Barranquilla se consolidó durante 2025 como la ciudad del país que más recibe tractocamiones vacíos en busca de carga, de acuerdo con un análisis presentado por Asoportuaria, basado en cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte.El estudio, enfocado en los flujos de tractocamiones revela que más de 11.400 vehículos de este tipo arribaron sin carga a la capital del Atlántico, superando a ciudades como Tocancipá, Bogotá y Cali.Lejos de representar una debilidad, este comportamiento logístico, según indica Lucas Ariza, directivo de Asoportuaria, confirma el papel estratégico de Barranquilla como centro de redistribución de carga para la región Caribe y el resto del país, gracias a su infraestructura portuaria, industrial y de servicios.Asoportuaria iindicó que existen dos factores principales que explican este fenómeno. El primero de ellos tiene que ver con los flujos unidireccionales desde Barranquilla hacia otras ciudades de la Costa, donde muchos vehículos salen cargados desde la capital del Atlántico, pero no encuentran carga de retorno, obligándolos a regresar vacíos.El segundo factor es el reposicionamiento desde el interior del país, ya que una parte importante de la carga que se moviliza hacia ciudades costeras termina generando el traslado natural de camiones hacia Barranquilla, donde los transportadores encuentran mayores oportunidades para asegurar un nuevo despacho.Atlántico, líder en balance positivoEl análisis por departamentos muestra que el Atlántico es el segundo territorio que más camiones vacíos recibe, después de Cundinamarca. No obstante, ocupa el primer lugar en balance positivo, al recibir muchos más vehículos vacíos de los que envía, lo que confirma la fortaleza logística del departamento y su rol como punto de origen y destino de múltiples tipos de carga, impulsado por su actividad industrial y portuaria.En el ranking de ciudades destino de viajes vacíos, Barranquilla encabeza la lista con 11.416 arribos, seguida por Tocancipá (9.422), Bogotá (6.097) y Cali (4.902).Un mercado atractivo para el transporte terrestreLa llegada de camiones vacíos a Barranquilla refleja que los transportadores encuentran carga de retorno con relativa facilidad, tanto hacia otras ciudades de la Costa como hacia el interior del país. Por esta razón, históricamente se han reconocido fletes compensatorios, ya que los vehículos no deben recorrer grandes distancias sin carga ni esperar largos periodos para asegurar un nuevo despacho con carga.
Los grandes debates del presente ocuparon la agenda de conversatorios del segundo día del Hay Festival Cartagena, que este viernes tuvo en un mismo escenario a tres de los figuras más esperadas de esta edición 2026: la escritora argentina Leila Guerriero; el colombiano Juan Gabriel Vásquez y el cubano Leonardo Padura.Los tres, junto al exdirector de el periódico el País, Javier Moreno, hablaron sobre los desafíos periodismo en la era de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y la necesidad de contar historias desde lo local que conecten con el mundo y los contextos actuales.Precisamente en medio de este conversatorio, el galardonado escritor Leonardo Padura habló sobre su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo agudizaría la ya difícil situación que afrontan los habitantes de la isla.“Una de las consecuencias que he pensado es que, y es la única que voy a decir, la situación en Cuba se va a poner muy complicada y esa situación muy complicada va incluso a afectar a mi madre que tiene 98 años. Entonces, es doloroso, es doloroso, entonces quiero hacerlo con mente fría, que no sea algo de un discurso, quiero que sea un poquito un análisis”, dijo el autor de ‘Fiebre de caballo’, ‘Las cuatro estaciones‘ y ‘El hombre que amaba los perros’.El también ganador del premio ‘Princesa de Asturias’ indicó además que lo que le puede pasar a Cuba, es lo que viven hace mucho tiempo los haitianos y africanos.“Lo que lo que nos pasa o nos puede pasar a los cubanos a partir de ahora les está pasando desde hace no sé cuántos años a los haitianos y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos y está pasando en muchos países de África y nadie se acuerda de ellos”, sostuvo.La agenda del segundo día también tuvo espacio para el análisis internacional con el escritor Fernando Arancón y su perspectiva sobre las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, al igual que el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras la crisis reciente en Oriente Medio. Asimismo, las autoras Karen Hao y Carissa Véliz, abordaron los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.Entretanto, los personas con cédula expedida en el departamento, podrán ingresar gratuitamente a todos los eventos del festival los días sábado y domingo.“El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía”, anunciaron los organizadores del evento literario.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
Un adolescente de 15 años enfrenta, junto a su madre, una reclamación ante Nueva EPS por la que llevan tres meses esperando respuesta. Desde noviembre del año pasado están solicitando autorización para el retiro de un clavo quirúrgico que le fue implantado para corregir una doble fractura, pero, según denuncian, les están negando el procedimiento. Todo se deriva de una lesión que el menor sufrió en septiembre del año pasado, lo que le dejó una fractura de cúbito y radio en la mano derecha mientras se encontraba en su colegio. En su momento, debido a la naturaleza del accidente, el seguro estudiantil cubrió la atención médica, incluida la cirugía en la que fue necesario colocarle un clavo para estabilizar el hueso.Sin embargo, la bolsa del recurso económico se agotó y quedó pendiente el procedimiento para retirar el clavo. Fue entonces cuando Katherine Pérez, la madre del menor, empezó un proceso de reclamación ante Nueva EPS para que estos se encargaran del retiro del implante, algo por lo que no tiene respuesta. "Es un silencio administrativo el que he recibido de vuelta. Yo voy, pregunto qué sucede y nadie me contesta. Mientras tanto veo cómo se coloca el brazo de mi hijo. Ya va a cumplir cinco meses con eso en el brazo y en cualquier momento se le puede infectar. Incluso, ya se ve como si se estuviera malformando el brazo en esa zona", indicó la madre desesperada. La Clínica Portoazul, que fue donde se le brindó toda la atención al menor, advierte que además el seguro no alcanzó a cubrir un recurso, el cual debe ser cancelado cuánto antes, ya sea por la familia del adolescente o por la EPS. Sin embargo, frente a esta solicitud la mujer asegura que tampoco tiene respuesta. Mientras persiste la demora en esta atención, la salud del adolescente continúa deteriorándose.
En una audiencia que se prolongó por más de 6 horas, la Fiscalía General de la Nación sustentó sustento la acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, esto por su presunta vinculación al escándalo de la UNGRD.El exfuncionario del Gobierno Petro es señalado por la Fiscalía de ser el determinador del pago de coimas a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle quienes en la actualidad están recluidos en la Cárcel la Picota de Bogotá mientras avanza el proceso en su contra.Pero no solo Name y Calle están privados de la libertad por este escándalo de corrupción, la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz y los exministros de Hacienda e Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en sitos de reclusiones especiales.Durante la audiencia de acusación hubo un momento incómodo entre Carlos Ramon González y la magistrada Blanca Barreto quien está a cargo del caso. Esto, luego de que la togada le preguntara al exfuncionario sobre si había sido clara la acusación en su contra por parte de la Fiscalía y el exdirector del Dapre respondió que estaba basada en mentiras.“Obviamente para mí no es clara. Hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación y yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Entonces, a mí sí me parece que yo no puedo aceptar”, dijo González.Ante esto, la molestia de la magistrada Barreto quedó en evidencia al decirme a Carlos Ramon González que no era el momento para hacer reclamaciones.Al exdirector del Dapre se le atribuyen tres delitos y la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia notificará a todas las partes involucradas en el proceso, sobre cuándo será la primera audiencia preparatoria de juicio.
El pasado lunes 26 de enero fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida y otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, quienes no habían sido identificados hasta la fecha.Sin embargo, en las últimas horas de este jueves el Comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional informó que la persona herida es uno de sus soldados, perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, y quien ahora mismo está bajo pronóstico reservado debido a serias heridas por impacto de bala en su cuerpo y signos de tortura.Aseguró la entidad que los hechos se registraron cuando el militar estaba de permiso, tiempo en el que integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aprovecharon su estado de indefensión en zona rural del municipio de Dibulla y lo sometieron a torturas durante varios días."De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días", fue como lo especificaron.El Ejército condenó estos hechos y se solidarizó con la familia del soldado, cuya identidad aún no ha sido revelada. El nombre de la persona que sí apareció muerta tampoco es de conocimiento, ni si tenía vínculos con las fuerzas armadas.“La institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”, escribieron en un comunicado.“Así mismo, el Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”, agregaron.La violencia en esta zona del departamento de La Guajira se encuentra desbordada por la lucha territorial que libran los grupos armados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.
El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, expone limitaciones estructurales del sistema de salud colombiano relacionadas con la disponibilidad de talento humano y la capacidad instalada para la atención de la población.De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el último lugar del grupo de países analizados y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Este indicador refleja una brecha persistente en la disponibilidad de personal sanitario frente a las necesidades del sistema.El documento también señala restricciones en la infraestructura hospitalaria. Colombia es el tercer país con menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con un promedio de 1,7 camas. En contraste, los países que encabezan este indicador superan las 12 camas por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia diferencias significativas en capacidad de atención.Según el Índice, estas condiciones inciden en el desempeño del sistema de salud y se relacionan con brechas territoriales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de servicios y recursos es más limitada. El análisis indica que las condiciones iniciales del territorio y la capacidad efectiva del sistema influyen de manera directa en los resultados en salud.El informe plantea que, más allá de cambios normativos, la disponibilidad de talento humano y la infraestructura existente son factores determinantes para mejorar la atención y los resultados sanitarios. En ese sentido, el Índice Nacional de Salud 2025 se presenta como una herramienta de análisis para la toma de decisiones basadas en datos, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema de salud en el país.
Con el fin de ejecutar labores de mantenimiento preventivo en el canal de aducción que abastece la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Flora, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que realizará la suspensión temporal del servicio de agua potable en los sectores suroriental del municipio de Bucaramanga y nororiental del municipio de Floridablanca.La medida, que afectará a unos 76 mil suscriptores, irá desde las 07:00 p.m. del viernes 30 de enero hasta las 07:00 a.m. del sábado 31 de enero de 2026. De acuerdo con el Acueducto, los sectores impactados con el corte en el servicio de agua son:Distrito Norte Alto: Mejoras Públicas, Sotomayor, Cabecera del Llano, El Prado, Álvarez, Las Américas, La Aurora, Bolarquí, Mercedes, Campestre, Conucos. Universidad, UIS, Sotomayor, San Alonso, Quinta Brigada, Quinta Dania, Galán, El Prado, Los Alpes, Alarcón, Antiguo campestre, Puerto Rico y pilas públicas.Distrito La Flora: Albania, Morrorico, El Diviso, Miraflores, La Malaña, Los Sauces, Venado de Oro, Los Pinos, Batallón Caldas y pilas públicas del sector.Distrito La Malaña: Buenos Aires, Miraflores, Miramanga y pilas públicas del sector.Distrito Pan de Azúcar: Santa Helena, Balcones de Santa Helena, Arrayanes, Alares, El Reposo, Oasis, Sierra Verde, UDES, Las Colinas, La Trinidad, Balcón del Lago, Los Cedros, Pan de azúcar, Altos de Pan de Azúcar, Diamante I, Lagos del Cacique, Guayacanes, San Expedito y Pilas Públicas del Sector.Distrito Tejar: Quintas del Cacique etapas 1, 2, 3, 4 y 5, Palmeras del Cacique 1 y 2, Hacienda del Cacique, Cacique Imperial, Tesoro del Cacique, Portal del Cacique, Conjuntos Santa Bárbara 1 y 2, La Gran Reserva, Neomundo, Centro Comercial Cacique, Estadio La Flora, Serrezuela 1 y 2, Hispania, Britania, Germania, Cacique Ipaná, Parroquia Cristo Misionero, Conjunto Residencial Monterrey, La Pedregosa, La Libertad, Barrio Caldas, Altoviento, Zapamanga I y IV, Tenza, Santa Fe, San Bernardo, Hacienda San Juan, Girasol, Altos de Tajamar, Balcones del Tejar 1,2,3,4 y 5, Santa Mónica, Altos de la Pradera, Altos del Cacique, Altos del Lago, Asturias, Bosques del Cacique,Urbanización Fátima, Mirador de Fátima, Balcones de la Colina, Colegio Instituto Caldas, San Martin, Portofino, Torres de Alejandría, Las Casitas, Boulevard del Cacique, Mirador del Cacique, Torres del Portón 1,2,3 y 4 y Pilas Públicas del Sector.Distrito Cabecera: Altos de Cabecera, Avenida el Jardín, El Jardín, Terrazas, La Floresta, y Quebrada La Iglesia, Cabecera del Llano.Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal.La empresa recomendó a los usuarios realizar un uso racional del agua, haciendo un manejo adecuado de los tanques de almacenamiento, con el fin de mitigar los efectos durante el período de interrupción del servicio de agua.
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica. Esta es una decisión que ha generado diferentes posiciones.Desde el Pacto Histórico volvieron a plantear la idea de la constituyente.“Se congelan herramientas urgentes para proteger salud, educación y política social, se genera incertidumbre fiscal y se envía una mala señal en un momento crítico para el país. Cuando las instituciones bloquean soluciones para la gente, se hace necesario abrir un gran debate nacional, democrático y popular sobre las reglas del juego: un proceso constituyente que permita destrabar al Estado y ponerlo al servicio de las mayorías”, dijo el representante a la Cámara Gabriel Becerra.En la oposición han celebrado la decisión, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que durante el debate de control político en el Congreso se demostró que el Gobierno no tenía razones para decretar la emergencia.“Lo advertimos persistimos y lo logramos. En nuestro debate de control político logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, que lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor Gobierno y que se respeten los principios constitucionales”, aseguró Motoa.La representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda asegura que de esta manera se le pone un freno a los ‘decretazos’ del Gobierno.“La Corte Constitucional suspende la Emergencia Económica y le pone freno a los decretazos del Gobierno. La democracia tiene reglas, y no se gobierna por atajos cuando no hay justificación real. Hoy gana la Constitución. Hoy pierde el abuso de poder”, señaló Miranda.Y el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo dijo que era una mala decisión, pues además considera que la Corte debe fallar de fondo.“Es el órgano de cierre, debería tener relaciones y decisiones concretas, no está bien. Este ejercicio que hizo el Gobierno trata de remediar inconvenientes que sectores políticos le pusieron al país para que el país no pudiera cambiar y fracasar. El presidente está haciendo uso de la norma constitucional”, agregó Ocampo.La ministra de ambiente (e) Irene Vélez dijo que se busca frenar las transformaciones del país.“Ve uno con nostalgia aquellos tiempos en que la Corte Constitucional era aliada del pueblo en la superación de las brechas de injusticia. Cuando haya crisis de subsidios de energía o dificultades para pagar la Unidad de Pago por Capitalización en salud, que a los colombianos no se nos olvide quién dio la orden”, dijo Vélez.El candidato a la presidencia Juan Manuel Galán aseguró que la emergencia decretada no cumplía los requisitos constitucionales.“Un estado de excepción no es un atajo para tapar errores fiscales ni para evadir al Congreso. Como lo advertimos, esta medida vulneraba la separación de poderes, generaba inseguridad jurídica y ponía en riesgo la confianza y la inversión. Hoy la Corte reafirma un principio básico de la democracia: las decisiones fiscales se debaten en el Congreso, no se imponen desde el Ejecutivo”, dijo Galán.Mientras que el candidato Daniel Palacios dijo que el Gobierno lo que pretendía con la emergencia era imponer a la brava una reforma tributaria.“Ojalá que Gustavo Petro en lugar de meterle la mano al bolsillo de los colombianos, para el derroche y la contratadera para promover a su heredero”, señaló Palacios.Vicky Dávila agregó: “Gracias a la Corte Constitucional por tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos. Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este Gobierno Corrupto. Ahora a ganar la elecciones”, dijo Dávila.
En Villa Betel, un barrio al sur de Santa Marta, la campaña política no la marca el calendario electoral, sino las órdenes de un grupo armado ilegal. Así lo denunció el líder social y ambientalista Luis Miguel Moisés, quien aseguró que el brazo urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra habría prohibido a los habitantes instalar afiches, pendones o cualquier tipo de publicidad de su candidato a las elecciones al Congreso de la República.Según el relato del líder, hombres que se identifican como integrantes de esa estructura criminal llegaron al barrio y ordenaron retirar toda la propaganda política visible, bajo la advertencia de que en el sector no se permitiría ningún tipo de manifestación electoral. La comunidad, dice Moisés, acató por miedo a represalias, quedando prácticamente “silenciada” en plena antesala de la contienda."Pasaron por el barrio y ordenaron quitar la publicidad sin importar que el político sea de izquierda o de derecha aludiendo que ninguno les ha pagado para poder a hacer política en su barrio", relato Moisés.Pero la intimidación no se limita al tema electoral. Moisés también habló del “flagelo de la extorsión” que afecta a Villa Betel, donde, de acuerdo con su denuncia, comerciantes y familias viven bajo la presión de pagos ilegales exigidos por estas estructuras."La gente, como en muchos barrios de la ciudad, paga 2.000 por cada casa, 15.000 por motocarro y hasta 20.000 por tiendas, esto es un desastre", afirmó el ambientalista.Esa combinación de amenazas, control territorial y restricciones a la participación política ha generado un ambiente de miedo que, según los vecinos, se siente en cada cuadra del barrio.Blu Radio intentó obtener una posición oficial de la Policía Metropolitana de Santa Marta sobre estos señalamientos. Desde la oficina de comunicaciones indicaron inicialmente que no tenían conocimiento formal de la situación, pero que comenzarían a indagar el caso. Es de resaltar que este barrio colinda con la Estación Central de la Policía Metropolitana de Santa Marta.Mientras tanto, los habitantes de Villa Betel aseguran que permanecen atrapados entre el temor a los grupos armados y la sensación de desprotección institucional, en un momento clave para la democracia en la ciudad y en el país.
Carlos Mario Zuluaga dijo que la indagación preliminar es a la anterior gobernación de Elsa Noguera y la actual administración de Eduardo Verano de la Rosa, y se hace para determinar si todos los hechos que han sido denunciados por la veeduría ciudadana “tienen una incidencia o responsabilidad fiscal” por quienes han administrado los recursos públicos.El anuncio lo hizo en el recorrido que hizo este viernes en la mañana por la obra, a la altura del centro comercial Le Champ, en el corredor universitario, al norte de Barranquilla.Detalló el funcionario que en la vigilancia especial que el ente de control ha realizado a este proyecto estratégico en el Atlántico, han percibido las afectaciones al comercio, incluso, con la quiebra de algunos negocios, embotellamientos en la movilidad vehícular y en general a la desmejora en la calidad de vida de la comunidad.“Aquí hay que tener en cuenta la concordancia entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos, y a pesar de que hoy está al día queremos que exista una simbiosis que permita que haya concordancia entre el avance físico y el financiero”.Recordó Zuluaga que hace un año se instalaron unas mesas para inspeccionar el avance del proyecto, luego se hizo una vigilancia especial y ahora se hace la apertura de una indagación preliminar.El vicecontralor resaltó que también se van a revisar las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto, valoradas en 15.000 millones de pesos, para que se incorporen y no queden en el aire.“La Gobernación debería sentarse con el contratista y revisar con la interventoría la justificación de poder incorporar estos recursos de manera inmediata y que permita que el contrato esté culminado en su totalidad en el mes de junio, como está propuesto en el último cronograma de trabajo, que se entregó a la Contraloría el pasado 27 de diciembre”, comentó Zuluaga.Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, manifestó que la comunidad se ha visto muy afectada por los retrasos con el cierre de varios negocios comerciales, inseguridad en el sector, falta de alumbrado público y riesgos en la movilidad de peatones.“Ya tenemos más de cuatro años en esta lucha que ha sido muy difícil para la comunidad. El transporte público se ha visto muy afectado, los estudiantes de las universidades Atlántico, San Martín y Libre. No tenemos vías de acceso. Esperamos que con esta visita del Vicecontralor muchas cosas se empiecen a solucionar y se le garantice el pago de los recursos al contratista, porque uno pasa por aquí y no ve que se estén haciendo los trabajos”.La obra de la Gran Vía tiene su punto más crítico a la altura del centro comercial Le Champ, que comunica con las universidades San Martín, Atlántico, parte de Villa Campestre y la Urbanización la Playa, al norte de Barranquilla.Según el vicecontralor Zuluaga, los trabajos programados para 18 meses ya llevan 3 años, o sea que cumplen un 100% de tiempo adicional de ejecución. Eso no solo afecta el presupuesto, por ejemplo en la variación de precios de los materiales, sino que dificulta el impacto social en la comunidad”.
La preocupación por el dengue volvió a encender las alarmas en Santa Marta. Mientras los casos de la enfermedad aumentan más de un 53 % en la ciudad y el Magdalena, la capital del departamento quedó por fuera del primer grupo de territorios priorizados para recibir la vacuna, decisión que la Personería Distrital considera incomprensible frente a la realidad social y sanitaria del Distrito.Por eso, el personero de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para que se implemente, de forma urgente, una jornada de vacunación masiva contra el dengue en la ciudad, con un enfoque especial en las poblaciones más vulnerables. “Hemos solicitado una implementación urgente para que se inicie un proceso de vacunación contra el dengue, priorizando obligatoriamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, específicamente de los estratos 1, 2 y 3 con registro en Sisbén, por las situaciones que hoy nos están afectando”, explicó el personero.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público local es que en Santa Marta el riesgo no solo está en las cifras, sino en las condiciones estructurales: la crisis de agua obliga a miles de familias a almacenar líquido en pimpinas, tanques y recipientes improvisados, justo el escenario ideal para la reproducción del mosquito transmisor. A eso se suma el rebosamiento permanente de aguas residuales y un sistema de alcantarillado obsoleto en varios sectores de la ciudad.“Nos afecta la escasez de agua, el rebosamiento permanente de aguas de alcantarilla y las condiciones bioclimáticas que sirven como generadores en la transmisión de este virus en comparación con otros territorios del país”, advirtió Orozco, al insistir en que Santa Marta debería tener un trato prioritario en la estrategia nacional de vacunación.La Personería también cuestionó que municipios como Neiva, Palermo y Rivera ya hayan recibido y distribuido miles de dosis, mientras Santa Marta sigue esperando. “Nos preguntamos si esos municipios tienen las mismas condiciones que incrementan la transmisión del virus. ¿Allá también hay escasez de agua que obligue a comprar pimpinas? ¿Allá la gente tiene que almacenar agua lluvia? ¿Tienen un sistema de alcantarillado obsoleto con rebosamientos permanentes como el que tenemos hoy en Santa Marta?”, planteó el personero.Otro punto clave del llamado es el componente económico. Según la Personería, la mayoría de las familias de estratos 1, 2 y 3 no pueden pagar una vacuna que cuesta alrededor de 460.000 pesos en el mercado privado, cuando el salario mínimo para 2026 es de 1.750.905 pesos. “Estas personas no pueden comprarla. Con lo que ganan no les alcanzaría, porque además deben asumir gastos como la compra de pimpinas de agua y el sostenimiento de sus familias”, agregó Orozco, al pedir que la vacuna llegue primero a quienes no tienen cómo costearla.Hasta el momento, el Distrito no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud ni del INS frente a esta solicitud. Mientras tanto, la Personería insiste en que Santa Marta necesita una intervención diferencial y urgente, no solo campañas de prevención, sino una estrategia de vacunación que tenga en cuenta su realidad: una ciudad con alta circulación del virus, crisis de agua, problemas de alcantarillado y una población que, en gran parte, vive al límite de sus ingresos.
Devastados están los familiares en Valledupar de Maira Alejandra Avendaño Rincón, una de las 15 víctimas que sumó el trágico accidente de la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el Norte de Santander, debido a que este viernes 30 de enero estaría cumpliendo 49 años.En su casa del barrio La Guajira, en la capital del Cesar, ya hay un pequeño altar armado por sus allegados, los cuales están a la espera de una directriz clara desde el Gobierno Nacional para saber el avance de la necropsia.“Ya regresaba de la misión. Ella volvió y hubo una turbulencia. Varias veces había pasado por esos percances porque vivía montada de avión en avión. Salía de un lugar a otro en las aeronaves. Tenía 10 años de estar allá. Está trabajando con el Consejo Noruego para Refugiados. Una mujer luchadora, valiente, emprendedora y echada para adelante”, fueron las palabras que dijo su tía María Luquez con voz entrecortada.Precisamente, relata esta familiar que desde que se graduó como abogada de la Universidad Popular del Cesar, siempre estuvo vinculada a los derechos humanos y más a la violencia de género. Este no era su primer accidente, pues aclara María Luquez que sufrió otro hace seis meses también con el Consejo Noruego para Refugiados.Le puede interesar: Interferencia, una de las hipótesis de Aerocivil sobre accidente de Satena en Norte de Santander“Hace como unos 6 meses, tuvo un accidente en la camioneta del Consejo noruego. Rodaron a 40 metros de distancia. Desde niña fue una mujer que luchaba por los derechos y que nunca se quedó en su puesto”, agregó.Hasta su casa también llegaron representantes del colectivo ‘Párala Ya nada justifica la violencia contra las mujeres’, cuya presidenta Carmen Rivera agredeció todo el apoyo que les brindó en vida y las insistencia para que los casos de violencia fueran denunciados.“Lo único que tenemos para decirle a Maira desde el cielo es gracias por todo lo que hiciste por la red, por tu apoyo, por ese tesón, por tu compromiso. Se nos quiebra la voz, pero te queremos y siempre vas a estar en nuestros corazones. A su familia un abrazo”, culminó.Por su parte, a la también víctima cesarense María Torcoroma Álvarez Barbosa la esperan en su natal municipio de Río de Oro, sur del departamento. Allí era conocida por ser comerciante y dueña de un restaurante llamado El Tigre.
El inhabilitado exmagistrado Jorge Mola Capera acaba de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de presuntas irregularidades cometidas en 2018 para dilatar un proceso contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta Osío y y el exalto consejero del centro de educación superior Alberto Enrique Acosta Pérez. De acuerdo con el ente acusador, Mola Capera es presuntamente responsable por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesa. Le puede interesar: Según el expediente, el exmagistrado habría afectado el curso normal de un proceso que estaba pendiente por audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Acosta Osío, para suspenderlo, pero, además habría dispuesto interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado. "En decisiones tomadas durante el estudio de una tutela suspendió dos audiencias que se surtían ante jueces de control de garantías, una de imposición de medida de aseguramiento y otra de restablecimiento de derechos", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Mola Capera actualmente se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años por este mismo proceso, siendo que en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que este tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer al exrector y a varios miembros de su grupo administrativo. Lo anterior, en torno a la puja por el manejo de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano.
Vacante amaneció este viernes 30 de enero el cargo de agente interventor de la empresa Air-e en la región Caribe, debido a la renuncia de Nelson Javier Vásquez, cuyas funciones llegaron hasta este jueves 29 de enero y se convierte en el cuarto funcionario que pasa por esta compañía desde septiembre de 2024, sin lograr una solución a la grave crisis económica que enfrenta la compañía. Pese a que Vásquez anunció con una semana de anticipación su salida, la no posesión de una persona en el cargo llevó a los trabajadores del área administrativa a suspender sus funciones para realizar un plantón durante todo el día para exigir al Gobierno una solución empresarial y el cese de esta intervención que ya completa un año y cuatro meses. Le puede interesar: Renuncia agente interventor de Air-e: es el cuarto en año y medioEl presidente del sindicato, Eduardo Remolino, se reunió en Bogotá con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía el pasado jueves para proponerles que sean los mismos empleados los que se encarguen de la operación de la energética. Sin embargo, no recibió respuestas, sino que le programaron una reunión con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la cual quedó prevista para el sábado 31 de enero. Ahora bien, los trabajadores exigen menos corrupción en el proceso de intervención, de cara a que se estarían realizando millonarias contrataciones en asesores y personal que solo va una semana a trabajar y que poco aportaría al desarrollo de la empresa. Aunque no descartan del todo aceptar el nombramiento de un nuevo agente interventor, resaltan que no permitirán que esta persona imponga sus intereses políticos y que realice contrataciones sin justificaciones. "No queremos más a esa gente que solo viene una vez a la semana y que recibe millonarios pagos. No pueden estar haciendo de esto un negocio político", mencionó uno de los manifestantes presentes en el encuentro.
La Plaza de la Paz está lista para coronar este sábado a los reyes del Carnaval de la 44. Una tarima de más de 20 metros de ancho y un proscenio de 36 de largo son algunas de las características del escenario que sostendrá el espectáculo, asi lo contó Duverney Castaño, director general de Lights Now, empresa que se está encargando del montaje del escenario.Castaño también resaltó que el show que se presentará en el evento de Coronación de la reina del Bordillo, Sharon Hurtado Esquiaqui y su rey momo, Luis Aragón, y los reyes infantiles Ashey Gómez y Germán Palomino, tendrá un montaje ambicioso de luces y sonido en el que el público tendrá una interacción directa con la historia que se va a contar, además de una pasarela de más de 4 metros de ancho que estará entre el público presente.Como lo cuenta Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, el espectáculo titulado 'Barranquilla, la gran experiencia' es dirigido por Mauricio Cheques, contará con bailarines, danzas, disfraces y arrancará a las 6:00 de la tarde. También tendrá artistas como Elder Dayan, Wilfrido Vargas, La familia André, Juan Piña y La Nomina del Pin, entre otros.Así las cosas, este sábado 31 de enero los accesos a las personas estarán abiertos al público desde las 3 de la tarde y el espectáculo arrancará desde las 6 de la tarde. Igualmente, el Carnaval de la 44 contó a través de sus redes sociales que Telecaribe transmitirá el evento desde las 8 de la noche por su señal premiun y su canal de Youtube.
A Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) lo sorprendieron en la noche de este jueves, 29 de enero, dos hombres que dispararon contra él mientras estaba abasteciendo de gasolina su vehículo en una estación de servicio ubicada en el norte de Barranquilla. Los hechos se presentaron alrededor de las 7:50 de la noche, en la carrera 46 con calle 87. Al parecer, el alcalde estaba dirigiéndose a una residencia que tiene en la capital del Atlántico, cuando fue alcanzado por dos hombres que iban en motocicleta. Estos empezaron a disparar contra el carro mientras estaba estacionado. No obstante, el alcalde, quien estaba al interior del carro, logró salir ileso debido a que el vehículo es blindado. Aún así, en los vidrios y las puertas quedaron las marcas de las balas. Los hombres se marcharon de inmediato del sitio, al parecer, con sentido norte, hacia el municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de los mismos. El caso se presentó a dos calles de un CAI de la Policía, lo que facilitó la rápida llegada de unas patrullas que revisaron la situación y reportaron lo sucedido. Por el momento, está siendo objeto de investigación lo ocurrido, con el fin de establecer las causas detrás del ataque, mientras que el alcalde resultó ileso ante el ataque. Inseguridad electoral Este atentado se produce en medio de la alerta generada en el Atlántico por los problemas de seguridad que enfrenta el actual proceso electoral, siendo que en varios barrios del suorccidente de Barranquilla hay temor a colocar publicidad política, por posibles ataques de grupos delincuenciales. Al respecto, desde la Gobernación pidieron un comité electoral permanente para hacer seguimiento a todos estos casos asociados a posible violencia política.
“Estoy nervioso por tanta fama”, dijo el popular ‘John Valdez’ a su llegada a un centro comercial en Barranquilla, donde lo esperaban admiradores y periodistas. Ángel Miguel Balaguera Jaimes, de 73 años, llegó sin su tradicional vestimenta que lo identifica como ‘John Valdez’, de la mano de representantes de la marca de café colombiano más reconocida en el mundo.Como lo adelantó la marca Juan Valdez en sus redes sociales, este jueves programaron un encuentro con el santandereano que vive en Barranquilla desde 1978, para reconocer su labor y creatividad. Uno de los motivos del encuentro era mostrarle, por intermedio de expertas de Juan Valdez, cómo optimizar su producto que ha popularizado en su bicicleta en las calles y parques del norte de Barranquilla.“Me siento tremendamente halagado, porque de café yo sé lo que aprendí como campesino en Santander, pero esto es de frente, profesional”, dijo el hombre nacido en el municipio de Mogotes.La sorpresaCon los ojos tapados, una funcionaria de Juan Valdez hizo que John se levantara de su silla en el centro comercial. Después de unos pasos y ya con la mirada despejada, el vendedor de tinto más famoso por estos días en la Costa se encontró con una moto eléctrica que le obsequió la marca.Conmovido hasta las lágrimas, Ángel Miguel Balaguera Jaimes agradeció con voz entrecortada el regalo que ahora le permitirá tener más comodidad para vender su producto, además de visitar a sus clientes a domicilio en su otro oficio de peluquero.“Déjeme verlo, déjeme verlo, cómo así”, se preguntó ‘John’, notoriamente emocionado.Además de la moto y la capacitación para preparar y mantener mejor su producto, desde Juan Valdez confirmaron que también le van a proveer el café de la marca por un año.Hay que recordar que la historia de Ángel Miguel Balaguera Jaimes se volvió viral, luego de que lo grabaran pedaleando en su bicicleta por un sector del norte de la ciudad, transportando varios termos de café. En su camisa blanca y su gorra se podía leer el nombre ‘John Valdez’, lo que llamó la atención de miles de personas.Desde ese momento, y con su aparición en varios medios de comunicación, las ventas ambulantes del café de la marca Juan Valdez que comercializa se multiplicaron y hoy es un personaje en el Caribe colombiano.
La fiesta de las ideas, el evento que reúne a escritores, músicos, periodistas, y líderes de distintas orillas ideológicas y políticas, subió oficialmente el telón este 2026 con cientos de espectadores de diferentes partes del mundo que cada inicio de año se reúnen en La HeroicaEl Hay Festival Cartagena, en su edición 21, abrió desde este jueves 29 de enero su agenda con una nutrida y diversa lista de conservatorios que incluyen a destacadas figuras como el actor y director mexicano, Diego Luna, invitado al evento inaugural; los escritores Philippe Sands, Pankaj Mishra, Javier Cercas, Leonardo Padura, Pilar Quintana, entre otros; además del músico cubano Silvio Rodríguez y la premio Nobel de Paz, Maria Corina Machado, cuya invitación al evento generó polémica entre algunos participantes que cancelaron su asistencia al evento.La directora general del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, aseguró que en esta esta como en cada edición, el evento busca aportar a esa gran conversación global que permita transformar realidades.“Disfruten el festival, debemos reconocer la importancia de la cultura, de la conversación para construir espacios que permiten generar ese efecto colectivo necesario para transformar realidades (…)”, señaló.Fuentes La Rocha a su vez explicó que, además de los conversatorios en escenarios como el Centro de Convenciones, el Teatro Adolfo Mejía y el Centro de Cooperación Española, el Hay Festival Cartagena siguen llegando a las comunidades donde mantiene un trabajo constante como el barrio El Pozón, en donde este jueves se inauguró el Hay Festival Comunitario.“Este año tendremos más de 31 actividades para jóvenes, para niños, para maestros, son talleres, son temas de literatura, de creación de ciencia”, detalló.Para los asistentes, que llegan al Corralito de Piedra desde diferentes ciudades de Colombia y el mundo, escuchar y ver a algunos de sus autores favoritos es sin duda uno de los mayores atractivos de este evento.“Nos gustó mucho las personas que iban a venir, especialmente Santiago Posteguillo (…) muy rico estar en la conferencia de Diego Luna, Karen Hao también nos pareció muy interesante. También Javier Cercas, Sara Jaramillo Kinkert. La verdad tenemos también varios amigos que estuvieron en el de Jericó, que hay conferencias que van a repetir acá, que nos dijeron que buenísimas y muy bien recomendadas”, destacó Ángela Medina, espectadora de la jornada inaugural.ProgramaciónDe acuerdo al Hay Festival, su programación para los días viernes, sábado y domingo profundiza en derechos humanos, geopolítica, inteligencia artificial, medioambiente, memoria, creación literaria y periodismo.
En medio de la tensión que se vive por la contienda que se alista para elegir al rector que estará por los próximos cuatro años en la Universidad Popular del Cesar, una nueva polémica se abre al conocerse que Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que habría presentado un título profesional falso en su hoja de vida, sigue ocupando el cargo de delegada de Presidencia ante el consejo superior de esta institución. Pese a que, en noviembre pasado, una vez se dio la anulación de su título, Guerrero indicó que ya no estaba interesada en aspirar al cargo de viceministra de Juventud y no tenía ningún interés en cargos del gobierno, al parecer, esto no se habría cumplido al pie de la letra, pues de manera ininterrumpida continuó en el cargo.Le puede interesar: “Hemos sido víctimas”: Fundación Universitaria San José sobre caso de Juliana GuerreroLa información fue confirmada a Blu Radio por una persona vinculada al Consejo Superior y está ratificada en la página web de la institución. Juliana Guerrero enfrenta investigaciones por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Sin embargo, su vinculación a este cargo, en el que representa al presidente de la República, continúa dándose. De acuerdo con los estatutos de la institución, ocupar este cargo no requiere tener título profesional, sino haber tenido en el pasado vínculos con el sector universitario. Dicho requisito se cumple teniendo en cuenta que, en el pasado, Juliana Guerrero fue representante estudiantil en este plantel.
Un alarmante panorama en materia de homicidios se vive en Barranquilla y municipios del Área Metropolitana. Solo entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche del miércoles, cinco hombres fueron asesinados a bala y dos personas más, entre ellas una mujer, resultaron heridos en diferentes atentados.De los asesinatos, cuatro ocurrieron en el municipio de Soledad y uno en Malambo. El primero de los casos se dio en el barrio Costa Hermosa, donde sicarios que se movilizaban en un motocarro le quitaron la vida a dos hombres identificados como Andrés Felipe Ayala Sierra, conocido con el alias del ‘Pipe’, quien tenía 55 años y Darwin José Cervera Malo, de 24 años.Las víctimas fueron llevadas al paso Paso Simón Bolívar, donde ingresaron sin signos vitales. Un informe preliminar de la Policía da cuenta de que al parecer, este crimen estaría relacionado con el control territorial para la venta de estupefacientes. Dicen investigadores que alias 'Pipe' tenía anotaciones por hurto.Asimismo, en el barrio Tajamar, de Soledad, Atlántico, fue asesinado Alfredo Luis Romero De la Hoz alias "Pomelo", de 35 años. El hombre fue atacado en la terraza de su casa, cuando reparaba una motocicleta y dos pistoleros lo atacaron. La Policía no descarta que este caso también esté relacionado con una disputa territorial por el control del microtráfico.La víctima registra un antecedente por el delito de estupefacientes.El otro asesinato registrado en Soledad ocurrió en el barrio La Floresta. Allí fue asesinado un joven que está sin identificar y de quién solo se supo que tenía entre 18 y 22 años. Testigos contaron a la Policía que el joven fue atacado por dos hombres a pie con quienes sostuvo una leve conversación antes de que le dispararon y luego huyeron en un motocarro.Otro de los municipios golpeado por la violencia fue Malambo. Allí, la noche anterior asesinaron a un joven de 18 años identificado como Jainner Steven Rios Peláez de 18 años. En el mismo ataque resultó herida por una bala perdida Adarlys María Pérez Martínez de 45 años. Estos hechos ocurrieron en el barrio El Carmen. La persona asesinada iba caminando por la calle cuando sicarios en un motocarro le dispararon. Una de las balas alcanzó a la mujer que estaba sentada en la terraza de su casa.Al igual que en los otros casos la Policía indaga si este hecho guarda relación con una disputa territorial por el control del microtráfico.
Bajo alerta extrema está la Policía Metropolitana de Barranquilla tras conocer el hallazgo sin vida de Julieth Paola Camacho López, de 35 años, mujer a la que ultimaron en un arroyo llamado San Blas, en el barrio Villa Aída, del municipio de Malambo.Lo cierto es que, en la búsqueda de sus homicidas y de las razones por las cuales fue asesinada, las autoridades lograron determinar que esta persona residía en la misma vivienda de los adolescentes Jhoandry Valega Púa, de 16 años, y Adriana Ortiz Hernández, de 17, quienes fueron encontrados en otro punto de este municipio atados de manos y pies y con impactos de bala.El menor perdió la vida al instante; sin embargo, Adriana sí alcanzó a ser llevada hasta un centro asistencial, en el que indicó a los investigadores que fueron obligados por presuntos integrantes de la banda Los Costeños a montar en un vehículo negro. Luego, tomaron ruta hacia la vía Prosperidad, donde la orden fue matarlos a la orilla de la carretera.En el caso de Camacho López, su hallazgo se dio solo gracias a que los vecinos escucharon detonaciones y luego avistaron su cuerpo sin signos vitales. Informó la Policía Metropolitana que ella tenía antecedentes como denunciante por el delito de violencia intrafamiliar.Ambos casos relacionados fueron asumidos por el CTI de la Fiscalía y un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal de Barranquilla.La directora del Movimiento Amplio de Mujeres, Ruth Pareja, exigió que la atención de las autoridades no solo sea puesta en las recientes amenazas para borrar las publicidades políticas en los hogares, sino también en la violencia contra las mujeres.“Desde el Movimiento Amplio y Social de Mujeres hacemos un llamado de manera contundente al gobernador Eduardo Verano y a las autoridades, tanto a nivel departamental como distrital. El gobernador hoy amanece haciendo una alerta temprana, precisamente por la violencia política que están viviendo algunos sectores. Exigimos de manera inmediata que también haga una alerta temprana por todos los homicidios y feminicidios que están pasando en el departamento del Atlántico en los 3 y 4 o 5 años”, dijo inicialmente.“De hecho, cerramos con 11 feminicidios en el 2025 e iniciamos una ola de criminalidad con mujeres lesionadas, con un total de 6 mujeres. Tres han sido víctimas de homicidio y exigimos el derecho a la equidad, a la seguridad. Indudablemente, esto está afectando a menores de edad que no tienen nada que ver con la pelea del territorio. Exigimos, de una manera contundente, que la agenda de mujeres se reabra con un consejo de seguridad con un enfoque de género”, finalizó.
En un pequeño apartamento en el barrio Boston, en Barranquilla, acompañado de un gato y una perra Husky, Ángel Miguel Balaguera Jaimes asimila el cuarto de hora de fama que tiene en redes sociales.Su historia se volvió viral, luego de que lo grabaran pedaleando en su bicicleta por un sector del norte de la ciudad, transportando varios termos de café. En la parte de atrás de su camisa blanca y de su gorra se podía leer el nombre ‘John Valdez’, lo que llamó la atención de varias personas.Desde ese momento, y con su aparición en varios medios de comunicación, las ventas ambulantes del café de la marca Juan Valdez que comercializa se multiplicaron.“Si antes vendía 4 termos ahora estoy vendiendo 10 o 11. A las 9:00 de la mañana ya no tengo café”, dice con alegría.Recuerda que, en medio de la pandemia, a finales de 2020, cuando la gente empezaba a salir a la calles, decidió ponerse a vender tinto, ante la escasez de clientes en el campo de la peluquería donde laboraba.Pero fue a mitad del 2023, cuando un vecino del sector de Siete Bocas, en el norte de la capital del Atlántico, le dio la idea de manera espontánea.“Un cliente que me compraba café y que me decía que era muy bueno, me dijo que me pusiera John Valdez. Él me compró la camisa y la gorra con el logo. Le agradezco mucho”.Ángel, de 73 años, nació en Mogotes, Santander del Sur, y desde ese municipio llegó a Barranquilla en 1978 a prestar el servicio militar en el Batallón de Policía Militar número 2. Luego de eso, resalta que se enamoró de la ciudad donde se casó y nacieron sus dos hijos.Ahora, con la fama pedaleando en su bicicleta de tintos y después de protagonizar varios videos en redes sociales, contó que la cadena Juan Valdez ya lo llamó para tener una reunión, e incluso otras personas y marcas le están proponiendo hasta salir en una carroza de Carnaval.“Por ahí una marca ya me dijo que si quería salir en una carroza para saludar a la gente. Hasta unas amigas de un gimnasio me dijeron que me acompañaban”.Agregó que, de darse lo de la cadena Juan Valdez, le pedirá que le permitan conservar su nombre y si es posible le ayuden con “una moto” o lo que ellos quieran.Mientras todo esto se da, Ángel seguirá vendiendo su café con ganoderma, tinto normal o capuchino que prepara a las 4:00 de la mañana antes de salir a su faena, ejerciendo también como peluquero a domicilio y llevando comida a varios perros y gatos sin hogar en el barrio Boston.Escuche más de su historia en este video:
La Gobernación del Atlántico convocó con urgencia un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a autoridades, como la Fiscalía, de las denuncias por violencia política que estarían sufriendo algunos candidatos en Barranquilla y municipios.El secretario del Interior del departamento José Antonio Luque explicó que tienen conocimiento que no solo fueron intimidadas las personas en al menos cinco barrios del suroccidente de Barranquilla, donde las obligaron a pintar las fachadas de sus casas para retirar la publicidad política que tenían pagadas en las paredes, sino también a los conductores de motocarros que llevan la publicidad de candidatos en sus vehículos.“Lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Como lo vimos la fiscalía tomó ya hoy la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o peor aún es sobrepintada con insultos y otro tipo de de pinturas. también hay motocarros que también están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, puntualizó el funcionario.La alerta emitida por la Gobernación fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública, Policía y Ejército, pero, además de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, lo que da garantías a la investigación para que esta dé buenos resultados.