La empresa Positive Energy entregó una beca a un joven de escasos recursos para que estudiara Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Norte, quien obtuvo un alto puntaje en sus pruebas de Saber. El beneficiario es Juan Pablo Higuera, quien es egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino. Él participó junto a seis personas más en este proceso del que resultó beneficiado. "El nuevo bachiller, egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, representa el talento del Caribe colombiano, hoy ve sus sueños hacerse realidad con una beca que cubre la totalidad de sus estudios en Ingeniería Eléctrica, así como su formación en uno de los idiomas que ofrece la Universidad: inglés, alemán, francés, italiano o portugués. Este respaldo integral le permitirá no solo formarse como ingeniero electricista, sino también adquirir una sólida preparación en lenguas extranjeras", indicó la Universidad del Norte en un comunicado de prensa. La entrega de la beca fue realizada el pasado jueves en Barranquilla con los socios fundadores y directivos de la compañía Positive Energy, William Tadeo Amín Burgos, Hernán Esteban Marchena Pizarro y Cristian Alfonso Morales Álvarez, todos egresados de la Universidad del Norte.“Mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria para aportar al progreso del país y apoyar a mis padres. Me he esforzado por ser un buen estudiante y sé que seguiré haciéndolo en la universidad, porque la perseverancia, la disciplina y las ganas de salir adelante han marcado mi camino”, señaló el ganador.Finalmente, el gerente general de Positive Energy resaltó que el apoyo al beneficiario va más allá del otorgamiento de la beca, pues también contará con acompañamiento durante su etapa de prácticas y con la posibilidad de vincularse a proyectos reales del sector energético.
Si en manos de la Procuraduría estuviera definir si Nicolás Petro Burgos debe ser enviado o no a la cárcel, su decisión sería mantenerlo en libertad y así lo dejó ver el procurador delegado para este caso, Henry Bustos, durante su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento que continuó este lunes en contra del hijo mayor del presidente.La Fiscalía ha solicitado al juez que envíe a prisión a Petro Burgos, al considerar que el imputado representa un peligro para la sociedad, podría obstruir a la justicia o, en su defecto, podría evadir este nuevo proceso que se le sigue por su presunta participación en el desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través del supuesto manejo irregular de contratos firmados en 2021.Sin embargo, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para demostrar que Nicolás Petro representa un peligro, de hecho, destacó que no hay indicios de que él haya delinquido en los más de dos años que ha venido siendo procesado en libertad y que tampoco ha dejado de comparecer ante la justicia, lo cual demuestra "el acatamiento de las normas" por parte del ex diputado."Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto, la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado", manifestó el representante de la Procuraduría.El procurador también cuestiona la tesis de la Fiscalía sobre la posibilidad de que Nicolás Petro pueda reincidir en la presunta comisión de los delitos que hoy le imputan, siendo que las condiciones y el estatus que él tenía en 2021, cuando se habrían dado los hechos investigados, no son los mismos en este 2025.Contrario también a lo expuesto por la Fiscalía, el procurador Bustos consideró que "es muy poco probable" que Nicolás Petro pueda abandonar el país para fugarse, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el procesado, derivadas de su inclusión en la lista Clinton.
Luego de 14 horas de afectación en el paso vehicular entre los municipios de Aguachica y Pailitas, en la Ruta del Sol, finalmente fue restablecido el paso a partir de la intervención realizada por la Policía y el Ejército para retirar una tractomula que fue puesta en la tarde del domingo a la altura de Pelaya. Para esto se requirió una intervención del equipo de antiexplosivos, pues en el vehículo fueron ubicadas granadas y otros artefactos que podían ser detonados en cualquier momento. Por ello durante la noche y la madrugada estuvo un equipo trabajando en el retiro de los mismos, para posteriormente retomar el control de la vía y rehabilitar el paso de los carros. En la zona, según cálculos de la Policía de Tránsito, se alcanzó a concentrar un trancón hasta por dos kilómetros entre buses interdepartamentales y vehículos de carga, siendo este un importante corredor entre la costa Caribe y la región de los Santanderes.No obstante, no con eso frena la alerta para este departamento, siendo que en la vía La Palmita y La Jagua fue reportada la ubicación de una bandera del ELN y, en la vía que va de Palmitas a Arenas Blancas, en jurisdicción de Chiriguaná, fue alertado el avistamiento de un cilindro bomba. Estos hechos están bajo verificación de las autoridades que despliegan sus equipos para revisar la situación.
En estos momentos se encuentra bloqueada la vía que del municipio de Pelaya, Cesar, conduce tanto al interior del país como a la costa atlántica debido a la presencia de un tractocamión en el que al parecer fueron abandonados cilindros explosivos, en el marco del paro armado anunciado por el ELN en el país.La situación está en manos del Ejército Nacional y la Policía de esta jurisdicción, los cuales según el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, ya desplegaron sus unidades especializadas de prevención, para que una vez sea retirado el automotor se pueda restablecer la movilidad en dicha zona.“Rechazamos estos actos que se han presentado en el departamento del Cesar por el supuesto paro armado anunciado por el ELN. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses”, dijo en medio de un comunicado con presencia de todas las autoridades.Al tiempo de esta emergencia, también fue reportado un intercambio de disparos entre soldados de la décima brigada del Ejército y hombres armados en un sector conocido como La Floresta, también en jurisdicción de Pelaya.Allí un disparo llegó hasta un camión que se movilizaba por el sitio, aunque el mismo afortunadamente no impactó a su conductor. El hecho se hizo rápidamente viral por las redes sociales.Debido a estos reportes de violencia, la Gobernación del Cesar activó un plan de choque para enfrentar y mitigar los ataques terroristas tanto contra la población civil como a la Fuerza Pública.Para ello, anunció brigadier general, Jorge Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada, que se fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia, así como los patrullajes por tierra y aire, protegiendo los corredores de movilidad, nuestras estaciones de Policía, bases militares y a la población civil.El grupo ilegal ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país, desde la 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
Acusado de haber envenenado a treinta pacientes entre 2008 y 2017, de los cuales doce murieron, Fréderic Péchier tomó este lunes la palabra en el último día del juicio iniciado hace tres meses contra él, en el que reiteró su inocencia y clamó: "No soy un envenenador"."Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático", aseguró el facultativo, para quien la Fiscalía pidió una pena de cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo.Tras escuchar al acusado y los argumentos de sus abogados, que destacaron la ausencia formal de pruebas directas sobre la culpabilidad de su cliente y pidieron la absolución al jurado mixto, formado por seis miembros populares y tres magistrados profesionales, que dará su veredicto cuando lleguen a un acuerdo a lo largo de la semana.La defensa reconoció que hubo envenenamientos en las dos clínicas del este del país en las que trabajó Péchier en aquellos años, pero incidió en que tras años de investigación no se ha encontrado ninguna prueba directa de su participación en los mismos.Los abogados de la defensa aseguraron que los investigadores se limitaron a buscar la culpabilidad de su cliente, sin buscar si el causante de las muertes pudo ser otra persona.Un relato que contrasta con los argumentos presentados el pasado viernes por la acusación, que consideraron probado que Péchier es "un asesino en serie", el único que pudo cometer esos actos y cuyo móvil era desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto.Para ello, inyectaba a los enfermos potasio y otros productos que les provocaban paros cardíacos.
Al menos dos niños de 3 y 5 años murieron en la explosión ocurrida este lunes en un edificio de la localidad de Trévoux, en el departamento de Ain, al suroeste de Francia, que también provocó cuatro heridos que están recibiendo asistencia medica, según informaron las autoridades.La fuerte explosión se produjo alrededor de las 17:30 hora local en un inmueble de tres o cuatro plantas, situado cerca de un centro escolar, señaló el diario local Le Progrès, que añadió que la fachada del edificio se derrumbó y el instituto fue evacuado.Aunque las autoridades aún no han precisado la causa del siniestro, el diario apunta la posibilidad de que la explosión fuese causada por una caldera de gas en uno de los apartamentos.La prefecta de Ain, Chantal Mauchet, activó la célula de crisis, el Centro Operativo (COD), responsable de los servicios estatales, así como la comandancia de la Policía y el departamento de bomberos y rescate (SDIS).Posteriormente, activó el plan de emergencia NOVI (Incidente con Múltiples Víctimas). Las autoridades han pedido a los vecinos de Trévoux que eviten la zona del suceso y han establecido un perímetro de seguridad.
El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses en sus aeropuertos locales en las próximas semanas, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, en medio del incremento de la tensión en el Caribe.El Ministerio de Relaciones y Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) reafirmó en un comunicado emitido este lunes el compromiso del Gobierno trinitense de cooperar de manera sostenida con Estados Unidos para "promover la seguridad y la estabilidad regionales"."El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la Caricom mantiene una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago. La honorable primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la colaboración en la búsqueda de la seguridad y la protección de Trinidad y Tobago y de toda la región", apuntó Sean Sobers, el ministro de Asuntos Exteriores de Caricom.En este sentido, Persad-Bissessar, reafirmó su colaboración con Estados Unidos, especialmente en los esfuerzos por combatir "la delincuencia transnacional y mejorar la seguridad pública" en el Caribe.Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Caricom explicó que se concedieron las autorizaciones para los movimientos, que Estados Unidos ha descrito como "de naturaleza logística".Según el Ministerio, los tránsitos de aeronaves facilitarán el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal, y no suponen ningún cambio en la postura de defensa de Trinidad y Tobago.Del mismo modo, subrayó que esta decisión se inscribe en el marco de los acuerdos de seguridad y defensa de larga data entre Puerto España y Washington, destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.El Ministerio también señaló que el apoyo de Estados Unidos a Trinidad y Tobago se ha extendido más allá de la cooperación en materia de seguridad para incluir iniciativas educativas, donaciones de materiales escolares y proyectos de mejora de las infraestructuras.En este contexto, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que extinguió "de manera inmediata" cualquier "acuerdo, contrato o negociación" para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.El Gobierno estadounidense, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un presunto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la zona, hecho que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró en agosto que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar "recursos militares" en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de "los carteles terroristas de la droga" en la región.Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
El mundo laboral está cerca de enfrentar cambios relevantes en materia de derechos de los trabajadores. En España, una reciente decisión del Tribunal Supremo abrió la puerta a reconocer pausas y afectaciones cotidianas que podrían incidir directamente en la jornada laboral de millones de personas.El alto tribunal resolvió varios puntos que modificarían el panorama laboral en ese país y que hoy generan debate en otras regiones del mundo. En concreto, el fallo establece lo siguiente:Si un empleado llega hasta 15 minutos tarde por causas razonables, como un trancón o una demora en el transporte, no podrá ser sancionado ni sufrir descuentos.Si el trabajador se toma un breve descanso de hasta 10 minutos para tomarse un café antes de iniciar la jornada laboral, ese tiempo no podrá ser descontado.Se permitirían hasta 20 minutos diarios para desayunar, sin que esto genere afectaciones salariales.Esta decisión ha abierto interrogantes sobre si medidas similares podrían aplicarse en otros países, especialmente en Colombia, donde la normativa laboral tiene un enfoque distinto.Llegadas tarde al trabajo en Colombia: qué permite la leyPara entender cómo se manejan estas situaciones en el país, Blu Radio habló con Camilo Cuervo, socio del bufete de abogados Holland & Knight, quien explicó cómo se aplican estas conductas en Colombia frente a lo que hoy discute España.De acuerdo con el abogado, en Colombia la llegada tarde no se considera automáticamente una falta disciplinaria siempre que esté debidamente justificada. Sin embargo, sí existe una diferencia clave frente al modelo europeo: el empleador puede descontar el tiempo no laborado. "El empleador no tiene la obligación de pagar ese tiempo, ya que la tardanza no es culpa suya", comentó Cuervo.En cuanto a pausas voluntarias durante la jornada, como tomarse un café, el escenario cambia. Si el trabajador decide hacerlo de manera deliberada, podría incurrir en una falta por incumplimiento del horario laboral. "Sin embargo, esto depende de muchos factores y circunstancias, especialmente del tipo de jornada que tenga el trabajador", afirmó el experto.Eso sí, justificar una llegada tarde no impide que existan sanciones. Las empresas pueden aplicar medidas disciplinarias cuando los retrasos se vuelven frecuentes.En la práctica, las consecuencias suelen escalar de la siguiente manera:Retrasos ocasionales de 10 o 15 minutos: llamado de atención.Conductas reiteradas: posibles sanciones disciplinarias.Persistencia en la conducta: eventual terminación del contrato.En todos los casos, el trabajador tiene derecho al debido proceso, tal como lo establece la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral.¿Qué pasa con el llamado ‘break’ en las empresas?En Colombia, las empresas no están obligadas a otorgar el llamado ‘break’ para café o desayuno. No obstante, sí deben cumplir con la implementación de pausas activas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.Estas pausas incluyen acciones como:Estiramientos.Caminatas cortas.Ejercicios de movilidad.
Hasta el 20 de diciembre, cerca de 10,5 millones de trabajadores formales en Colombia recibirán el pago de la prima de fin de año, un ingreso que, si bien muchas veces se destina a regalos y compromisos, este año debe usarse estratégicamente para evitar el ahogo financiero de 2026. En un contexto donde la inflación sigue alta y el crédito de consumo supera el 25 % efectivo anual, este dinero deja de ser un "extra" para convertirse en una decisión crucial, según analistas económicos.El inicio de año es históricamente complejo en Colombia, pues los incrementos atados al IPC impactan el costo de vida en enero: suben los arriendos, matrículas escolares, peajes y servicios. Por ello, destinar la prima sin una planeación clara se convierte en un error que se arrastra durante el primer trimestre.El error más costoso: no pagar la deuda caraUno de los principales errores es priorizar el gasto inmediato o la inversión en el corto plazo sin antes aliviar las deudas. Para la mayoría de los hogares, la opción más inteligente es destinar la prima a reducir obligaciones costosas, en especial las relacionadas con tarjetas de crédito y crédito rotativo.Pagar deudas caras, no invertir: “Destinar este dinero a bajar deudas sigue siendo la mejor inversión posible. Dejar de pagar intereses cercanos al 25 % anual equivale a ganar más de 250.000 pesos por cada millón que se deja de deber en un año”, señala Flórez. Esto se traduce en una rentabilidad automática, sin riesgo y superior a las alternativas de ahorro conservadoras.Pensar en invertir con pasivos altos: el socio de banca de inversión de Russell Bedford, Mauricio Serna, reafirma la prioridad: “El primer paso siempre debe ser reducir pasivos. Pensar en invertir mientras se mantienen obligaciones costosas es empezar perdiendo”. La cartera de consumo supera los 170 billones de pesos, según la Superfinanciera, por lo que aliviar esa carga libera flujo de caja en los meses más exigentes.Solo una vez que las obligaciones financieras están controladas, la prima puede convertirse en una herramienta de inversión, siempre alineada con el perfil de riesgo de cada trabajador.Otros errores a evitar para un 2026 tranquiloLos expertos señalan que el apuro, la improvisación y la falta de claridad sobre el perfil financiero son otros errores comunes en diciembre que terminan afectando el bolsillo:Improvisar el gasto: dejar que los recursos se diluyan en compras impulsivas o regalos sin planificación clara.No diferenciar riesgo: invertir sin identificar primero el perfil de riesgo. Si es conservador, es mejor optar por un CDT de corto plazo (tasas entre 8 % y 11 % E.A.) o fondos de inversión de liquidez, en lugar de renta variable.Comprometer la liquidez: invertir la totalidad del monto en instrumentos a muy largo plazo, como fondos de pensión voluntaria o cuentas AFC, sin dejar un colchón de emergencia para los gastos fijos del inicio de año.No medir el efecto en el flujo de caja: concentrar todos los gastos navideños en el mes sin considerar que los aumentos de enero (arriendo, matrículas, servicios, transporte) exigirán mayor disponibilidad de efectivo.En un entorno de crédito costoso, usar la prima con criterio no garantiza riqueza, pero sí algo fundamental: empezar 2026 con las cuentas bajo control y la capacidad de pago intacta.
Desesperados están los padres de Danna Sofía Acosta Rodríguez, la joven de 19 años a la que se le perdió el rastro desde el pasado jueves 11 de diciembre cuando salió de su residencia en el barrio Ciudad Mallorquín, norte de Barranquilla, hacia la Universidad del Norte para presentar un parcial de cuarto semestre de medicina.Lo último que se supo de ella, según el relato de su padre Eduar Acosta, es que tomó un taxi por una plataforma virtual que frenó su marcha en una estación de servicio, en la que al parecer se bajó a comprar en un negocio.“Solamente le pedimos a Dios que nos la cuide, que nos las traiga con vida o que esté bien. Ojalá que todo lo que estamos pasando sea un mal momento o simplemente una pesadilla, algo que no debió pasar. No me quiero imaginar cómo debe estar o la angustia que tendrá, la preocupación”, dijo inicialmente.“Agradecemos todas las oraciones y no dejen de interceder por ella, que nos mantengan con fuerza para poder soportar esto, porque es un desespero muy grande realmente”, agregó.Ahora mismo las autoridades averiguan con ayuda de Migración Colombia y la Interpol si Danna fue sacada del país, para así descartar que no haya sido víctima de una trata de blancas. No obstante, una corta y confusa comunicación hoy aviva la esperanza de hallarla con vida.Justamente sus padres pensaban viajar al día siguiente hacia el Atlántico para recogerla y llevarla hacia su natal municipio de Plato, Magdalena, dada la terminación de su semestre universitario. Aseguró su papá que su miedo es que lo llamen anunciando una tragedia.“Danna es un ser muy noble. Le gusta mucho el tema de las manualidades, hacer caricaturas y es una estudiosa impresionante. Muy responsable y con buenas notas o rendimiento académico. Es algo que nos ha consternado realmente a todos. Ella es una una joven cariñosa al 100%”, contó a Blu Radio.Por su parte, Ruth Pareja, líder de la red de mujeres por el Atlántico, hizo un llamado para que las autoridades enciendan todas las alertas hasta encontrar con vida a la joven, agregando que es necesario que Barranquilla mejore la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.“Barranquilla no puede seguir avanzando en tantos temas y que todavía estemos padeciendo por cámaras en nuestra ciudad. Creo que una cámara puede salvar vidas o no dejar en la impunidad algún caso. Le pedimos a las autoridades que se muevan con esta desaparición, que den respuesta por el paradero de Danna Acosta para que vuelva al hogar y a su familia”, intervino.Danna Sofía Acosta residía con una mujer que estaba pendiente de ella y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de color beige, blusa de color fucsia, zapatos negros tenis y un maletín rosado claro.La Fiscalía informó que la joven mide 1,64 centímetros de estatura aproximadamente, tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello de color negro, largo y crespo; ojos grandes de color miel, nariz recta, boca mediana, labios delgados.
Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, jefes de las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, alegan que están tan comprometidos con la posibilidad de entablar un eventual diálogo de paz con el Gobierno nacional que hasta tendrían disposición de realizar una entrega de armas en el mediano plazo, siempre y cuando avancen los acuerdos establecidos en los acercamientos exploratorios.Declaró Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, en primicia a Blu Radio que aunque esta es una propuesta que no ha sido socializada en los encuentros citados hasta hoy, es una idea que podría nacer en un futuro cercano si hay una evaluación positiva luego de la presunta tregua que protagonizan en estos momentos ambas estructuras.“En estos momentos un compromiso de entrega de armas dentro del proceso de paz que venimos acordando con el Alto Comisionado (Otty Patiño), no se ha pactado ni se ha plasmado por escrito como sí lo ha sido la tregua delictiva”, dijo inicialmente.“No descarto que mi representado, en conjunto con el señor Jorge Eliecer Díaz, pudiese eventualmente más adelante, ya dentro de este proceso con el Estado, pactar unas entregas de armas, así como la extensión de la tregua que queremos que sea una realidad, al igual que la formalización del acuerdo de paz para una Barranquilla tranquila y libre de escenarios de violencia”, agregó.Recordemos que en octubre de 2024, alias 'Castor' realizó una primera entrega de armas, en cuyo lote dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación habían 14 pistolas y 14 revólveres. Sin embargo, ese episodio se propició cuando Jorge Eliecer Díaz buscaba un preacuerdo con las autoridades para beneficios en sus procesos judiciales.Allí se estimó que Los Costeños, la banda dirigida por ‘Castor’, tenía alrededor de 2.500 hombres en armas, distribuidos en unos 50 grupos operativos que mantenían una disputa violenta en Barranquilla y sus alrededores.
La batalla legal por la rectoría de la Universidad del Atlántico por ahora no llegará a su fin, pese a que el Ministerio de Educación ordenó la suspensión por un año de Leyton Barrios, quien esta semana buscará mantenerse en su cargo argumentando que no desobedeció las órdenes del Gobierno Nacional para superar la crisis de esta institución superior.Declara su abogado Iván Cancino que Leyton aún no es notificado oficialmente sobre dicha resolución, sin embargo era un movimiento que como defensa esperaban y procederán hacia una apelación, sin perder de vista a la persona que desde Bogotá postularán para reemplazarlo.“Es una resolución que no es acorde a derecho, que no compartimos. Estaban buscando cualquier maniobra para retirarlo del cargo y desconocer una elección que fue absolutamente clara y transparente. De manera legal, el señor Leyton no ha sido notificado”, dijo inicialmente a Blu Radio.“Obviamente espera quedarse en el cargo por el período para el que fue elegido, así que vendrán todas las acciones legales para controvertir. Él no ha incumplido ninguna orden del Ministerio, ha presentado planes y se ha manifestado de acuerdo al espíritu de defender la universidad. Es un hombre de academia y que vive por y para los estudiantes”, agregó.“No tenemos ni idea de quién será el reemplazo, pero estaremos muy pendientes de su trayectoria, si tiene algún vínculo político, y habrá mucha atención hacia ese nombramiento”, sostuvo.Del mismo modo, quien sí ya fue notificado fue el gobernador Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior de la institución, de la que espera que priorice restablecer las jornada académicas.“Creo que en este momento ya tenemos una información de los avances que va a hacer sobre la situación de la Universidad del Atlántico, que entra en una etapa en la cual el Ministerio seguramente va a hacer un reemplazo del rector, y vamos a la expectativa en el Consejo Superior de ver qué ocurre el lunes”, declaró desde Barranquilla.“Eso es lo que queremos para llegar a la normalidad total. Había por parte de todos los estamentos de la universidad con una condición, que era que Leyton tuviese que dar las explicaciones de rigor con respecto a algunos aspectos de su proceso de escogencia, y eso es lo que se dará a ocurrir el próximo lunes en el Consejo Superior”, acotó Verano.Así las cosas, esta semana iniciará con un nombramiento de nuevo rector para la Universidad del Atlántico, al tiempo que su actual regente se negará a entregar el cargo.
Sobre las 2:00 de la madruga de este domingo, las balas irrumpieron en un establecimiento comercial del barrio Ciudadela 2000, en el sur de Cartagena.Un hombre y una mujer, que departían en la terraza del lugar, fueron atacados a tiros por un sujeto, que según testigos, se les acercó y de inmediato abrió fuero en su contra.Las víctimas, identificadas como Bernardo Blanco Berrio y Deisy Tatiana Castañeda Salazar, esta última de 34 años, murieron en el mismo lugar del ataque; mientras el presunto sicario, en compañía de un sujeto, huyó del lugar en una motocicleta.De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, una de las víctimas, Bernardo Berrio, registra le tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y amenazas.“Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial Sijín realizaron la inspección técnica a los dos cadáveres. La Policía Nacional en esta metropolitana, solicita a la comunidad suministrar cualquier tipo de información que permita esclarecer los hechos de afectaciones a la vida”, indicaron.En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 334 homicidios, de los cuales 241 corresponde a sicariatos.
La Navidad en Magangué, sur de Bolívar, quedó marcada por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. En la madrugada del viernes 12 de diciembre, un vigilante informal que cuidaba el alumbrado navideño fue asesinado de manera violenta mientras cumplía con su labor. El hecho ocurrió en medio de un ambiente que, hasta entonces, estaba dominado por las luces, la música y la expectativa propia de las fiestas decembrinas.Vigilante fue asesinado mientras cuidaba el alumbrado navideñoLa víctima fue identificada como Joaquín Olivero Gutiérrez, de 56 años, quien llevaba apenas 12 días trabajando como vigilante informal en una calle adornada con luces navideñas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque se registró en el barrio Florida 3, donde el hombre fue agredido con un arma cortopunzante tipo tijera durante la madrugada.Olivero Gutiérrez fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial con múltiples heridas en el tórax, tanto en la parte frontal como en la posterior. Pese a los esfuerzos del personal médico, el vigilante falleció debido a un taponamiento cardíaco causado por la gravedad de las lesiones. La noticia generó tristeza e indignación entre vecinos y familiares, quienes no salen del asombro por la violencia del ataque.El presunto responsable del crimen tiene solo 18 añosLa Policía Nacional informó que la captura del presunto homicida fue posible gracias a la alerta oportuna de un ciudadano y a la rápida reacción de las patrullas que realizaban labores de vigilancia en el sector. Con la información suministrada por la comunidad, se activó un plan de búsqueda en varios barrios del municipio.Minutos después, los uniformados ubicaron a un joven que coincidía plenamente con las descripciones entregadas por los habitantes del sector. Se trata de Samuel David Vargas Rodríguez, de 18 años. Durante el procedimiento de registro, las autoridades hallaron una tijera, elemento que habría sido utilizado para cometer el asesinato del vigilante.Policía destacó apoyo ciudadano en la capturaEl coronel Alejandro Reyes, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el trabajo articulado entre la institución y la comunidad, clave para evitar la huida del sospechoso y avanzar de manera rápida en el proceso judicial. Según indicó, la colaboración ciudadana fue determinante para esclarecer lo ocurrido.Vargas Rodríguez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez definirá su situación jurídica, mientras en Magangué persiste el dolor por la muerte de un hombre que perdió la vida mientras cuidaba el alumbrado que buscaba llevar alegría en Navidad.
En Barranquilla fue inaugurada este sábado la Luna del Río, la nueva atracción turística de 65 metros de altura, a orillas del río Magdalena, con la que la ciudad espera garantizar la visita de al menos 200.000 turistas al año.La atracción turística se convierte en la noria más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica, y buscará consolidarse como un nuevo ícono turístico, cultural y económico de la ciudad.“Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante. La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella. Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.Asimismo, el mandatario destacó durante la apertura que este proyecto representa mucho más que una atracción turística: “Qué lindo tener esta Luna del Río en Barranquilla. Esto será un motor de nuestra economía, porque hoy el mundo está visitando las ciudades por el entretenimiento, por el deporte, y esto hace posible que llegue mucha gente a nuestra ciudad y potencie la gastronomía, el comercio minorista, por supuesto el turismo que llegará a conocer nuestra playa, nuestro ecoparque, nuestro malecón; entonces estamos felices de que esto vaya a traer mucha prosperidad”.La Luna del Río se integra al Gran Malecón como una experiencia única en Colombia, fortaleciendo el turismo como eje estratégico del desarrollo económico de Barranquilla. Los cálculos indican que el atractivo podrá traer entre 150.000 y 200.000 personas a la ciudad por año.Este sector impulsa el empleo, el emprendimiento local y activa cadenas de valor que abarcan transporte, gastronomía, hotelería, comercio e industrias creativas. Actualmente, los sectores de industrias creativas, entretenimiento, actividades artísticas, sector hotelero y de alojamiento, recreación y otras actividades de servicios de alojamiento y gastronomía generan cerca de 200.000 empleos en Barranquilla y su área metropolitana.Sus horarios de operación serán de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Si el lunes es festivo, la noria estará cerrada el martes siguiente.Las boletas estarán disponibles a través de los distintos canales de tuboleta.com, taquilla en sitio, página web, call center y taquillas tercerizadas en la ciudad y a nivel nacional. El enlace de venta en línea estará habilitado a partir del domingo 14 de diciembre a las 7:00 a.m.
Rechazo total despertó en el municipio de Maicao, en La Guajira, el atentado contra el líder wayúu Misael Socarrás cuando se movilizaba en su camioneta, hechos que dejaron sin vida a uno de los presuntos atacantes y con heridas de bala a uno de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llamado Danilo Bustos.Son varios los colectivos que están solicitando celeridad en las investigaciones, dado que Socarrás es un conocido defensor de derechos humanos, y quien se atrevió a hablar delante del presidente Gustavo Petro sobre las afectaciones en este territorio derivadas de la explotación a los ríos y al carbón.“La empresa minera El Cerrejón ha traído des-arroyo, no la palabra desarrollo que nos vendieron para engañar a nuestro mayores. Destrucción de los arroyos y de las fuentes hídricas en La Guajira. Más de 96 cuerpos de agua han sido desaparecidos por la actividad minera de Cerrejón, de los 19 por arroyos intervenidos, 18 hoy son historia”, fueron las palabras que dijo en su tiempo delante del presidente.Misael, según reportes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha sido víctima de amenazas de muerte por el desarrollo de estas actividades desde el año 2002, además de múltiples llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados que hacen presencia en la región."Sujetos no identificados en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el defensor de derechos humanos indígena. Los escoltas hicieron acciones evasivas para proteger su vida. Sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los sicarios se bajó y empezó a disparar contra Misael Socarrás, quien fue protegido por uno de los escoltas, el cual resultó herido y su estado de salud es reservado", se puede leer en uno de los comunicados.“Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen y aclaren los hechos para sancionar a las personas responsables material e intelectualmente, y que se proteja la vida del líder y su familia. Y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se revisen y fortalezcan las medidas para garantizar su seguridad”, agregan.De igual manera, convocan a que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, se manifiesten y denuncien esta grave manifestación contra el defensor.Finalmente, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, condenó el atentado e instó a que sea reforzada la seguridad del defensor y su familia.“Nos preocupa que hace menos de una semana nos reunimos con el defensor Socarrás en Riohacha y con otras personas defensoras, junto a Scott Campbell y a las Embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos en Colombia. Allí el defensor expresó sus riesgos por su labor”, escribieron.
El ministro de Educación, Jose Daniel Rojas Medellín, firmó recientemente una resolución en la que se informa la suspensión por un año de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, decisión que solo podrá extenderse una vez y que se basa, según el ministerio, en los incumplimientos de las órdenes impartidas para superar la crisis que vive la institución superior.“Reemplazar, hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, al señor Leyton Daniel Barrios Torres, en su calidad de rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar. El nombre del rector reemplazante será comunicado a la institución mediante acto administrativo posterior”, se puede leer en la misiva.De acuerdo con el documento, entre las fallas que motivaron el reemplazo de Leyton están la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad en los campus, la persistencia de hechos de violencia, la ausencia de controles reales para impedir el ingreso de personas ajenas a la institución y la vulneración del derecho a la protesta pacífica.“Así mismo, se advirtió que las acciones relacionadas con la adopción de medidas administrativas para prevenir hostigamientos, estigmatización o interferencia indebida en la protesta pacífica fueron insuficientes o inexistentes, pues no se allegó evidencia documental que permita evaluar la implementación o efectividad de dichas medidas”, aclara la resolución.“En cuanto al control de ingreso y la seguridad, el seguimiento evidenció que los productos entregados “no cumplen con lo solicitado” y que no se aportaron pruebas sobre la adopción de protocolos, la implementación de filtros de acceso o la articulación con las autoridades competentes. Esta omisión reviste especial gravedad, dado el contexto de hechos de violencia, la presencia de personas armadas y los riesgos para la comunidad universitaria, así como la ausencia de normalidad académica que persiste a la fecha”, agrega.“Finalmente, la ausencia de un plan de acción con cronograma, responsables, indicadores y soportes verificables —el cual debía ser remitido en el plazo perentorio establecido— representa incumplimiento adicional que impidió evaluar la planeación institucional, el avance en la ejecución de medidas y la capacidad de gobernanza administrativa requerida para superar la situación crítica”, también se aprecia.Del mismo modo, habla de que no se presentó un plan de acción sólido y verificable para restablecer la normalidad académica, ni se conformó una instancia temporal de coordinación con participación representativa de estudiantes, docentes, administrativos y directivos, tal como lo exigió el Ministerio y lo que puso en riesgo el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.La decisión de reemplazar al rector no tiene carácter sancionatorio, sino preventivo, y busca cumplir las medidas de vigilancia especial, restablecer el orden, garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y asegurar la prestación continua y de calidad del servicio educativo.El Ministerio subraya que esta intervención no vulnera la autonomía universitaria y que la nueva persona designada para el cargo se dará a conocer a inicios de esta semana.
Con la autorización del presidente Gustavo Petro para los acercamientos exploratorios con miras a un eventual diálogo de paz con las bandas Los Costeños y Los Pepes, también podría llegar la aprobación de los traslados de sus cabecillas, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, hacia cárceles en el Atlántico, para facilitar su presencia en las mesas de trabajo o los también llamados escenarios de paz.De esa forma fue confirmado por Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, quien declaró a Blu Radio que la expectativa es que estos se concreten antes del 20 de enero, fecha estipulada como el fin de la presunta tregua que, al momento, protagonizan estas organizaciones.“Cabe recordar que, de los compromisos realizados por parte y parte, está presente el propiciar un espacio en Barranquilla, dentro de los establecimientos carcelarios, para poder construir escenarios de paz dentro del mismo territorio, bajo vigilancia del Inpec”, introdujo.“Luego entonces, esta defensa, con base en esos compromisos establecidos en días anteriores, cree firmemente tanto en la palabra del presidente Gustavo Petro como en la del alto comisionado, Otty Patiño, de que esos traslados y esos escenarios constructivos de paz pudiesen ser materializados antes de la finalización de esta primera tregua. Esa es la expectativa que tenemos”, agregó.Pese a que no está definida una cárcel para sus llegadas hasta el momento, aclaró Morelli que ahora la decisión pasa a manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución encargada de analizar las condiciones de seguridad que estos movimientos conllevan.Del mismo modo, el abogado contó que, aunque la tregua entre Pepes y Costeños termina el próximo 20 de enero, hay disposición para extenderla hasta que se logren los acuerdos con miras a la paz urbana de la ciudad.“En ese primer compromiso escrito, que quedó plasmado dentro del establecimiento carcelario La Picota, en Bogotá, y bajo verificación de diferentes autoridades estatales, se dejó contemplado que esta tregua sería, en principio, hasta el 20 de enero. No obstante, tenemos planteado que la misma sea prorrogada hasta que exista un consenso definitivo dentro de los pasos a seguir en este acuerdo de paz urbana en el Atlántico, del que esperamos que sea un éxito y una realidad”, finalizó.Hay que destacar que los abogados de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, respectivos cabecillas de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el Atlántico, solicitaron, a través de cartas al Gobierno nacional, la inclusión del gestor de paz Salvatore Mancuso como facilitador en la eventual mesa exploratoria que se quiere instalar antes de febrero del próximo año para la paz urbana de este territorio.Las misivas, radicadas ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, se basan precisamente en agilizar un proceso sociojurídico que consolide la paz en Barranquilla.
Quemaduras de primer grado sufrieron una mujer y su nieto, de 2 años, al quedar en medio de una riña que protagonizaron sus vecinos en el barrio Siete de Abril, sur de Barranquilla, donde un par de hombres se atacaron en plena calle con machete y gasolina.Darling Esther Cantillo Iglesias, la mujer de 44 años que resultó herida, contó a la Policía que ella se encontraba junto a su pequeño nieto en la terraza de su casa, cuando de un momento a otro sus vecinos empezaron a discutir y a pelearse a escasos metros de su vivienda.Los vecinos, uno armado con un machete y el otro con un recipiente lleno de gasolina, forcejearon varios minutos y terminaron en la terraza donde se encontraba la mujer con el niño. Allí, el hombre que tenía el frasco le prendió fuego y esparció el combustible encendido, pero lejos de hacerle daño a su contrincante, quemó al pequeño en el rostro y a la abuela de este en la espalda y el cuello."Yo vivo diagonal a ellos dos. Estaban discutiendo hasta que uno sale con el machete y el otro sale con un pote de gasolina y una mechera, y le prendió la boca al pote de la gasolina. Entonces, el cuñado de él le quiso dar con el machete y él alza la mano para tirarle la gasolina, pero me cae a mí en el cuello y a mi nieto le cae en el labio y el cachete izquierdo", contó."Entonces, yo al ver que el bebé estaba prendido, corrí hacia el baño y mi hija es la que viene y me apaga a mí, porque yo tenía la blusa prendida, quemándome la espalda y el cuello", agregó.El señalado agresor, identificado como Aldair Guzmán Angulo, fue capturado por el delito de lesiones personales. Esta persona, de acuerdo con información de las autoridades, presenta anotaciones judiciales desde 2014 por diferentes delitos, como homicidio, lesiones personales, hurto y porte ilegal de armas de fuego.
La captura en flagrancia de tres señalados extorsionistas de Los Costeños, en el barrio El Recreo de Barranquilla, evidenció una vez más que no todos los miembros de esta banda delincuencial han acogido el cese de actividades ilícitas que declaró su principal cabecilla, alias ‘Castor’, como muestra de voluntad de paz.Los capturados, según la Policía, cayeron justo cuando recibían parte del dinero que le estaban exigiendo a una docente pensionada, a la que mantenían bajo amenazas para obligarla a pagar una millonaria suma de dinero."Serían los responsables de extorsionar a una docente pensionada, a quien le exigían el pago de una supuesta deuda de 12 millones de pesos, amenazándola con atentar contra su vida en caso de no cumplir con las exigencias económicas", reportó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana."Durante el procedimiento fueron incautados $1.000.000 en efectivo, presuntamente producto de la extorsión, y tres teléfonos celulares utilizados para realizar las exigencias extorsivas", agregó.Los capturados, informó el oficial, presentan cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.
La tarde de este martes, el juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, sigue anunciando cuáles pruebas permitirá y cuáles no en el juicio contra Nicolás Petro. Indicó que, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, de no admitir varios informes financieros presentados por la Fiscalía, estos sí podrán ser llevados al juicio como parte de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.“A partir de las consideraciones puesta, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborados por los funcionarios del cuerpo técnico investigación aún cuando no provienen de perito formalmente acreditado, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, precisó.El juez también indicó que sí permitirá que se presenten los informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva. Consideró que esta prueba es importante teniendo en cuenta que la Fiscalía en su teoría ha manifestado que el procesado tiene varios bienes a nombre de otras personas.“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva, o beneficio patrimonial.Informes de Day VásquezDurante la diligencia, el juez también hizo referencia al informe con datos extraídos del teléfono celular que le fue incautado a Day Vásquez, y el cuál el abogado Alejandro Carranza pretendía que se quedara por fuera del juicio contra Nicolás Petro. Frente a este elemento, el juez también consideró admitirlo como una de las pruebas que podrá usar la Fiscalía en el juicio.Carbonó consideró que el equipo telefónico fue entregado de forma voluntaria, sin ninguna violación de los derechos e ilegalidad en el procedimiento.“Se advierte que la declaración rendida por la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no vulneró derechos fundamentales ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. En el video aportado por la defensa de Nicolás se observa que la testigo se muestra conforme con la diligencia practicada sin evidencia de presión alguna por parte del fiscal o del investigador presente”, precisó el juez.Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la defensa que pedía excluir del juicio los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, al considerar que estos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” para la investigación que se adelanta.Juez reitera exclusión de interrogatorio de Nicolás PetroEl juez Hugo Carbonó insistió la tarde de este marte en acoger la petición del abogado Alejandro Carranza sobre excluir del juicio a Nicolás Petro, todos los documentos que resultaron del intento de preacuerdo con la Fiscalía que inició el procesado. El juzgado resolvió no permitir que sean llevadas a juicio luego de que estos documentos no fueran aprobados ante una autoridad penal. La audiencia fue suspendida y el juez continuará el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Este martes, el juez segundo penal de conocimiento de Barranquilla, Hugo Carbonó, comenzó a responder, una a una, las solicitudes de exclusión de pruebas presentadas por la defensa, empezando por el teléfono que entregó Day Vásquez durante un procedimiento que realizó la Fiscalía en casa de la testigo en marzo de 2023.En su momento, la defensa consideró que este procedimiento vulneró los derechos de Vásquez y criticó que ella pasara información de un teléfono a otro antes de entregar el dispositivo; sin embargo, el juez aseguró que aquí “no se comporta una exclusión probatoria, toda vez que la entrega fue voluntaria” y que tampoco se demostró una modificación de la cadena de custodia, como lo advirtió la defensa.Ahora bien, lo que el juez sí aceptó excluir como prueba fue el interrogatorio que el exdiputado rindió ante la Fiscalía, en el que reconoció culpabilidad. Tanto el acta de compromiso firmado para un preacuerdo como el interrogatorio realizado a este quedarán por fuera del juicio, tal como lo pidió la defensa.Le puede interesar: A Nicolás Petro no le venden tiquetes aéreos: abogado confirma efectos de la lista ClintonTeniendo en cuenta la jurisprudencia que dice que el contenido de conversaciones entabladas en virtud a un acuerdo no pueden ser empleadas en contra del procesado, el juzgado consideró que usar esta declaración afectaría las garantías de Nicolás Petro.El juez también decidió que “no se excluye ningún elemento relacionado con el vehículo Mercedes Benz ni con el inmueble de Tubará”, al considerar que “no hubo vulneración de garantías, a pesar de algunos procedimientos indebidos en la entrega de esos bienes”.En cuanto a las solicitudes de exclusión de la Fiscalía, el juez comenzó refiriéndose a la declaración de renta de David Burgos Soto, afirmando que aunque se trata de documentos privados y reservados, su introducción al juicio no vulnera derechos, cuando él mismo lo autoriza. En consecuencia no accedió a la solicitud de exclusión presentada por la Fiscalía.También se refirió a pruebas presentadas por la defensa y rechazadas por la Fiscalía, como certificados bancarios y financieros de Gabriel Hilsaca Acosta, María Patricia Gil y Camilo Burgos. Al respecto, el juzgado dice que si bien es cierto que la formación bancaria y tributaria está amparada, dicha protección no es absoluta, si el dueño autoriza.En este sentido, contrario a lo solicitado a la Fiscalía, autorizó que dichos documentos puedan ser presentados en juicio.
La empresa Positive Energy SAS y la Universidad del Norte, están lanzando tres becas que cubrirá el 100% de la matrícula para un joven aspirante al programa del programa de Ingeniería Eléctrica de esta institución. A su vez, estos jóvenes podrán realizar sus proyectos de prácticas en estas empresas.“La iniciativa busca transformar vidas y proyectar un futuro de innovación y sostenibilidad en la región Caribe. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo”, indica la empresa Positive Energy a través de un comunicado de prensa.La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de noviembre de 2025, para lo que es necesario que los interesados ingresen a la página https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/becas-pregrado para que puedan acceder a información detallada sobre el proceso.Una vez se cumpla con el proceso de inscripción, serán elegidos los tres mejores perfiles, según su desempeño académico, resultados en las pruebas Saber 11, perfil vocacional y compromiso social.Los impulsores de esta alianza son William Amin, Hernán Marchena y Cristian Morales, egresados de Uninorte y hoy directivos de Positive Energy SAS.
Al docente universitario Jaime Santamaría, quien recientemente pasó de la academia a la política, le tocó asistir en las últimas horas a la Fiscalía para presentar una denuncia por recibir amenazas de muerte a su teléfono celular, a través de mensajes desde números desconocidos.La situación se da luego de obtener la mayor votación por la lista a la Cámara de Representantes del Atlántico por el Pacto Histórico, lo que le ha costado cuestionamientos por parte de sus contenedores, quienes reclaman por su alta votación.“No vamos a dejar que te robes la curul del Pacto, renuncia o vamos por ti, tu equipo de campaña y tu familia. Eres declarado objetivo militar”, indica el mensaje.Por esto, en la mañana de este martes acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia formal contra personas indeterminadas, mientras que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue ordenada una evaluación su situación de riesgo.“Durante el tiempo de campaña he sido víctima de matoneos y daños contra la sede que tenía en Puerto Colombia. Pero luego de las elecciones del 26 de octubre aparece una amenaza puntual en contra de mi vida y mi familia. Ya hemos hecho las acciones necesarias ante los estamentos competentes. Esperemos que las autoridades no solo garanticen mi seguridad, sino la de todos los candidatos”, compartió el candidato.Santamaría, quien es politólogo y filósofo, señaló la importancia de que la democracia en Colombia no siga siendo afectada por estos hechos.