La empresa Positive Energy entregó una beca a un joven de escasos recursos para que estudiara Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Norte, quien obtuvo un alto puntaje en sus pruebas de Saber. El beneficiario es Juan Pablo Higuera, quien es egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino. Él participó junto a seis personas más en este proceso del que resultó beneficiado. "El nuevo bachiller, egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, representa el talento del Caribe colombiano, hoy ve sus sueños hacerse realidad con una beca que cubre la totalidad de sus estudios en Ingeniería Eléctrica, así como su formación en uno de los idiomas que ofrece la Universidad: inglés, alemán, francés, italiano o portugués. Este respaldo integral le permitirá no solo formarse como ingeniero electricista, sino también adquirir una sólida preparación en lenguas extranjeras", indicó la Universidad del Norte en un comunicado de prensa. La entrega de la beca fue realizada el pasado jueves en Barranquilla con los socios fundadores y directivos de la compañía Positive Energy, William Tadeo Amín Burgos, Hernán Esteban Marchena Pizarro y Cristian Alfonso Morales Álvarez, todos egresados de la Universidad del Norte.“Mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria para aportar al progreso del país y apoyar a mis padres. Me he esforzado por ser un buen estudiante y sé que seguiré haciéndolo en la universidad, porque la perseverancia, la disciplina y las ganas de salir adelante han marcado mi camino”, señaló el ganador.Finalmente, el gerente general de Positive Energy resaltó que el apoyo al beneficiario va más allá del otorgamiento de la beca, pues también contará con acompañamiento durante su etapa de prácticas y con la posibilidad de vincularse a proyectos reales del sector energético.
Si en manos de la Procuraduría estuviera definir si Nicolás Petro Burgos debe ser enviado o no a la cárcel, su decisión sería mantenerlo en libertad y así lo dejó ver el procurador delegado para este caso, Henry Bustos, durante su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento que continuó este lunes en contra del hijo mayor del presidente.La Fiscalía ha solicitado al juez que envíe a prisión a Petro Burgos, al considerar que el imputado representa un peligro para la sociedad, podría obstruir a la justicia o, en su defecto, podría evadir este nuevo proceso que se le sigue por su presunta participación en el desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través del supuesto manejo irregular de contratos firmados en 2021.Sin embargo, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para demostrar que Nicolás Petro representa un peligro, de hecho, destacó que no hay indicios de que él haya delinquido en los más de dos años que ha venido siendo procesado en libertad y que tampoco ha dejado de comparecer ante la justicia, lo cual demuestra "el acatamiento de las normas" por parte del ex diputado."Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto, la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado", manifestó el representante de la Procuraduría.El procurador también cuestiona la tesis de la Fiscalía sobre la posibilidad de que Nicolás Petro pueda reincidir en la presunta comisión de los delitos que hoy le imputan, siendo que las condiciones y el estatus que él tenía en 2021, cuando se habrían dado los hechos investigados, no son los mismos en este 2025.Contrario también a lo expuesto por la Fiscalía, el procurador Bustos consideró que "es muy poco probable" que Nicolás Petro pueda abandonar el país para fugarse, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el procesado, derivadas de su inclusión en la lista Clinton.
Luego de 14 horas de afectación en el paso vehicular entre los municipios de Aguachica y Pailitas, en la Ruta del Sol, finalmente fue restablecido el paso a partir de la intervención realizada por la Policía y el Ejército para retirar una tractomula que fue puesta en la tarde del domingo a la altura de Pelaya. Para esto se requirió una intervención del equipo de antiexplosivos, pues en el vehículo fueron ubicadas granadas y otros artefactos que podían ser detonados en cualquier momento. Por ello durante la noche y la madrugada estuvo un equipo trabajando en el retiro de los mismos, para posteriormente retomar el control de la vía y rehabilitar el paso de los carros. En la zona, según cálculos de la Policía de Tránsito, se alcanzó a concentrar un trancón hasta por dos kilómetros entre buses interdepartamentales y vehículos de carga, siendo este un importante corredor entre la costa Caribe y la región de los Santanderes.No obstante, no con eso frena la alerta para este departamento, siendo que en la vía La Palmita y La Jagua fue reportada la ubicación de una bandera del ELN y, en la vía que va de Palmitas a Arenas Blancas, en jurisdicción de Chiriguaná, fue alertado el avistamiento de un cilindro bomba. Estos hechos están bajo verificación de las autoridades que despliegan sus equipos para revisar la situación.
En estos momentos se encuentra bloqueada la vía que del municipio de Pelaya, Cesar, conduce tanto al interior del país como a la costa atlántica debido a la presencia de un tractocamión en el que al parecer fueron abandonados cilindros explosivos, en el marco del paro armado anunciado por el ELN en el país.La situación está en manos del Ejército Nacional y la Policía de esta jurisdicción, los cuales según el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, ya desplegaron sus unidades especializadas de prevención, para que una vez sea retirado el automotor se pueda restablecer la movilidad en dicha zona.“Rechazamos estos actos que se han presentado en el departamento del Cesar por el supuesto paro armado anunciado por el ELN. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses”, dijo en medio de un comunicado con presencia de todas las autoridades.Al tiempo de esta emergencia, también fue reportado un intercambio de disparos entre soldados de la décima brigada del Ejército y hombres armados en un sector conocido como La Floresta, también en jurisdicción de Pelaya.Allí un disparo llegó hasta un camión que se movilizaba por el sitio, aunque el mismo afortunadamente no impactó a su conductor. El hecho se hizo rápidamente viral por las redes sociales.Debido a estos reportes de violencia, la Gobernación del Cesar activó un plan de choque para enfrentar y mitigar los ataques terroristas tanto contra la población civil como a la Fuerza Pública.Para ello, anunció brigadier general, Jorge Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada, que se fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia, así como los patrullajes por tierra y aire, protegiendo los corredores de movilidad, nuestras estaciones de Policía, bases militares y a la población civil.El grupo ilegal ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país, desde la 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el paro armado decretado por ELN ya deja 51 acciones terroristas en diferentes regiones del país, en medio de una escalada de violencia que se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Así lo señaló en entrevista con Néstor Morales, en el programa Mañanas Blu, donde calificó estas acciones como un “ataque directo al pueblo colombiano”.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país, generando zozobra entre la población civil en plena temporada decembrina.“Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano, no discriminan a nadie para hacer sus acciones terroristas”, afirmó el ministro Sánchez.Acciones violentas y terrorismo mediáticoEl ministro explicó que, de los 51 eventos registrados, 38 corresponden a lo que denominó ‘terrorismo mediático’, consistente en la instalación de banderas del grupo armado ilegal, grafitis y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo a través de redes sociales. Sin embargo, advirtió que al menos tres ataques sí han sido de carácter cinético, con afectaciones directas a la población.Entre los hechos más graves mencionó el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, así como la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora del lugar. También se reportó un ataque en el sector de Cuatro Vientos, en Maicao, que no dejó víctimas.“Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos. Aunque muchos buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales”, puntualizó el ministro.Recompensas y despliegue de la Fuerza PúblicaFrente a la ofensiva del ELN durante el paro armado, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita neutralizar anticipadamente estas acciones terroristas. Además, se ofrece hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Negro Mina’, uno de los cabecillas del ELN que aparece en videos amenazando a la población.“La clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública”, señaló Sánchez. El funcionario destacó que se encuentra en marcha un plan especial de seguridad de Navidad, con presencia del Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), especialmente en zonas de alta complejidad como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, donde se han reforzado capacidades antidrones, fluviales y aéreas.ELN y el “cinismo terrorista”El ministro de Defensa rechazó los argumentos del ELN, que justifican el paro armado como una protesta contra el presidente estadounidense Donald Trump y su postura frente al presidente Gustavo Petro. Para Sánchez, se trata de una excusa sin sustento.“Es una excusa absurda. El ELN es muy experto en su cinismo terrorista. Esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables”, afirmó.Recordó que esta organización narcocriminal lleva más de 60 años de existencia y reiteró el llamado a la desmovilización. “Ya deben pasar a la historia. No sigan haciéndole tanto daño al país ni a sus propias familias”, expresó.Paz Total y combate al narcoterrorismoConsultado sobre la política de Paz Total y los intentos de negociación con el ELN, Sánchez fue enfático en señalar que el Gobierno no ha dado ninguna instrucción para suspender operaciones militares.“Tenemos la instrucción clara del señor Presidente de la República de combatir al grupo narcoterrorista y proteger a todos los colombianos. En ningún momento se nos ha dicho que dejemos de atacar a esos criminales”, aseguró. El ministro sostuvo que el ELN “transformó su ideología revolucionaria por una cultura traqueta” y que, pese a los espacios de diálogo abiertos por ley, las Fuerzas Militares continúan actuando dentro del marco de la Constitución y la ley.Denuncia por presunta interferencia políticaFinalmente, el ministro se refirió a la denuncia revelada por la revista Semana, que señala a la senadora Isabel Zuleta de presuntamente interferir en operativos militares. Sánchez indicó que revisará el caso con la cúpula militar y policial y que posteriormente se reunirá con la congresista.“Algo tan sensible y crítico hay que averiguarlo. Vamos a analizar qué tan cierto es y si hay algo más que debamos conocer”, concluyó. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima ante el paro armado del ELN, con un Gobierno que insiste en mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la seguridad de los colombianos.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
La “paz total” del presidente Gustavo Petro “hace agua” en medio de un nuevo desafío violento del ELN a los colombianos con un nuevo “paro armado”, sumado a las grandes dudas que surgieron tras la suspensión de la extradición a Estados Unidos de alias “Araña”, narcotraficante que busca quedarse en Colombia por medio de una negociación de paz como representante de una de las múltiples disidencias de las Farc.Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien ordenó a comienzos de este año, intensificar las operaciones militares en su contra luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el 28 de octubre y el pasado 3 de diciembre, les hizo un guiño para que regresaran a la mesa de negociaciones.En el caso de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo criminal que decidió separarse de la Segunda Marquetalia de 'Iván Márquez', la polémica ha surgido porque el presidente Petro decidió que por ahora queda suspendida su extradición a Estados Unidos, bajo el argumento de que está aportando resultados verificables y concretos en el marco de la Paz Total.La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano comenzó el pasado 16 de octubre, la destrucción de 14 toneladas de armas, en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, evento en el que ese grupo también se comprometió a concentrar al menos a mil de sus combatientes en zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo, para iniciar su proceso de reinserción.En cualquier caso, no deja de ser polémico que se decida suspender la extradición de un hombre vinculado al tráfico de cocaína con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa, bajo el pretexto de que está apoyando el desarme del grupo que lidera, sobre todo en momentos de alta tensión diplomática con Estados Unidos.Como si todo esto no fuera suficiente, la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta está en el “ojo del huracán”, luego de las denuncias que varios generales activos y retirados hicieran a la revista Semana, sobre las presuntas presiones de la congresista para que aliviaran la presión en contra de las disidencias de 'Calarcá', algo que ha negado la congresista.Sobre las revelaciones de la revista Semana, se conoció que el ministro de Defensa convocó a una reunión de emergencia para conocer el alcance de la situación, sumado a un duro salvamento de voto del magistrado de la sala de instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, considerando que hay méritos para investigar a la senadora Zuleta por el llamado “Tarimazo”.A menos de ocho meses del final del mandato de Gustavo Petro, uno de los grandes interrogantes que deja su gobierno tiene que ver con su postura frente a los grupos armados ilegales y los límites entre la necesaria búsqueda de la paz y las decisiones que pueden rayar en la impunidad o en el tratamiento benévolo con los criminales.
El departamento de Antioquia no sale de la tristeza por la muerte de 17 personas que iban en un bus que cubría la ruta Tolú - Medellín y que inesperadamente cayó a un abismo, situación fatal para muchos de los pasajeros del vehículo que quedó destrozado como varias familias que hoy lloran a sus hijos que apenas comenzaban a vivir.Es el caso de María Alejandra Ospina, familiar de Mariana Upegui, una niña de tan solo 16 años qué es una de las víctimas del fatídico accidente de tránsito y a quien describen como una líder innata y quien se preparaba para estudiar Literatura en la Universidad de Antioquia."Estaban muy felices. Todos los que estaban ahí eran muy alegres, eran personas muy conocidas, muy alegres, muy optimistas, no eran personas maravillosas. O sea, de verdad que la calidad de las personas que se perdieron en ese paseo no hay cómo no hay cómo repararlo".Pero no son los únicos testimonios desgarradores que se han conocido en el departamento de Antioquia, uno de ellos es el de Isabel Lopera que no mandó a su hija a la excursión pero que conocía a los jóvenes que fallecieron en el Nordeste antioqueño y que hoy tienen desolados a las familias del Liceo Antioqueño.Lopera aseguró que la pérdida de estos jóvenes es algo que le duele a todo el municipio de Bello y que es una tragedia que difícilmente se logre superar para los padres que lastimosamente tendrán que despedir a sus hijos."Estaban muy felices. Todos los que estaban ahí eran muy alegres, eran personas muy conocidas, muy alegres, muy optimistas, no eran personas maravillosas. O sea, de verdad que la calidad de las personas que se perdieron en ese paseo no hay cómo no hay cómo repararlo".A la espera de que se realicen las honras fúnebres de los jóvenes y el conductor del vehículo que también falleció, las familias de los recién graduados como bachilleres han alzado su voz para pedir explicaciones a las autoridades y que se sepa rápidamente qué provocó el fatídico accidente en las vías del Nordeste antioqueño.María Alejandra Ospina fue una de las primeras en solicitar que las investigaciones avancen de manera contundente para darle claridad a las familias de las víctimas que hoy tienen más interrogantes que respuestas sobre la muerte de sus hijos."Duele mucho porque no es solo mi niña, son 15 niños más que también se fueron, y eso pesa, eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de dios", destacó.Mientras avanzan las investigaciones para poder conocer con exactitud si fue un micro sueño del conductor lo que provocó el siniestro, las familias de las 17 víctimas se preparan para dar el último adiós a sus seres queridos en medio de la profunda tristeza que ha embargado al país entero.
El próximo martes 16 de diciembre arrancan las tradicionales novenas y, con ellas, la cuenta regresiva para la Navidad, una de las épocas más esperadas por miles de colombianos. Diciembre no solo es sinónimo de reuniones familiares, sino también de recorridos nocturnos para ver alumbrados, una de las actividades que más convoca a ciudadanos y turistas. Aunque destinos como Villa de Leyva o Salento suelen ser referentes, en Cundinamarca hay alternativas que se consolidan como imperdibles para esta temporada.Recientemente, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la Ruta Navideña “Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense”, una propuesta que invita a recorrer la historia, la arquitectura colonial y las tradiciones del departamento. El trayecto incluye municipios como Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, entre otros, y busca dinamizar el turismo regional durante la temporada decembrina.Ruta Navideña en Cundinamarca 2025: recorridos y municipiosLa denominada Ruta de Ubaté reúne varios municipios del norte de Cundinamarca y algunos de Boyacá. El recorrido incluye Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca, atravesando paisajes de montaña, senderos ancestrales y pueblos reconocidos por su riqueza histórica. Es una opción pensada para quienes disfrutan del clima frío y de las noches iluminadas.A lo largo del trayecto, los visitantes encontrarán senderos decorados, pesebres artesanales, muestras gastronómicas, ferias creativas y presentaciones culturales. Para facilitar la experiencia, la ruta se divide en cuatro circuitos:Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque.Circuito 4: Saboya, Chiquinquirá y Simijaca.Otras rutas navideñas en la Sabana y AlmeidasLa Ruta Navideña de la Sabana Centro incluye once municipios donde se combinan cultura, gastronomía y artesanías: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. El recorrido permite visitar lugares emblemáticos como la Estación del Tren de la Sabana en Cajicá, el parque principal de Chía, el embalse del Neusa en Cogua, la Mina de Sal de Nemocón y la Catedral de Sal de Zipaquirá, entre otros espacios ideales para disfrutar en familia.Estación del Tren de la Sabana, en Cajicá,Parque principal de ChíaEmbalse del Neusa, en CoguaBioparque La Reserva, en CotaCasa Museo Campesino, en GachancipáMina de Sal, en NemocónCabaña Alpina, en SopóJardín Botánico, en TabioCasa Artesanal de Chitasugá, en TenjoExperiencia en parapente, en TocancipáCatedral de Sal, en ZipaquiráPor su parte, la Ruta Navideña de Almeidas se desarrolla en Machetá, Tibirita y Manta. El trayecto inicia en el cementerio indígena de Machetá, continúa por el parque principal de Tibirita y finaliza con un recorrido por las iluminaciones de Manta. Allí, los visitantes pueden apreciar pesebres tradicionales, expresiones artísticas y actividades pensadas para todas las edades.Finalmente, la Sabana de Occidente ofrece paradas en espacios representativos como el Parque Las Aguas de Mosquera, el Parque Pedro Fernández de Madrid, el Centro Cultural Bacatá en Funza y el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá, cerrando una agenda diversa para vivir la Navidad en Cundinamarca.
Desesperados están los padres de Danna Sofía Acosta Rodríguez, la joven de 19 años a la que se le perdió el rastro desde el pasado jueves 11 de diciembre cuando salió de su residencia en el barrio Ciudad Mallorquín, norte de Barranquilla, hacia la Universidad del Norte para presentar un parcial de cuarto semestre de medicina.Lo último que se supo de ella, según el relato de su padre Eduar Acosta, es que tomó un taxi por una plataforma virtual que frenó su marcha en una estación de servicio, en la que al parecer se bajó a comprar en un negocio.“Solamente le pedimos a Dios que nos la cuide, que nos las traiga con vida o que esté bien. Ojalá que todo lo que estamos pasando sea un mal momento o simplemente una pesadilla, algo que no debió pasar. No me quiero imaginar cómo debe estar o la angustia que tendrá, la preocupación”, dijo inicialmente.“Agradecemos todas las oraciones y no dejen de interceder por ella, que nos mantengan con fuerza para poder soportar esto, porque es un desespero muy grande realmente”, agregó.Ahora mismo las autoridades averiguan con ayuda de Migración Colombia y la Interpol si Danna fue sacada del país, para así descartar que no haya sido víctima de una trata de blancas. No obstante, una corta y confusa comunicación hoy aviva la esperanza de hallarla con vida.Justamente sus padres pensaban viajar al día siguiente hacia el Atlántico para recogerla y llevarla hacia su natal municipio de Plato, Magdalena, dada la terminación de su semestre universitario. Aseguró su papá que su miedo es que lo llamen anunciando una tragedia.“Danna es un ser muy noble. Le gusta mucho el tema de las manualidades, hacer caricaturas y es una estudiosa impresionante. Muy responsable y con buenas notas o rendimiento académico. Es algo que nos ha consternado realmente a todos. Ella es una una joven cariñosa al 100%”, contó a Blu Radio.Por su parte, Ruth Pareja, líder de la red de mujeres por el Atlántico, hizo un llamado para que las autoridades enciendan todas las alertas hasta encontrar con vida a la joven, agregando que es necesario que Barranquilla mejore la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.“Barranquilla no puede seguir avanzando en tantos temas y que todavía estemos padeciendo por cámaras en nuestra ciudad. Creo que una cámara puede salvar vidas o no dejar en la impunidad algún caso. Le pedimos a las autoridades que se muevan con esta desaparición, que den respuesta por el paradero de Danna Acosta para que vuelva al hogar y a su familia”, intervino.Danna Sofía Acosta residía con una mujer que estaba pendiente de ella y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de color beige, blusa de color fucsia, zapatos negros tenis y un maletín rosado claro.La Fiscalía informó que la joven mide 1,64 centímetros de estatura aproximadamente, tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello de color negro, largo y crespo; ojos grandes de color miel, nariz recta, boca mediana, labios delgados.
Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, jefes de las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, alegan que están tan comprometidos con la posibilidad de entablar un eventual diálogo de paz con el Gobierno nacional que hasta tendrían disposición de realizar una entrega de armas en el mediano plazo, siempre y cuando avancen los acuerdos establecidos en los acercamientos exploratorios.Declaró Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, en primicia a Blu Radio que aunque esta es una propuesta que no ha sido socializada en los encuentros citados hasta hoy, es una idea que podría nacer en un futuro cercano si hay una evaluación positiva luego de la presunta tregua que protagonizan en estos momentos ambas estructuras.“En estos momentos un compromiso de entrega de armas dentro del proceso de paz que venimos acordando con el Alto Comisionado (Otty Patiño), no se ha pactado ni se ha plasmado por escrito como sí lo ha sido la tregua delictiva”, dijo inicialmente.“No descarto que mi representado, en conjunto con el señor Jorge Eliecer Díaz, pudiese eventualmente más adelante, ya dentro de este proceso con el Estado, pactar unas entregas de armas, así como la extensión de la tregua que queremos que sea una realidad, al igual que la formalización del acuerdo de paz para una Barranquilla tranquila y libre de escenarios de violencia”, agregó.Recordemos que en octubre de 2024, alias 'Castor' realizó una primera entrega de armas, en cuyo lote dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación habían 14 pistolas y 14 revólveres. Sin embargo, ese episodio se propició cuando Jorge Eliecer Díaz buscaba un preacuerdo con las autoridades para beneficios en sus procesos judiciales.Allí se estimó que Los Costeños, la banda dirigida por ‘Castor’, tenía alrededor de 2.500 hombres en armas, distribuidos en unos 50 grupos operativos que mantenían una disputa violenta en Barranquilla y sus alrededores.
La batalla legal por la rectoría de la Universidad del Atlántico por ahora no llegará a su fin, pese a que el Ministerio de Educación ordenó la suspensión por un año de Leyton Barrios, quien esta semana buscará mantenerse en su cargo argumentando que no desobedeció las órdenes del Gobierno Nacional para superar la crisis de esta institución superior.Declara su abogado Iván Cancino que Leyton aún no es notificado oficialmente sobre dicha resolución, sin embargo era un movimiento que como defensa esperaban y procederán hacia una apelación, sin perder de vista a la persona que desde Bogotá postularán para reemplazarlo.“Es una resolución que no es acorde a derecho, que no compartimos. Estaban buscando cualquier maniobra para retirarlo del cargo y desconocer una elección que fue absolutamente clara y transparente. De manera legal, el señor Leyton no ha sido notificado”, dijo inicialmente a Blu Radio.“Obviamente espera quedarse en el cargo por el período para el que fue elegido, así que vendrán todas las acciones legales para controvertir. Él no ha incumplido ninguna orden del Ministerio, ha presentado planes y se ha manifestado de acuerdo al espíritu de defender la universidad. Es un hombre de academia y que vive por y para los estudiantes”, agregó.“No tenemos ni idea de quién será el reemplazo, pero estaremos muy pendientes de su trayectoria, si tiene algún vínculo político, y habrá mucha atención hacia ese nombramiento”, sostuvo.Del mismo modo, quien sí ya fue notificado fue el gobernador Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior de la institución, de la que espera que priorice restablecer las jornada académicas.“Creo que en este momento ya tenemos una información de los avances que va a hacer sobre la situación de la Universidad del Atlántico, que entra en una etapa en la cual el Ministerio seguramente va a hacer un reemplazo del rector, y vamos a la expectativa en el Consejo Superior de ver qué ocurre el lunes”, declaró desde Barranquilla.“Eso es lo que queremos para llegar a la normalidad total. Había por parte de todos los estamentos de la universidad con una condición, que era que Leyton tuviese que dar las explicaciones de rigor con respecto a algunos aspectos de su proceso de escogencia, y eso es lo que se dará a ocurrir el próximo lunes en el Consejo Superior”, acotó Verano.Así las cosas, esta semana iniciará con un nombramiento de nuevo rector para la Universidad del Atlántico, al tiempo que su actual regente se negará a entregar el cargo.
Sobre las 2:00 de la madruga de este domingo, las balas irrumpieron en un establecimiento comercial del barrio Ciudadela 2000, en el sur de Cartagena.Un hombre y una mujer, que departían en la terraza del lugar, fueron atacados a tiros por un sujeto, que según testigos, se les acercó y de inmediato abrió fuero en su contra.Las víctimas, identificadas como Bernardo Blanco Berrio y Deisy Tatiana Castañeda Salazar, esta última de 34 años, murieron en el mismo lugar del ataque; mientras el presunto sicario, en compañía de un sujeto, huyó del lugar en una motocicleta.De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, una de las víctimas, Bernardo Berrio, registra le tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y amenazas.“Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial Sijín realizaron la inspección técnica a los dos cadáveres. La Policía Nacional en esta metropolitana, solicita a la comunidad suministrar cualquier tipo de información que permita esclarecer los hechos de afectaciones a la vida”, indicaron.En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 334 homicidios, de los cuales 241 corresponde a sicariatos.
La Navidad en Magangué, sur de Bolívar, quedó marcada por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. En la madrugada del viernes 12 de diciembre, un vigilante informal que cuidaba el alumbrado navideño fue asesinado de manera violenta mientras cumplía con su labor. El hecho ocurrió en medio de un ambiente que, hasta entonces, estaba dominado por las luces, la música y la expectativa propia de las fiestas decembrinas.Vigilante fue asesinado mientras cuidaba el alumbrado navideñoLa víctima fue identificada como Joaquín Olivero Gutiérrez, de 56 años, quien llevaba apenas 12 días trabajando como vigilante informal en una calle adornada con luces navideñas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque se registró en el barrio Florida 3, donde el hombre fue agredido con un arma cortopunzante tipo tijera durante la madrugada.Olivero Gutiérrez fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial con múltiples heridas en el tórax, tanto en la parte frontal como en la posterior. Pese a los esfuerzos del personal médico, el vigilante falleció debido a un taponamiento cardíaco causado por la gravedad de las lesiones. La noticia generó tristeza e indignación entre vecinos y familiares, quienes no salen del asombro por la violencia del ataque.El presunto responsable del crimen tiene solo 18 añosLa Policía Nacional informó que la captura del presunto homicida fue posible gracias a la alerta oportuna de un ciudadano y a la rápida reacción de las patrullas que realizaban labores de vigilancia en el sector. Con la información suministrada por la comunidad, se activó un plan de búsqueda en varios barrios del municipio.Minutos después, los uniformados ubicaron a un joven que coincidía plenamente con las descripciones entregadas por los habitantes del sector. Se trata de Samuel David Vargas Rodríguez, de 18 años. Durante el procedimiento de registro, las autoridades hallaron una tijera, elemento que habría sido utilizado para cometer el asesinato del vigilante.Policía destacó apoyo ciudadano en la capturaEl coronel Alejandro Reyes, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el trabajo articulado entre la institución y la comunidad, clave para evitar la huida del sospechoso y avanzar de manera rápida en el proceso judicial. Según indicó, la colaboración ciudadana fue determinante para esclarecer lo ocurrido.Vargas Rodríguez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez definirá su situación jurídica, mientras en Magangué persiste el dolor por la muerte de un hombre que perdió la vida mientras cuidaba el alumbrado que buscaba llevar alegría en Navidad.
En Barranquilla fue inaugurada este sábado la Luna del Río, la nueva atracción turística de 65 metros de altura, a orillas del río Magdalena, con la que la ciudad espera garantizar la visita de al menos 200.000 turistas al año.La atracción turística se convierte en la noria más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica, y buscará consolidarse como un nuevo ícono turístico, cultural y económico de la ciudad.“Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante. La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella. Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.Asimismo, el mandatario destacó durante la apertura que este proyecto representa mucho más que una atracción turística: “Qué lindo tener esta Luna del Río en Barranquilla. Esto será un motor de nuestra economía, porque hoy el mundo está visitando las ciudades por el entretenimiento, por el deporte, y esto hace posible que llegue mucha gente a nuestra ciudad y potencie la gastronomía, el comercio minorista, por supuesto el turismo que llegará a conocer nuestra playa, nuestro ecoparque, nuestro malecón; entonces estamos felices de que esto vaya a traer mucha prosperidad”.La Luna del Río se integra al Gran Malecón como una experiencia única en Colombia, fortaleciendo el turismo como eje estratégico del desarrollo económico de Barranquilla. Los cálculos indican que el atractivo podrá traer entre 150.000 y 200.000 personas a la ciudad por año.Este sector impulsa el empleo, el emprendimiento local y activa cadenas de valor que abarcan transporte, gastronomía, hotelería, comercio e industrias creativas. Actualmente, los sectores de industrias creativas, entretenimiento, actividades artísticas, sector hotelero y de alojamiento, recreación y otras actividades de servicios de alojamiento y gastronomía generan cerca de 200.000 empleos en Barranquilla y su área metropolitana.Sus horarios de operación serán de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Si el lunes es festivo, la noria estará cerrada el martes siguiente.Las boletas estarán disponibles a través de los distintos canales de tuboleta.com, taquilla en sitio, página web, call center y taquillas tercerizadas en la ciudad y a nivel nacional. El enlace de venta en línea estará habilitado a partir del domingo 14 de diciembre a las 7:00 a.m.
Rechazo total despertó en el municipio de Maicao, en La Guajira, el atentado contra el líder wayúu Misael Socarrás cuando se movilizaba en su camioneta, hechos que dejaron sin vida a uno de los presuntos atacantes y con heridas de bala a uno de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llamado Danilo Bustos.Son varios los colectivos que están solicitando celeridad en las investigaciones, dado que Socarrás es un conocido defensor de derechos humanos, y quien se atrevió a hablar delante del presidente Gustavo Petro sobre las afectaciones en este territorio derivadas de la explotación a los ríos y al carbón.“La empresa minera El Cerrejón ha traído des-arroyo, no la palabra desarrollo que nos vendieron para engañar a nuestro mayores. Destrucción de los arroyos y de las fuentes hídricas en La Guajira. Más de 96 cuerpos de agua han sido desaparecidos por la actividad minera de Cerrejón, de los 19 por arroyos intervenidos, 18 hoy son historia”, fueron las palabras que dijo en su tiempo delante del presidente.Misael, según reportes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha sido víctima de amenazas de muerte por el desarrollo de estas actividades desde el año 2002, además de múltiples llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados que hacen presencia en la región."Sujetos no identificados en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el defensor de derechos humanos indígena. Los escoltas hicieron acciones evasivas para proteger su vida. Sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los sicarios se bajó y empezó a disparar contra Misael Socarrás, quien fue protegido por uno de los escoltas, el cual resultó herido y su estado de salud es reservado", se puede leer en uno de los comunicados.“Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen y aclaren los hechos para sancionar a las personas responsables material e intelectualmente, y que se proteja la vida del líder y su familia. Y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se revisen y fortalezcan las medidas para garantizar su seguridad”, agregan.De igual manera, convocan a que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, se manifiesten y denuncien esta grave manifestación contra el defensor.Finalmente, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, condenó el atentado e instó a que sea reforzada la seguridad del defensor y su familia.“Nos preocupa que hace menos de una semana nos reunimos con el defensor Socarrás en Riohacha y con otras personas defensoras, junto a Scott Campbell y a las Embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos en Colombia. Allí el defensor expresó sus riesgos por su labor”, escribieron.
El ministro de Educación, Jose Daniel Rojas Medellín, firmó recientemente una resolución en la que se informa la suspensión por un año de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, decisión que solo podrá extenderse una vez y que se basa, según el ministerio, en los incumplimientos de las órdenes impartidas para superar la crisis que vive la institución superior.“Reemplazar, hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, al señor Leyton Daniel Barrios Torres, en su calidad de rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar. El nombre del rector reemplazante será comunicado a la institución mediante acto administrativo posterior”, se puede leer en la misiva.De acuerdo con el documento, entre las fallas que motivaron el reemplazo de Leyton están la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad en los campus, la persistencia de hechos de violencia, la ausencia de controles reales para impedir el ingreso de personas ajenas a la institución y la vulneración del derecho a la protesta pacífica.“Así mismo, se advirtió que las acciones relacionadas con la adopción de medidas administrativas para prevenir hostigamientos, estigmatización o interferencia indebida en la protesta pacífica fueron insuficientes o inexistentes, pues no se allegó evidencia documental que permita evaluar la implementación o efectividad de dichas medidas”, aclara la resolución.“En cuanto al control de ingreso y la seguridad, el seguimiento evidenció que los productos entregados “no cumplen con lo solicitado” y que no se aportaron pruebas sobre la adopción de protocolos, la implementación de filtros de acceso o la articulación con las autoridades competentes. Esta omisión reviste especial gravedad, dado el contexto de hechos de violencia, la presencia de personas armadas y los riesgos para la comunidad universitaria, así como la ausencia de normalidad académica que persiste a la fecha”, agrega.“Finalmente, la ausencia de un plan de acción con cronograma, responsables, indicadores y soportes verificables —el cual debía ser remitido en el plazo perentorio establecido— representa incumplimiento adicional que impidió evaluar la planeación institucional, el avance en la ejecución de medidas y la capacidad de gobernanza administrativa requerida para superar la situación crítica”, también se aprecia.Del mismo modo, habla de que no se presentó un plan de acción sólido y verificable para restablecer la normalidad académica, ni se conformó una instancia temporal de coordinación con participación representativa de estudiantes, docentes, administrativos y directivos, tal como lo exigió el Ministerio y lo que puso en riesgo el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.La decisión de reemplazar al rector no tiene carácter sancionatorio, sino preventivo, y busca cumplir las medidas de vigilancia especial, restablecer el orden, garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y asegurar la prestación continua y de calidad del servicio educativo.El Ministerio subraya que esta intervención no vulnera la autonomía universitaria y que la nueva persona designada para el cargo se dará a conocer a inicios de esta semana.
Con la autorización del presidente Gustavo Petro para los acercamientos exploratorios con miras a un eventual diálogo de paz con las bandas Los Costeños y Los Pepes, también podría llegar la aprobación de los traslados de sus cabecillas, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, hacia cárceles en el Atlántico, para facilitar su presencia en las mesas de trabajo o los también llamados escenarios de paz.De esa forma fue confirmado por Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, quien declaró a Blu Radio que la expectativa es que estos se concreten antes del 20 de enero, fecha estipulada como el fin de la presunta tregua que, al momento, protagonizan estas organizaciones.“Cabe recordar que, de los compromisos realizados por parte y parte, está presente el propiciar un espacio en Barranquilla, dentro de los establecimientos carcelarios, para poder construir escenarios de paz dentro del mismo territorio, bajo vigilancia del Inpec”, introdujo.“Luego entonces, esta defensa, con base en esos compromisos establecidos en días anteriores, cree firmemente tanto en la palabra del presidente Gustavo Petro como en la del alto comisionado, Otty Patiño, de que esos traslados y esos escenarios constructivos de paz pudiesen ser materializados antes de la finalización de esta primera tregua. Esa es la expectativa que tenemos”, agregó.Pese a que no está definida una cárcel para sus llegadas hasta el momento, aclaró Morelli que ahora la decisión pasa a manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución encargada de analizar las condiciones de seguridad que estos movimientos conllevan.Del mismo modo, el abogado contó que, aunque la tregua entre Pepes y Costeños termina el próximo 20 de enero, hay disposición para extenderla hasta que se logren los acuerdos con miras a la paz urbana de la ciudad.“En ese primer compromiso escrito, que quedó plasmado dentro del establecimiento carcelario La Picota, en Bogotá, y bajo verificación de diferentes autoridades estatales, se dejó contemplado que esta tregua sería, en principio, hasta el 20 de enero. No obstante, tenemos planteado que la misma sea prorrogada hasta que exista un consenso definitivo dentro de los pasos a seguir en este acuerdo de paz urbana en el Atlántico, del que esperamos que sea un éxito y una realidad”, finalizó.Hay que destacar que los abogados de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, respectivos cabecillas de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el Atlántico, solicitaron, a través de cartas al Gobierno nacional, la inclusión del gestor de paz Salvatore Mancuso como facilitador en la eventual mesa exploratoria que se quiere instalar antes de febrero del próximo año para la paz urbana de este territorio.Las misivas, radicadas ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, se basan precisamente en agilizar un proceso sociojurídico que consolide la paz en Barranquilla.
Barranquilla se convierte desde este 5 de noviembre en el epicentro de la cultura y la literatura con el arranque de la Feria del Libro, evento cultural que se extenderá en la capital del Atlántico hasta el próximo 8 de noviembre. Se tratará de una feria que durante tres días estará reuniendo a grandes escritores, periodistas y personalidades de la literatura, para compartir durante charlas de acceso gratuito. El encuentro este año será realizado en diferentes zonas de la ciudad, entre las que se cuenta el cubo de cristal de la Plaza de la Paz, entre otras."Una exhibición a cielo abierto con más de 100 artistas y 200 obras que se tomarán nuestro Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y la Fábrica de Cultura, con exposiciones de galerías de todo el país, charlas y conversatorios para disfrutar del arte en cada rincón de la ciudad", indicó el alcalde Alejandro Char a través de un mensaje en su cuenta de X. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes del Caribe colombiano, contará con la participación de destacadas figuras de la literatura nacional e internacional, así como una extensa oferta de presentaciones de libros, conferencias, charlas, talleres y actividades infantiles."Un gran encuentro con la literatura, con un pabellón lleno de historias e ideas, espacios dedicados a la literatura infantil y muestras artísticas en nuestro Cubo de Cristal, dentro de una programación gratuita y pensada para todas las edades", indicó el mandatario. Entre los encuentros a realizar, habrá uno dedicado a la lucha contra la violencia de género, el cual será liderado por Alejandra Moreno, el cual se titula "Voces en Morado". Este será desarrollado a las 4 de la tarde en el cubo de cristal de la Plaza de la Paz. Esto será un conversatorio en el que participarán psicológas, defensoras del derecho de la mujer y miembros de la Policía.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante panorama para la salud en el país, siendo que tras realizar una encuesta a más de 3.500 pacientes del país, detectaron que al menos el 90% tuvo problemas para acceder a sus medicamentos y que, de estos, el 61% decidió cubrir con recursos propios su tratamiento.Esta situación está llevando a que los pacientes tengan que someterse a realizar gastos por su cuenta que, en muchos casos, compromete hasta el 90% de sus ingresos para poder cubrir sus tratamientos. Pero la situación no queda allí, pues estos resultados se dan en medio de una crisis que está incrementando las quejas que la Superintendencia de Salud está recibiendo. Solo para este año, se calcula que la SuperSalud recibirá más de 2 millones de quejas asociadas a problemas en el servicio, es decir, un 25% más de lo recibido durante 2024. De estas quejas, al menos el 28% corresponden a reportes de retrasos en entrega de medicamentos, siendo esto el principal motivo de queja en el país. Así lo dijo desde Barranquilla la defensora del Pueblo Iris Marín."Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos", explicó. Como si fuera parte de un efecto cascada, esta crisis escaló con un incremento en la presentación de tutelas por parte de pacientes afectados. Mientras que en 2022 fueron presentadas 156.000 tutelas por asuntos relacionados con el servicio de salud, este año se proyecta que se alcancen las 314 mil, es decir, casi el doble de lo que se tuvo a inicios del gobierno de Gustavo Petro.La defensora concluyó la presentación de este informe llamado "Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados", reconociendo la grave crisis que afecta al sector y pidió que el gobierno y las EPS trabajen de la mano de la industria farmacéutica, para lo que se considera que se requiere hacer una reforma a la salud que esté basada en el beneficio del usuario. "Debemos superar la problemática actual a través de un diálogo constructivo que deje de un lado los comentarios negativos que dejan más rupturas en el sistema", indicó.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló recientemente la designación de Edwin Palma Egea como agente interventor de Air-e, siendo que su llegada al cargo se dio en octubre de 2024, ante el encargo que le entregó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El fallo se dio tras la demanda que presentó Sara Yesenia Molano Piñán, en el que se concluyó que Palma Egea no cumplía con el total de los requisitos solicitados a partir de la normatividad vigente, siendo que no se habría verificado que tuviera el total de requisitos mínimos de experiencia. Entre otros elementos, Palma no tendría experiencia en el sector de servicios públicos, tampoco en el área de energía y gas, por lo que su hoja de vida estaba más vinculada al trabajo sindical y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Le puede interesar: Tribunal de Antioquia tumba resoluciones de MinMinas que buscaron blindar a Air-eAunque Palma renunció el pasado 4 de marzo al cargo, este fallo tiene alcance para la Superintendencia de Servicio Públicos, a la que le marcan el lineamiento de las facultades que tiene y de cómo debe ejercerlas, en un marco de legalidad, especialmente para nominar personas en cargos.Lo anterior, teniendo en cuenta que deben verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Santa Marta está lista para recibir a las delegaciones internacionales que participarán en la Cumbre CELAC-UE 2025, con un operativo de seguridad total que incluye vigilancia aérea, marítima y terrestre.El plan, coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), reúne a más de 35 entidades nacionales y locales y contempla controles de acceso, patrullajes, refuerzos policiales y monitoreo con cámaras de alta resolución en puntos estratégicos de la ciudad.El vocero del Distrito, Camilo George, explicó que este despliegue busca garantizar una operación segura y fluida durante el evento. “Santa Marta está blindada por cielo, mar y tierra. Se trata de un plan integral en el que participan todas las instituciones del Estado para que la ciudad cumpla con los estándares internacionales de seguridad que exige una cumbre de esta magnitud”.Según las autoridades, más de 1.000 policías de refuerzo, junto con unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, estarán desplegados en las zonas hoteleras, vías de acceso y alrededores del aeropuerto Simón Bolívar, donde llegarán los jefes de Estado y representantes diplomáticos.El PMU, ubicado en el centro de la ciudad, será el cerebro del operativo, desde donde se realizará seguimiento minuto a minuto de los desplazamientos de las delegaciones, el tráfico, la atención médica y la gestión de emergencias.Además, la Policía Metropolitana anunció que se instalarán anillos de seguridad en los hoteles sede, el Teatro Santa Marta, el Centro Histórico y los principales corredores turísticos.Aunque se prevén algunas lluvias aisladas, el IDEAM confirmó que las condiciones climáticas serán favorables para el desarrollo de la Cumbre, que se perfila como uno de los eventos diplomáticos más importantes de los últimos años en la capital del Magdalena.El operativo de seguridad, junto con la modernización del aeropuerto y la preparación logística, busca proyectar a Santa Marta como una ciudad confiable, segura y con capacidad para albergar eventos internacionales de alto nivel.
Santa Marta se convirtió en la primera ciudad de Colombia en aplicar la Ley 2460 de 2025, conocida como la Ley de Salud Mental, que busca garantizar atención integral y acceso oportuno a servicios de bienestar emocional.El anuncio se dio durante el I Encuentro Territorial de Salud Mental con Enfoque de Género 500+, realizado en la capital del Magdalena, donde participaron instituciones académicas, expertos y representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos.El encuentro sirvió para evaluar cómo las ciudades están adaptando sus políticas públicas a los nuevos lineamientos de la ley, que exige una red interinstitucional activa para atender problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, los intentos de suicidio, el acoso escolar y la violencia intrafamiliar.De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, más de 1.700 personas han recibido atención psicológica este año en los llamados “centros de escucha” y brigadas itinerantes que recorren barrios y colegios de la ciudad.Le puede interesar: Aumentan casos de salud mental en Santander; preocupa consumo de drogasEl secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra, explicó que la meta es consolidar una red preventiva y comunitaria en “la salud mental, este no puede seguir siendo un tema invisible. En Santa Marta estamos acompañando a las personas antes de que la crisis estalle, con apoyo emocional, orientación y atención en campo”.Durante el encuentro, Carlos Enrique Garavito, del Colegio Colombiano de Psicólogos y uno de los formuladores de la ley, destacó que el caso de Santa Marta “muestra que sí es posible aplicar la norma de manera real, con recursos y voluntad política”.El balance incluye 100 brigadas de salud mental, 51 capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y un trabajo articulado entre las Secretarías de Salud y de la Mujer, que han enfocado sus acciones en mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables.Con este avance, Santa Marta se consolida como un referente nacional en salud mental pública, un tema que hoy preocupa a buena parte del país ante el aumento de suicidios, trastornos emocionales y la falta de atención oportuna.
Las declaraciones juradas que han rendido varias personalidades durante las investigaciones que le siguen a Nicolás Petro serán admitidas como pruebas en el juicio que pronto comenzará contra el hijo mayor del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Durante la continuación de la audiencia preparatoria de juicio este miércoles, el juez del caso, Hugo Carbonó, volvió a referirse al teléfono que entregó como prueba Daysurys Vásquez, admitiendo como prueba el DVD que contiene la información extraída de ese celular, argumentando que, contrario a lo expresado por la defensa, “no hubo una vulneración de garantías fundamentales”. Además, insistió en que “el DVD, el celular y sus extracciones no fueron obtenidos ilegalmente”.El juez, a su vez, se pronunció sobre el DVD que contiene los folios de una inspección de la Fiscalía a la Procuraduría. Al respecto sólo admitió como pruebas las declaraciones rendidas por Day Vásquez y Máximo Noriega en 2023 ante la Procuraduría, como parte del proceso disciplinario que este ente le siguió al exdiputado del Atlántico.Le puede interesar: Juez niega que sea usado en juicio declaraciones en las que Nicolás Petro se autoincriminó"Se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a la recepción del testimonio de la señora Daysurys del Carmen Vázquez Castro y la diligencia de recepción del testimonio del señor Máximo Noriega Rodríguez", dijo el juez."Dichas declaraciones se admiten por cuanto los testigos serán traídos al juicio oral por la Fiscalía, garantizándose de esa manera el derecho de confrontación y contradicción", explicó.El juez también aceptó como prueba documental de la Fiscalía el DVD que contiene la declaración de Gabriel Hilsaca. El abogado de Nicolás Petro había pedido inadmitir este testimonio, alegando que fue tomado sin la presencia ni una notificación a esta defensa, pero el Juzgado no evidenció ninguna vulneración al derecho a la defensa y afirmó que la declaración se ajustó a los parámetros y no requería notificación."No era una obligación de la Fiscalía citar a la defensa para esa clase de diligencia", aseguró Carbonó.Carbonó tampoco accedió a la solicitud de la defensa de dejar por fuera del juicio la declaración rendida por Mónica ‘Kiki’ Lopesierra, hija de Samuel Santander Lopesierra. Eso sí, consideró que, en caso de requerirse su utilización en el juicio, el ente acusador deberá traer a la testigo al juicio para garantizar el derecho a la confrontación.