre 2013 y 2016.Pese a que ante el comité de acreditaciones de la Universidad del Atlántico fueron presentados el pasado 20 de agosto certificados con los sellos de la institución Salamanca, en los cuales el rector Luis Francisco Robayo afirmaba que Barrios sí había sido docente durante cuatro años; en una comunicación posterior del 19 de noviembre indicaron que era falsa dicha vinculación laboral y anunciaron procesos internos contra recursos humanos.Tal ha sido la controversia que ya hay una denuncia penal por falsedad ideológica en documento privado para establecer la trazabilidad de cómo fueron emitidos estos documentos que dan cuenta de lo que habría sido la afiliación de Barrios como docente de derecho laboral, derecho comercial y derecho internacional público.A su vez, el gobernador Verano ordenó al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder, que dé traslado a las autoridades competentes de los informes de presuntas falsedades que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior. De la misma manera, para que la Gobernación del Atlántico realice las acciones administrativas y judiciales con miras a revisar la validez de la designación del rector.
La Contraloría General de la República le puso la lupa a la compra del predio ‘La Grosería’ que realizó la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Chimichagua, Cesar, y encontró que dicha adquisición realizada por 4.161 millones de pesos “generó un impacto negativo” al no cumplir “los requisitos mínimos establecidos”.La ANT realizó la compra como parte de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; sin embargo, este terreno “se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble”, situación que era “de conocimiento previo” de la entidad, informó la Contraloría.Además, el ente de control aseguró que, según un estudio técnico, “la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, categorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, por lo cual no cumple con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normatividad agraria vigente, ni con la viabilidad técnica para su adquisición”.En conclusión, dice la Contraloría, “la ANT destinó $4.161 millones para la compra de un predio con ocupantes indeterminados y sin aptitud productiva, en contravía de la Ley y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz”.
Crece la polémica en torno al impuesto de valorización que pretende cobrar el Gobierno a predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde a pesar del rechazo generalizado y en medio de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal del Atlántico, esta semana el Invías continuará sus audiencias públicas para socializar el proyecto a las comunidades que deben asumir el cobro.En noviembre se han realizado cuatro jornadas de socialización en diferentes municipios del Atlántico y el próximo encuentro será este jueves, 27 de noviembre, en Tubará; sin embargo, los propietarios de los predios advierten que ni siquiera están siendo notificados formalmente para asistir a estas actividades y que, por lo tanto, mayor es el gasto del Gobierno que la participación de las comunidades en estos eventos.Alberto Mario Forero, uno de los propietarios afectados por el cobro, denuncia que se está despilfarrando recursos en “aperitivos durante el evento” y “viáticos de funcionarios”, sin que la socialización esté llegando realmente a los interesados."Desde el año pasado hemos venido denunciando que esa cantidad de recursos que están botando deberían invertirse en otras cosas, no solo porque la mayoría está en contra de esa valorización, sino también porque no nos están notificando formalmente sobre estas audiencias", dijo."A cada propietario o poseedor de un inmueble localizado en el sector entre Barranquilla y Cartagena deberían enviarle la invitación. Deben enviarlo al número de la matrícula de cada inmueble para que asistan a las audiencias, pero lo están haciendo por redes sociales y hay mucha gente que no utiliza redes, que ni siquiera escucha los medios de comunicación", agregó.Además, asegura que los lugares escogidos para hacer las socializaciones no hacen parte del área de influencia o donde frecuentan las personas que serán sujeto de cobro.
A través de un conmovedor video que se ha difundido ampliamente en redes sociales, Lenis García imploró la pronta liberación de su hijo, el soldado cesarense Víctor Hugo Yepes, de 21 años, a quien las disidencias de las Farc secuestraron el pasado 14 de noviembre en el Cauca."Hoy esta madre le implora a un país, a Colombia entera, que no me dejen sola, que me apoyen en esta lucha, ya que esto es una ruleta rusa y hoy la estoy viviendo yo, la estoy sufriendo yo, la estoy padeciendo yo como madre, una familia entera, un pueblo que lo ama", expresó la mujer."Por eso les clamo, Colombia, ayúdenme a gritar, a pelear por la liberación de mi hijo y por todos sus secuestrados, que cada día sufren más en esas montañas y familias enteras destrozadas en sí", agregó.Sentada en la sala de su casa, rodeada de fotografías que muestran los mejores momentos del joven militar, Lenis le regó directamente al presidente que interceda por su hijo para que vuelva sano y salvo a la libertad."A los entes gubernamentales, locales, al presidente Petro, les pido enormemente que no me dejen sola, que me ayuden a entrar donde mi voz no puede entrar, que me ayuden a clamar por la libertad de mi hijo. A los grupos armados, por favor, cesen esta violencia", pidióEn un video, que habría sido grabado un día después de su secuestro como prueba de supervivencia, el soldado también envió un mensaje al ministro de defensa y al Gobierno en el que agradecía toda la gestión que pudieran hacer para lograr su liberación.Yepes García, oriundo del corregimiento Valencia de Jesús, en Valledupar, reapareció en aquellas imágenes sin su uniforme de militar y ningún distintivo del Ejército Nacional, sino con una camiseta negra y una pantaloneta del mismo color. Se le vio poco sonriente y tenso, y al fondo, una pancarta con la imagen de fusiles cruzados, distintivo de las disidencias de las Farc.
Lo que para muchos fue un fin de semana de celebración, para Liceth Barrios Monterrosa, de 32 años, terminó en una tragedia que hoy la mantiene luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reina Catalina, de Baranoa.La mujer, madre de dos hijas de 13 y 4 años, fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental quien la atacó con puños y patadas causándole graves daños internos, al punto que médicos debieron extraerle el bazo para salvarla, después de haberla sometido a dos cirugías.El lamentable caso ocurrió la noche del sábado 6 de diciembre, en el barrio Santa Elena de Baranoa. Los gritos de la mujer se perdieron entre el alto volúmen de la música que escuchaban habitantes del sector. Solo horas después cuando el señalado agresor, identificado como Carlos De La Cruz Silvera, se quedó dormido, la mujer pudo salir con sus hijas a buscar ayuda.El caso ya está en manos de la fiscalía, sin embargo aún no existe una orden de detención en contra del presunto agresor, por lo que la diputada Alejandra Moreno hizo un llamado para que se agilicen los trámites y este hombre responda por el delito de tentativa de feminicidio."Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto en la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos", pidió la diputada. Lizeth venía siendo víctima de violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo. Incluso las violentas peleas con su pareja fueron motivo en más de una oportunidad de llamados a la Policía por parte sus vecinos, sin embargo, al no interponerse una denuncia oficial, no se dio una atención a la víctima.
Once días después del asesinato de una docente en plena vía pública a manos de su expareja, un nuevo feminicidio sacudió la ciudad. Una joven de 22 años fue asesinada al interior de su vivienda en el barrio Fredonia, al suroriente de la capital de Bolívar.De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el pasado sábado 6 de diciembre, su pareja sentimental, un hombre de 40 años, llegó hasta la vivienda , al parecer, en medio de una discusión le causó nueve heridas con un arma cortopunzante .La joven víctima fue trasladada hasta un centro asistencial cercano, sin embargo llegó sin signos vitales. Por su parte, el agresor, quien de acuerdo a la Policía, se entregó tras cometer el repudiable hecho, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.Le puede interesar: Seis municipios en rojo por feminicidios: Santander registra 13 casos en lo que va del añoLa Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el agresor. Según datos de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Alcaldía de Cartagena, este es el cuarto feminicidio que se registra en el ciudad en lo corrido del 2025.
El techo de un salón de eventos en la Corporación Los 14, un club emblemático de San Juan Nepomuceno, colapsó generando alarma en el municipio. El incidente estuvo a punto de convertirse en una tragedia, pues el desplome ocurrió minutos antes de realizar una ceremonia de grados en el lugar. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales tras el incidente.Fue la Institución Educativa Diógenes A Arrieta el colegio que tenía programado llevar a cabo su ceremonia de grado en este lugar en horas de la tarde, donde decenas de estudiantes y padres de familia estarían presentes para celebrar la culminación de los estudios de bachillerato.Si el colapso hubiera ocurrido durante la ceremonia, la situación habría sido catastrófica. Las autoridades locales continúan evaluando la situación en el club.
Una estremecedora escena alteró la celebración del Día de Velitas en el municipio de Coveñas, Sucre, donde un hombre fue asesinado de manera brutal tras una discusión ocurrida al interior de un establecimiento de billar. El hecho se registró el pasado 7 de diciembre y quedó en evidencia a través de varios videos que circularon posteriormente en redes sociales.La víctima fue identificada como Carlos Andrés Pantoja Agámez, de 38 años, quien se encontraba compartiendo con otras personas cuando se produjo un altercado con otro joven. De acuerdo con información preliminar, la discusión se habría originado por una apuesta perdida durante el juego.El presunto agresor fue señalado como Jhony Feria Julio, de 25 años, quien, según las autoridades locales, ya fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.En las grabaciones conocidas se observa cómo el atacante arremete contra Pantoja utilizando el pico de una botella, ocasionándole múltiples heridas de consideración. Testigos indicaron que ambos hombres habrían consumido altas cantidades de licor, lo que también influyó en la violencia del enfrentamiento. La víctima quedó gravemente lesionada e incluso tenía dificultades para mantenerse en pie.Las personas que se encontraban en el lugar intentaron intervenir para detener la agresión cuando Pantoja cayó al suelo malherido. Posteriormente, fue sacado del establecimiento con la intención de buscar ayuda médica de urgencia.No obstante, los hechos tomaron un giro aún más atroz minutos después. Según versiones preliminares, el agresor habría conseguido un machete y atacó nuevamente a la víctima, causándole la muerte mediante decapitación. De acuerdo con reportes de medios locales, el responsable habría recorrido varias calles del municipio portando la cabeza, generando pánico y consternación entre los habitantes.Tras múltiples llamadas de alerta, unidades de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sector y lograron la captura de Feria Julio, quien fue reducido sin oponer resistencia. El detenido fue trasladado a la estación de Policía de Coveñas, donde quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente los móviles del crimen y avanzar en el proceso judicial correspondiente. El caso ha causado profunda conmoción en la comunidad, especialmente por la brutalidad con la que se desarrollaron los hechos en una fecha tradicionalmente asociada a la paz y la celebración familiar.
Del CAI La Victoria, ubicado en el sur de Barranquilla, se fugaron este martes cuatro hombres que se encontraban privados de la libertad en las celdas de detención transitoria habilitadas en este lugar.Un vecino contó a la Policía que los fugados se valieron de un árbol que está en la parte de atrás del CAI para trepar y saltar al otro lado de la pared hacia la calle. Estando en plena vía, los sujetos abordaron un taxi que los esperaba cerca del lugar y huyeron con rumbo hasta ahora desconocido.Los prófugos fueron identificados como Dinis Rafael Gómez Alfaro, Eneyber David Bravo Ochoa, Heider Alberto Murcia y Sebastián José Castro González.Esta es la segunda fuga masiva que se registra en menos de un mes en el área metropolitana de Barranquilla, pues el pasado 23 de noviembre siete hombres también escaparon de un CAI del municipio de Soledad en plena madrugada, siendo que solo tres de estos alcanzaron a ser recapturados en las horas siguientes.
Una embarcación langostera, proveniente de Nicaragua, fue sorprendida por la Armada de Colombia cuando realizaba faenas de pesca en el banco Quitasueño, el cual hace parte de las Áreas Marinas Protegidas del archipiélago de San Andrés y está declarado como zona de conservación por su biodiversidad única,Tras una visita e inspección a la embarcación, la Armada encontró a cinco hombres a bordo, quienes de inmediato fueron capturados por estas faenas ilegales, toda vez que les encontraron artes de pesca y recurso pesquero extraído sin ninguna autorización para ello y, peor aún, de un área protegida por su alto valor ecológico."El personal y el material incautado fue conducido hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés, donde las autoridades competentes determinaron que se encontraba a bordo un total de 182 kilogramos de pesca ilegal. El personal y material fue puesto a disposición de las autoridades competentes", informó el capitán Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla.En detalle, fueron incautados 154 kilogramos de langosta, cinco kilogramos de langosta ovada, trece kilogramos de pepino de mar, seis kilogramos de aleta de mantarraya y cuatro kilogramos de King Crab. Así mismo, se incautaron artes de pesca, como un compresor de aire, una manguera de 300 metros, dos caretas, dos ganchos artesanales y dos pares de aletas.La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, continuará empleando sus capacidades para garantizar la protección de la Reserva de Biósfera Seaflower, reafirmando su compromiso con la comunidad pesquera que desarrolla este oficio ancestral en el departamento.
Dos disparos en el vidrio panorámico y otro más en la puerta trasera de su camioneta, evidencian el ataque a bala del que fue víctima el abogado Frederick Barros Mendoza cuando se movilizaba, la tarde del pasado lunes festivo, por la vía del Algodón, entre los municipios de Juan de Acosta y Tubará, Atlántico.La víctima, de 55 años, contó que se desplazaba hacia Barranquilla cuando de repente aparecieron dos hombres en una moto negra, se atravesaron en el camino y el parrillero sacó un arma y realizó varios disparos a la camioneta.En el momento del ataque, el abogado viajaba en compañía de su escolta y ambos salieron ilesos por el blindaje de la camioneta, la cual hace parte del esquema de seguridad suministrado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).Sin embargo, Barros afirma que su situación amerita que se refuerce aún más su esquema, pues son varios los atentados que ha sufrido como consecuencia de los procesos que lleva como defensor de derechos humanos."Yo he venido sufriendo una serie de amenazas y de persecuciones desde que asumí la defensa de un caso. Hace año y medio también sufrí un atentado en la puerta de mi finca y, de igual forma, me quemaron la finca", narró el abogado."He venido teniendo varias persecuciones, hasta he tomado fotos y videos de motos que me que me persiguen", agregó visiblemente preocupado.La Policía del Atlántico informó que personal de Investigación Criminal ya comenzó labores para identificar y capturar a los responsables de este hecho.
Burlando todo protocolo y medida de seguridad, internos de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla convirtieron su celda en un ambiente de discoteca y, en pleno fin de semana de Velitas, prendieron la rumba con licor, un enorme parlante y hasta un televisor en el que proyectaban videos musicales como si estuvieran viviendo de todas las maneras posibles, menos privados de la libertad.La música a todo volumen en el pabellón 1 y tragos que iban y venían entre luces navideñas quedaron en evidencia en los mismos videos que los reclusos grabaron y difundieron con sus celulares, como si estos dispositivos móviles tampoco estuviesen prohibidos en el penal.Los videos, en los que los protagonistas de la rumba se graban abrazados, bastaron para que las autoridades los identificaran y abrieran nuevos procesos en su contra con miras a un posible traslado de cárcel por su inadecuado comportamiento.Así mismo, se desplegó un operativo en el pabellón para decomisar todos estos elementos prohibidos, informó Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del Inpec."Inmediatamente se dieron las órdenes para que el comandante vigilancia y la directora del establecimiento hicieran un operativo para tener el control de nuestro pabellón. El establecimiento sabe quiénes son los que hicieron este acto y se van a tomar medidas, tanto disciplinarias como penales, si es el caso", dijo el funcionario a Blu Radio.Los implicados en este caso serían dos miembros de la banda delincuencial Los Costeños, sindicados por concierto para delinquir; sin embargo, las sanciones no sólo irían contra ellos, sino también contra el personal administrativo y de custodia involucrado en estos hechos, quienes podrían enfrentar cargos disciplinarios por permitir tales conductas.No es la primera vez que una situación así ocurre, en septiembre pasado varios integrantes de Los Costeños, internos de esta Penitenciaría, también hicieron su propia fiesta de Amor y Amistad con cavas llenas de cervezas, hechos por los que varios de ellos fueron trasladados de penal.
La Secretaría Distrital de Salud confirmó a Blu Radio que ya son 13 las personas que han resultado lesionadas por el uso de pólvora en lo que va del mes de diciembre en Barranquilla.Entre los afectados se encuentran dos menores de edad, además de tres niños de 1, 8 y 10 años que permanecen hospitalizados por sospecha de intoxicación con fósforo blanco mientras manipulaban elementos como chispitas mariposas, traki traki y totes.Stephanie Araujo, secretaria de salud de Barranquilla informó que el estado de salud de los menores es estable y que están a la espera de los resultados de exámenes toxicológicos.“Al momento están en observación. A nivel de la hospitalización de la red del distrito tenemos en el Hospital Barranquilla uno, uno más el Camino Ciudadela y otro en el Camino Bosque de María. Su evolución es estable. Están en manejo interdisciplinario y valoración por toxicología y estamos a la espera de los resultados para determinar si realmente confirmar o descartar la intoxicación por fósforo blanco”, informó la funcionaria.Blu Radio conoció además que el niño de 10 años que al parecer se intoxicó con un tote, también tiene una quemadura en uno de sus ojos por lo que está pendiente de una valoración por oftalmología para evaluar el daño que pudo sufrir en su visión.Si bien en Barranquilla a la fecha se han registrado 7 quemados menos en los primeros 9 días del 2024, las autoridades siguen preocupadas. Yesid Turbay, jefe de la oficina de Seguridad Ciudadana del Distrito señaló insistió en el llamado a los adultos para que alejen a los menores de la pólvora.“En cuanto al tema de quemado se presenta una reducción con respecto al año pasado, pero lastimosamente tenemos hoy que reportar niños quemados. Hacemos un llamado a esos padres de familia, a esos cuidadores, reiterar que estamos pagando nosotros una recompensa de 2 millones de pesos por todas aquellas personas que quieran informarnos dónde se están expendiendo o dónde están almacenando la pólvora”, puntualizó Turbay.Hay que decir que además de los 13 quemados en Barranquilla, los demás municipios del Atlántico registran 15 lesionados con pólvora, de los cuales 5 son menores de edad.
Un violento homicidio ocurrido la tarde del viernes 5 de diciembre en el suroccidente de Barranquilla ha generado profunda conmoción entre la comunidad. Un hombre armado ingresó a un local de comidas rápidas, fingió ser un cliente más y, tras esperar varios segundos, disparó a quemarropa contra el propietario del negocio, causándole la muerte de manera inmediata. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad y se ha difundido masivamente en redes sociales.Los hechos sucedieron dentro del establecimiento conocido como “El Bendecido”, ubicado en el barrio La Manga, diagonal 77 con carrera 21B. En el video, de poco más de medio minuto, se observa cómo la víctima atiende con normalidad a varias personas, entre ellas una mujer con una niña pequeña y un joven que esperaba su pedido.El atacante entra al lugar con aparente tranquilidad, se detiene a observar el menú y se ubica al lado de los otros clientes, sin levantar sospechas. Pasados algunos segundos, saca un arma de fuego de su pantalón y dispara directamente a la cabeza del dueño del negocio. De inmediato gira hacia el joven que se encontraba a su lado y le propina al menos dos disparos más antes de huir del lugar a pie.La víctima fatal fue identificada como Miguel Tordecilla Díaz, propietario del establecimiento, según reveló Alerta Caribe. El joven herido, de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece en estado delicado, luchando por su vida.Hasta el momento, las autoridades no han revelado los móviles del crimen. Sin embargo, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan labores de investigación apoyadas en las grabaciones de seguridad y en testimonios de testigos.